La modificación de la Ley de Montes ha pasado casi de puntillas por los medios y la opinión pública cuando de lo que se trata es de la máxima importancia en la Ordenación Territorial. Costó años que se aprobara en 2006 la Ley de Montes que prohibía la recalificación de los terrenos rústicos durante al menos 30 años, algo que era muy frecuente para urbanizar especulativamente el territorio. La mayoría de los numerosos incendios que se producían en el país tenían como finalidad la urbanización salvaje y delictiva. Ahora este Gobierno, que camina hacia atrás como los cangrejos, ha vuelto a cambiar la Ley, permitiendo estas actuaciones criminales bajo la burla política del 'interés general'. A pesar de la oposición de bastantes colectivos que lo han denunciado, la justicia 'no sabe no contesta'.
"RODRIGO CARRETERO* : El Gobierno aprovechó la semana pasada, en medio del revuelo por los atentados yihadistas en Francia, para aprobar la modificación de la Ley de Montes. Una controvertida norma que ha encendido a ecologistas y oposición a pesar de que quedó completamente eclipsada por los ataques de París. ¿El motivo de la polémica? Abre de nuevo la puerta a cambiar el uso de los terrenos quemados. Es decir, en determinadas circunstancias se podrá recalificar el suelo tras un incendio forestal.
Según informó la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, serán la Comunidades Autónomas las que podrán acordar, mediante una ley, el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando “se den razones imperiosas de interés público de primer orden”. Una sola frase que cambia por completo la norma vigente desde 2006, impulsada por la ministra socialista Cristina Narbona, que prohibía construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro. De esta forma, se trataba de evitar fuegos provocados con fines especulativos.
Tejerina asegura que el cambio tiene como objetivo evitar que incendios provocados puedan “impedir actuaciones de interés general”. Por ejemplo, explicó la ministra, ahora podría darse el caso de que un propietario prendiera fuego a sus propios terrenos para evitar una expropiación para la construcción de una autovía que tendría que pasar por allí. Eso, según Tejerina, podría ocurrir con la antigua ley, aunque esa norma sí permitía construir si había trámites ya aprobados antes del incendio.
Los argumentos del Gobierno no han tranquilizado ni a la oposición ni a ecologistas. El PSOE se ha mostrado contrario al cambio y Juan López de Uralde, portavoz de Equo, considera que se trata de “una vuelta de tuerca más” en el “desmantelamiento” que, a su juicio, está realizando el PP de la legislación que protege el medio ambiente. Va en la línea, critica, de la nueva ley de costas o la aprobación del fracking.
"SE VOLVERÁ A LA SITUACIÓN ANTERIOR"
“Va a traer especulación y se va a volver a la situación anterior: en el momento en que había un proyecto urbanístico y surgía la más mínima voz de que no se podía urbanizar ahí porque tenía valor ecológico… lo siguiente que ocurría es que lo quemaban y se quitaban el problema”, recuerda López de Uralde en conversación con El Huffington Post. Eso, incide, es lo que llevó a cambiar en su día la ley de montes, que, según asegura, ha sido efectiva porque no se produjeron nuevas recalificaciones y consiguió eliminar una de las causas de incendios forestales.
La nueva ley, avisa, “alienta la destrucción y los incendios”: “Abierto el agujero, la problemática está creada. Están haciendo lo de siempre: cambian la ley, hacen el agujero y dicen que no va a ocurrir nada.”
El Colegio de Ingenieros de Montes, en cambio, se ha posicionado a favor de la nueva ley. Su decano, Carlos del Álamo, cree que no se puede generalizar la prohibición, como ocurre hasta ahora, sino que el cambio o no del uso del suelo tras un incendio debe obedecer a la sentencia de un juez.
Subraya que la normativa de 2006, que califica de “demagógica y poco eficaz”, se ha convertido en “un arma en manos de desaprensivos y delincuentes” que “hacen daño a otros sin posibilidad de defenderse”. “Imagínate que tú tienes una finca y yo tengo otra al lado. Y yo, para que no construyas, te quemo la finca”, pone de ejemplo. “Muchas veces el incendio no lo provoca el dueño del terreno y puede venir de lejos. Esos propietarios se ven condicionados o perjudicados por una situación ajena a su voluntad. Encima de cornudos, apaleados”, asegura.
"UN INCENDIO NO JUSTIFICA EL CAMBIO"
Del Álamo afirma, además, que con este debate se eleva de categoría algo “casi anecdótico” porque el cambio de uso del suelo no llega al 1% de las causas de incendios forestales. Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, cree, en cambio, que ese es un argumento tramposo porque si esta es ahora “una causa mínima” de los incendios es gracias, precisamente, a la ley aprobada en 2006.
“Hasta ese momento sí era una causa importante. Además, independientemente del porcentaje, el objetivo principal de una zona quemada debe ser su recuperación y regeneración siempre manteniendo el uso forestal. Que una zona se haya incendiado no justifica en ningún caso que se tenga que dedicar a fines urbanísticos o de construcción”, advierte.
Tampoco le vale la razón de Del Álamo de que los propietarios pueden salir perdiendo en caso de incendio. “Si tienes un monte, se quema y se regenera, ¿en qué sales perjudicado? No es que salgas perjudicado, es que te quieres beneficiar”, critica.
Oberhuber cree, además, que como en pocas ocasiones se llega a saber realmente la causa del incendio, es muy fácil camuflar un fuego: “Si provocas una quema de rastrojos al lado y dejas que se te escape intencionadamente… Es difícil concretar si estamos hablando de un incendio intencionado o no. Por eso, la norma debe ser general para todos”.
Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales y alcalde de Enguera, en Valencia (PP), afirma que esa prohibición general trae perjuicios a los pueblos. Pone como ejemplo el caso del municipio de Cotes, que tuvo la oportunidad de albergar una central solar “con una inversión importante". “Resulta que esos terrenos se habían quemado hacía 17 años. Ni el alcalde lo sabía. Y por eso se vino abajo un proyecto que podía haber sido la salvación económica del pueblo”, afirma.
"NO HAY ESPECULACIÓN URBANÍSTICA"
Arévalo se queja de que “quienes van sólo los fines de semana” a los espacios forestales quieran ser “los adalides de la preservación de los paisajes” y defiende que en los municipios forestales de interior “no hay especulación urbanística y nunca la ha habido”. “En mi pueblo en el año 1900 vivían 7.500 personas. Ahora viven 5.000. ¿Dónde ha habido esa construcción y especulación desmesurada?”, cuestiona.
Llama, además, a confiar en las instituciones para que éstas decidan qué es interés general y qué no. “La legislación lo marca y tiene que estar avalado por una serie de informes y ni un promotor ni un particular pueden modificarlo. Interés general no es decir: voy a construir una mole de viviendas, sino levantar un hospital en unos terrenos que igual se quemaron hace 20 años”, reflexiona.
Pero a Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, no le valen esos argumentos. “Sabemos por experiencia que se consideran de interés general obras de todo tipo, no solo cosas que podamos pensar que son esenciales o importantes”, recuerda.
Y concluye que esta ley, “como casi todos los cambios normativos de esta legislatura”, va encaminada a beneficiar a determinados sectores o personas “bien relacionadas con el PP”. “Ya había intereses concretos y nos tememos que no solo se trate de intereses políticos, sino pensando en un proyecto y amigos concretos”.
* El Huffington Post - RC - 17.1.15
Foto: Bosque público - publico
La nueva Ley de Montes permitirá recalificar zonas quemadas: "alienta la destrucción"
Víctimas del AVE a Santiago denuncian ante el Congreso las “mentiras” del Gobierno
Otro asunto verdaderamente sangrante es que, a estas alturas, no se sepa toda la verdad del accidente del AVE a Santiago (Alvia) ni haya habido comisiones de investigación para depurar las responsabilidades políticas, no solo las técnicas. La línea del AVE a Galicia fue otro proyecto faraónico del entonces ministro de Fomento 'popular', A.Cascos, e inaugurada precipitadamente por su sucesor J.Blanco. Se sabe que los políticos prometen de todo ante unas elecciones, pero lo que no puede haber es impunidad ante los delitos y fracasos evidentes. Aquí la justicia debería haber actuado 'de oficio', pero ya se sabe la complicidad existente entre ambos poderes estatales. Vergonzoso.
"INFOLIBRE* : La Plataforma Víctimas del Alvia 04155 entregó este martes en el Congreso de los Diputados más de 100.000 firmas recogidas a través de la página web Change.org para exigir la apertura de una comisión de investigación del accidente de Angrois, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas más de 140, que “depure responsabilidades políticas”.
Así, medio centenar de personas se concentraron en los alrededores del Congreso para asistir a la entrega de las firmas y a la lectura de un manifiesto en el que reivindicaron el "derecho" de las víctimas "a conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad" de un accidente "evitable", el "derecho a exigir responsabiliades políticas" tanto al Gobierno del PP como del PSOE y el deber de ambos de "pedir perdón por las negliencias cometidas".
El Gobierno "oculta lo que pasó"
El portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, denunció en declaraciones a infoLibre que el Gobierno de Mariano Rajoy “lleva un año y medio mirando a otro lado y ocultando lo que pasó” debido, a su juicio, a la “gravedad de las negligencias” que se produjeron en torno al accidente. “Hubo un engaño claro a los ciudadanos. Nos vendieron que íbamos con un sistema de frenado automático que costó 164 millones de euros que estaba desconectado”, recordó Domínguez, quien quiso añadir que “los peritos ya han confirmado que con este sistema no se habría producido el accidente”.
