El ex alcalde de Ronda, entre los detenidos en el registro del Ayuntamiento de Ronda

SUR/Málaga* : Varios agentes de la Policía registran esta mañana desde muy temprano el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda así como la sede de Urbanismo. Por ahora se desconocen los motivos que han llevado a la inspección, aunque se estima que podría deberse a posibles delitos urbanísticos relacionados con la anterior Corporación. Los primeros datos apuntan a que habría al menos cuatro detenidos, entre los que se ha confirmado la presencia del anterior alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara.
La operación ha levantado una gran expectación en la ciudad del Tajo. Incluso entre los propios funcionarios del Ayuntamiento, algunos de los cuales no han podido acceder a sus puestos de trabajo y otros se han encontrado con el bloqueo cuando han vuelto de desayunar. La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística. Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.

Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación.
Los primeros indicios apuntan a que podría habría cuatro miembros de la anterior corporación municipal implicados más un abogado. Aunque este extremo está aún por confirmar, sí ha trascendido que uno de los arrestados en esta operación por presuntos delitos urbanísticos. El anterior equipo de gobierno estaba presidido por el exalcalde Antonio Marín Lara, la exconcejal de Urbanismo María José Martín de Haro y el primer teniente de alcalde y el secretario local del PSOE, Franciso Cañestro. Marín Lara, que fue alcalde de Ronda por el PA en 2004, con el apoyo del PP y el GIL, ocupó la Alcaldía de Ronda también en 2007 y se pasó al PSOE. durante bastantes años hasta que fue desbancado por el acuerdo PP-PA, partidos que rigen actualmente el Consistorio.


* SUR - 27.09.11 - VANESSA MELGAR / EFE
Foto: Policías esta mañana en el Ayuntamiento de Ronda - sur

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Valencia.- El Ivvsa debe más de 8,5 millones a 17 constructoras en obras de rehabilitación y mantenimiento

LEVANTE* : El objetivo anunciado por el Gobierno central de afianzar un nuevo modelo urbanístico basado en fomentar las obras de rehabilitación en lugar de la construcción de obra nueva se va al garete si se tiene en cuenta la deuda de las propias Administraciones con las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Y para muestra, un botón. El Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) adeuda, desde hace 18 meses, más de 8,5 millones de euros a las 17 constructoras que tiene contratadas para obras de mantenimiento y reformas.
Los afectados llevan más de 18 meses en silencio y sin parar de trabajar para atender las obras de rehabilitación previstas por el Ivvsa. Por ello, en el mes de marzo, los 17 afectados -10 empresas de Valencia y 7 de Alicante- le enviaron al entonces conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino, un escrito en el que alertaban de la "grave situación" que había provocado en sus empresas "la negligencia presupuestaria del Ivvsa y su nefasta gestión en los impresionantes retrasos y su forma de pago, algo que, pos supuesto, no ha ocurrido en nuestra atención a sus obras presupuestadas o a aquellos partes de urgencia que nos han hecho atender con toda celeridad".

Y es que las empresas contratadas para la rehabilitación y mantenimiento de viviendas del Ivvsa han cumplido con el trabajo acordado durante más de un año y medio, "y sin ver ni un euro, para hacer frente al pago de materiales, sueldos y facturas". Las pequeñas y medianas empresas afectadas aseguran que han cumplido su parte del contrato, con creces. Y ahora piden que les paguen con la misma moneda, o al menos, que les paguen.
La media que adeuda el Ivvsa a cada una de las empresas supera los 500.00o euros. "Hay muchos puestos de trabajo comprometidos", advierten los afectados, porque la situación "es insostenible para cualquier economía familiar y empresarial". Y es que "ni podemos negociar papel (pagarés, cheques o efectos aceptados) porque ustedes no nos los facilitan, ni podemos llevar más facturas de las pendientes como reconocimiento de crédito a nuestras entidades financieras porque los bancos ya no nos aceptan más recibos para realizar los anticipos de cobro, al ser insostenible la demora con la que el Ivvsa está abonando los importes, con el consiguiente gasto financiero, que no hace más que agravar nuestra situación de endeudamiento y liquidez", explican los 17 afectados en el escrito dirigido a Juan Cotino.
Pero ahí no acaba la cosa. Los empresarios añaden en el texto que tanto trabajadores como proveedores "están planteando demandarnos por falta de pago" y que los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que son "nuestra única vía de escape", dejarían sin servicio las obras previstas del Ivvsa, por lo que "ambas partes quedaríamos perjudicadas".
Por ello, los empresarios añaden que necesitan una solución rápida "para poder darle una garantía a las entidades financieras, y con ello, evitar el descalabro de nuestras empresas". Es más, platean, incluso, que el Ivvsa, como empresa pública, medie con las entidades financieras "para que nos acepten las facturas a más plazo ya que nuestras propiedades y garantías personales no soportan tanto endeudamiento".

Compromiso escrito

Los promotores afectados aseguran que la propuesta más inmediata es solicitar al Ivvsa la liquidación de todas las facturas pendientes del ejercicio 2009 y formalizar un plan de viabilidad y compromiso escrito para afrontar las facturas pendientes del ejercicio 2010 y 2011 ya que, de esta forma, "tendríamos la confianza necesaria para dirigirnos a nuestras entidades financieras y solicitar una nueva negociación de nuestras pólizas, para que nos mantengan la clasificación necesaria, dentro de unos plazos prudenciales de pago comprometidos por el Ivvsa".
Por lo tanto, los empresarios contratados por el Ivvsa "necesitamos que nos faciliten ese plan urgente de cobro, que entendemos debiera ajustarse a la aplicación de la Ley de Morosidad, para dar el curso más inmediato a la liquidación de los recibos pendientes".
El escrito data de marzo, pero las empresas, a día de hoy, siguen sin cobrar, sin previsión de hacerlo y sin respuesta alguna ni del Ivvsa ni de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Por ello, antes de bajar definitivamente la persiana, han lanzado la voz de alarma.


* Levante - 26.09.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Fadesa sabía que el edificio coruñés con orden de derribo era ilegal

ELPAÍS* : Enorme es el embrollo al que se enfrenta el Ayuntamiento de A Coruña, ahora gobernado por el PP, para cumplir la sentencia en firme que ordena la demolición de uno de los edificios más grandes del centro de la ciudad, el Conde de Fenosa. Y no solo por lo costoso y la gran dificultad técnica que supone ejecutar ese fallo judicial irrevocable. Esta espinosa herencia urbanística dejada por el exalcalde socialista Francisco Vázquez puede también acarrear importantes responsabilidades penales y económicas tanto para los responsables o funcionarios municipales, por otorgar en 1997 una licencia urbanística ilegal, como para la promotora del inmueble, Martinsa-Fadesa cuando estaba bajo el mando de su fundador, el coruñés Manuel Jove.
Hasta ahora, tras 14 años de litigio judicial y una década de recursos fallidos (ya no hay margen para más), nadie asumió responsabilidad alguna por este desaguisado nacido en la época dorada del vazquismo y del bum inmobiliario de A Coruña. Y hay múltiples indicios e incluso documentos que apuntan a que tanto en el Ayuntamiento como la propia inmobiliaria eran conscientes de la ilegalidad en la que incurrían al conceder y obtener, respectivamente, una licencia de obras que era contraria al Plan General de Ordenación Municipal vigente.

El puñado de vecinos que inició en solitario en los tribunales su cruzada contra esta urbanización cuando ni siquiera se habían iniciado las obras está dispuesto a seguir adelante, "exigiendo el cumplimiento de la sentencia y responsabilidades". El propio Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en su auto de diciembre de 2010, advierte de posibles responsabilidades penales si así estiman oportuno exigirlas los denunciantes. Su portavoz, Valentín Souto, es tajante: "No nos va a temblar el pulso en pedirlas, aunque esperaremos ahora a ver cómo se ejecuta la sentencia". La comunidad de propietarios del inmueble de tres bloques ocupado ahora por un centenar de viviendas, oficinas y locales también confían en que el Ayuntamiento halle una solución para cumplir la orden judicial evitando el derribo del inmueble. "Pero habrá que pedir responsabilidades, los políticos no se pueden ir de rositas", afirma a título personal Francisco Cabanal, dueño de uno de los bajos comerciales.

Todo comenzó en junio de 1997 cuando Fadesa compró a Fenosa, por 2.250 millones de pesetas (13,52 millones de euros), el solar y edificio que albergó durante décadas, en el centro de A Coruña, la sede de la eléctrica. Cinco meses después, la promotora obtenía del Ayuntamiento, siendo concejal de Urbanismo el expresidente de la Diputación coruñesa y actual secretario provincial del PSOE, Salvador Fernández Moreda, la licencia para cambiar el uso del edificio, de terciario a residencial, y rehabilitarlo aumentando la superficie construida en 2.500 metros cuadrados.

Un incremento de la edificabilidad suculento pero que estaba prohibido en el plan en vigor, el de 1985. Establecía que no se podía aumentar el volumen de un edificio al rehabilitarlo, y menos alterar, como se hizo, el de su cubierta y fachadas. El propio proyecto técnico que presentó Fadesa para obtener la licencia, luego anulada por ilegal por los tribunales, incluía un informe del Ayuntamiento que advertía que al reformarse el edificio, "se deben respetar los límites de edificabilidad".

La inmobiliaria también reconoció en junio de 1998 que incumplía la norma sobre las edificaciones con patio interior, pero alegaba que estaba en trámite un nuevo plan (se aprobaría en octubre de ese año) que recogía la posibilidad de hacer las obras que pretendía. Un argumento que tumbó el Superior, como los intentos posteriores del Ayuntamiento por legalizar la reforma. Pero tardó cuatro años en emitir la sentencia que anula la licencia y ordena la demolición de un inmueble, que al no pararse nunca las obras, ya estaba terminado y habitado.

