EUROPAPRESS/Madrid* : La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) celebrará del 14 al 17 de diciembre el juicio contra la ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y actual secretaria de Organización del Partido Socialista de Madrid (PSM), Trinidad Rollán, así como de toda la Corporación municipal de esta localidad en el año 2001 por su supuesta implicación en el 'caso Patrimonio Siglo XXI', ha informado el TSJM en un comunicado. La Fiscalía del TSJM les acusa de un presunto delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases del Régimen Local. Cada uno de los acusados se enfrenta a ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Además de Rollán, se sentarán en el banquillo la diputada Esperanza Rozas; Francisco Martín Rojas; Julia López Jiménez; María del Mar González Romero; Josefina Ginovart Amorós; María de los Desamparados Gallego Alfaro; y Francisco Montero Almirón.
También serán juzgados Lucía Tizón Cuñarro; Valentín Gómez Goraz, Luis Ceres Rodríguez; Juana Fernández Rodríguez; Félix Ortega Arias; y Juan Francisco López Gárate.
El escrito de acusación señala que en 2001 la corporación del Ayuntamiento de Torrejón, en la que se encontraban Rollán o la diputada regional del PSOE Esperanza Rozas, votó favorablemente un convenio urbanístico entre el Consistorio y la entidad Patrimonio Siglo XXI S.A., por valor de 539.291.000 pesetas (3.241.204 euros), a pesar de que durante el pleno "se puso de relieve la ilegalidad del convenio" y los miembros del equipo de gobierno eran "plenamente conscientes de su ilegalidad".
El texto señala que, en virtud del convenio, la sociedad "materializaría a su costa las obras de urbanización de terrenos propiedad del Ayuntamiento en la unidad de Ejecución 19 denominada 'Mancha Amarilla' ubicada en el PGOU" del municipio.
CONVENIO IRREGULAR
El escrito indica que el pleno municipal en el que se votó el convenio "puso de relieve la ilegalidad tanto de forma como de fondo del convenio suscrito" advirtiendo que la Concejalía de Urbanismo de la localidad "no cumplió con los artículos 164, 172, 175 y 177 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales", y en el fondo, "se infringía la ley del Suelo de la Comunidad de Madrid" porque el convenio "no tenía cabida en los artículos 245 y 246 de la Ley del Suelo".
Asimismo, señala que el secretario del Ayuntamiento "ponía de relieve la circunstancia de que nunca se podría configurar jurídicamente el convenio como una permuta, al no darse la necesaria reciprocidad de dar y recibir".
Por todo ello, el fiscal señala que los hechos "constituyen 14 delitos de prevaricación del artículo 404 del código Penal en relación con el artículo 78 de la Ley de Bases de Régimen Local" y que "cada acusado es responsable de un delito de prevaricación de los preceptos reseñados". Además, indica que "a cada acusado procede se le imponga la pena de 8 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público".
CONVENIO "AJUSTADO A LA LEGALIDAD", SEGÚN PSOE
Tras conocer la citación, el PSOE de Torrejón de Ardoz anunció que presentará en un el juicio "un informe jurídico que prueba que el convenio jurídico" por el que se juzga a la Corporación municipal de 2001 "estaba ajustado a la legalidad".
Se trata del informe de un catedrático de derecho con el que los socialistas pretenden arrojar luz a un asunto en el que, según explicaron, "existe una gran controversia entre dos informes jurídicos, el de la abogada de Urbanismo y el del secretario de la Corporación".
Los ediles han mostrado su deseo de que el juicio y la consiguiente sentencia "se produzcan cuanto antes, en unos días, para poder aclarar todos los extremos que llevaron a 14 concejales a aprobar este acuerdo plenario". Además, dijeron estar "convencidos de que se producirá una sentencia absolutoria".
"Queremos reiterar de nuevo que los 14 concejales de la Corporación de Torrejón de Ardoz no están acusados ni de beneficiarse ni de enriquecerse personalmente. Se trata de dirimir una posible prevaricación administrativa; es decir, si fue acertado hacer caso al informe de la abogada de Urbanismo en vez de al del secretario. Esta es la actuación que se analiza: la decisión y el voto de 14 personas en un pleno municipal", han aclarado.
Asimismo, los ediles han recordado que con este acuerdo de Pleno se consiguió "salvar la construcción de 107 viviendas de integración social y llevar a cabo la construcción de otras 390 viviendas públicas".
MULTA DE TRÁFICO
Días antes de conocer la fecha del inicio del juicio, el secretario general del PSM-PSOE, Tomás Gómez, comparó la imputación de Rollán con una "multa de tráfico" y aseguró que no tiene "ninguna duda" de que el caso no va a tener ninguna consecuencia jurídica.
"Nada tiene que ver una multa de tráfico, que desde luego, de ese proceso judicial no tenemos ninguna duda que no va a tener ninguna consecuencia jurídica, pero nada tiene que ver, en todo caso, una multa de tráfico con atracar un banco. Nada tiene que ver un asunto puramente de una decisión administrativa y que no va a tener consecuencias judiciales con lo que estamos viendo y viviendo en las administraciones que gobierna el PP", señaló entonces Gómez.