Según Domínguez, “lo que más indigna a las víctimas es que los responsables políticos han sido premiados, cuando en cualquier otro país habrían dimitido”. “Aquí, al presidente de Renfe le tenemos de secretario de Infraestructuras, y el que ostentaba ese cargo, Rafael Catalá, ahora es el ministro de Justicia”, criticó Domínguez, quien no dejó de recordar que el PSOE también debería “responder” ante las víctimas. Y es que, a juicio de la plataforma, José Blanco, que actualmente ostenta un escaño de eurodiputado en el Parlamento Europeo por el PSOE, inauguró la línea “deprisa y corriendo” de manera “chapucera”.
Sobre la subcomisión sobre la mejora del sistema ferroviario creada en el Congreso y que ha concluido recientemente la fase de comparecencias, Domínguez sólo tiene una opinión: “fue el primer engaño de este Gobierno”. “Cuando le pedimos la comisión de investigación a la ministra de Fomento Ana Pastor, nos habló de que se iba a hacer una subcomisión y nos dijo que podíamos incluso participar en ella. Pero, más tarde, nos dimos cuenta de que era una subcomisión a puerta cerrada y además que no trataba el accidente", lamentó el portavoz de la plataforma.
Dominguez insistió en que "fue un engaño" para, a su juicio, ganar tiempo, "igual que están haciendo ocultando información y tardando en mandarla al Juzgado, como ya ha reclamado el juez Lago Louro y, anteriormente, el juez Aláez", el actual magistrado que lleva el caso Alvia y en el que ya se han entregado los informes periciales definitivos, algunos de ellos, como el del perito independiente César Mariñas, "demoledores", según Domínguez, quien señaló que es una "actitud bochornosa que el propio Ministerio sea el que está poniendo trabas a la justicia".
"Nos sentimos maltratados"
Laura del Moral tiene 37 años y vivió en primera persona el accidente de Angrois. No quiso perderse la concentración de este martes para reclamar una "verdadera" comisión de investigación. "Semejante catástrofe, con tal cantidad de fallecidos y de vidas destrozadas, creo que merece qué menos que una investigación y una depuración de responsabilidades políticas", comentó.
"Lo único que pedimos los superviviente y las familias es que, al menos, se sepa la verdad de las causas", señaló, al mismo tiempo que añadió que se sienten "maltratados" por parte de las autoridades del Gobierno.
Para Laura, la razón del "ocultamiento" de lo que ocurrió hace año y medio se debe a que "no interesa ni a los negocios de alta velocidad ni a los políticos, que la utilizan para hacer campaña electoral, como hizo José Blanco cuando inauguró la línea". "Íbamos totalmente vendidos. Fue un accidente que se podría haber evitado", lamentó.
* InfoLibre - ANDREA SÁNCHEZ - 24.2.15
Foto: Santiago de Compostela, curva accidente - EFE
Un juez pone en jaque el plan de Fomento para el rescate de las autopistas
El despilfarro delictivo de las nuevas autopistas (radiales y alguna más) trae como consecuencia que, una vez más, los paganos de una decisión política arbitraria sean los ciudadanos, sin que, por el momento, hayan sido imputados los responsables de semejante disparate en infraestructuras de transporte. El rescate por el Estado de las autopistas en quiebra que diseñaron Aznar, Cascos y Aguirre costará unos 6.000 millones nada menos. Además, por si fuera poco, un juez considera ahora que la propuesta que el Ministerio de Fomento ha presentado como convenio de acreedores presenta "defectos de ilegalidad".
"PÚBLICO* : El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado como propuesta de convenio de acreedores de estas vías por considerar que presenta "defectos de legalidad".
Así consta en el auto emitido por el juez titular de este Juzgado, Andrés Sánchez Magro, en el que apunta que la propuesta de Fomento "adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a reconocer que algunos son "subsanables".
Entre estos fallos, apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
En su auto, con fecha del pasado 24 de febrero, el juez anula así la junta de acreedores de esta autopista, que estaba convocada para el próximo miércoles, 4 de marzo. No obstante, contra la sentencia cabe presentar un recurso de apelación en un plazo de veinte días.
Con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria de esta vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activará la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante el contrato de concesión de la infraestructura. En el supuesto de que todas las ocho vías se liquiden, el sector y Fomento calculan que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
Asimismo, la liquidación de una autopista podría hacer peligrar la viabilidad del propio plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda. El proyecto pasa por integrar las autopistas en una empresa pública, tras reestructurar su deuda de 3.500 millones de euros aplicando una quita del 50% y titulizando el pasivo restante en un bono a treinta años.
La viabilidad de esta futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, y en el caso de excluir una, podría incumpliría con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
En su rechazo a este plan de Fomento, el juez también apunta a que realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia para ello". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursa" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.
Mejorar el plan
En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de rescate presentado por Fomento como convenio de acreedores, si bien en este caso ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que lo subsane.
Este Juzgado coincide con el Mercantil número 2 al reclamar al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50% prevista, y explote las infraestructuras, tal como adelanta el diario 'Expansión'.
Así lo indica el auto de requerimiento de subsanación emitido por este Juzgado, con fecha del 19 de febrero, casi en paralelo al dictado por el del Mercantil 2 en el que se rechaza el plan de Fomento y se insta a liquidar la vía Ocaña-La Roda.
Además de estas dos vías, también están en riesgo de quiebra las otras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.
El Ministerio de Fomento ha señalado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado Mercantil número 2, pues considera que los motivos que argumenta el juez no justifican la decisión de liquidar la autopista, al entender que los defectos que señala en el plan de rescate son subsanables, según fuentes del Departamento de Ana Pastor.
Fomento cree que aspectos señalados en el auto, como que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías, se pueden subsanar, al igual que atenderá a todas la subsanaciones que en paralelo pide al plan el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5.
* Público - EP - 26.2.15
Foto: Autopista de peaje Ocaña_LaRoda en quiebra - eldiario
Empresas de la 'Púnica' dejan sin casa y con una deuda total de 21 millones a 120 familias de Pinto
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La trama de corrupción urbanística conocida como 'Púnica' afecta a numerosas municipios de Madrid y consistía básicamente en el amaño de contratos públicos que eran concedidos fraudulentamente a empresas amigas, mediando comisiones para ello. F.Granados, el capo y nº2 de E.Aguirre en la Comunidad sigue en la cárcel, pero las ramificaciones de esta mafia corrupta continúan asombrando y parecen no tener fin, así en Pinto empresas relacionadas con la trama han dejado sin vivienda y en la ruina a 120 familias, que ahora reclaman en los juzgados. Veremos si la débil justicia es capaz de hacerles caso.
"20MINUTOS* : La operación 'Púnica' no solo es la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones (caso que lleva la Audiencia Nacional, que ha imputado a más de 50 personas). Los tentáculos de la trama también han estrangulado con fuerza los bolsillos y las ilusiones de 120 familias de Pinto (municipio del sur de Madrid). Varias empresas de la 'Púnica', todas investigadas por la Guardia Civil, han dejado sin vivienda y sin sus ahorros a estas familias, que reclaman deudas por valor de 21 millones de euros en un juzgado de lo mercantil.
Algunas de estas familias han decidido denunciar individualmente a las empresas que les han engañado. Otras han optado por unirse, formar la asociación de afectados por la cooperativa Hydra, y presentar una denuncia ante la Fiscalía. José Antonio Barrios, 38 años, casado y con una hija, presentó una denuncia en octubre del año pasado en el juzgado número 4 de Parla por lo delitos de estafa, doble venta inmobiliaria y apropiación indebida contra los socios que fundaron la cooperativa y contra el administrador de la empresa a la que la cooperativa contrató para llevar todos los trámites. Y un mes después, en diciembre, ya formando parte de la asociación de afectados, denunció los mismos hechos ante la Fiscalía. "Quería comprar un piso de tres dormitorios por 176.000 euros". José Antonio se apuntó en mayo de 2008 en la cooperativa, pero se tuvo que dar de baja en el año 2010 por una grave enfermedad (tuvo un tumor), y porque su mujer empezó a tener problemas económicos en el trabajo. "Cumplía los requisitos para poder darme de baja. Pero no me devuelven lo que aporté, 55.000 euros".
Los abogados de los cooperativistas han tenido que investigar mucho para desenmarañar la madeja societaria que rodea a la cooperativa Hydra. Esta fue creada el 22 de septiembre de 2006 por cuatro socios, entre los que destaca el tesorero Carlos de Santiago del Castillo. En marzo de 2007, la cooperativa contrató a la empresa Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana (GTO) para que llevara el día a día. GTO es en la actualidad una de las 142 empresas investigadas por la Guardia Civil dentro de la 'Púnica'. Curiosamente, de Santiago también era director del departamento jurídico de GTO. El apoderado de GTO es Antonio Serrano Soldado, aunque según el registro mercantil, GTO pertenece a dos empresas representadas por David Marjaliza y José Luis Capita. Serrano y Marjaliza fueron detenidos dentro de la 'Púnica': el primero está libre con cargos tras pagar 100.000 euros de fianza; el segundo sigue en prisión, ya que es el principal empresario de la trama.
Unos terrenos por encima del precio de mercado
El objetivo de la cooperativa era construir 235 pisos protegidos en el sector 8 de La Tenería II, un nuevo barrio que se ha levantado en el norte de Pinto. Los terrenos fueron adquiridos por la empresa Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana (EPGU), otra sociedad de Marjaliza y Capita (también investigada en la 'Púnica'). Marjaliza pagó 7,8 millones por el suelo y se lo vendió a la cooperativa en abril de 2007 por 11,5 millones, un beneficio de 3,7 millones. "Este incremento del precio ya hacía inviable el proyecto", señala el abogado de José Antonio Barrios. Los cooperativistas saben ahora, gracias a un informe que encargaron, que el suelo no debería haber costado más de 7 millones de euros. "En la causa hemos aportado los costes de otras promociones de pisos protegidos en el mismo barrio. Una de 102 viviendas salía por 6,2 millones; otra de 172 por 10,2 millones. A Hydra el suelo solo ya le salió por 11,5 millones, que con los costes de edificación ya se iba a más de 30 millones", explica el letrado en base a un informe de la sociedad de tasación Tinsa.
