'Malaya'.- La Policía ratifica que se detectaron operaciones "ficticias"

MÁLAGAHOY* : El que fuera a partir de septiembre de 2007 jefe del grupo de la Udyco que participó en la investigación del caso 'Malaya' ha ratificado este martes varios informes con los que se cuantificó el blanqueo de capitales y ha señalado que se detectaron operaciones "que entendemos ficticias, que sirven a otros intereses y no tienen sentido comercial". Este investigador, que seguirá declarando este miércoles, ha contestado como testigo a preguntas sobre los informes de cuantificación del blanqueo, pedidos por el segundo instructor de la causa y con los que se pretendía concretar la posición de los imputados. Ha dicho que para elaborarlos usaron, sobre todo, informes incluidos en el procedimiento y realizados por otros investigadores.
A preguntas del fiscal, ha repasado los documentos y ha señalado que se vieron préstamos y operaciones "ficticios", ya que en algunos casos "el aval del banco se conseguía con fincas que eran propiedad del Ayuntamiento y que de manera ilegal había obtenido la sociedad del grupo --vinculado al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca-- o con otros fondos en otras entidades".

Ha señalado que según el criterio policial el pago del crédito hipotecario puede ser demostrativo de operaciones de blanqueo y que hay créditos que "son ficticios y no tienen una relación mercantil verdadera", afirmaciones que han intentado ser rebatidas por las defensas, desmenuzando los informes. El testigo ha admitido que una operación "puede ser lícita, pero no el trasfondo que hay".

El investigador ha explicado que el presunto cerebro de la trama empieza a gestar su fortuna en 1992, señalando que el dinero "entra de una manera ilícita a través de un montón de artificio y entendemos que si ese patrimonio lo vuelve a mezclar para otras operaciones, sigue siendo ilícito".

Las defensas han cuestionado estos informes y han preguntado al testigo sobre si se ha hecho la trazabilidad de los fondos, el por qué no se utilizaron los libros de contabilidad de las sociedades para realizar esta cuantificación y por qué no se han comprobado que las empresas tenían "ingresos de lícita procedencia", como créditos bancarios o devoluciones de Hacienda.

En este sentido, el testigo ha dicho que se emplearon datos de las cuentas bancarias, del procedimiento, incluyendo la documentación intervenida; estudios de Hacienda y archivos informáticos y que no se utilizaron esos libros porque demuestran "la realidad que plasma el administrador", insistiendo en que "muchas de las operaciones son ficticias, aunque estén en los libros de cuentas".

Respecto a Hacienda, ha apuntado que "las sociedades de Roca debían ocho millones a Hacienda", según la administración judicial. "Hacienda está ciega por el velo que ustedes ponen", ha contestado al abogado, que también está acusado, el cual ha respondido que "ninguna de las sociedades tiene velo que la oculte, que han depositado los libros de contabilidad y balances y que Hacienda devuelve más de un millón de euros".

Asimismo, a preguntas del fiscal Anticorrupción, ha asegurado que con los informes previos, analizando determinada documentación y con la información obtenida de los archivos de la sociedad Maras Asesores se determina que había "unidad de caja" en cuanto a las empresas vinculadas a Roca, ya que, ha precisado, "las sociedades todas eran una, se distribuía el dinero según las necesidades del momento".


* Málaga Hoy - ep. - 10.05.11
Foto: Marbella (Málaga), policía Ayuntamiento - laopiniondemalaga.es


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El Tribunal Supremo ratifica con una nueva sentencia la anulación del Plan de Llanes

ELCOMERCIO/Asturias* : El Tribunal Supremo hacía ayer pública una nueva sentencia sobre el Plan General de Llanes, y lo hacía confirmando la anulación del ya más que polémico documento urbanístico, y además en plena campaña electoral. El ponente, el magistrado Mariano de Oro-Pulido (presidente de la sala), rechaza entrar a estudiar los recursos de casación interpuestos por Principado de Asturias, Ayuntamiento de Llanes y la Junta de Compensación de La Talá sobre la anulación del PGOU y su texto refundido en base a una demanda interpuesta por Avall. Considera el alto tribunal que al haber ya una sentencia firme que anula el planeamiento urbanístico del concejo -la del 14 de febrero de este mismo año, que desestimaba los recursos contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que declaraba nulo el acuerdo de la CUOTA en el que se aprobaba el mencionado documento urbanístico- «estos recursos de casación carecen de objeto». Y es que el Supremo da por sentado que «siendo firme la sentencia de la Sala de Asturias, esta circunstancia comporta la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma cuya nulidad ha sido así declarada y carece de sentido que nos pronunciemos sobre la legalidad o no de una norma que ya ha sido declarada nula».

Eso sí, el propio Tribunal Supremo reconoce que «no resulta necesario resolver sobre el fondo del asunto», por lo que la sentencia simplemente falla «la pérdida sobrevenida de objeto de los recursos de casación interpuestos» contra la sentencia del 30 de mayo de 2008. Una sentencia esperada y que en principio no parece que vaya alterar en nada el proceso iniciado por Ayuntamiento y Principado para retomar la actividad urbanística en el concejo mientras se continúa con el proceso de redacción del nuevo PGO, en fase inicial. Y es que la sentencia no aporta nada nuevo, sólo viene a confirmar lo que ya se sabía, quel el Plan General de Llanes está anulado desde la última sentencia en contra.
La sentencia se falló el pasado 29 de abril, aunque no fue hecha pública hasta ayer por la mañana. La Sala Tercera del Tribunal Supremo, conformada por el mencionado presidente y otros cinco magistrados, resolvió con caracter previo la causa de inadmisibilidad esgrimida por Avall en el escrito de oposición sobre la falta de legitimación de la Junta de Compensación del Plan Parcial de La Talá para interponer recurso de casación. Consideró el Supremo que sí estaban habilitados para presentarlo, aunque después, como ya hemos mencionado, fallase que el objeto sobre el que recurrían tanto ellos como Principado y Consistorio ya ni existía siquiera.
Para razonar su decisión el tribunal recuerda la sentencia del TSJA del 11 de abril de 2007, en la que se estimaba el recurso interpuesto por Andecha Astur contra el acuerdo de julio de 2002 adoptado por el Pleno de la Comisión de Urbanismo del Principado relativo a la aprobación definitiva del Plan General de Llanes y del acuerdo de abril de 2003 relativo el Texto Refundido del mencionado plan, que declaraba «anulados por no ser ajustados al ordenamiento jurídico», sentencia que el Supremo da por firme en el fallo de ayer. Esto es, confirmando la anulación del PGOU y del texto refundido, que incluye los diferentes planes parciales.
Así, con el Plan General Anulado, y mientras sigue el proceso de redacción de uno nuevo, el Ayuntamiento y el Principado acordaron una fórmula para seguir dando licencias en base a la normativa de aplicación general y las leyes relativas al suelo, pero fuera de un planeamiento urbanístico propio. La medida, con caracter excepcional, permite mantener la actividad urbanística en el concejo, aunque de forma limitada, siendo la CUOTA la que debe decidir sobre la legalidad de las licencias, sobre todo en el entorno rural.
Tras la anulación también por los tribunales de la adjudicación a la empresa Malt S. L. de la redacción del nuevo planeamiento -que en principio era una revisión del plan ahora anulado-, es el equipo técnico del Ayuntamiento el que sigue adelante con los trabajos, tras la liquidación del mencionado contrato. Así, mientras la mayoría de las fuerzas políticas en la oposición creen necesario iniciar desde cero el proceso, el equipo de gobierno socialista sigue adelante en solitario con la elaboración del futuro planeamiento del concejo. Su previsión es la de sacar después de las elecciones el documento inicial a información pública y aprobarlo definitivamente a finales de año.


* El Comercio - 10.05.11
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com

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Una de cada tres empresas en concurso de acreedores es del sector de la vivienda

LAVANGUARDIA* : El número de familias y empresas que no puede hacer frente a sus deudas sigue aumentando y con ello, los procedimientos concursales en nuestro país. Los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran como los procedimientos concursales han aumentado casi un 6% en el primer trimestre del año, cerrando así el tercer trimestre consecutivo al alza. Lo peor se calcula en términos trimestrales cuando el aumento se eleva hasta el 21,1%. El sector de la vivienda sigue sumido en una cadena de impagos, ya que una de cada tres empresas (32,1%) concursadas tiene como actividad principal la construcción o la promoción inmobiliaria, mientras que el 19,6% de las sociedades en concurso pertenecía al sector de la industria y energía y el 15,7% al comercio.
Las comunidades autónomas de Catalunya, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid concentraron el 52,1% del total de deudores concursados en el primer trimestre de 2011. Catalunya sumó 411 concursos; Comunidad Valenciana, 267 y Madrid, 261. En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos durante el primer trimestre del año fueron Ceuta y Melilla, con uno y dos procedimientos, respectivamente; La Rioja, con diez y Cantabria, con once.

Dentro de las empresas que se declararon en concurso durante el primer trimestre, 291 eran sociedades anónimas, un 10,2% más en tasa interanual y un 19,3% superior al cuarto trimestre del año anterior, en tanto que 1.155 eran sociedades limitadas, con un aumento del 6,9% respecto al mismo trimestre del ejercicio anterior y del 23,3% en tasa intertrimestral.

En cuanto al número de asalariados, el 74,9% del total de las empresas concursadas se concentró en el primer trimestre del año en los tramos de uno a 49 asalariados.

El 60,8% de las empresas concursadas se concentraron en el tramo más bajo de volumen de negocio (menos de dos millones de euros) y son primordialmente sociedades de responsabilidad limitada. Asimismo, el 85,2% de las empresas en concurso en el primer trimestre del año no pertenece a ningún grupo empresarial. Del resto, el 14% pertenece a un grupo español y el 0,8% a un grupo bajo control extranjero.

Máximo histórico desde 2005

Cifra récord de concursos de acreedores en el primer trimestre del año. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, las sociedades o familias que han optado por este recurso, conocido antiguamente como suspensión de pagos, han alcanzado las 1.803, un máximo desconocido desde que empezó a elaborarse esta estadística en 2005 y un 5,9% más que en el mismo período de 2010.

Según la Estadística del Procedimiento Concursal publicada hoy las familias que se declararon en concurso de acreedores (suspensión de pagos y quiebras) ante la imposibilidad de afrontar sus pagos y deudas ascendieron a 251 durante el primer trimestre del año, lo que supone un descenso del 7% respecto a igual periodo de 2010 y un aumento del 12,1% en tasa intertrimestral.