LAOPINIÓN/Málaga* : El guion varió a última hora, pero ninguno de los miembros de la película podía ausentarse: en la undécima sesión del juicio de «Malaya», que se retomó ayer, estaba previsto que el principal acusado, el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, comenzara a declarar, pero la sorpresa fue mayúscula cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero pidió empezar por el abogado hispano-alemán Juan Hoffmann. El tema de discusión fue el pelotazo de «Crucero Banús», aunque eso no consoló a los periodistas ni al público que acudió a la Ciudad de la Justicia para comprobar que el Jefe habla y tiene alma. Sin embargo, abrió el fuego otro peso pesado de la trama, al igual que hoy hablará Pedro Román, la sonrisa del régimen. Ellos también son actores principales en esta historia, cuyo protagonista con más empaque, Jesús Gil, hizo mutis por el foro hace tiempo.
Primero, el marco del debate: el pelotazo «Crucero Banús», una transacción inmobiliaria que supuso un aumento de la edificabilidad de una parcela desde los 532 metros cuadrados de techo hasta los 11.406 en virtud a un convenio, siempre según las tesis de la Fiscalía. Hoffmann, Roca, el ex comisario Florencio San Agapito y Román habrían constituido una sociedad en Suiza, Lispag AG, con la que a su vez adquirieron las participaciones de la propietaria del terreno de Puerto Banús (Yambali) por cuatro millones de dólares.
Un año después, tras el verano de 2002, vendieron la mercantil al promotor José Ávila Rojas por diez millones de euros. El beneficio: seis millones de euros en un solo año, recibiendo el Ayuntamiento la mitad de los aprovechamientos urbanísticos previstos (2.400 metros cuadrados). El perjuicio a Marbella, indica López Caballero, asciende a cinco millones de euros.
El acusador público estuvo riguroso, atento al detalle, y huyó de las frases grandilocuentes: se centró en demostrar la ilegalidad de la compraventa inmobiliaria de principio a fin; Hoffmann, por su parte, se esmeró en dos aspectos: demostrar que nunca se manejó dinero ilícito en el proceso. El acusado está considerado el hombre que diseñó la estructura societaria del presunto cerebro de la trama en el extranjero.
El letrado indicó que en ese terreno, el promotor del centro comercial Cristamar, Yassin Dogmoch, quería edificar un rascacielos señero, pero al no llegar a un acuerdo le pidió que buscase un comprador, que resultó ser Román, reconvertido en 2001 en industrial inmobiliario –dejó el Consistorio en 1998–. Los técnicos del primer propietario de la superficie ya negociaron un convenio con el Consistorio, pero Hoffmann dijo desconocer si se había rubricado.
Aunque el momento álgido se vivió cuando lo interrogó su abogado, el minucioso José Manuel Vázquez. Reconoció haber firmado el convenio en el que se aumenta la edificabilidad y se recortan a la mitad los aprovechamientos urbanísticos de Marbella. Pero dejó muy claro que, en septiembre de 2001, cuando se inician los trámites, no tenía negocios ni amistad con Roca. «¿Lo conocía?», le indicó el jurista, a lo que éste respondió: «Sí, de hola y adiós».
«Roca, sin influencia decisiva»
Antes le había dicho al acusador que no tenía conocimiento de que «la influencia» de Roca fuera decisiva para llevar a buen puerto el convenio de «Crucero Banús», pero era uno de los socios iniciales. Eso sí, sobre Jesús Gil sí podía tener influencia, pero nunca, pese a ello, habló con él de negocios. «Ni me uní a su partido», indicó.
Sobre qué actividad realizaba en Marbella, el letrado hispano-alemán fue tajante: «Trataba de traer inversores a Marbella para generar riqueza». No en vano, tanto Dogmoch, en un principio, como los cuatro socios en la mercantil helvética, después, querían levantar en la mítica parcela de Puerto Banús un edificio señero.
Declaró que no había sido jamás experto en Derecho Urbanístico, y consideró que, en el primer convenio, que no llegó a buen puerto, se hablaba de más edificabilidad y de un menor beneficio para el Ayuntamiento. El segundo le pareció «caro».
En septiembre de 2001, cuando Lispag AG compra Yambali, «Roca no estaba imputado en ningún caso, ni siquiera había sido detenido», apostilló, y, por tanto, no tenía por qué conocer los procesos penales en los que el murciano estaba inmerso (fue arrestado en mayo de 2002). Tampoco sospechó de que el entonces asesor «tuviera capacidad económica para afrontar una inversión de 600.000 euros», suma inicial aportada en tres cheques para participar en el negocio.
«Caos urbanístico total»
Por tanto, rubricó un convenio negociado por Román. El fiscal López Caballero le había preguntado antes si sabía por qué esa parcela no se desarrolló finalmente –hoy en día está paralizada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)–. «No se ajustaba a la legalidad urbanística vigente, pero el caos era total», le espetó a López Caballero, aunque luego abundó en el asunto. En aquella época, regía el PGOU de 1986, toda vez que la Junta de Andalucía tumbó parte del elaborado por Jesús Gil, conocido como el de 1998. El acusador Antimafia le cuestionó sobre si era consciente de que la licencia se concedió en base al nuevo planeamiento que, andando el tiempo, resultó ser ilegal. «No, pero es una práctica corriente en Marbella y en toda España».