45 millones sin alternativas

El Gobierno municipal de Carlos Negreira (PP) trata de ganar tiempo para articular una solución ante "la herencia envenenada" que representa, según la definición del alcalde, la orden de derribo del céntrico edificio Conde de Fenosa. Pero las alternativas a una demolición que todas las partes quieren evitar son escasas y de muy difícil ejecución. La resolución del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia desestimando los últimos recursos es de julio, y aunque no la dio a conocer hasta el pasado viernes, el equipo de Negreira sabe que trabaja a contrarreloj para articular "la mejor solución para todos".

En mayo, el tribunal emitió un auto que daba 15 días al Ayuntamiento para informar de las medidas en marcha para ejecutar la sentencia. Y le advertía de que podía enfrentarse a multas coercitivas, que aumentan por cada día de demora en cumplir el fallo judicial.

No está en juego la demolición integral del edificio, ya que lo que se anuló, por ilegal, es una licencia de rehabilitación. Pero devolver el Conde de Fenosa a su estado original, es decir, al volumen que tenía cuando albergaba la sede de la eléctrica, supondría abatir 2.400 metros cuadrados de su actual superficie. Tras fallar reiteradamente los intentos del PSOE de legalizar la edificación, el BNG insta a Negreira a pedir ante el tribunal la imposibilidad material de ejecutar la sentencia. "Reponer el edificio a la situación anterior resulta de imposible ejecución", afirma el portavoz nacionalista, Xosé Manuel Carril.

Los tribunales, tanto el Superior de Galicia como el Supremo, no sólo anularon la licencia urbanística con la que Fadesa reformó en 1997 el edificio, sino también consideraron ilegales que tuviera menos plazas de garajes que viviendas, así como las dimensiones del patio interior de este inmueble de tres bloques. Rectificar esas ilegalidades tampoco es técnicamente fácil. Y el derribo de uno de los edificios más grandes del centro urbano de A Coruña puede abocar a las arcas municipales a la bancarrota: la operación podría costar entre 40 y 45 millones de euros. El Bloque asegura que es el titular de la licencia anulada, Martinsa-Fadesa, el que, por ley, está obligado a presentar un proyecto de demolición para ejecutar la sentencia.

La solución se anuncia difícil. Y más cuando los magistrados ya recriminaron a los responsables municipales por "alargar indefinidamente con recursos un asunto que ya está juzgado". Durante 10 años intentaron revocar la orden judicial de derribo. Y es algo que los denunciantes tampoco están dispuestos a pasar por alto sin que nadie asuma responsabilidades.


* El País - PAOLA OBELLEIRO - A Coruña - 26/09/2011
Foto: A Coruña, edificio Fenosa a derribar - laopinioncoruna.es

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Alicante.- La hija de Alperi controlará el Urbanismo en la provincia en plena investigación del caso Brugal

INFORMACIÓN* : En plena investigación sobre el supuesto amaño en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, la hija de Luis Díaz Alperi, al que la Policía sitúa en en el epicentro de una red de conexiones y contactos que tenían como objetivo principal controlar el planeamiento de la capital, será la responsable de dirigir el Urbanismo en el conjunto de la provincia. Elisa Díaz González, diputada en las Cortes Valencianas hasta los comicios del pasado 22-M, ya ha sido nombrada por la Generalitat para hacerse cargo de la dirección territorial de Urbanismo, un departamento que tiene competencias directas en las decisiones sobre el planeamiento de los 141 municipios alicantinos.
Pasados los comicios autonómicos, la dirección regional del PP, según explicaron fuentes populares, realizó un recuento de los diputados autonómicos que se habían quedado sin escaño y optó por distribuirlos, en función de su perfil, en diferentes ubicaciones de la administración autonómica. La hija de Alperi, que tomó posesión del escaño en la recta final de la pasada legislatura, es licenciada en Derecho y tiene un Máster en Ordenación del Territorio, explicaron fuentes del PP que, precisamente, aludieron al currículum como el principal motivo que justifica su designación para ese puesto en concreto.

Elisa Díaz González, en opinión de la cúpula regional del PP, cumple con el perfil. Su nombramiento, de hecho, quedó resuelto antes de las vacaciones de verano. Apenas ha podido ejercer a raíz de su maternidad. Pero lo cierto, sin embargo, es que llegó al cargo a sabiendas de que el planeamiento urbano de Alicante, cuya revisión fue impulsada por su padre desde la Alcaldía, está, en estos momentos, bajo sospecha.

Eso es, precisamente, lo que preocupa entre dirigentes populares consultados. Una cosa es que la exdiputada autonómica, que sonó con insistencia para ocupar un sillón de concejal, cumpla con un cierto perfil y disponga de la formación necesaria para asumir el cargo. Y otra muy diferente es que tenga el control sobre el Urbanismo en la provincia mientras Luis Díaz Alperi, que sí mantiene su escaño en las Cortes, figura, en todos los casos, en los diferentes informes policiales sobre la elaboración del PGOU de Alicante.
En el último, aparece, incluso, como propietario de una empresa -a través de la cual tiene la propiedad de un yate- cuya razón social es la iniciativa urbanística. Alperi tiene ahora en su poder la totalidad de la firma. Ahora mismo está dedicada a casi por completo a la gestión del catamarán. Pero, por ejemplo, en julio de 2010, el ex alcalde firmó un contrato de consultoría con Salvetti -el despacho del hermano de Castedo y del exsocialista Javier Gutiérrez hacia el que la Policía apunta en la investigación- para recibir asesoramiento urbanístico.
El exalcalde, además, mantiene relaciones muy estrechas tanto con Antonio Solana, que fue su socio en la empresa del barco; y con Enrique Ortiz, dos de los grandes constructores y promotores alicantinos. En este escenario, tendrá que moverse Elisa Díaz, directora territorial de Urbanismo, mientras la Policía investiga la actuación de su padre, el exalcalde Alperi, en el PGOU de la ciudad de Alicante.


* Información - 23.09.11
Foto: Alicante, Alperi y su hija - información

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Barcelona, ante la charlotada urbanística

ABC* : El blindaje, patrimonial y de usos, dificulta la reconversión de la Monumental, y el Ayuntamiento, ni quiere, ni puede, comprar la plaza de los Balañá.
A expensas de lo que pueda dictaminar el Tribunal Constitucional, el último festejo de ayer en la Monumental significará el fin de la Fiesta en Cataluña y puede que, a la vez, el inicio de lo que podría ser una nueva época dorada del toreo bufo o charlotada, esta vez en versión urbanística. Aquí, el protagonista no sería José Tomás sino la propia Monumental, un apetecible espacio en el centro de la ciudad, 10.000 m2, pero cuya calificación la convierte en un toro nada fácil, por así decirlo. La Monumental (1914) tiene un doble blindaje que complica su reconversión. Blindaje urbanístico por un lado, que impide destinarla a otros usos que no sean comunitarios (centros sanitarios, culturales, religiosos, deportivos, recreativos...); y patrimonial, por otro, que obliga a respetar tanto la fachada exterior como la estructura interior.

Así las cosas, desde sectores pro taurinos se tem que la administración pretenda una recalificación —como ya sucedió en la plaza de las Arenas— que sirva para pagar la indemnización en forma de lucro cesante que reclama la familia Balañá, propietaria del espacio. En declaraciones a este diario, Alberto Fernández, jefe del grupo del PP en Barcelona, advierte: «Hay que impedir que la voluntad de unos cuantos de acabar con los toros se pague a costa de perjudicar los intereses de la ciudad».

Frente a quienes alertan de un pelotazo urbanístico de dos orejas y rabo para compensar a los Balañá —clamorosamente ausentes en todo el debate sobre los toros—, otras voces señalan que la cifra millonaria que se ha barajado es del todo exagerada. Como mucho alcanzará unos cientos de miles de euros, señalan, teniendo en cuenta que, excepto algún festejo, la rentabilidad de los toros en Barcelona es muy cuestionable.

Entre unos y otros, en el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento se opta por la prudencia. Nadie está por arrimarse y, de entrada, se recuerda lo elemental, la Monumental «es propiedad de un privado», explica a ABC el concejal de Urbanismo, Antoni Vives, esperando que los Balañá den el primer capotazo de la lídia urbanística; «estudiaremos todas las propuestas que nos presenten». Por otra parte, y en una época de presupuestos públicos afeitados, es impensable que el Ayuntamiento compre la plaza, al menos antes de diez años, aseguraba ayer el alcalde, Xavier Trias. Con este cartel, el futuro de la Monumental de Barcelona, la ciudad que hizo mito a José Tomás, es tan incierto como una tarde de toros antes de que suenen los clarines.


* ABC - ÀLEX GUBERN / BARCELONA - 26/09/2011
Foto: Barcelona, la Monumental - abc

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Madrid.- La calle es de Florentino: historia de un pelotazo en la Castellana

CARLOS SÁNCHEZ* : Vender un trozo del paseo de la Castellana no es asunto trivial. Ni siquiera los ricachones de la segunda mitad del siglo XIX lo lograron. Y eso que estamos hablando de la nueva aristocracia económica surgida en la España isabelina al calor del comercio, la banca extranjera y el ferrocarril. En esos predios de la capital, construyeron sus palacios de inspiración francesa, muy al gusto de la época. Y ya por entonces se extendió la costumbre de alinear la fachada principal de cada palacete al paseo de la Castellana, separando las edificaciones de la calzada por una verja no muy alta y un coqueto jardín con fuente en medio. En la parte posterior se ubicaban las caballerizas.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de este tipo de construcciones se localiza en lo que hoy es el paseo de Recoletos, y fue construido para su deleite por el marqués de Salamanca, arquetipo del empresario ladino y poderoso. Y que como nuestro héroe también tuvo una fugaz carrera política. Pero hasta el propio marqués de Salamanca -que murió arruinado y apartado de los cenáculos del poder en los carabancheles madrileños- tuvo que ajustarse a las normas urbanísticas de la época. Su casoplón -antigua sede del Banco Hipotecario y hoy del BBVA- no sobrepasa ni un milímetro los lindes de la Castellana.
Florentino Pérez no es todavía el marqués de Salamanca, pero está camino de conseguirlo. Como el malagueño, sus negocios siempre tienen que ver de una u otra manera con el poder político, ya sea a través de una concesión administrativa u operando en un sector regulado. Juega siempre con red. No hay actividad empresarial suya que no exija la firma de una autoridad política.

