Empresas de la 'Púnica' dejan sin casa y con una deuda total de 21 millones a 120 familias de Pinto

La trama de corrupción urbanística conocida como 'Púnica' afecta a numerosas municipios de Madrid y consistía básicamente en el amaño de contratos públicos que eran concedidos fraudulentamente a empresas amigas, mediando comisiones para ello. F.Granados, el capo y nº2 de E.Aguirre en la Comunidad sigue en la cárcel, pero las ramificaciones de esta mafia corrupta continúan asombrando y parecen no tener fin, así en Pinto empresas relacionadas con la trama han dejado sin vivienda y en la ruina a 120 familias, que ahora reclaman en los juzgados. Veremos si la débil justicia es capaz de hacerles caso.
"20MINUTOS* : La operación 'Púnica' no solo es la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones (caso que lleva la Audiencia Nacional, que ha imputado a más de 50 personas). Los tentáculos de la trama también han estrangulado con fuerza los bolsillos y las ilusiones de 120 familias de Pinto (municipio del sur de Madrid). Varias empresas de la 'Púnica', todas investigadas por la Guardia Civil, han dejado sin vivienda y sin sus ahorros a estas familias, que reclaman deudas por valor de 21 millones de euros en un juzgado de lo mercantil.

Algunas de estas familias han decidido denunciar individualmente a las empresas que les han engañado. Otras han optado por unirse, formar la asociación de afectados por la cooperativa Hydra, y presentar una denuncia ante la Fiscalía. José Antonio Barrios, 38 años, casado y con una hija, presentó una denuncia en octubre del año pasado en el juzgado número 4 de Parla por lo delitos de estafa, doble venta inmobiliaria y apropiación indebida contra los socios que fundaron la cooperativa y contra el administrador de la empresa a la que la cooperativa contrató para llevar todos los trámites. Y un mes después, en diciembre, ya formando parte de la asociación de afectados, denunció los mismos hechos ante la Fiscalía. "Quería comprar un piso de tres dormitorios por 176.000 euros". José Antonio se apuntó en mayo de 2008 en la cooperativa, pero se tuvo que dar de baja en el año 2010 por una grave enfermedad (tuvo un tumor), y porque su mujer empezó a tener problemas económicos en el trabajo. "Cumplía los requisitos para poder darme de baja. Pero no me devuelven lo que aporté, 55.000 euros".

Los abogados de los cooperativistas han tenido que investigar mucho para desenmarañar la madeja societaria que rodea a la cooperativa Hydra. Esta fue creada el 22 de septiembre de 2006 por cuatro socios, entre los que destaca el tesorero Carlos de Santiago del Castillo. En marzo de 2007, la cooperativa contrató a la empresa Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana (GTO) para que llevara el día a día. GTO es en la actualidad una de las 142 empresas investigadas por la Guardia Civil dentro de la 'Púnica'. Curiosamente, de Santiago también era director del departamento jurídico de GTO. El apoderado de GTO es Antonio Serrano Soldado, aunque según el registro mercantil, GTO pertenece a dos empresas representadas por David Marjaliza y José Luis Capita. Serrano y Marjaliza fueron detenidos dentro de la 'Púnica': el primero está libre con cargos tras pagar 100.000 euros de fianza; el segundo sigue en prisión, ya que es el principal empresario de la trama.

Unos terrenos por encima del precio de mercado

El objetivo de la cooperativa era construir 235 pisos protegidos en el sector 8 de La Tenería II, un nuevo barrio que se ha levantado en el norte de Pinto. Los terrenos fueron adquiridos por la empresa Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana (EPGU), otra sociedad de Marjaliza y Capita (también investigada en la 'Púnica'). Marjaliza pagó 7,8 millones por el suelo y se lo vendió a la cooperativa en abril de 2007 por 11,5 millones, un beneficio de 3,7 millones. "Este incremento del precio ya hacía inviable el proyecto", señala el abogado de José Antonio Barrios. Los cooperativistas saben ahora, gracias a un informe que encargaron, que el suelo no debería haber costado más de 7 millones de euros. "En la causa hemos aportado los costes de otras promociones de pisos protegidos en el mismo barrio. Una de 102 viviendas salía por 6,2 millones; otra de 172 por 10,2 millones. A Hydra el suelo solo ya le salió por 11,5 millones, que con los costes de edificación ya se iba a más de 30 millones", explica el letrado en base a un informe de la sociedad de tasación Tinsa.

Para financiarse, mientras iba captando las aportaciones iniciales de los socios, la cooperativa, gestionada por GTO, no solo recurrió a los bancos, sino a un préstamo que le concedió otra empresa de Marjaliza, de nombre Vancouver Gestión (también investigada en la 'Púnica'). El 1 de septiembre, Vancouver prestó 3,2 millones a la cooperativa. Y GTO, la gestora, prestó otros 600.000 euros. El libro de cuentas de la cooperativa de 2011 refleja que Vancouver Gestión ya ha recuperado el préstamo de 3,2 millones, y que ha recibido incluso 49.416 euros de más. Vancouver Gestión no solo está en el sumario de la 'Púnica', también en el de la 'Gürtel', por otra operación urbanística valorada en 12 millones de euros en Valdemoro, según adelantó Infolibre.

