La UE concluye que Barcelona debe "reducir urgentemente" el tráfico

ELPAÍS* : Barcelona se rinde a la contaminación, que registra los niveles más elevados de entre las principales ciudades de la UE, sin voluntad para atajar la principal fuente de emisiones contaminantes: el tráfico y especialmente los vehículos de motor diésel, que emiten hasta seis veces más dióxido de nitrógeno que los de gasolina. "Los políticos deben actuar y reducir urgentemente la exposición de la contaminación del tráfico sobre la población", concluye la investigación financiada por la Comisión Europea y que la UE empleará en 2013 como hoja de ruta para trazar la futura normativa medioambiental de la UE. El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, capta un mensaje distinto. "La situación no requiere reducir el tránsito", defiende la concejal de medio ambiente, Imma Mayol, tras conocer las conclusiones del informe europeo. El impacto del tráfico sobre la población se estudió en 10 ciudades europeas, entre ellas Barcelona -que obtuvo el peor resultado-, Lubliana -situada en el medio de la tabla- y Granada -la ciudad más limpia de entre las analizadas-.

Las calles barcelonesas son responsables de entre el 25% y el 30% de las enfermedades cardiovasculares y respiratorias que padecen los ciudadanos, estima el estudio. El porcentaje duplica la incidencia de los vehículos sobre la salud registrada en Lubliana. "Hay que reducir la presencia de vehículos en el casco urbano", concluye el estudio, que alerta de la gravedad del fenómeno. "El beneficio para la salud de reducir el tránsito ha sido ampliamente subestimado hasta ahora", subraya. El Consistorio, sin embargo, maneja su propia teoria. "La solución pasa por mejorar las conexiones de transporte público de la ciudad con el resto del área metropolitana", señala Mayol.

"Eso sirve si el Ayuntamiento renuncia a mantener niveles de contaminación que garanticen adecuadamente la de la salud", advierte Laura Pérez-Grau, investigadora afincada en Suiza que codirigió el estudio de la UE.

El informe, que retrató la polución entre 2004 y 2006 para concluir que los niveles registrados durante esos tres años hurtaron 13,7 meses de vida a los barceloneses, ha destapado una incidencia del tráfico sobre la salud mayor a la asumida hasta ahora por la comunidad científica. "Antes se estudiaba la contaminación como un todo. Ahora se ha probado que los vehículos son más nocivos para la salud que las industrias porque emiten contaminantes prácticamente bajo la nariz misma de los ciudadanos", ilustra Xavier Querol, investigador que supervisó el proyecto de la Comisión. "Si Barcelona no recorta el tráfico, carece de margen de mejora respecto los niveles de contaminación", añade Pérez-Grau.

El Ayuntamiento, que considera "interesante" el informe comunitario, prefiere sus propias conclusiones. "Actuamos contra el tránsito con medidas como la implantación de la zona verde pero nos oponemos a restringir el uso del coche en el interior de la ciudad", argumenta Mayol. "Es inecesario porque la tendencia de la evolución de la contaminación es positiva", señala. "No es una lectura totalmente honesta", interpreta Pérez-Grau. "Barcelona ha mejorado pero es imprescindible actuar contra los coches", añade Querol.

Los expertos avalan la tendencia positiva de Barcelona y, en parte, la gestión medioambiental del Ayuntamiento. Si la ciudad estuviera colocada sobre la meseta castellana, señalan, previsiblemente haría sonrojar las cifras de contaminación que registra Madrid. Pero la orografía de la capital catalana complica las cosas: entre el mar, la montaña y la escasa precipitación, las partículas contaminantes y el dióxido de nitrógeno quedan estancadas sobre la ciudad. "En Barcelona hace falta más contundencia que en otras capitales", precisa Querol. "Eso pasa por reducir el tráfico".

Esta disminución no se producirá. "Habría muy pocos partidos políticos dispuestos a apoyar este tipo de restricciones", apunta Mayol. La reflexión, formulada por la dirigente del único partido ecologista del Consistorio, retrata la escasa disposición política a implantar medidas que puedan traducirse en un coste electoral. "Los científicos hemos cumplido, ahora depende de la valentía de los políticos", asume Pérez-Grau.

Parece escasa, aunque quizá parte de la responsabilidad recaiga sobre los electores. En Estocolmo, el peaje urbano se implantó en 2006 sin debate político: se puso a prueba durante seis meses, una comisión de expertos evaluó los efectos de la medida sobre la contaminación y el proyecto se sometió a votación popular. "Casi el 60% de los ciudadanos apoyó el peaje", precisa Querol. "En Barcelona, previsiblemente, el resultado habría sido muy distinto".



* El País - 14.03.11
Foto: Atasco Barcelona (archivo) - abc

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La crecida del Guadalhorce obliga al desalojo de varias casas construidas en suelo rústico

SUR/Málaga* : El agua ha vuelto a jugar una mala pasada a los vecinos de la barriada rural de Santa Amalia, en Alhaurín de la Torre. Las intensas lluvias caídas en los últimos días y el desembalse de las presas ha provocado la crecida del río Guadalhorce, que en la madrugada del sábado llegó a anegar una treintena de viviendas y obligó a desalojar a 15 personas. Un helicóptero del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) evacuó a primera hora de ayer a una pareja de jubilados extranjeros. A su vez, el Consorcio Provincial de Bomberos en colaboración con voluntarios sacó en zódiac a otras dos familias, entre las que se encontraban varios menores, que se subieron al tejado para esperar auxilio. También hubo que rescatar a varios caballos y perros de las fincas anegadas. Las viviendas se ubican en un paraje cercano a un meandro del Guadalhorce y algunas ya sufrieron daños el pasado año por las mismas causas. Las primeras llamadas de alarma se recibieron a las seis de la mañana de los propios vecinos y la situación obligó al municipio a activar el Plan Municipal de Emergencias.

Medio centenar de personas participaron en el operativo entre Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, Emergencias del 112 y bomberos del Consorcio. Sobre las 13.00 horas la situación quedó normalizada y se habilitó un cordón de seguridad en las viviendas inundadas para evitar que se pudiera acceder hasta ellas. Según las primeras valoraciones, los daños no han sido tan graves como los ocurridos en el primer trimestre del año pasado.
Los afectados tuvieron que salir de sus casas de madrugada y criticaron que Protección Civil no les alertó del peligro que corrían. «En torno a las tres de la mañana llamé porque estoy sola en casa con dos niños; me dijeron que estuviese tranquila, pero en hora y media la crecida era de dos metros de agua», aseguró Cintia Andreu, una de las afectadas.

Voluntarios
Otra de las vecinas que vivió con incertidumbre las primeras horas de la mañana de ayer fue Milagros Cruz. Su hijo vive en Santa Amalia y en cuanto conoció la situación llamó a varios amigos que le ayudaron a rescatar todo lo posible. Juan Antonio Coronado y José Carlos Solís llevaron su propia lancha hasta el lugar de los hechos, con la que rescataron a varios animales de las fincas, sobre todo caballos y perros, aunque al menos un poni y varios canes se han ahogado.
Tanto los afectados como los efectivos de salvamento y el Ayuntamiento señalaron como la causa principal de la inundación la apertura de los pantanos para desaguar, si bien la delegada de Medio Ambiente, Remedios Martel, aseguró ayer a este periódico que los niveles de desembalse estaban «dentro de las garantías que se permiten y solo aportan medio metro de crecida al cauce del río». En este sentido, recordó los importantes volúmenes que arrastran afluentes como el río Grande, que estos días lleva hasta cien litros por metro cuadrado. A estos aportes hay que sumar el volumen caído durante la tarde y la noche del viernes, que en puntos como Casarabonela superó los 108 litros.
El desembalse ha alcanzado los 62 metros cúbicos por segundo y se justificaba por el elevado caudal de entrada a los pantanos, superior a los 100 metros cúbicos por segundo. La Delegación continuará con las labores de desagüe al menos hasta el miércoles, ante la previsión de nuevas precipitaciones. La capacidad de las presas actualmente ronda el 90% y obliga a Medio Ambiente a continuar con esta labor, apuntó Martel.

Viviendas irregulares
El alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, relató que las viviendas más afectadas se levantan en una zona catalogada como protegida e inundable, donde el Ayuntamiento mantiene una docena de expedientes abiertos por construcciones irregulares. En total, existen una veintena de expedientes abiertos por casas irregulares en la zona, donde incluso ya existen dos sentencias de demolición, donde el Consistorio está a la espera de la orden de ejecución. A su juicio, la lentitud de la justicia provoca que esta situación se convierta en «algo casi habitual cada vez que llueve más de lo habitual y se ordena un desembalse masivo de las presas». El municipio se ha hecho cargo del realojo de las tres familias afectadas, a las que ha ofrecido alojamiento y manutención.

Estación de Cártama
La barriada de Santa Amalia no fue la única afectada por las lluvias de la noche del viernes. Varios vecinos de la capital también tuvieron que ser evacuados por inundaciones en los bajos de sus casas; mientras que en Estación de Cártama entró agua en ocho casas de la zona de La Fabriquilla, según los vecinos, que denunciaron que la causa ha sido el desbordamiento de un arroyo urbano a la altura de la avenida Carlos Álvarez. Los afectados aseguraron que habían solicitado al Ayuntamiento de Cártama la limpieza del cauce, sin resultado.
El cielo dio una mínima tregua ayer, aunque los vecinos no dejan de mirar al cielo ante la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que las lluvias reaparezcan con fuerza a partir de esta tarde y continúen al menos hasta la jornada del miércoles.



* Sur - 13.03.11
Foto: Un vecino observa los daños desde la entrada de su vivienda. El nivel del agua subió tanto que solo quedaron a la vista las copas de los naranjos - sur

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Madrid.- La EMVS vuelve a subastar promociones de pisos

MADRIDIARIO* : El Ayuntamiento de Madrid vuelve a sacar a subasta patrimonio de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo. En esta ocasión son cuatro promociones completas que contienen 627 viviendas, con las que el Consistorio pretende recaudar 61,87 millones de euros. Los inquilinos mantendrán sus condiciones de protección social. La subasta, anunciada en prensa como exige la legislación, contempla la venta de promociones de vivienda para arrendamiento y arrendamiento con opción a compra. Las promociones afectadas son: Carabanchel número 7, en la avenida del Euro número 27; Vallecas 20 (premio NAN a la mejor construcción residencial), en las calles Pilar de Madariaga Rojo número 9 y José Antonio Rebolledo y Palma número 20; Verona 203 A-B, en la calle del Berrocal, 52 y 56 (Villaverde); y Vallecas 2, en la calle Bulevar de la Naturaleza, 1. En total, el Gobierno municipal recaudará, al menos, 61,87 millones de euros por la venta.