Por su parte, las empresas concursadas ascendieron a 1.552 en el primer trimestre, con un aumento del 8,3% en tasa interanual y del 22,7% respecto al trimestre anterior, según la Estadística de Procedimiento Concursal del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicada este lunes. Así, en total, el número de familias y empresas en concurso fue de 1.803 en el primer trimestre, un 5,9% más que en igual trimestre de 2010 y un 21,1% más que en el trimestre precedente.

Según el tipo de concurso, 1.712 fueron voluntarios, un 5,2% más que en el primer trimestre de 2010 y un 20,3% superior a los registrados en el cuarto trimestre del año pasado, frente a 91 concursos que fueron necesarios, cifra que supone un incremento del 19,7% en tasa interanual y del 37,9% en valores intertrimestrales.

Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios bajaron un 29% en tasa interanual, hasta sumar 120, mientras que los abreviados subieron un 9,7% respecto al primer trimestre de 2010 y sumaron 1.683 procesos.

Con la entrada en vigor de la Ley Concursal el 1 de septiembre de 2004, el INE sustituyó la antigua estadística de suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra por la de procedimiento concursal, reemplazando los conceptos jurídicos de suspensión de pagos y declaración de quiebra por el de concurso de acreedores, denominándose deudores concursados a las entidades sometidas a este proceso.


* La Vanguaria - YaEncontre - 9.05.11
Foto: Viviendas, obras bloques - europapress.es

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Tirana se triplica, Albania se vacía

ELPAÍS* : Basri Jashani y su esposa, Fatbardha, engrosaron el tumultuoso río de la emigración albanesa hace 16 años, cuando abandonaron el empobrecido norte del país para instalarse en Gërdec, en la periferia noroeste de Tirana. "Cuando llegamos, aquí había 10 casas", relatan, tras haber ofrecido al visitante café, raki (un licor) y chocolate en su humilde vivienda. Con el tiempo, brotarían en la zona muchas otras. Pero, como un trágico símbolo del caótico proceso migratorio albanés, todas resultarían destrozadas por una tremenda explosión ocurrida en 2008. Basri y sus vecinos se habían afincado a pocos cientos de metros de un polvorín cargado de armamento de la época de la dictadura. El suceso tuvo lugar mientras se desmantelaban misiles y proyectiles, cuya pólvora y componentes se revendían después. Una veintena de personas murieron. Al primer estallido, Fatbardha agarró a cuatro hijos y se salvaron huyendo detrás de una colina. La casa en la que lo cuenta es nueva y aún no acabada: la anterior quedó destruida y Basri, que tiene 50 años y es obrero de la construcción, no gana suficiente dinero para terminar la actual.
El episodio es una de las vertientes dramáticas de un movimiento de excepcional intensidad.

Cuando cayó la dictadura, hace 20 años, Albania era probablemente el país más rural de Europa. Más del 70% de sus tres millones de habitantes vivían en el campo. El régimen establecía dónde tenía que vivir cada ciudadano. Hoy, esa cuota ha bajado al 50%, y Tirana ha triplicado su población, de 300.000 personas a alrededor de 900.000. Junto a la más conocida migración internacional, este potente oleaje migratorio interno es la fuerza que más ha perfilado la sociedad albanesa democrática, impulsando, por ejemplo, la emancipación de la mujer.

La periferia de la capital sufre para metabolizar el impacto de la avalancha. Gran cantidad de feos bloques de seis u ocho plantas se suceden uno tras otro, separados por calles todavía sin asfaltar, muchas de ellas sin ni siquiera nombre. Drita, que regenta una tiendecita de productos alimentarios en uno de esos bloques, lamenta la ausencia de servicios públicos en la zona. "Los niños tienen que ir muy lejos al cole", dice. Buena parte de las viviendas albanesas todavía no tienen agua corriente las 24 horas del día, explica la profesora universitaria de urbanismo Dorina Pojani.

"Esto ha sido, y en cierta medida sigue siendo, como el salvaje oeste", dice Pojani. La familia de Drita, por ejemplo, compró una pequeña parcela de suelo en esta zona de pioneros. "El último plan general de Tirana se aprobó en 1989. Por tanto, todo avanza a base de planes parciales, que dejan mucho margen a la corrupción", explica la profesora.

En un atardecer de sábado, los obreros siguen trabajando con ahínco en nuevos bloques cerca de la tienda de Drita, al oeste del centro. Aunque ahora se está ralentizando, la construcción representa un 10% del PIB albanés, financiada en gran parte con las remesas de los emigrados al extranjero.

En las calles hay ajetreo. Sin embargo, a pesar de la animación de la tarde de sábado, el centro comercial más aseado de la zona languidece medio vacío. Incluso el supermercado se presenta desoladoramente desierto: pese al crecimiento medio del 5,5% anual en la última década, el PIB por habitante albanés queda en 3.600 dólares. El más bajo de Europa, según el FMI (que no dispone del dato de Kosovo). Quizá por eso en Tirana no han desembarcado todavía muchas cadenas comerciales europeas.

Más allá de su impacto social, el flujo migratorio tiene en Albania un especial valor político: "La principal división en este país no es la ideológica entre izquierda y derecha, no es religiosa, ni territorial: es la social entre urbe y campo. Esta se traslada claramente a la política", comenta el analista político Remzi Lani. La izquierda domina en las ciudades; la derecha recoge el voto rural.

Así fue, según los primeros recuentos, también en las elecciones municipales celebradas el domingo, a las que este y otros diarios europeos fueron invitados a asistir por el Centre for Liberal Strategies, para que la presencia de periodistas internacionales facilitara un desarrollo más pacífico y transparente.

El gran hastío político que crispa el país tiene consecuencias tangibles en las nuevas periferias. Basri cuenta que en su zona, dominada por los conservadores, y que está conformada por casuchas familiares, le impidieron enchufarse a la red hidráulica por ser él declaradamente socialista. Sus hijas, dice entre orgullo y frustración, nunca recibieron becas pese a tener las mejores notas de la clase. La mayor estudia en la universidad, y Basri y Fatbardha hablan de ella con una conmovedora admiración.

La nueva generación busca abrirse paso hacia Europa con el conocimiento. Pero para llegar simplemente al centro de Tirana hay que conducir por un destartalado callejón polvoriento y cruzar un inseguro paso de ferrocarril.


* El País - Andrea Rizzi - 10.05.11
Foto: Atasco en la periferia de Tirana causado por las obras de construcción de una vía de circunvalación.- (AFP)

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Aljarafe.- El campo de golf se topa con el rechazo de los conservacionistas

ELCORREOWEB/Sevilla* : Denuncian que la iniciativa, con 800 viviendas, oculta un proyecto eminentemente inmobiliario. La Asociación para la Defensa del Territorio del Aljarafe (ADTA) ha formulado alegaciones al expediente promovido para declarar como “campo de golf de interés turístico” el proyecto bautizado como Juliana Golf, que ocuparía 163 hectáreas de Bollullos de la Mitación asociadas a un área declarada como “Espacio Agrario de Interés” sin garantías sobre la concesión de suministro de agua para riegos. El colectivo entiende injustificada la declaración de interés perseguida por este expediente al tratarse de una iniciativa eminentemente “inmobiliaria” que, no obstante, no se atiene a las “necesidades reales de crecimiento” de este municipio gobernado por Francisco Godoy (PP).
El pasado 7 de febrero el director general de Planificación y Ordenación Turística de la Junta de Andalucía, Antonio Muñoz, emitía una resolución al objeto de someter a información pública este expediente, con lo que finalmente el pasado 3 de abril quedó abierto el periodo de alegaciones una vez publicada la resolución en el BOJA.

Las alegaciones de la ADTA, recogidas por Europa Press, detallan que este proyecto contempla la ocupación de aproximadamente 163 hectáreas en Bollullos de la Mitación, advirtiendo a tal efecto de que, según el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) aprobado de forma inicial en 2006 por este municipio, tal extremo elevaría un 36% la ocupación de suelos a cuenta de la tasa de ocupación de terrenos recogida en dicho documento. Pero además, la organización conservacionista advierte de que el expediente relativo a Juliana Golf propone la creación de un campo de golf asociado a un total de 800 viviendas, 200 de ellas “acogidas a la figura del apartamento turístico”, además de un hotel de cien habitaciones y espacios de usos terciarios y deportivos.

Todo ello cuando, según ADTA, los suelos en cuestión pertenecientes a la finca Monasterejo están en el ámbito de una “zona protegida” que el Plan de Ordenación Territorial de la Aglomeración Urbana de Sevilla (Potaus) declara como Espacio Agrario de Interés. “Estamos ante un proyecto inmobiliario, con negocios turísticos y deportivos que son complementarios y subordinados”, asegura este colectivo.


* El Correo de Andalucía - 9.05.11
Foto: Bollullos de la Imitación (Sevilla), ayuntamiento - hispanismo

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Viaje a la Gürtel en Bassibus

SHANGAY LILY* : Estar en la flamante Ciudad Financiera del Banco Santander y no pensar en el poder que Emilio Botín ha conseguido en medio de esta crisis, no es posible. Este emporio levantado en Boadilla del Monte, no es casualidad como veríamos con el Bassibus en nuestra visita guiada por Leo Bassi, resume mejor que ningún otro dato la tramposa repartición de penurias en el sistema neoliberal. El contribuyente ha sufrido un brutal recorte de derechos, libertades y medidas sociales, mientras los especuladores, banqueros, oligarcas, han sido recompensados por su temeridad y se han convertido en la prioridad de todos los estados capitalistas.
La especulación de Botín llega a tal extremo que en realidad esta suntuosa sede no le pertenece ya. La vendió en una extraña maniobra que habría que saber qué esconde. En efecto, como nos informaba esta noticia de 2008, El Banco Santander firmó un acuerdo para la venta de su ciudad financiera en Boadilla del Monte (Madrid) por 1.900 millones de euros. El comprador de la sede operativa de la entidad cántabra es un consorcio liderado por la firma inmobiliaria británica Propinvest. Para el banco, que ha firmado seguir como inquilino tras la venta por 40 años y tendrá una opción de recompra, la operación genera unas plusvalías de 605 millones de euros. Curiosa la venta y la opción de recompra. Aunque, si lo pensamos un poco, esa es la esencia de la especulación: mover dinero para ejecutar el maravilloso birlibirloque. Y curioso que construyan esta mole y la vendan a una empresa británica que, ¿qué interés puede tener?