Para financiarse, mientras iba captando las aportaciones iniciales de los socios, la cooperativa, gestionada por GTO, no solo recurrió a los bancos, sino a un préstamo que le concedió otra empresa de Marjaliza, de nombre Vancouver Gestión (también investigada en la 'Púnica'). El 1 de septiembre, Vancouver prestó 3,2 millones a la cooperativa. Y GTO, la gestora, prestó otros 600.000 euros. El libro de cuentas de la cooperativa de 2011 refleja que Vancouver Gestión ya ha recuperado el préstamo de 3,2 millones, y que ha recibido incluso 49.416 euros de más. Vancouver Gestión no solo está en el sumario de la 'Púnica', también en el de la 'Gürtel', por otra operación urbanística valorada en 12 millones de euros en Valdemoro, según adelantó Infolibre.
Como demuestra la relación de empresas y nombres, todo se movía en las mismas manos. EPGU, es decir, Marjaliza, compró el suelo. Lo vendió a la cooperativa, que se financió en parte a través de Vancouver Gestión, es decir, Marjaliza. Luego la gestión de la cooperativa la lleva GTO, es decir, Marjaliza. ¿Quién captó a los cooperativistas? TPC Red inmobiliaria, otra empresa de la 'Púnica' también de Marjaliza. "Todos estos datos, unidos a la falta de documentación contable, la inexactitud comprobada de determinados apuntes y la falta de auditoría de la cooperativa a partir del año 2012, hacen deducir a los afectados que el proyecto de construcción nunca fue viable y que su finalidad no fue otra que beneficiar al entramado societario de Marjaliza y sus socios", señala la asociación de afectados.
En concurso de acreedores
Las cuentas no cuadraban. La cooperativa entró en concurso de acreedores en octubre de 2013, decretado por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. "Nos encontramos con activos sobrevalorados, para simular una situación patrimonial ficticia, con objeto de defraudar a los cooperativistas. También se crearon y vincularon operaciones de crédito con empresas afines a la gestora con objeto de defraudar a los cooperativistas", reza el incidente concursal al crédito de la gestora que obra en el juzgado de lo Mercantil. La promoción se ha quedado a medias. Solo se construyeron 117 pisos, en los que apenas viven unas 50 familias. Quedan por levantar otras 118 casas, pero no hay dinero. En el concurso de acreedores hay 127 personas inscritas, que reclaman 21,8 millones. Más de 120 son familias. Como acreedor también está la comunidad de vecinos, que reclama 8.500 euros.
"Cada cooperativista entregó entre 30.000 y 50.000 euros de adelanto, dinero que no han recuperado. Luego hay que sumar la hipoteca que cada uno de ellos pidió para pagar el piso, entre 140.000 y 170.000 euros por cabeza", señala el abogado. Pedro Torrubias, 36 años, está en el paro. Le adjudicaron un piso en el segundo bloque, en el que no está construido. "Entré en la cooperativa en abril de 2008. Me captó la inmobiliaria TPC [dentro de la trama 'Púnica']. A los pocos meses me dicen que el piso ha subido de precio, 50.000 euros más. Yo estoy solo y había optado por un piso de un dormitorio, pero me subieron el precio. De 150.000 euros a 190.000 euros. Tuve que dejarlo porque el banco no me financiaba una hipoteca de 190.000 euros. Me di de baja con justificación y me deben 39.000 euros". El punto 13 A.3 de los estatutos de la cooperativa refleja como baja justificada "la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital".
José Antonio Barrios tuvo incluso que firmar un contrato en mayo de 2008 para que le reservaran una plaza en la cooperativa. Abonó 9.000 euros en metálico. "La factura ha desaparecido. Fue como una especie de comisión que se han repartido entre varios". Lo firmó con la inmobiliaria Inmocentro. Su representante también está denunciado. "Me llegaron incluso a adjudicar dos pisos, primero uno y luego otro. No me han devuelto el dinero y encima esos pisos se han vendido a otros cooperativistas. Esto es una estafa por doble venta", concluye.
Claudio Duro, 31 años, fue de los primeros en denunciar. Lo hizo a principios de 2012 tras haber entregado a la cooperativa en los tres años anteriores unos 43.000 euros. "Quería comprarme un piso de dos habitaciones, dos baños, y garaje, por unos 170.000 euros. Pero no cumplieron los plazos de entrega del piso y un día recibo un mail, seguido de un burofax, exigiéndome que vaya a escriturar. Yo les contesté que en esos momentos me venía mal escriturar porque tenía problemas en conseguir la hipoteca, que prefería esperar un poco. No esperaron. Me dieron de baja y exigí mi dinero. Eso fue a finales de 2011. Aún sigo esperando. No me lo quieren dar. Vivo de alquiler y les he dado los ahorros de mi vida. A mi hermano también le deben unos 30.000 euros".
GTO quiere cobrar todavía 933.000 euros
Los cooperativistas han dado un primer paso. En una primera sentencia, de septiembre de 2014, el juzgado de lo mercantil número 6 ha dictaminado que GTO es el administrador de hecho de la cooperativa, no un simple gestor, lo que en un principio garantizaría las posibles responsabilidades de la gestora. El juzgado califica además de crédito subordinado los 933.000 euros que GTO quiere, después de todo lo que ha pasado, cobrar de la cooperativa Hydra por sus trabajos de gestión, lo que significa que GTO no cobrará hasta que lo hagan el resto de acreedores. GTO ni siquiera ha podido recurrir la sentencia, ya que no tiene los 50 euros de las tasas judiciales porque sus cuentas han sido bloqueadas por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
Otros vecinos están negociando con la aseguradora el pago de las cantidades que dieron a la cooperativa y han preferido no acudir a la vía judicial. Jose Antonio y Pedro, por ejemplo, también solicitan un poco de ayuda por parte del Ayuntamiento de Pinto. Un portavoz del Consistorio asegura que es un tema privado y que se han reunido con los afectados para que, "dentro de sus funciones y competencias, colaborar en los que podamos y puedan necesitar. Se les va a facilitar el acceso al expediente de concesión de la licencia oportuna, por si eso les pudiera servir de ayuda en su reclamación".
La cooperativa es también una de las 142 empresas investigadas en la trama ‘Púnica’. De esas 142 empresas, 46 tienen su sede en Pinto. Y de estas 46 sociedades, 41 están radicadas en una misma dirección: el edificio Éboli. Tanto David Marjaliza (en prisión incondicional sin fianza)como José Luis Capita (no imputado) aparecen conjuntamente, a título individual o por medio de otras sociedades interpuestas, como socios, administradores y representantes de estas empresas.
* 20 Minutos - David Fernández - 23.2.15
Foto: Pinto (Madrid), cooperativistas protestando - J.Paris
Ronda.- Quieren permitir la urbanización en un paraje singular
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De nuevo se pretende cometer un atentado urbanístico de importante repercusión en Ronda, el gobierno 'popular' municipal pretende modificar el Plan General para permitir urbanizar un paraje protegido paisajísticamente como el conocido de 'Cornisas del Tajo'. En 2008 la cómplice Comisión provincial de Urbanismo malagueña aprobó el Plan Parcial, basándose en una sentencia judicial ambigua. Es decir que, de nuevo, estamos ante un caso flagrante de especulación urbanística donde actúan negativamente todos los poderes del Estado. Unos por otros, al final son los ciudadanos rondeños, y los miles de visitantes que acuden allí, los perdedores de esta acción criminal contra el Territorio.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Desde Ecologistas en Acción - Serranía de Ronda anunciamos que se van a retomar acciones judiciales contundentes para parar de una vez la desmesurada urbanización de 17 hectáreas del mejor territorio paisajístico con el que cuenta Ronda, en la zona popularmente conocida como Cornisas de la Hoya del Tajo. El objetivo es reintegrar a los rondeños cada metro cuadrado del espacio denominado “Parque Sur”, para su uso y disfrute, como preveía el PGOU de Ronda aprobado antes de la sentencia del Supremo.
Para esta asociación, todos los implicados - promotores, políticos y técnicos - se escudan en una supuesta y aparente “ejecución” de una sentencia del Tribunal Supremo para justificar el atropello frontal de toda la normativa y políticas vigentes en materia urbanística, desarrollo rural, turismo sostenible, patrimonio cultural y medio ambiente.
Fue la Comisión Provincial de Urbanismo la que, en una clara desviación de poder, acordó ejecutar la sentencia y aprobar de forma definitiva el plan parcial en 2008. Sin embargo, un reciente informe de la Jefa del Servicio de Urbanismo provincial, Carmen Marzo Solís, deja patente que ese acuerdo de la Comisión Provincial pudo ser objeto de recurso sin que ningún ente público lo hiciera.
En la sentencia de instancia, confirmada por el Supremo, el Presidente del TSJA, Joaquín García Bernaldo de Quirós, reprochó a ambas administraciones su inactividad en defensa del uso público de la zona y de su valor paisajístico, y decía textualmente:
“Por último, añadiremos que llama extraordinariamente la atención a esta Sala la escasa oposición que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha realizado en el presente Recurso a los alegatos [del promotor], así como que el Ayuntamiento de Ronda no se haya personado tampoco en autos.”