La única subasta hasta ahora, ocurrida en septiembre de 2010, concretaba que los adjudicatarios tenían garantizado el arrendamiento protegido hasta que expirase el régimen de protección pública, a pesar de estar en manos privadas. La intervención provocó una intensa respuesta vecinal. Fuentes municipales explicaron a Madridiario que los contratos de alquiler mantendrán las mismas condiciones establecidas en los contratos. Además, en el pliego de condiciones de la subasta, se ha extendido la obligación de mantener las viviendas en alquiler hasta 2020, aun cuando la fecha de descalificación de la última de las promociones termina en 2018.

En el caso de las dos promociones de alquiler con opción a compra, los inquilinos podrán ejercer el derecho a la compra a los 7 años, tal y como establece la calificación de sus viviendas y sus contratos. Los recursos que pueda obtener la EMVS con la venta de estas cuatro promociones, se destinarán a seguir construyendo más vivienda social en alquiler, según la entidad.

Este tipo de operaciones se enmarcan en el proceso de transformación de la política de vivienda que está llevando a cabo la EMVS, que pretende crear, bajo el sostén legal creado por el Ministerio de Vivienda, un parque público de pisos de alquiler rotatorio.

El portavoz socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, Daniel Viondi, ha opinado que es "otro 'negociazo' para una empresa privada" por sus precios "irrisorios".



* Madridiario - 14.03.11
Foto: Madrid, viviendas EMVS subastadas - madridiario

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Los vecinos de Traiguera exigen al Consell que paralice el PAI Font de la Salut

LEVANTE/Castelló* : La asociación de vecinos Té Roqué de Traiguera ha enviado una misiva al conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, en la que reclama que paralice la tramitación del PAI ubicado junto a la Font de la Salut que fue aprobado el pasado 27 de enero en el último Pleno de la localidad. En el escrito, firmado por Ramón Llàtser, presidente de la asociación de vecinos, se le indica a Cotino que si el citado PAI se desarrolla, "degradará lo que está considerado un lugar histórico tradicional de los habitantes del Maestrat, sin que haya ninguna justificación de interés público o social que lo aconseje y que no está en sintonía con el Plan de Estrategia Territorial del Consell". Té Roqué también se dirige al Síndic de Greuges para solicitarle que, previa comprobación de lo expuesto en la queja, recabe del Ayuntamiento de Traiguera el cumplimiento de las prescripciones legales en lo que a suficiencia de recursos hídricos se refiere, y del tratamiento que requiere un lugar declarado BIC, como es el caso del Real Santuario de la Font de la Salut.

El colectivo le recuerda al Síndic que el interés público está precisamente en conservar el lugar y sus construcciones, "tal como nos vinieron trasmitidos por las generaciones pasadas, obligándonos a pasarlo a las futuras en las mismas condiciones".

Proyecto
La urbanización Font de la Salut como proyecto, que arrancó en 2005 por parte de un empresario de Peñíscola, se ha visto afectada por numerosos cambios legislativos. En 2005 la proposición jurídico-económica y convenio urbanístico preveía unos costes de urbanización de 13,2 millones de euros para pavimentar los accesos a este punto de cultivos y monte desde las carreteras N-232 y CV-16, así como 60.000 euros en plusvalías para el ayuntamiento. Un decreto del Consell, declarando BIC, con la categoría de Monumento, el Real Santuario de la Mare de Déu de la Salut, afectó al ámbito del PAI en varias parcelas y obligó a su modificación.
El promotor reclamó a la Conselleria de Cultura y al servicio de aguas la compatibilidad del proyecto y la suficiencia de caudal de agua para este ámbito de más de 430.000 metros cuadrados. Facsa informó de la insuficiencia de recursos hídricos para esta zona, aislada del casco urbano.



* Levante - 14.03.11
Foto: El Real Santuario de la Font de la Salut de Traiguera data del siglo XVI.- levante

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Mérida.- La crisis del ladrillo y la financiera impiden abrir los nuevos accesos

HOY* : Junto a un llamativo cartel con la leyenda 'No seas insolente' aparece otro con el epígrafe 'Impulsa. Construcción y Medio Ambiente'. Los dos son de la promotora Essay (aunque Impulsa es otra sociedad del mismo dueño). Están en la Zona Norte, en una parcela sin urbanizar entre la avenida del Lago y la calle El Palo, en lo que debería ser una zona verde. Al lado, aparecen otras parcelas abandonadas, que debían tener viviendas, y un vial, la continuidad de la avenida Emérita Augusta, que es un barbecho. En otro punto, junto a María Auxiliadora, Prointisa ha dejado sin urbanizar un vial que actúa como nueva circunvalación. La situación del sector de la construcción y el cierre del grifo financiero se notan en la capital extremeña con el retraso de accesos previstos desde hace más de seis años. Las quiebras de constructoras y promotoras y el hecho de que bancos y cajas se carguen de pisos y parcelas torpedean el crecimiento y articulación de Mérida. «La situación es muy difícil para todos.

Para el Ayuntamiento, para poder exigir urbanizar y para las promotoras, para hacerlo», admite Estrella Gordillo, delegada de Urbanismo.

La legislación da un plazo límite de cinco años para que la Administración obligue a urbanizar un terreno a una promotora -en el caso de Essay, el plazo se cumple a finales de año- pero, aún finalizado el plazo, los problemas no acaban. «Si están en quiebra o en serias dificultades, no actuarán y si, en caso extremo, tiene que hacerlo el Ayuntamiento la dificultad se llama también dinero», añade Gordillo.
«El problema en Mérida es que, hasta 2007, se ha actuado con irresponsabilidad en el diseño urbanístico. Cualquier persona entiende que el planeamiento de viviendas que se hizo no era razonable y ahora pagamos las consecuencias», finaliza la delegada de Urbanismo.
«El Ayuntamiento me pide que termine la urbanización pero no puedo porque no tengo liquidez. Aparte, se me debe un dinero por parte del Ayuntamiento y una familia, que también tienen parte de propiedad de las parcelas dentro de Agrupación de Interés Urbanístico que las debe desarrollar», resume Ángel Luis Mora, dueño de Essay, que dejó los trabajos en la Zona Norte al 75% de su ejecución. Su situación es tan delicada que una entidad financiera se ha quedado ya con dos parcelas. «No se puede hacer nada si no hay dinero», añade.
Mientras, la quiebra de Prointisa afecta al residencial Reina Sofía y a un vial relevante. El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para ejecutar los avales depositados por Prointisa (unos 700.000 euros), aunque tardará un tiempo en recibir el dinero para llevar a cabo los trabajos que la promotora dejó cuando quebró. Se necesita para hacer un vial que, desde Reina Sofía, llegará a Monte Alto y a la N-630.


* Hoy - 14.03.11
Foto: Al fondo, pisos junto al Mercadona de Las Abadías. El vial debería ser la avenida Emérita Augusta.- hoy

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Málaga.- Calculan que hay 80.000 casas irregulares en la provincia y 300.000 vecinos afectados

ELMUNDO* : La Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI) calcula que hay más de 300.000 personas en Málaga afectadas por alrededor de 80.000 casas fuera de ordenación, aunque afirman que de forma indirecta, hay casi un millón de afectados. Desde la asociación ha señalado que han conseguido el apoyo del alcalde de Mijas (Málaga), Antonio Sánchez, en una ronda de reuniones llevada a cabo con los municipios malagueños de más de 20.000 habitantes en aras a recabar apoyos para modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y regularizar así esas. En la reunión del pasado lunes, Sánchez "se mostró de acuerdo con la iniciativa de los ayuntamientos y dijo que nos apoyaría a la hora de presentar esta moción" ante el Parlamento Andaluz, según ha señalado la presidenta APVI, María del Mar Vázquez, a Europa Press.

No obstante, "la solución que planteó es que están haciendo unos inventarios" de las viviendas irregulares en el municipio, pero, según Vázquez, "llevan tres o cuatro años" elaborándolos y "tampoco recoge la totalidad: 1.500 viviendas cuando hay más de 5.000", ha asegurado.

Por tanto, ha manifestado que "queremos que sea una solución real y llegar al problema, en términos legales", ya que, a su juicio, "se está dando mucha publicidad a las legalizaciones que se están haciendo en la Axarquía, pero no queremos que se juegue a política con los vecinos con anuncios que carecen de realidad", indicando que "el decreto todavía tiene que pasarse a la Junta de Andalucía".

"La solución no es legalizar a base de talonarios, sino buscar una solución equilibrada para todo el problema", ha aseverado la presidenta APVI.

La presidenta de APVI ha indicado que se encuentra a la espera de que tanto el presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón; el secretario general del PSOE malagueño, Miguel Ángel Heredia, como el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, respondan a la solicitud "formal" que ha presentado para reunirse con ellos.

No obstante, tiene previsto otros encuentros con el teniente de alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, cuya cita para el pasado día 8 quedó finalmente aplazada para la próxima semana; con el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón; de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, y con el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz.

Según ha indicado Vázquez, necesitarían "un mínimo" de 35 mociones como iniciativa de los ayuntamientos, "en representación de 35.000 vecinos" de la provincia de Málaga, que, junto con el texto para la modificación de la LOUA que se encuentran preparando desde la asociación, presentarán en el Parlamento Andaluz. Para ello, cuentan además con el apoyo de otras asociaciones de las provincias de Cádiz y Almería.

Por último, ha señalado que los grupos de trabajo que han organizado con el objetivo de acceder a los pueblos que actualmente no poseen asociaciones a las que dirigirse con este problema "están cansados, porque los vecinos tienen miedo", principalmente, aquellos de los municipios más aislados.

En este sentido, ha señalado que "queremos conocer de primera mano los problemas de todos los diseminados para buscar una solución lo más equilibrada posible a la situación de la provincia", aunque, sin embargo, "nos es difícil llegar a ellos, porque hay que plantear soluciones con sus ayuntamientos, que verdaderamente no tienen la solución", ha concluido la presidenta de APVI.