Su letrado le recordó la pelea entre la Junta y el Ayuntamiento por ver qué plan se aplicaba, de la que dijo ser consciente, pero, aún así, «se construía en Marbella y los bancos financiaban». «No se sabía qué documento regía. Todo era un tremendo caos administrativo, que no legal», resaltó.
En este caso se imputa a los encausados supuestos delitos de blanqueo y fraude fiscal y malversación. Junta, Ayuntamiento y Hacienda acusan también a Julián Muñoz, José Mora y Ávila Rojas.
* la Opinión Málaga - 14.12.10
Foto: Juan Hoffmann declaró durante casi cinco horas y contestó a numerosas preguntas de sus abogados. Jamás perdió las formas pese a la difícil situación en la que se halla. EFE
ELNORTEDECASTILLA* : Las sesenta organizaciones que han firmado el manifiesto contra el cobro por parte del Ayuntamiento de Valladolid de la tasa por la ocupación del espacio público para actividades sin ánimo de lucro estudian acudir a los tribunales para pedir que se anule, al considerar que vulnera derechos fundamentales contenidos en la Constitución Española como la libertad de expresión o de asociación. El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva, justificó ayer el cambio de criterio de su equipo desde el pasado mes de mayo (se han girado recibos con carácter retroactivo) en la caída «escandalosa» de los ingresos municipales, lo que, a su juicio, obliga al Consistorio a aumentar la entrada de dinero «tacita a tacita».
El PP, que argumentó jurídicamente la posibilidad del cobro, se quedó solo en la defensa de esta medida durante el pleno municipal. El presidente de la Federación de Vecinos, Pablo Gerbolés, mostró, durante su intervención en la sesión, la preocupación de los colectivos porque el Ayuntamiento «ponga precio a derechos fundamentales». Óscar Puente fue más duro y tachó al alcalde de «medieval y antidemocrático, porque piensa que Valladolid es su feudo, los vallisoletanos sus súbditos y la ciudad el patio de su castillo».
Alfredo Blanco, concejal de Hacienda, destacó que los informes técnicos arrojan la posibilidad de poder cobrar sin problemas, porque el texto no hace distinción entre actividades lucrativas o no lucrativas. Durante el pleno la oposición recordó al PP dos sentencias muy recientes que han condenado al Ayuntamiento por disolver una acampada de CGT y un acto del Movimiento Cultural Cristiano. En ambos casos, los jueces consideraron que se había vulnerado el derecho de reunión.
SUR/Málaga* : José María González estaba encantado con la inversión que había hecho. Había comprado un apartamento en La Perla, un complejo que se levantaría en uno de los puntos menos masificados de Benalmádena Costa y con unas espectaculares vistas del litoral malagueño. Hizo la reserva en junio de 2003. La fórmula de compra era de lo más apetitosa, en régimen de condominio, de modo que podría disfrutar de las instalaciones en vacaciones, mientras que el resto del año sería gestionado como un apartotel. «Nos lo vendieron como algo divino, porque podríamos disfrutar las vacaciones en familia, a un paso de la playa y con buenos restaurantes», recuerda. Cada seis meses tenía que hacer frente a una cuota, hasta que desembolsó los 51.500 euros estipulados; la misma cantidad que abonaron sus padres para hacerse con otro apartamento colindante. Pero el tiempo pasaba y las obras no empezaban. Ni lo harán. El Ayuntamiento revocó en 2008 la licencia de obras a la promotora, Grupo Mirador, puesto que estaba condicionada exclusivamente a un uso hotelero, y no como apartamentos.
Además, una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto la calificación de los terrenos a su origen, de forma que finalmente la parcela se destinará a chalés.
Mientras tanto, ni José María ni su padre han visto un solo euro. La mercantil les ofreció cambiar el apartamento por unos adosados en Fuente de Piedra, pero la mayoría estaban embargados. Además, sus intentos de ejercer el aval para recuperar su dinero también fueron baldíos, ya que había sido suscrito por un banco sudamericano de nula solvencia. Ante esta situación, denunciaron a la mercantil por estafa, pero un juzgado de Antequera no vio indicios de delito, al considerar que se trataba de un simple incumplimiento de contrato que se debía resolver por la vía civil y no por la penal.
Todos sus ahorros
En idénticas circunstancias se encuentra Bianca Alves desde que en 2006 destinó todos sus ahorros a la adquisición de una vivienda en la urbanización Mirador de la Fortaleza, en Vélez-Málaga. Para hacer frente a los 33.000 euros, tuvo incluso que solicitar un préstamo de 15.000 euros que hoy aún está pagando, pese a que esta promoción, como su dinero, también se ha desvanecido. Y es que no sólo carecía de licencia de obras; los terrenos ni siquiera pertenecían a Mirador al estar hipotecados por impago. «Encima, sus responsables se han declarado insolventes a pesar de que les seguimos viendo con coches y casas, con lo que no sé cómo vamos a recuperar nuestro dinero», se lamenta Bianca.
