La Comunidad 'popular' de Madrid es experta desde hace años en burlar la ley, con Gallardón y Aguirre de presidentes, actuando impunemente de forma que, cuando la justicia quiere darse cuenta, el delito urbanístico ha sido ya cometido. Luego vienen los apaños y las malas formas, naturalmente, pero siempre se llega a un acuerdo y la propia justicia es incapaz de castigar a los culpables de la tropelía urbanística. Eso ha ocurrido con la M-501, la llamada carretera de los pantanos, que se desdobló sin contar con la necesaria Declaración de Impacto Ambiental. Llegó hasta el Tribunal Europeo y éste lo consideró inadmisible. Pero para la corrupción no hay problema y ahora se 'coloca' de rondón una nueva como si nada hubiera pasado. Y a la justicia le parece bien, ya que no ha dicho nada al respecto. Menuda manga ancha tienen que tener las jueces para permitir este grave atentado medioambiental, sin culpables, en el que se talaron cientos de especies autóctonas.
"ELPAÍS* : Antes de construir una autovía o desdoblar una carretera por zona protegida se redacta un proyecto técnico, luego un estudio de impacto ambiental, posteriormente se revisan las alegaciones de los afectados (vecinos, ecologistas, municipios...) y, finalmente, se redacta una declaración de impacto ambiental (DIA) con las medidas correctoras. Si la declaración es positiva, se aprueba el proyecto y se construye la infraestructura. Se evitan o minimizan así los daños ambientales.
Eso, en la teoría. Porque en el caso de la M-501 (entre Quijorna y Navas del Rey, 18 kilómetros) se ha hecho justo al revés. En 2006, la Comunidad aprobó construir la carretera por “interés general”, luego fue condenada por los tribunales europeos y españoles y ahora redacta la DIA a petición de un juez. La autovía, que obligó a talar centenares de encinas, lleva abierta años. Ayer, el Boletín Oficial de la Comunidad daba cuenta de que la declaración de impacto había sido aprobada: ocho años después que el proyecto técnico. Los ecologistas se echan las manos a la cabeza.
El Tribunal de Justicia Europea consideró ilegal en 2011 la infraestructura por contravenir las directivas sobre conservación de hábitats naturales y de impacto ambiental. Dieciséis años antes, el entonces presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, ya había intentado construirla, pero la declaración de impacto y un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lo desaconsejaron. Gallardón se guardó el proyecto. Pero fue sustituido por Esperanza Aguirre, que lo desempolvó ante las quejas de los alcaldes de la zona, que consideraban muy peligrosa la carretera que había entonces y reclamaban el desdoblamiento. Además, tenían planes urbanísticos muy amplios y necesitaban buenos accesos. Aguirre declaró así el proyecto de “interés general” y empezó las obras. La documentación fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2012 ante la petición de Ecologistas en Acción de eliminar la carretera.
“No tiene sentido hacer una evaluación ambiental de un proyecto ya ejecutado. La idea del estudio es evitar el daño con anterioridad”, sostiene la coordinadora de Ecologistas en Acción para Madrid, Ángeles Nieto. El Supremo ya había declarado también ilegal la autovía unos meses antes de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, respaldando una interpretación anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 2008. La carretera recorre el Parque Regional del Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dejó entonces en el aire el desmantelamiento de la carretera con su auto de abril de 2012 al solicitar una Declaración de Impacto Ambiental antes de tomar una decisión final. “Resulta indispensable, con carácter previo a plantear una ejecución material del fallo para reposición de la zona afectada a su anterior estado[…], que la demandada [la Comunidad] proceda a dar cumplimiento a los trámites procedimentales que se declararon omitidos[…]”, reza el auto. Una vez presentada la documentación al tribunal, la Comunidad debe comunicárselo a la Comisión Europea.
“Cuando la Comunidad comunique que ya ha realizado los trámites omitidos, el tribunal va a decir que no hay incumplimiento del Derecho y no desmantelará la carretera”, avanza Nieto.
Ecologistas en Acción critica que los magistrados hayan “hecho suya” la interpretación que el Gobierno regional realizó de la sentencia: “Establecía que, en todo caso, los terrenos se restituirán a su estado inicial. El Gobierno entiende que los jueces dicen que se cumpla el procedimiento ambiental [la DIA], pero lo que dice es que la carretera debía desmantelarse”. La organización recurrirá al Supremo.
La nueva declaración de impacto del Gobierno no ve obstáculos en el proyecto de duplicación. “La valoración de la mayoría de las afecciones ha sido de carácter compatible, siendo asumibles por el medio”, reza el informe, que entiende limitado el impacto por ser un desdoblamiento: “No se trata de una nueva infraestructura sobre el territorio, sino que se valora la duplicación de una vía ya existente y un territorio ya fragmentado”. Un parque regional y una ZEPA.
“Había una discrepancia y se solventó”
El director general de Evolución Ambiental, Mariano González, asegura que la Declaración de Impacto Ambiental dibuja un panorama más halagüeño del previsto por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en 2000 y por la propia Consejería de Medio Ambiente en 1998: “Con el paso de los años, se ha demostrado que las previsiones sobre los daños que causaría la M-501 eran demasiado pesimistas”.
González sostiene que es un argumento “objetivo” no sujeto a interpretaciones: “Ahora hay más parejas de águila imperial, menos mortandad en la fauna, y no ha habido una evolución exponencial de la población”. El director general califica los impactos de la infraestructura como “compatibles y corregibles mediante medidas correctoras”.
El Gobierno regional resolvió en 2006 la polémica entre las consejerías de Transporte y Medio Ambiente que llevo al Gobierno regional a solicitar la intervención del CSIC. “Había una discrepancia y se solventó de acuerdo a la ley”, sostiene González, que subraya el apoyo de los municipios de la zona para la construcción de la carretera: “Lo pidieron los Ayuntamientos, del PP como del PSOE”.
Medio Ambiente no considera imprescindible haber elaborado un plan previo entonces y resalta la reciente evaluación ambiental como un estudio sin precedentes: “Es muy interesante analizar un proyecto a posteriori, desde que se hace hasta que se ejecuta pueden pasar años”. Pese a los reveses judiciales del Supremo y el Tribunal de Justicia Europeo, González entiende que las sentencias no suponen el desmantelamiento del proyecto sino su modificación: “El Supremo ha dicho que lo hicimos mal, pero nos ha dado la oportunidad de corregirlo. El Tribunal Superior de Justicia nos exige que hagamos los trámites que no hicimos, y lo que hemos hecho es adecuar el procedimiento a la norma”.
Ecologistas en Acción considera que la evaluación de Medio Ambiente se limita a plasmar los argumentos de Transportes. “Deberían mediar entre el informe del promotor y las alegaciones, pero en la Declaración no hay ninguna valoración independiente”. González defiende la independencia del estudio: “Lo han hecho funcionarios. En todo caso es problema del modelo de evaluación y habría que buscar un órgano independiente como la Comisión Nacional de Competencia”.
* El País - LUIS JAVIER GONZÁLEZ - 28.8.14
Foto: Carretera de los pantanos, la M-501 (Madrid). / CRISTOBAL MANUEL
La Comunidad de Madrid 'legaliza’ la M-501 con un informe ambiental posterior
Roquetas.- El TSJA anula de forma definitiva el proyecto de los acantilados de Aguadulce
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La palabra 'definitiva' en el terreno urbanístico no se debiera pronunciar jamás. Lo que hoy parece 'definitivo' mañana llega otro juez y lo anula sin más, o bien los mismos políticos hacen lo que les viene en gana sin ninguna cortapisa legal. Es la ley del más fuerte y la justicia ha demostrado sobradamente su debilidad en este campo de la Ordenación Territorial. En la misma provincia de Almería existe el precedente del hotel ilegal de El Algarrobico sobre el que ha actuado nefastamente la justicia y la propia casta política. Así que esta barbaridad urbanística del Ayuntamiento 'popular' de Roquetas de Mar diríamos que, provisionalmente, ha sido anulada por la justicia. Los acantilados de Aguadulce, de momento, están a salvo. Nunca se sabe hasta cuando.
"IDEAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, TSJA, ha confirmado la firmeza de la sentencia que daba la razón a la Junta de Andalucía en el contencioso del desarrollo de la polémica urbanización de casi 500 viviendas en los acantilados de Aguadulce, por lo que ese proyecto ha quedado anulado definitivamente teniendo en cuenta que no cabe recurso contra esta última decisión del TSJA. Así lo reconoce el propio Ayuntamiento en un informe técnico tratado en la Junta de Gobierno de esta semana, en el que los letrados del Consistorio afirman que «la sentencia es desfavorable para los intereses municipales y frente a la misma no cabe recurso alguno».
Por ello, la Junta de Gobierno ha acordado dar traslado de la firmeza de la sentencia a la responsable del Servicio de Planeamiento y Gestión con el fin de que lo tenga en cuenta a partir de ahora.
La sentencia, con fecha de 15 de febrero de este año, hace firme a su vez la dictada por la sala de lo Contencioso Administrativo estimando el recurso de apelación de la Junta de Andalucía contra la sentencia de un juzgado contencioso de Almería que desestimó las alegaciones de la Administración autonómica, dejando esta última sin efecto.
De esta manera, el TSJA declara «la nulidad del acuerdo de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Roquetas de 10 de abril de 2006 por el que se otorga licencia de obras a Almeragua S.L.». Aquella licencia del Consistorio, otorgaba a la empresa mercantil los permisos para la construcción de un edificio de 440 viviendas, sótano, garaje y locales comerciales en la parcela comprendida entre la avenida Carlos III y la calle Candanchú.
El proyecto despertó en su día un gran rechazo social, hasta el punto de haber protagonizado algunas de las pocas manifestaciones ciudadanas celebradas en los últimos años en el municipio.
De hecho, se llegaron a presentar más de 500 alegaciones al proyecto, y todos los partidos de la oposición así como diferentes colectivos, se han mostrado en estos años totalmente en contra de un proyecto que ya ha dejado su huella en la carretera del Cañarete a la entrada de Aguadulce, donde en su día se realizaron los trabajos de desmonte previos a la construcción de las viviendas.
Las obras fueron paralizadas de forma cautelar y los desmontes llevan años hechos, lo que también ha provocado diferentes iniciativas por parte de grupos de la oposición municipal, que han solicitado en varias ocasiones que se repongan los acantilados a la situación anterior.