Y así es como el ingeniero Pérez se ha convertido, como todo el mundo sabe, en un personaje extraordinariamente influyente. Hasta el punto de que ha logrado lo que ni siquiera consiguió el marqués de Salamanca. Comerse un trozo del paseo de la Castellana para que el Real Madrid dé un pelotazo. Hay quien dice de 200 millones de euros.

En cualquier parte del mundo civilizado, la operación hubiera tenido tintes de escándalo. ¿Se imaginan que el ayuntamiento de París vendiera un trozo de los Campos Elíseos o que se privatizara parcialmente Trafalgar Square para levantar un centro comercial?

Sin embargo, en la corte de los milagros en que se ha convertido este país desde que los reyes del ladrillo emergieron al albur de la burbuja del crédito, no pasa nada. Los periódicos callan, la clase política está como ausente, que diría Neruda, y a nadie parece importarle que sobre terrenos públicos situados en la zona de mayor dinamismo económico de la capital, en plena milla de oro, vaya a levantarse un suculento negocio que sólo beneficia a una entidad privada.

Por supuesto que la operación Castellana se hace con la inestimable ayuda de un ayuntamiento entregado desde tiempo inmemorial a la causa florentina, y que para camuflarla ha valorado unos terrenos de uso deportivo (los que sirven para hacer la permuta) en nada menos que 22 millones de euros. Es lo que cuesta colonizar un trozo del paseo más emblemático de Madrid. Por supuesto, dando por buena aquella voluntarista valoración.

El palco de los prodigios

Se trata de una cifra verdaderamente singular en unos momentos como los actuales, en los que sobra suelo y falta financiación. Claro está, salvo para el moderno marqués de Salamanca, quien al fin y al cabo ha construido en torno al palco del Santiago Bernabéu su particular teatro de operaciones. Sindicalistas, políticos, periodistas, empresarios y funcionarios con ganas medrar se sienten poderosos durante 90 minutos de palco; y como la condición humana es así de vulnerable, las artes del hipnotizador de conciencias no caen en saco roto.

El periodista Mariano Guindal* acaba de publicar un libro en el que reproduce una conversación con la dirigente socialista Matilde Fernández, concejal del ayuntamiento en los tiempos de la recalificación de la antigua Ciudad Deportiva:
-“Cuando me opuse a la construcción de las torres, Florentino me llamó a sus despacho y me advirtió que si mantenía esa postura echaría contra el PSOE a todo el madridismo. Me quedé helada”, asegura, “y unos días después me llamó Rubalcaba, que como sabes es muy madridista y amigo de Florentino, para decir que no me opusiera al proyecto. ¡Me pareció increíble!”, declara incrédula la dirigente socialista. Ver para creer, que dice el clásico

Tiempo después, y ya con el negocio en la buchaca, otro periodista recordaba cómo desde su despacho, y absorto de tanto poder, el ingeniero Florentino observaba las cuatro torres y le decía a su interlocutor: “Mira, ahí están. Una es Ronaldo, otra Beckham, otra Figo y la de más allá Zidane.

Así es como golpe a golpe y recalificación a recalificación, Florentino ha construido un auténtico gobierno de concentración del que forman partes antiguos dirigentes sindicales, empresarios de tronío y compañeros de viaje que quieren tocar el poder de cerca. Aunque sea sólo un apretón de manos el día del partido con los barandas del país.

Privatización de la vía pública

Desde luego que el éxito está asegurado, y eso explica que si nada lo remedia un trozo de vía pública vaya a ser privatizado. El ayuntamiento podría haber entregado al Real Madrid cualquier otro terreno del amplio Patrimonio Municipal de Suelo para satisfacer una deuda contraída en 1998 -en tiempos de Lorenzo Sanz-, pero nunca lo hizo. Nadie sabe por qué. Y ahora argumenta que no es posible hacer la entrega no por razones físicas, lo cual sería desde luego insoslayable, sino jurídicas, algo que suena a dislate toda vez que los terrenos siguen siendo del propio ayuntamiento. Pero la pantomima llega a su máximo expresión cuando en el convenio se admite que mucho antes de que el Madrid vendiera 30.000 metros cuadrados al ayuntamiento de la antigua Ciudad Deportiva, que es el origen de la deuda, el club blanco se había comprometido a construir en los aledaños del Santiago Bernabéu un aparcamiento subterráneo y una plaza pública. Eran los tiempos de Ramón Mendoza.

Como reconoce el convenio, aquellas obras nunca se realizaron, pero el ayuntamiento nunca dijo ni mu. Y ahora, 20 años después, se acuerda de que ni hay plaza pública ni hay parking, y valora ese incumplimiento en 2,8 millones. Pero no vaya a creer que se le aplican recargos o sanciones como a cualquier ciudadano que elude sus compromisos económicos con la administración. Ni un euro de multa.

Total, que lo comido por lo servido. El Real Madrid de Florentino Pérez se queda con patrimonio público por 8,04 euros que de forma desprendida condona el municipio, como reconoce el convenio.

Aquí paz y después gloria. Los vecinos de Chamartín se quedan sin plaza, sin aparcamiento y tendrán una nueva mole de hormigón al lado; mientras que el ingeniero Florentino habrá dado un paso más hacia la gloria. El alcalde Gallardón puede dormir tranquilo. Trabajo bien hecho. Como aquel que sirvió a los albertos para controlar el Central de Alfonso Escámez. Dos solares por un banco. También en el paseo de la Castellana. La historia sigue siendo circular.

* El Confidencial - Opinión - 25.09.11
Foto: Alberto Ruiz Gallardón y Florentino Pérez (EFE).

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Alicante.- La mano que tejió la trama

ELPAÍS* : La policía apunta a Díaz Alperi como cerebro del amaño del PGOU de Alicante. Trece años en el sillón de una alcaldía, paradigma del denominado desarrollismo urbano, y cuatro más en el escaño de un Parlamento regional, es el bagaje político de Luis Díaz Alperi. El exregidor de Alicante y actual diputado autonómico del PP ha cosechado en estas casi dos décadas un abultado historial de imputaciones judiciales, el grueso de ellas vinculadas al urbanismo y otras a sus ruinosos negocios privados.
El exalcalde afronta ahora otro enésimo cara a cara con la justicia: la rama del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La policía apunta a que la piedra angular de la trama corrupta es Alperi.
Alperi y su sucesora en el cargo, Sonia Castedo, junto a otras 15 personas están acusados por el fiscal. El juez ya ha imputado formalmente a Ortiz, al redactor del plan, Jesús Quesada, y a otras cinco personas. La imputación de los dos alcaldes del PP de la ciudad está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), dada su condición de aforados.

Para el trenzado de la red, según el sumario del caso Brugal, el exalcalde utilizó como puente a la firma Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa, y del exedil socialista Javier Gutiérrez. Junto al despacho Salvetti Abogados, la trama, siempre según las diligencias, incluye dos nudos gordianos: los promotores locales Antonio Solana (este no está ni implicado ni acusado) y Enrique Ortiz. Solana tuvo un protagonismo destacado en los inicios de la carrera de Alperi en la alcaldía, cargo al que accedió acosado por las deudas y con sus empresas privadas embargadas (una firma inmobiliaria y una empresa de comida rápida). Solana obtuvo millonarias plusvalías en operaciones impulsadas por el Ayuntamiento. El empresario llegó a ofrecer a Alperi incluso casa, pero el regidor declinó y que dejó entrever su sueño: "Prefiero tener un yate que una casa".

Al filo de cerrar su etapa en la alcaldía, en abril de 2008, Solana vuelve a aparecer en la vida de Alperi. El alcalde compró al promotor el 50% de una firma dedicada al negocio inmobiliario, la sociedad Andarx Business. Al mes la sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. La embarcación, y una segunda que también tiene la empresa, pasó a ser propiedad de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% restante de las acciones por 1.502 euros. En la línea de la funesta estrategia empresarial de Alperi, Andarx Busines, también está embargada, según consta en el Registro Mercantil.

Alperi dejó la alcaldía en septiembre de 2008 con la Fiscalía Anticorrupción pisándole los talones por el desfalco de Mercalicante y el caso de los aparcamientos subterráneos. El TSJ exoneró meses más tarde a Alperi en ambos sumarios.

Alperi legó a Castedo la vara de mando sin culminar su otro sueño: un nuevo Plan General. Lo intentó sin éxito en la recta final de mandato, cuando contrató al afamado arquitecto Lluís Cantallops. El profesional no se plegó a los deseos del alcalde, y éste lo despidió.

En febrero de 2008, adjudicó la redacción del plan a una firma del arquitecto Jesús Quesada. Esta empresa ya tenía previamente un contrato de colaboración con una mercantil de Gutiérrez. Este, junto con José Luis Castedo, crearon en diciembre de 2008 el bufete Salvetti Abogados. En julio de 2010 la empresa de Alperi firmó un contrato de asesoramiento con la de Gutiérrez por 2.500 euros al mes.

Las relaciones de Ortiz y Alperi no han sido menos llamativas. El promotor ha cimentado su imperio económico a la sombra del Gobierno de Alperi. En compensación, según el sumario, en otras supuestas dádivas, el promotor regaló al alcalde un viaje en jet privado a Creta.

Pese al negativo balance de su negocio privado, Alperi ha pasado de la ruina en el inicio de su carrera política a los regalos de lujo, entre ellos, un reloj Franck Muller, valorado en 24.000 euros, al diputado del PP Ricardo Costa, según recoge el sumario de caso Gürtel.

Endogamia política para perpetuarse
El veterano político Luis Díaz Alperi, padre de tres hijos, ya tiene quien siga sus pasos en el seno familiar. Su hija Elisa Díaz, exdiputada autonómica en el anterior mandato, descabalgada en última instancia de la lista al Ayuntamiento de Alicante, es la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante.

