Gáldar primera capital de la Isla antes de la conquista, es poseedora de uno de los más ricos legados del pasado prehispánico, esta y otras actuaciones similares, tratan de destruirlo en beneficio de intereses muy particulares. El pueblo canario debe defender su pasado y potenciarlo como elemento dinamizador de su economía, su cultura y su idiosincrasia como nación.
* YouTube - 26.02.11
Gran Canaria.- Se vende Gáldar
El Campello.- Un juez procesa al exedil de Urbanismo Giner por tráfico de influencias en el plan El Barranquet
En el auto de procesamiento, fechado el 24 de febrero y notificado el pasado miércoles, se explica que "se han practicado en la causa todas las diligencias encaminadas a esclarecer los delitos y averiguar las personas responsables", resaltando la existencia de indicios de que "Juan Lorenzo Giner, en su condición de concejal de Urbanismo y Contratación del Ayuntamiento de El Campello y durante la tramitación de los proyectos de urbanización y reparcelación de la UA/13, se aprovechó de tal circunstancia para participar de los beneficios del mismo, no sólo mediante la venta de una porción de terreno que el mismo ostentaba en propiedad e incluida en el referido plan al que había informado sobre cuestiones técnicas, sino incidiendo en la marcha del desarrollo del mismo sobre el resto de los miembros del Consistorio a los efectos de asegurarse el mayor beneficio posible en la referida venta".
Por ello advierte que "los citados hechos pueden ser constitutivos de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios del art. 439 CP y un delito de tráfico de influencias del art. 428 CP respecto a Juan Lorenzo Giner", por lo que procede continuar con las diligencias. Del mismo modo archiva la causa respecto a su exsocio Antonio Pastor, al no hallar indicios de delito en su actuación.
Por ello ha instado a que en el plazo de diez días el Ministerio Fiscal y las acusaciones personadas, en su caso PSOE y EU, presenten los pertinentes escritos de acusación para proceder a la apertura de juicio oral, o que pidan el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
La edil de Esquerra Unida Erundina Gutiérrez anunció ayer que presentarán escrito de acusación para proceder a la apertura de juicio oral por unas irregularidades que la oposición viene denunciando desde el año 2000, cuando Giner participó en una votación del pleno sobre este proyecto. Gutiérrez destacó que "hay que depurar responsabilidades y aunque la justicia llega diez años después, al final siempre llega". El portavoz del PSOE Pepe Varó se mostró en la misma línea y señaló que van a seguir con la denuncia presentada por sus compañeros del PSOE en 2002 y pedir la apertura de juicio oral.
Por su parte Giner manifestó ayer que desconocía el auto judicial e insistió en que la citada votación en la que tomó parte fue nueve meses después de haber vendido la parcela afectada, de 6.600 m2, contando además con el respaldo de la entonces Conselleria de Obras (Coput), que en un escrito señalaba que si había vendido los terrenos ya no tenía que abstenerse. En ese pleno se aprobó por unanimidad la exposición al público del plan, por lo que su voto tampoco fue decisivo.
El exedil del PP, que entre 1999 y 2003 fue responsable de Urbanismo y entre 2004 y 2007 de Personal e Infraestructuras, ya no están en el Ayuntamiento y estuvo imputado por un supuesto cobro de comisiones precisamente en este plan, siendo archivada la causa en 2005 al no hallarse pruebas.
Centro social y 800 casas
El plan de El Barranquet se desarrolla en la zona del mismo nombre, entre el centro urbano tradicional y el barrio del Carrerlamar. Esta actuación prevé siete edificios con unas 860 casas, de las que de momento hay construidas cerca de la mitad. Además en la zona se ubica el Parque Central y el Centro Social, entre otras dotaciones.
* Información - 5.03.11
Foto: El Campello (Alicante), puerto - elcampello.es
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La Junta permitirá legalizar once mil viviendas irregulares en la Axarquía
Otra cosa será lo que suceda con las viviendas que se realicen a partir de ahora y que no respondan a los planes generales de ordenación urbana de los municipios, la LOUA y el Plan de Ordenación Territorial de la Axarquía (POTAX), para las que la Junta anuncia «la mayor contundencia» al objeto de evitar que surjan nuevos crecimientos ilegales.
El anuncio, a sólo dos meses de unas elecciones municipales, no parece gratuito. La nueva postura expresada por la Junta de Andalucía a través de la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, que ayer se reunió en Málaga con 22 de los 31 alcaldes de la Axarquía para hacerles entrega de los inventarios de edificaciones ilegales realizados en sus respectivos municipios, conllevará que del total de 12.760 construcciones ilegales contabilizadas, 11.025 puedan tener «vías de solución».
No es una amnistía
Para Villalón, este anuncia no se trata en modo alguno de una «amnistía, sino de reconocer una realidad que está ahí y de dar respuestas, pero con condiciones. Lo que estamos haciendo es reconocer la existencia de 11.025 viviendas que pueden entrar en un proceso de regularización».
Pero llame como lo quiera llamar la consejera, la realidad es que el 86,5% de las viviendas residenciales ilegales inventariadas y que incumplen la LOUA por no estar vinculadas al uso agrícola, ganadero o forestal, podrán ser regularizadas.
Con esta finalidad, la Consejería de Obras Públicas y Vivienda está trabajando en la elaboración de una nueva norma de ámbito andaluz y con rango de decreto del Consejo de Gobierno que podría entrar en vigor en un plazo máximo de seis meses, según ha anunciado Josefina Cruz.
El decreto, que representará un antes y un después con relación al urbanismo en la Axarquía, donde los alcaldes han demandando de manera reiterada la reforma de la LOUA, persigue resolver la regularización tanto de las casas que se encuentran fuera de ordenación como de las asimiladas a fuera de ordenación, figura en la que se engloban todas las viviendas construidas ilegalmente, pero que han prescrito después de cuatro años y a las que no se les puede exigir la restitución de la realidad física anterior, es decir, la demolición. Según Villalón, en la Axarquía existe un buen número de viviendas construidas de manera ilegal en suelo no urbanizable común que ya han prescrito y que «no se pueden quedar en el limbo», de ahí que la Junta esté buscando una fórmula para reconocer su situación.
Procedimiento
¿Cuál va a ser e procedimiento de regularización? Según la consejera, una vez aprobado el decreto que regulará la viviendas en el no urbanizable, en el caso de las viviendas fuera de ordenación, deberán ser los propietarios los que soliciten la legalización a los ayuntamientos acompañado la petición de un proyecto de actuación, aunque eso sí, no se les exigirá ninguna vinculación al uso agrario, ganadero o forestal. A partir de ese momento, deberán ser los ayuntamientos los que podrán resolver otorgando la correspondiente licencia de ocupación.
Con las viviendas que la Junta asimila al fuera de ordenación, que son las ilegales que han prescrito, siempre que no estén denunciadas y dado que no se les podrá exigir la restitución de la realidad física modificada, los propietarios podrán pedir su «reconocimiento. Será una forma de decir que están ahí y que existen», según Josefina Cruz. También en este caso serán los ayuntamientos los que tengan la última palabra, a la vez que podrán autorizar las obras indispensables para que puedan ser adaptadas al uso al que se destina, aunque en ningún caso los servicios públicos que soliciten deberán ser asumidos por las administraciones.