La modificación del PGOU que el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere ahora perpetrar, aunque afortunadamente con la oposición de otros partidos, supone poner la administración municipal al servicio de un simple interés privado, se fundamenta en una supuesta inevitabilidad, y está marcada en el tiempo por la bulla de los propietarios para vender los terrenos a un tercero, que los necesita como inversión especulativa.
Frente a ello, la ciudadanía debe saber que el proyecto no cuenta con abastecimiento de agua ni cumple la normativa internacional en materia de protección del paisaje: se encuentra en el interior de la Reserva de la Biosfera Intercontinental. Además, existen alternativas para proteger la zona sin coste alguno para el Ayuntamiento y los contribuyentes, que el equipo de gobierno no quiere utilizar, para que los propietarios puedan obtener una rentabilidad que de otra manera no obtendrían de ningún modo.
Desde Ecologistas en Acción entendemos que este nuevo proyecto (gran hotel de súper-lujo, “estilo Villa Padierna”) no está conforme con las políticas turísticas aplicables a Ronda, tal como sostienen los promotores y algún que otro político. Es todo lo contrario.
El Plan de Turismo de Ronda se fundamenta en el hecho de que “conviene marcar límites al crecimiento y control del modelo (hoteles y restaurantes pequeños y con encanto)… La oferta de alojamientos ha de crecer fundamentalmente en los niveles más altos, tres y cuatro estrellas, en la línea de los actuales hoteles con encanto de Ronda, con un ritmo anual de crecimiento lento que permita mantener y subir los actuales grados de ocupación, captar las demandas adecuadas y planificar el territorio debidamente.” La última cifra oficial de ocupación hotelera en Ronda es del 46,7%.
Según la alcaldesa de Ronda, Mª Paz Fernández, “asumir cualquier pago sería imposible… el Ayuntamiento no podría indemnizar de ninguna forma. No queda ninguna otra posibilidad que permitir la construcción”. Para Ecologistas en Acción, la Alcaldesa dio en la clave con estas declaraciones hechas después del Pleno de diciembre 2014. Defendiendo el interés de los promotores, quiere hacer creer que impedir la construcción requeriría indemnizar a los propietarios, por lo que se ha “vendido” a la opinión pública una ejecución aparente de la sentencia de los tribunales.
Lo que no quiere, sin embargo, es usar alternativas que requieren “pensar”: basta con aplicar el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, y cambiar el planeamiento o promover permuta con los propietarios. Pero eso sería defender el interés público, y queda claro que el único interés que le “interesa” es el privado.
* Ecologistas en Acción - 18.2.15
Foto: Ronda (Málaga), cornisas del Tajo - EA
El urbanismo que crispa a los grovenses
El municipio pontevedrés de O Grove tiene un grave problema urbanístico desde que se suspendieran las Normas de 1996 en 2002 por la Consellería. A falta de un Plan General municipal ha ido creciendo desordenadamente y ya hace 8 años el alcalde 'popular' M.Pérez desistió de hacerlo tras la rebelión de los vecinos. Ahora el Ayuntamiento lo va a intentar de nuevo, pero los ánimos están muy crispados ya que los vecinos consideran que no se ha contado con ellos (el eterno problema del urbanismo actual), con lo que los altercados públicos y las disensiones están garantizadas de antemano.
"LAVOZDEGALICIA* : «¿Quen matou ao meco?», preguntaba uno de los asistentes al pleno del pasado miércoles. «Fumos todos», respondió una voz de entre el público. La tradicional leyenda grovense se ha convertido estos días en la amenaza velada que lanzan los vecinos cada vez que tienen ocasión. Lo hacen para advertir al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). De hecho, ya hay quien lo ha dibujado colgado de la famosa higuera de A Siradella. No es esta la primera vez que los grovenses declaran la guerra a un documento urbanístico y la ganan. Pero nunca antes habían demostrado esa virulencia.
En el pleno del pasado miércoles hubo insultos -muchos y subidos de tono- y hasta agresiones. Los vecinos están enfadados y parece que ya da igual lo que haga o diga el tripartito. Aunque esto sea atender sus reivindicaciones.
¿Por qué en O Grove urge más una normativa urbanística que en otros municipios?
Porque la localidad meca tiene suspendidas por la Xunta las normas subsidiarias del año 96. Fue en el 2002 cuando el entonces conselleiro, Xosé Cuíña, intervino la normativa e instó al Concello a redactar un plan urbanístico. Desde entonces, la localidad carece de una regulación que le permita desarrollarse. Hace ocho años el alcalde, Miguel Pérez, intentó sacar adelante un planeamiento. Pero debido a la presión popular tuvo que desistir y este quedó olvidado en el fondo de un cajón. Entonces también hubo malestar y protestas, pero estas no alcanzaron las cuotas de indignación que se están registrando actualmente.
¿Qué ha pasado para que los vecinos estén tan enfadados?
El Plan Xeral de O Grove sale a exposición pública a mediados de octubre. Y enseguida se ve el interés que este despierta en los vecinos. La casa de cultura se queda pequeña para acoger las consultas y es preciso trasladar los planos a la Casa Azul. El técnico contratado no da abasto para atender las peticiones de información de los vecinos. A mediados de noviembre se decide incluso contratar a un segundo técnico, pues el primero resulta insuficiente. En este tiempo, el alcalde y dos de sus concejales se van de viaje oficial a Argentina. Cuando regresan, la oposición ya se ha encargado de dar su visión del plan a los vecinos. También se encuentran con la plataforma de afectados por el documento, que nace con el objetivo de lograr que se amplíe el plazo de exposición pública en un mes más y con el fin de facilitar información a los vecinos. El tripartito decide entonces tomar cartas en el asunto. Convoca las primeras charlas informativas y en ellas puede comprobar que ya hay muchos vecinos crispados por el documento. En todas hay exaltados que los increpan.
¿Cuáles son las principales quejas de los vecinos?
«Que me levan a terra». Así responden la mayoría de los afectados cuando se les pregunta qué mal tiene el plan general. Sus críticas se centran en los suelos de desarrollo, tanto en el rural como en el suelo urbano, en las carreteras y rotondas y en las viviendas que quedan fuera de ordenación. Sobre los primeros se quejan de que no les compensan, pues la mayoría son tierras pequeñas que tendrían unos elevados costes de urbanización que no compensarían nunca lo que van a recibir a cambio. De los viales y rotondas dicen que son desproporcionados y, literalmente, «que nós non precisamos carreteras tan grandes». Y sobre el fuera de ordenación argumentan que esa figura urbanística les impediría reconstruir sus viviendas en caso de incendio o derrumbe.
¿Incluye el documento grandes aberraciones?
En esta ocasión el equipo de gobierno ha optado por reducir drásticamente el número de nuevas viviendas que incluye el documento, en relación con el primer intento de PXOM. De hecho, el plan cuenta con los informes favorables de la Xunta. Las grandes carreteras, de las que se quejan los vecinos, tienen anchos de 16 metros. Una medida que, según ha repetido el tripartito hasta la saciedad, es la que obliga la ley. En cuanto a las viviendas fuera de ordenación lo cierto es que muchas de ellas ya lo están desde que se redactaron las normas subsidiarias del año 96. Lo que pasa es que los vecinos ignoraban esta situación. De hecho, aunque el PXOM no entre en vigor estos edificios seguirán estando afectados. Sobre las figuras de desarrollo previstas, el tripartito ya se ha ofrecido a introducir cambios, porque parece que algunas no se han ubicado en las zonas más adecuadas (entornos formados por las huertas de las viviendas que perderían construcciones anexas como garajes y piscinas para ganar suelo urbanizable).
¿Qué pide la plataforma y qué ha dado el tripartito?
La plataforma de afectados comenzó hace unas semanas una segunda recogida de firmas con el objetivo de lograr una segunda exposición pública del documento. Pero pronto incorporó más reivindicaciones a la misma. Ahora rechazan por completo este plan, que consideran que no se puede usar de base para redactar otro más acorde con las exigencias de los vecinos. Quieren que se cambie de equipo redactor, que se celebre una segunda exposición pública y que se devuelva el dinero de las alegaciones. También, responsabilidades políticas. Todo ello mientras insisten en que O Grove precisa de una normativa urbanística, pero una más acorde con el municipio. A casi todo ello ha accedido el tripartito. Ha anunciado el despido del redactor, ha prometido una segunda exposición pública y rehacer de nuevo el plan, con nueva planimetría, y utilizando las alegaciones de los vecinos como base. Pero nada de eso parece haber satisfecho a los afectados.
¿En qué situación se está ahora?
A falta de conocer los próximos pasos de la plataforma, el tripartito ha iniciado el proceso para rescindir el contrato con el equipo redactor. En breve, debería iniciar la contratación de uno nuevo. El futuro urbanístico de O Grove quedará en manos de la próxima corporación.
* La Voz de Galicia - M.Alfonso - 1.2.15
Foto: O Grove, protesta PXOM - M.Irago
Ciudadanos contra la corrupción
Cada vez es más frecuente la pérdida del miedo de los ciudadanos ante la corrupción generalizada que atenaza las distintas administraciones públicas. Son bastantes los ejemplos de personas anónimas que se han arriesgado a sufrir las consecuencias de una denuncia ante la justicia contra los clanes mafiosos que existen tanto en las pequeñas o medianas poblaciones. Desde este mismo blog, que lleva ya 8 años denunciando la corrupción urbanística, podemos dar fe de las presiones existentes ante noticias y hechos que atentan contra la Ordenación del Territorio. Pero hay casos que se pierden en el tiempo ya que los propios medios no les dan la importancia debida (son interesados), o que la justicia es cómplice también retrasando oportunistamente las más que posibles sentencias condenatorias.