El acceso al cargo de la hija del exregidor y ahora diputado autonómico se produce en pleno auge de la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta vinculada al trámite del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, cuyo cabecilla, según el sumario, sería precisamente Alperi. Elisa Díaz no solo tendrá competencia sobre el planeamiento de la capital sino sobre el total de los municipios de la provincia.

El PGOU de Alicante fue aprobado provisionalmente, por segunda vez, por el Ayuntamiento de Alicante en mayo de 2010. El documento está pendiente del visto bueno definitivo de la Generalitat Valenciana.

El nombramiento de la hija de Alperi al frente del urbanismo de Alicante ha provocado las criticas de la oposición. Así, Francesc Signes, portavoz del PSPV de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente en las Cortes Valencianas, ha señalado que "lo único que conocemos del currículo de la nueva directora territorial de Urbanismo de Alicante son las imputaciones de su padre". "Un ejemplo más del nepotismo que el PP ha instalado en un Consell que antepone sus intereses partidistas a las necesidades de los valencianos".

Por su parte, la diputada autonómica de EU Esther Barceló exigió ayer la dimisión inmediata de la alcaldesa Castedo. "Resulta intolerable la existencia de un informe contra el fiscal, lo que demuestra que Castedo y su clan están diseñando un contraataque dirigido a todo aquel que denuncie sus operaciones", señaló López.


* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 25/09/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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El éxito de la ciudadanía

LEVANTE/Valencia* : Después de tres décadas de intrigas, Salvem el Botànic puede decir que ha vencido, que ha salvado el jardín más valioso de Valencia de las tramas urbanísticas. Es el triunfo de la ciudadanía por encima de los juzgados y los vaivenes políticos.
El próximo 30 de septiembre se celebrará una fiesta en el solar de Jesuitas. Será la celebración de un triunfo ciudadano, de un colectivo vecinal que ha conseguido evitar que el entorno del Jardín Botánico se convierta en una mole de hormigón y cristal destinada con uso hotelero. Dieciséis años de concienciación han permitido conseguir un objetivo que los tribunales habían negado reiteradamente. Y eso que la refriega ha tenido lugar en los años más salvajes del urbanismo valenciano. La cara del vencedor es Salven el Botànic, el primer "salvem" de Valencia y referencia clara para muchas otras reivindicaciones dentro de la ciudad. Lo formaron, allá por el año 1995, un grupo de vecinos y profesionales que no veían con buenos ojos la construcción de tres torres de veinte alturas en un solar enclavado entre el cauce del río, la Gran Vía Fernando el Católico y el Jardín Botánico, que toda la vida había sido un espacio verde y puerta de entrada al Colegio de los Jesuitas.

"Es un problema paisajístico y visual, de protección de un entorno rodeado de bienes de interés cultural, como el Jardín Botánico, la iglesia de San Miquel y San Sebastián o el mismo centro histórico de la ciudad, cuya perspectiva quedaría muerta para siempre", explicó el portavoz del colectivo, Pascual Requena.
Su trabajo era complicado, pues el problema venía de lejos y había pasado por muy diferentes etapas. Fue en el último Plan General de la dictadura franquista, allá por el año 1969, cuando se habló por primera vez de levantar tres torres de treinta plantas con una zona comercial. Luego el alcalde socialista Ricard Pérez Casado firmó un convenio con la Compañía de Jesús para rebajar esa edificabilidad a trece plantas, pero luego la Generalitat presidida por Joan Lerma rectificó a su alcalde y calificó el solar como uso escolar, discrepancia que se saldó con la dimisión del primer edil.
Empezó entonces un proceso judicial largo y farragoso que en 1995 dio luz verde a la construcción de las tres torres de veinte alturas antes citadas, las que hicieron saltar a la arena al colectivo Salvem el Botànic.
Había que trabajar, por tanto, en ese frente judicial y también en el frente ciudadano, convenciendo a una administración, ahora ya encabezada por la alcaldesa Rita Barberá, que apoyaba la construcción, y trasladando su queja a la gran opinión pública.
Y no tardó en dar resultados. El Ayuntamiento de Valencia ofreció una permuta de terrenos a los tres propietarios del solar: el hotelero Antoni Mestre, Lladró y el constructor Onofre de Miguel, que para entonces ya habían comprado los terrenos a la Compañía de Jesús. Los dos últimos aceptaron y materializaron la permuta, permitiendo así la construcción del actual Jardín de las Hespérides, lindante con el botánico. Pero Mestre no accedió y mantuvo su idea de levantar un gran hotel, bautizado desde el principio como "Cristal Palace". Es más, inmediatamente presentó un boceto del mismo con 11 plantas de altura. Inasumible para los vecinos, que reanudaron su protesta.
Volvió a intervenir entonces la Generalitat Valenciana, esta vez para declarar Bien de Interés Cultural en entorno del Jardín Botánico y rebajar toda construcción posible a tan sólo 5 plantas.
Pero esto no hizo sino generar un nuevo proceso judicial. Antoni Mestre, o mejor dicho el Grupo Expo Hotel, recurre ante el Tribunal Superior de Justicia y también lo hace, pero para evitar cualquier construcción, el colectivo Salvem el Botànic, que empeña todas sus energías en un proceso judicial difícil y costoso.
Era el año 2006 y en 2009 el TSJ dio la razón hotelero, razón que ratificó definitivamente en abril de este año el Tribunal Supremo.
Pero debajo de este periplo por los tribunales, la reivindicación vecinal había hecho su trabajo de sensibilización, había calado en la sociedad, en los vecinos y también en el hotelero y el Ayuntamiento de Valencia, que un año antes habían abierto una nueva negociación para tratar de resolver el problema con otra permuta, sin necesidad de ceñirse al dictamen de los tribunales.
Esa buena voluntad se mantuvo incluso después de conocerse la sentencia del Supremo y, de hecho, apenas un mes después se dio a conocer el acuerdo que salvaba definitivamente el solar de Jesuitas.
Expo Grupo podrá construir su hotel en la Avenida de Aragón, en el edificio del nuevo Ayuntamiento que por decisión de la corporación municipal actual fue jubilado con apenas 24 años.
A cambio, el Ayuntamiento se queda con el solar de Jesuitas y lo cede a la Universidad de Valencia para que amplíe el Botánico, el objeto supremo de salvación.
No se había vencido en los tribunales, pero se había convencido a la sociedad en pleno. Y ese ha sido su gran éxito, el éxito ciudadano.


* Levante - José Parrilla - 25.09.11
Foto: Valencia, salvem el botanic - levante

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Soluciones para ocupar tanta Sevilla en desuso

JUAN LUIS PAVÓN* : Los extremos se tocan. Y se necesitan. Sevilla tiene en desuso edificios de oficinas, antiguas fábricas (Artillería), mercados (Puerta de la Carne), promociones de viviendas, cuarteles, iglesias (Santa Lucía), parques industriales (Arte Sacro), los pabellones más grandes de la Expo'92 (Navegación y Futuro), almacenes (Vilima), presuntos museos (Monsalves) y, para colmo, al largo etcétera se le suma el rutilante espacio de producción cultural construido por la SGAE en la Cartuja, que tiene todas las trazas de ser culminado para convertirlo en el Monumento al Desuso. La crisis agudiza en Sevilla el horror vacui y sólo los grafiteros se empecinan en ocupar superficies.
En esas cuitas estamos cuando la Asociación La Matraka, representativa del ambiente de cultura alternativa que palpita en la Alameda, ofrece un curso de formación en Ocupación legal de espacios en desuso. Estrategias para una reactivación ciudadana de entornos urbanos. Lo imparten desde el próximo martes el arquitecto Santiago Cirugeda y el abogado Juan Luis Pérez-Marín. Cuentan con la colaboración del Cicus (Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla).

Tal como está el panorama, más ruinoso que el descubierto por el poeta Rodrigo Caro en Itálica, al curso van a tener que apuntarse desde los jóvenes con vocación de okupa hasta los miembros del Foro Gaesco, desde los directivos de la Gerencia de Urbanismo a las cooperativas culturales, desde los emprendedores sociales a los mandos de Agesa, las asociaciones vecinales, las consultoras que ponen en órbita centros comerciales o las fundaciones de bancos y cajas. Eso sería Aula de la Experiencia... y de la Convivencia.

De perdidos al río, es hora de que la ortodoxia biempensante y formalísima se atreva a experimentar de la mano de un heterodoxo como el sevillano Cirugeda, especializado por toda España en aprovechar los vacíos legales en favor de la comunidad para probar sus recetas urbanas. Y de vacíos estamos llenos, instalados en el fracaso como resultado de la aplicación de las mismas recetas de siempre.


* Diario de Sevilla - Opinión - 24.09.11

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Jueces para la Democracia aboga por la dación en pago para saldar deudas hipotecarias

ELPAÍS* : Jueces para la Democracia (JdP) ha emitido hoy un comunicado en el que aboga por regular la dación en pago, de modo que la entrega de la vivienda permita saldar la deuda hipotecaria de los afectados. El apoyo de la asociación de jueces a esta medida coincide con la celebración, esta tarde, de manifestaciones en 50 ciudades españolas convocadas por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para exigir el fin de los desahucios y la puesta en marcha de un alquiler social. En esa línea, JdP destaca su "preocupación" ante los "crecientes desalojos en procedimientos hipotecarios, que están dejando sin vivienda a decenas de miles de familias". "Se trata de deudores de buena fe, que han pedido sus ingresos en el contexto de una crisis de la que no son responsables, sin que desde las instituciones públicas se hayan adoptado medidas suficientes de protección", añade el comunicado.
Por ello, JpD también defiende la conveniencia de promulgar una ley "que regule el sobreendeudamiento de los particulares y pequeños empresario, así como la adopción de medidas de amparo hacia las personas afectadas y medidas de aplazamiento de los pagos.

Además, sostiene la asociación, "sería oportuna la previsión de que los jueces puedan moderar de forma equitativa las consecuencias jurídicas de los procedimientos hipotecarios, de manera similar a lo establecido en la Ley de Venta de Bienes Muebles a Plazos".