Como demuestra la relación de empresas y nombres, todo se movía en las mismas manos. EPGU, es decir, Marjaliza, compró el suelo. Lo vendió a la cooperativa, que se financió en parte a través de Vancouver Gestión, es decir, Marjaliza. Luego la gestión de la cooperativa la lleva GTO, es decir, Marjaliza. ¿Quién captó a los cooperativistas? TPC Red inmobiliaria, otra empresa de la 'Púnica' también de Marjaliza. "Todos estos datos, unidos a la falta de documentación contable, la inexactitud comprobada de determinados apuntes y la falta de auditoría de la cooperativa a partir del año 2012, hacen deducir a los afectados que el proyecto de construcción nunca fue viable y que su finalidad no fue otra que beneficiar al entramado societario de Marjaliza y sus socios", señala la asociación de afectados.

En concurso de acreedores

Las cuentas no cuadraban. La cooperativa entró en concurso de acreedores en octubre de 2013, decretado por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. "Nos encontramos con activos sobrevalorados, para simular una situación patrimonial ficticia, con objeto de defraudar a los cooperativistas. También se crearon y vincularon operaciones de crédito con empresas afines a la gestora con objeto de defraudar a los cooperativistas", reza el incidente concursal al crédito de la gestora que obra en el juzgado de lo Mercantil. La promoción se ha quedado a medias. Solo se construyeron 117 pisos, en los que apenas viven unas 50 familias. Quedan por levantar otras 118 casas, pero no hay dinero. En el concurso de acreedores hay 127 personas inscritas, que reclaman 21,8 millones. Más de 120 son familias. Como acreedor también está la comunidad de vecinos, que reclama 8.500 euros.

"Cada cooperativista entregó entre 30.000 y 50.000 euros de adelanto, dinero que no han recuperado. Luego hay que sumar la hipoteca que cada uno de ellos pidió para pagar el piso, entre 140.000 y 170.000 euros por cabeza", señala el abogado. Pedro Torrubias, 36 años, está en el paro. Le adjudicaron un piso en el segundo bloque, en el que no está construido. "Entré en la cooperativa en abril de 2008. Me captó la inmobiliaria TPC [dentro de la trama 'Púnica']. A los pocos meses me dicen que el piso ha subido de precio, 50.000 euros más. Yo estoy solo y había optado por un piso de un dormitorio, pero me subieron el precio. De 150.000 euros a 190.000 euros. Tuve que dejarlo porque el banco no me financiaba una hipoteca de 190.000 euros. Me di de baja con justificación y me deben 39.000 euros". El punto 13 A.3 de los estatutos de la cooperativa refleja como baja justificada "la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital".

José Antonio Barrios tuvo incluso que firmar un contrato en mayo de 2008 para que le reservaran una plaza en la cooperativa. Abonó 9.000 euros en metálico. "La factura ha desaparecido. Fue como una especie de comisión que se han repartido entre varios". Lo firmó con la inmobiliaria Inmocentro. Su representante también está denunciado. "Me llegaron incluso a adjudicar dos pisos, primero uno y luego otro. No me han devuelto el dinero y encima esos pisos se han vendido a otros cooperativistas. Esto es una estafa por doble venta", concluye.

Claudio Duro, 31 años, fue de los primeros en denunciar. Lo hizo a principios de 2012 tras haber entregado a la cooperativa en los tres años anteriores unos 43.000 euros. "Quería comprarme un piso de dos habitaciones, dos baños, y garaje, por unos 170.000 euros. Pero no cumplieron los plazos de entrega del piso y un día recibo un mail, seguido de un burofax, exigiéndome que vaya a escriturar. Yo les contesté que en esos momentos me venía mal escriturar porque tenía problemas en conseguir la hipoteca, que prefería esperar un poco. No esperaron. Me dieron de baja y exigí mi dinero. Eso fue a finales de 2011. Aún sigo esperando. No me lo quieren dar. Vivo de alquiler y les he dado los ahorros de mi vida. A mi hermano también le deben unos 30.000 euros".

GTO quiere cobrar todavía 933.000 euros

Los cooperativistas han dado un primer paso. En una primera sentencia, de septiembre de 2014, el juzgado de lo mercantil número 6 ha dictaminado que GTO es el administrador de hecho de la cooperativa, no un simple gestor, lo que en un principio garantizaría las posibles responsabilidades de la gestora. El juzgado califica además de crédito subordinado los 933.000 euros que GTO quiere, después de todo lo que ha pasado, cobrar de la cooperativa Hydra por sus trabajos de gestión, lo que significa que GTO no cobrará hasta que lo hagan el resto de acreedores. GTO ni siquiera ha podido recurrir la sentencia, ya que no tiene los 50 euros de las tasas judiciales porque sus cuentas han sido bloqueadas por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.

Otros vecinos están negociando con la aseguradora el pago de las cantidades que dieron a la cooperativa y han preferido no acudir a la vía judicial. Jose Antonio y Pedro, por ejemplo, también solicitan un poco de ayuda por parte del Ayuntamiento de Pinto. Un portavoz del Consistorio asegura que es un tema privado y que se han reunido con los afectados para que, "dentro de sus funciones y competencias, colaborar en los que podamos y puedan necesitar. Se les va a facilitar el acceso al expediente de concesión de la licencia oportuna, por si eso les pudiera servir de ayuda en su reclamación".

La cooperativa es también una de las 142 empresas investigadas en la trama ‘Púnica’. De esas 142 empresas, 46 tienen su sede en Pinto. Y de estas 46 sociedades, 41 están radicadas en una misma dirección: el edificio Éboli. Tanto David Marjaliza (en prisión incondicional sin fianza)como José Luis Capita (no imputado) aparecen conjuntamente, a título individual o por medio de otras sociedades interpuestas, como socios, administradores y representantes de estas empresas.


* 20 Minutos - David Fernández - 23.2.15
Foto: Pinto (Madrid), cooperativistas protestando - J.Paris