"LAMAREA*: Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.
González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos. Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro. “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.
Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”.
González y Villarejo forman parte del elenco de ciudadanos y expertos que protagonizan el documental Corrupción: El organismo nocivo, que tiene como objetivo reconocer la labor de estos denunciantes. El filme narra las experiencias de diversos profesionales de la administración: desde interventores municipales como Fernando Urruticoechea o Maite Carol, hasta el inspector de cursos de formación Carlos Martínez o el ex director del Institut Municipal Promoció Econòmica Mataró Jaume Llansó. El director del documental, Albert Sanfeliu, destaca los puntos en común que tienen todos ellos: son personas con una “fortísima integridad moral” y que “conocen el sistema muy bien desde dentro”. Sin embargo, se sienten “solos” social y jurídicamente.
Incumplimientos del Gobierno
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en noviembre de 2012 un informe sobre anticorrupción, en el que recomendaba, entre otras medidas, “establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción”.
Tras su publicación, España se comprometió a adoptar medidas para proteger a los denunciantes en un plazo de dos años. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido su promesa y todavía carecen de garantías. En Europa, apenas un puñado de países –Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido, a la cabeza– cuentan con estatutos de protección para denunciantes. A pesar de ello, los casos de corrupción judicializados tuvieron un repunte en España en 2014, que se cerró con más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos y varias macrocausas a punto de llegar a juicio. Entre ellas destacan sobre todo parte de la trama Gürtel y los casos Nóos, Campeón y Pretoria.
En este último, las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.
Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.
Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”.
Los informativos de televisión batieron en 2014 el récord de horas de emisión de noticias sobre corrupción, el tema estrella, impulsados por el tirón mediático de casos que afectaban a la infanta Cristina, el ex president de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la tonadillera Isabel Pantoja, los exministros Rodrigo Rato y Jaume Matas, los expresidentes de clubes de fútbol José María del Nido y Josep Lluís Núñez y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, entre otros.
Lejos de poner el foco en los acusados, el director del documental, Albert Sanfeliu, reflexiona sobre cómo tratan los medios de comunicación la corrupción: “Echo en falta que se dé más voz a las personas que denuncian los casos”. Éste fue uno de los motivos que le llevó a rodar el filme: promover el ejemplo de quienes hacen posible la apertura de las investigaciones, a través de su narración. “Hablan de cara, para empatizar y que la ciudanía se sume. Queremos transmitir que sí puede”.
Por su osadía, Sanfeliu tiene asumido que no logrará ayudas públicas para su documental –el rodaje lo financiaron 451 mecenas a través de crowdfunding– y que, probablemente, encontrará problemas para proyectarlo en los cines. Por ello, busca ahora patrocinadores para los bolos y salas alternativas donde presentar el proyecto en todas las ciudades posibles.
Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana. A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.
Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca. “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad.
Una justicia sin recursos
Además de la responsabilidad del Gobierno de proteger a los denunciantes anónimos, el ex fiscal anticorrupción sigue señalando en la actualidad a jueces y magistrados: “Están formados para robos y pequeños delitos, no para tramas complejas en las que influyen elementos económicos o políticos. Hace falta formación, recursos y esfuerzo. Falta capacidad, fuerza y voluntad”.
Los problemas siguen a día de hoy. Otro protagonista del documental, Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores. En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.
La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva. Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros.
_ La Marea - Daniel Ayllón - 23.2.15
Foto: Corrupción, viñeta
'El urbanista del PP' sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que controla Génova
La corrupción urbanística en los ayuntamientos 'populares' continúa, según se ve en esta noticia. En los alrededores de Madrid es tristemente famoso el arquitecto del PP, L.Arnáiz, vinculado a Gürtel y acusado en diferentes casos, que se ha hecho de oro a costa de especular con la Ordenación del Territorio en numerosos municipios donde ha dejado su nefasta impronta. Como siempre, los paganos de semejantes tropelías urbanas han sido los habitantes de esos lugares que han visto como se volatilizaba su dinero y su territorio de cara al futuro. La lista de ayuntamientos especuladores es larga y se debe sumar a ellos también el de Guadalix de la Sierra.
"PÚBLICO* : El urbanista preferido del Partido Popular, Leopoldo Arnaiz, sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que gobierna el partido en la Comunidad de Madrid. A la larga lista de adjudicaciones recibidas por consistorios conservadores, que incluye municipios como Boadilla del Monte, Colmenar Viejo o Soto del Real, se suma ahora San Agustín de Guadalix.
Poco o nada importa que el empresario y arquitecto esté acusado de blanqueo de capitales en el juzgado número 35 de Madrid; que esté imputado por estafa e incumplimiento de contrato en el número 8 tras no saldar una deuda de 8,7 millones con una exsocia; y que un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía vinculara al empresario con la trama delictiva de Gürtel. Todo da igual. Es el urbanista de referencia.
Esta vez ha sido el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, gobernado por el Partido Popular con una holgada mayoría absoluta, el que ha concedido una adjudicación por valor de 6.179.861,78 euros para la construcción de un espacio deportivo de pádel, centro comercial incluido, y su posterior explotación. La empresa que se encargará de construir este complejo, según la documentación aportada al Pleno del Ayuntamiento para aprobar el contrato de concesión, es Terralia Construcciones, S.A., sociedad cuyo administrador único fue Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, que contactados por este medio aseguran que Terralia es "sólo un partner" y rechazan realizar cualquier tipo de valoración sobre esta adjudicación aunque advierten de que la noticia, una vez publicada, será evaluada "por el equipo jurídico de la compañía".
De esta manera, la adjudicación de una proyecto de más de 6 millones de euros para el diseño y construcción de estas instalaciones deportivas en San Agustín de Guadalix puede repercutir en el entorno empresarial de Leopoldo Arnaiz, de quien fuentes políticas han llegado a señalar que "tiene más poder que el mismo Francisco Correa" y que "el tiempo lo demostrará". Prueba de ello, aseguran estas fuentes, es que Arnaiz es responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y controla una amplia red de empresas y testaferros que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos.
El negocio ha llegado a Terralia Construcciones, S.A. a través de la empresa adjudicataria Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix S.L, una empresa sin trabajadores que se constituyó el 30 de julio de 2014, justo un día después de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix presentara las condiciones del pliego para optar al concurso y un día antes de que las bases del concurso fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
A pesar de la reciente constitución de Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix y, por tanto, del incumplimiento de los pliegos del concurso que exigían "obras ejecutadas en los últimos cinco años", "trabajos realizados en servicios deportivos en los últimos tres años" o "técnicos o unidades técnicas de ejecución de obras", entre otros requisitos, el despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. otorgó a la oferta presentada por Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix una calificación de 100 sobre 100 mientras que la otra empresa que competía, Aira Wellnes, se tuvo que conformar con una nota de 33.89 sobre 100.
"Lo único que puedo decir es que la oferta que presentamos aportaba la solvencia técnica de Aira Wellness y su experiencia en el sector, que es lo que exigía el concurso. Sin entrar en el fondo de la cuestión, parece que una empresa de reciente creación carece de los criterios necesarios para poder garantizar solvencia técnica", explica a Público Luis Muñoz, que ha sido el responsable de llevar la participación en el concurso de la empresa perdedora en este caso: Aira Wellness.
El informe técnico del despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. levantó, de inmediato, sospechas entre los concejales del PSOE de San Agustín de Guadalix, que preguntaron si este informe había sido avalado por los técnicos arquitectos del Ayuntamiento. El Consistorio alegó, entonces, que el tema era demasiado complejo para la capacidad de valoración de los técnicos. Posteriormente, la oposición al completo pidió la anulación de la adjudicación ya que en el proceso se habían producido "gravísimas anomalías y errores" por lo que solicitaba la exclusión del concurso de las dos empresas concurrentes.
"No es concebible desde la sensatez y el sentido común que una empresa constituida un día después del anuncio en el BOCM de la licitación, sin personal contratado, sin administrativos que le pudieran preparar documentación ni para el concurso, sin capital, con apenas 4.000 euros, sin experiencia propia en el sector, pueda hacerse cargo de un proyecto de construcción de dos complejos deportivos, con parking, centro comercial, piscina cubierta-fitnes y centro de raqueta y padel y además de su explotación", asegura en declaraciones a Público Carmen Timon, concejal del PSOE en la localidad.
Sin avales
Las dudas sobre el proceso se incrementaron en la oposición cuando la empresa adjudicataria fue incapaz de presentar los avales necesarios para demostrar que tiene el suficiente músculo financiero para acometer un encargo que supera los 6 millones de euros. De hecho, fue Terralia S.A., la constructora cercana a Arnaiz, quien aportó en primera instancia los avales necesarios aunque, tras la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo, Ocio y Deporte San Agustín S.L. consiguió un aval del Banco Popular.
La punta del iceberg
Fue la aparición de David Encinar como administrador único de la empresa adjudicataria el primer indicador que hizo saltar las alarmas de la oposición en este caso. El nombre de David Encinar apareció en la declaración judicial que realizó el expolicía implicado en el caso de los GAL José Amedo Fouce. Según su testimonio en sede judicial, Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo, con la ayuda de David Encinar, que facilitó los datos, intentaron utilizar a Amedo para cobrar una deuda de 1,8 millones de euros contraída por Alfonso García, dueño de Constructora Hispánica. De telón de fondo de esta historia se encontraba el 'caso Gürtel'.