* El Mundo - 14.03.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur

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Buenos Aires.- Especulación inmobiliaria

ALFREDO ZAIAT* : Una foto ilustra la disputa por viviendas populares a estrenar de familias que habitan en villas miseria, que han sido postergadas por décadas en la periferia más abandonada de la Ciudad. Otra foto muestra el crecimiento vertiginoso de la construcción en los últimos años, con decenas de nuevos edificios en diferentes barrios y el desarrollo comercial en zonas de la Capital que precipitaron un frenesí inmobiliario. Ambas instantáneas son manifestaciones de la política comunal en materia de administración del suelo urbano, donde la especulación, además de la ineficacia, es el principal (des)ordenador de la cuestión habitacional en el área metropolitana. La deficiencia de la política macrista en el área de viviendas es notable, teniendo en cuenta que no debía invertir mucho esfuerzo para mejorar las mediocres gestiones pasadas. Al asumir la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri heredó un plan para licitar 7000 viviendas en un acuerdo con el gobierno nacional. Debía comprometerse a invertir un 50 por ciento de los fondos que aportaría la Nación, en un esquema similar definido con el resto de las provincias. En Capital no se realizó esa convocatoria y el saldo fue que se construyeron muy pocas unidades para grupos sociales postergados. Pero la dificultad para el acceso a la vivienda propia se extiende al resto del país también a sectores medios.

Según un informe del año pasado de la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, desde el 2003 en los 24 distritos del país unas 723 mil familias han mejorado o están en vías de mejorar su situación habitacional a través del acceso a una nueva vivienda o el mejoramiento de la que habitan actualmente. Este plan federal fue el más intenso desde el período democrático iniciado en 1983 y recuperó la iniciativa de la administración central en materia de viviendas, tarea que había sido abandonada en los noventa. Ese notable esfuerzo se enfrenta a la existencia de un déficit estructural y condiciones estructurales de mercado que requieren de un abordaje adicional.

El problema de la vivienda forma parte de una realidad social compleja y es estudiada desde varias áreas, desde la economía, la arquitectura, la geografía y hasta las ciencias políticas. Esto requiere de una intervención interdisciplinaria alejada de la receta única. Por eso resulta necesario tomar de cada uno de esos campos de estudio aspectos fundamentales para aproximarse a los conflictos y dificultades en el acceso a la vivienda, que implica debatir la propiedad de la tierra (el uso del suelo), así como también analizar el desarrollo anárquico de las grandes urbes.

Desde la perspectiva económica, uno de los factores centrales es el aumento del valor de las propiedades, que produce varios efectos:

- Pese al aumento del empleo y del poder adquisitivo de los salarios en los sectores medios de la población, esos ingresos son insuficientes para poder adquirir una vivienda vía un crédito hipotecario.

- Si bien las tasas de interés de los préstamos hipotecarios son neutrales o apenas positivas en términos reales según el índice oficial de inflación y negativas, de acuerdo a estimaciones privadas, la relación cuota/salario es insuficiente para conseguir el monto del crédito necesario.

- El alza del precio de las propiedades genera también una suba del valor de los alquileres, que restringe así la capacidad de ahorro para comprar una vivienda, y en otros casos deriva en la imposibilidad de pagarlos y obliga a una mudanza a barrios periféricos.

La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. Las bajas tasas de interés para depósitos en pesos no han sido atractivas para los inversores. Esos capitales se volcaron a los ladrillos, generando un boom de la construcción. El aspecto virtuoso de ese ciclo ha sido el de la generación de empleo y dinamización de actividades vinculadas a la construcción. El otro rostro de esa bonanza es que, pese a la construcción de miles de unidades, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Propietarios de terrenos en barrios donde han vivido dos o tres generaciones de su familia son seducidos con impensadas ofertas de miles de dólares. El alza de los valores que se pagan por esos terrenos, acompañados por un aumento en los costos de la construcción, derivó en una suba significativa en el precio de las viviendas. Esos valores son convalidados por inversores porque las tasas de interés, en el mercado local como en el internacional, son muy poco atractivas. El mercado inmobiliario se convirtió entonces en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Así se va realimentando el ciclo con precios en dólares del metro cuadrado que superan por mucho a los vigentes durante la convertibilidad.

Este auge restringió aún más el acceso a la vivienda de los sectores medios y bajos. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a grupos sociales vulnerables, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la Ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentó considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y bajos.

En términos globales, según estudios realizados por especialistas en urbanismo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 88 mil familias que tienen necesidades de una vivienda social, 150 mil que viven en villas de emergencia, 220 mil en casas tomadas, 60 mil en inquilinatos, 60 mil en hoteles, y 120 mil que se hacinan, viviendo familias enteras alquilando una habitación de una casa. Por otro lado hay otros 600 mil habitantes de clase media y de clase media baja que no son propietarios. En total, se estima en 1.200.000 las personas que necesitan vivienda, ya que 4 de cada 10 vecinos no tienen vivienda propia. Esas cifras no son desconocidas por la gestión de Macri, puesto que similares, aunque con menor desagregación, se encuentran en el sitio web de la Ciudad de Buenos Aires, en el link del Instituto de la Vivienda. El informe se titula “Situación habitacional de la Ciudad”, elaborado a partir de datos de la Dirección General de Estadística y Censos. En ese documento se describe que “la Ciudad presenta una situación de formalización con respecto a la tenencia de la vivienda en la que el 60,7 por ciento de los hogares es propietario de la vivienda y el terreno, un poco más de un cuarto es inquilino y el 11,6 por ciento reside en una vivienda de manera irregular o precaria”. En otro punto del informe se precisa que “si se analiza la distribución de los diferentes tipos de vivienda en que habitan los hogares según zona geográfica, se puede observar que las zonas B y C (sureste de la Ciudad) son las que presentan los mayores problemas, con un 13,1 y 12,2 por ciento de déficit habitacional”.

Esta situación de precariedad habitacional convive con un período extraordinario de crecimiento de la construcción en Capital, unidades nuevas que no tienen ningún impacto sobre esa población necesitada de una casa propia. En el tema de la vivienda, con el déficit habitacional y el precio de los alquileres, se sabe que la improvisación y los parches para obtener respuestas de corto plazo no brindan buenos resultados. Cuando es el mercado, en su más amplia expresión, el que determina la dinámica de funcionamiento de una actividad tan sensible, una estrategia pública subordinada a esa lógica sólo agudiza las contradicciones e inequidades.

* Página 12 - Opinión - 13.03.11


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Kanarileaks publica en vídeo las declaraciones en el TSJC del 'caso Las Teresitas'

CANARIASAHORA* : Primera entrega del alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el secretario de la Gerencia de Urbanismo. Kanarileaks pone en manos de la sociedad las declaraciones judiciales de las personas implicadas en el conocido como caso Las Teresitas. Los primeros tres testimonios están incluidos en las diligencias previas 17/2006, declaradas secretas que, en febrero de 2008, levantó parcialmente la magistrada que instruye la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Kanarileaks hace públicos ahora, por primera vez, los vídeos de las declaraciones. Este material es de suma importancia para la investigación, como evidencia la jueza durante las declaraciones, llegando incluso a replicar a la fiscal y al declarante que “todas las preguntas seguidas y todas las respuestas seguidas, ni se puede coger y, lo peor, no se puede oír en la cinta… y entonces no tenemos nada”, indica Kanarileaks en su web.

Por la extensión del material, Kanarileaks añade resúmenes de cada grabación para facilitar su asimilación, aunque recomienda de forma encarecida que los usuarios de la información visualicen la totalidad de los vídeos, indispensable para una comprensión completa.

Las grabaciones íntegras también están colgadas en la web.

En próximas fechas, Kanarileaks publicará nuevas declaraciones y respetará el secreto de sumario, siempre y cuando, las grabaciones puedan dar lugar a interferencias o manipulaciones que entorpecerían la investigación.

En esta primera entrega de grabaciones cuyos resúmenes figuran en vídeo en la columna de la derecha de esta información los protagonistas son Miguel Zerolo, alcalde de Santa Cruz de Tenerife y principal imputado, Víctor Reyes, secretario de la Gerencia de Urbanismo y la testigo Pía Oramas, arquitecta municipal que realizó un informe contradictorio con respecto al precio que se pagó por el frente de playa de Las Teresitas.

Miguel Zerolo Aguilar es el actual alcalde de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ocupa desde 1995 y que abandonará el próximo 22 de mayo, y diputado por CC en el Parlamento de Canarias desde el año 2003.

En 2001, el año en que el Ayuntamiento compró el frente de playa de Las Teresitas, Zerolo consumaba su segundo mandato como alcalde, una condición que le convierte en el máximo responsable político de las decisiones que se toman en el Consistorio de Santa Cruz.

Zerolo, además, es el principal impulsor de la adquisición del frente de playa, por el que la Administración municipal pagó 8.750 millones de pesetas a la sociedad Inversiones Las Teresitas (ILT), propiedad de los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González, y cuyos administradores mancomunados son sus hijos, Carlos Plasencia y Pedro González.

La operación fue anulada por el Tribunal Supremo el 3 de mayo de 2007. En la primera declaración de las Diligencias Previas 17/2006, Zerolo estaba imputado por prevaricación y malversación de caudales públicos. Posteriormente, durante la instrucción, se le añadió una nueva imputación por cohecho.

Juan Víctor Reyes Delgado, funcionario de carrera y licenciado en Derecho, es el actual secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, un cargo que ya ostentaba en el momento en el que se tramitó la operación de compraventa de las once parcelas del frente de playa de Las Teresitas, que se hizo efectiva el 23 de julio de 2001.

En la pirámide del organigrama técnico del departamento capitalino, Reyes ocupa la cúspide por su condición de secretario delegado, lo que le convierte en el máximo responsable de las cuestiones jurídicas que se tramitan en la Gerencia.

En el año 2001, en orden jerárquico, por encima de Reyes sólo se encontraban el gerente de Urbanismo, José Tomás Zárate, el consejero director del ente, el concejal Manuel Parejo, y el alcalde del municipio, Miguel Zerolo.

Víctor Reyes emitió un informe favorable al convenio de la compraventa que fijaba el precio en 8.750 millones de pesetas.