En fin, tras este paseo por el corazón de la especulación española, esa que ha estado buscando “el rescate” a toda costa, ponemos rumbo al centro neurálgico de la “Gürtel”, en pleno Boadilla. Bajamos del autobús y Leo nos desvela el nombre de la calle en la que Correa tuvo en su día una oficina alquilada al Ayuntamiento: ¡Calle Generalísimo esquina con José Antonio! Aunque luego un simpático lugareño nos aclaró, tras dar las gracias a Leo por desenmascarar la corrupción que vive la zona, que la calle José Antonio no se refería al fundador falangista Primo de Rivera sino al hijo de una señora conocida en la localidad, es espeluznante que buscasen este enclave para sus cuarteles generales. Por no mencionar el hecho de que, tras la necesaria aunque insuficiente Ley de Memoria Histórica, siga habiendo una calle en Madrid, en el feudo del PP, que se llame Generalísimo. Nos recuerda que el fascismo, el franquismo, siguen dominando el imaginario español y el poder.

Sin habernos recuperado de la reivindicación franquista subyacente, esa luna de miel que implica a las personas y partidos relacionados con la Trama Gürtel, nos dirigimos a una nueva evidencia de la corrupción que estos espabilados han plantado en Boadilla: La Ciudad del Deporte y La Salud de Boadilla. Veamos lo que nos explica este artículo:

El Ayuntamiento de Boadilla adjudicó el 10 de mayo de 2007 el contrato para la construcción del “parque del deporte y la salud de Boadilla del Monte” a la empresa Construcciones Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla. Tan sólo 15 días después de adjudicar el contrato, Tomás Martín Morales, ex asesor de confianza del ex alcalde, recibió 660.000 euros en tres ingresos (150.000, 210.000 y 300.000 euros) en una cuenta de dinero negro hallada por la policía en una de las empresas de la trama. En la referencia de la primera entrega figura un nombre (Santo) y una referencia (“Albondiguilla, América, Albondiguilla”), según el auto.

El diputado regional Alfonso Bosch, que compatibiliza el cargo con la gerencia de la EMSV, y Tomás Martín Morales intermediaron “para obtener la adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a la empresa Hispánica”, según consta en el auto que el juez Baltasar Garzón dictó el pasado jueves.

Los grupos de la oposición (Alternativa por Boadilla y PSOE) denunciaron el proceso de adjudicación por considerarlo irregular. El Ayuntamiento de Boadilla encargó dos informes para valorar las ofertas que presentaron las empresas aspirantes a llevarse el jugoso contrato. Pero el resultado de ambos exámenes fue contradictorio. El realizado por técnicos municipales para Urbanismo concluyó que la mejor propuesta era la de la constructora Sacyr. Sin embargo, otro informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (imputado en la trama) para el área de Deportes decidió que la mejor oferta era la de Hispánica.

El portavoz del grupo Alternativa por Boadilla, Angel Galindo, reclamó ayer al nuevo alcalde, Juan Siguero, “que revise la adjudicación urgentemente en un pleno extraordinario y adopte las medidas necesarias para defender el patrimonio municipal”. Por su parte, el portavoz del grupo socialista local, Pablo Nieto, insistió en que era “una práctica habitual que un cargo de confianza del ex alcalde firmara un informe relevante para la adjudicación definitiva y a las dos semanas otro cobrara la comisión”. Nieto denunció que se hicieran “dos valoraciones diferentes de las empresas que concurrieron, pero al final ganó la tasación elaborada por una persona de confianza del ex regidor”.

A pesar de esa tasación, la Ciudad del Deporte jamás cumplió los plazos pero eso no supuso ningún problema, ya que como explica este artículo de 2010:

El pasado mes de noviembre la obra debería haber estado acabada y la Junta de Gobierno Local aprobaba una ampliación de la ejecución de la obra de 13 meses sin contar con un informe del retraso.

En caso de demora, el pliego establece que «Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades diarias en la proporción de 20 por cada 100.000 pesetas (0,12 por 601,01 euros) del precio del contrato». Por lo tanto la indemnización serían 2,2 millones de euros.

«Esta renuncia a la indemnización no es solo un nuevo despilfarro que lleva a cabo el alcalde y su equipo de concejales sino una muestra más de que, pese a todo lo sucedido, el equipo de gobierno sigue beneficiando a las empresas relacionadas con el caso Gürtel» afirmaba el portavoz socialista Pablo Nieto.

Una maravilla cómo un Ayuntamiento regala 2,2 millones de euros que pertenecen a los contribuyentes de Boadilla a sus amigotes. El espíritu privatizador que tanto gusta al PP.

Unos pasos más allá Leo nos subraya una nueva evidencia de esta alegre distribución del erario público a familiares y amigos del PP. La concesión del Festival de Música Indie Summercase a Elena Sánchez Álvarez, entonces esposa del ex ministro Juan Costa, hermano de Ricardo Costa. Como podemos leer aquí:

Durante su tres años de existencia, el Summercase congregó a 244.000 espectadores, que dejaron en las arcas de la organización 23 millones de euros (tomando como referencia el precio medio de la entrada).

La cesión gratuita se realizó a través de un convenio suscrito concedido al parecer a dedo a Sinnamon gracias a la intermediación de Free Handicap, una empresa cuya directora general era esos años Elena Sánchez Álvarez, entonces esposa del ex ministro Juan Costa, amigo de Arturo González Panero (alias “El Albondiguilla”), ex alcalde de Boadilla e imputado en la trama Gürtel.

La cesión gratuita del terreno a una empresa privada a través de un convenio supone la concesión de una subvención encubierta en fragante contradicción con los principios de concurrencia e igualdad que rigen en la Ley de Subvenciones.

Además, el Ayuntamiento tampoco ha cobrado nada en concepto de tasa por instalación de infraestructuras en terrenos públicos, que a 5,25 euros por m2, ascenderían a 1,1 millones de euros.

Pero para los especuladores amigos del PP todo es superable. Unos metros más allá visitamos el complejo de viviendas de lujo Boadilla Park. La que iba a haber sido la joya del imperio de Ulibarri, un empresario leonés que estaba predestinado a convertirse en uno de los principales magnates de la comunicación en España, hasta que se destapó el caso Gürtel y se conocieron sus relaciones con Francisco Correa y el resto de componentes de la trama corrupta vinculada al Partido Popular. Desde entonces, Ulibarri ha visto como su imperio se desmorona a marchas forzadas, como bien nos explica la necesaria losgenoveses (imprescindible si se quiere una enterar de la verdad sin los filtros del poder). Ulibarri vió cómo una entidad financiera se quedaba con la promoción de lujo levantada en el municipio madrileño de Boadilla del Monte. Según Cotizalia, el empresario leonés tenía una deuda contraída con el Banco Santander que ascendía a 50 millones de euros. El Santander se negó a ofrecer nuevas condiciones financieras a Begar y optó por quedarse con las garantías. Los bienes ejecutados no son otros que la promoción y terrenos que UFC (filial de la constructora) desarrolló para levantar las 140 residencias que forman parte del exclusivo Boadilla Park. Cabe destacar que según el sumario del caso Gürtel, el Ayuntamiento de Boadilla adjudicó esta promoción de viviendas de lujo a la empresa de Ulibarri porque ésta pagó tres millones en comisiones ilegales a la trama corrupta.

Desgraciadamente, la otra cara de esta moneda es que, a causa de esta intervención del aparato cristofascista, se inhabilitó al Juez Garzón por haberse atrevido a hacer escuchas telefónicas para destapar esta trama corrupta que empapa al PP por todas partes.

De aquí, procedimos a entrar en varias urbanizaciones de lujo en las que viven gran parte de los imputados, especialmente Tomás Martín Morales. Sobre este individuo hay que destacar que el abogado de la acusación popular en el caso Gürtel, ejercida por el PSM-PSOE, envió un escrito al juez destacando que en un archivo interceptado a la trama se explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de Organización del PP gallego.

Bien empachados de corruptos ligados al PP, nos dirigimos a una de las radiales que Esperanza Aguirre se ha empeñado en construir a cargo del contribuyente, para beneficiar a no se sabe quién. La R-2 es un desierto que nadie utiliza ya que es de pago. Hasta tal punto está desierta de coches que Leo Bassi preparó un partido de futbol en medio de la autopista que podría haberse prolongado horas sin que pasase un solo coche.

Esta trama de radiales, empeño personal de Esperanza Aguirre, repito, ha sido tal desastre que ahora piden a Fomento que la adquiera a coste del contribuyente. Como bien explicó Bassi: extraña teoría de estos liberales que piden que el Estado no intervenga hasta que arruinan a todos y entonces piden que el Estado pague sus desastres a cargo del contribuyente. ¿Lo privado sólo funciona cuando ellos ganan?

A nuestra derecha dejamos ese colosal desastre inmobiliario de Florentino Pérez que es la ciudad deportiva de Valdebebas, un desierto batido por el viento, habitable solo para roedores y perdices. Este colosal bluf inmobiliario es una perfecta muestra de cómo han sido los excesos de la derecha los que han causado la crisis y han llevado a España al borde del “rescate”. Bassi explica cómo la banca ha adelantado muchísimo dinero en España a este tipo de proyectos calamitosos y ahora los empresarios de la derecha no pueden devolverlo, así que las agencias de rating evalúan estas gestiones desastrosas como índice del rating de la economía española y a causa de estos desastres de la derecha la confianza en la deuda española ha bajado. No por la izquierda y las inversiones sociales, como quiere hacer creer la derecha, sino por estos desastres inmobiliario de la derecha y afines.

Terminamos el viaje en la finca del Duque de Alburquerque, casado con la modelo y aristócrata Blanca Suelves. Por sus tierras se ha hecho uno de esos lucrativos negocios de recalificación-venta-especulación de tierras que ha convertido una bellísima zona de encinares en un desierto que dará cabida a… ¡5 campos de golf!

Llama la atención que el camino que lleva a su casa sea el que recorre los campos de golf. Estábamos a punto de verlos cuando apareció el indignado duque para exigir que abandonásemos el camino (en el que no había ninguna indicación de que fuese propiedad privada) inmediatamente. Nos colocó a unos matones búlgaros que, con muy malas maneras, nos obligaron a recular marcha atrás. Parece ser que al duque no le interesa que se le vincule con estos dudosos negocios inmobiliarios.

Cuando ya habíamos salido de aquél erial lleno de tuberías para el campo de golf, nos encontramos con Esperanza Martínez Calvo que encabeza la candidatura en estas elecciones por Izquierda Unida Algete. Esperanza nos explicó cómo desde que el Partido Popular se ha hecho con la alcaldía de la localidad se han saltado todos los acuerdos previos para utilizar agua de una depuradora para regar los campos de golf y se va a malgastar una necesaria agua potable, ya que los campos de golf van muchísimo más avanzados que la depuradora que posiblemente jamás se construya. El PP ama los desastres ecológicos.