En este sentido, la titular de Obras Públicas ha dejado claro que la dotación de esas infraestructuras deberán ser siempre sin coste para los consistorios, ya que «los propietarios de viviendas irregulares no contribuyen, como sí lo hacen los vecinos de casas legalmente construidas, a la urbanización, las infraestructuras y los equipamientos del sector. Además no podemos olvidar que son viviendas construidas ilegalmente».
En el polo opuesto se encuentran las 859 edificaciones que se levantan sobre suelo no urbanizable de especial protección y las 976 construidas ilegalmente y que no han prescrito, algunas de las cuales podrían terminar incluso con la demolición, recayendo en los ayuntamientos esta decisión. No obstante, Cruz Villalón ha avanzado que las resoluciones no serán rápidas. «Estamos hablando de un problema que se viene arrastrando durante los últimos 30 años», ha señalado la consejera.
Con los inventarios, los distintos planeamientos y el decreto, según la titular de Obras Públicas, «se dará a los ayuntamientos seguridad jurídica para sus actuaciones y garantía a la mayor parte de los propietarios, que tendrá así una nueva vía para el reconocimiento de sus viviendas, para que puedan dotarlas de los servicios mínimos». Paralelamente, la medida propuesta ahora por la Consejería persigue «frenar los procesos judiciales en los que se han visto inmersos algunos alcaldes como consecuencia de las autorizaciones que han dado en el no urbanizable», aunque, según la consejera, los ya abiertos seguirán su desarrollo y «corresponderá a los tribunales dictar sentencia».
El anuncio de Obras Públicas y Vivienda ha sido acogido por los alcaldes con los brazos abiertos, aunque en el encuentro celebrado ayer gran parte de los 18 responsables municipales que asistieron a la reunión esperaban, cansados de esperar, que la consejera llevara debajo del brazo del decreto de regularización de las viviendas.
«Los principales beneficiarios serán los propietarios de las casas, ya que estamos hablando de que permitirá regularizar el 87% de las viviendas construidas en el campo. En el caso de Iznate, la regularización puede llegar al 90%. Seguro que habrá casos espinosos y sobre los que habrá que trabajar, pero sin duda es bastante positivo», afirmaba a la salida de la reunión el alcalde, Gregorio Campos.
«Ya era hora»
Para el responsable de la asociación Save Our Homes Axarquía (en castellano significa Salvemos Nuestros Hogares), Phillip Smally, ya era hora que la Junta dejara las palabras para comenzar a actuar, aunque el colectivo al que representa defiende la legalización del 100% de las viviendas.
Desde el Gabinete de Estudios de la Naturaleza (Gena-Ecologistas en Acción), que está detrás de buena parte de las denuncias realizadas en la comarca por presuntos delitos urbanísticos, su coordinador, Rafael Yus, ha valorado el anuncio realizado por Josefina Cruz como «una amnistía en toda regla, ya que lo que supone es renunciar a la Ley del Suelo».
Los municipios inventariados son Almáchar, Arenas, Comares, Iznate, Moclinejo, Alfarnate, Benamargosa, El Borge, Canillas de Albaida, Cómpeta, Cútar, Macharaviaya, Salares, Sedella, Alfarnatejo, Algarrobo, Benamocarra, Colmenar, Frigiliana, Periana, Sayalonga y Riogordo.
«Se persigue también frenar los procesos judiciales en los que se han visto inmersos los alcaldes»
«Los principales beneficiarios del decreto serán los propietarios de las casas»
«Esto es una amnistía en toda regla y supondrá renunciar a la Ley del Suelo de Andalucía»
«Me parece muy bien, porque hasta ahora sólo han habido palabras en lugar de hechos»
* Sur - 5.03.11
Foto: La fórmula para las casas de la Axarquía se ampliará al resto de viviendas de Andalucía. :: SUR
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El alumbrado público español figura a la cabeza del gasto eléctrico en Europa
Sánchez ha señalado también que el crecimiento anual del gasto en alumbrado público se sitúa en un 4,7%, frente al 0,7% del crecimiento de la población, y que España es el país de la Unión Europea con mayor densidad de población en área construida, por lo que "iluminar debería ser mucho más barato que en otros países". En cuanto a la distribución geográfica del derroche, ninguna provincia española cumple el Plan de Acción 2008-2012 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética.
En esta línea, Sánchez ha argumentado que en los últimos años el mayor aumento de iluminación se ha dado "en las nuevas construcciones, como en Murcia, y en zonas de baja densidad de población, donde se ha duplicado y hasta triplicado en algunos casos el nivel de emisiones contaminantes".
El portavoz del grupo de Estudio de Contaminación Lumínica, que está haciendo un catálogo de las imágenes de la Estación Espacial Internacional, ha concluido que, de hecho, "España es uno de los lugares favoritos de los astronautas para hacer fotos de noche, por lo fácil que resulta ya que además de despejado está muy iluminado".
* 20 Minutos - 3.03.11
Foto: Granada, centro iluminado - 20minutos
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El Puerto.- Satisfacción de EA por la actuación contundente del juez contra la corrupción urbanística
La Fiscalía entendió que las autorizaciones otorgadas al margen de la legalidad, indican mediante comunicado de prensa, sí concurren indicios de la existencia de comportamientos delictivos prevaricadores, y recordaba que el Tribunal Supremo ha señalado que estas hechos provocan “la quiebra que en los ciudadanos va a tener la credibilidad de las instituciones y la confianza que ellas debe merecer”, y que estos comportamientos políticos “puede producir efectos devastadores en la ciudadanía”.
En vista de lo cual la Fiscal Jefe Ángeles Ayuso Castillo acordó la remisión de dichas “diligencias, con carácter de denuncia, al Juzgado de Instrucción Decano de El Puerto de Santa María (...), al evidenciarse hechos de significación penal”. Además de por la trama de regularización de viviendas ilegales, la Fiscalía también apoyó la apertura de otras seis causas por ilegalidades urbanísticas y medioambientales. A partir de aquí el juez titular del Juzgado nº 3 y Decano de El Puerto inició las diligencias de investigación que han llevado a numerosas actuaciones por construcciones en vías pecuarias, en terrenos forestales como el Pinar del Obispo, o por la enajenación irregular de propiedades municipales.
Como derivación de estas diligencias, y como suele ser habitual en las tramas de corrupción urbanística, al parecer se han se han detectado indicios de enriquecimiento ilícito y blanqueo de dinero por parte del anterior responsable del área de Urbanismo, de un familiar suyo, del jefe de servicio de Licencias, de su compañera sentimental y funcionaria del mismo área de Urbanismo y de una arquitecta socia de la anterior. "En las denuncias que hemos venido presentando Ecologistas en Acción por los casos de “legalización” fraudulenta de viviendas ilegales, advertíamos que era imprescindible la complicidad del jefe de servicio de Licencias, de su compañera, que montó un estudio que tramitaba las licencias, y de Juan Carlos Rodríguez, que las otorgaba por silencio administrativo, y por lo que los dueños de las viviendas ilegales pagaban sustanciosas cantidades".
Destacan como hecho curioso que la arquitecta implicada denunció a Joaquín Paloma y a Juan Clavero, coordinador y secretario de urbanismo de Ecologistas en Acción-El Puerto, solicitando 400.000 euros de indemnización por haber denunciado su participación en la construcción de viviendas ilegales en Los Perales. El caso se archivó al presentar pruebas irrefutables de la participación de dicha técnico en obras ilegales en nuestra ciudad.