Por su parte, la testigo Pía Oramas fue durante años arquitecta municipal, funcionaria de carrera, del Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de Urbanismo.

En cumplimiento de sus funciones, Oramas elaboró un informe en el que concluyó que el valor de las once parcelas era de 3.277 millones de pesetas. El documento no se tuvo en cuenta en el convenio.

El Tribunal Supremo, el 3 de mayo de 2007, anuló la operación de compraventa de las once parcelas del frente de Las Teresitas, por las que el Ayuntamiento de la capital tinerfeña pagó 8.750 millones de pesetas. El motivo: la ausencia en el expediente de un informe pericial de un arquitecto municipal.

Poco después de la tramitación del expediente de Las Teresitas, Oramas abandonó su puesto en el Ayuntamiento y se incorporó a la Unidad del Plan Insular de Ordenación del Territorio del Cabildo de Tenerife, un cargo que aún ocupa en la actualidad.



* Canarias Ahora - 14.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es

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El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas

LEVANTE/Valencia* : El efecto pantalla. La ley de Costas de 1988 contemplaba en su art.30 una disposición destinada a evitar que en los primeros 500 metros urbanizables a contar desde el límite del dominio público marítimo concentraran "pantallas arquitectónicas". La norma ha sido ignorada en la Comunitat Valenciana, donde incluso han desaparecido informes que la sustentaban. El Gobierno valenciano se muestra preocupado en las últimas semanas por el impacto visual que supuestamente tendrían las plataformas petrolíferas marinas y el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, reivindicó hace meses, en su oposición a que se busque el petróleo, el "derecho" de los valencianos a ver los eclipses de luna sobre el mar sin torres de perforación que se lo impidan. Sin embargo, y al menos de momento, lo único que aparta a muchos valencianos y turistas de la visión del mar son otras torres: las de los apartamentos y hoteles construidos en las dos últimas décadas y que han generado una pantalla insalvable incluso para quienes llegaron primero al paraíso costero.

El "apantallamiento" y el consiguiente desastre visual se ha consolidado en la mayoría de los municipios costeros valencianas pese a que existían instrumentos legales específicos y suficientes para evitarlo en el artículo 30 de la Ley de Costas de 1988.
Ni la Conselleria de Obras Públicas, primero, ni la de Medio Ambiente, después, han puesto el menor interés en su cumplimiento y la Administración valenciana ha encontrado un aliado en la Jefatura de Costas del Ministerio de Medio Ambiente, que no en todos los casos ha elaborado el informe preceptivo que al menos hubiera señalado la ilegalidad, ni ha hecho valer el "Inventario de Usos Costeros" de 1988, una radiografía del planeamiento urbanístico de estos municipios en el momento de la entrada en vigor de la ley de Costas. Más aún, 19 de los 24 anexos correspondientes a la ficha de los municipios litorales de Valencia han sido arrancados del documento de consulta disponible en Costas, según asegura al abogado José Luis Ramos, autor de varios recursos presentados por la inaplicación de la norma.

Protección

La Ley de Costas no impide edificar en la franja de afección de 500 metros, que arranca donde acaba el deslinde del dominio público estrictamente protegido, aunque establece límites al planificador para "evitar la formación de pantallas arquitectónicas", explica José Luis Ramos. El artículo 30 prohíbe "la acumulación de volúmenes en la zona de afección, sin que a estos efectos la densidad de edificación pueda ser superior a la media del suelo urbanizable programado o apto para urbanizar que exista en ese momento el término municipal. De ahí la importancia del Inventario de Usos", añade.
El Tribunal Constitucional confirmó la constitucionalidad de la norma en una sentencia de 1991 y existe, según el abogado, jurisprudencia que desmonta la supuesta "indeterminación" de la norma argumentada por la Generalitat para justificar que no aplicara el artículo en los casos que han llegado a los tribunales.
En este sentido, José Luis Ramos recuerda que el efecto de "pantalla arquitectónica" que la ley persigue se produce cuando la densidad de edificación en la zona de influencia es superior a la media de la que existe en el resto del municipio, por lo que la supuesta inconcreción es "solo una excusa, sobre todo si se disponía, como es el caso de un inventario con esos datos cuya existencia se me ha llegado a negar", apuntó.



* Levante - 13.03.11
Foto: El artículo ´olvidado´ de la Ley de Costas. Apantallamiento - levante


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Imputan a un cuarto ex directivo de la caja El Monte en una rama del caso Malaya

ELCONFIDENCIAL/Marbella* : Un cuarto ex directivo de la caja El Monte (ahora integrado en Banca Cívica) ha declarado como imputado en una pieza separada del caso Malaya contra la corrupción urbanística en Marbella (Málaga), por la concesión de un préstamo de 7,8 millones de euros a una empresa inmobiliaria. Fuentes del caso han informado a Efe de que A.A.L., exdirector general adjunto, declaró el pasado miércoles ante el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Marbella y, al igual que los restantes imputados, defendió que fue una operación normal que se concedió al empresario Luis Portillo porque era un buen cliente, de solvencia acreditada, y además se devolvió en su integridad.

El juez instruye esta rama desgajada de la causa principal por presunta corrupción urbanística y en diciembre pasado tomó declaración al exgerente de El Monte F.F.G., al exdirector general J.P.A.G. y al exsecretario de la caja sevillana J.M.G.F.

La operación investigada deriva de un suelo que había sido objeto de expropiación forzosa por parte del Ayuntamiento de Marbella que luego fue vendido a Portillo cuando Jesús Gil ocupaba la alcaldía.

Según las fuentes, los exdirectivos están imputados por, presuntamente, haber conocido estas circunstancias, haber actuado en perjuicio de los expropiados o conocer el destino de la operación para blanquear dinero.

La operación se firmó en 1999 y se devolvió en su integridad, por lo que los exdirectivos sostienen que no causó ningún perjuicio a la entidad bancaria y, además, el presunto delito estaría prescrito por haberse cometido hace doce años.

El juez debe tomar declaración aún al exdirector territorial, que ha sido citado para el próximo 28 de abril.



* El Confidencial - EFE - 13.03.11
Foto: Caja de ahorros el Monte, logo - google

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«Los especuladores ya pueden esperar sentados. La burbuja devoró los ahorros del país»

LEVANTE/Entrevista* : Economista y estadístico. J.M.Naredo (1942) fue uno de los primeros investigadores que habló en España de «economía ecológica». En 2010 codirigió para el Ministerio de Vivienda el «Libro Blanco de la Sostenibilidad en el Planeamiento Urbanístico Español». Ahora analiza el modelo inmobiliario en un libro coescrito con el valenciano Antonio Montiel.
-¿Haremos honor a nuestra condición y tropezaremos con la misma piedra del boom inmobiliario cuando pase esta crisis?
-No me parece bien meter en un mismo saco a toda la gente. Habrá algunos que estén deseando tropezar muchas veces con esa piedra, porque se han forrado. Sin embargo, otros seguirán pagando durante decenios las hipotecas con unos valores inflados. Y el Estado tiene que salvar cajas de ahorros con el dinero de los españoles. Unos pagan los platos rotos y otros han sacado tajada. Habría que hacer un diagnóstico acertado para que la ciudadanía tuviera información de lo que ha ocurrido y de los problemas que ha generado la burbuja inmobiliaria. La finalidad del libro «El modelo inmobiliario español» es elaborar el diagnóstico de lo que ha ocurrido, sus consecuencias y los posibles remedios y alternativas.

-¿Cómo ha funcionado la burbuja inmobiliaria y quién se ha beneficiado de ella?
-Se han beneficiado los que han conseguido añadir varios ceros al valor de determinados terrenos y obtener unas plusvalías jugosas, por la varita mágica de las recalificaciones y reclasificaciones que les permitía pasar las hectáreas de suelo rústico a metros cuadrados de superficie construida. En este proceso hay colectivos que se han lucrado masivamente, algunos sin invertir y sin riesgo, como los gestores de suelo, que han abundado en la Comunitat Valenciana. Buscaban por los municipios suelo para reclasificar, meter volumen construido y ofrecerlo a promotores y constructores. Pero cuando ya han sacado la plusvalía, las viviendas se han quedado en el esqueleto. La burbuja funciona de sacar plusvalías. Al mismo tiempo se piensa que van a subir los precios inmobiliarios y la gente compra porque piensa que va a subir. Y sube porque la gente compra y cada vez compra más a crédito, gracias a la bajada de tipos de interés y la ampliación de los plazos... Se ha financiado esta burbuja que ha devorado el ahorro de los españoles y que, después, se ha financiado con el endeudamiento exterior de la economía española, que es lo que ahora lastra la crisis. Y todo esto con unos riesgos superconcentrados de las entidades financieras y muy en particular de las cajas de ahorro que han concentrado su exposición al riesgo inmobiliario de forma espectacular.

-Y parece que los especuladores esperan volver a las andadas.
-La crisis no ha durado todavía lo suficiente para que aún piensen que se puede volver a las andadas. Sin duda, pueden esperar sentados. Si la financiación de la burbuja ha devorado el ahorro del país una vez, no lo puede devorar otra vez de inmediato. Cuando España ha pasado de ser el país con menor porcentaje de endeudamiento respecto a la renta disponible de nuestro entorno a estar por encima de todos, incluido EE UU... En los años finales del boom los hogares pedían más dinero a los bancos de lo que aportaban... Todo esto no podía prolongarse indefinidamente, era imposible, aunque nuestros políticos miraran para otro lado. Ha sido un boom de precios pero también de construcción pues se ha sobredimensionado el parque inmobiliario y se ha producido un stock inmobiliario muy potente en busca de compradores. Es lo que lastra el mercado, que tardará al menos un lustro en digerirlo.

-¿Qué ha influido más en la burbuja el ansia de los especuladores por sacar tajada o que nadie renuncia al beneficio de comprar un piso y venderlo por el doble?
-Son las dos caras de la misma moneda. Se generan expectativas de subidas de precios y se desata la burbuja, que hace que los particulares que compran pisos vean cómo se revalorizan, y se induce a la gente a comprar viviendas en propiedad, porque trae a cuenta. Es la simplificación total del modelo inmobiliario el que empuja a comprar vivienda en propiedad. Y también la falta de diversificación financiera. ¿Qué hacen los hogares? O ingresan su ahorro a plazo, con una rentabilidad bajísima o se lo juegan en la bolsa o lo invierten en ladrillo. En otros países hay más diversificación financiera, hay entidades especializadas en alquiler que emiten en los mercados financieros, ofreciendo productos de gran seguridad y apreciable rentabilidad. Esta posibilidad no existe en este país.