Para JdP, la crisis económica ha puesto en evidencia que la legislación en materia hipotecaria "limita las posibilidades de defensa de los ciudadanos" y, además, da "ventaja procesal" a las entidades bancarias, por lo que sería necesaria una "regulación más detallada" para evitar esa situación "de superioridad". "La responsabilidad universal establecida en la actual legislación provoca que los ciudadanos pierdan su hogar y que, además, las entidades bancarias todavía puedan reclamarles cantidades económicas importantes de elevada cuantía ante la deuda pendiente de amortización, lo cual resulta, manifiestamente injusto", sostiene el comunicado.

Según la asociación, aunque la estabilidad del sistema financiero "resulta importante en una situación como la presente, pueden limitarse los beneficios del sector bancario, sin que ello afecte a su estabilidad, para fortalecer intereses generales dignos de protección", como el derecho fundamental a la vivienda o la existencia de equilibrio procesal para que los afectados por las ejecuciones hipotecarias no se encuentren en situación de desventaja.


* El País - 25.09.11
Foto: Hipotecas, casita con fondo - cincodias

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Convocatoria Mani #25S por el Derecho a la Vivienda!

LISTADO DE CIUDADES CONFIRMADAS

A CORUÑA: 18h, Plaza de Ourense
ALBACETE: 19h, en punta del parque, calle ancha
ALICANTE: 19h, Diputació Alacant
ALMERÍA: 18h, en puerta Purchena
BARCELONA: 18h, en Plaça Catalunya.
BENIDORM: 18h, estación del TRAM
BILBAO: 18h, frente a los juzgados
BURGOS: 20h, en la Plaza Mayor
CÁDIZ: 19h, en Plaza España.

CÓRDOBA: 19.30h, en el Vial Norte (frente a Hotel Córdoba)
CUENCA: 20h, en Plaza España

DONOSTIA-SAN SEBASTIAN: 18h, en Bulevad
FERROL, 18h, Plaza España
GANDIA: 18h, en el Ayutamiento de Gandia (ahora plaza dels Indignats)
GIJON: 19h, en Plaza Mayor
GIRONA: 18h, en el Pont de Pedra
GRANADA: 18h, en La Caleta
GRAN CANARIA: 18h hora local, en Plaza Santa Ana
GUADALAJARA: 18h, desde el Comedor Social (Av/ Venezuela 9)
HUELVA: 18h, en Antiguo Estadio Colombino
HUESCA: 19h Plaza Zaragoza
LANZAROTE: 18h hora local, en Avenida de Vargas, 1 (Ayuntamiento de Arrecife)
LEON: 18h, Plaza de Botines

LLEIDA: 19h, en la Plaça Ricard Vinyes
LOGROÑO: 18h, en la Plaza del Mercado

LUGO: 18h, Praza Maior
MADRID: 18h, en Plaza de Cibeles
MÁLAGA: 18h, en Ayuntamiento de Málaga
MURCIA: 19h, en Plaza de la Cruz (junto a la catedral)
MOTRIL: 18h, en Plaza de la Aurora
PALENCIA: 18h, en Plaza Mayor
PALMA DE MALLORCA: 18h Plaça Espanta
SANTANDER: 18h, en la plaza Cuatro Caminos
SANTIAGO DE COMPOSTELA: 18h, en Praza do Toural
SALAMANCA: 18:30h, en la Plaza Mayor
TARRAGONA: 18h, en Plaça Imperial Tarraco
TENERIFE: 18h hora local, en Plaza Weyler
TOLEDO: 18h, en la Plaza de Toros
VALENCIA: 18h, en Plaça Sant Agustí
VALLADOLID: 18h, Plaza Fuente Dorada.
ZAMORA: 19.30h, en la plaza Quince de Mayo (Plaza Constitución)
ZARAGOZA: 19h, en Glorieta Sasera


* PLataforma Afectados Hipotecas - 19.09.11

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Un desafío contra los desahucios

ELPAÍS/Barcelona* : Una docena de personas colocan unos cartones en el suelo y con pinturas en espray y plantillas van dando forma a pancartas con el lema Stop desahucios. La escena se produjo el pasado viernes en la calle de Obradors de Barcelona. Es el último "pinta y colorea" que preparan los organizadores de la manifestación de hoy, convocada en 50 ciudades de toda España por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Las asociaciones reivindican un cambio legal que permita la dación en pago, que se detengan los desahucios y que las familias incapaces de pagar la hipoteca puedan quedarse de alquiler en sus hogares. Los reunidos pueden parecer pocos y su arsenal, inofensivo. Pero el movimiento articulado por la PAH es el más audaz y efectivo desafío lanzado hasta la fecha contra una de las consecuencias más lacerantes de la crisis: las 15.491 familias que de enero a marzo de este año en España -más de 150 al día, según datos del Consejo General del Poder Judicial- han sido expulsadas de su casa por no poder pagar las cuotas de la hipoteca. Los afectados, sin embargo, no solo han perdido su hogar. Los bancos, amparados por la legislación y tras quedarse con los pisos, siguen reclamándoles hasta la mitad del importe de los créditos que les concedieron.

La PAH ha conseguido paralizar en toda España, aunque principalmente en Cataluña, 74 desahucios, en un movimiento que ha tomado fuerza en los últimos meses. En total, hay unas 50 plataformas locales formadas por gente con escasos medios y coordinadas en minúsculos grupos, pero que con esfuerzo y un creciente apoyo popular han logrado que los desahucios se hagan un hueco en la agenda política y social.

El movimiento nació en Barcelona y los antecedentes se remontan a 2004, año desde el que varios colectivos con diferentes protagonistas y marcas alertan de los problemas de acceso a la vivienda. Miles de Viviendas se llamaba el movimiento nacido con el Fórum de las Culturas. Luego vinieron el Taller Contra la Violencia Inmobiliaria y Urbanística, y la Guerrilla de la Vivienda.

Pero la primera gran explosión del fenómeno fue V de Vivienda, que triunfó con su lema "No vas a tener casa en la puta vida" y con SuperVivienda, el superhéroe que con el número 47 a la espalda -el artículo de la Constitución que recoge el derecho a la vivienda- reventaba actos políticos. Entre el verano de 2006 y el invierno de 2008 -cuando el Gobierno inyectó 30.000 millones de euros a la banca- se sucedieron sentadas y manifestaciones de hasta 20.000 personas en las grandes ciudades.

Ada Colau ha estado en todas las protestas. Activista desde la cúspide antiglobalización, en 2001, su figura sirve de hilo conductor en los sucesivos colectivos. Colau es además la cara más visible de la PAH de Barcelona, quien suele hacer declaraciones, acude a los debates en los medios y también se arremanga cuando hay que ir a dar la tabarra a un alcalde, un concejal, "o a quien haga falta". "Esta no es una lucha opcional, es por la supervivencia de miles de familias morosas de por vida, condenadas a la exclusión social y a vivir de los servicios públicos. Históricamente, cosas que parecían imposibles se han logrado gracias a la movilización", defiende y celebra "que se estén pidiendo cambios legislativos desde el mundo académico, institucional y social. Los únicos que se muestran insensibles son los partidos", se desespera.Junto a Colau, el grupo de coordinación de la PAH está formado por media docena de personas que, además de celebrar una reunión semanal y asambleas quincenales, están conectados las 24 horas del día. "En los 10 minutos que llevamos hablando hay seis llamadas perdidas en el móvil de la PAH". Quien habla es Lucía Martín, el jueves de esta semana. Es el día que le ha tocado atender el teléfono, que se van turnando los promotores de la plataforma. El número aparece en la página web y el terminal gasta batería como un poseso: "Nos llaman afectados, asociaciones de vecinos, ciudadanos que quieren ayudar, medios de comunicación, gente de toda España que quiere montar una PAH", asegura Martín, que es ingeniera y pasó de participar en las protestas a implicarse en V de Vivienda. "Me metí en esto cuando comencé a ver a tanta gente muerta de vergüenza y hecha polvo porque les echaban de casa y no se libraban de la deuda", recuerda.

Para Adrià Alemany, V de Vivienda también fue la entrada al activismo. "Leí una convocatoria en el diario 20 minutos y tras las primeras sentadas me enganché". Economista de profesión, es un habitual en la paralización de desahucios. Siempre que puede graba las protestas en vídeo. La Red está llena de testimonios del movimiento. Quien también graba y monta los vídeos es Albert, un diseñador y realizador freelance que prefiere que no aparezca su apellido. El último que ha editado es la convocatoria de la manifestación de hoy. En dos días, recibió 6.000 visitas. El vídeo, de tres minutos, se nutre de imágenes de los últimos desahucios parados, en los que los participantes gritan emocionados: "¡Sí se puede!".

El montaje del último vídeo ha servido a Albert para darse cuenta del volumen de material gráfico que almacenan. "El trabajo hecho en dos años y medio es enorme", subraya y explica que a menudo las televisiones le piden material. El realizador recuerda que en la protesta por el desahucio de Lluís, un vecino del Penedès, llegó a intercambiar imágenes con los periodistas de la cadena Al Jazeera. Otro de los vídeos de la Plataforma, tituladoEl ADN de la burbuja inmobiliaria, realizado en 2009, fue seleccionado por el festival In Motion.

Internet es una herramienta clave para la PAH. Además de en la web, el colectivo cuelga todos los vídeos en You Tube y a golpe de clic su eco se multiplica en minutos. Lucía Delgado es la encargada de alimentar las cuentas de Twitter y Facebook: "Las últimas noticias, convocatorias, avisos de la publicación de vídeos...". La Red sirve además, explica, para que cualquiera pueda descargarse material para difundir folletos, pegatinas o carteles.

Para la PAH, la comunicación es fundamental y son partidarios de la "transparencia máxima". Abren las asambleas a los medios y su estrategia pasa por lanzar mensajes breves y directos -"Stop desahucios, hipoatracados"-, positivos antes que basados en la queja -"somos vuestra crisis"; "sin casa, sin trabajo, sin miedo"; y "sí se puede"- y con sentido del humor, como la colecta Una monedita para el sector financiero, hecha en 2008 cuando las entidades financieras recibían ingentes cantidades de dinero público mientras seguían echando a las familias de sus hogares.