En este punto estábamos tan cansados que los omnipresentes carteles de Esperanza Aguirre “alienígena” (nena, se nos ha ido la mano con el photoshop), nos parecían hasta simpáticos. Pero bastó encender la televisión esa noche para confirmar el descaro con el que mentía la lideresa en el debate que organizaron en Telemadrid para las elecciones. Entonces me di cuenta de cuanta falta hacen iniciativas como el Bassibus.

Gracias Leo. Seguiremos luchando por desentrañar la verdad. Por mucho que le moleste al PP y afines.

Si queréis vivir esta aventura nutritiva, el próximo domingo 15 de mayo vuelve a salir el Bassibus. Para reservar entrada escribe a bassibus@leobassi.com.


* Público - Blogs - Palabra de artivista - 10.05.11


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Lanzarote.- La Fiscalía mantiene las penas contra el expresidente del Cabildo D.Martín, Fiestas y Machín

CANARIAS7* : Ayer quedó visto para sentencia el juicio por la obra de los aseos de Los Dolores, donde el fiscal incorporó un delito más en su acusación contra Dimas Martín y Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de daños al patrimonio y prevaricación. A Sergio Machín le imputa prevaricación, las defensas pide absolución. Tras más de veinte horas de plenario en los dos últimos días, ayer quedó visto para sentencia el juicio contra el ex presidente del Cabildo, Dimas Martín, el ex consejero de Obras Públicas, Sergio Machín, y el ex jefe de la Oficina Técnica, José Manuel Fiestas Coll, como responsables de las famosas obras de construcción de los aseos públicos de Los Dolores, en Tinajo.
El fiscal, en sus conclusiones amplió un delito más a su acusación para Dimas Martín y el técnico Fiestas Coll, a los que acusa de obra ilegal, además de los dos iniciales de prevaricación administrativa y daños contra el patrimonio. Mientras que a Sergio Machín, sólo le acusa de cooperador necesario en la prevaricación administrativa. En sus conclusiones el Ministerio Público cree que los tres atentaron contra el patrimonio histórico de forma flagrante, al permitir que se rompiera la colada volcánica, como según éste quedó demostrado en el juicio por los testimonios de los técnicos.

Al mismo tiempo destacó la prevaricación de libro que a su juicio cometieron los tres acusados, al camuflar una obra injusta, y sin los permisos habilitantes como calificación territorial, licencia o permisos de patrimonio y de la Comisión Iglesia Estado. Que además se adjudicó de forma irregular al constructor, sin oferta de otras empresas, y cuya obra estaba casi terminada tres días antes de que se firmara la resolución que la autorizaba por el propio Dimas Martín. Por ello según el fiscal incurrieron en una prevaricación de libro, una nueva modalidad consistente en disfrazar de legal un procedimiento de adjudicación cuya obra estaba ya terminada y adjudicada antes de autorizarse».


Por todo ello, mantiene la petición de penas de un año y nueve meses de cárcel, por un delito de daños contra el patriomonio, y de 10 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por prevaricación administrativa para Dimas Martín, mientras que para Fiestas Coll y Machín pide una pena de un año y nueve meses de cárcel y siete de inhabilitación.

Por su parte las defensas pidieron la libre absolución de los tres acusados, además de que se tenga en cuenta la circunstancia de dilaciones indebidas, en un juicio que ha tardado ocho años en celebrarse y que se ha aplazado en dos ocasiones, la última casi dos años, por razones ajenas a la investigación o a los acusados.

Para las defensas, no existieron daños al patrimonio, porque el Bien de Interés Cultural se mantiene inalterado, íntegro, y además se restauró una zona deteriorada por que antiguamente estaba ocupada por unos corrales y la acumulación de escombros, además de que los trabajos no afectaron al BIC; sino a su zona de influencia.

Además, alegan que contó con informe, no vinculante, de los técnicos de Patrimonio, que la obra no necesitaba calificación territorial porque al estar aprobado el Plan General de Tinajo, el suelo es urbanizable y la licencia, no era necesaria por la denominada colaboración interadministrativa. Y en cuanto a la adjudicación se hizo por procedimiento negociado invitando a tres empresas, por ser obra de menor cuantía. Por todo lo cual, según la defensa, la denuncia en todo caso debió ir por un contencioso, no por vía criminal, como hizo el PSOE.


* Canarias 7 - 10.05.11
Foto: Tinajo (Lanzarote) - sobrecanarias

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Marbella.- La alargada sombra del juez Torres

SUR/Málaga* : Nueva sesión del juicio por el 'caso Malaya'. Ayer se retomó la vista oral del macroproceso que enjuicia su segundo bloque, el de blanqueo de capitales vinculado a varias operaciones y sociedades de Juan Antonio Roca, el principal imputado en la presunta trama de corrupción. Se retomaba uno de los juicios más mediáticos con la sombra siempre presente del juez instructor del proceso, Miguel Ángel Torres. En cada jornada hay continuas referencias (y críticas) al magistrado pero ayer uno de los abogados fue más allá e incluso llegó a plantearse la posibilidad de pedir que el juez comparezca como testigo para aclarar algunas cuestiones de la investigación. La propuesta la dejaba en el aire José Antonio Choclán abogado defensor de Óscar Benavente, presunto testaferro de Roca, durante el interrogatorio a uno de los principales investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco). El letrado preguntaba por los indicios que llevaron a la policía a intervenir el teléfono de su defendido. El agente explicó que tenían indicios policiales como para pensar que su patrocinado «podía estar colaborando con el señor Roca en sus actividades».

En un momento de la comparecencia el policía aseguró que, la única forma de responder a las cuestiones planteadas por el abogado era «preguntando al señor magistrado instructor» a lo que el abogado respondió: «Entonces lo tengo que citar como testigo. Quizás nos reservamos -ante este nuevo hecho de nueva aparición ya lo estaba reflexionando- la posible proposición de la prueba testifical del señor magistrado instructor; en la medida en que se están refiriendo a determinados conocimientos privados e informaciones que no constan en la causa», trasladó a la sala. Justo después el presidente del Tribunal, José Godino, daba por finalizada la sesión que continúa hoy con el interrogatorio al mismo policía.
Por su parte, el resto de las defensas preguntaron a este testigo y a su compañero (también de la Udyco) sobre los indicios de las diligencias, las fechas de las escuchas telefónicas y los registros cuestionando en todo momento la investigación que, a su parecer, comenzó antes de que existiera autorización judicial. Ambos funcionarios aseguraron que siempre actuaron bajo «requerimiento judicial». La abogada de Roca, Rocío Amigo, intentó poner contra las cuerdas al segundo funcionario en declarar al señalar discordancia de fechas entre las intervenciones telefónicas y la autorización pertinente. El agente dijo tajante que siempre se hacían «con amparo judicial».


* Sur - 10.05.11
Foto: Marbella, jueces Torres y Urquía (archivo) - J.Lanza (SUR)

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Valladolid.- El Ayuntamiento pierde 11,6 millones de los 16,7 que adelantó por Panibérica

NORTECASTILLA* : Era una posibilidad y desde ayer, una realidad. El Ayuntamiento perderá los 11,6 millones de euros que se acordaron como penalización, tras no ejercer la opción de compra a la que se había comprometido con Panibérica para la adquisición de los terrenos de la vieja fábrica en el Callejón de la Alcoholera. Hace unos días el Ayuntamiento dio a conocer un nuevo informe de tasación en el que el valor de ese suelo bajaba de 52,5 a 20 millones de euros, re- ducción que no ha debido de gustar a la empresa, que ayer comunicó a la concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, su rechazo a aceptar la nueva oferta.
El Consistorio ha intentado con la nueva tasación negociar una compra mucho más barata de esas parcelas y no perder los 11,6 millones de penalización -7,2 de ellos en especie por el valor de los terrenos que le vendió en Nicas- pero Panibérica, perteneciente al Grupo Lesaffre, ha dicho 'no' a esa rebaja de 32,5 millones de euros.

Así, el Ayuntamiento solo recuperará el 30% de los 16,7 millones de euros que la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda entregó para poder ejecutar su opción de compra. 5,1 millones de euros regresarán a las arcas municipales y los terrenos del Callejón de la Alcoholera se quedarán en manos de la empresa líder mundial en soluciones de panificación, que se supone intentará encontrar un mejor postor. Fuentes de la compañía precisaron que la empresa ha realizado una importante inversión, cercana a los 58 millones de euros, en la nueva fábrica y que la nueva propuesta obligaría a redefinir los créditos que se solicitaron con los bancos para la nueva planta, lo que supondría un importante trastorno.
Hasta el 15 de mayo
El acuerdo alcanzado en julio de 2008 entre Panibérica y el Ayuntamiento para la reubicación de esta empresa junto a Nicas contemplaba una opción de compra por parte del Consistorio del suelo resultante del derribo, que le obligaba al Consistorio a pagar antes del próximo 15 de mayo 35,8 millones de euros más el IVA -teniendo en cuenta la primera tasación de 52.530.293 euros- a Panibérica para quedarse con un terreno en el que caben medio millar de viviendas. De no ejecutar esa opción de compra, que es lo que ha ocurrido finalmente, la compañía tendrá derecho a hacer suya, en concepto de penalización, la cantidad ya entregada po-r la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (Viva) como precio de la opción, aunque reducida el 30%. Como así será.
El Ayuntamiento, en una nota de prensa, asegura que mantiene relaciones cordiales con la empresa, con la que se ha alcanzado un acuerdo amistoso. Desde la institución se insiste en que «ante la crisis económica actual», VIVA encargó una nueva tasación a TINSA para conocer el valor de los terrenos que ocupaba la fábrica, cuyo resultado «confirma que el valor del suelo ha sufrido una rebaja considerable, al pasar de los 52 millones de euros iniciales a poco más de 20 millones». A la vista de este dato, la Sociedad Municipal trasladó a la dirección de la fábrica la reducción del precio, «ya que no estaría justificada el pago a la empresa privada muy por encima del valor real».
Como consecuencia de esta decisión, Panibérica de Levaduras deberá reintegrar a VIVA el 30% del importe del contrato, que asciende a 5.011.968 euros más IVA, suma que se destinará a rehabilitación y edificación de VPO. Hasta la fecha, VIVA había desembolsado 9,5 millones y había entregado la parcela del polígono de Nicas.
Con el nuevo precio de tasación, la Sociedad Municipal había encontrado dos compradores para dos parcelas y poder iniciar la edificación de VPO a tres bandas. La intención era «compartir los riesgos de la operación en la situación económica actual», según el Ayuntamiento.