Uno de los últimos debates sobre este asunto se produjo hace poco más de un año, cuando una moción del PSOE consideró necesario proceder a su restauración para dejar la zona en un mejor estado, aunque reconoció que devolverla a su estado original será prácticamente imposible. La propuesta propició también enmiendas de Izquierda Unida e Indapa. Los primeros reclamaron al Consistorio la anulación de las licencias por el incumplimiento de los plazos establecidos en la normativa urbanística, dado que la licencia fue otorgada en 2006 y se han incumplido los plazos para su ejecución. En cuanto a Indapa, solicitó que se revisara el ordenamiento y las licencias aprobadas por «grave fraude de ley» al entender que las parcelas de equipamiento y zonas verdes de este Plan Parcial se ubicaron en lugares de «imposible ejecución» en lo alto de los acantilados.
El PP rechazó todas las peticiones por entender que había que esperar a la sentencia del TSJA conocida ahora, aunque defendió la aprobación del Plan Parcial que según los populares tenía el visto bueno de la Junta.
* Ideal - Agosto 2014
Foto: Proyecto acantilados Aguadulce - ideal
Los constructores catalanes del caso Pujol: un negocio de 875 millones en cinco años
Las ramificaciones del grave caso delictivo Pujol en Cataluña (y en varios paraísos fiscales) están todavía sin concluir. Además los familiares directos del jefe del clan, el president de la Generalitat durante 24 años, siguen dando nuevas noticias complementarias. Así, el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, recibió numerosas comisiones de empresas constructoras amigas a cambio de concesiones y favores políticos. Según datos de la propia Generalitat estos pagos podrían haber llegado en solo 5 años a 875 millones de euros para la construcción de infraestructuras. Copisa y Comsa están entre las más beneficiadas por las concesiones y ambas están relacionadas con CiU y la alta burguesía catalana. Pero evidentemente hay otras empresas constructoras de ámbito nacional también beneficiadas, como ACS, Ferrovial, FCC, etc. El asunto es de una importancia política enorme si se tiene en cuenta que CiU, y su expresidente, han sido durante decenios los adalides de la lucha contra la corrupción en Cataluña. Pura hipocresía, como estamos viendo.
"ELCONFIDENCIAL* : La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía ya ha enviado al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, un exhaustivo informe que detalla el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol Soley. Los expertos en delitos económicos de la Policía describen al instructor del caso cómo el primogénito del clan utilizó tres sociedades instrumentales para emitir facturas falsas por servicios inexistentes que habrían ascendido a 12,2 millones de euros. La investigación judicial se centra por ahora en la actividad de Jordi Pujol Jr. y su esposa Mercé Gironés, pero las pesquisas policiales también señalan a las empresas que alimentaron durante años la trama tejida por el clan a cambios de presuntos favores políticos.
Los focos se centran en dos grandes grupos constructores controlados por familias de la burguesía catalana que crecieron a la sombra de los diferentes Gobiernos de Jordi Pujol y que han logrado consolidar su hegemonía en la comunidad pese a la presión de otros gigantes de ámbito nacional. Según cálculos de El Confidencial basados en datos oficiales de la propia Generalitat, tras el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de estas dos corporaciones familiares se esconde un negocio que ascendió en sólo cinco años (2008-2012) a un total de 875 millones de euros en contratos públicos para la construcción de infraestructuras. Con todo, la investigación de la UDEF se remonta hasta el año 2000 y afecta también a muchas otras compañías familiares de menor tamaño. Los pagos habría servido para amañar un volumen aún mayor de contratos.
Grupo Comsa-Emte
La UDEF concluye que este grupo constructor, propiedad de la familia Sumarroca, pagó entre 2008 y 2009 a Project Marketing Cat, una de las sociedades instrumentales controladas por Jordi Pujol Ferrusola, 154.048 euros por falsos servicios de consultoría. Los agentes recuerdan que la corporación está controlada por “Carles Sumarroca Coixet, que desde antaño ha tenido vínculos con el expresidente de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol Soley, pudiendo acreditar que las sociedades que gravitan en torno a Carles Sumarroca tienen fuertes ingresos provenientes de negocios de ámbito público”.
Los vínculos de Comsa-Emte se han prolongado en el tiempo con los actuales dirigentes de CiU. El hijo de Carlos Sumarroca Coixet, Carlos Sumarroca Coixet, se encuentra, por ejemplo, entre los 13 miembros del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña gracias al apoyo de Convergencia. La UDEF mantiene que los pagos podrían ser mayores porque sus agentes no han podido localizar toda la información que buscaban. Emte no facilitó las facturas emitidas a otras dos empresas vinculadas con la trama de Jordi Pujol Jr. alegando que “dado el tiempo transcurrido no las guardaban”.
Estos negocios ocultos hasta la fecha permitírían quizá explicar la facilidad de Comsa-Emte para lograr contratos de las diferentes administraciones catalanas. Entre 2008 y 2012, el grupo de la familia Sumarroca fue en dos ejercicios el que acaparó la mayor cantidad de gasto en infraestructuras de la Generalitat, según las estadísticas oficiales. En esos cinco años, el clan cercano a la familia Pujol acumuló una cifra de negocios en contratos públicos por un valor total de 500,18 millones de euros.
Grupo Copisa
El segundo gran grupo señalado por la investigación de la Policía sobre las presuntas actividades ilícitas del mayor de los siete hijos del expresidente Pujol es el Grupo Copisa, controlado por la familia Cornadó, también fuertemente vinculada con CiU. Los investigadores concluyen que dos de las sociedades instrumentales de Jordi Pujol Jr., Project Marketing Cat e Inicitiatives Marketing e Inversions, facturaron igualmente a una decena de sociedades de este grupo de construcción por servicios fantasma.
La UDEF concluye que esos documentos solo pretendían blanquear el pago de comisiones ilegales por gestiones de Jordi Pujol Jr. ante la administración catalana y se apoya en el hecho de que Copisa no pudo aportar documentos “en los que de forma fehaciente se dejara constancia de trabajo alguno real como pudieran ser correos electrónicos, justificaciones de la experiencia de Jordi Pujol Ferrusola en cada una de las materias, gastos, informes de avance…”.
Los investigadores subrayan que la relación del hijo del expresidente con el grupo Copisa era tan fluida que había un alto directivo de la corporación que actuaba de enlace. Se trata de Xavier Tauler Ferre, consejero delegado del Grupo. Jordi Pujol Ferrusola se ponía en contacto con él y éste a su vez redirigía “oportunamente la llamada al representante de la sociedad [de su propio grupo] que correspondiera”.
Esos fluidos contactos habrían dado como resultado una suculenta recompensa para el grupo de la familia Cornadó. Según los datos de la propia Generalitat, el Grupo Copisa logró sólo en el periodo 2008-2012 adjudicaciones de la administración autonómica por valor de 375,03 millones de euros, convirtiéndose en uno de los principales contratistas de Cataluña. En 2012, un ejercicio de fuertes recortes de gasto público, Copisa se alzó como el primer proveedor de obra pública de Cataluña.
Las otras familias del caso Pujol
La UDEF también apunta a otras empresas catalanas como colaboradoras necesarias de los cobros ilegales que habrían nutrido durante décadas las cuentas bancarias en paraísos fiscales de Jordi Pujol Ferrusola. De hecho, el juez Ruz ha pedido información sobre 17 supuestos clientes del primogénito del clan, pero los investigadores sólo han rastreado una parte.
Entre los que ya han sido analizados se encuentran, además de Comsa-Emte y Copisa, otras firmas de menor tamaño como la compañía Aglomerats Girona S.A., propiedad del empresario Esteban Ayats Domenech. La Policía implica a esta empresa, que ya fue investigada en 2011 por el amaño de contratos en la provincia de Gerona, en un pelotazo urbanístico que reportó a la mujer de Jordi Pujol Jr., Mercé Gironés, unas ganancias de 4,8 millones de euros. Los agentes sospechan que la operación sirvió para encubrir el blanqueo de fondos procedentes de comisiones.
Las firmas Famguega y Life Mataró, ambas vinculadas con la familia Guerrero Kandler, también son señaladas como responsables de pagos fraudulentos a la trama de Pujol Ferrusola. Ambas se dedican al negocio inmobiliario. Aunque no captaron contratos de obra pública, sí se habrían beneficiado de decisiones administrativas de la Generalitat. Los investigadores detallan en concreto el abono de una factura con fecha de 19/11/2007 por importe de 479.984,09 euros que supuestamente habría servido para remunerar servicios de consultoría prestados por el mayor del clan Pujol. Sin embargo, en la documentación aportada por los propietarios del grupo "no queda clara la realidad del trabajo efectivo que prestó Jordi Pujol Ferrusola". Eso no impidió el pago de esa factura y de otras tres por importes de 759.800 euros, 379.900 euros y 379.900 euros en el plazo de un solo mes. Igual que en los otros casos, la UDEF considera que esas facturas se utilizaron para tapar el pago de comisiones.
La otra familia que asoma en la investigación judicial es la propietaria de los únicos tres casinos que durante décadas han tenido licencia para operar en Cataluña. Se trata de la familia Suqué. El juez Ruz ha pedido a la UDEF que investiguen los presuntos pagos que habría realizado este otro clan fuertemente vinculado también con los Pujol a las sociedades instrumentales que manejaba el primogénito del expresidente catalán. Los Suqué habrían realizado esas contribuciones a través de la firma Inverama SL. Los expertos en delitos económicos de la Policía aún no han diseccionado esta otra relación.
* El Confidencia - José Mª Olmo - 30.8.14
Foto: Total adjudicaciones obras Generalitat en 2008 - elconfidencial
Baleares.- El jefe que hizo su ley de Costas
"ANDREU MANRESA* : El ingeniero Antonio Garau Mulet ha estado en la sala de máquinas del sistema familiar de Baleares SA. Ha sido un tapado aunque goza del privilegio de tener (en vida) calles en homenaje, a su nombre. Garau (Inca, 1928) organizó su régimen; controló absolutamente, durante décadas, los deslindes, obras, concesiones y negocios en la costa de las Baleares. A él se debe casi todo lo que se ve junto al mar, lo que se ha alzado.
Su poder nació en la dictadura de Franco y la transición con Suárez, y siguió con el socialista González. Se atribuye la armadura de la ley de Costas. Es prepotente, hábil pero desorganizado y de verbo atrabiliario, para tres personas que le tratan. Informó y otorgó la explotación de los yacimientos de oro sobre la arena y primera línea. Hizo paseos y decidió sobre la explotación de playas. Pautó 1.000 kilómetros de Baleares con mojones. Fijó lo privado y el dominio público, zonas marítimo-terrestres, de protección y servidumbres.