El empresario Leopoldo Arnaiz comenzó a estar bajo los focos de la opinión pública en 2003 tras declarar durante cinco horas en la comisión de investigación del conocido como 'Tamayazo', que significó la espantada de dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidiendo la investidura de Rafael Simancas en 2003, y a la postre, abriendo el camino a Esperanza Aguirre. Entonces, Arnaiz fue absuelto tras explicar sus vínculos con los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, quienes hospedaron a Tamayo y Sáez durante los días en que arruinaron la victoria de Simancas en las urnas.
Desde entonces, el nombre de Leopoldo Arnaiz ha saltado a la prensa de manera más o menos periódica sobre todo tras la denuncia presentada en 2010 ante la Justicia por una exsocia suya que en el texto remitido a la Justicia muestra con todo lujo de detalles una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia.
El abogado de la denunciante explicó al juez que "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid" y como él mismo "no puede aparecer como socio por incompatibilidad legal busca testaferros que aparecen como socios constituyentes".
* Público - ALEJANDRO TORRÚS - 18.2.15
Foto: Leopoldo Arnáiz, arquitecto PP - A.Navarrete
Un exconcejal de Palma revela al juez que el PP de Matas pedía un 3% de comisión con la connivencia de Génova
Es algo que ya conocía todo el mundo: que el PP, o CiU, exigían para otorgar su aprobación un 3% de comisión del presupuesto de las obras a realizar, lo único que esa era la mordida-base ya que normalmente se iban al 5% o más. Así que nada extraño en esta revelación del concejal de Palma, lo cual no quita que sea vergonzosa y que atente contra la ética y la transparencia que deben presidir las relaciones de las instituciones públicas. Es la confirmación de la elevada corrupción urbanística que ha sido permitida, lamentablemente, en en este país, gracias a una débil, o cómplice, justicia. Algo que deberá ser erradicado y perseguido con más ahínco del que actualmente se sigue teniendo con estos graves delitos generalizados.
"INFOLIBRE* : El exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos ha señalado este martes, en su declaración como testigo ante el juez instructor del caso Palma Arena, que el PP balear, bajo el mandato de Jaume Matas (2003-2007) y con la connivencia del partido a nivel nacional, exigía un 3 por ciento en comisiones con cada adjudicación pública, tal y como han informado fuentes jurídicas.
El exregidor, cuya comparecencia se ha prolongado durante más de tres horas en el marco de la pieza 28 de la causa, centrada en la financiación presuntamente ilegal del PP, ha señalado además que la formación reclamó nueve millones de euros a cambio de la concesión de las obras para la construcción del hospital de referencia de Baleares, que recayó en manos de Dragados tras un proceso cuya tramitación se investiga.
* Info Libre - 24.2.15
Foto: Palma, Consell Insular - wikipedia.org
Imputado el alcalde 'popular' de Aldea del Fresno por permitir construir en una zona destinada a un camping
Como se ve, el urbanismo madrileño sigue en la picota, no solo en la ciudad sino también en muchos pueblos de los alrededores. La permisividad y falta de control urbanístico de la Comunidad es alarmante, algo que hay que achacar al equipo 'popular' de I.González. En Aldea del Fresno hay más de 300 casas en suelo dedicado a un cámping, y eso no se puede realizar de la noche a la mañana, hace falta la complicidad municipal y también una escasa vigilancia de la Comunidad y del Seprona. Algo que, evidentemente, ocurre en este caso de delito grave.
"VOZPÓPULI* : Un juzgado de Móstoles ha imputado Guillermo Celeiro (PP), alcalde de Aldea del Fresno (Madrid), y a dos concejales, uno del PSOE y otro de un grupo independiente, por un delito de prevaricación pasiva tras una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por las irregularidades existentes en la urbanización Caravan Garden. En ese terreno hay más de 300 casas en suelo destinado a un camping.
Hace algunos meses un ciudadano denunció al Ayuntamiento por permitir la situación que se viene produciendo en ese suelo que había sido propiedad del Marqués de Griñón. Intervinieron agentes del Seprona y posteriormente se produjeron denuncias de la Fiscalía de Medio Ambiente.
Cientos de ciudadanos construyeron desde hace años chalets en parcelas en las que sólo estaba autorizado tener una tienda de campaña o una caravana. El Ayuntamiento de anteriores legislaturas parece que hizo la ‘vista gorda’ y se llegaron a construir cerca de trescientos chalets, piscinas, y barbacoas en una zona con gran protección medioambiental.
El alcalde declaró hace unos meses a Vozpópuli que desde su llegada a la corporación ha mantenido decenas de reuniones para intentar legalizar la situación. Guillermo Celeiro dijo a la revista A21 recientemente: “Que me caiga a mí un muerto que no es mío es alucinante”.
Ya hubo hace meses una primera sentencia contra un ciudadano que fue condenado por un juzgado a cuatro años de prisión y al pago de las costas por haber construido en un terreno calificado como no urbanizable y protegido. En la sentencia se decía que la zona donde se había levantado la construcción es un lugar de especial protección de aves, lugar de interés comunitario, espacio natural protegido… añadía que se habían destruido puntos de nidificación, cría y se ha producido impacto visual.
La amenaza de una sentencia similar se cierne sobre otras más de trescientas familias que construyeron a pesar de que era una zona solo de camping. El juez ha imputado ahora al alcalde actual, que es también concejal de Urbanismo, y a los otros dos ediles. El Ayuntamiento aprobó en un pleno que sea la Corporación la que asuma la defensa de los acusados que lo deseen.
Cambio en el Presupuesto
Pero para ello, se ha tenido que aprobar una modificación del presupuesto y se ha retirado una partida de alumbrado y otra de reparación de aguas y viales para poder hacer frente a los honorarios de los abogados con los 38.000 euros que se ahorran.
Iván Gutiérrez, representante de un grupo de la localidad llamado Centro Reformista Democrático, ha solicitado la dimisión del alcalde y del resto de los ediles imputados, así como la destitución de los dos técnicos municipales imputados.
Este grupo señala que los hechos tienen su origen en una querella de la Fiscalía de Medio Ambiente y añade que también estarían implicados otros altos cargos del Ayuntamiento desde el año 2004. Añade que el juzgado le ha solicitado un aval de 40.000 euros a cada uno de los imputados.
* VozPópuli - Pedro Blasco - 21.2.15
Foto: Aldea del Fresno, vivienda ilegal en cámping - vozpopuli
La Justicia impide otra goleada de Florentino al urbanismo madrileño… de momento
El presidente del Real Madrid, F.Pérez, es un hábil negociador con las instituciones 'populares' madrileñas y, gracias al nombre del club deportivo, ha aprovechado para hacer sus negocios con la constructora ACS, dando sucesivos pelotazos urbanísticos (nunca mejor dicho). Ocurrió con la Ciudad Deportiva de la Castellana en la se fue trabajando al nefasto alcalde A. del Manzano, consiguiendo realizar la operación especulativa de las 4 Torres, todavía no finalizada. Con la ampliación del estadio Bernabeu ha intentado lo mismo, mediante una permuta de terrenos con el propio Ayuntamiento, pero la justicia se percató del pelotazo y, de momento, ha dicho no. Veremos lo que aguanta.
"JUAN C.ESCUDIER* : A veces los reyes del pelotazo tienen contratiempos, y eso es lo que le ha ocurrido a Florentino Pérez tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de anular la nueva ampliación del Bernabéu, una operación por la que el genio de ACS pensaba consumar otra goleada al urbanismo similar a la de la vieja Ciudad Deportiva del club, donde hoy se levantan las cuatro torres que sirvieron para sacar al club de la quiebra y financiar sus galácticos a costa de la ciudad.
Como en la mayoría de los grandes negocios de este inconmensurable vendedor de burras metido a constructor, siempre hay de por medio una o varias administraciones públicas, porque la especialidad de este ingeniero no son los caminos, los canales o los puertos sino los concejales de Urbanismo, los alcaldes, los presidentes y hasta los jefes de Estado. Al anterior, cuando divisaba la proa del ‘Fortuna’ surcando las aguas de la bahía de Palma, le llamaba por el móvil desde su barco, el ‘Pitina’, para ponerse a los pies de su señora. Que el actual monarca sea del Atlético es otro contratiempo salvable.
Como se ha dicho, para hacer negocios a la sombra del poder hay que estar bien relacionado y en eso Florentino no tiene rival. Para la recalificación de la Ciudad Deportiva se trabajó al alcalde de la época, Álvarez del Manzano -con quien compartía mantel y tertulia mensual en un castizo restaurante de Madrid junto a exconcejales de sus tiempos en la UCD- a los sindicatos, al movimiento vecinal y a IU. A quien no pudo seducir fue a Matilde Fernández, que dirigía el grupo municipal socialista y que por tres veces le dijo que no y hasta le llamó psicópata. Era difícil engatusar a la exministra, porque además de tenerlos bien puestos y resistirse a las presiones (“Zapatero está conmigo y no contigo”, llegó a decirle), ni tenía hijos arquitectos a los que dar promociones de viviendas, ni gestionaba cooperativas del marxismo-ladrillismo, y, por si fuera poco, pasaba olímpicamente de tener asiento reservado en el palco del Bernabéu.
Para la frustrada ampliación del estadio le bastaba poco más que su amistad íntima con Ruiz Gallardón, alcalde en aquel momento de la villa y corte, y, a su juicio, el político más brillante, listo, alto y guapo, el que él mismo habría querido ser si la aventura del Partido Reformista no hubiese terminado en un colosal fiasco. Tanto se fiaba de Gallardón que hasta hizo vicepresidente del club a Fernando Fernández Tapias, el naviero asiduo de las revistas del corazón que más de una vez ha presumido en privado y seguramente en broma de ser “el que le hace la hucha a Alberto”. La rivalidad entre Gallardón y Esperanza Aguirre, quien desde la Comunidad de Madrid debía rubricar también los acuerdos, nunca se ha interpuesto en los caminos del constructor.