Ecologistas en Acción lamenta que la falta de medios de los juzgados de El Puerto haga penosamente lenta la investigación de las causas por corrupción –que son más de una docena- abiertas en los distintos juzgados, por lo que sería imprescindible dotarlos de los medios personales y materiales adecuados para que puedan cumplir con su misión. Hay que destacar que una causa de tanta entidad como la abierta por la construcción de viviendas en el Sistema General de Espacios Libres (SGEL) del Pinar de Coig se juzgará dentro de diez días después de cinco años de ser denunciada; y que otras, como las construcciones de viviendas en la reserva natural de Las Lagunas, en el Sistema General de Equipamiento de Los Desmontados, o en el pinar del Obispo, siguen después de años en diligencias previas sin que se haya cerrado la instrucción.
Por último, Ecologistas en Acción cree necesario recordar, ante tanto político amnésico, que esta trama de corrupción floreció durante la anterior legislatura, cuando gobernaban en coalición IP y PSOE, y cuando eran miembros y socios de la junta de Gobierno local Hernán Díaz, Juan Carlos Rodríguez, Enrique Moresco, Silvia Gómez, Fernando Gago e Ignacio García de Quirós, aunque a alguno se le haya olvidado.
* Andalucía Información - 3.03.11
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
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México.- Mala planeación urbana, igual a ciudades sin competitividad
Topelson mencionó que la competitividad de las ciudades está relacionada con la calidad de vida de las personas y subrayó que cuando existe tal dispersión de la mancha urbana, que genera poca densidad, no se presenta la misma calidad de vida. Explicó que es necesario estructurar los centros urbanos con una mayor densidad, porque las bajas densidades no construyen redes sociales y favorecen el individualismo; sin embargo, aclaró, las ciudades que se exceden en densidad, presentan problemas.
“Lo que hace a una buena ciudad son los espacios públicos, son los espacios de encuentro, de interacción, de conexión a nivel humano, es decir, sus parques, espacios deportivos, corredores; todo esto hace a una ciudad mucho más competitiva y mucho más vibrante”, especificó.
A este respecto, Eugene Towle, con experiencia de más de 20 años en temas de desarrollo inmobiliario y quien es miembro del Consejo Ejecutivo del CTS, comentó que el país ha crecido rápidamente, negando la realidad demográfica, y por ende, las ciudades están creciendo como si se “desparramara el vaso”.
Dijo que las 50 ciudades más grandes de México podrían crecer el doble o hasta el triple en los próximos 20 años, por el número de niños que las habitan. “Si planeamos para ese crecimiento vamos a tener unas ciudades ricas y fructuosas, pero si seguimos haciendo lo mismo veremos simplemente parches de parches de parches”, explicó Towle.
En términos de sustentabilidad, Sara Topelson refirió que las ciudades dispersas generan más emisiones de carbono, mientras que las ciudades densas consumen menos energía y propician mayor convivencia social.
Por su parte, Adriana Lobo, directora del CTS México, añadió, a manera de conclusión, que la densidad no es pecado y no siempre significa conjuntos feos, con corredores feos y estrechos. Señaló que hay muchos otros modelos de densidad que son muy interesantes, y dijo que México debe recuperar el sentido estético de sus construcciones.
En el Panel de competitividad y política pública urbana y transporte también intervinieron: Néstor Roa del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Manuel Molano del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO); Jorge Torres de FedEx; y Gustavo Núñez de Guadalajara 2020.
Norma de eficiencia energética
A unos meses de realizarse la Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, mejor conocida como COP, que en su edición número 16, se celebrarà en Cancún, México, en noviembre de este año, el CTS organizó una mesa denominada Norma de Eficiencia Energética, en la que se presentaron los argumentos más importantes al respecto de la entrada en vigor de la norma.
“La norma energética es ya una norma de tres secretarias de Estado”, aseveró Luis Barojas, director general de la Industria de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natural (Semarnat).Anunció que la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Economía (SE) y la Semarnat están integrados en esta norma, que pretende reducir las emisiones contaminantes de los vehículos ligeros.
Afirmó que en el período 2012-2016, se prevé un escenario intermedio que permita reducir las emisiones de bióxido de carbono (CO2) hasta en 30 millones de toneladas de CO2, y esto sólo es un estimado para la regularización de los automóviles nuevos.
En términos del sector automotriz, este tiene un crecimiento de 7 por ciento anual, superior al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y poblacional. A su vez, la exportación de automóviles asciende a 1. 5 millones de unidades, esto es, el 81 por ciento de los carros que se fabrican.
Con la Norma de Eficiencia Energética se pretende reducir la emisión de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el país, hacer eficiente el parque vehicular y que los automóviles consuman un mayor kilometraje por litro de gasolina.
* Centro de Transporte Sustentable México - 4.10.10
Foto: Mexico, ciudad-del-caos - CNN
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El Gobierno pide al Consell que anule el nuevo PGOU de Alicante
El escrito de alegaciones del Sepes acusa al Ayuntamiento, presidido por Sonia Castedo, del PP, de incumplir los pactos entre la entidad y el Consistorio previos a la aprobación provisional del PGOU, el 17 de abril de 2009. "Para sorpresa de esta entidad pública, no se contemplaban [en el nuevo PGOU] muchas de las cuestiones que habían sido planteadas y consensuadas en las citadas reuniones", dice el documento. "Al contrario, se producen importantes lesiones a los intereses públicos", añade.
La entidad Sepes es, en la actualidad, la titular de los terrenos del polígono de Las Atalayas, con una superficie aún por desarrollar urbanísticamente de 193 hectáreas. El organismo mantiene que "buena parte de esos terrenos" eran urbanizables antes de la revisión del PGOU. "Y, sin embargo, han quedado, injustificadamente, excluidos de los futuros desarrollos urbanísticos de la ciudad, produciendo un innegable perjuicio para el desarrollo industrial, económico y social de la ciudad de Alicante y de la Comunidad Valenciana". La sociedad pública también mantiene que sus terrenos en las sierras de Sancho y Borgoño han sido "arbitrariamente" excluidos de la consideración de parques naturales. Esta calificación hubiera permitido a la entidad transferir sus aprovechamientos urbanísticos a otras zona urbanizables de la ciudad.
El Sepes asegura que presentó alegaciones a esa aprobación provisional del PGOU, que el Ayuntamiento no atendió en la segunda validación al documento, en mayo de 2010. En ambas ocasiones, el PP se quedó solo en la aprobación. El PSPV votó en contra.
El desacuerdo de la sociedad estatal Sepes con la actuación del Ayuntamiento de Alicante en la redacción del nuevo planeamiento urbano es tan frontal que en el escrito que envía a la consejería que dirige Juan Cotino asegura también tener constancia "de que son múltiples los intereses particulares lesionados en las decisiones adoptadas con la aprobación provisional del citado plan". Sepes agrega en sus alegaciones que estos particulares han presentado numerosas reclamaciones, síntoma inequívoco, en opinión de la empresa pública de promoción, de las "múltiples carencias técnicas y jurídicas" del texto propuesto por el Ayuntamiento de Alicante.
Sepes incide en que debido a las "múltiples infracciones del ordenamiento jurídico estatal y autonómico de la aprobación provisional de la revisión del PGOU de Alicante", la Generalitat debe anular el acuerdo del pleno o devolver el expediente al Ayuntamiento obligándole a introducir las correcciones expuestas en el escrito.