En ocasiones, eslóganes que parecen salidos de una empresa de asesores surgieron de multitudinarias asambleas. Documentado está, por ejemplo, el intenso debate que en 2006 se celebró en la plaza del Rei sobre la conveniencia de utilizar el "No tendrás casa en la puta vida". Los recelos al uso de esta expresión acabaron diluyéndose ante el clamor popular: no hay en la calle una expresión más gráfica.

Las tecnologías no han sido obstáculo, con todo, para que las plataformas de hipotecados hayan colaborado con clásicos de la lucha ciudadana como las asociaciones de vecinos, para quien el problema de los desahucios ha sido un revulsivo. En Barcelona, la PAH tiene su sede y celebra las asambleas en los locales de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB). "Preocupados", en palabras del vicepresidente de la entidad, Lluís Rabell, "por la respuesta de los poderes públicos a la demanda social que es parar los desahucios y por el hecho de que se destinen más recursos a la represión de la protesta que a dar respuesta", la FAVB ha puesto en marcha un servicio de atención a los afectados.

Lo lleva la abogada Montse Hernando, otra integrante del grupo de coordinación. Su trabajo consiste en recibir afectados, asesorarles, "e intentar por todos los medios posibles posponer los desahucios". "Alegando procedimientos formales, pidiendo informes sobre la situación de las familias a los servicios sociales para incluirlos en los expedientes, escribiendo a los jueces...", explica. Reciben casos de todas partes, porque las 20 PAH que hay en Cataluña no llegan a todo.

El grupo coordinador de Barcelona lo cierra Ernest Marco, profesor de la UAB que se sumó al movimiento desde la oficina de derechos sociales del Ateneu Candela, un centro social de Terrassa al que en 2008 comenzó a llegar una avalancha de gente amenazada de desahucio. Terrassa tiene otra de las plataformas más activas. Es la única, por ahora, que ha conseguido que el Ayuntamiento cree una mesa de mediación entre afectados y bancos. Otro centenar han aprobado mociones en las que instan al cambio legislativo. "El de la vivienda es uno de los derechos menos protegidos y más mercantilizados. La crisis lo ha agudizado mientras en España sigue siendo el gran tema pendiente en la legislación", remacha Colau. Las administraciones no se pueden excusar en competencias, el momento es excepcional y tienen que ser valientes y creativas".


* El País - CLARA BLANCHAR - Barcelona - 25/09/2011
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe

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Córdoba.- El zorro en el gallinero

ELPAÍS* : "Orden del día del Consejo R. de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del 28/09/2011. Punto 1. Toma de conocimiento de acuerdo plenario de fecha 13/09/2011 sobre cese y nombramiento de representante de UCOR en el Consejo Rector de la GMU"... Tras este enunciado aséptico e impersonal, que encabeza el programa de la próxima reunión del máximo órgano local del urbanismo en Córdoba, se esconde un hecho sin precedentes. Rafael Gómez, constructor cordobés conocido como Sandokán, imputado en uno de los mayores casos de corrupción urbanística de España y multado por el Ayuntamiento de Córdoba -al que le debe unos 30 millones de euros-, tendrá poder de decisión, precisamente en un campo en el que ha cometido numerosas irregularidades. La noticia se supo en el transcurso del último pleno del Ayuntamiento. En mitad de una larga lista de asuntos leída por Luis Martín, que presidía el acto, se dejaba caer el dato ante una sala con público impasible. La indiferencia se debía a que el tecnicismo y el modo usado por el anuncio, camuflaba el verdadero trasfondo del hecho. "Intentaron que no se notase para que no se armara mucho escándalo", aventuraba entonces un concejal de la oposición. Solo una advertencia privada de este edil desveló el trasfondo del asunto a los periodistas presentes. Y un escalofrío marbellí recorrió la espalda de muchos.

Sin ningún pudor, Unión Cordobesa, el partido que Sandokán fundó en diciembre y que sorprendió a todos en las elecciones locales aupándose como segunda fuerza política, había decidido cambiar a su representante en la GMU y sustituirlo por el edil imputado en el caso Malaya por corrupción urbanística en la Costa del Sol. Juan Miguel Alburquerque, el portavoz de Unión Cordobesa que había ocupado el cargo señaló que su salida no era tal, sino que pasaba a ser sustituto de Gómez, un reserva en caso de que éste fallase. Y no quiso dar mayor importancia al hecho. Una concejal de otro partido, sin embargo, comentó que el portavoz de Unión Cordobesa, catedrático en la Facultad de Derecho, no encajó demasiado bien el cambio, producido solo cuatro meses de entrar en el Ayuntamiento.

Un movimiento de nombres que se repitió esta semana cuando el partido de Sandokán decidió que este entrase en la Comisión de Licencias de la GMU en sustitución de Alburquerque. Unión Cordobesa justificó la presencia de Sandokán en los máximos órganos municipales urbanísticos de la ciudad como una muestra de su esfuerzo por cumplir su promesa electoral de "agilizar la legalización de las parcelaciones ilegales", desvinculándolo de sus intereses privados y de sus pleitos pendientes con el Ayuntamiento.

Su presencia en estos organismos es legal, pues responde a la potestad que tienen los partidos de ser representados. "Está en su derecho legítimo para participar en los órganos municipales (...) Es concejal del Ayuntamiento con todo el respeto y apoyo de muchos cordobeses. (...) Evidentemente, la situación dará lugar a una serie de situaciones que habrá que ir viendo dentro de la Gerencia de Urbanismo", dijo hace unos días la concejal de Seguridad, Ana Tamayo.

Sandokán tendrá que abstenerse e incluso ausentarse de determinados consejos en los que se traten sus asuntos, como el de la multa de las cuatro hectáreas de naves ilegales que construyó junto a Medina Azahara y por las que el Ayuntamiento le multó con 24,6 millones de euros. O cuando se informe acerca de los embargos a los que el Ayuntamiento ya está sometiendo a sus inmuebles para cobrar la deuda.
Más 'sandokanes'

La presencia de Rafael Gómez puede ser perfectamente legal, pero cuando se les pregunta en privado a los concejales del resto de formaciones (PP, en el gobierno; e IU y PSOE, en la oposición), no esconden su preocupación por la imagen que se ofrece. Suelen referirse a la poca estética y nula ética de la maniobra, al tiempo que se encogen de brazos por su incapacidad para impedir que se produzca la foto de Sandokán sentado a la mesa desde la que se decide buena parte del urbanismo de la ciudad.

Pero es que la sombra de Sandokán y Unión Cordobesa sigue desplegando sus alas en puntos clave. Y justo allí donde se maneja información o influencias que se mueven en las misma parcela de interés de Arenal 2000 la empresa constructora que fundó Rafael Gómez, planta sus picas. Así, Roque de Llano Iribarnegaray, un yerno de Rafael Gómez y miembro de Unión Cordobesa, ha sido nombrado vocal en los consejos de administración de Procórdoba y Vimcorsa. La primera es la empresa pública de obras urbanísticas, y la segunda, está centrada en la construcción de viviendas de VPO. Su nombre ya aparece en los documentos. Incluido con toda naturalidad. Iribarnegaray consta en un BORME (Boletín Oficial del Registro Mercantil) como apoderado y mancomunado de Arenal 2000 y Arenal 2001.


* El País - 25.09.11
Foto: Marbella, caso'Malaya', Sandokán entrando como imputado - diariodesevilla.es

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El urbanismo es de todos

ELPAÍS/Alicante* : En un tiempo en el que cualquier tramitación urbanística levanta sospechas, L'Alfàs del Pi ha decidido enterrarlas. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana del municipio ha arrancado con un taller de participación ciudadana que concluye hoy y en el que durante ocho días cualquier persona ha podido trasladar sus opiniones y sugerencias a un equipo de arquitectos del Grupo Aranea, encabezados por Francisco Leiva, premio FAD de 2010 por el diseño de un instituto en Rafal.
El taller, llamado pH08 (paisajes Habitados), es el 8º que realizan. Han trabajado en La Vall de Guadalest, el Valle de Navia (Asturias), Tomiño (Galicia) o León. Los de numeración par, como este, se reducen a una semana, pero los impares duran todo un curso académico. La metodología consiste en invitar a arquitectos paisajistas, urbanistas, investigadores y de acción con los que colaboran profesionales y estudiantes de otros países europeos (en L'Alfàs hay de Italia, Ucrania o Polonia) y también ciudadanos para formar seis equipos de trabajo. Al final, al juntar todas las miradas, "se genera otra compleja" que sirve para tomar conciencia de las demandas ciudadanas y así poder "proponer un sistema lógico de crecimiento", asegura Leiva.
El taller de Revitalizaciones Urbanas lo dirigen Mónica García Fernández y Javier Rubio; Redibujando los límites del pueblo invisible lo coordina José María Sánchez; Geografías reencontradas está dirigido por Enrique Fernández Vivancos; Urbanizaciones Recicladas, por Antoni Abellán y Samuel García; al frente de Nueva Alfalópolis están Beatriz Pachón, María Mallo y Manuel A. Monteserín y el taller La Invitación lo coordinan Juan Sánchez y Diego Jiménez.

Este es el primer paso del Consistorio para la redacción del PGOU, que culminará tras 18 meses de trabajo. De pH08 saldrá la intención de "convertir un sitio con la potencialidad de L'Alfàs (tierra fértil en árabe) en un modelo de recuperación paisajística de la costa mediterránea", que Francisco Leiva considera "privatizada con zonas residenciales sin fin que no disponen de espacios públicos y únicamente tienen conexiones viarias".

Aunque es el Ayuntamiento quien contrató a Aranea para llevar a cabo esta iniciativa, no será este grupo el encargado de elaborar el Plan General. Así que el Consistorio está abocado a "tener que defender las conclusiones de nuestro trabajo ante el redactor", porque serán como sus "líneas estratégicas", explica Leiva.