Pues bien, el origen de lo que la Justicia echó por tierra este martes se remontaba a 1998, en concreto a una parcela de 70.000 metros cuadrados en una zona de la periferia de Madrid llamada Las Tablas, que el Ayuntamiento cedió al Real Madrid como parte del canje por unas de las cuatro torres de la ciudad deportiva. El patatal estaba valorado en casi medio millón de euros, pero no podía ser cedido porque tenía carácter deportivo básico y, por tanto, su titularidad era pública.
En 2011 el Ayuntamiento se dispuso a subsanar el error tras multiplicar casi por 50 el valor de los terrenos, revalorizados entre otras cosas por la especulación urbanística en la zona de la que el propio Florentino fue protagonista. Lo que valía 488.000 euros se estimó en casi 23 millones de euros. Gol por la escuadra. Para compensar a Madrid se dispuso un cambalache por el que se le cedieron varias parcelas para chalés, una al lado del aeropuerto y otra junto en el Bernabéu, donde el club ya tenía el derecho de superficie. Gol.
Cuatro meses después de este acuerdo, se firmó otro para modificar el Plan General de Urbanismo y permitir al Real Madrid ampliar el estadio, montar un centro comercial y hotelero del carajo de la vela y construir un aparcamiento de 600 plazas. Gol. A cambio, el club devolvía las parcelas para chalés, pagaba 6,6 millones y se comprometía a convertir el actual y pequeño centro comercial que bordea una esquina del campo de fútbol en un parque público. Idénticos metros cuadrados pero distinto valor. Y más gol.
¿Que cómo justificaba el Ayuntamiento el pelotazo? Pues diciendo que las obras crearían tres mil empleos, que habría más turismo y más ingresos por impuestos. Se sumaba además al viejo argumento florentiniano, según el cual todo lo que beneficie al Real Madrid es bueno para la ciudad y para España entera porque el club sí que es marca España y eso son palabras mayores.
Paralizado judicialmente el enjuague, Pérez el mago tiene varias alternativas. Una, que ya anunciado, es volver a negociar con el Ayuntamiento para encontrar una solución que le satisfaga. La otra sería impugnar el convenio de 1998 y obligar al Consistorio a devolver al Madrid suelo en la zona de las torres, con un coste de cerca de 40 millones de euros para los contribuyentes. O sea, como el Castor pero con rascacielos de por medio. El emperador del pelotazo saca brillo a su corona. ¡Qué arte tiene este tío!
* Público - Juan C.Escudier - 11.2.15
Foto: Madrid, estadio Bernabeu nuevo - contexto
El responsable político de los inmuebles de Interior, a juicio por doble venta de viviendas
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"PÚBLICO* : Un zorro vigilando las gallinas. Con esa metáfora se podría equiparar el nuevo escándalo que ha salpicado al Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz. Alejandro Sánchez, jefe de gabinete de su número dos, se sentará en el banquillo por un delito de estafa cometido, presuntamente, durante su etapa como alcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz). Quien ahora es el máximo responsable político de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (Giese), es decir, de los inmuebles de Interior, podría haber cometido fraude por la doble venta de un local comercial.
De hecho, Sánchez tendrá que sentarse en el banquillo y se enfrentará a cuatro años de cárcel. Y, pese a todo, sigue ocupando su alto cargo en el Ministerio. A día de hoy, ni él ha dimitido, ni Fernández Díaz le ha destituido.
El Giese, según lo define la propia web del Ministerio, es "el organismo autónomo encargado de la gestión y venta de inmuebles" de dicho departamento. Es decir, su función es administrar cualquier asunto relacionado con la planificación de edificios destinados a la seguridad.
En su organización interna, el máximo responsable es el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Alejandro Sánchez es su mano derecha, pero no sólo. También preside la Comisión Delegada del Giese, un órgano "clave" en la dirección del organismo, según fuentes del departamento.
¿Sus funciones? Aprobar enajenaciones y adquisiciones de bienes inmuebles hasta el límite de 300 millones de pesetas (1,8 millones de euros), aprobar contratos, autorizar la firma de todo tipo de convenios con entidades públicas y privadas, autorizar operaciones de crédito y endeudamiento o convocar subastas públicas para la enajenación de inmuebles, tal y como se especifica en el documento del BOE que recoge "la composición y competencias" de la citada Comisión Delegada del Giese.
Hombre de máxima confianza de Fernández Díaz, con quien comparte su pertenencia al Opus Dei, llegó a ese cargo en octubre de 2012, cuando Ignacio Ulloa era todavía secretario de Estado de Seguridad. Poco después fue sustituido por Francisco Martínez, sin que ello afectara a su puesto.
Antes de eso, Alejandro Sánchez era concejal en su pueblo (La Línea), presidente del PP local y vicepresidente tercero de la Diputación Provincial de Cádiz. En 2009, además, fue investido alcalde después de que su antecesor, Juan Carlos Juárez (también del PP), fuera condenado a seis meses de inhabilitación.
Como regidor, Sánchez ocupaba también la presidencia de la empresa de vivienda pública de La Línea, Emusvil. En 2010, negoció con un empresario la venta de un local comercial. Finalmente, el empresario no compró el establecimiento, sino que se le cedió voluntariamente porque años atrás el Ayuntamiento le había cobrado 300.000 euros de alquiler por un recinto que nunca pudo utilizar. No obstante, sí se produjo la firma de un contrato en el que Sánchez, como responsable de Emusvil, adjudicaba el inmueble al empresario en cuestión.
Sin embargo, Emusvil había negociado, de forma paralela, el mismo local con otro empresario diferente. Un año después del primer contrato, otro de los responsables de la empresa pública, también procesado ahora, firmó la compraventa del segundo. Según el testimonio de otra imputada, Sánchez conocía todos los detalles de esa doble venta del local.
El alto cargo de Interior -que, de momento, continúa ocupando su cargo- negó haber tenido conocimiento de esa segunda venta. Pero la Audiencia Provincial de Cádiz ha desestimado su petición de no imputación y confirmado, por tanto, su procesamiento por un "delito de estafa en la modalidad de doble venta". Se le ha abierto juicio oral y se enfrenta a cuatro años de cárcel.
Este diario ha intentado, sin éxito, contactar con Alejandro Sánchez. Fuentes del Ministerio del Interior se limitan a esgrimir que en el departamento "respetan las decisiones judiciales". Al cierre de esta edición, Sánchez no había sido cesado de su cargo ni había presentado su dimisión.
* Público - Paula Díaz - 20.2.15
Foto: La Línea de la Concepción (Cádiz), ayuntamiento - flickr.com
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Madrid.- "Campamento necesita residencias y centros públicos, no un pelotazo urbanístico"
La llamada 'Operación Campamento' en la barrio madrileño de Aluche-Batán ya se ha calificado como gran pelotazo urbanístico del empresario chino Wang Jialin, algo que ha puesto en contra a casi todos los vecinos, asociaciones y ecologistas por su magnitud exagerada y sus intereses ajenos a las necesidades de los barrios. De nuevo la falta de transparencia vuelve a aparecer en las negociaciones con la administración, por lo que los vecinos están dispuestos a la protesta social defendiendo infraestructuras públicas como residencias o centros de salud en lugar de nuevas zonas de ocio y hoteles que no son imprescindibles.
"20MINUTOS* : La versión oriental de la Operación Campamento levanta suspicacias en el distrito de Latina. Ante la falta de información oficial, vecinos, colectivos sociales y organizaciones ecologistas de los barrios de Batán, Aluche, Campamento y Las Águilas se están organizando para plantar cara al megaproyecto del magnate chino Wang Jialin, que pretende levantar un desarrollo con más de 10.000 viviendas, hoteles, centros comerciales y de ocio en los terrenos de los antiguos cuarteles de la autovía de Extremadura.
El primer paso ha sido escribir sendas cartas al Ayuntamiento de Madrid -responsable de la planificación urbanística-, a la Comunidad -que quiere dar facilidades a los inversores- y del Ministerio de Defensa -dueño de los terrenos-, para acabar con la opacidad. "Les pedimos información. Sabemos que no habrá casinos porque lo vemos en los medios de comunicación, pero nada más. Ninguno nos ha contestado", protesta Néstor Arontico, miembro de la plataforma Salvemos Campamento y del colectivo Entorno Meaques Retamares. La desconfianza, aseguran, está justificada. La inauguración de las líneas del Metro Ligero se llevó por delante el arbolado que rodeaba la colonia militar. Hoy, un aparcamiento ilegal invade el antiguo bosquecillo de moreras y parte de la Cañada Real de Madrid. "Llevan tomándonos el pelo hace 9 años. La Operación Campamento incluía el soterramiento de la A-5, que pasa a un metro de nuestras casas y provoca ruidos de 85 decibelios, pero no se ha hecho nada", denuncia Luis Segura, residente en Batán desde hace 50 años. "Lo que Campamento y el distrito de Latina necesitan son polideportivos, centros de salud y residencias para mayores, no un pelotazo urbanístico. Los terrenos deben seguir siendo públicos", añade Guillermo Martínez, de la asociación vecinal de Aluche.
La 'escoba' de la polución
Ecologistas en Acción, Arba y la asociación de padres y madres del colegio Gonzalo Fernández de Córdoba comparten la preocupación, y añaden otro factor: la posible destrucción del corredor verde que comunica la Casa de Campo con el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama.