-Además de engullir las viviendas vacías habrá que decidir qué hacer con las proyectadas. En la C. Valenciana sólo 52 municipios tramitan 718.106 nuevas.
-Ése es el problema: si se añaden las viviendas en venta a las que están en construcción y las que están con licencia pero no iniciadas, nos topamos con más de dos millones de viviendas. Esto es lo que lastra cualquier repunte en el sector inmobiliario, porque es absurdo iniciar nuevas viviendas cuando ya existen tantas pendientes de venta. Se intentan terminar viviendas en construcción y rematar operaciones de suelo para hacer que luzcan mejor en el activo de las empresas. Es el caso de la Operación Chamartín en Madrid con 17.000 viviendas. No tiene sentido construirlas ahora, pero si consolidar la operación para que luzca en el balance de la inmobiliaria —del Grupo BBVA—, en el que figura y que ya no sea una entelequia. Es el forcejeo en el que la crisis de liquidez ha pasado a ser crisis de solvencia. Las financieras o inmobiliarias intentan lavar la cara a sus balances, apreciando más sus activos.

-¿Se podría renunciar a construir las viviendas pendientes?
-Hay que tomar conciencia de que sufrimos las consecuencias de un modelo inmobiliario agotado, que no permite resolver los principales problemas que tiene planteados el país y pide a gritos su reconversión. ¿Cuál es el primer problema? Que hay un exceso e infrautilización del suelo urbanizable, de infraestructuras y viviendas. ¿Cuál sería el principal objetivo del planeamiento? Gestionar en régimen de escasez los dos grandes stocks patrimoniales que son el suelo y el patrimonio construido, reconvertirlos y reutilizarlos para paliar la carga excesiva de la deuda inmobiliaria. Esta opción debería plantearse en un plan, donde se reorientara el modelo hacia las antípodas del actual. ¿Cómo sería eso? Habría que ir desde privilegiar la vivienda como inversión a hacerlo como bien de uso. Desde la realización de plusvalías hacia el cobro de rentas, desde la construcción de nuevas viviendas a la rehabilitación, reutilización y ocupación del patrimonio construido, de la vivienda libre a la vivienda social. Pero lo que no tiene sentido es dar dinero a las cajas de ahorro y que se coman ellas los stocks de vivienda que tenían. Se deberían canjear esos stocks y reconvertirlos en vivienda social, que prácticamente no existe.

-Su propuesta para salir de la crisis es firmar un Pacto de Estado de la reforma del modelo inmobiliario. ¿Qué incluiría?
-Un diagnóstico claro para plantear los objetivos: reconvertir o reutilizar los stocks de suelo, infraestructuras, vivienda, paliar la carga de la deuda, etc. Un problema es que se han cedido las competencias en urbanismo a los gobiernos autonómicos y locales. Aunque el Estado mantiene competencias de mínimos en medio ambiente, y si se vincula el urbanismo a la sostenibilidad, como es de cajón, el estado podría recuperar la posibilidad de coordinar ese giro. Pero los gobiernos regionales y locales están con unos problemas de financiación tremendos al haber vinculado buena parte de sus ingresos y a la burbuja. Habría que replantear la financiación de los ayuntamientos y las comunidades, pero no sin contrapartidas. No tiene sentido un Plan E de dar dinero a tontas y a locas sin contrapartida alguna a los ayuntamientos. Tiene que haber exigencias. Hay una cuestión que es básica. Debería establecerse un protocolo de mínimos, en el que exista una estrategia de reconversión del modelo. Ese protocolo debería tener un núcleo administrativo responsable de la gestión a nivel regional, municipal o de mancomunidades. Este núcleo sería responsable de normas e instrumentos e incluiría un sistema de información que abarque todo el territorio y que incluya un proceso de participación ciudadana. Serían las tres patas sobre las que tendría que apoyarse esta reconversión del modelo. Sin ellas no debería dárseles financiación. Hay que exigir un replanteamiento. Y no se puede replantear la ciudad sin contar con la ciudadanía. Habría que hablar más de metabolismo económico, con todas sus dimensiones, con visión integrada y un cambio de lógica... Es lo que dicen los documentos de la Unión Europea. Que se asegurara esa visión integrada, ese cambio de lógica que supondría ver el proceso como proyecto urbano, con todo su metabolismo, y su incidencia territorial. Implantar los sistemas de información, los núcleos administrativos responsables y el proceso de participación, que concretaría el compromiso público institucional hacia esa reconversión.

«El urbanismo sigue en el franquismo y ha ido a peor»

­­-¿Seguimos anclados en el franquismo en materia urbanística?
-Sí, se sigue anclado pero hay cosas que han ido a peor. Se ha afianzado una refundación oligárquica del poder, en el que se unen los promotores y constructores y los políticos, que tienen la llave del negocio inmobiliario, que ha naturalizado la «cultura del pelotazo». Y se une una financiación potente con las instituciones financieras deseando hacer negocio. En época de Franco, los que tenían poder modificaban a su antojo el planeamiento, pero se calificaba como escándalo. Pero hoy se saluda como buen hacer político y empresarial que, de pronto, una operación meta un volumen impresionante en una zona que antes era verde o deportiva, como las torres de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. O los numerosos PAI en Valencia. Esas operaciones dependen exclusivamente del poder de los que manejan esos contactos.
-Un efecto es que el urbanismo se relaciona con la corrupción.
-Todo se arrastra desde el franquismo: una administración parasitada por los grupos empresariales que mandan en cada sector, o los partidos políticos que mandan en cada municipio. Siguen manejando entre bastidores los grandes negocios de espaldas a la ciudadanía y al planeamiento. Es esa refundación oligárquica del poder, la que da manga ancha a los poderosos para ordenar la ciudad y el territorio a golpe de operaciones y megaproyectos. Al contar con una financiación barata y abundante se generó el cóctel explosivo para el urbanismo y el territorio que sacudió al país durante más de un decenio. El problema es que la burbuja especulativa es un juego de suma cero en el que unos sacan tajada y otros pagan los platos rotos. Mientras iba para arriba se pensaba que ganaban todos. Pero cuando se ha venido abajo, muchos tienen que pagar este akelarre de operaciones y megaproyectos. Y se produce un efecto pobreza. Durante el auge, a la ciudadanía se le revalorizaban sus pisos, pero ahora se genera liquidez: y para vender hay que rebajar.



* Levante - Entrevista - 13.03.11


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Marbella.- «Sean Connery es un imputado más en un caso más»

SUR/Entrevista* : Desde el pasado diciembre ejerce como titular del Juzgado de lo Penal nº4 de Málaga, un nuevo destino después de tres años y medio de trabajo en Marbella. Al frente del órgano de instrucción número 1 de la ciudad, Ricardo Puyol cerró el sumario del 'caso Minutas' e instruyó la mayor parte del 'caso Goldfinger', en el que se encuentran imputados, entre otros, el actor Sean Connery y su esposa.
-¿Por qué decidió dejar los juzgados de Marbella?
-Los Juzgados de Instrucción de Marbella son una plaza judicial complicada que requieren de una plena disposición de la persona que dirige los órganos judiciales. Yo la he tenido durante un número de años que estimo que es razonable y, cuando he comenzado a sentir cierto nivel de cansancio, he entendido que era el momento de efectuar el cambio. En cualquier caso, considero que un profesional no debe de eternizarse en este tipo de juzgados.

-¿Hay una carga excesiva de trabajo en estos órganos judiciales?
-Sí, pero en Instrucción no es tanta la cantidad de temas que se llevan en los órganos judiciales como la calidad de los mismos. Tienen una enorme trascendencia técnica, son muy complejos y requieren de una plena disposición y de un compromiso personal muy grande. El 'caso Minutas', por ejemplo, ha sido una causa que ha terminado con cerca de 140 tomos y unos 54.800 folios y que me ocupó prácticamente la instrucción de todo el año 2009.
-Marbella se ha convertido en una plaza de paso para los jueces.
-Sí, básicamente por los motivos que explicaba. Al implicarte tanto y con tanta profundidad en la instrucción de asuntos tan complejos, con una presión evidente, eso genera en quien ha pasado por este tipo de juzgados el deseo en un momento determinado de servir en juzgados un tanto mas tranquilos.
-Cuando habla de presión, supongo que también se refiere al interés mediático en algunos casos judiciales. ¿Ha sentido esa presión?
-Efectivamente. Hay mucha presión mediática, lo que supone un añadido a la calidad de los asuntos que en Marbella se tienen. Sí, sí la he sentido, sobre todo en el 'caso Minutas' y en la 'Operación Goldfinger'. He sentido una enorme presión, tanto mediática como por parte de la propia causa y de las representaciones procesales de las partes.
-El 'caso Minutas' se juzga en la actualidad en la Audiencia Provincial. ¿Sigue el desarrollo del juicio? ¿Tiene su propia quiniela?
-No. Trato de hacer mi labor instructora lo mejor que puedo, pero una vez que termino la instrucción, no acostumbro a seguir posteriormente la fase de enjuiciamiento. Pero no de este caso, sino de ninguno en mis ya nueve años de juez de instrucción.
-¿No siente curiosidad?
-No. Tengo una visión totalmente aséptica sobre cualquiera de las causas que he instruido.
-Recibió una prórroga para culminar la instrucción del 'caso Goldfinger'. ¿Le hubiera gustado poner el broche final?
-No, no tengo ningún tipo de inquietud al respecto. A falta de las últimas diligencias instructoras y de investigación, entiendo que el procedimiento a mi marcha quedo prácticamente encarrilado, con imputaciones bien perfiladas.
-¿Y poder tomar declaración a Sean Connery antes de su traslado?
-Tampoco. Para mí es un imputado más en un caso más.
-¿Le tiembla la mano a un juez al imputar a una personalidad?
-No, los profesionales de la administración de justicia en general tratan todos los asuntos con una total objetividad y desde un punto de vista profesional. No se mira el nombre de la persona. Evidentemente, hay determinadas personalidades que generan ciertos niveles de presión, pero tenemos que estar acostumbrados a soportarla y a saberlo llevar.
-¿Hasta dónde llegaría la supuesta participación del matrimonio Connery en las operaciones que se investigan en el 'caso Goldfinger'?
-Debe entender que no voy a hacer ningún tipo de comentario sobre la instrucción del proceso. Por respeto a la propia instrucción, que sigue abierta, y por respeto a las partes procesales y al nuevo instructor del caso.
-Recibió una carta del embajador de Reino Unido en España que puso a disposición del CGPJ.
-Sí, pero me gustaría aclarar que yo en ningún momento pedí amparo al Consejo General del Poder Judicial. Me limité a dar traslado al órgano de Gobierno de los jueces de la comunicación del embajador británico en España, que se dirigía a mí de manera personal, un hecho que me sorprendió por entender que está fuera de las circunstancias ordinarias en las que se desarrolla un proceso. Y, desde esta perspectiva, sí podemos decir que el hecho es anormal, porque no es frecuente que el embajador de Reino Unido remita una carta a cada juez español que imputa a un ciudadano británico. En cualquier caso, el Consejo no podía entrar a resolver una petición de amparo cuando yo no solicité ningún amparo.
-¿Se sintió presionado por la carta del embajador británico?
-No, en ningún momento.
-¿Qué necesitan los Juzgados de Instrucción de Marbella para dejar de ser órganos judiciales de paso?
-La delincuencia en Marbella es básicamente económica. La instrucción de este tipo de causas es extraordinariamente compleja y el derecho Penal que se maneja en Marbella es de una enorme precisión técnica. Por eso los órganos de Marbella necesitan de una especialización en este tipo de materias y la Administración de Justicia debería de hacer un enorme esfuerzo por especializar a los jueces, primero, y a los órganos judiciales, después, en materia de delincuencia penal económica.