* El Norte de Castilla - 10.05.11
Foto: Terrenos en el Callejón de la Alcoholera durante la demolición de la planta - nortecastilla

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Alicante.- Cambios, crisis y escándalos

INFORMACIÓN* : La marcha de Luis Díaz Alperi en septiembre de 2008 y su relevo al frente del Ayuntamiento por parte de la entonces concejal de Urbanismo Sonia Castedo supuso un antes y un después en este último mandato municipal, liderado con mayoría absoluta por el PP (15 concejales) y con la única oposición del PSOE (14 ediles), y marcado por la crisis y las sospechas de corrupción que han salpicado la vida política.
Cuatro años que parecen no haber pasado por los grandes proyectos de la ciudad como el Centro de Congresos, en pleno debate sobre si es o no necesario tras la reciente apertura del Auditorio Provincial. También sigue enquistada la aprobación definitiva del futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), sometido a investigación judicial en el marco del llamado caso Brugal, que ha extendido las sospechas de corrupción sobre varios políticos municipales. Entre ellos, la propia alcaldesa, investigada por presunto trato de favor al empresario Enrique Ortiz.

El escándalo de corrupción del caso Brugal se saldó con la dimisión, en octubre de 2010, del entonces líder del grupo municipal socialista, Roque Moreno, quien al igual que lo hiciera Castedo, admitió haber pedido trabajo a Ortiz para conocidos. Su abandono supuso el segundo cambio al frente del PSOE tras la marcha de Etelvina Andreu meses después de las últimas elecciones. La socialista Carmen Sánchez Brufal tomó las riendas de un grupo que ha ido dividiéndose hasta romperse en pedazos. Hasta tres portavoces en cuatro años. Y en esta elecciones, una nueva cara: la de Elena Martín.
El archivo del caso de los aparcamientos y la exculpación de los políticos en el caso Mercalicante aliviaron el peso judicial sobre el equipo de gobierno, pero otros casos han ido abriéndose y continúan hoy sin resolverse definitivamente. Un cúmulo de causas por las que han llegado a coincidir en el tiempo hasta tres concejales imputados por diferentes asuntos.
El mandato comenzó prácticamente paralelo a la crisis económica, lo que ha obligado a ir ajustando los presupuestos por la reducción de ingresos ante la caída de la recaudación de impuestos derivados de la construcción. La situación se agudizó en el último año, cuando el Ayuntamiento aprobó un plan de ahorro y la congelación de la plantilla para equilibrar sus cuentas. Se ha pasado de la época de las vacas gordas a la de los recortes, de los que no se han librado ninguna de las concejalías, ni tampoco las fiestas de Hogueras.
No todo han sido sombras. Entre las luces destacan algunos proyectos que se han hecho realidad en la ciudad en los últimos cuatro años pese a las dificultades de financiación. Entre ellos, la remodelación de la avenida de Dénia, la prolongación de la Vía Parque y su acondicionamiento con parques y zonas deportivas, la ampliación del tranvía para conectar Alicante y San Vicente, la construcción de una nueva estación de autobuses, el desbloqueo del soterramiento y las obras para la llegada del AVE en 2012 y la mejora del acceso sur a la ciudad. Esta última actuación, inaugurada recientemente, se ha convertido en una de las grandes bazas electorales de la alcaldesa que se enfrenta por primera vez a las urnas como cabeza de lista.
Desde que Alperi le dio el relevo, Castedo apostó por poner "guapa" la ciudad y prometió una política de mano tendida, que tradujo no en una mejor relación con la oposición, sino en una mayor cercanía hacia los vecinos y en el diálogo con los colectivos sociales más activos. Su primera decisión de calado político se centró en los cambios en Seguridad y la destitución del edil Pablo Suárez, pero las más polémicas se concentraron durante el último año. Castedo se vio obligada a asumir que para gobernar no se puede contentar a todos y, ante la avalancha de críticas, no tuvo más remedio que dar marcha atrás en su propuesta de crear un botellódromo para los jóvenes o de abrir al tráfico un tramo de la Explanada para complacer a los comerciantes del centro.
En marzo de 2010 Castedo decidió desprenderse de sus competencias en Urbanismo y delegó en un abogado del equipo redactor del PGOU, Alfonso Mendoza. En el terreno urbanístico, el polémico plan Rabasa continúa a expensas de que el Tribunal Superior de Justicia se pronuncie sobre su legalidad, si bien se ha levantado la suspensión cautelar que pesaba sobre el planeamiento. Ahora se tramita una modificación de este plan para poder instalar allí una tienda Ikea, de la que el PSOE cuestiona su ubicación, y un macrocentro comercial anexo que los comerciantes de la ciudad rechazan firmemente.


* Información - 7.05.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Barreiros, más casas que vecinos

ELPAÍS/Lugo* : Aplacada la euforia constructiva, Barreiros se enfrenta a los próximos comicios a la sombra de urbanizaciones y chalés ya edificados o a medio construir desperdigados por la línea de costa y centenares de apartamentos a la venta. Cuatro años de parálisis urbanística, crisis y paro han hecho mella en el municipio lucense donde se apilan materiales de obra y casetas de promociones inmobiliarias junto a grandes prados de vacas a un paso de la playa de Altar. El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, acusado por la fiscalía de prevaricación, aprobó con nota el último examen electoral del 2007 tres meses después de que la Xunta del bipartito le retirase por decreto las competencias urbanísticas por un chorreo descontrolado de licencias para edificar 4.000 viviendas en terrenos sin redes ni servicios. El desmadre de ladrillos no les pasó factura a los populares que contaron 34 votos menos que en 2003 y repitieron con mayoría absoluta. Fuente se examina el 22 de mayo por segunda vez después de muchos atolladeros jurídicos para tratar de desbloquear las 44 licencias para 3.174 pisos que impugnó el bipartito y que ya le han costado a las arcas locales más de 200.000 euros en los últimos dos años, el equivalente al 7% del presupuesto anual que ronda los tres millones de euros.

Lejos de sonrojarse, el regidor popular presume del "potencial residencial" de su localidad y achaca lo ocurrido a una persecución política. "Se dieron las licencias que permitían las normas", se justifica Fuente, que vivió "dos años negros" hasta que el PP retornó a la presidencia de la Xunta en 2009. Los vecinos, en general, no parecen rebelarse contra la invasión cementera de sus costas que únicamente fue cuestionada por una oposición muy minotaria y los ecologistas. En Barreiros casi dan por hecho que Fuente seguirá en la alcaldía.

"La gente se fue acostumbrando", resume una dependienta, resignada ante el paisaje de bloques de cemento entre casas de piedra y labradíos. No todos aplauden el trabajo de la actual corporación y opinan que ha crecido el descontento por un modelo de urbanismo que llenó la costa de pisos vacíos sobre terruños sin saneamiento ni luz levantados por mano de obra foránea.

El candidato nacionalista, Antonio Veiga, se queja amargamente de que las urbanizaciones alteraron la dinámica de un pueblo "que no avanzó nada" y el socialista, Manuel Lens, opina que la parálisis urbanística también se contagió al plano institucional. Ambos lamentan que el alcalde solo atienda "a sus intereses" y descuide los servicios mientras crece el déficit.

"Aquí hubo mucho caciquismo y mucho peto", se despacha un vecino que prefiere el anonimato. Cuenta que algunos empezaron a recriminarle al alcalde que edificase tanto en la parroquia de San Miguel de Reinante, con 777 vecinos, y este contrató a más gente. Lo compara con "la Diputación de Baltar en pequeñito". "El 30% del personal municipal es de allí", apuntan desde la oposición. En pleno verano, entre socorristas y limpieza de playas, la plantilla supera el centenar, admite Fuente.

Xesús Seivane, presidente de la Asociación de Comerciantes de Barreiros (ACIAM) denuncia que las constructoras hicieron "auténticas salvajadas" y arrasaron con hórreos centenarios para edificar "gallineros", como llama a las urbanizaciones que aparecen entre "corredoiras". "Fuimos los primeros en protestar que había que poner orden (luz y agua) antes que las casas, y nos pusieron de malos", cuenta Seivane. "Parecía que todas las leiras eran solares y todos querían jubilarse así: vendiendo las tierras", explica el hostelero.

Ocho kilómetros de costa salpicada de ocho largas playas de arena blanca enlazadas por un paseo marítimo fueron el mejor reclamo turístico para este municipio de 3.203 habitantes y 77 kilómetros cuadrados encallados en A Mariña Oriental, entre Foz y Ribadeo. Barreiros despegó momentáneamente como paraíso urbanístico para los que buscaban una segunda vivienda a orillas del Cantábrico y amagó con ser la pequeña Marbella del norte gallego. En 2007, el municipio recaudó 1,9 millones por licencias de obras, según el portavoz del BNG, y en el centro de Barreiros se contaban "seis o siete" inmobiliarias, de las que solo queda una.

A lo largo de la N-634 a su paso por Barreiros, varias promotoras anuncian sus "últimos pisos" con "acabados de lujo" y abundan los carteles de particulares que anuncian sus fincas y terrenos en venta. De aquella fiebre urbanística quedan ahora por solucionar decenas de conflictos entre vecinos que vendieron o apalabraron sus fincas y promotores que no les pagaron todo. Seivane asegura que son varios los que cobraron una primera señal por los solares donde ahora se levantan centenares de pisos inacabados en calles de tierra sin tuberías, luz o alcantarillas.

Barreiros explotó urbanísticamente en 2006. En un año, el Ayuntamiento dio 71 licencias para 1.826 viviendas de nueva planta. Se amparó en unas normas subsidiarias de 1994 pasando por alto la Lei do Solo. La Xunta suspendió el planeamiento de Barreiros en 2007 e impuso duras restricciones al ladrillo. El Tribunal Superior de Xustiza ha avalado al bipartito frenando el recurso del Ayuntamiento y los promotores, pero la batalla jurídica sigue adelante. El alcalde anuncia que en los "próximos días" se firmará el convenio entre la Xunta, la Diputación de Lugo y el Ayuntamiento que destina 14 millones a legalizar las viviendas y costear las redes y tuberías que tenían que haber hecho los promotores.