En sus alegaciones, el Sepes menciona otras consideraciones sobre el planeamiento respecto a la ampliación de Las Atalayas, denominado en el PGOU como UZO-10. Una de las críticas es la inconcreción sobre quién tiene que ejecutar la red viaria del sector y la conexión e integración con el resto de la zona. El Sepes considera que, de ser asumidas las cargas por ella, pondría en peligro la viabilidad económica del proyecto de ampliación. Según un cálculo de la empresa pública, el coste de las obras de urbanización y conexiones con los principales viales del área (A-31 y A-7) ascenderían a 16 millones de euros. Cifra que se elevaría hasta los 18,5 millones si también tuviera que ejecutar los viales de conexión con el citado polígono.
Por otro lado, las reclamaciones privadas que menciona Sepes se refieren a las denuncias que algunos propietarios de terrenos en el extrarradio de Alicante han presentado ante el propio Consistorio al comprobar cómo éste desprotegió su suelo tras negarse ellos a vender a un particular. En el primer avance del futuro planeamiento se calificaba como paraje natural una zona que incluía alrededor de 700.000 metros cuadrados que cinco propietarios, los denunciantes, poseían en la partida de Bacarot, en las inmediaciones del polígono Las Atalayas y Pla de La Vallonga. Los dueños aseguran que en el verano de 2008 representantes de la empresa Mallaeta Urbana se pusieron en contacto con ellos con la intención de comprarles el citado suelo. Solo un propietario accedió a vender. La operación no cuajó y al mes de frustrarse el Ayuntamiento eliminó del PGOU esa zona como parque natural y le devolvió la consideración de suelo rústico. En su lugar, se incluyó como zona protegida el vecino paraje de la sierra de Fontcalent. Los propietarios alegaron exigiendo una explicación por el cambio, aunque no recibieron respuesta.
* El País - 4.03.11
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
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«Zamora comparte las consecuencias de la tragedia urbanística de España»
-Hoy analiza la crisis del urbanismo en Zamora, donde el Foro Ciudadano insiste en la excesiva dimensión del futuro Plan. ¿Se trata de un problema exclusivo de la ciudad?
-En realidad, no sólo es un problema de Zamora, sino de todo el urbanismo español en general, que afronta una seria crisis.
-¿Cuáles son las claves de esa situación?
-Por un lado, la legislación no ha sabido responder al modelo de ciudad de los noventa como sí supo hacerlo en 1956 y en 1976. Además, en los últimos veinte o veinticinco años, el epicentro se ha situado en el aprovechamiento del producto inmobiliario, donde han primado los intereses individuales sobre los generales.
-¿El crecimiento de la población en los noventa está en el origen del problema?
-Realmente no, porque también hubo un crecimiento demográfico espectacular en los años cincuenta. Aquí, la diferencia fundamental radica en la pérdida de la armonía entre el incremento de la población y el urbanístico. La sobredimensión se ha convertido en un problema general, que nos hace enfrentarnos a un despilfarro absurdo. Este fenómeno, socialmente inútil y muy preocupante, nos ha llevado a la situación económica actual y a la destrucción del territorio.
-Alude a la coyuntura económica...
-Claro, el problema es si tenemos capacidad para superar eso que en este país tenemos casi genéticamente grabado.
-¿Quiénes son los responsables de la realidad actual?
-En primer lugar, el poder que tiene competencia sobre el ámbito urbanístico, que no ha tomado decisiones para regular y pensar en las consecuencias que ahora vemos. Pero no es el único, el sistema financiero ha facilitado el cumplimiento de los deseos personales de los ciudadanos, que han entrado a formar parte de un círculo vicioso. Muchos han visto en la especulación la oportunidad de un enriquecimiento rápido.
-Ese enriquecimiento del que habla, ¿no ha demostrado ser en realidad una suerte de empobrecimiento en tiempo récord?
-No ha sido un enriquecimiento rápido para el país en su conjunto, pero sí para los particulares, aunque de forma desigual.
-Es decir, que los ciudadanos han sido corresponsables en esta situación...
-Sí, pero menos corresponsables que otros. Cuando se pone un pastel apetecible al alcance de la mano ... Es difícil contener la gula.
-¿Cómo cree que nos ven en Europa?
-Supongo que siguen pensando que España es diferente.
-Desde algunos partidos políticos se ha señalado la Ley del suelo de la era Aznar como el origen del crecimiento desmedido de las ciudades, ¿es cierto o sólo un factor más?
-Es un aspecto nada más, porque las cosas son más complejas. En realidad, la normativa de Aznar era una ley bastante cateta, porque planteaba problemas que no resolvía y tampoco daba solución a los que ya existían.
-¿Y qué opina del paisaje de las costas españolas?
-Es un aspecto más de la tragedia del urbanismo español, que ha fomentado la corrupción con consecuencias irreparables para el territorio. Ese daño irreversible ha afectado a las costas, pero también a nuestro pueblos, tan frágiles.
-La provincia de Zamora no ha sido ajena a esa realidad...
-Los pueblos españoles se han desfigurado. Es interesante darse un paseo por Francia, un país más rico, donde el cuidado de las zonas rurales es sorprendente.
-¿No han escapado a la tentación los alcaldes?
-Los ayuntamientos, con capacidad para resolver situaciones de orden urbanística, tienen su cuota de responsabilidad, pero en último caso, ésta recae en la Comunidad Autónoma.
-En las cuidades, ¿ese crecimiento debería haber estado dirigido a los barrios?
-Lo importante es que el crecimiento sea mesurado y acorde al tamaño de la ciudad, ha de apoyarse en lo que ya existe porque permite un mejor aprovechamiento de los recursos y evita sobrecostes para la administración.
-¿Cree que a nada que la banca abra el grifo caeremos de nuevo en la tentación?
-Me lo temo. Se habla mucho de un crecimiento alternativo, pero el problema es con qué. Las decisiones que se están tomando son a largo plazo y hay que preguntarse qué se va a hacer entretanto.
-Sobre el precio de la vivienda, ¿cree que bajará aún más o hay un límite?
-En el caso español, el precio ha demostrado que es resistente a la bajada, algo que no ha sucedido, por ejemplo, en Estados Unidos.
-Ahora que todas las ciudades intentan imitar al Guggenheim de Bilbao como motor económico, ¿nos recomienda un fichaje de relumbrón para hacer un gran proyecto en Zamora?
-El éxito de esas fórmulas depende de la confluencia de los astros. En Zamora ya hay ejemplos de buena arquitectura y de recuperación de espacios que son verdaderamente interesantes.
Zamora
* Arquitecto, urbanista y profesor en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, Luis Felipe Alonso Teixidor atesora una enorme experiencia en instituciones y universidades españolas, europeas y de América Latina. Premio Nacional de Urbanismo en 1985 como miembro del equipo técnico de dirección del PGOU de Madrid, la relación profesional de Teixidor con la provincia se circunscribe a la dirección técnica del Plan Especial del Lago de Sanabria 1973-75. Actualmente, realiza trabajos de investigación sobre la construcción y el paisaje de los nuevos territorios urbanos.
* la Opinión Zamora - 2.03.11
Foto: Zamora - wikipedia.org
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Málaga.- Trabajadores de Urbanismo critican la imagen que Díaz da del organismo
Meabe ha trasladado la "preocupación" de los trabajadores de la Gerencia, especialmente de los encargados de la atención al público, ya que "son ellos quienes tienen que explicar a los ciudadanos las condiciones de los distintos procedimientos".
CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO
La representante de CCOO ha denunciado "una campaña de desprestigio de la función pública y el trabajador público" por parte del actual concejal de Urbanismo porque "es una persona que no cree en el servicio público".
Ha responsabilizado directamente a Díaz de la situación por la que atraviesa la Gerencia de Urbanismo: "quizá se deba a su juventud o a que no ha pasado por una administración pública", haciendo referencia a que los concejales anteriores "normalmente eran personas formadas en la creencia de la objetividad del funcionario".
"El concejal de Urbanismo nos viene demostrando que no cree en la independencia del trabajador público, sino solamente en la externalización y en la obediencia debida al superior jerárquico", ha criticado.
El comité de empresa de la GMU ha acordado este jueves enviar un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, mostrándole su malestar por "el desprestigio que está sufriendo la Gerencia de Urbanismo con la actitud de Díaz" y solicitándole que intervenga "en defensa de la profesionalidad de los trabajadores". "Nos sentimos ofendidos por el uso de la administración que está haciendo el concejal", ha aseverado Meabe.
MANUEL DÍAZ Y SU HERMANO
Aparte del caso que investiga un juzgado de Málaga sobre la presunta comisión de un delito de cohecho en la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, se ha conocido que Díaz pagó menos de lo estipulado por la licencia para una obra en su vivienda, así como que su hermano, Alberto Díaz, director del distrito de Cruz de Humilladero, obtuvo un permiso de obra para la reforma de la cubierta de su casa sin presentar el proyecto preceptivo.
El propio Manuel Díaz ha responsabilizado de lo ocurrido al constructor al que encargó los trabajos, ya que "en el contrato acordamos que ellos se encargarían de pedir los permisos". "Soy coherente con lo que exijo a otros y quiero predicar con el ejemplo", ha manifestado, añadiendo que seguirá con la misma ilusión en el desarrollo del trabajo que le ha sido encargado.
Por su parte, Alberto Díaz ha aclarado este jueves, en cuanto a las obras de mejora en su casa, referentes a la eliminación de parte del faldón de cubierta para su conversión en terraza transitable y la reforma de un cuarto de baño, que "la actuación prevista consistía en la sustitución de parte de cubierta inclinada por cubierta plana, lo que no afecta a elementos estructurales, ya que se trata de eliminar parte de tabiques avisperos y dejar cubierta visitable".
Más aún, ha asegurado que "en consulta al Departamento de Disciplina Urbanística se me indicó claramente que, al no afectar a elementos estructurales, no requería de la aportación de proyecto ni dirección técnica".
Ha precisado, igualmente, que, aunque la solicitud de licencia se presentó el 22 de abril, "con más de un mes de antelación, inicié los trámites para presentar toda la documentación de forma correcta, me informé de toda la documentación que hacía falta para la consecución de la licencia, aportando la documentación a medida que los técnicos de Urbanismo me la iban solicitando", de forma que "no dejara ningún cabo suelto".
Por tanto, ha subrayado el hermano del concejal de Urbanismo, "toda la documentación ya estaba supervisada y de ahí la agilización de la consecución de la licencia".
* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, nueva Gerencia Urbanismo - sur
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Blanca.- Citan como imputado al alcalde por un vertedero
Según Ecologistas en Acción, «el consistorio blanqueño conocía sobradamente la situación de ilegalidad del vertedero y ha permitido su funcionamiento durante todos estos años e incluso lo ha impulsado llegando acordar la gestión a través de una mercantil privada que ha explotado las instalaciones, ocasionando un grave deterioro del entorno y provocando la destrucción de especies de flora protegida».
Ecologistas en Acción y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han denunciado en varias ocasiones el vertido de todo tipo de residuos, denuncias que han derivado en sanciones económicas y resoluciones de cierre del vertedero que el ayuntamiento de Blanca ha desoído, según Ecologistas quien en julio de 2009 decidió dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y que ahora son investigados por la justicia.
Por su parte, el alcalde de Blanca, Rafael Laorden, se limitó a declarar ayer que «el vertedero ha estado funcionando durante muchos años, pero lleva clausurado más de un año».
* La Verdad - 3.03.11
Foto: Imagen del vertedero tomada en septiembre de 2009. :: LV
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El ex alcalde de Encinarejo es condenado a cuatro años de prisión
El presidente del Tribunal considera que el acusado obró de manera "consciente y pasando por alto" la tramitación que la Ley recoge para la concesión de licencias urbanísticas.
Así, matiza que, como cargo público, el imputado resolviera un asunto como si fuera de "su exclusivo interés y sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que la actuación pública ha de guardar".
La sentencia califica de "anómalo" el hecho de que el ex alcalde recibiera esa suma de dinero en metálico y como "curioso" que la cuantía fuera a parar al cajón del despacho donde ejercía como máximo edil.
En este sentido, se llega al convencimiento de que, tras las pruebas recabadas en el procedimiento, el acusado, tras recibir el dinero y "hacerlo propio" lo "integró en su patrimonio hasta que se vio obligado a reintegrarlo cuando trascendió el asunto.
El fallo detalla penas de doce meses de multa a razón de seis euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de 180 días, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística.
En relación al delito de malversación de caudales públicos, se condena al acusado a tres años de prisión e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año.
La sentencia fija una condena de un año de prisión, siete meses de multa a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año por otro delito de infidelidad en la custodia de documentos.
De igual manera, también se le condena a sufragar un tercio de las costas del procedimiento por cada uno de los delitos a los que se condena.
* Diario Córdoba - 3.03.11
Foto: Encinarejo (Córdoba) - micordobarural
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Madrid ve 'imposible' urbanizar la Cañada Real
Según el Consistorio, la concentración de estos elementos ya hace imposible la recalificación de terrenos, ya que la legislación de infraestructuras exige zonas de protección de 8 a 200 metros según el caso para cada elemento.
El segundo argumento que enarbola el Ayuntamiento para oponerse a la ley autonómica es el de las leyes ambientales. En primer lugar, apunta como limitación de cualquier plan urbanístico la ley que regula el Parque Regional del Sureste y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Cortados y Cantiles del Jarama, que lindan con la Cañada en su vertiente este. Suma a estas las vías pecuarias de Coladas de la Torrecilla, Congosto, Valdeculebra, Santísimo y Cordel de Pavones, incluyendo los arroyos de Los Prados, Los Migueles y Los Ahijones. Por último, advierte de la existencia de una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de la incineradora de Valdemingómez (Ley 34/2007 de calidad del aire) y de la necesidad de atender las leyes 37/2003 y RD1367/2007, que impiden niveles de ruido superiores a 65 y 55 decibelios en zonas residenciales próximas a líneas de ferrocarril y carreteras. Aquí, el uso industrial del suelo sería posible; las viviendas, no.
Con estas limitaciones sobre la mesa (vea aquí el documento de conclusiones), el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón advierte que es imposible urbanizar o legalizar construcciones y cumplir a un tiempo la Ley del Suelo vigente, que establece que, por cada 100 metros cuadrados edificables debe haber 30 metros cuadrados de redes locales, 70 de redes generales y un número a definir por cada plan urbanístico de redes supramunicipales. Los servicios públicos (redes de abastecimiento y equipamientos) necesarios sencillamente "no caben", según fuentes municipales.
El tamaño del problema
El Ayuntamiento de Madrid es el que más problemas tiene con la Cañada Real. En su término municipal se ubican en chabolas, infraviviendas, edificios de varios pisos e incluso auténticos chalets en los que viven unas 15.000 personas, de las cuales, según sus cálculos, 3.000 tendrían derecho a realojo. Parte de ellos están incluso empadronados y pagan el IBI.