El mar acaba tierra adentro, donde alcanzaron las olas en los mayores temporales. La tierra queda recortada y una franja desierta guarda la memoria de la sal de marejadas equinocciales. Una muralla del horror, consentida, de miles de obras, besa el agua, corta el paso, impide vistas y se apropia del común.
Garau fue jefe de Costas de 1964 a 1991. Lo removió el exalcalde de Palma del PSOE, Ramon Aguiló, al ser delegado provincial de Obras Públicas. Aguiló en Diario de Mallorca lamenta hoy la “decidida, consentida e impulsada” gran destrucción de la costa por el Estado con sus “singulares virreyes coléricos”.
Nada se movió en calas, muelles, piscinas, embarcaderos, terrazas, chiringuitos, casetas y boyas que le fuera ajeno al ingeniero. Los deslindes en la playa de Muro facilitaron los últimos hoteles en un sistema dunar, un arenal virgen, en la Albufera. Un lacónico atentado. Sin cargo, se hizo director de Servicios Técnicos Jurídicos Europeos, el “mejor consulting” de costas y cooperó con Josep Melià I. Se asoció, en minoría, con el político Juan Verger, en la marina del puerto de Palma con el concesionario Juan Antonio Riutord, una amistad y negocios rotos, a la brava.
Es un litigante al frente de una saga. Polemista en Última Hora, pleiteó y ganó por una carta al director de otro diario donde se le acusó de actos fuera de ley. Debutó en la historia penal al reclamar ante un juez el pago de un soborno a un empresario, una dádiva vitalicia anual de 30.000 euros. El exhotelero y excontrabandista Jaime Moll le retribuyó por asesorías. Moll logró explotaciones playeras y mostró registros con la participación en su compañía de la esposa de Garau, un 2,5%. Durante 23 años, el negociante pagó una mordida al ingeniero. La fiscalía reclamó (en vano) cinco años de cárcel por cohecho, pero el delito caducó. Garau no cobrará más y debe retornar la dádiva.
Se estrenó en el Instituto Nacional de Industria, pasó por Gesa, Butano, una promotora y proyectó embalses. Organizó el paseo y el comercio en la arena de la playa de Palma, una concesión de 15 balnearios hasta 2023 que casi fue eterna. Coleccionó arte y lo puso en el mercado con amistades. Obsequió dibujos de Rivera Bagur como presidente del Fomento de Turismo (1972-79) y lanzó el Musical Mallorca. Logró, con su amigo editor Pedro Serra, que Joan Miró hiciera el cartel El sol de Mallorca. En 2011 se subastó en Londres, por 475.101, euros un miró de 1976, regalo del artista a la hija de Garau, Catalina.
El todopoderoso reformó y habitó la vivienda del faro de l’Avançada, en la Fortalesa de Pollença. Anfitrión de altos cargos, el director general de Costas Fernando Palao (1982-91) fue su protector. El aparato del PSOE tardó una década en derribar a Garau, quien para cobrar el cohecho a Moll fichó de abogado al diputado socialista Antonio Diéguez.
Presidente del Círculo de Bellas Artes —que pugnó con el Ayuntamiento Palma—, lideró la ONG de marginados Es Refugi de Jaume Santandreu y su presencia provocó la fractura de la cúpula. Investigado y desimputado en el caso Andratx, por sus solares de cala Llamp, Antonio Garau, ante el mar de Illetes, es del clan de amistades de la corrupta presa Maria Antònia Munar. Las calles a mayor gloria del jefe de Costas están en cala Bona, s’Estanyol y can Picafort, territorios de poder y negocio a la mallorquina.
* El País - Crónica - 24.8.14
Foto: Baleares, construcciones costa - Ecologistas en Acción
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Madrid.- Descontrol y falta de mantenimiento en los pisos protegidos vendidos a 'fondos buitre'
"ELDIARIO* : La gestión de antiguas viviendas sociales por parte del fondo de inversiones Goldman-Sachs al que la Comunidad de Madrid vendió sus promociones de pisos coincide con el aumento de tensión entre vecinos de pisos adjudicados y un creciente volumen de personas que han entrado sin permiso a vivir en las casas vacías. Vecinos del Ensanche de Vallecas (Madrid) se quejan de que, desde que Encasa Cibeles –la empresa colocada por Goldman-Sachs– es la propietaria se han multiplicado la ocupación de casas, los conflictos y los desperfectos en la colonia.
Estos inquilinos se enteraron en octubre de 2013 de que el Instituto de la Vivienda madrileño (IVIMA) había vendido sus hogares al fondo sin aviso previo. A partir de entonces, muchos salieron de sus casas al cambiarles el casero de público a privado (y abrirse la posibilidad de modificar las condiciones de su alquiler de social a propio del mercado libre). En su lugar, han entrado de manera ilegal más de cien familias. Los que se quedaron mantienen su lucha para que el IVIMA recupere sus contratos. La tensión entre los dos grupos ha ido aumentando sin que el fondo ponga solución.
La crisis de la vivienda resume el día a día de esta comunidad de vecinos situada entre las calles de Eduardo Chillida y la Gran Vía del Sureste. La promoción fue entregada como vivienda protegida, foto mediante, por la entonces presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre (PP).
El patio interior, por el que corren decenas de niños sin obligaciones escolares, une los bloques blancos y grises que forman el complejo. Los primeros pertenecen a la promoción de pisos de alquiler con derecho a compra que el IVIMA ofertó para jóvenes, los que más se han despoblado tras la adquisición de Goldman Sachs-Azora, poseedores de la empresa propietaria Encasa Cibeles.
Ahora, las viviendas de la fachada blanca albergan a la mayor parte de las familias que viven irregularmente en los pisos. " Unas 150 casas", calcula José Luis de Roa, presidente de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), que agrupa a los vecinos de esta y otras 31 promociones de pisos protegidos vendidos a la empresa privada.
Jonathan es uno de los que han entrado sin permiso. Conversando con eldiario.es, señala la ventana de la casa donde vive con su mujer y sus dos niños, desde hace cinco meses. Entró cuando le contaron que había varios viviendas sin dueño en la zona. "Porque no tenía otro sitio en el que vivir", cuenta. Echó varias veces la solicitud para acceder a una vivienda protegida, pero no le tocó nunca, y decidió instalarse sin permiso. "Dicen que somos delincuentes pero, para mí, dar un techo a mis hijos no es delinquir. Somos pobres", afirma.
"Aquí hay muchos casos: los que están pagando y apenas llegan a fin de mes, los que pagan de momento pero que no podrán hacerlo cuando les suban los precios en Encasa Cibeles y los que han visto la oportunidad de una vivienda, y están sin pagar", resume José Luis de Roa.
Antes y después de Encasa Cibeles
Khadija vive con su marido y sus tres hijos en uno de los bloques gris oscuro. Al principio, pagaban un alquiler de 363 euros, más los gastos de la comunidad y del seguro. Su situación económica empeoró y con una renta de unos 500 euros al mes no podían hacer frente a los gastos diarios. "Me rebajaron el alquiler hasta los 52 euros, gracias a que aún tengo vigente el contrato con el IVIMA hasta julio del próximo año", cuenta.
Las ayudas y las condiciones especiales de los inquilinos con más necesidad quedan en el aire cuando concluyen los contratos con el IVIMA. "Hay vecinos a los que les han vencido sus contratos y en Encasa Cibeles les han dicho que ellos no son una ONG", apunta José Luis de Roa. La asociación AVVI llevó su caso ante la Defensora del Pueblo, que concluyó que la venta del Instituto de Vivienda "resulta perjudicial" para los inquilinos. "Una vez que las viviendas están en manos privadas, ya no cabe la aplicación de las normas de servicio público", sostiene la institución en una carta remitida a los afectados.
Un portavoz de Encasa Cibeles asegura que estudian "caso por caso". "Hay que distinguir entre aquellas situaciones de especial vulnerabilidad social, que estudiamos con nuestro equipo de mediación social para buscar soluciones, de otros casos que son simples actos de delincuencia", afirma el portavoz. La empresa argumenta que ha instalado puertas especiales para evitar más entradas ilegales y asegura que enviará en los próximos días un servicio de vigilancia, que aún no está operativo.
Las diferencias también se dejan sentir en el discurso de los vecinos que abonan con dificultad sus mensualidades. "Es más fácil que llegue una orden de desahucio a una familia que deja de pagar que ver salir a otra que ha entrado de manera ilegal", dice Khadija. Según Encasa Cibeles, los procedimientos para vaciar los pisos ocupados ya se han iniciado, pero son "procesos lentos".
Jonathan y Abraham, otro vecino que ocupó una vivienda con su mujer y sus dos hijos, coinciden en que de momento nadie ha acudido a echarles. "Pero es algo que sabemos que pasará", se resigna Abraham, que sobrevive con lo que saca "de la venta de fruta ambulante". "Nosotros lo que queremos es que vuelva el IVIMA y que nos ponga un precio que podamos pagar. Pero no los 600 euros que piden aquí, porque con eso no tendríamos para comer", continúa. Abraham, que ya lleva un año en la que considera su casa, quiere seguir en la comunidad, en la que "no hay problemas entre vecinos más allá de roces por ruido y otras discusiones normales", dice.
Septiembre, un mes clave
Al mismo tiempo que el número de ocupaciones aumentó, también lo hicieron los deperfectos en las zonas comunes, que ahogan a los vecinos. "Hay critales de los portales rotos, robaron las cámaras del garaje y se rompieron las cerraduras de entrada, entre otras cosas", enumera Marcelino Calvo, otro vecino de los bloques de alquiler que dejará su casa este septiembre porque ha encontrado "una alternativa mejor". Las continuas reparaciones han provocado un aumento en el precio de los seguros que contratan los vecinos. "Cuando no llegas ni para comer, estos imprevistos agobian mucho", dice Khadija.
Fruto del contrato con el IVIMA, se crearon las juntas vecinales que deben afrontar los gastos de mantenimiento de los edificios. Sin embargo, con la entrada de Encasa Cibeles los vecinos consideran que estos gastos los debe pagar el propietario. "Eso eran condiciones especiales con el IVIMA, por tratarse de viviendas protegidas. Aquí pagamos la comunidad, por ejemplo, y yo nunca la he pagado en otros alquileres", indica José Luis de Roa.