* El País - 9.05.11
Foto: Barreiros (Lugo), playa - mma.es

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Huelva.- El mañana nunca muere

HUELVAINFORMACIÓN* : Ligado al reto de la supervivencia económica, el resurgir del (macro)urbanismo será en estos próximos cuatro años uno de los mayores desafíos para los gestores municipales, en la defensa común de grandes proyectos que impriman en Huelva la definitiva fachada de capitalidad y, entre otros objetivos estratégicos, el acercamiento del casco urbano a la Ría del Odiel con la expansión meridional de la ciudad.
Los primeros mandatos del alcalde Pedro Rodríguez, con la Operación Relanzamiento del Plan General de 1999, supusieron en la época de bonanza un vértigo de obras en áreas consolidadas y descampados (todavía colea la proclama del PP de que "la ciudad ha cambiado más en una década que en un siglo"); pero el pinchazo inmobiliario instaló, como en todos los municipios, un escenario ralentizado, en algunos casos, una frenada en seco, mitigada en el último bienio con los fondos anticrisis del Gobierno central y la Junta de Andalucía, que han servido a actuaciones como la remodelación de la Gran Vía, la de la antigua avenida de Tráfico Pesado o los planes de mejora de espacios públicos e infraestructuras en las barriadas.

Sin embargo, las revoluciones anunciadas durante todos estos años, como el Ensanche sur o el proyecto de Isla Chica en los terrenos del viejo estadio -ambos, banderas electorales del regidor- han sido promesas eternizadas, primero en un lustro de bloqueo judicial y administrativo (en ambos casos a instancias del Gobierno andaluz, en la guerra obstruccionista entre los mandatarios del PP y el PSOE). Cuando los jueces y la propia Administración dieron vía libre a estos planes urbanísticos se vieron enormemente lastrados por la sequía de la crisis.

Por un lado, la operación del Ensanche Sur (los candidatos defienden modelos diferentes del planeamiento) conlleva, según la concibieron los mandatarios del PP, la urbanización de 120 hectáreas entre el actual Recinto Colombino, Marismas del Titán y el paraje de Las Metas, donde Adif acometió la primera fase de trabajos geotécnicos para la construcción de la futura estación del AVE (otra de las incógnitas que se abren en el nuevo mandato es el rumbo que tomará el asunto de Las Metas, una vez se desalojen todos los suelos municipales y se derriben las edificaciones para que Adif pueda disponer de la totalidad de los terrenos del Plan Especial de Infraestructuras Ferroviarias). En el ámbito del futuro Ensanche -que afecta a una quincena de entidades propietarias, encabezadas por el Grupo Trusam, que actuará como agente urbanizador, a través de Natural Links- se proyecta la Ciudad de la Justicia, un palacio de congresos, un nuevo club de tenis, un centro deportivo, un centro de salud, 3.400 viviendas (la mitad, VPO), colegios, institutos, guarderías, una catedral, parques y un nuevo recinto ferial. El balcón del Ensanche será el paseo marítimo que está construyendo la Autoridad Portuaria, arrancando en el Muelle de Riotinto.

En lo que respecta a Isla Chica, el que se considera segundo centro de la ciudad sigue aguardando el regreso al futuro después de diez años de muchos ruido y pocas nueces, aunque semanas atrás el Ayuntamiento visualizó el reinicio de la operación con la limpieza del solar del antiguo Colombino, preparando las obras de remodelación de la Plaza del Estadio para proseguir con los trabajos que ya comenzaron este mandato con la reforma de la Plaza Houston. Una de las cuestiones pendientes para encarrilar la situación en el nuevo mandato es el desbloqueo del proyecto del centro comercial y de ocio previsto en la zona, enquistado en la falta de financiación que impidió a una sociedad de 104 empresarios del barrio adquirir la parcela terciaria, a pesar de las oportunidades y aplazamientos brindados desde el Consistorio. Además, en este plan urbanístico de cinco hectáreas, se construirá un hotel, 36 viviendas, un centro de salud, un edifico de uso social y un gran parque, el Jardín Marisma, que incorporará un estanque y un auditorio al aire libre, y será la columna vertebral del conjunto de edificaciones.

Otra de las asignaturas pendientes es la ejecución del Plan Especial de Reforma Interior del Manuel Lois -después de que se empezara a demoler el antiguo hospital en 2007-, suspendido también en el limbo de la crisis.

En el Casco Histórico estaban previstas algunas intervenciones de calado que esta misma coyuntura ha congelado en el tiempo, como el proyecto de un parque-mirador en el cabezo de San Pedro (incluso se llegó a plantear la recreación del Castillo de los Guzmanes como reclamo turístico); la rehabilitación del viejo cuartel del Paseo Santa Fe; o la operación de la plaza mayor porticada en el solar del antiguo Mercado del Carmen, una vez que éste se demolió el año pasado tras la odisea del traslado de los comerciantes a las nuevas instalaciones de Pescadería.

Con estos cabos sueltos en la ejecución del PGOU, se abortó la ejecución del planeamiento que el Consistorio abortó en 2006 para poner en carga más suelo para el horizonte de 2023 y, entre otras expectativas, emprender la expansión urbana hacia el Norte, por el territorio de Montija, como ya esbozaba el vigente plan general.

Los aspirantes al Gobierno local se enfrentan, pues, al cometido nada desdeñable de romper este círculo vicioso, en el que la limitación de recursos (tanto públicos como privados) tiene varadas tantas maquetas y futuribles, esperando los brotes verdes.


* Huelva Información - 8.05.11
Foto: Huelva, aérea - cacela-hispania

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C.Valenciana.- La explosión de la burbuja

ELPAÍS: El jueves 18 de abril de 2007, Astroc, la inmobiliaria que convirtió a Enrique Bañuelos en uno de los 100 hombres más ricos del mundo, perdió un 43% de su valor en Bolsa. El lunes 23, las acciones perdieron otro 37%. La firma estrella de la era del ladrillo había crecido de forma sostenida y había multiplicado su valor por 10 en menos de un año. Hasta que se desplomó. Muchos ahorradores perdieron mucho dinero. Pero Francisco Camps todavía se permitía prometer el pleno empleo durante la campaña electoral que le llevaría a su segundo mandato como presidente de la Generalitat. Los promotores inmobiliarios ya alertaban sobre ciertos excesos en la producción. Los precios de la vivienda se habían disparado y los inversores internacionales empezaban a mirar hacia otros mercados.
Ya había algunos nubarrones, pero eran tiempos felices en los que fluía el crédito a bajo interés. La construcción y el negocio inmobiliario se tragaban las dos terceras partes del dinero fresco que ponían en circulación las entidades financieras. Y la Comunidad Valenciana, la California de Europa, concentraba su iniciativa en la promoción y los servicios personales.

El naufragio de Astroc fue todo un síntoma. Bañuelos encarnaba el modelo de empresario que surgió al calor de la falta de control público sobre el negocio inmobiliario. Un promotor recuerda la consigna de un consejero del ramo: "¡Cread riqueza, cread riqueza!". Y empleo. Mucho empleo. Pero de poca calidad.

Gerardo Camps, consejero de Economía y Hacienda, reiteraba que la Comunidad Valenciana estaba llamada a ser una comunidad de servicios. El impulso de grandes eventos como la Copa del América o el Gran Premio de Fórmula 1 acentuaban la apuesta del Consell por el turismo y la inversión residencial. Un modelo que se quebró definitivamente en septiembre de 2007 cuando varios bancos estadounidenses que habían concedido generosas hipotecas a demasiados clientes sin recursos se arruinaron.

En septiembre de 2008 quebró Lehmann Brothers, modelo de un agresivo banco estadounidense de inversión. Y vino la cascada. El crédito se frenó en seco. Lo mismo que la construcción, el motor que debía producir el pleno empleo.

La debacle económica barrió la Comunidad Valenciana en todas direcciones e hizo temblar a todos los sectores. Una parte de la industria manufacturera que competía porque producía a costes más bajos que los fabricantes italianos había sido barrida por la liberalización comercial y el acceso global a mercados con costes laborales irrisorios.

Las actividades que arrastraba la construcción sufrieron el mayor golpe. Desde el textil para el hogar hasta el mueble pasando por el azulejo, tres industrias con gran implantación en territorio valenciano.

A lo largo de la legislatura, la destrucción de tejido empresarial ha sido elevada. Entre 2007 y 2010 la cifra de empresas activas cayó un 4,4%, porcentaje muy superior al 1,36% que arrojó en el periodo la media española, según el INE. A finales de este año había 352.366 empresas en la Comunidad Valenciana.

El desglose por sectores indica cómo en la industria el número de empresas activas ha caído un 8,27%. El segundo descenso más abrupto lo sufrió el comercio, un 6,6%. Los servicios, con un 3,57%, y la construcción, con un 1,17% menos de empresas activas, tampoco han vivido buenos tiempos.

Pero el impacto más dramático tiene rostro humano. El boyante mercado laboral registraba en 2007 una tasa de paro del 8,55%, ligeramente por encima del 8,47% que era la media española. Pero en Castellón bajaba hasta el 6,41%, muy cerca del pleno empleo técnico que los expertos cifran en un paro del 5%.

La Comunidad Valenciana tiene ahora menos ocupados que en 2007 pese a que la cifra de trabajadores en activo no ha dejado de crecer. Y el paro se ha triplicado en estos años.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2007 mostraba que en la Comunidad había 2,18 millones de ocupados, cifra que ha caído y no llega a 1,9 millones en el primer trimestre de 2011. Por el contrario, el número de parados ha pasado de 200.000 a rozar los 600.000. Y la tasa de paro se ha disparado hasta el 24,12%.

Especialmente dramático ha sido el aumento del desempleo entre los inmigrantes. Entre los extranjeros que acudieron a trabajar a la Comunidad Valenciana cuando la burbuja todavía se hinchaba, el número de parados se ha multiplicado por cuatro desde 2007. En abril de 2007 había 20.008 inmigrantes parados, según datos del Ministerio de Trabajo. En el mismo mes de 2011 eran casi 90.000.

La Generalitat asistió al huracán sin capacidad de reacción. Durante los años de bonanza se sumó a la fiesta del crédito fácil y la deuda pública nunca dejó de crecer. Francisco Camps cerró su primer ejercicio como presidente de la Generalitat con una deuda cercana a los 8.000 millones. A finales de 2010, la deuda alcanzó los 17.600 millones de euros.

La hipoteca de las empresas públicas creció en paralelo desde 1.500 millones de euros a finales de 2003 hasta 3.000 millones de euros a finales de 2010.

Los presupuestos de la Generalitat no permiten alegrías. La nómina de los empleados públicos y los gastos fijos asociados a los servicios de Sanidad, Educación y Bienestar Social consumen la inmensa mayoría del dinero formalmente disponible. Y cuando los ingresos quedan por debajo de lo previsto, no se puede pagar. Así de simple.