En el caso de Rivas, el Ayuntamiento reconoce 320 viviendas y 900 personas a las que ha empadronado según obliga la ley. Estos utilizan los servicios sanitarios, educativos y sociales que existen en el municipio. Su propuesta es muy clara, según explicaron sus portavoces a Madridiario: "Derribar las edificaciones ilegales, realojar a las personas con especial necesidad social y devolver a los terrenos su calificación de zona verde". Coslada, sin tener los problemas de exclusión social, marginalidad o seguridad que sí padecen sus vecinos (las viviendas ya están integradas en la ordenación municipal y forman parte de la ciudad), apuesta por una solución integral que incluya sus entre 300 y 400 metros de vía pecuaria. "Es necesario abordar este problema desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial, y no como hace la Comunidad de Madrid que no cuenta para nada con la opinión de los municipios afectados", afirmó su alcalde, Ángel Viveros, a este digital.
Además de las cuestiones urbanísticas están las sociales. Madrid, Rivas y Coslada se están planteando llevar la ley de Aguirre al Tribunal Constitucional porque su Gobierno "no se compromete a solucionar los problemas sociales antes de cumplirse el máximo de dos años" establecido en la normativa. Después de ese plazo, la Comunidad podría vender o ceder los terrenos sin haberse resuelto estas situaciones, algo a los que los consistorios se niegan en rotundo. Los tres esperan que el Ejecutivo regional les convoque para modificar la ley en lugar de aprobarla en la Asamblea el próximo 10 de marzo, como está previsto.
No obstante, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó este jueves que el consistorio madrileño no tiene intención de acudir al Constitucional. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cobo aseguró que las negociaciones con la Comunidad siguen en marcha y que la voluntad del ayuntamiento es "llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para buscar una solución a un problema que ya tiene muchos años". "Seguiremos buscando el acuerdo y no estamos en una línea de confrontación jurídica ni política con la Comunidad de Madrid", concluyó Cobo.
* Madridiario - 2.03.11
Foto: Madrid, plano Cañada Real - madridiario
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Málaga.- El edil de Urbanismo pagó siete veces menos por una licencia de obra
La licencia de obra se expidió el 10 de marzo de 2010, pero la esposa del concejal de Urbanismo presentó el pasado 18 de febrero una solicitud para ampliar el presupuesto de obras que declararon hace casi un año. Esta solicitud para declarar el valor real de la obra en su vivienda se produce unos días después de que saltara a los medios de comunicación el «caso piscinas», que afecta también al edil de Urbanismo por supuestas irregularidades en la concesión de la obra de una piscina municipal en Puerto de la Torre.
Díaz niega irregularidades
Manuel Díaz rechazó ayer cualquier tipo de irregularidades en la licencia de obra para su vivienda y aseguró que «en este caso yo soy un damnificado, pues la licencia no la pido yo ni nadie de mi familia, sino uno de los trabajadores y lo hace contraviniendo mis exigencias, ya que yo les obligo por contrato a que toda la documentación la tramiten con arreglo a las ordenanzas e incluso otras exigencias como que los trabajadores estén dados de alta y otras medidas».
La prueba de cualquier falta de irregularidad la expone el concejal en que él mismo, a través de su mujer, «sin que que nadie intervenga, solicito la revisión del expediente para que se tramite con arreglo a la veracidad de los datos, algo que jamás ha hecho nadie que yo sepa".
El hermano, con problemas
Al concejal de Urbanismo, sin embargo, se le acumulan los problemas, ya que la Gerencia de Urbanismo ha concedido también una licencia de obra a su hermano Alberto Díaz, que es el director del distrito de Cruz de Humilladero, para la reforma de la cubierta de su vivienda, sin que éste haya presentado el proyecto de obra que es preceptivo para reformas de este tipo.
El director del distrito de Cruz de Humilladero pidió licencia de obra menor para la sustitución de la cubierta y el arreglo de interiores de su vivienda el pasado 22 de abril de 2010. En la misma justificó un presupuesto de obras de 3.542 euros, por lo que pagó una tasa de 93,71 euros.
Sin embargo, las ordenanzas de la Gerencia de Urbanismo señalan que las licencias de obra para cubiertas de los edificios deberán contar con proyecto técnico, estudio básico de seguridad y certificado de intervención técnica en la dirección de las obras, «todos ellos visados por el colegio profesional correspondiente», que en este caso sería el de arquitectos técnicos.
La Gerencia concedió el permiso de obras sin la presentación del proyecto, que según las tarifas que manejan estos colegios profesionales hubiese tenido un coste para el solicitante de unos 3.000 euros, por lo que se habría ahorrado la mitad del coste total del proyecto. Además, Urbanismo tarda unos 60 días en la concesión de licencias menores, pero en este caso, según la documentación obrante, se le concedió un día después.
En este caso, el concejal de Urbanismo aseguró desconocer este asunto. Manuel Díaz señaló que no tiene ningún dato relativo a una licencia de obras pedida por un hermano suyo y su tramitación.
* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
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Cinco detenidos en El Puerto en otra operación policial contra la especulación urbanística del anterior Ejecutivo local
“ESPERAMOS QUE PRONTO SE ACLARE ESTE GRAVE ASUNTO”
Ante estas detenciones y los registros efectuados en las dependencias municipales, desde Izquierda Unida en la localidad han manifestado su más profundo respecto a las actuaciones que se están desarrollando.
“Esperamos que pronto se aclare este grave asunto y se llegue hasta el final con todos las consecuencias que se pudieran derivar de las actuaciones policiales y judiciales puestas en marcha”, indican desde este partido de la oposición en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.
IU considera que El Puerto de Santa María “no merece estar constantemente en los medios de comunicación de toda España por cuestiones derivadas de la presunta corrupción y de escándalos urbanísticos, ya que en modo alguno beneficia a los intereses de nuestra ciudad”.
Esta formación asegura haber denunciado siempre “estas prácticas deleznables” y cree que “es fundamental e imprescindible que desaparezcan para que los ciudadanos y ciudadanas puedan recuperar la confianza hacia la política y las instituciones públicas como instrumento para solucionar los problemas que nos afectan”.
“Además, es legítimo que la sociedad y los partidos exijamos un plus de comportamiento ético, transparente y honrado, a quienes asumen o han asumido el privilegio y la responsabilidad de gobernar nuestra ciudad”.
LA ÚLTIMA OPERACIÓN
Hace poco más de un año, salía a la luz también en El Puerto la desarticulación de otra trama dedicada a la especulación urbanística. La Guardia Civil, dentro del marco de la operación ‘Tequila’, lograba poner a disposición de la Autoridad Judicial a 11 personas –entre ellas responsables políticos como el ex alcalde Hernán Díaz y, de nuevo, el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez- por los delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Entonces, el ahora alcalde, Enrique Moresco, subrayaba que esta operación investigaba a personas concretas, “dejando a salvo la imagen del Ayuntamiento”.
Aquella investigación determinó que ciertos responsables políticos del Consistorio, entre los años 2004 al 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística.