Para que la iniciativa tenga continuidad, el material del taller pH08 será materia de estudio de la asignatura Proyectos Arquitectónicos que imparte Leiva en la Universidad de Alicante.


* El País - 23.09.11
Foto: Coordinadores de los talleres y participantes en una de las sesiones celebradas en L'Alfàs del Pi.- elpais

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A Coruña.- El TSXG desestima el recurso sobre el edificio de Fenosa

LAOPINIÓN* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por el Ayuntamiento de A Coruña para evitar que se cumpla la sentencia de demolición que pesa sobre el edificio de Fenosa. Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de la ciudad herculina, Carlos Negreira, tras la celebración de la Junta de Gobierno. Esta negativa se suma a la conocida en el mes de junio cuando solicitaba el derribo en el plazo de 15 días y desestimaba, así, los recursos de súplica presentados por el consistorio coruñés, la promotora y los vecinos.
El proceso iniciado por un particular contra la construcción del edificio y tras 10 años desde que en 2001 una sentencia solicitaba la demolición del edificio situado en la calle Fernando Macía, "se vuelve a abrir el libro", ha subrayado Negreira, quien ha aseverado que con la respuesta del tribunal se retoma un proceso que será "complejo", pero "se intentará construir la mejor solución", ha añadido al respecto.

Además, el regidor herculino ya ha pedido a Urbanismo y a la Asesoría Jurídica que "se pongan a ello" y ha recordado que se trata de un ejemplo de urbanismo que "no debemos hacer", y por eso "vamos a hacerlo con cariño y responsabilidad", ha precisado.

PARROTE

Al margen de esta cuestión, Negreira ha anunciado la aprobación del estudio al detalle del Parrote que se remitirá a la Dirección General de Patrimonio. "Primero fue la Autoridad Portuaria y ahora el ayuntamiento", ha apostillado.

Tras cuatro años con las obras paradas al encontrar restos arqueológicos cuando se realizaban las labores para la realización de un aparcamiento subterráneo, "es hora de acabar con el agujero negro", ha pedido Negreira.



* La Opinión Coruña - 23.09.11
Foto: Fachada del edificio Conde de Fenosa, en la calle Fernando Macías.- laopinión

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Palma.- ARCA denuncia que Cort quiere derribar el edificio de la sala Asai

DIARIODEMALLORCA* : La asociación proteccionista ARCA denuncia que Cort quiere perpetrar otro atentado contra el patrimonio histórico de Palma, esta vez impulsando el derribo del singular inmueble del siglo XIX situado en la plaza Porta Santa Catalina y conocido para muchos porque su planta baja albergaba la discoteca Asai. El edificio Can Roca Suau "está de nuevo en peligro", debido a que el equipo de gobierno municipal "tiene la intención de llevar la propuesta de demolición a la Comisión de Centro Histórico y Catálogo", el mismo organismo que evitó su derribo durante la anterior legislatura a instancias de la entidad proteccionista, tal como recuerdan.
ARCA muestra su "oposición frontal" a esta pretensión del PP y supone que es debida a las "presiones de los promotores", cuyo proyecto de reconstrucción hace dos años estaba firmado por el despacho de arquitectos García-Ruiz, indican.

Según la asociación, si finalmente Cort lo aprueba, se perderá para siempre "el conjunto armónico de una plaza emblemática, como es la Porta de Santa Catalina", que en tiempos del alcalde Joan Fageda también sufrió la amenaza de su desaparición porque el equipo de gobierno quería construir allí un aparcamiento subterráneo, que la asociación de vecinos del Puig de Sant Pere consiguió paralizar con manifestaciones.

Para que no vuelva a ocurrir, ARCA ha solicitado "una reunión urgente" con el responsable de Urbanismo de Cort, Jesús Valls, e iniciará "una campaña para que Cort no eche atrás una decisión adoptada por la Comisión de Centro Histórico hace dos años".

Valor industrial
El inmueble singular construido por el industrial Bartomeu Roca Estades alrededor de 1850 fue una antigua fábrica de licores y su singularidad hace que ARCA pida al consistorio su definitiva protección, "por sus valores históricos de carácter industrial y arquitectónico", tal como se hizo en la reunión de la Comisión de Centro Histórico del 17 de octubre de 2009. El cambio de color político ha vuelto a poner Can Roca Suau en la piqueta.



* Diario de Mallorca - 23.09.11
Foto: El edificio Can Roca Suau está en la plaza Porta Santa Catalina, 22 - diariodemallorca

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El Ayuntamiento de Mijas abre la vía a la regularización de viviendas

EUROPAPRESS/Málaga* : Acuerda con la Junta revisar el PGOU en suelo no urbanizable y realizar un inventario, "paso previo a la legalización".
El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha acordado con la Delegación provincial de Obras Públicas y Vivienda el inicio del proceso de regularización de viviendas, "lo que solventará uno de los problemas mayores del municipio" que se ha convertido, según el concejal de Urbanismo, Manuel Navarro (PP), en "una urgencia social". Este proceso se basará, según ha informado el Consistorio en un comunicado, en dos niveles de actuación: la realización de un inventario de viviendas y la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en suelo no urbanizable. Dicho proceso se ajustará "en todo momento" al decreto que el Gobierno andaluz prevé publicar en octubre y mediante el que se fijarán las bases legales que posibiliten la legalización de viviendas fuera de ordenación.

El inventario será un documento "exhaustivo" del número de viviendas irregulares ubicadas en el municipio. Durante el pasado mandato, técnicos municipales comenzaron la elaboración de un catálogo de viviendas irregulares, no obstante, el método empleado no contemplaba el entorno de dichas viviendas ni sus características urbanísticas.

La revisión del PGOU en suelo no urbanizable, que deberá ser aprobada por la Junta de Andalucía, tratará de ordenar toda la zona rural del municipio aunque la tramitación se hará sectorizada. Es decir, se realizarán por separado las modificaciones de elementos oportunas en cada uno de los diseminados a fin de agilizar la conclusión de los trabajos, han puntualizado.

En este sentido, el equipo de gobierno contratará a empresas y profesionales externos la realización tanto del inventario de viviendas como la realización de la revisión del PGOU, mientras que la Delegación de Obras Públicas ha designado a un técnico para que se ocupe, en exclusiva, de la tramitación de los expedientes sobre legalización de las viviendas irregulares de Mijas.

Fruto de los acuerdos alcanzados entre el equipo de gobierno mijeño y la Junta de Andalucía, el proceso de normalización en Valtocado --el primer diseminado donde se acometerá la tramitación-- "servirá de experiencia piloto para la legalización de viviendas en toda la comunidad autónoma".

El edil, que ha informado de este acuerdo a los portavoces de la oposición, ha asegurado que todo este proceso se hará "de la mano de la Junta".


* Qué - EP - 23.09.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur

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Bilbao.- Acoso y derribo de Kukutza

PERIODISMOHUMANO* : Una excavadora comienza el derribo tras la toma de la policía vasca de todo el barrio de Rekalde, Bilbao. Se suceden cargas muy fuertes contra vecinos y activistas que intentan impedir el derribo de Kukutza, un centro cultural y social ocupado por diversos colectivos desde hace trece años, según RADIO IROLA que transmite en directo la situación y los testimonios de los oyentes, como el de una chica que decía: “Están derribando nuestros sueños”.
El alcalde de Bilbao (PNV) Iñaki Azkuna reiteró la postura que ha mantenido su gobierno en el conflicto. «El Ayuntamiento tiene que defender la propiedad privada», afirmó horas antes de que las excavadoras avanzaran hacia el edificio en medio de nuevos disturbios. El mandatario local recalcó que la polémica responde a una «ocupación ilegal del suelo» y no se trata de «un problema cultural». El regidor se confesó «cansado» del tema Kukutza….

Rekalde: ese barrio maldito. Por Eder Alvarez

Rekalde (también situado en la margen izquierda de la ría) situado en uno de los distritos al sur de Bilbao, lleva a sus espaldas la pesada carga de ser el barrio no deseado, el rebelde, el obrero. Su demos está compuesta como la del resto de los municipios de la margen izquierda: una masa enorme de trabajadores llegados desde otros puntos de la península en las dos oleadas industrializadoras, que fueron alojados a bote pronto, sin planificación ninguna, en barrios y municipios construídos a base del capital de las otrora poderosas industrias bizkaínas. Con más de 18.000 habitantes y un sinfín de "agresiones" institucionales, no es coincidencia que los rekaldetarras tengan su propia identidad diferenciada de la bilbaína.

Pero, ¿cómo una amalgama de trabajadores inmigrantes se forja una unidad identitaria diferenciada de la propia metrópoli? En principio es sencillo: la planificación urbanística de Bilbao durante el tardo-franquísmo aíslo el barrio de Rekalde mediante la línea de FEVE y la posterior construcción de los viaductos de la autopista A-8 sobre los tejados del barrio. A principios de los setenta emergen las Asociaciones de Vecinos que cogerán fuerza sobretodo a finales de esa década, siendo Rekalde uno de los barrios donde la lucha vecinal coge más protagonismo, asumiendo funciones propias de otras instituciones municipales que no ejercían. Las razones no eran pocas. En 1975 deciden que la autopista pasara por encima de las cabezas de los rekaldetarras. Las obras de la autopista suponen el derribo de la iglesia y viviendas y la remodelación de la plaza, principal espacio de socialización del barrio. Este hecho junto con el atropello de una niña del barrio enciende la mecha de una lucha fuerte pero que no conseguirá evitar los (no)planes que la ciudad tenía (para) el barrio.

