El presidente del Tribunal considera que el acusado obró de manera "consciente y pasando por alto" la tramitación que la Ley recoge para la concesión de licencias urbanísticas.
Así, matiza que, como cargo público, el imputado resolviera un asunto como si fuera de "su exclusivo interés y sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que la actuación pública ha de guardar".
La sentencia califica de "anómalo" el hecho de que el ex alcalde recibiera esa suma de dinero en metálico y como "curioso" que la cuantía fuera a parar al cajón del despacho donde ejercía como máximo edil.
En este sentido, se llega al convencimiento de que, tras las pruebas recabadas en el procedimiento, el acusado, tras recibir el dinero y "hacerlo propio" lo "integró en su patrimonio hasta que se vio obligado a reintegrarlo cuando trascendió el asunto.
El fallo detalla penas de doce meses de multa a razón de seis euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de 180 días, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística.
En relación al delito de malversación de caudales públicos, se condena al acusado a tres años de prisión e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año.
La sentencia fija una condena de un año de prisión, siete meses de multa a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año por otro delito de infidelidad en la custodia de documentos.
De igual manera, también se le condena a sufragar un tercio de las costas del procedimiento por cada uno de los delitos a los que se condena.
* Diario Córdoba - 3.03.11
Foto: Encinarejo (Córdoba) - micordobarural
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