Sin embargo, se resisten a desmantelar las juntas vecinales. "No queremos perder el control", apunta De Roa, con la vista puesta en el 3 de septiembre, fecha en la que declarará Ana Gomendio, directora gerente del IVIMA, imputada por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación continuada. La querella partió de un grupo de diputados regionales socialistas, a la que se unió más tarde la asociación AVVI.
La declaración de Gomendio también la seguirán con atención los vecinos que viven sin contrato, porque septiembre es una de las fechas que se barajan para el desmantelamiento de las ocupaciones. "Puede que en enero, también. No lo sabemos", dice Jonathan. Y cuestiona si son solo ellos los que han actuado fuera de la ley: "El IVIMA vende estas casas por menos millones de lo que valen a un banco, que ahora echa a la gente que no puede pagar".
Khadija confía en que se reconozca el derecho de las familias a mantener las viviendas protegidas, como quien se resiste a la traición de una promesa incumplida. "Si no es así, espero que Esperanza Aguirre venga a hacerse una foto conmigo cuando me quiten las llaves que me dio", concluye.
* El Diario - Laura Olías - 24.8.14
Foto: Las zonas comunes presentan varios desperfectos, denunciados por los vecinos. / Olmo Calvo.
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El suelo urbano sin agua y luz debe tributar como rústico
Continúan las consecuencias nefastas de la llamada burbuja inmobiliaria de los últimos 16 años en este país. Actualmente hay un grave problema en la calificación del suelo y su tributación, que afecta negativamente a las economías familiares, aunque también, todo hay que decirlo, a los especuladores inmobiliarios que son los verdaderos culpables de la situación. Innumerables terrenos que han sido calificados como urbanizables, según consta en el Plan General municipal, no han desarrollado sus infraestructuras y dotaciones para llegar a ser urbanos, debido en gran parte a la crisis/estafa de estos años. No obstante, estos suelos tributan en el Catastro como urbanos (mayor cotización), algo a lo que los Tribunales de justicia han puesto coto, resolviendo que no debe ser así y que deben tributar como rústicos (menor cotización). El Supremo ha ratificado la sentencia, luego es de esperar que las valoraciones catastrales se modifiquen inmediatamente ya que son injustas e ilegales. Veremos si es verdad que así sucede.
"ELECONOMISTA* : La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha preguntado a la Secretaría de Estado de Hacienda cómo va a adaptar los datos y valores catastrales del suelo calificado como urbano no desarrollado al contenido de la sentencia del Tribunal Supremo de 30 de mayo de 2014. En una nota publicada ayer, destaca Becerril que la legislación obliga a tributar por una finca como urbana desde que el Catastro recibe la comunicación del nuevo planeamiento, pero que existen municipios que aprobaron un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en una etapa de expansión y crecimiento inmobiliario, que nunca se ha desarrollado por el cambio en la situación económica.
No existe solar urbano
La sentencia, de la que es ponente el magistrado Frías Ponce, concluye que si un suelo se ha calificado como urbanizado pero no tiene las características de solar urbano (acceso a agua, luz, aceras...), deberá tributar como suelo rústico.
El Supremo ratifica el fallo establecido por el juzgado de instancia sobre la consideración de un inmueble, clasificado en el PGOU de Badajoz como suelo urbanizable con condiciones como suelo de naturaleza urbana a efectos catastrales.
Dice Frías Ponce que es nula la valoración por cuanto la finca que es causa del litigio, pese a estar dentro del perímetro que delimita el suelo urbano de Badajoz, es de naturaleza rústica por tratarse de un suelo urbanizable, sin haberse iniciado el correspondiente proceso de urbanización, al no estar aprobado el instrumento de desarrollo.
Así, añade el magistrado que si fuera suficiente con la simple inclusión en el perímetro geométrico de sectores de desarrollo en el suelo urbanizable, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento (como defendía la Abogacía del Estado), sería innecesaria la mención a "los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo", tal y como se regula en el Texto Refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario.
De ser así, considera que se entenderían por suelo de naturaleza urbana todos los inmuebles clasificados como urbanizables a efectos catastrales por considerarse así en el Plan General, incluso los urbanizables sin condiciones que precisan para su ejecución la modificación del Plan General, "lo que no tiene sentido alguno".
Por ello, el razonamiento del ponente concluye argumentando que debe calificarse como suelo urbano en el PGOU de Badajoz exclusivamente "el suelo comprendido en los dos Sectores en que el PGOU de Badajoz establece su ordenación detallada sin necesidad de Plan Parcial, así como el suelo urbanizable en ejecución".
Por el contrario, considera que no es urbano el resto del suelo urbanizable, por exigir para su desarrollo un Plan Parcial o un Programa de Ejecución y, "por tanto, no puede considerarse sectorizado o delimitado". Así, la sentencia coincide con el informe La Realidad Catastral en España, publicado por la Defensora del Pueblo en 2012.
* El Economista - Xavier Gil Pecharromán - 19.8.14
Foto: Suelo urbanizado - noticiasconstruccion
S.Martín de Frómista: Polémica por la construcción de una casa junto a una joya del románico
Lo venimos diciendo desde hace tiempo, el abandono en que se encuentra el Patrimonio monumental es trágico y delictivo, ya que ésa es la verdadera Marca España que las distintas administraciones deberían cuidar más. En Castilla y León, bajo gobierno 'popular' desde hace muchos años, es más evidente este abandono, pues además es la zona más rica en cuanto a Patrimonio histórico-artístico de todo el país. En la inigualable iglesia románica de S.Martín de Frómista, una joya única en Europa, se pretende cometer un atentado urbanístico de incalculables consecuencias. Junto a la misma fachada de la Iglesia se va a construir un edificio que, por muy cuidado que esté arquitectónicamente, siempre va ser un pegote al lado de semejante maravilla del siglo XI. Una vez más, el Ayuntamiento y la Junta del PP defienden lo indefendible en un proyecto que sería impensable en cualquier lugar del mundo civilizado.
"HUFFINGTONPOST* : Todo es tan legal como polémico. La construcción de una vivienda a escasos metros de la iglesia de San Martín de Frómista (Palencia), una joya del románico palentino y considerada como uno de los principales prototipos de románico europeo, ha puesto a esta localidad de poco más de 800 habitantes en el centro de las críticas. Las obras del nuevo edificio, que se levanta ahora rodeado de vallas y andamios a unos cinco metros de la fachada del templo, cuentan con la correspondiente licencia del Ayuntamiento gobernado por el PP, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León y con la autorización de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Palencia.
No se trata de la construcción de un edificio donde antes no había nada, sino que los dueños del terreno, de propiedad privada, derribaron su antigua casa y ahora están construyendo una nueva.
El problema es que donde ahora se comienza a levantar un edificio de dos plantas antes había un patio y esa era la zona de la finca más cercana al templo, por lo que el impacto era menor. La tapia de dos metros que había comienza ahora a ser sustituida por una nueva casa que puede alcanzar los cinco o seis metros de altura. Todo eso ha provocado las críticas duras y cruzadas entre los que defienden las obras y quienes las califican de "aberración".
Entre estos últimos se encuentra la Asociación Hispania Nostra para la defensa del Patrimonio, que ha abierto una recogida de firmas en Change.org para paralizar las obras. La iniciativa suma ya más de mil apoyos.
IMPACTO VISUAL
Se basan para ello en la "flagrante vulneración" de la Ley 5/1999 de Urbanismo de Castilla y León, donde se establece que "en áreas de manifiesto valor natural o cultural, en especial en el entorno de los inmuebles declarados como Bien de Interés Cultural, no se permitirá que las construcciones e instalaciones de nueva planta, o la reforma, rehabilitación o ampliación de las existentes, o las instalaciones de suministro de servicios, degraden la armonía del paisaje o impidan la contemplación del mismo".
Precisamente, la iglesia de San Martín fue declarada Monumento Nacional en el año 1894 y Bien de Interés Cultural en el 1982. Luis Marcos, secretario de organización del Partido Castellano, que cuenta con un concejal en el Ayuntamiento y es la formación más combativa contra las obras, se apoya en esos datos para atacar el proyecto. Subraya, además, que en Frómista se cruzan el canal de Castilla y el Camino de Santiago.
Marcos afirma que "el impacto visual" de la iniciativa es "muy fuerte" y critica la "falta de sensibilidad" de las instituciones. "El Ayuntamiento evidencia una miopía terrible, no se da cuenta de que los elementos patrimoniales de la localidad son la esencia de su identidad y de su futuro económico", se queja.
"LAS FOTOS PODRÁN HACERSE"
Añade que es aún "más incomprensible" el comportamiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. "Los responsables municipales de una localidad pequeña a veces, por otro tipo de intereses, no son capaces de hacer esa defensa a ultranza que habría que hacer. Pero Patrimonio tendría que haber paralizado de forma cautelar y sin dudas cualquier tipo de movimiento en ese lugar", critica.
Desde la Oficina de Turismo de Frómista tienen, sin embargo, una visión completamente distinta y aseguran que los turistas que se han quejado de las obras son pocos y "son los quejicas". "La iglesia no es solo el icono, es una forma de vida para el pueblo. El Ayuntamiento esperaría detrás para eliminar cualquier cosa que pudiera perjudicar a la iglesia", afirman.
Además, subrayan que "no hay ni una sola foto que antes se pudiera hacer que no se vaya a poder hacer ahora". "Si hay que eliminar cada propiedad privada cerca de un monumento... no tendrías palas. Imagínate Toledo. Además, ese es el sitio de la gente que vive allí", recalcan.
Pero para el Partido Castellano esa no es excusa. "Hay alternativas. Hay numerosos solares y propiedades municipales donde se puede habilitar una permuta sin perjuicio para el interés general y que compense a los particulares", avisa Luis Marcos, que anuncia que si las obras no se paralizan llevarán "una queja y denuncia a las instancias europeas" y a la Unesco.
"TODOS SUFRIMOS LOS TRÁMITES"
Alfonso, un vecino de Frómista, resalta que en la localidad todos conocen los "numerosos trámites administrativos" necesarios para construir una casa. "Todos los hemos sufrido. Lentitud, modificaciones, negativas, etc… y esto es debido a que Patrimonio tiene que dar su visto bueno a todos los proyectos que se presentan y que pueden afectar directa e indirectamente a algún Bien declarado de Interés Cultural", explica en su blog.