* SUR - 13.03.11
Foto: Marbella, urbanización Malibú, Sean Connery - tengonoticias

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Los valencianos no penalizan la corrupción y castigan que se cambie al alcalde bajo sospecha

LEVANTE* : Los valencianos no sólo no penalizan en las urnas a los partidos que llevan en sus listas a alcaldes salpicados por casos de corrupción sino que incluso castigan que se cambie al político bajo sospecha como cabeza de cartel. En algunos casos, la defenestración del alcalde supuestamente corrupto supone una pérdida de votos para su partido que en algunos casos puede llegar al 12%. Ésta es al menos una de las conclusiones principales a las que llega la Fundación Alternativas en un reciente estudio en el que se analiza las consecuencias electorales de los escándalos de corrupción municipal en la legislatura pasada. El informe de esta fundación cercana al PSOE hace un exhaustivo análisis del impacto en las urnas de los casos de corrupción en el ámbito municipal de Andalucía y la Comunitat Valenciana entre 2003 y 2007. La conclusión no puede ser más demoledora: "No existe evidencia de ningún tipo de castigo electoral a los partidos afectados por investigaciones judiciales", aseguran los autores de este informe tras analizar los resultados obtenidos en los comicios de 2007.

Aunque el informe se circunscribe al ámbito local, sus conclusiones parecen perfectamente extrapolables al escenario actual con unas elecciones a la vuelta de la esquina y con unas encuestas electorales que vaticinan al Partido Popular una victoria aplastante pese a que sus referentes políticos más importantes están envueltos en procesos judiciales relacionados con la corrupción.

El estudio, de 35 páginas, y que lleva la firma de Gonzalo Rivero, licenciado en Historia; y Pablo Fernández-Vázquez, licenciado en Ciencias Políticas -ambos son candidatos a doctor en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Nueva York- no discrimina entre siglas. Es decir, la conclusión de que la corrupción no pasa factura electoral es idéntica en todos los casos y al margen de si el edil pertenece al PP, al PSPV o a otras formaciones. A diferencia de otros estudios ya publicados en este terreno, los autores precisan que para su investigación no han tenido en cuenta todos los escándalos sino aquellos más "claros y graves" y que no meramente pudieran partir de un medio de comunicación o de una denuncia del partido de la oposición. Así, precisan que los casos estudiados se ceñían a los siguientes criterios: la existencia de indicios de ilegalidad de tipo penal; que la responsabilidad del hecho recayera en el alcalde o algún otro miembro del equipo de gobierno municipal y que hubiera una intervención de la fiscalía o de un juzgado. Advierten también que sobre los casos analizados no existía una "demostración fehaciente" de su culpabilidad, aunque elementos suficientes para que fueran creíbles ante la opinión pública. En el caso de la Comunitat Valenciana, la lista negra engloba a veinte municipios.
Los expertos avisan también de las dificultades existentes para analizar el comportamiento electoral ya que admiten que cuando un elector decide su voto no sólo tiene en cuenta su percepción sobre la honestidad de los alcaldes sino otros factores que pueden "enmascarar el impacto negativo de las sospechas de corrupción en los resultados electorales". Cabe apuntar que el patrón de las localidades donde se concentra el mayor número de escándalos está muy definido. Se trata de municipios, generalmente costeros o con potencial turístico, más propicios a la especulación urbanística y donde "existen fuertes incentivos para que los promotores sobornen a los alcaldes para autorizar recalificaciones". Los autores llaman la atención sobre el hecho de que la burbuja inmobiliaria trae consigo resultados económicos que pueden mejorar las perspectivas electorales del alcalde. Dicho de otro modo, las mejoras del desarrollo urbanístico "compensan" el desagrado que el votante siente por la corrupción.
La diferencia "más llamativa" del estudio respecto a Andalucía y la Comunitat Valenciana es cuando se renuevan a los candidatos bajo sospecha. En la primera comunidad el partido puede llegar a mejorar sus resultados si "limpia sus filas". "En el caso de Valencia el reemplazo de candidatos corruptos por el partido está asociado a mayores pérdidas electorales, que pueden llegar al 12%; es decir, son castigados".
Dicho esto, los autores se muestran "pesimistas". La ausencia de castigo electoral "es un serio revés para el control de los políticos por las elecciones y pone en cuestión la capacidad del mecanismo electoral para discriminar, no solo entre buenos y malos candidatos, sino incluso para cumplir la función más básica de expulsar de la arena política a aquellos que podrían haberse aprovechado irregularmente de los bienes comunes", concluyen.



* Levante - 13.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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Málaga.- 50.000 viviendas quieren amnistía

SUR* : Las hay aisladas en el campo y agrupadas en diseminados rurales. Igualmente, hay algunas que fueron levantadas por sus propietarios para crear una familia y otras concebidas como segunda residencia e incluso para el turismo rural; las hay con vistas al mar y mirando a la sierra; también hay finalizadas y otras que se han quedado a medio hacer; están las que se construyeron en zonas protegidas y aquéllas en la que la calificación ambiental del terreno llegó a posteriori; y por último, las que durante décadas han poblado los montes en suelo no urbanizable. El perfil de la vivienda irregular en la provincia es tan amplio y variado como complejo es el proceso para dar solución a las cerca de 50.000 casas sobre las que pesa la espada de Damocles de las impugnaciones de licencias, las multas coercitivas y la amenaza de una posible demolición desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) en 2002, con la que la Junta quiso poner freno a las construcciones indiscriminadas en el campo.

La cifra no es exacta, aunque sí una estimación bastante aproximada del mapa de las viviendas en suelo rústico que han brotado por todos los rincones de la provincia y que ahora esperan una amnistía como la planteada en la Axarquía. Desde los 'campitos' de Estepona hasta el Valle del Guadalhorce, pasando por Mijas, Marbella, la Vega de Antequera y la Serranía de Ronda. Ni siquiera los ayuntamientos saben a ciencia cierta el número de edificaciones irregulares (incluidas otras construcciones como piscinas, muros o terrazas), de ahí que el primer paso para solucionar el conflicto sea la elaboración de un inventario municipio por municipio y casa por casa como herramienta para la posterior ejecución de planes locales de inspección.
Ésa es la primera condición que ha puesto sobre la mesa la Junta de Andalucía para abrir la vía de la regularización mediante un decreto (estará redactado en un plazo máximo de seis meses) que permitirá el reconocimiento de estas construcciones, dotándolas de los servicios y equipamientos básicos que ahora son en muchos casos inexistentes. Aunque no será gratuito, puesto que la actuación deberá salir del bolsillo de los propietarios en concepto de compensaciones.
«La hoja de ruta empieza por el inventario, algo fundamental porque cada casa tiene una situación diferente y requiere una solución prácticamente personalizada», apunta el delegado provincial de la Consejería de Obras Públicas, Enrique Benítez.
La sombra del derribo
Se podrán salvar la mayoría de las casas que se encuentran fuera de ordenación, las construidas ilegalmente pero que han prescrito después de cuatro años y aquéllas a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior. Pero no todas. La sombra del derribo rondará a las levantadas en suelo protegido y las edificadas al margen de la ley no prescritas. «No es imposible, pero sí que la solución va a ser más complicada», reconoce Benítez. Bien distinto será el panorama de las que se realicen a partir de ahora al margen de los planes generales de ordenación urbanística (PGOU) o los planeamientos de rango superior. «Seremos tajantes y contundentes», advierte el dirigente de Obras Públicas.
La nueva normativa, anunciada para la Axarquía aunque extensible a todo el ámbito regional, ha sido recibida por los propietarios con optimismo, pero también con cautela y escepticismo por haberse hecho pública a dos meses de unas elecciones municipales. «Lo único que pedimos es que no hagan política con nosotros. Si hasta ahora no había forma de solucionar el problema, ¿por qué ahora sí se puede si la LOUA sigue siendo la misma?», se pregunta María del Mar Vázquez, presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares (APVI).
La entidad constituida el pasado mes de diciembre y que ya agrupa a 65 colectivos vecinales aboga directamente por modificar la ley, una propuesta que pretende llevar al Parlamento autonómico, si es posible, con el respaldo de los dos grandes partidos (PSOE y PP). El mensaje es claro: «Legalizar todas las casas en las que se pueda cambiar la calificación del suelo y dotar los servicios básicos a aquéllas que se queden fuera de ordenación y estén ocupadas», explica Vázquez, quien recalca que los vecinos no son los únicos responsables de esta situación. «Ha habido mucha permisividad. Durante años, los ayuntamientos se han lavado las manos, han cobrado el IBI y demás impuestos para luego abrir expedientes y ordenar derribos», subraya.
La elección de la Axarquía para dar a conocer el decreto no fue casual. La comarca ha llevado la voz cantante en los últimos años exigiendo soluciones, hasta el punto de que los 31 alcaldes axárquicos han llegado a solicitar reiteradamente la reforma y modificación de la LOUA como vía para la normalización urbanística. El plante ha sido tal que varios regidores están imputados e incluso condenados por dar licencias o haber mirado para otro lado. De momento, 11.025 viviendas son susceptibles de ser legalizadas, aunque en el horizonte aún pueden quedar otras tantas a juicio de los grupos ecologistas.
No son las únicas. En Mijas, la presión vecinal ha ido 'in crescendo' en los últimos años, hasta el punto de que el propio Ayuntamiento optó por paralizar el envío de multas coercitivas. Esta misma semana se ha dado luz verde a la revisión del PGOU en suelo no urbanizable, lo que conduciría a la regularización de la inmensa mayoría de las 3.000 casas 'ilegales' existentes, quedándose al margen las que invaden el dominio público y las zonas de especial protección. «La ley no lo permite en ningún caso», resalta el alcalde mijeño, Antonio Sánchez.
La misma solución es la que plantean en Estepona para los 'campitos', como se conocen popularmente los diseminados rurales. En los últimos años se han multiplicado hasta superar las 3.000 construcciones, de las que unas 800 están en suelo protegido por el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol Occidental.
El interior tampoco es ajeno a esta problemática, especialmente en los pueblos regados por el Guadalhorce. Uno de los puntos más calientes es Cártama, donde se han ejecutado varias órdenes de demolición y se han producido manifestaciones de afectados reclamando soluciones para las más de 3.500 edificaciones. Ni siquiera la capital se escapa, con 44 núcleos de población asentados fundamentalmente en Campanillas, Los Montes y Puerto de la Torre en los que cerca de 1.200 casas se han quedado fuera de ordenación en el nuevo PGOU. En Antequera, las estimaciones apuntan a 800, una cifra que se duplicaría si el radio de búsqueda se amplía a toda la comarca.