Sin piso y sin dinero. Así es como se encuentran cerca de 600 familias -la mayoría parejas jóvenes, aunque también algunos extranjeros- que durante años depositaron entre 30.000 y 50.000 euros en alguna de las promociones que el Grupo Mirador tenía proyectadas y que finalmente no se han construido, con casos en Fuente de Piedra, Villanueva del Rosario, Fuengirola, La Cala del Moral, las ya citadas en Benalmádena y Vélez-Málaga, e incluso en Loja (Granada). Algunas bajo la excusa de la crisis; otras, por presuntas irregularidades.
A través de la oficina del Defensor del Ciudadano, con Francisco Gutiérrez al frente, las quejas de los afectados de la provincia fueron trasladadas al Defensor del Pueblo Andaluz, quien concluyó que se podrían depurar responsabilidades penales y puso el caso en manos de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Sin embargo, el Ministerio Fiscal volvió a remitir la causa a los juzgados de Málaga, donde ha habido disparidad de criterios, de modo que algunas siguen su curso por la vía penal por presunta estafa y otras, la mayoría, han sido desestimadas. «Me atrevería a decir que se ha producido cierta negligencia en la justicia, porque vender algo que ni siquiera es tuyo es una estafa y no un incumplimiento de contrato», asegura Gutiérrez, quien advirtió que «esta actitud de los jueces da fuerza a individuos de este tipo -en referencia al gerente de Mirador, Enrique Faura- que se ha dedicado los últimos años a engañar tranquila y ominosamente a muchas personas y a burlarse de todo el mundo. Aquí hemos tramitado 800 quejas».
Sobre el papel jugado hasta ahora por la justicia también opina la abogada Patricia Morales, que representa a un buen número de afectados y tiene en marcha tres procedimientos abiertos contra la promotora. «Es incomprensible que no lo consideren estafa cuando hay tantos indicios como la falta de avales, la apropiación indebida de los terrenos,...», asegura la letrada, quien alerta del daño que estos casos pueden causar a la imagen del mercado inmobiliario de la Costa del Sol. «Muchos de mis clientes estafados son británicos, y tienen muy claro dos cosas: que jamás recomendarán a sus compatriotas comprarse una casa aquí, y que en su país estos personajes estarían entre rejas», afirma. En este punto, abogó por que la Fiscalía «se ponga las pilas» para que las demandas tengan recorrido en la vía penal. «Irte sólo por lo civil es un suicidio porque este señor presenta una insolvencia personal absoluta que nadie se cree, porque no tiene nada a su nombre».
* Sur - 12.12.10
Foto: Mil viviendas, un hotel y un campo de golf estaban previstos en Villanueva del Rosario - sur
ELPAÍS/Almería* : España y Estados Unidos tienen un problema enquistado desde 1966: el accidente nuclear en Palomares, en el que cuatro bombas atómicas cayeron en la pedanía almeriense. España decidió en 2004 descontaminar la zona e insiste en que EE UU pague parte de la limpieza y se lleve la tierra contaminada con plutonio. Así se lo transmitió el 14 de diciembre de 2009 el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, en Washington. Moratinos reclamó, según un cable confidencial, que Clinton hiciera lo posible "para ayudar desde el punto de vista de la opinión pública española, de la que temió que se volviera en contra de EE UU si se divulgaran los resultados de un reciente estudio sobre la contaminación". Clinton no contestó. El estudio, a cuyas conclusiones ha tenido acceso EL PAÍS pero que no ha sido hecho público, concluye que en Palomares queda medio kilo de plutonio que ha contaminado unos 50.000 metros cúbicos de tierra -el volumen de 27 piscinas olímpicas-.
Los cables revelan que Washington sabe que su compromiso estaba escrito en un documento de 1969. La Embajada en Madrid pidió al Departamento de Estado que pagara o, de lo contrario, serían duramente criticados si eludían su responsabilidad. Sin embargo, EE UU comunicó a España en una nota verbal del 16 de noviembre pasado que necesita más estudios, que por ahora no va a pagar su parte de la descontaminación, según fuentes conocedoras del documento. Este no aparece en los cables de Wikileaks, ya que las comunicaciones filtradas concluyen el pasado mes de febrero. Pero supone el colofón a un intenso intercambio de pareceres que demuestra que el caso Palomares ha estado muy presente en las relaciones bilaterales.
El 7 de noviembre de 2006, un cable de la Embajada de Madrid a Washington (84732) firmado por el embajador Eduardo Aguirre (en el cargo entre 2005 y 2009) relata la visita a España de John Shaw, secretario adjunto del Departamento de Energía (DOE) en septiembre de 2005. Shaw visitó Palomares, pese a lo que el Ministerio de Exteriores español no le trató durante la visita. El cable afirma que "Shaw no se comprometió formalmente a dar financiación del DOE a ningún plan eventual de limpieza, pero quedó implícito que el DOE permanecería en la escena de una forma u otra hasta que Palomares estuviera limpio".
La nota recuerda que tras el choque de dos aviones militares durante un repostaje en el aire, el 17 de enero de 1966, el Ejército estadounidense se llevó unas 1.700 toneladas de tierra contaminada a un almacén nuclear en Carolina del Sur. En 1997, el DOE "se comprometió a pagar el 25% del gasto anual del Ciemat en vigilancia ambiental y médica, hasta unos 300.000 dólares" al año. El Ciemat (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, del Ministerio de Ciencia) es heredero de la Junta de Energía Nuclear de Franco y quien vigila Palomares. Entre 1997 y 2007, el DOE pagó tres millones de dólares al Ciemat.