Los dueños del terreno donde se está construyendo la nueva casa han destacado en El Diario Palentino que la edificación "cumple con toda la normativa preceptiva" y han asegurado que están haciendo "uso de su derecho a la propiedad privada sin ocupar un solo metro de suelo público, sin excederse en alturas, superficies o volúmenes y siendo respetuosos con el entorno".
Todo legal, pero la polémica continúa.
* El Huffington Post - Rodrigo Carretero - 24.8.14
Foto: Fachada y nueva obra - HP
Irregularidades en tramitación del PGMO San Javier
Más irregularidades urbanísticas en la Región Murciana, ahora en el municipio de S.Javier. El nuevo Plan General presenta deficiencias tanto en la forma como en el fondo. Ecologistas lo ha denunciado solicitando su anulación y que se corrijan las irregularidades para una nueva exposición pública. Uno de los asuntos más peliagudos es que el polémico proyecto de Puerto Mayor no se adapta a las resoluciones judiciales actuales, con lo que parece claro que la intención del ayuntamiento 'popular' es la de actuar ilegalmente para obtener más beneficios especulativos. Más o menos lo de siempre, aquí con prevaricación inclusive.
"ECOLOGISTAS* : EA de la Región Murciana ha solicitado la anulación de la tramitación del Plan General Municipal de Ordenación de San Javier y del Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo, debido a las dudas sobre la legalidad de la tramitación y a la ausencia de documentos y apartados exigidos por la normativa vigente. En el escrito de alegaciones presentado, la organización exige que se corrijan las deficiencias detectadas, tanto las procedimentales como las documentales, y que se vuelva a someter a información pública toda la documentación, tanto la relacionada con el Plan General Municipal de Ordenación como el Informe de Sostenibilidad Ambiental de dicho PGMO y el Estudio de repercusiones sobre la Red Natura 2000 del mencionado plan.
Una de las irregularidades es que el Plan General no refleja en la clasificación del suelo las decisiones judiciales acerca del Proyecto de Puerto Mayor. El ISA dice que “El PGMO no prevé la creación de ningún nuevo puerto deportivo aunque sí incorpora un proyecto previo no planificado por el propio Plan en la zona de Puerto Mayor que ha llevado su propia evaluación ambiental”.
Se olvida el PGMO que el TSJ de Murcia determinó que las modificaciones del proyecto de 1988 y 2001 exigían a los promotores una Declaración de Impacto Ambiental y un proyecto adaptado a ella, y precisaba que no habían obtenido el preceptivo informe de la Administración Estatal y, por tanto, no deberían haber sido autorizadas por la autonómica. Por todo ello, dicho suelo debe ser clasificado de acuerdo con su naturaleza rústica, en situación de suelo preservado por sus valores y adscripción al Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT).
Dado que el proyecto de Puerto Mayor se encuentra incluido en el LIC ES6200029 “Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia”, debería de tener la Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000. El área terrestre del DPMT afectada por el proyecto de Puerto Mayor contiene hábitats y especies catalogadas en la Directiva Hábitat (catalogadas de Interés Comunitario Prioritario y de Interés Comunitario) que deberían preservarse del proceso urbanizador.
Igualmente, la organización pide que, tanto el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) como sobre todo el propio Plan General, deben de ser reelaborados y nuevamente sometidos a información pública, considerando distintas alternativas de desarrollo, incluida la alternativa “cero”, ya que en la documentación hay una total ausencia de alternativas.
* Ecologistas en Acción - 21.8.14
Foto: Puerto Mayor en S.Javier - wired
Lanzarote.- La Bufona: un relato repleto de 'McGuffins'
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La polémica urbanización de Arrecife (Lanzarote) sigue dando que hablar muchos años más tarde de su licencia y construcción ilegal. El asunto es tan enrevesado y largo que merece por sí solo un apartado especial donde se deben encontrar políticos corruptos, empresarios especuladores y jueces demasiado lentos. Ya se sabe que la isla de Lanzarote es un hervidero de mafias constructoras que olvidaron hace tiempo las enseñanzas del gran César Manrique, convirtiendo su legado en una aberración urbanística más. En esta peculiar trama isleña el Supremo, finalmente, anuló el Plan Parcial de 'La Bufona' por efectuarse sobre suelo rústico faltando, incluso, varios informes necesarios para su correcta ejecución. Todo un 'culebrón' que ejemplifica otros pelotazos urbanísticos semejantes en el país.
"SAÚL GARCÍA* : En los juicios, en las películas y en las novelas, que se rigen más o menos por las mismas reglas narrativas para que la historia fluya, se recomienda no incorporar demasiados elementos que distraigan de la trama principal para que no se pierda la atención sobre lo esencial. Ya se sabe: descartada la neutralidad, lo que no suma, resta. Lo que no suma interés resta ritmo. Lo que no añade información, resta claridad. Lo que no aporta emoción, quita credibilidad. A no ser, claro, que sea esto mismo lo que se quiere conseguir. En cine, ese recurso que pretende desviar la atención se llama McGuffin. En política, globo sonda.
El abuso del McGuffin depende del objetivo que se quiera lograr. El abogado de la acusación no debería recurrir a ellos, mientras que el de la defensa los puede ir dejando caer sin tregua. Hay abogados que optan por no poner sobre la mesa todas las ilegalidades que conocen sobre un caso no sólo para no despistar sino porque, como todo el mundo sabe, la realidad, presentada en crudo y sin aditamentos de ningún tipo, es poco creíble. Lo mismo hacen algunos guionistas de cine cuando escriben sobre hechos reales: se inventan algunos detalles para aportar credibilidad porque lo verosímil se acepta mejor que lo verídico. El reportaje no está sujeto a ninguna de estas reglas y no puede permitirse ni la incorporación de hechos inventados ni la elusión de hechos verdaderos. El reportaje también busca la verdad, como un juicio, aunque suela encontrar sólo la veracidad (como un juicio).
En el caso de La Bufona confluyen tantos McGuffins que nunca podría funcionar como ficción.
Éste es el relato
A mediados de los años setenta, el ingeniero aeronáutico Eduardo Murillo, residente en Las Palmas, se trasladaba de vez en cuando por cuestiones laborales al aeropuerto de Guacimeta, en Lanzarote. La Isla estaba empezando su desarrollo turístico y urbanístico y a las afueras de Arrecife, entre la capital y el aeropuerto, había una serie de terrenos para construir una urbanización exclusiva junto a la marea: El Cable. A Murillo le ofrecen algunos solares y los compra. Y tras esos, otros, al otro lado de la carretera. Primero se fabrica la parte de la costa y después la parte "de tierra". Años después le avisan de que alguien está construyendo en esos terrenos de su propiedad. Vuela hasta Arrecife. Le dicen que vaya a hablar con Francisco Carmona, delineante del Ayuntamiento de Arrecife y promotor, ya fallecido. Carmona reconoce que le han invadido terreno pero que para compensarle le va a poner en bandeja otros terrenos al lado, en La Bufona, que pertenecen a una entidad bancaria porque quien los compró ha fallecido de forma repentina sin haber satisfecho la hipoteca. Murillo habla con el director del banco y el precio, que acaba bajando, le convence. El banco sólo quiere recuperar el crédito que había otorgado.
Los terrenos que rodean a los que ahora son de Murillo pertenecen a Brisa Inversiones, o lo que es lo mismo, a Carmona y a su socio Federico Echevarría, un arquitecto con despacho en Madrid, Níjar y Sevilla. También anunciaba despacho en Arrecife, aunque en el número 87 de la calle José Antonio, donde se suponía que debía estar, nunca ha habido nada parecido a una oficina y menos a un despacho de arquitectura. Echevarría es responsable de la rehabilitación del Círculo de Bellas Artes de Madrid o de la Torre Mutua, en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, y entre sus clientes aparece la multinacional Halliburton, pero también es promotor de dos planes parciales dentro del Parque Natural del Cabo de Gata, junto a El Algarrobico, y trabajó haciendo obras para la Guardia Civil cuando Luis Roldán estaba al frente. De hecho, era socio de uno de los testaferros de Roldán, Jorge Esparza. En Arrecife también promovía otro plan parcial en Maneje, que no ha desarrollado.
El plan parcial La Bufona se aprueba en 1981 pero no se lleva a cabo. A finales de los noventa, sin embargo, se tramita una modificación y comienzan las obras para hacer 52 viviendas unifamiliares. Una parte de los últimos terrenos que había comprado Murillo era urbana y otra parte, rústica. Las obras empiezan a ocuparlos todos, sin su permiso.
Antes de eso, Brisa había conseguido que se aprobara la modificación en la Cotmac por unanimidad a pesar de que no había informe positivo del departamento de carreteras. La urbanización, aún hoy, no ha hecho el acceso que le corresponde desde la principal carretera de la Isla y se sigue entrando desde El Cable. El nudo donde debería ir el acceso se ha convertido en el principal punto negro en accidentes. El terreno que Brisa tenía que haber cedido al Gobierno de Canarias para hacer la carretera se lo vendió a Supermercados Marcial. Este año, la
cadena de supermercados ha presentado un proyecto parta hacer un centro comercial en ese lugar y la Consejería de Obras Públicas ha contestado que parte de ese suelo debería ser del Gobierno. Es más, un informe técnico reciente recuerda que la Consejería debiera hacer algo para recuperar ese suelo que es suyo. La Consejería de hoy está dirigida por el mismo director de carreteras de entonces que no puso pegas al plan parcial: Domingo Berriel.