* Diario Bahía de Cádiz - 3.03.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org
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Madrid.- La justicia anula el plan para construir un 'mini-Vaticano' en Las Vistillas
El principal argumento del tribunal consiste en que el proyecto urbanístico que pretende acometer el arzobispado "constituye una verdadera remodelación urbana y eso solo puede tener cobertura con un plan protector y el que ha sido aprobado no tiene esa naturaleza. Por lo que conduce a su anulación". La cuestión es que la zona está incluida en el recinto de la villa de Madrid y sus elementos, el seminario conciliar, el templo de san Francisco el Grande, la basílica de San Francisco y la zona histórica, están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), figura que cuenta con la máxima protección patrimonial. Por eso, no se pueden tener, exclusivamente, criterios urbanísticos. El tribunal echa en falta un plan de protección. Considera que el plan aprobado por el Ayuntamiento de Madrid "puede comportar la modificación de la estructura urbana". Además, la sentencia explica cómo el proyecto del arzobispado de construir un mini-Vaticano alteraría la alineación histórica y la silueta paisajistica (skyline).
El año pasado el TSJM ya dictó sentencia, a raíz de una denuncia vecinal, contra el plan del arzobispado para construir la Casa de la Iglesia, un edificio de cuatro plantas, una residencia para sacerdotes de tres plantes y una biblioteca diocesana con una superficie de 6.000 metros cuadrados en la zona donde Goya inmortalizó en La pradera de San Isidro, en la zona conocida como Las Vistillas. "Hay que recordar que ya ha habido una primera sentencia favorable a los vecinos que protestaron contra el proyecto del arzobispado. Ahora esta sentencia confirma la anulación", sostiene el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, quien precisa: "Lo que hace el tribunal es invalidar el plan parcial que desarrolla el proyecto. Es una victoria de todo el movimiento vecinal que han estado junto a nosotros", apunta Lucas. Las razones del tribunal para dar la razón a los vecinos en la anterior son similares a las que ha esgrimido ahora. El Ayuntamiento no respetó las normas de patrimonio.
El origen del problema está en el convenio que el Ayuntamiento, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, firmó con el Arzobispado de Madrid. Según este acuerdo, la iglesia cedería terrenos al Ayuntamiento donde podría construir un polideportivo y una escuela infantil, así como otros dos centros sociales: un centro para mayores y otro para personas sin hogar. A cambio el Gobierno municipal permitiría al arzobispado levantar varios inmuebles junto a la basílica de San Francisco el Grande. Con el convenio la ciudad perderá 15.000 metros cuadrados de zonas verdes. Una zona de la cornisa del Manzanares donde crecen más de 500 chopos, abetos y una verde pradera. "El PP no puede seguir haciendo caso omiso a las reiteradas sentencias judiciales en contra del proyecto", proclama David Lucas. Y añade: "Alberto Ruiz-Gallardón no puede hacer oídos sordos a la sentencia", reclamó el portavoz socialista. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid reclama al regidor del PP: "Que haga caso a lo que dicen los tribunales y reclaman los vecinos. Que paralice cualquier actuación en el mini-Vaticano y rectifique toda la actuación".
Los vecinos del entorno han batallado duramente para paralizar el proyecto. "Allí están los restos más antiguos más importantes de la cerca de Madrid, y restos del jardín del palacio de Osuna, que pertenecía anteriormente al duque del Infantado. Hay una gran riqueza arqueológica", sostiene Vicente Patón, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. "Los vecinos estamos muy contentos. Entendemos que la Iglesia tiene unos derechos. No queremos perjudicar a nadie. El Ayuntamiento tiene instrumentos para compensar el arzobispado. Solo queremos que se salve el entorno", sostiene Vicente Patón.
Cronología
- Noviembre de 1997. El Ayuntamiento de Madrid y el arzobispado firman un convenio para intercambiar solares en la ciudad. El Consistorio cedía 42 solares en zonas de la periferia, por otros 11 que la iglesia entrega por otras zonas de la ciudad. Entre ellas, terrenos en la cornisa del Manzanares.
- Marzo de 1999. El arzobispado y el alcalde Álvarez del Manzano firman el convenio para construir la sede de la curia junto a San Francisco el Grande.
- Octubre de 2007. La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Ordenación Urbana que permite la edificación en los terrenos del Arzobispado en La Cornisa.
- Mayo de 2009. La Comisión Europea abre un expediente al plan de reforma. Los vecinos habían presentado más de 22.000 firmas en contra.
- Junio 2010. Una primera sentencia del TSJM anula el proyecto de construir un mini-Vaticano en Las Vistillas
* El País - 2.03.11
Foto: Manifestación de vecinos contra el plan del arzobispado de construir un mini-Vaticano en Las Vistillas.- elpais
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El perito de Hacienda ratifica que empresas sin actividad facturaron a Terra Mítica
El inspector de Hacienda comenzó a declarar a las 9.30 horas en la sala de vistas número 25 de la Ciudad de la Justicia y terminó a las 15.00 horas. El informe que ratificó el técnico confirma que más de una veintena de empresas que trabajaron para Terra Mítica defraudaron en dos años un total de 4,4 millones de euros con facturas falsas. El documento, de 423 páginas, incide en la existencia de "una trama de facturación falsa y simulación de operaciones, tanto de gastos como de ingresos inexistentes que han dado lugar a defraudaciones tributarias durante los años 2000 y 2001".
El juez del caso solicitó el informe al inspector que declaró ayer después de que algunos abogados denunciaran que la primera investigación de la Agencia Tributaria podía ser parcial.
El experto justificó su tardanza en la entrega del informe -hecho que le ha costado varias advertencias del juez- en el elevado número de personas implicadas, la gran cantidad de documentos a analizar y la cifra de empresas bajo sospecha. El perito, según fuentes cercanas al caso, demostró que conoce la causa "a fondo".
Actuación coordinada
El técnico de Hacienda ha llegado a la conclusión de que varios empresarios se coordinaron para endosarse facturas por servicios no realizados en la construcción del parque temático. El inspector fiscal también considera probado que se confeccionaron facturas hinchadas.
El magistrado que instruye el caso cerró las testificales con la toma de declaración hace tres semanas de una veintena de imputados por la comisión del mismo fraude de Terra Mítica en otras obras en Valencia y Castelló. Todos los imputados son contratistas.
* LEVANTE - 1.03.11
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)
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Roca amasó un patrimonio de 210 millones en sus 15 años en Marbella
El supuesto cerebro de la gran trama de corrupción marbellí no tuvo empacho tampoco en admitir al fiscal, Juan Carlos López Caballero, que parte de los bienes adquiridos por las sociedades -inmuebles, vehículos, yates, obras de arte- se sufragaron "con fondos no declarados" a Hacienda. Pese a todas las concesiones que hizo, Roca negó el blanqueo: "Eso es lo que usted dice", le espetó al ministerio público.El primer bloque del juicio del caso Malaya, 21 sesiones dedicadas al pelotazo inmobiliario de Crucero Banús -en el que Roca fue un participante más-, apenas fue un calentamiento antes de entrar en uno de los núcleos principales de la trama corrupta. Ayer, con el estudio de los delitos de blanqueo de capitales, el exasesor urbanístico, se convirtió en protagonista absoluto.