Una zona olvidada
Palomares nunca fue un problema, era una zona olvidada. Pero hace una década llegó la burbuja inmobiliaria y, con ella, los planes para construir decenas de miles de viviendas del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora (al que pertenece Palomares) y de Vera, que también tiene terreno afectado. Pretendían multiplicar por 10 la población de Palomares (1.500 habitantes) y obligaron al Ejecutivo a dejar de mirar hacia otro lado.
En 1996, las mediciones de radiación en el aire y los cultivos comenzaron a dar niveles anormalmente altos. Era el americio, producto de la desintegración del plutonio y que se dispersa más fácilmente. En 2001, el Ciemat tomó nuevas muestras de suelo y halló un nivel de radiación 20 veces superior al considerado aceptable para un suelo donde vive gente. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) alertó de que remover la tierra contaminada era un riesgo para la salud.
En la Ley de Acompañamiento de 2003, el Ejecutivo de José María Aznar incluyó la expropiación de los terrenos en los que cayeron las bombas. Todos esos movimientos se hicieron sin comunicarlo públicamente. La ley que permitía la expropiación no citaba en ningún lado la palabra Palomares.
En 2004, ya con el PSOE, llegó a la dirección del Ciemat Juan Antonio Rubio, quien, según la nota de la embajada, "revitalizó una institución moribunda" y puso en marcha un plan de descontaminación. Rubio, ya fallecido, declaró entonces a EL PAÍS que él fue el primer sorprendido al saber que el plutonio seguía enterrado: "Lo mejor es quitar el material radiactivo y olvidarnos de Palomares". El Ciemat comenzó a realizar un detallado estudio tridimensional de la contaminación: expropió los terrenos de las bombas, tomó 325.000 muestras con un georradar en 6,6 millones de metros cuadrados de suelo y analizó 1.848 muestras de tierra. EE UU puso 1,983 millones de dólares para el estudio. En un informe preliminar, de junio de 2007, el Ciemat admitió que había contaminación fuera de las zonas valladas y expropiadas y el CSN replicó que la contaminación detectada se podría superar la dosis de radiación admisible para el público, lo que obligó a "imponer restricciones totales o parciales" al uso del suelo.
El estudio sobre la radiación enterrada se terminó en diciembre de 2008 y es al que se refiere Moratinos. El Gobierno no lo ha hecho público, pero según las conclusiones, ha hallado 50.000 metros cúbicos de tierra contaminada con medio kilo de plutonio (cada bomba tenía entre 4 y 5 kilos). Además, desvela la localización de las zanjas radiactivas en las que el Ejército de EE UU dejó enterrados restos metálicos contaminados y que la sobreexplotación del acuífero ha provocado la intrusión salina (entra agua de mar en el subsuelo), algo que "reduce las posibilidades de que el agua subterránea haya sido utilizada para beber o regar". Hay tres zonas contaminadas, una cerca del cementerio -donde están las zanjas-, un solar en el centro de la pedanía, y 20 hectáreas en la sierra de Almagrera, donde el viento llevó parte de la contaminación durante la caída de la bomba. De los 50.000 metros cúbicos contaminados hay 4.200 con un nivel de radiación que implica "la restricción total de uso". Los investigadores buscan cómo reducir el volumen de tierra con un tamizado y consideran que los 50.000 metros cúbicos de tierra radiactiva se podrían quedar en 6.000.
Control de daños
El embajador Aguirre advirtió a Washington ya en 2006 de que si decidían no pagar nada "la embajada debería preparar una estrategia de control de daños, ya que EE UU sería atornillado en la prensa (por ejemplo, un buen aliado debería solucionar su propio lío)". El entonces embajador, que también visitó Palomares, recomendó buscar financiación militar.
La decisión de Washington de desentenderse del accidente ha contado siempre con la oposición de su legación en Madrid. Arnold Chacon, ex encargado de negocios y embajador interino entre enero de 2009 y enero de 2010, elevó el 30 de abril de 2009 un despacho confidencial sobre Palomares (204960). Chacon expresa a Washington sus dudas: "¿Está el Gobierno de EE UU considerando pagar al menos parte de la limpieza y llevarse parte del suelo contaminado?". La Embajada revisó todo el expediente para responder la pregunta de si estaban obligados legalmente a pagar. "La Embajada no conoce ningún documento que indique que el Gobierno de EE UU se haya comprometido a financiar la limpieza", aunque admite que hay "una referencia en un documento de poco valor de 1969" a una garantía del general Wilson. La legación explica que cree que se trata del militar "Delmar Wilson, que estuvo al mando de la respuesta inicial al accidente" y que en ese texto queda claro que "el Gobierno de EE UU sufragaría todos los gastos causados por el accidente, pero el contrato no explica qué cubre esta garantía". El Ciemat encargó otro informe jurídico en el que ve muy difícil reclamar el pago en los tribunales.