Los promotores no sólo no hicieron el acceso y vendieron ese terreno, sino que tampoco hicieron las cesiones obligatorias al Ayuntamiento, probablemente porque si lo hubieran hecho, no hubieran llegado a tener la superficie mínima para desarrollar el plan parcial. Pero hay más. Se podría decir que la finca matriz tiene unas características que rozan lo sobrenatural. A partir de una finca de 50.824 metros cuadrados, Brisa segrega y vende 7.350 a los supermercados, con el siguiente resultado: una finca de 7.350 y otra de 50.824, con unos linderos diferentes a los anteriores, creciendo hacia el Norte. Empieza a haber dos realidades: una sobre el terreno y otra en los papeles. Esto mismo vuelve a ocurrir más tarde, cuando se hace otra segregación de veinte parcelas a partir de una finca de 5.700 metros. El resultado, sumando las veinte parcelas nuevas es de 6.314. Pero los promotores no son los únicos que se mueven. Murillo pone una denuncia en la Guardia Civil y el Seprona comprueba que parte de las obras están en suelo rústico con la categoría de protección de jable. Es 1999. Se abren diligencias penales por un delito contra la ordenación del territorio pero esas diligencias, por extraño que parezca, se pierden en el Juzgado, así que se vuelven a abrir en el año 2000... y aún no se han cerrado. Catorce años después, el proceso sigue abierto. Paralelamente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) ordena al Ayuntamiento que paralice las obras y precinte. Lo hace la entonces alcaldesa Manuela Armas, pero en el año 2000 accede a la alcaldía María Isabel Déniz y las obras siguen. Las casas se terminan y se venden. O se venden y se terminan. Depende de qué versión se acepte, porque en ese proceso penal que dura catorce años, Echevarría, el promotor, responsabiliza de las obras ilegales, las que ocupan suelo rústico, a los compradores. Los compradores no se sabe lo que dicen porque nunca se les ha llamado a declarar, pero la tesis de Echevarría la sostiene también la Apmun, que en el año 2012 concluye que las obras de las 14 casas que ocupan suelo rústico en la calle Chabusquillo son "manifiestamente ilegalizables" y que hay que derribar pérgolas, patios, muros, piscinas, etc., casa por casa. Los propietarios recurren en los tribunales. Todos menos uno. Murillo pide que se derribe lo que ya es firme porque no han recurrido pero la Apmun le contesta que hay que esperar a que se resuelvan los otros pleitos y que, en todo caso, los propietarios tienen de plazo hasta el año 2029 para la demolición voluntaria.
Entre tanto, en el proceso penal, durante años se mantienen imputados el que era secretario municipal, el abogado Fernández Camero, por las segregaciones y las licencias, y la alcaldesa Déniz, por levantar el precinto. Con el tiempo se hacen muy amigos y comparten viajes y otras cosas, como su detención e imputación en el caso Unión, donde se investiga si se fueron juntos, con sus respectivas parejas, a Tanzania por cortesía de Urbaser, la empresa que gestionaba la limpieza de Arrecife. Hoy ya no están imputados y tampoco están en el Ayuntamiento. El secretario fue destituido por ejercer la abogacía sin tener la compatibilidad para hacerlo y Déniz fue barrida en las elecciones de 2007, tras pasarse del PIL a CC. Para el archivo, la Audiencia Provincial dio por buena la explicación de Déniz de que se informaba verbalmente de este asunto por parte de varios técnicos municipales de los que se negó a dar sus nombres. Fernández Camero alegó que se limitaba a dar las licencias pero no a informar sobre ellas. Hoy sólo quedan imputados, tras la muerte de Carmona; Echevarría y el constructor Antonio Caro, para quienes la Fiscalía pide cuatro años de cárcel por estos hechos: construir 53 viviendas donde sólo podían construir 30, hacerlo conscientemente sin licencia municipal y sin calificación territorial, ocupando además una zona de suelo rústico de valor ecológico y superando la superficie del pan parcial y la de las casas, además de desobedecer las órdenes de paralización realizadas por la Apmun.
Aunque pueda parecer lo contrario, la historia no ha hecho más que empezar. Desde hace varios párrafos, a pesar de que no se ha advertido, el Murillo que aparece en el relato no es Eduardo, sino su hijo Gonzalo, óptico e incansable. En este embrollo hay varios procedimientos judiciales más. Para empezar, un pleito civil por el que la familia Murillo reclama sus terrenos, que está descansando desde el año 2007, cuando el Tribunal Supremo dijo a los Juzgados de Arrecife que había que llevar al procedimiento a los compradores de las casas. Siete años después no se ha hecho, a la espera de que termine el procedimiento penal, que tampoco se ha elevado a juicio a pesar de que hace dos años que la Fiscalía hizo ya su calificación.
Otro pleito que sí ha acabado es el contencioso contra el planeamiento. El Supremo ha anulado todo el plan parcial, por lo que el problema no es sólo para las 14 casas que están en suelo rústico sino para todas, que están fuera de ordenación.
El Supremo dijo que el plan parcial nunca debía haberse ejecutado y sobre todo que no había informe de la Consejería de Obras Públicas sobre cómo afectaba la urbanización a la carretera. Además, el nuevo Plan General de Arrecife, aún por aprobar, no regulariza su situación sino que devuelve ese suelo a la cualidad de urbanizable y no de urbano, por lo que los propietarios tendrán que rascarse el bolsillo para regularizar sus casas. Un bolsillo que, durante años, algunos no tuvieron que rascarse porque varias de estas casas estaban omitidas de la base de datos del catastro y no pagaban IBI. Quizá convendría recordar que el promotor de la urbanización era el encargado municipal del catastro. Así que algún funcionario municipal metió en una gaveta las fichas de estas casas y los propietarios estuvieron ocho años sin pagar la contribución.
El que sí estuvo pagando por ese suelo todo ese tiempo fue Murillo, que entre los impuestos por unos terrenos que no puede disfrutar, el pago a abogados por los distintos pleitos y una multa de la que luego se hablará, se ha gastado ya unos 600.000 euros en estos 14 años. A los compradores de las casas, después de estar ocho años sin pagar, les esperaba una pirueta con doble salto mortal. En 2008, la Dirección provincial del catastro cambió la titularidad a su favor sin que nadie se lo pidiera y sin dar audiencia a Murillo. El asunto es tan burdo como que la calle en lugar de llamarse Chabusquillo se pasa a llamar Chubasquillo. Murillo recurre y el Ministerio de Economía no sólo le da la razón, que después le darían los tribunales también, sino que destituye fulminantemente al Director del catastro, Jesús Hernando. Dice el Ministerio sobre ese cambio de titularidad que "no existe expediente" y que "la Administración no puede actuar en el vacío, sin motivación y sin procedimiento".
Así que, recapitulando, tenemos una urbanización que nunca se tenía que haber hecho, que no hizo las cesiones al Ayuntamiento, que ocupó suelo rústico y suelo urbano que no era suyo, que cuanto más se segregaba la finca, más crecía, que tiene 14 casas con orden parcial de derribo que no han pagado IBI durante años, que se saltó el precinto de las obras, que tenía un promotor que era funcionario municipal, unos técnicos que informaban a la alcaldesa que no tienen nombre, una consejería de Obras Públicas que dejó que se aprobara un plan sin informar sobre su afección a la carretera, un Gobierno que no recupera unos terrenos que deberían ser suyos, un proceso penal que dura 14 años... ¿Se puede pedir más? Por supuesto. Aún no sabemos quiénes son los propietarios de las casas.
Veamos. Uno es un notario, Celestino Mendizábal, que da fe de al menos nueve de las escrituras (no de la suya) que dicen que las casas tienen 96 metros aunque tienen más de 200. Al lado vive la presidenta del PP local y parlamentaria Astrid Pérez, y en la esquina, Miguel Pallarés, fiscal en Las Palmas y ex fiscal coordinador de Arrecife hasta el año 2008. Por si no lo han entendido bien, ahí va más claro. Hay un fiscal que vive en una casa que tiene una orden parcial de derribo, que está escriturada en 96 metros cuadrados y tiene 246 en el catastro, que pagó por la casa 20 millones de pesetas y se la tasaron un mes después en 37.829.000, que no ha pagado el IBI durante ocho años y que está casado con una sobrina del que era secretario municipal, Fernández Camero, que estuvo imputado en la causa. A este fiscal, como al resto de los propietarios, el promotor y la Apmun le responsabilizan de haber hecho las obras ilegalizables de la casa en suelo rústico, basándose en las certificaciones de obra y en las ortofotos.
Con los promotores responsabilizando a los compradores de las obras que ocupan suelo rústico, con un plan anulado y con tantos problemas, se podría esperar que los propietarios demandaran a Brisa Inversiones. Pero no consta este hecho. Lo que sí consta es que, para el recurso contra el catastro y contra la orden de derribo que ponen casi todos los vecinos, escogieron como abogada a Juana Fernández de las Heras, la hija de Fernández Camero, que a su vez era la que defendía a la promotora Brisa Inversiones para intentar que no anulara el plan parcial.
¿Raro? Pues esperen. Todo esto se ha ido publicando en la prensa local y regional desde hace más de diez años. En 2003, Gonzalo Murillo escribió un artículo en La Voz de Lanzarote denunciando estos hechos y quejándose de que el proceso penal estaba paralizado. Pallarés le puso una querella por injurias y calumnias y atentar contra su honor y le pedía tres años de cárcel, que se convirtieron, con la sentencia en la mano, en una multa de 15.000 euros por entender que Murillo atribuía a Pallarés la paralización de un procedimiento penal en el que estaba acusado su tío político. Once años después, aún no se ha celebrado el juicio.
Y ahora entra en escena El Agitador, que es una web de humor, satírica, que primero comenzó como revista, y que publicó una viñeta llamada Una tarde en el circo de La Bufona en referencia a la película de los Hermanos Marx y en la que caracterizaba a Pallarés como Harpo, el mudo, y lo llamaba Miguel Callaré. La viñeta estaba acompañada de un texto en el que se cuestionaba la actuación del fiscal en este caso. Pallarés, que en 2008 había pedido el traslado a Las Palmas, se querelló y ganó. El Agitador ya ha recurrido al Tribunal Constitucional la condena del Supremo que les impone una multa de 20.000 euros por imputar al fiscal el delito de no perseguir delitos, como es su deber. A pesar de que a uno de los miembros de la revista (el único con un sueldo decente) le embargan desde antes del juicio 450 euros todos los meses de su salario, los humoristas no se desaniman y hace tres años, publicaron otra viñeta más sobre Pallarés aprovechando la noticia de un juicio contra unos policías por tráfico de influencias. Pallarés, que ejercía la acusación, dijo en la Sala que "es importante que no nos acostumbremos a la corrupción, aunque sea pequeña, porque al final acabaremos viviendo en un Estado podrido". Los humoristas hicieron una viñeta en la que aseguraban que el fiscal iba a demoler personalmente su casa con un kit de demolición comprado en Decathlon. En junio un Juzgado les ha vuelto a condenar, en esta ocasión, a pagar casi 18.000 euros más porque en el texto de la viñeta "subyace una insinuación de corrupción". En el juicio, el abogado de Pallarés llegó a preguntar a los humoristas si se habían tomado la molestia de comprobar si en Decathlon venden kits de demolición. Como podrán ver, un McGuffin de manual. El único, por cierto, que sobra en esta historia.