Con un punto de jactancia, pero siempre correcto en sus respuestas al fiscal López Caballero, Roca contó que cuando Gil lo nombró "a dedo" en 1992 para dirigir la sociedad municipal Planeamiento 2000, dedicada a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, él ya poseía una fortuna apreciable. "Llevo en la actividad inmobiliaria desde los 25 años [tiene 57] y he hecho promociones en Murcia y en Marbella antes de incorporarme al Ayuntamiento", afirmó. Roca aseguró que entre 1991 y 1997 obtuvo "500 millones de pesetas" [tres millones de euros] por la liquidación del patrimonio de la sociedad Marbella Inversiones, con la que inició sus negocios en la ciudad. El dinero fue, según Roca, invertido en nuevas aventuras inmobiliarias "Esos fondos evidentemente no los declaraba", admitió.
Roca cifró en 210 millones de euros el valor del patrimonio oculto bajo el entramado inmobiliario antes de que en marzo de 2006 se desatara la operación Malaya. De esa cantidad 120 millones son pasivo, sujeto a cargas y deudas, y 90 es patrimonio neto, señaló.
Roca reconoció la gran mayoría de las sociedades bajo las que se ocultaba el patrimonio y que estaban administradas por supuestos testaferros de su confianza. "Las sociedades dependen de mí, el control es mío, pero la contabilidad y el proceso societario se llevan unas desde la sociedad Maras Asesores [administrada por el economista Salvador Gardoqui] y otras desde el despacho de abogados [Sánchez Zubizarreta] de Madrid", aseguró.
El exasesor detalló también la labor de la supuesto testaferro Montserrat Corulla: "Llevaba el tema hotelero, es cierto. Administraba las sociedades con componente hotelero y me rendía cuentas a mí. Despachaba con ella temas de gerencia, licencias, inversiones o créditos, pero la contabilidad de esas sociedades se llevaba desde el gabinete de abogados de Madrid", dijo.
Roca defendió la práctica de transferir fondos de unas empresas a otras para financiar inversiones, lo que para el fiscal indica una voluntad de despistar al fisco. "Es una tontería ir a un banco a pedir un crédito cuando hay una empresa del grupo que tiene tesorería suficiente para prestar. [Este método] lo he aplicado yo y todos los empresarios de este país", se defendió el principal procesado del caso Malaya, que seguirá declarando hoy.
"Con 12.000 euros al mes se puede vivir muy bien"
Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, ejerció como gerente de la sociedad municipal marbellí Planeamiento 2000 entre 1992 y 2003, año en que fue contratado por la empresa, también municipal, Gerencia de Obras y Servicios, en calidad de director. Por este trabajo público, Roca percibió un sueldo anual superior a los 200.000 euros. "Todo lo que cobraba figuraba en la nómina", aseguró. Estos eran sus ingresos declarados. Además del buen salario, Roca tenía unas condiciones de trabajo envidiables. Los sucesivos alcaldes de Marbella le permitían acudir a su puesto de trabajo dos días por semana y dedicar el resto del tiempo a atender sus negocios privados en Marbella, Madrid y Murcia.
Roca sostuvo que con sus ingresos legales se podía mantener un alto nivel de vida: "Le puedo garantizar que con 12.000 euros mensuales después de impuestos se puede vivir muy bien, y me refiero a llevar a los niños a un colegio bueno o permitirse algún viaje", le dijo al fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que escuchaba sin inmutarse.
Pese a disfrutar de un salario 16 veces mayor del salario mínimo interprofesional, Roca debía hacer encaje de bolillos financiero para ocultar su patrimonio. Su vivienda habitual, un apartamento de más de 300 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Marbella, es de su propiedad, pero consta a nombre de una empresa radicada en Gibraltar. Roca fingía que pagaba a esta empresa un alquiler mensual, afirmó.
El exasesor urbanístico rechazó la imputación que le hizo la policía de que entre 2003 y 2006 sus sociedades gastaron más de 30 millones de euros. "Si Salvador Gardoqui [su contable] dice que estas tablas son así las asumiré como mías, pero en este caso no quiere decir que se hayan gastado 30 millones, sino que se ha movido esa cantidad. Es un error frecuente de la policía, señalan las salidas de dinero de las empresas, pero no las entradas. Además tampoco dicen en qué y cómo se ha gastado el dinero", se quejó Roca.
* El País - 2.03.11
Foto: Marbella, Roca detenido - google
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Se acelera el ajuste: el precio de vivienda usada sufre en febrero la mayor caída de su historia
Por su parte, el índice Inmo50, elaborado por idealista en colaboración con Cotizalia, sufrió en febrero una caída inferior, del 0,6%, aunque también la mayor en la historia de este termómetro, que cuenta con datos desde 2002. Además, el nivel del índice se sitúa en su nivel más bajo desde marzo de 2005.
El Inmo50 es el primer indicador sintético y ponderado por el PIB de las 50 provincias españolas, de manera que se evolución refleja con más precisión la evolución del conjunto de viviendas usadas a la venta en el país. Es también un índice de expectativa debido a que se mueve en función de los precios que ponen los vendedores, por tanto, describe a la perfección el lado de la oferta en la balanza de precios.
Tarragona lidera las caídas
Durante el mes de febrero, ha crecido además hasta 36 el número de provincias en las que los precios experimentaron decrementos. Los más acusados fueron los de Tarragona (-2,8%), Lleida (-2,5%) y La Rioja (-2,3%) son los más destacados. La situación inversa se produce en las provincias de Zamora (6,5%) y Lugo (5,7%), aunque estas subidas sean probablemente debidas a un crecimiento anormal de muestra en ambas ciudades.
El ranking de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.737 euros/m2 y 3.555 euros/m2 respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (3.117 euros/m2) y Barcelona (2.858 euros/m2). Álava se queda en quinto lugar con 2.767 euros/m2. Un mes más Badajoz (1.333 euros/m2) se consolida como la provincia española más económica, seguida por Ourense (1.352 euros/m2) y Ávila (1.356 euros/m2).
En todos los grandes mercados nacionales ha caído el precio durante el último mes. la mayor caída se ha registrado en Barcelona, donde los propietarios piden un 2,1% menos. Le siguen Zaragoza (-1,1%), Sevilla (-0,8%), Valencia (-0,7%), Madrid (-0,6%) y Bilbao (-0,5%). Del resto de capitales las mayores bajadas se han producido en Logroño, donde los propietarios piden un 3,2% menos por sus viviendas. La caída en la ciudad de Lleida ha sido del 2,6%, y en Huesca de un 2,5%. En la parte opuesta de la tabla se encuentra con Lugo, donde los propietarios piden un 5,7% más que al cierre del mes de enero. zamora ha registrado un incremento del 3,2%.
* Cotizalia - 1.03.11
Foto: Se vende o alquila, cartel - elpais
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El juez del 'caso Brugal' cita a tres ediles del PP de Orihuela
El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.
Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.
El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.
Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.
El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.
Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.
* El País - 1.03.11
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com
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La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el anterior alcalde de Sada por un relleno
Dice sentirse tranquilo por el aviso de la Fiscalía. «Teníamos todas las autorizaciones y permisos de Medio Ambiente, incluso informes que aseguraban que aquello era beneficioso para Sada. Habrá que esperar al juicio», indicó.
El relleno de As Brañas fue una obra polémica en esta localidad del norte de A Coruña. Rodríguez Ares anunció la construcción de un colegio en la zona ganada en As Brañas, terreno que ofrecería posteriormente a la Consellería de Educación. Sin embargo, el BNG, entonces en la oposición, dijo públicamente que aquello era un «atentado ecolóxico». Miembros del Seprona investigaron los rellenos y el caso pasó a la Fiscalía.
* La Voz de Galicia - 1.03.11
Foto: Sada (A Coruña) - udc.es
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