Gerardo Camps, actual vicepresidente económico del Consell, anunció en enero de 2009 el denominado Plan Confianza encaminado a paliar la virulenta destrucción de empleo en la Comunidad Valenciana que se financiaría con un crédito específico.

Francisco Camps ha reiterado que la Generalitat supo reaccionar a tiempo, siempre a diferencia de José Luis Rodríguez Zapatero, al inyectar 1.700 millones de euros para mover la economía. Pero la Sindicatura de Cuentas cifró en 343 millones el gasto asociado al Plan Confianza en 2009. Y el propio Gerardo Camps asumía en febrero pasado que apenas había pagado 138 millones de euros de una partida de 1.020 millones destinada a financiar inversiones productivas en los municipios valencianos.

La crisis financiera internacional no ha hecho sino complicar la situación de la Generalitat. A lo largo de casi todo el año 2010, el Instituto Valenciano de Finanzas no ha podido vender deuda en los mercados institucionales. En octubre pasado forzó a Bancaja y a la CAM a comprar una emisión de 1.000 millones de euros. En diciembre recurrió a una emisión de bonos patrióticos dirigidos a particulares que debía cubrir las deudas acumuladas con diversos proveedores de la Administración autonómica. Pero esas deudas nunca llegaron a saldarse, como prueba la proliferación de asociaciones y federaciones patronales que reclaman el pago de facturas pendientes desde hace años.

La impotencia, sin embargo, ha sido maquillada con victimismo. Y con un chivo expiatorio: José Luis Rodríguez Zapatero es el origen de todos los males que afectan a los valencianos.

Escenario 2011
- La riqueza por habitante a finales de 2010 era de 20.465 euros. La renta media en toda España ha subido hasta los 23.063.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2010 ascendía a 17.600 millones de euros y representaba el 17,2% de la riqueza regional

- En el primer trimestre de 2011 el número de ocupados fue de 1.887.400

- El número de parados alcanzó los 599.900, cifra que arroja una tasa del 24,12%.

- El censo de empresas activas en 2010 sumaba 352.366 sociedades.

- 181.081 estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio redujo su censo hasta 90.005 empresas.

- El sector de la construcción mantenía 53.544 sociedades.

- El tejido industrial redujo su peso sobre el conjunto a 27.764 sociedades.

Escenario 2007
- La riqueza regional por habitante era de 19.057 euros a finales de 2005. La media española era entonces de 20.838 euros por habitante.

- La deuda de la Generalitat a finales de 2006 rozaba los 11.000 millones de euros y representaba el 11,3% de la riqueza regional.

- En el primer trimestre de 2007 había 2.188.500 ocupados.

- El número de parados ascendía a 204.500, cifra que arroja una tasa del 8,55%.

- El censo de empresas activas en 2007 superaba las 368.000.

- 187.771 empresas estaban vinculadas al sector servicios.

- El sector del comercio acumulaba un censo de 96.356 empresas.

- El sector de la construcción sumaba 54.180 sociedades.

- El tejido industrial estaba representado por 30.269 sociedades.


* El País - 9.05.11
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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El urbanismo acecha uno de los pulmones verdes de San Roque

LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El peligro de la excavadora y la piqueta se cierne sobre uno de los ‘pulmones’ de mayor valor ecológico del sur de España. El Ayuntamiento de San Roque trata de sacar adelante un criticado plan urbanístico con el que se podrían construir 2.800 viviendas, campos de golf y hoteles en un alcornocal situado en las fincas de Guadalquitón y Borondo en pleno litoral y junto a la prestigiosa urbanización de Sotogrande. Un proyecto que en 2003 fue calificado como «inviable» por la Junta, pero contra el que la Administración andaluza no se «blindó», y que ahora tiene visos de convertirse en realidad si el Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar (Potcg) se aprueba. Comunidades de vecinos y ecologistas ya han presentado numerosas alegaciones. El objetivo es salvar hectáreas y hectáreas de un vergel de gran importancia medioambiental que rompe con la tradicional barrera de ladrillo que se erige en la costa. El riesgo que acecha a este alcornocal no es nuevo.

En 1987 el propietario de la primera de las fincas y el Consistorio alcanzaron un acuerdo por los que estos terrenos se incorporaban al PGOU a cambio de una superficie de 60 hectáreas para un campo de golf municipal. Los trámites continuaron hasta que la Consejería de Medio Ambiente declaró en 2003 «inviable» cualquier intento de edificar en las 200 hectáreas de alcornocales que pueblan Guadalquitón. «El gran error que cometió es no proteger la zona», explica uno de los opositores al proyecto urbanístico.

Primera derrota
Pero los interesados en poblar de ladrillo ese tramo de franja costera no cesarían en su empeño tras esta primera derrota. «El valor natural de esta finca es inigualable, porque es la única del Mediterráneo en la que el bosque de alcornoques llega prácticamente a la orilla del mar. Estoy muy contento de haber llegado a este acuerdo, y muy pronto se formalizará por escrito». Estas declaraciones las realizó en 2009 el actual alcalde de San Roque, Fernando Palma (PP), tras saberse que estaba en negociaciones para que la finca Guadalquitón pasase a titularidad municipal. Han pasado dos años y el discurso ha cambiado sutil pero peligrosamente para este espacio natural. «En lo que respecta a Borondo-Guadalquitón, era la que tenía más dificultades de salir adelante, porque se complicaba con la postura de los ecologistas y los informes de Medio Ambiente. Pero parece que va a prosperar este área residencial ligada a un espacio natural para el disfrute general», señalaba el regidor tras una de las reuniones con la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Un espacio de «valor natural» se convertía en una zona residencial.
La puerta entreabierta que han aprovechado el Ayuntamiento y las sociedades propietarias de las fincas, Servicios Índice S.A. y Guadalquitón Inversiones S.A., se llama Plan de Ordenación del Territorio del Campo de Gibraltar y las nuevas oportunidades de aprovechamiento del suelo. El gobierno local y la otra parte firmaron el 20 de octubre del año pasado un convenio en el que se recogen 579.049 metros cuadrados para «uso residencial y terciario y un máximo de 2.800 viviendas».
Uso recreativo
El Potcg inicialmente declara suelo no urbanizable buena parte de Guadalquitón, pero permite edificar para uso recreativo y hotelero en una franja de litoral de 15 hectáreas y en otra gran superficie en la zona norte de la finca, cercando el alcornocal. El espacio situado junto a la costa es un auténtico «caramelo» para cualquiera que tenga intereses urbanísticos y hoteleros. Una zona paradisíaca, casi virgen, de alto valor ecológico que se vería gravemente amenazada. Menor protección aún tiene su vecina finca de Borondo, que sería el lugar elegido para acoger parte de estas edificaciones en el caso de que la Consejería de Obras Públicas tumbe el Plan de Ordenación del Territorio, aunque esto parece poco probable. «Otro de los problemas es que habrá que dotar de servicios y suministros a estos complejos urbanísticos. Llevar luz y agua, construir carreteras… Y eso también tiene su impacto», señala uno de los residentes.
Antonio Muñoz, representante de Verdemar-Ecologistas en Acción, es uno de los máximos defensores de la conservación de este espacio. Expresa su total oposición a cualquier tipo de intervención urbanística en el alcornocal y su entorno y señala que creen «que la sociedad civil desea que permanezca tal como está».
Distintos colectivos vecinales también se pronunciaron en los mismos términos. «Debemos vender un turismo sostenible», señala una de las residentes, quien hace hincapié en la necesidad de romper el modelo impuesto en el resto del litoral andaluz.
Un vecino del lugar se mostró contundente al ser preguntado qué significaría para él la urbanización del alcornocal: «Me cambiaría mi entorno vital. Es un lugar que nuestros hijos y nietos deben conocer tal como está».
«Sería una patada que edificaran en Guadalquitón», señala otro residente, quien manifiesta: «Para mí es muy importante porque vivo dentro de este paisaje». Además, señala que ya hace años se hizo una extracción de áridos con la que no estuvieron de acuerdo y que se ha formado una laguna donde están habitando especies asociadas al entorno.
Este periódico se puso en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para saber si esta Administración podía realizar alguna actuación en el caso de que se apruebe definitivamente la urbanización de Guadalquitón y Borondo y señalaron que ya han remitido el informe ambiental para que se adjunte al Potcg, en el que siguen manteniendo su postura de 2003 sobre la inviabilidad de construir en el alcornocal.
El proyecto está a la espera del visto bueno de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz y su homóloga andaluza, que emitirán sendos informes que deberá estudiar Obras Públicas y Transporte.


* La Voz Digital - 9.05.11
Foto: San Roque (Cádiz), pulmón verde junto Sotogrande - lavoz

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Gijón.- Los focos calientes del suelo

LAVOZDEASTURIAS* : Sin punto de retorno. La corporación municipal aprobará el próximo 13 de mayo un Plan General de Ordenación (PGO), que aún mantiene focos conflictivos para los gijoneses. La nueva ordenación del suelo para la próxima década, ha reabierto viejas fisuras, después de que el anterior PGO de Teixidor (2005) fuera declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA). De hecho, dos colectivos vecinales de Vega ya han anunciado que emprenderán medidas legales contra el recién redactado documento: “No hay razón para cuestionar ni la forma, ni el fondo del plan”, atajó el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo. El PGO entrará en vigor dos días antes de las elecciones municipales.
Cabueñes La parroquia se convierte en nuevo núcleo urbanizable, con una densidad edificatoria que llegará hasta los 600 pisos. La Plataforma contra el Muro de Cabueñes (SOS Cabueñes) siempre ha mostrado su rechazo a la reordenación urbanística, al entender que deriva del anterior planeamiento. Las alegaciones presentadas al documento fueron rechazadas y Urbanismo mantiene la densidad edificatoria prevista para más de 200.000 metros cuadrados.
En la misma tesitura, se encuentran los núcleos de Granda, Castiello de Bernueces o el Alto del Infanzón. El plan estima la creación de unas 8.000 viviendas en estos nuevos suelos urbanizables.

Les Caseríes La Federación Les Caseríes , que agrupa las asociaciones rurales, siempre ha mantenido una complicada relación con el urbanismo gijonés. El colectivo rural ha fijado su caballo de batalla, desde hace una década, en un aumento de los núcleos rurales del municipio. Presentaron una batería de alegaciones al PGO por considerar que existe una pérdida de derechos en las situaciones fuera de ordenación. No obstante, los servicios técnicos aseguraron que las viviendas fuera de ordenación tenían garantizado su mantenimiento, e incluso podrían solicitar obras parciales durante los próximos 15 años. El colectivo lo tacha de insuficiente.