* El Diario - Canarias Ahora - 24.8.14
Foto: Arrecife (Lanzarote), urbanización ilegal La_Bufona - CA
Ministros latinoamericanos pactan revisar legislación en materia de Urbanismo
Una noticia en principio positiva, pero que en el fondo es solo un catálogo de buenas intenciones, al modo de las grandes Declaraciones de Urbanismo que existen en el planeta, ya que no parece haber decisiones prácticas sobre el modelo urbanístico elegido en la mayoría de los países iberoamericanos. Además, es lógica la disparidad de opiniones en este campo ya que, normalmente, depende de decisiones políticas y es fácil discernir la discrepancia existente entre los numerosos países consultados. Hasta ahora ha predominado en la región un urbanismo 'neoliberal' permisivo que ha causado enormes estragos en las grandes ciudades, como es fácil apreciar hoy día en la ciudad de México, Lima, Buenos Aires, Caracas, Sao Paulo, etc. Pocas ciudades se han librado de este modelo depredador en el que la diferencia de clases y el dinero han conformado el territorio urbano. Pero siempre hay alguna diferente, como Curitiba en Brasil que, debido a la alcaldía del urbanista J.Lerner, ha estado siempre a la vanguardia de nuevas soluciones urbanas y que significa un ejemplo sostenible para otras ciudades del ámbito latinoamericano.
"EFE* : Los encargados de la política urbana en Latinoamérica acordaron revisar la legislación en materia de urbanismo y vivienda en cada país, "para lograr una sociedad incluyente, democrática y participativa", informó hoy el Gobierno mexicano. Los participantes de la XXIII Asamblea General de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe coincidieron en que dicha revisión debe estar orientada al desarrollo de políticas urbanas integrales de trabajo, desarrollo social, medio ambiente, salud y educación, entre otras áreas.
Reunidos desde el miércoles en Ciudad de México, destacaron también la necesidad de mejorar la calidad de vida y contribuir al desarrollo urbano, atendiendo a los segmentos más pobres y los que se encuentren en estado de vulnerabilidad.
Los acuerdos constan en la Declaración de Ciudad de México, que forma parte de los aportes regionales con miras en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, a celebrarse en 2016, indicó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano de México en un boletín.
Ministros de 17 países de Latinoamérica y el Caribe se reunieron durante tres días en la capital mexicana para intercambiar experiencias y encontrar soluciones que mejoren la sustentabilidad, así como el desarrollo económico y social, de sus ciudades.
* El Diario - EFE - 23.8.14
Foto: Ministros latinoamericanos pactan revisar legislación en materia de urbanismo - EFE
FACUA rechaza que el Gobierno acepte pagar a la banca 2.300 millones como rescate a autopistas de peaje
El despilfarro de las autopistas en este país ha traído consigo la quiebra de muchas de ellas, al ser proyectadas sin pies ni cabeza, con unos parámetros alejados de la realidad y con concesiones empresariales poco transparentes. El resultado lo tenemos a la vista, esas autopistas de peaje no han cumplido con las falsas expectativas creadas y, como todo negocio deficiente, han quebrado en su explotación comercial. Hasta ahí todo previsible, lo que ya no resulta tan obvio es que papá Estado deba acudir en su ayuda, rescatándolas por las pérdidas acumuladas, es más se podría decir que es una operación fraudulenta, cuando no delictiva, del Gobierno del país y de su partidista ministra de Fomento, A.Pastor. Lógicamente, Consumidores en Acción ha denunciado este grave caso, que supone un aporte público de 2.300 millones para paliar la deuda de unas empresas privadas amigas y que nunca debería estar por encima del interés de todos los ciudadanos del país que, ahora, resultan ser los sufridos pagadores de esta nueva debacle en infraestructuras.
"FACUA-Consumidores en Acción* rechaza el acuerdo entre el Gobierno, los seis principales bancos y las constructoras acreedoras de la decena de autopistas en quiebra para su nacionalización. El pacto, que implica que los ciudadanos tengan que asumir, al menos, 2.300 millones de euros de deuda, se hará efectivo previsiblemente en septiembre, cuando se vuelva a crear la Empresa Nacional de Autopistas (que ya funcionó en similares condiciones entre 1984 y 2003), empresa 100% pública cuyo objetivo será, otra vez, sanear las cuentas de estas carreteras para volver a privatizarlas cuando sean rentables. La asociación denuncia que el Gobierno vuelva a priorizar la salvaguarda de los intereses económicos privados de grandes empresas frente a las necesidades de la mayoría de los ciudadanos, atrapados en situaciones de desempleo o trabajos precarios y con créditos hipotecarios abusivos o ante la imposibilidad de pagar servicios básicos como la luz.
De nuevo, se trata de nacionalizar las pérdidas de empresas que han tomado malas decisiones de gestión, mientras se privatizan las ganancias cuando tengan nuevamente cuentas saneadas.
El Gobierno ha aceptado emitir un bono a 30 años por la deuda de las concesionarias de las diez autopistas en quiebra que asciende a 4.600 millones de euros, tras una quita del 50%, esto es, por 2.300 millones. Los títulos rendirán a un interés fijo del 2% más una variable en función del tráfico.
FACUA muestra su total rechazo a que el Ejecutivo asuma las pérdidas de estas carreteras en quiebra porque los seis bancos más importantes (Santander, Bankia, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Banco Popular) y las principales constructoras las hicieron sobreestimando su tráfico, que ha caído en más del 50% en los últimos años, así como por sobrecostes derivados de las expropiaciones de los terrenos que atraviesan las vías y debido a obras inesperadas.
La asociación recuerda que es la segunda vez que el Estado acude al rescate de las autopistas de peaje. La Empresa Nacional de Autopistas que se creará en septiembre será la segunda de este tipo. En 1984 se hizo una privatización similar para salvar prácticamente a los mismos concesionarios que ahora piden ayuda: bancos y constructoras. Una vez que se sanearon las cuentas y se actualizaron las infraestructuras, en 2003, cuando las autopistas volvían a dar beneficios, se ofrecieron en concesión.
FACUA pide que no se repita la operación de nacionalización, saneamiento y privatización. Asimismo la asociación denuncia que desde la patronal de las constructoras se hable de traspasar tráfico de las carreteras libres a las de peaje cobrando por el uso de la mayor parte de las vías para que vuelvan a la rentabilidad rápidamente. FACUA demanda que no se vuelva a cargar la nefasta gestión y decisiones empresariales sobre los hombros de los ciudadanos.
* FACUA - 6.8.14
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania
Pontevedra.- La Fiscalía critica la nula colaboración de la policía local en urbanismo
"LAVOZDEGALICIA* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha vuelto a poner énfasis en su memoria anual en la falta de colaboración de las diferentes cuerpos de la policía local de los ayuntamientos del área de Vigo y del resto de la provincia de Pontevedra a la hora de perseguir delitos urbanísticos y medioambientales. La delegada de esta área del Ministerio Público, Natividad Gurriarán, señala en su informe que la colaboración de los guardias municipales podría ser muy superior porque actualmente es prácticamente nula. Y se refiere especialmente a conductas delictivas como, por ejemplo, las desobediencias a las órdenes de paralización de obras y otros delitos propios contra la ordenación del territorio, especialmente en los municipios costeros.
La fiscala se queja de que las policías de los ayuntamientos, como norma general, no informan sobre este tipo de ilegalidades cuando se producen dentro de sus territorios. Se trata de un fenómeno que se mantiene invariable desde los últimos años. «La relación de la Fiscalía con la Policía Local de los diferentes municipios siguió en 2013 en el mismo punto que en los años anteriores, sin ninguna modificación», se queja la fiscala en la memoria anual recientemente presentada.
Tampoco convence al Ministerio Público la relación con la Policía Autonómica, que critica que continúa siendo muy limitada. Este cuerpo remite a la Fiscalía atestados de incendios forestales por correo ordinario, pero desde el Ministerio Público se lamenta que no remita las denuncias en materia de urbanismo y de patrimonio histórico que dirige a la Xunta de Galicia. En algunos casos, esas denuncias se refieren a hechos que son constitutivos de delitos, por lo que «no debería de existir ningún obstáculo para que, bien la Policía Autonómica directamente, o bien los servicios correspondientes autonómicos, lo comunicaran a la Fiscalía», expresa el informe anual presentado recientemente.
Guardia Civil
La falta de colaboración que la acusación pública echa en falta en las policías locales y autonómica sí la encuentra en cambio en la Guardia Civil, cuya relación vuelve a calificar un año más como «excelente».
La fiscala valora especialmente la Unidad de Delitos Urbanísticos, «cuyo trabajo ha alcanzado una gran calidad», así como el Seprona, «cuya importante labor destacamos año tras año. Ambas unidades son imprescindibles para nosotros», concluye.
La Fiscalía reclama más medios para la Guardia Civil, dado que estima que el número de agentes dedicados a estas tareas sigue siendo insuficiente, a pesar de que el número de procedimientos ya no es tan abultado como lo fue hasta el año 2009, coincidiendo con el inicio de la crisis económica. Sin embargo, señala que los delitos contra la ordenación del territorio continúan existiendo y se observa una creciente complejidad, «toda vez que son cada vez más las denuncias por prevaricación.
Una de las denuncias más alarmantes que ha investigado la Fiscalía desde el año 2012 es el enterramiento de piraleno en las inmediaciones de una empresa de la provincia. Esta sustancia está considerada, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, como uno de los doce contaminantes más nocivos fabricados por el ser humano. Una empresa fue denunciada por haberse desprendido de este material de manera irregular. Las investigaciones obligaron a utilizar un georradar para tratar de localizar el vertido. Al no poderse acreditar la existencia de este producto, la denuncia fue archivada. Se trata de una sustancia prohibida que puede pasar a la cadena alimenticia, que en el caso de los bebés en estado de gestación afecta directamente al desarrollo del sistema nervioso y a la capacidad intelectual.