Los documentos firmados durante décadas no dejan claro quién debe pagar. El acuerdo Hall-Otero, del 25 de febrero de 1966, un mes después del accidente, se refiere a "un área rural que ha sido descontaminada de acuerdo con límites y procedimientos de descontaminación mutuamente acordados y no hace referencia a ninguna limpieza adicional", según prosigue Chacón. "Sin embargo" ?admite? "está claro que, debido a los avances del conocimiento científico de qué niveles de contaminación son aceptables y con los resultados preliminares del mapa de la contaminación, la limpieza adicional ahora es considerada necesaria".
En 2006 y 2007 los dos países firmaron nuevos documentos para llevar a cabo el proyecto para conocer la contaminación en detalle. El cable considera que ninguno de estos "constituye un compromiso para ninguna de las partes para llevar a cabo la limpieza". Chacón considera, pues, que no hay obligación legal pero advierte a sus superiores de que las negociaciones en "2005 y 2006 contribuyeron a la expectación" de que EE UU apoyaría la limpieza. Insiste en que, aunque nunca se comprometieron por escrito, los tratos entre representantes de los dos Ejecutivos "reforzaron" la aspiración de que los estadounidenses pagarían y de que se llevarían el plutonio. En la Península Ibérica no hay ningún almacén para esta sustancia. El plutonio tarda 24.000 años en desintegrarse a la mitad.
Gastos compartidos
Los científicos españoles involucrados en la limpieza siempre daban por descontado el apoyo: "Con EE UU no hay ningún problema. Pagarán su parte. Son gente muy seria y saben que esto lo causaron ellos", afirmaban con rotundidad. Aunque con el cambio de Administración y la llegada de Obama todo cambió. El 8 de octubre de 2006, Juan Antonio Rubio explicó a EL PAÍS: "EE UU nos va a ayudar en la parte técnica y aunque no se dice cuánto, los gastos serán compartidos". La información no fue desmentida y salió en medios internacionales. La Embajada admite en sus cables que "las historias en la prensa" reforzaron la impresión de que Washington pagaría su parte de los 25 millones en los que está presupuestado el proyecto.
Chacón, al igual que su predecesor, entiende la petición española: "Si el Gobierno de EE UU decide no colaborar en la limpieza, anticipamos una significativa reacción negativa del Gobierno de España y del público y la prensa española (esperamos que la prensa de EE UU, que ocasionalmente sigue el tema, también se interesaría)". El embajador considera que lo relevante no es si hay un compromiso implícito o explícito, sino que la discusión se centraría en "la falta de voluntad de EE UU de ayudar a terminar de limpiar la contaminación causada por armas de EE UU que cayeron de aviones de la Fuerza Aérea de EE UU".
Pese a los cables, Washington siguió dando largas. Hace un año, Moratinos sacó el tema en Washington y pidió ayuda antes de que se conocieran las conclusiones del estudio. En la reunión estaba el entonces embajador en EE UU, Jorge Dezcallar, y el ex director general para América del Norte Luis Felipe Fernández de la Peña. Clinton le replicó "que recordaba el accidente pero no hizo ningún compromiso". En lugar de eso, en el presupuesto para el curso 2009-2010, EE UU dejó de pagar los 300.000 dólares anuales que abonaba desde 1997.
En mayo de este año, durante la visita del actual vicepresidente norteamericano Joe Biden a España, Exteriores sacó el tema y el 7 de julio, finalmente, hubo una reunión en Washington entre representantes del Gobierno y militares estadounidenses. El Ejecutivo español (La Moncloa, Exteriores y el Ciemat) llevaba tres ideas: que España necesitaba ayuda tecnológica, financiera y, sobre todo, que EE UU debía llevarse la tierra. No hubo respuesta, solo tomaron nota, como había hecho Clinton siete meses antes. La réplica finalmente llegó en una nota verbal de dos folios del 16 de noviembre pasado.
Análisis a la población
En ella, EE UU afirma ahora que necesita más estudios antes de tomar una decisión, que hay que realizar análisis a la población y establecer criterios de exclusión de uso del suelo. Fuentes españolas consideran que el escrito supone retroceder 40 años, que no abordan el problema del plutonio y ni mencionan el americio. Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción, y buen conocedor del proceso, culpa a EE UU "pero también al Gobierno español": "España ha enviado delegaciones muy técnicas, de muy poco nivel y Exteriores nunca se ha implicado en el proceso. Así que EE UU, que en principio se tomó el tema muy en serio, ha aprovechado la puerta que le han dejado abierta".
El Gobierno ha recibido con sorpresa y desánimo la respuesta y ha convocado una reunión el 14 de diciembre para decidir qué hacer. España es consciente de que sin ayuda estadounidense no puede solucionar Palomares. "No dicen que no vayan a colaborar, es una nota interina en la que piden más estudios. En esencia, se dedican a dar largas", resume una fuente próxima a la negociación.
Ante la previsible negativa estadounidense, el Ejecutivo involucró a la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que ha preparado un informe sobre la situación. Además, en abril visitaron Palomares expertos de Euratom (la agencia europea de la energía atómica) y elaboraran otro informe para el Parlamento Europeo. España espera que la publicidad del informe sirva de palanca para implicar a EE UU. Pero admite que es muy complicado porque Washington no quiere crear un precedente y comenzar a recibir reclamaciones de otros lugares del mundo donde ha dejado contaminación radiactiva.