* SUR - 13.03.11
Foto: Diseminados. Los núcleos de población en el campo han aflorado en toda la provincia, como éste asentado en Campanillas - sur

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«En Zambrana hay varios millones invertidos sin conocerse su destino»

ELCORREO/Álava* : La comisión de investigación constituida en las Juntas Generales para dirimir las posibles responsables políticas de la Diputación alavesa en la fallida macrorrecalificación urbanística ideada en 2004 en Zambrana ya cuenta con las conclusiones provisionales referidas a tres meses de intenso trabajo. El presidente del órgano, Javier Ruiz de Arbulo (PP), entregó ayer al resto de formaciones de la Cámara un documento que podrá enmendarse la próxima semana y que se aprobará de forma definitiva el día 25 de marzo. Entre otras conclusiones, de carácter secreto, se constata la comisión de posibles irregularidades de índole penal, lo que obligará a la Mesa a trasladar la documentación analizada tanto al juez que investiga esta operación como al fiscal.

Según explicaron fuentes de toda solvencia a EL CORREO, el texto elaborado hace referencia expresa al dinero invertido -en balde, al menos hasta ahora- por el grupo catalán Riera Urbanizer S.L., creado 'ad hoc' en 2005 de la mano del empresario vizcaíno vinculado al PNV Iosu Arruti, quien atrajo hasta tierras alavesas a su amigo y socio Francesc Fernández Joval, que se ha llevado más de un millones de euros en comisiones legales, según declaró en las Juntas su todavía socio y sucesor al frente de la gerencia de Riera Urbanizer, Nicolás Guerrero. Y todo ello, para comprar más de un millón de metros cuadrados en Zambrana con el fin de impulsar un gran polígono industrial.
El presidente de la comisión, analizados los datos oficiales de la Hacienda foral y las transcripciones de los comparecientes, matiza que no ha sido capaz de averiguar el destino de parte del dinero gastado, pero sí concluye que los socios de la empresa inversora han pedido «millones de euros» cuyo destino se desconoce. Sólo en opciones de compra que siguen sin ejecutarse se han gastado tres, mientras que el resto, casi cuatro, se han dedicado a estudios, encargos y pagos de comisiones legales.
Círculo de amistades
El documento también hace especial hincapié en el papel que ha jugado la Diputación en un proceso urbanístico del que era competente y, en concreto, de la actuación individual tanto del exdiputado de Administración Local Alfredo de Miguel -imputado por presunta corrupción en el llamado 'caso Miñano'- como de los entonces burukides del Araba buru batzar (ABB) Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, también imputados por la misma causa -el próximo día 17 se cumple un año de su detención y posterior puesta en libertad-. Estas tres personas, junto a sus mujeres, crearon en 2005 Kataia Consulting, empresa que pese a contar con nula estructura, ingresó 280.190 euros en apenas cuatro años, como desveló este periódico.
De estos, 180.150 proceden de Sidepur, firma de Iosu Arruti, verdadero cerebro de la 'operación Zambrana' -ha percibido en torno a 1,1 millones de Riera Urbanizer-. Este hecho no ha pasado desapercibido para la comisión, que recuerda cómo sólo un día después de que Riera abonara el primer pago a Sidepur, esta firma pagó 130.000 euros a Kataia por trabajos urbanísticos. Corría 2005. Ya en 2006 y 2007, hubo otros dos pagos por «asesoramiento», uno de 20.000 y otro de 30.000, como consta en Hacienda. Sin embargo, no existe constancia documental de los trabajos hechos.
Los junteros, en este sentido, han constatado un círculo de amistades y compañeros de partido que podría haber derivado en la existencia de un posible tráfico de influencias, el mismo que el juez está investigando. Para muestra, un botón. Recalcan que el propio Arruti confirmó que sólo hablaba con De Miguel, cuya mujer, también imputada, trabajaba en Nai Duenak, empresa de la que Arruti es apoderado.
El documento, según las fuentes analizadas, también advierte de un posible perjuicio patrimonial para la Diputación, institución que debía aprobar el cambio de normas subsidiarias propuesto en Zambrana para 120 hectáreas. Se da la paradoja de que a mediados de 2007, tras la llegada del PNV a la Diputación, De Miguel, hasta entonces secretario general del ABB, es nombrado diputado de Administración Local, estando entre sus responsabilidades el área de Urbanismo.
Cambio de criterio
El proyecto sigue su curso y es el 13 de marzo de 2009 cuando llega la primera criba en el seno de la comisión de urbanismo del País Vasco -en aquel momento, de 120 hectáreas ya se había rebajado a 66-. En aquella votación y en una actuación hasta la fecha inédita, el PNV en bloque pide votar a mano alzada los informes técnicos del Gobierno vasco contrarios a esta recalificación. Ganan -por aquel entonces gobernaba Ibarretxe- y la tramitación sigue adelante. A la cita no acudió De Miguel, sino su director, Iñaki Nafarrate, luego nombrado sucesor. Y entre sus argumentos, leyeron unas notas a favor del proyecto que no están firmadas por ningún técnico de la institución.
Meses más tarde y alegando la existencia de informes medioambientales de la Diputación, el equipo de De Miguel decide rebajar a 22 hectáreas la recalificación. Y lo hace ante la sorpresa de Riera Urbanizer, que recurrió ante los tribunales la decisión al considerar que la orden foral fue emitida fuera de plazo.



* El Correo - 12.03.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Valencia.- La policía cerca al constructor que se enriqueció con Correa en la visita papal

ELPAÍS* : La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.

El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.

La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.

La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.

El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".

La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".

El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).

Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.



* El País - 12.03.11
Foto: Gürtel, imputado cerebro Correa - elpais

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El gerente de Urbanismo declara este miércoles como imputado por la venta de suelos de Mercasevilla

20MINUTOS* : La juez de Instrucción nº6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha citado a declarar este próximo miércoles en calidad de imputados al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Miguel Ángel Millán, y al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera, dentro de las diligencias abiertas por la presunta venta irregular de los suelos de Mercasevilla a la compañía filial de Sando 'Sanma Desarrollos Urbanísticos' --que se alzó con la adjudicación a pesar de que en el concurso público concurría una oferta superior por parte del Grupo Noga--, concretamente "por las presuntas irregularidades penales en la concesión a Sanma de la licencia de primera ocupación".

En un auto emitido el pasado día 16 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Alaya imputó tanto al gerente municipal de Urbanismo como al aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera Rimada, y los citó a declarar a ambos el día 2 de marzo, aunque finalmente las declaraciones fueron suspendidas y fijadas nuevamente para este miércoles día 16 de marzo.

La juez Alaya argumenta que, "en virtud de las pruebas practicadas hasta la fecha, concretamente del análisis de los expedientes de licencia de edificación, de licencia de primera ocupación, de la documental remitida por Endesa y de lo que se desprende, entre otras, de las declaraciones de Luis Gómez Martínez y de Emilia Barrial Chamizo, procede" imputar tanto a Millán como a Ferrera. En el mismo auto, rechaza la personación de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía en esta causa.

En esta rama del caso la juez mantiene imputadas ya a 15 personas, entre ellas al ex gerente de Urbanismo, Manuel Marchena; el ex edil y ex presidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los ex directivos del merca Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento sevillano y ex asesor del Grupo Municipal Socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.

También están imputados la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, y la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Emilia Barrial Chamizo.


* 20 Minutos - EP. - 12.03.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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Japón, las casas más resistentes del mundo

ELMUNDO* : Japón, un archipiélago situado sobre una 'bomba sísmica', se precia de construir los edificios más resistentes del mundo. Esta vez, el quinto terremoto más fuerte de la historia (8,9 grados) ha podido con la estructura de muchas viviendas y grandes edificios en las ciudades del norte del país, como en la industrial Sendai y en toda la prefectura de Fukushima. En Tokio, a 373 kilómetros al suroeste del epicentro, cuatro millones de casas se quedaron sin luz y numerosos edificios se tambalearon, mientras que en la vecina Yokohama, los tejados de algunos bloques se derrumbaron, según la emisora NHK. Pero si el mismo movimiento telúrico se hubiera producido en cualquier otra parte del planeta con tan alta densidad de población, las dimensiones de la catástrofe hubieran sido infinitamente mayores.