Y es que la Operación Campamento tiene dos fases. La primera incluye 2,1 millones de metros cuadrados a ambos lados de la A-5 entre la avenida de los Poblados y Cuatro Vientos. La segunda, con 6,8 millones, comprende una pastilla triangular delimitada por la propia A-5 al sur, la M-40 al este y la Ciudad de la Imagen al norte. Esta última es la zona más sensible. "Por aquí pasan el Arroyo de Valchico y el de Meaques, que surte de agua a la Casa de Campo y llega al Manzanares. Los vientos predominantes que llegan a Madrid para renovar el aire lo hacen desde esta vertiente. Si se construye, esa escoba natural desaparecerá", explican desde Arba. "Esto ha sido escombrera, zona de maniobras militares y, ahora, un espacio verde por el que la gente monta en bici o sale con sus hijos. Nosotros lo hemos señalizado y hemos hecho plantaciones de árboles. Apenas hace falta inversión. A poco que se cuide, sería un lugar muy bueno", insiste Néstor Arontico. Los vecinos ya tienen en mente la convocatoria de una marcha o manifestación para reivindicar las necesidades de los barrios afectados, aunque no han elegido fecha. Mientras tanto, esperan que la corporación Wanda presente su proyecto y que las administraciones públicas muevan ficha. "Tienen que contar con nosotros. No pueden llevarse todo por delante sin más", insisten.
* 20 Minutos - Angel Calleja - 9.2.15
Foto: Madrid, Campamento zona - sepes
Pamplona.- ¿Y ahora qué hacemos con este pabellón de 60 millones?
Siguiendo con los despilfarros delictivos que han llenado este país de obras inútiles, llevándose, además, las arcas públicas con las que se deberían haber atendido otras necesidades sociales, llegamos a Navarra, que tiene casi terminado desde hace 20 meses un moderno recinto multiusos para acontecimientos deportivos y culturales pero no lo inaugura porque no lo ve viable. El gobierno de la Comunidad sigue a lo suyo, mientras se han dilapidado fraudulentamente casi 60 millones y nadie parece ser responsable ahora, ni siquiera la justicia lo encuentra.
"ELPAÍS* : Cada mañana, personal del Gobierno de Navarra acude de forma rutinaria al pabellón Reyno de Navarra Arena de Pamplona como el que va a su vieja casa familiar ya deshabitada para comprobar que todo sigue en orden y que nada ha dejado de funcionar por la falta de uso. Encienden y apagan todas las luces, recorren los enormes pasillos y pasan un rato en alguna de sus salas. A la espera de deportistas, ellos y los vigilantes de seguridad son los únicos ocupantes de un imponente recinto multiusos que aguarda a oscuras desde hace casi dos años su inauguración. Después de 58 millones gastados, la Administración foral no sabe qué hacer con él.
El proyecto, víctima ahora de la crisis, se aprobó en 2008 como una respuesta a las primeras dificultades económicas. “El viejo y anhelado deseo”, como lo definió la actual presidenta navarra de UPN Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de Pamplona, se incluyó en un potente plan de obra pública de 4.500 millones para la Comunidad, siguiendo el modelo nacional del Plan E de Zapatero. Ningún grupo político se opuso a él en el Parlamento (solo la formación nacionalista NaBai e IU se abstuvieron) y aquella fue la ocasión para desempolvar la idea de un gran pabellón, aunque corregido y aumentado.
Un año antes el Ejecutivo foral había anunciado un recinto para unas 6.500 personas dirigido, principalmente, al San Antonio, que se había colado en la elite europea del balonmano bajo el patrocinio de cementos Portland en los años locos de la construcción. Pero a la Administración esa nueva infraestructura no le pareció suficiente y pocos meses después dobló su apuesta con más aforo (hasta 12.000), una pista auxiliar con frontón incorporado y palcos vips, con la intención de acoger también espectáculos culturales. "En todos los pabellones que visitamos en España y en Europa para coger ideas nos recomendaron que no nos quedáramos cortos, que esto era para 50 años", explica Nacho Arbeloa, máximo responsable de infraestructuras deportivas de Navarra. En total, 60 millones de presupuesto, de los que se han gastado 54 en levantar el edificio más cuatro en urbanizar la zona.
Sin embargo, el San Antonio desapareció por el camino. Pinchó la burbuja inmobiliaria, se quedó sin sponsor y murió en 2013 ahogado por las deudas, con la obra casi terminada. Su declive transcurrió en paralelo a la construcción del Reyno de Navarra Arena. El resto de clubes de la ciudad, lejos de la elite, no atraen a sus encuentros a más de 2.000 personas de media y los eventos culturales, el otro eje, tampoco ofrecen de momento garantías suficientes para impulsar su apertura.
“Queda por ejecutar el 10%, aunque hay partes a las que hemos renunciado. Creo que con 1,5 millones más lo podríamos abrir”, detalla Arbeloa. Pero no se abre y no hay señales de que eso vaya a ocurrir a corto plazo, sobre todo con las elecciones autonómicas de primavera en el horizonte. En septiembre de 2009 se puso la primera piedra y en mayo de 2013, con dos años de retraso, la obra quedó acabada al 90%. Desde entonces el recinto aguarda cerrado y vallado el último empujón. La vigilancia y mantenimiento cuestan 250.000 euros anuales.
El plan de gestión, entregado en 2009, ha quedado "obsoleto" y "arrollado" por las circunstancias económicas, reconoce IDOM, la empresa que lo realizó. ¿Cuando pase la crisis volvería a ser viable? "No lo sé, habría que repetir el estudio. Hoy, por ejemplo, ya no existe el San Antonio, y las demandas y costumbres de la gente también han podido cambiar", responde Ángel Vázquez, responsable de todo el proyecto de asesoría.
“Es una patata caliente y hay que tener valentía para abrirlo. Desde el punto de vista de la cuenta de explotación, no creo que sea viable, y si vamos a los gastos de amortización, mucho menos, pero una infraestructura pública también genera empleos indirectos en la hostelería y en otros sectores”, apunta Roberto Jiménez, parlamentario del PSN, grupo que dio su voto favorable al edificio. “Si pudiéramos volver a 2008, nadie tomaría esa decisión, pensábamos que la crisis tendría un recorrido menor”.
Lo que sí parece claro es que el Ejecutivo ha descartado la gestión pública, que era la idea original, y explora ahora la opción público-privada. “Hemos hablado con empresas y les parece un recinto interesante, pero tendrían que ver las condiciones exactas del concurso que saquemos”, cuenta Nacho Arbeloa. Un concurso que de momento no tiene fecha. ¿Era esta la máxima prioridad en infraestructuras deportivas en Navarra para gastarse 60 millones? "Bueno... [sonríe] Nuestro mapa de instalaciones es muy completo, aunque empieza a tener carencias de mantenimiento", responde sin querer entrar en más detalles. EL PAÍS se ha puesto en contacto con el consejero de Políticas Sociales, Íñigo Alli, encargado de encontrar una salida para el pabellón, pero ha rechazado hacer declaraciones.
Situado junto al estadio de Osasuna, su fachada blanca compuesta por 933 cubos que se iluminan destaca sobre el resto en una zona con poca vida en las calles más allá de los domingos de fútbol. Dentro, una pista central para 10.000 personas y otra auxiliar para 3.000 más un avanzado sistema de gradas, hoy cubiertas con plásticos negros, que se extienden, se repliegan, se giran y hasta se esconden bajo el suelo dan la opción de celebrar casi cualquier deporte bajo techo.
Ahora, los principales clubes de la ciudad disputan sus partidos en el Anaitasuna, un vetusto pabellón con unos 3.500 asientos que encaja en sus necesidades reales. Su propietario, el balonmano Anaitasuna, de la liga Asobal, descarta en cualquier caso irse de casa. "Nuestros socios no lo entenderían. Además, siempre nos pareció excesivo el Navarra Arena. Ni en el mejor momento del San Antonio hubo una demanda tan grande de aforo", asegura Ángel Azcona, su gerente.
El Planasa de baloncesto y el Xota de fútbol sala sí dan por hecho su traslado cuando llegue el momento. “La mayoría de clubes recibimos subvención y entendemos que el Gobierno nos invitará a jugar allí”, opina Javier Sobrino, presidente del Planasa. El gerente del Xota, Carmelo Villamarín, se lamenta, sin embargo, de la "pérdida de ambiente" que sufrirán con la mudanza a una infraestructura que triplica a la actual.
En conciertos, la capacidad alcanza los 12.000 espectadores. "Es un edificio con buena acústica y bien preparado, pero deberá competir con Bilbao, San Sebastián o Zaragoza. A los promotores nos surgen posibilidades y luego todo depende de qué lugar nos ofrezca mejores condiciones y de las ayudas públicas", comenta Jokin Zamarbide, responsable de IN & OUT, la principal empresa organizadora de conciertos con base en Pamplona. La crisis, añade, ha dejado al sector en horas bajas y deja una crítica sobre el pabellón: "Antes hubiera cubierto la plaza de toros, donde cabe más gente y solo se usa en Sanfermín".
Un buen ejemplo de esta obra hecha a lo grande es su frontón, ubicado en uno de los fondos. Solo está previsto que se use un día al año, en alguna de las tres finales importantes de la pelota vasca (Manomanista, por parejas y Cuatro y Medio) aprovechando su capacidad para 3.000 personas. Las dos empresas organizadoras de partidos, Aspe y Asegarce, se muestran encantadas, pero aclaran que "en ningún caso sustituiría en los partidos de cada fin de semana al Labrit", una de las catedrales de este deporte y situado en el centro de Pamplona. Un frontón para una tarde y un pabellón, de momento, para nadie.
* El País - LORENZO CALONGE - 8.2.15
Foto: Vista interior del pabellón Reyno de Navarra Arena, en Pamplona. / LUIS AZANZA