El Muselín Los planes municipales pasan por desalojar el barrio para transformarlo en una extensa zona verde. Los vecinos del Muselín presentaron una serie de alegaciones al PGO, que fueron admitidas parcialmente y cambiaron la calificación de los terrenos a urbanizables, pero sólo a efecto de expropiaciones. Por su parte, Urbanismo alega riesgo de derrumbe de las casas más próximas a la ladera. Los vecinos llevaron a cabo varias movilizaciones, que incluyeron barricadas y cortes de tráfico. El derrumbe de los edificios obligará a desalojar a unas 200 personas. Prevén que su lucha se dirima en un contencioso.

Poniente El blindaje del suelo industrial que ha llevado a cabo el ayuntamiento en el nuevo plan ha sido rechazada por los vecinos de Poniente (próximos a los terrenos de Naval Gijón), quienes realizaron una alegación para solicitar que la zona tuviera un uso mixto (residencial e industrial). El edil de Urbanismo garantizó que en el suelo se desarrollará una industria limpia.


* La Voz de Asturias - 8.05.11
Foto: Vista de la parroquia de Cabueñes, en la que se prevé edificar unas 600 viviendas - lavoz

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C.Valenciana.- Los vecinos de Gürtel

ELMUNDO* : El 'caso Gürtel' limita al norte con el 'caso Fabra' y al sur, con el 'caso Brugal'. Es el mapa de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Si José Joaquín Ripoll, líder del PP alicantino, ha dejado de incordiar a Camps, enemigo íntimo dentro del partido, es porque su negociado también se ha visto salpicado de basura. Si Fabra observa ahora la actualidad política valenciana con media sonrisa es porque sabe que después de siete años soportando casi en solitario el peso de la justicia sobre sus hombros, la sospecha de corrupción se ha extendido ahora como mancha de aceite por toda la Comunidad. Si él cae, por qué no lo harán todos los demás, se debe preguntar.
En Alicante, el problema se llama Brugal (Basuras RUrales Gestión ALicante). La supuesta trama de corrupción surgió en 2007 en la comarca de la Vega Baja. La adjudicación del servicio de recogida de basura en la ciudad de Orihuela se vio entonces salpicada por presuntos sobornos, que se saldaron con la detención del empresario Ángel Fenoll, varias personas de su entorno y concejales de distintos consistorios de la zona.

De todos ellos, solo Fenoll, su hijo y un concejal del PP permanecieron un mes en la cárcel, de donde salieron previo pago de 26.000 euros. Sin embargo, fueron precisamente las cintas que presentó Fenoll a la Policía y en las que grabó con cámara oculta sus reuniones con empresarios y responsables políticos alicantinos, las que provocaron la apertura de nuevas diligencias y una segunda fase de la operación.

Ésta a su vez, se divide en varias ramificaciones. La más mediática estalló en julio de 2010 con las detenciones del presidente de la Diputación Provincial de Alicante, José Joaquín Ripoll; varios concejales del Ayuntamiento de Orihuela; y el empresario alicantino, Enrique Ortíz.

La presunta implicación de Ripoll estaría relacionada con la adjudicación del Plan de Residuos de la Vega Baja a la Unión Temporal de Empresas Cespa-Ortiz, de la que forma parte el constructor alicantino. Tras una sonada detención, no exenta de algunas contradicciones, el presidente del PP alicantino acabó imputado por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y uso de información privilegiada.

De nuevo, el seguimiento policial a los presuntos actores de la trama, ayudó a abrir otro capítulo de Brugal. En él se conectaba a Ortiz con el Ayuntamiento de Alicante, apuntando en esta ocasión a presuntas irregularidades en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Los informes policiales de la Fiscalía Anticorrupción hacían en este caso referencia al supuesto de que el anterior alcalde y diputado del PP en las Cortes Valencianas, Luis Díaz Alperi, y la actual primera edil, Sonia Castedo, presuntamente pudieran haber facilitado información privilegiada; que Castedo supuestamente pudo pactar con Ortiz la remodelación del estadio Rico Pérez; y que pudo haber recibido dádivas del empresario. También que Castedo (edil de Urbanismo en la época investigada) podría haber diseñado y resuelto aspectos de la redacción del planeamiento "a la medida de Ortiz".

Desde hace unas semanas, el juez de Orihuela, Carlos San Martín, ha llamado a declarar a parte de los imputados por el asunto de las basuras, mientras que el magistrado que se ocupará de la pieza separada correspondiente a Alicante está revisando la información para diseñar el calendario de declaraciones, entre las que podría incluirse la de la alcaldesa Sonia Castedo. La duda es si será antes o después del 22-M.

Castellón es territorio Fabra

Castellón es territorio Fabra. Para lo bueno y para lo malo. Y dentro de lo malo, lo peor es un calendario judicial que se remonta a 2003: el eterno caso Fabra. Al presidente de la Diputación de Castellón le achacan delitos de tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal.

Hablar del caso Fabra es hablar del colapso de la Justicia en Castellón, del retraso en todos los juzgados, del escandaloso retraso en los juzgados de Nules. Allí se interpuso la primera demanda, por allí han pasado hasta nueve jueces y cuatro fiscales.

En diciembre de 2003, Vicente Vilar, un empresario castellonense y hasta entonces amigo íntimo de Carlos Fabra, se querelló contra el presidente de la Diputación. Le acusaba de cobrarle cantidades millonarias a cambio de su mediación ante los ministerios del gobierno de Aznar para legalizar los fitosanitarios que fabricaba.

Desde entonces varios informes han constatado millones de euros defraudados, Fabra ha ganado hasta tres veces la lotería, y el proceso ha avanzado a ritmo pausado. El 1 de junio de 2010, el juez de Nules acordó transformar en procedimiento para el juicio toda las diligencias previas. La Audiencia de Castellón consideró en diciembre que sus delitos fiscales habían prescrito.

Fue recurrido, aunque la Abogacía del Estado lo hizo fuera de plazo. Fabra está más cerca que nunca del banquillo, aunque ha pasado tanto tiempo que la cita le pillará retirado del panorama político. Dicen que su hija Andrea, diputada por Castellón en el Congreso y casada con el ex consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, está dispuesta a prolongar la dinastía.


* El Mundo - 7.05.11
Foto: Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll. | Efe

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Lugo.- El TSXG rechaza un recurso del Concello y del promotor por la obra del Garañón

LAVOZDEGALICIA* : El caso del Garañón tuvo una nueva vuelta de tuerca a nivel judicial. Esta vez, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó un recurso de apelación interpuesto por el Concello de Lugo y el promotor de la polémica obra de construcción de viviendas en las cuestas del parque, Ricardo Iglesias Paredes, contra una sentencia de del Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo. En su fallo, el tribunal lugués estimaba una recurso que había presentado la Asociación Cultural en Defensa del parque Rosalía de Castro contra un acuerdo del Ayuntamiento de Lugo, de fecha de 14 de febrero de 2007, mediante el cual se aprobaba definitivamente el proyecto de urbanización de la unidad de actuación CS5.
La sentencia apelada por los ya reseñados, emitida en el mes de septiembre de 2009, rechazaba la posibilidad de que, «en orden a analizar la impugnación indirecta del plan de reforma interior que daba cobertura al proyecto de urbanización de la citada unidad de actuación impugnado, pudieran analizarse cuestiones de tipo formal o procedimental que afectaran a la referida norma urbanística, singularmente la ausencia del informe del departamento autonómico competente en materia de cultura».
Recuerda el TSXG que la sentencia impugnada concluyó que dicho informe era también necesario para ejecutar el proyecto, por lo que se imponía anular el acuerdo municipal de febrero de 2007 que lo aprobó y ordenar que se retrotrajera el procedimiento para su obtención.

Un informe necesario

Las partes apelantes pretendían la revocación de la sentencia de instancia y que se desestimara la demanda lo que suponía confirmar el decisivo acuerdo municipal. Entendían que no se precisaba el informe de la Xunta en materia de protección del patrimonio cultural. El promotor admitía, en todo caso, un pronunciamientode Cultura en relación con las termas romanas, ubicadas en el balneario, por tratarse de un bien catalogado, pero no con relación al sanatorio Portela, por entender que se trata de un edificio que no tiene protección y que solo está inventariado.

El TSXG comienza advirtiendo en la sentencia que no se discute que el Concello de Lugo sea el competente para aprobar el proyecto de urbanización, «pero ello no significa ignorar que, cuando dentro de su ámbito o colindancia, se encuentran bienes catalogados o inventariados, tiene que intervenir igualmente el departamento autonómico competente en la materia».

Las termas y el Portela

Recuerda el fallo que en la zona se encuentran las termas romanas, declaradas conjunto histórico artístico en el año 1931 e incluidas en el catálogo del inventario de bienes culturales del Plan General de Ordenación urbana de lugo de 1993, con un grado de protección atribuible al de los yacimientos arquelógicos. En cuanto al Portela, el TSXG recuerda que, aunque no es un bien catalogado, figura includido en el Inventario del Patrimonio de Galicia. La ley establece protección para dichos bienes para evitar la desaparición.

Dice la sentencia que, en ambos casos, se requiere la previa autorización autonómica. En cuanto a las termas el informe debe ser emitido para cualquier intervención que les afecte «y ello se produce tanto cuando la obra en cuestión se ejecute en el propio inmueble inventariado, como cuando se acometa en otros que le están adheridos o que sean colindantes, pero siempre que, en estos casos, se les ocasione un grado de afectación siquiera mínimo».

Los integrantes de la sala juzgadora destacan que en otras ocasiones recordaron que, pese a que el artículo 54 de la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, «tan solo le otorga protección al bien inventariado en lo que le afecte y no a todo su entorno, tal proyección se proyectará cuando la intervención en los inmuebles colindantes le afecte a aquel, de modo que se está en presencia de una realidad cuyos límites no aparecen bien precisados (como el entorno definido) y se hace necesario buscar la única solución posible, ya que la afectación no es sino un concepto jurídico indeterminado cuya concertación debe obtenerse reduciendo la zona de incertidumbre que en casa caso se presenta; y para ello se debe tener en cuenta que si bien es cierto que existen otras categorías de bienes que tienen mayor protección que los inventariados, el control preventivo autonómico de estos debe operar en el inmediato o cercano entorno, pues es posible que sobre él se proyecten consecuencias negativas».


* La Voz de Galicia - 5.01.11
Foto: La polémica obra de las cuestas del parque en una foto de archivo del mes de abril del año pasado - lavoz

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