Trato VIP al alcalde en un viaje personal a EE UU
La Embajada de Estados Unidos consideró que tener de su lado al alcalde en el caso de Palomares era fundamental. La pedanía pertenece a Cuevas del Almanzora, cuyo alcalde es Jesús Caicedo, del PP, en el cargo desde 1999.
La embajada y el Departamento de Energía "se encargaron" de que el alcalde "recibiera trato de VIP durante un viaje personal a Washington a finales de 2005", según un cable de 2006 del entonces embajador, Eduardo Aguirre, a Washington. El informe relata que el Ayuntamiento podría haber puesto multitud de pegas al acuerdo bilateral pero que ahora apoya completamente los trabajos en la zona.
Aguirre se muestra en el cable como un defensor de la limpieza en la zona con apoyo estadounidense, para usarlo como ejemplo de cooperación bilateral. También recomienda aportar material de EE UU para el museo sobre las bombas que planteó el Ciemat al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora. El museo, con un centro de interpretación, iba a ser dirigido por el antropólogo Eudald Carbonell, uno de los codirectores de Atapuerca. El proyecto está paralizado.
* El País - 9.12.10
Foto: El general de brigada Arturo Montel felicita al comandante de EE UU Radm William tras el rescate de la bomba caída en Palomares en 1966 - elpais
LAVOZ/A Coruña* : Unos obreros limpian la pared de una de las casas de la Rúa da Cerca, en el casco histórico de Betanzos. La semana pasada, a solo unos metros, una de los muros del inmueble ubicado en el número 9 acabó por los suelos. El desplome fue solo un grito de auxilio más, de los muchos que lleva dando el casco viejo de la ciudad. En dos años se han caído quince elementos estructurales. El escaso interés que despiertan las ayudas a la rehabilitación entre los propietarios, muchos de los cuales prefieren poner sus casas a la venta, y la falta de fondos de las Administraciones para poder ejecutar instrumentos legales, como el inicio de procesos expropiatorios, complican la recuperación del que es uno de los mayores cascos históricos de Galicia.
Ahora, la Xunta acaba de aprobar una partida de 700.000 euros para comprar y rehabilitar casas. Adquirirán ocho en la misma calle en la que hace unos días ocurrió el último derrumbe. Desde el Ayuntamiento confían en que esto actúe de resorte para revalorizar el casco y animar a otros propietarios a invertir y rehabilitar. Pero el proceso será largo. Y puede que cuando termine muchas casas que ahora están sostenidas por andamios y estructuras metálicas ya no estén en pie y pervivan únicamente en el recuerdo de los vecinos.
Ejemplo
«No hace falta que se inscriban muchos inmuebles en el registro de solares. Con uno o dos ejemplos basta para que el resto de propietarios se pongan las pilas y empiecen a arreglar». Una responsable de la rehabilitación del casco histórico de Santiago explica con estas palabras cómo Compostela utilizó en su día la herramienta coercitiva del registro de solares para instar a la rehabilitación. En ese listado aparecen aquellas viviendas que requieren reforma. El Concello puede enviar a los dueños avisos para que hagan arreglos y, pasado un plazo de dos años, podría activar un proceso para subastar la vivienda a precio de catastro. Algo semejante es lo que ha habilitado A Coruña desde hace unos años, ciudad en la que ya se han expropiado varias casas.
Presupuesto
«Ayuntamientos grandes pueden permitirse eso, pero con un presupuesto como el de Betanzos, de dos millones de euros, no se puede expropiar. Podría hacerse en un caso o dos, pero de qué valdría eso», apuntan fuentes municipales.
Betanzos ha preferido optar por un método aplicado ya en otras zonas, como en el barrio lucense de La Tinería. Ahí se activó un plan para recuperar 52 edificios. El presupuesto con el que contaba era de 31 millones de euros, una cantidad que multiplica por treinta lo dedicado al casco brigantino, donde el total que dedicará la Xunta en dos años es de un millón de euros. Una vez reformados, los edificios albergarán viviendas destinadas al alquiler.
Eso es lo que harán en Betanzos, la primera ciudad no capital de provincia, junto con Vilalba, en la que aplicarán la iniciativa. Pero de momento el presupuesto para este año alcanza para comprar ocho casas, aunque en el casco hay unas 114 con riesgo de derrumbe y unas 600 que precisan alguna actuación.
«O plan de merca de casas e as axudas que hai son un motor de arranque», explica la alcaldesa de Betanzos, María Faraldo, desde Argentina. Reconoce que se han perdido muchos años y, pese a los pequeños pasos que se están dando, la recuperación del casco antiguo no empezará a dar frutos hasta dentro de unos cinco o seis años. «Hai que empezar a invertir a curva. Estase empezando a facer eso porque ata o 31 de outubro concedéronse un 5% máis de licencias de obra para rehabilitar nesa parte da cidades que en todo o 2009», apunta.