En Japón las estructuras de los edificios están tan reforzadas que, a su lado, en los edificios españoles parecen enclenques castillos de naipes. Desde la Edad Media, el país levanta edificaciones a partir de vigas de bambú y paredes de papel arroz preparadas para soportar la vibración de sus cimientos. A partir del fuerte terremoto registrado en 1923, los edificios se empezaron a construir con acero, pero a partir de las Segunda Guerra Mundial, el país pasó a emplear densos forjados de hormigón, conocidos como 'arquitectura brutalista'.

Simetría y distribución vertical del peso

La ingeniería anti sísmica japonesa diseña edificios simétricos y elásticos que absorben la vibración del suelo.

Otro factor de protección es la distribución vertical del peso. Cuando se construye un bloque de viviendas, se procura que los pisos inferiores sean los que soporten la mayor carga. Además, cuanto más amplia sea la base del edificio, mejor resisten los embates del seísmo.

Además, la normativa exige una separación de varios centímetros entre las medianeras de los bloques, para permitir que los edificios cimbreen sin que se golpeen entre sí y evitar un 'efecto dominó'.

La población japonesa y los estudiantes de arquitectura asumen con naturalidad la posibilidad de un terremoto. El de esta noche es el peor registrado en Japón en los últimos 140 años. El último de trágicas consecuencias es el de 1995 en la provincia de Kansai, con epicentro en Kobe (7,2 grados), que arrasó la ciudad, se cobró la vida de 6.500 personas, 45.000 heridos y 200.000 edificios derrumbados.


* El Mundo - 11.03.11
Foto: Panorámica de la ciudad de Soma, al norte del país. | AP

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Vélez deberá expropiar una parcela treinta años después de ser ocupada

SUR/Málaga* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Vélez-Málaga a iniciar el expediente de justiprecio de una finca treinta años después de haber sido ocupada con motivo de las obras del paseo marítimo de Torre del Mar. El TSJA entiende que la parcela, de 464 metros cuadrados de superficie, fue ocupada por el Ayuntamiento cuando se ejecutó el proyecto sin que llevara a cabo su expropiación. Los demandantes han venido reclamando desde el año 1981 al Consistorio de Vélez que se les indemnice por la ocupación de su finca. Por dos veces se les ha denegado su petición, una en 1997 y otra en 2000, siendo ahora, tres décadas años después, cuando se ha producido una sentencia favorable a sus intereses.

El Consistorio ha venido manteniendo desde un primer momento que la parcela pertenece al dominio público marítimo terrestre, ya que en las Normas Subsidiarias, primero, y en el PGOU, después, aparece la zona como área libre pública. Asimismo defiende que nunca los propietarios tomaron posesión de la finca.

Sentencia firme

El fallo judicial, que es firme y sobre el que no existe la posibilidad de interponer recurso, obliga sin embargo al Ayuntamiento de la capital de la Axarquía a iniciar un expediente de justiprecio con el fin de indemnizar a los propietarios, aún cuando el Consistorio mantiene que la ocupación de los terrenos no tuvo lugar, que la titularidad del suelo no está acreditada y que la ubicación de la finca coincide con la línea marítimo terrestre, por lo que antes de decidir sobre la expropiación lo procedente es acreditar la propiedad del inmueble por la vía civil. Por estos motivos, el Ayuntamiento había solicitado una sentencia desestimatoria.
En el fallo judicial se hace constar sin embargo que los recurrentes aportan para demostrar la titulación de la parcela la demanda de inscripción en el Registro de la Propiedad, la correspondiente anotación catastral y el cobro de los impuestos de plusvalías y bienes inmuebles.
Al contrario de lo que mantiene el Ayuntamiento, el TSJA expresa en la sentencia, que está en manos del Consistorio el pasado mes de diciembre, por el simple hecho de que se discuta el derecho de propiedad, en modo alguno ello conlleva la necesidad de que «con carácter previo y necesario se pronuncien los tribunales del orden jurisdiccional civil, sino que la propia jurisdicción contencioso administrativo puede pronunciarse al respecto con carácter prejudicial».
Para el Ayuntamiento, aunque la sentencia del TSJA no atiende la petición del Consistorio, si deja abierta la posibilidad de aclarar el tema de la propiedad y de la identificación de la finca en un juicio civil. Los afectados reclaman al Ayuntamiento de Vélez-Málaga 450.000 euros, cantidad a la que habrá que sumar los intereses de demora y un 25% en concepto de indemnización por la ocupación de la finca, lo que podría suponer una cantidad global de unos 600.000 euros.
Fuentes municipales han señalado a este periódico que el Ayuntamiento sigue defendiendo que el espacio que reclaman las demandantes como suyo nunca ha sido una propiedad privada sino que forma parte de la playa de Torre del Mar.
Una práctica habitual
Según el Consistorio, durante muchos años fue una práctica habitual que por parte de determinadas personas se escrituraran terrenos ganados al mar, sobre todo en puntos del litoral como Torre del Mar, donde la playa crecía a un ritmo de entre 10 y 20 centímetros anuales.
Los demandantes adquirieron la finca mediante escritura publica en 1979, aunque la propiedad se remonta al año 1945, siendo en la década de los 90 (cuando el paseo marítimo ya llevaba varios años ejecutado) cuando consiguieron, previa solicitud a la Dirección Provincial del Catastro en Málaga, dar de alta a su finca en el mismo y por tanto pagar el Impuesto de Bienes Inmueble (IBI) por la mencionada finca.



* SUR - 12.03.11
Foto: Vélez-Málaga, vista - laopinión.es

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Maracaibo.- ¿Qué hacer con los “fantasmas de cemento”?

NAD/Venezuela* : Sin utilidad y al servicio de la delincuencia y de invasores permanecen los edificios “fantasma” de Maracaibo. Tal parece que poco motiva rescatar espacios que en época de apogeo sirvieron de escenarios para que se desarrollara parte de la historia de la ciudad. Sin embargo, como una posible solución se vislumbra la discusión del tema. En trabajos anteriores se abordó la problemática de los “fantasmas de cemento”, esos que nadie quiere ver, pero que -sin posibilidad de ocultarlos- son ornamentos inamovibles de la ciudad. ¿Qué aportan? ¿Quién se beneficia de ellos? La respuesta es más que obvia, y por ello resulta irónico que hasta ahora no se halla tenido iniciativa para reconstruir o demoler para aprovechar el terreno.

Aspecto legal

La Ordenanza sobre Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente en el Municipio Maracaibo se creó para velar por la calidad de vida de la jurisdicción del municipio. El documento comprende la planificación urbana, entre otros aspectos, según establece el numeral 1, del artículo 3.

Asimismo, el numeral 6 del mismo artículo indica que se actuará ante “Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para alcanzar el propósito de la presente Ordenanza”, el cual es “establecer principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”.

Los referidos numerales tocarían de manera general el tema de los edificios abandonados, si se partiera de la premisa de que “los edificios hacen la ciudad”, como lo afirmó el especialista en el tema, Rafael Márquez, profesor del Departamento de Historia de Arquitectura de la Universidad del Zulia.

La Ordenanza es más específica en cuanto al tema: “Las construcciones que amenacen ruinas o las que por mal estado pudieran ocasionar un peligro inminente para sus ocupantes, para la colectividad y que afecten el medio ambiente estarán sujetas a lo establecido en la Ordenanza sobre construcciones ilegales o demoliciones” (Artículo 29).

En el mencionado documento se establece a la Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.), como el organismo rector en el tema de las construcciones ilegales o demoliciones.

El numeral 3 de la ordenanza sobre construcciones ilegales, indica que se considerará como tal “Toda construcción que amenace ruina o que por su mal estado en alguna parte de su estructura pudiese ocasionar daños, que representen un peligro inminente para sus ocupantes o para la comunidad”.

En tales casos, no se mencionan cuáles podrían ser los “daños” a que se hace referencia, pero seguramente, la acumulación de basura, y el albergue de maleantes y consumidores de droga, no reportan ningún beneficio.

Consciente de esta realidad, el concejal Joaquín Chaparro explica que hasta ahora no habido pronunciamientos o posición administrativa por parte del Concejo Municipal de Maracaibo, pero considera que se debe atender el tema, por cuanto los edificios rescatables podrían aportar beneficios, y que los que representan un peligro, como el Banco de Comercio (ubicado en 5 de Julio), deberían demolerse.

En cuanto a los edificios que representan patrimonio cultural, asegura que hay una obligatoriedad implícita de mantenerlos y recuperarlos. Afirma, además, que son espacios que se podrían rescatar para ponerlos al servicio de la Gobernación y la Alcaldía, para generar beneficios y bienestar para la comunidad.

En ese sentido, Chaparro es de los que cree en rescatar para dar valor a los inmuebles icónicos de loa ciudad, de los cuales no puede evitar nombrar el edificio Botica Nueva, también conocido como el de “los sansones” o “atlantes”.

“Ese fue el primer edificio de Maracaibo que tuvo ascensor”, recuerda el concejal.

Es por ello que afirma que “el estado y el municipio deben tomar una decisión sobre la demolición o rescate de los edificios abandonados”, razón por la cual se espera que plantee la problemática que esto genera para la ciudad, y los beneficios que traería si fueran activados.

Chaparro explica que se prevé trabajar en conjunto con instituciones y profesionales especializados para abordar el tema, y trabajar en pro de dar solución a lo que considera atenta con la cara de Maracaibo y el mejoramiento de esta en cuanto a urbanismo se refiere.

Sobre las construcciones abandonadas en manos de privado, indica que se debe levantar un informe jurídico de comprobación por parte de la sindicatura a objeto de determinar el carácter de la propiedad y exhortar a los propietarios a asumir la responsabilidad de resolver el problema, “en virtud de conservar la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad”.

Hasta ahora, finaliza, Chaparro, no ha existido motivación suficiente para resolver el tema de los fantasmas de concreto, los cuales hasta ahora no benefician y que significarían oportunidades de vivienda, y establecimientos de organismos que reporten ventajas para las comunidades en las que fueron construidos.



* Noticia al día - 10.03.11
Foto: Edificio Gómez Castro, ubicado en la avenida El Milagro - NAD

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