* La Voz de Galicia - ALEJANDRO MARTÍNEZ - 11.8.14
Foto: Vigo.- Las causas del último vertido del Lagares no se aclararon. Ó. VÁZQUEZ
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El barrio de Barceloneta se planta contra el incivismo y cuestiona el modelo de turismo masivo
El turismo de masas que se ha fomentado en todas las autonomías del país ha sido demencial, no solo ha producido un urbanismo salvaje y delictivo, sino que socialmente ha contribuido a un desapego hacia lo autóctono y una falta de respeto hacia modelos sostenibles de ordenación territorial. En el barrio de la Barceloneta de la capital catalana ya han saltado las alarmas ante esta situación insoportable, como también ha ocurrido en Palma y otros lugares costeros. Propiciado por unos precios de risa, donde se prefiere la cantidad a la calidad, llegan a los lugares costeros auténticas hordas bárbaras que causan estragos entre la población y los servicios comunitarios. Con todo esto, los propios empresarios, y los políticos agradecidos de distinto signo, están matando la gallina de los huevos de oro del turismo. Ya han pasado 50 años desde los tiempos del déspota ministro Fraga, pero parece que todavía no se ha aprendido de los errores.
"EFE* : Los vecinos del antiguo barrio de pescadores de La Barceloneta se mantienen firmes en su lucha para abolir los pisos turísticos, en una batalla ciudadana que no se limita a denunciar el incivismo del turismo de borrachera, sino que va más allá y cuestiona el modelo turístico masivo de Barcelona. Asentado en unos terrenos ganados al mar en el siglo XV, el barrio de La Barceloneta, donde viven 16.000 personas, es invadido cada verano por hordas de turistas, atraídos por sus callejuelas, sus casas bajas, su deliciosa gastronomía y por su idílico enclave, junto a las playas que Barcelona adecentó gracias a los Juegos Olímpicos de 1992.
El presidente de la Asociación de Vecinos de La Barceloneta, Oriol Casabella, ha exigido al ayuntamiento de la capital catalana que se ponga de inmediato manos a la obra para acabar con el incivismo de algunos turistas, que se pasean semidesnudos, orinan y vomitan en la calle o montan ruidosas fiestas en sus apartamentos, por lo que impiden descansar al vecindario. Casabella ha advertido que están hartos de ser víctimas del turismo de borrachera o "low cost", que cree que se ve favorecido por la proliferación de apartamentos turísticos ilegales.
Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, en el distrito de Ciutat Vella existen un total de 604 apartamentos turísticos regulados, de los que 72 se encuentran en La Barceloneta, donde también existen 5 edificios con licencia para acoger turistas. Sin embargo, los vecinos están convencidos de que en el barrio existen cientos de pisos turísticos sin licencia, por lo que Casabella ha pedido al ayuntamiento que sea inflexible y que aplique el régimen sancionador previsto por la ley, que prevé multas de entre 9.000 y 90.000 euros a quien alquile apartamentos a turistas sin licencia municipal.
Riesgo de conflicto social
También verbaliza el malestar de La Barceloneta el antropólogo Andrés Andeberri, vecino del barrio y miembro del grupo de investigación sobre Turismo de la Universidad de Barcelona (UB), donde forma parte del Observatorio de Antropólogos sobre Conflicto Urbano. Andeberri ha advertido que existe un riesgo real de estallido social, al confluir el hartazgo por los efectos de un modelo de turismo de masas "depredador" y la frustración que genera la crisis económica.
Lejos de criminalizar a los turistas, el antropólogo Andeberri pone el foco en el modelo de "turismo depredador" que cree que se ha ido asentando en Barcelona, tras años de "barra libre" o "tarifa plana" que ha permitido la proliferación de todo tipo de establecimientos turísticos, desde hoteles de lujo hasta cruceros, pensiones y apartamentos turísticos.
En el caso de La Barceloneta, Andeberri opina que el problema no lo configuran sólo los turistas incívicos, sino también la apuesta por un modelo elitista, con la proliferación de establecimientos de lujo, con la presión especulativa que cree que ha supuesto para los vecinos, como el Hotel Arts, el Vela y la prevista remodelación del Port Vell, para que puedan atracar yates de grande y mediana eslora.
* 20 Minutos - EFE - 21.8.14
Foto: Manifestación de vecinos de la Barceloneta (EFE)
Orihuela.- Por el urbanismo les conoceréis
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La localidad alicantina de Orihuela es conocida por sus escándalos urbanísticos, hasta el extremo de que 4 de sus últimos 7 alcaldes han sido imputados o condenados por corrupción, la mayoría del PP. Pero, además, cuatro de los 11 concejales que tiene en la actualidad el PP en Orihuela están siendo investigados por la justicia. O sea, un auténtico nido de corrupción urbanística. Ahora, también el PP (y CLR), se opone a que el Plan General municipal sea expuesto al público 3 meses, como dice la ley, para beneficiarse de ese desconocimiento público en asuntos de máximo interés urbanístico. Algo totalmente delictivo, por mucho que lo quieran disfrazar de avance del Plan. Como se ve, lejos de haber aprendido algo de errores pasados, los dirigentes 'populares' siguen ahondando en la herida de un urbanismo atroz, corrupto y pleno de artimañas ilegales. De nuevo habrá que esperar la oportuna diligencia judicial, como siempre.
"MANUEL GALLUD* : Por el urbanismo les conoceréis. “El PP y CLR imponen la tradición del urbanismo sin control en el pleno sobre el PGOU y prefieren que Orihuela siga tocando el fondo”, debería ser el titular, más bien. O quizá, también: “el PP y CLR no quieren que el PGOU se pueda exponer para que los vecinos vean el trabajo realizado y puedan alegar durante 3 meses”.
Además de ser concejal (lo que no deja de ser una circunstancia temporal), soy un vecino. Yo soy un vecino. Y quiero ver qué trabajo se ha realizado. Y quiero tener la posibilidad de estudiar ese trabajo, validarlo o alegarlo convenientemente. Quiero poder hacerlo. Y quiero que todo el mundo lo haga, el PP y CLR también. Quiero saber qué alegan, qué proponen, cuántas alternativas propias presentan. Quiero que trabajen durante esos tres meses. Y con más razón si las próximas elecciones municipales son dentro de nueve meses.
El concejal de urbanismo, Antonio Zapata, ha argumentado que “la conveniencia de aprobar ahora la versión preliminar del PGOU radica en la opción de no regular este proyecto por la nueva Ley, dado que los técnicos se verían obligados a modificarlo”. Pero a la hora de hablar de “este proyecto”, solo se refería a la versión preliminar y no al conjunto del nuevo plan, que no lo será –nuevo- hasta que se termine. No era difícil discernirlo cuando lo dijo, y tener claro que lo que se ha querido exponer es solo el trabajo realizado hasta ahora, dentro de las distintas fases o tramos por las que pasa la redacción de un PGOU a lo largo de años. Años. Con todas sus incidencias no previstas. Incluida la adaptación a la nueva ley, en un posterior escalón. La portavoz de los populares, Mónica Lorente, ha justificado el voto en contra de su grupo al alegar que la LOTUP, que entrará en vigor el próximo día 20, es "más fácil, ágil, transparente, cuenta con mayor seguridad jurídica y da más autonomía a los ayuntamientos". Bla-bla-bla. Bien. ¿En qué va a ser más ágil? De momento, aplazamos el desarrollo del PGOU hasta el mandato de la corporación municipal siguiente.
También, impedimos que la gente vea, mire, observe, estudie, se haga una composición, de por dónde van los tiros de cada uno. También, se ahorra el “trabajazo” de ser partícipe directo (el PP) de las alegaciones o propuestas de mejora o de modificación a lo expuesto, en igualdad de condiciones con los vecinos. Nos lo limpiamos, y se queda así, todo el proceso parado de nuevo. Niquelado. Unión Europea de por medio. Que las grandes palabras no falten. Y con mayúscula. Gran defensa de la LOTUP (la nueva ley urbanística valenciana, que trata de poner en orden la maraña normativa que han dejado los años locos de la burbuja inmobiliaria), del PP, en la que sólo han admitido 17 de las 237 enmiendas presentadas por la oposición en las Cortes Valencianas. La misma que habría hecho de la LUV (la anterior ley urbanística valenciana, que solo les ha durado 9 años y permitió a troche y moche la especulación desaforada). Para Lorente, las cosas, cuando no conviene bajar al meollo de lo concreto, hay que tratarlas por elevación. Para que la gente crea que todo eso no le es alcanzable, que es cosa de políticos.
¿Cosa de políticos? Caray. Pero si lo que decidan me va a afectar directamente. Me está afectando, y cómo, cada día. Así que la gente tiene que decidir que quiere estar ahí, que quiere ver, comprobar, hacer seguimiento, vigilar. Y que cualquiera que me quiere marear o quiere regatear mi participación, debe darme explicaciones o se las daré yo con el voto. Y con más vigilancia, porque no me fío.
Lo único que han conseguido, y es mucho una vez más, es frenar el proceso de elaboración del Plan General, que lleva unos ocho años de retraso, y aplazar su desarrollo normal, que es la forma que tienen de condicionarlo y paralizarlo. Nada nuevo por otra parte. Ya lo hicieron con el anterior PGOU, a mediados de los ochenta, resolviéndolo con un plan que seguía las pautas del original de los 60, aquel que ya se había llevado por delante buena parte del casco urbano tradicional y generó, en el resto del municipio, el imperio del desgobierno urbanístico a merced de los promotores y los aprovechados.
Que Lorente se escude en “las prisas” que observa en el gobierno local, no deja de ser un sarcasmo. Pues la elaboración del PGOU comenzó con ella de alcaldesa, y basta repasar lo que decía a finales de noviembre de 2010 para comprender que miente y adapta su discurso a la coyuntura del momento. O comprobar lo que se debatió y votó en pleno, a fines de enero de 2011, en el que acordó “iniciar consultas ciudadanas para la futura elaboración del PGOU” con el apoyo de Los Verdes, y ver que ahora vota contra una exposición pública de tres meses, para todos los vecinos e interesados, porque no le conviene. No porque no le convenga a los vecinos enterarse de cómo avanzan los trabajos del Plan y en qué punto se encuentran.
Que Mancebo censure que el plan mantiene la construcción de “más de 24.000 viviendas en la costa” es un argumento falaz. En realidad está criticando al PP, pero no lo sabe. Porque esas previsiones urbanísticas vienen de antes, de los tiempos de Medina, de Rodríguez Barberá y de Lorente, padre e hija. Con P.A.I. (planes de actuación integrada) de por medio. Y no se pueden levantar así como así. Por eso los técnicos redactores del Plan las mantienen, no por otra razón, no porque haya “intereses ocultos” del PSOE y Los Verdes. Los intereses, señor Mancebo, ya se repartieron. Ahora, lo mejor que podemos, gestionamos miseria.
* El País - Opinión - 18.8.14
Foto: Orihuela (Alicante), fotos satélite 2005-12, con viviendas ilegales - elpais.com