En Rekalde nos encontramos durante décadas y, sobretodo con la consolidación de la lucha vecinal en los setenta encabezada por la AFR (Asociación de Familias de Rekalde), con un tejido social muy activo desde una posición casi de izquierda radical que llega incluso a crear una universidad popular. A pesar de eso, y de una fuerte identidad barrial que se cristaliza en 1975 con el “Libro Negro de Rekalde” hecho desde la propia AFR y a través del que se pretende plasmar la situación en la que se encontraba el barrio, se percibe un sentimiento con regusto a resentimiento y enfado hacia la ciudad y el abandono al que se le somete y una autoafirmación desde la marginalidad. Este sentimiento de agravio por parte de las instituciones no desaparecería con el tiempo, sino que, en el mejor de los casos, se mantuvo dada la dejación de tareas por parte de la administración en el barrio.

Con la brutal crisis de la desindustrialización, Rekalde sufrió tanto como Barakaldo o Sestao la caída de las grandes chimeneas. El paro y la depresión se extendieron por sus calles a medida que la identidad obrera desaparecía junto a los hornos altos y las fundiciones de la zona. Entre tanto, Bilbao se disponía a dar el salto hacia los servicios, y en 1997 se plasma en el museo Guggenheim... y el soterramiento de las vías de FEVE. Así, mientras que en Rekaldeberri, el núcleo del barrio, contaba en 2004 con 15.401 habitantes, el distrito de Rekalde contaba con 47.297 habitantes aún sin haber finalizado todo lo proyectado para la zona y con el nuevo plan de hacer llegar o el metro o el tranvía hasta el barrio sólo embastado.

Esta es la historia de Rekalde, y Kukutza (en este caso el III), no es más que la materialización de las necesidades culturales del barrio, por lo tanto, no es casualidad que todo el barrio haya salido a defender el Gaztetxe, y que desde fuera de Rekalde nos sumemos gentes de todo Bizkaia, de toda índole e ideología (claro que está la izquierda abertzale, pero también la republicana, los animalistas, las feministas...), aunque esto al señor Azkuna no le guste. Y como ya me he aburrido de escribir, os dejo un vídeo que explica mejor que yo qué es Kukutza, mucho más que un Gaztetxe. Que por cierto, ya quisiera la Alhóndiga tener la actividad cultural que tiene Kukutza.


* Periodismo Humano - 23.09.11
Foto: Bilbao, derribo centro kukutza - jmrjn

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Valencia.- La Fiscalía exigirá a Cacsa un informe con los pagos a Calatrava

LEVANTE* : La Fiscalía Anticorrupción de Valencia pedirá a Cacsa --entidad dependiente de la Generalitat valenciana-- un informe sobre los pagos realizados a una firma del arquitecto valenciano Santiago Calatrava por el proyecto de las conocidas como 'Torres de Calatrava' --que no llegó a realizarse-- tras requerírselo la Agencia Tributaria, según han señalado a Europa Press fuentes conocedoras del asunto.
El ministerio público abrió en mayo diligencias de investigación penal por posibles delitos de prevaricación, malversación y fraude tributario en el caso de la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para la construcción de las conocidas como 'Torres de Calatrava', ante una denuncia de EUPV. En el transcurso de estas diligencias, Fiscalía pidió un informe a la Agencia Tributaria sobre las cantidades declaradas por Santiago Calatrava para la realización de este proyecto. Al mismo tiempo, requirió a Cacsa el estudio completo del proyecto y las cantidades aportadas al respecto.

Por el momento, el fiscal encargado del caso ha recibido el informe solicitado a Cacsa, cuyos datos ha transmitido a la Agencia Tributaria. Tras observarlo, esta última entidad ha indicado que necesita más documentos de la empresa para poder elaborar su estudio completo.

Por este motivo, Fiscalía volverá a pedir a Cacsa un segundo informe en el que detalle los estudios del proyecto, las fechas, cantidades y datos de las personas físicas --Santiago Calatrava-- y jurídicas --la firma de éste-- a la que se hicieron los pagos.

Cuando el fiscal reciba este informe, lo remitirá a la Agencia Tributaria para que, con toda la información, pueda realizar un estudio completo y pormenorizado de todos los pagos que se efectuaron con el objeto de determinar si se pudo cometer algún tipo de hecho delictivo, tal y como aseguró en su denuncia EUPV.


* Levante - EP - 23.09.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Alicante.- Castedo filtró datos del PGOU al futuro socio de su hermano

ELPAÍS* : La actual alcaldesa de Alicante y anterior edil de Urbanismo, Sonia Castedo, ofreció en varias ocasiones al futuro socio de su hermano, el abogado urbanista Javier Gutiérrez información privilegiada sobre la discusión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU), según se desprende del nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF), elaborado a partir de la documentación y material informático incautado en el despacho de Salvetti Abogados de Alicante. Para "dotar de mayor verosimilitud" el contenido del informe, la policía se remonta hasta una reunión del 16 de diciembre de 2005 entre la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y Gutiérrez en la que, según los documentos intervenidos al abogado, la futura alcaldesa admite que el PGOU "va con enorme retraso" y le transmite la intención del Ayuntamiento de "contratar a un equipo externo para aprobarlo en seis meses".
El entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, había encargado la actualización del PGOU a Lluís Cantallops, y en 2004 el redactor presentó un PGOU formalmente acabado, pero que tenía "deficiencias", puestas de manifiesto en un informe técnico municipal emitido en julio de 2005.

El Ayuntamiento remitió al juzgado toda la información referente al Expediente de contratación del PGOU Revisado, donde confirma que el 13 de junio de 2007 la concejal de Urbanismo, Castedo, rescindió el contrato de mutuo acuerdo con Lluís Cantallops. En aquella reunión, la edil mostró "sus intenciones a Gutiérrez respecto a contratar un equipo externo", según la policía. Y se propuso que la contratación fuera mediante un procedimiento abierto, en forma de concurso y de tramitación ordinaria.

A partir de ese momento, supuestamente, entra en escena el hermano de regidora, José Luis Castedo, entonces miembro de la comisión Territorial de Urbanismo. La UDEF intervino del ordenador de Javier Gutiérrez un correo electrónico enviado el 28 de septiembre de 2007 desde una dirección electrónica de la Generalitat (castedo_jos@gva.es), a G&M Gestión del Suelo con una carpeta titulada "Revisión PG". La policía considera "interesante" para su investigación la información que supuestamente el hermano de la alcaldesa envió a su futuro socio de negocios.En este correo electrónico José Luis Castedo avanza los Trabajos necesarios para la finalización del PGOU de Alicante, y concreta los documentos técnicos necesarios desde las perspectivas urbanística, legal, de cuestiones ambientales y paisajísticas que se requieren. El hermano de la actual alcaldesa y diputada autonómica informa también debidamente a su futuro socio de los informes técnicos que requiere el PGOU: estudio de paisaje, de tráfico, necesidad de vivienda protegida, declaración de impacto ambiental, impacto acústico, recursos hídricos y estudio de las necesidades de superficie en función del número de defunciones previsibles.

Castedo, en el mismo documento interceptado por la policía, señala además qué documentación deberán tramitar las diferentes consejerías de la Generalitat, los ministerios y el propio Ayuntamiento. Y recuerda que, además, hay que redactar un apartado final de conclusiones y propuestas.

La policía concluye que, "como se evidencia", este documento es un informe de los trabajos necesarios para la finalización del PGOU de Alicante desde la perspectiva técnica (legal, urbanística y ambiental), desde la necesidad de los diferentes estudios e informes y con unas conclusiones y propuestas. El informe policial, no obstante, admite que "desconoce qué documentación le fue entregada, por quién y en base a qué encargo", pero hace hincapié en que se hizo "con antelación a haberse aprobado el concurso para su licitación". En septiembre de 2007 Castedo envía el correo electrónico para un concurso que arrancará en diciembre de ese mismo año.

La policía, en el rastreo e identificación de los documentos intervenidos en los ordenadores, atribuye el origen de este correo a las siglas "Serv., Org. e Inf. y COPUT", que vincula a la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, y confirma que el documento fue creado y guardado desde un ordenador de la propia consejería.

"Son numerosos los indicios que vinculan la labor profesional de José Luis Castedo con Javier Gutiérrez y con evidente antelación a su unión profesional formal a través de Salvetti Abogados", concluye el informe. El bufete de abogados de los dos investigados empezó a trabajar en diciembre de 2008.

El 25 de febrero de 2008 la Junta de Gobierno Local adjudica el contrato para la Finalización de los trabajos de revisión del PGOU de Alicante por la cantidad de 578.376 euros. La policía encontró en el ordenador de Gutiérrez el documento Contrato redacción Plan General a Jesús Quesada, que "constata la relación inequívoca entre Laboratorios y Proyectos", firma de Quesada, y G&M a través de un contrato de prestación de servicios profesionales de consultoría y asesoría. Este último contrato se firma el 21 de diciembre de 2007 y según la policía es "interesante" recordar que el anuncio del Ayuntamiento de Alicante para iniciar el concurso para la finalización de la ejecución de los trabajos de revisión del Plan General es del 19 de diciembre, es decir, dos días antes. Y pasa por Junta de Gobierno para su adjudicación el 25 de diciembre.

El informe policial concluye que "se puede llegar a la conclusión de que Laboratorios y Proyectos en la fecha del boceto del contrato, es decir, dos meses antes de la adjudicación, o bien tenía conocimiento de que el concurso les iba a ser adjudicado o bien, como no se ha intervenido el contrato original firmado, se trate de una previsión de trabajo por si dicho concurso les fuera adjudicado", y "sin olvidar" la información que fue enviada por José Luis Castedo desde un correo de la Generalitat a Gutiérrez adjuntando un informe de asesoramiento "inequívocamente relacionado con el PGOU".

Este contrato estipula que la remuneración de la mercantil G&M será de un tercio del precio firmado en la adjudicación definitiva, es decir, de los 578.376 de la adjudicación del Ayuntamiento a Laboratorios y Proyectos unos 192.762 fueron para el futuro socio del hermano de Castedo, quien, según informó Europa Press, también elaboró el convenio de permuta de los saladares de Aguamarga, a cambio de edificabilidad, que finalmente firmó Castedo.

Este periódico intentó ayer sin éxito conocer la versión de los dos socios investigados por la policía.


* El País - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 21/09/2011
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio - lasprovincias

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