* La Voz de Galicia - 12.12.10
Foto: Unos andamios sostienen una de las casas con riesgo de desplome que hay en el casco histórico - lavozdegalicia
DIARIODEMALLORCA* : La Fiscalía Anticorrupción atribuye al conseller de Comercio, Industria y Energía en la pasada legislatura del PP, Josep Juan Cardona, así como al resto de principales imputados del conocido como caso Scala, de provocar durante cuatro años -de 2003 a 2007- la "actividad frenética" del Consorcio de Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) con el objetivo de desviar unos siete millones de euros, todo ello mediante un "saqueo y robo sistemático de las arcas públicas" y aprovechando la falta "total y absoluta" de controles administrativos y financieros. Así lo pone de manifiesto en el escrito de 175 páginas que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción nº4 para solicitar la transformación de estas diligencias en procedimiento abreviado como paso previo a la apertura de juicio oral. En él, el Ministerio Público imputa los delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, prevaricación, fraude a la administración pública y falsedad documental a diez de los 18 encausados contra los que pide que continúen las investigaciones, que llevarían aparejadas en total penas de hasta 26 años de prisión.
Los fiscales Juan Carrau y Pedro Horrach solicitan además que el PP, como responsable civil, resarza 10.585 euros de fondos públicos, mientras que piden que Cardona, Viane y el también imputado Antonio Munar amplíen su fianza de responsabilidad pecuniaria en 14.113 euros, a raíz del transporte de material electoral del PP desde Mallorca a Ibiza que habría sido abonado con fondos del Consorcio.
En el caso de Cardona, la acusación pública le achaca la posición de "líder o jefe director" de esta presunta trama de corrupción, mediante la que tanto el ex conseller como el entonces director general de Promoción Industrial, Kurt Viaene, y la ex gerente del CDEIB, Antònia Ordinas, "idearon, planificaron, desarrollaron y ejecutaron" actuaciones dirigidas a "apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos", bajo el "lema de más facturación, más comisión" y utilizando "todas las coberturas formales necesarias a efectos de que el expolio pasara desapercibido".
Tal y como detalla el escrito, el primer paso fue la creación de una estructura jerárquica "perfectamente organizada" que hiciera posible el desvío, y a partir de ahí organizar la asistencia del CDEIB "a todas las ferias y eventos imaginables" así como contratar "cientos de estudios e informes cuyo contenido era inútil a efectos de interés público", una actividad que provocó que el presupuesto anual de la empresa "se agotase muy rápidamente, lo que suponía un freno a la actividad delictiva del grupo".
Es por ello que, relata el Ministerio Fiscal, Cardona decidió inyectar de forma reiterada dinero al Consorcio mediante la transferencia de fondos de la Conselleria y la firma de convenios de colaboración con el Instituto de Innovación Empresarial (IDI), "hasta el extremo de solicitar y obtener préstamos con entidades bancarias para obtener más fondos públicos de los que apropiarse". De forma paralela, Cardona, Viaene y Ordinas se reunían de forma periódica en diversos hoteles "para planificar las estrategias y procedimientos de expolio", pagando las pernoctaciones con cargo al CDEIB.
"ROBO SISTEMÁTICO" MEDIANTE TESTAFERROS Y CREACIÓN DE EMPRESAS
Así, la Fiscalía asevera que el "robo sistemático" efectuado por los inculpados se llevó a cabo mediante la creación de entidades mercantiles al frente de las cuales usaban "hombres de paja o testaferros" y a las que otorgaban numerosos contratos; la utilización de empresas existentes que pasaron a controlar; la exigencia y cobro de comisiones a proveedores del CDEIB y la organización de las ferias en las que participaba el Consorcio. "Una actividad delictiva que requería la creación y mantenimiento de una infraestructura personal o red de colaboradores", detalla la acusación.
Entre otras actuaciones, los fiscales señalan cómo Ordinas alteró facturas de compras que había realizado en el extranjero, concretamente en China -donde había acudido en representación del CDEIB-, modificando el importe y remitirlas al Consorcio para su abono; y cómo Cardona, Viaene, Ordinas y los encausados Felipe Ferré y Arnaldus Van Den Hurk se apropiaron de fondos de la empresa para realizar viajes particulares a China en busca de oportunidades de negocio "para provecho propio".
Cabe recordar que la causa permaneció durante varios meses en manos del magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), Antoni Capó, debido al aforamiento de Cardona. Durante ese periodo, el juez le impuso una fianza de responsabilidad civil de 2.940.380 euros frente a los 4,8 millones que solicitaron los fiscales anticorrupción Juan Carrau y Pedro Horrach, así como la acusación particular, el pasado 21 de abril.
Sin embargo, en el marco de este proceso, el ex conseller, asistido por el letrado José Zaforteza, ha asegurado no tener vinculación alguna con sociedades que en la pasada legislatura resultaron adjudicatarias de diversos contratos por parte del Consorcio de Desarrollo Económico, en contra de lo que apuntan las pesquisas.
RESTO DE IMPUTADOS CONTRA QUIENES SE DIRIGE LA FISCALÍA
Además de Cardona, Ordinas y Viaene, los imputados contra quienes la Fiscalía pide que continúe el proceso penal son el ex concejal del PP en Lloseta, Felipe Ferré -quien ha confesado los hechos de cara a futuras atenuantes-; el empresario Arnaldus Van Den Hurk; la esposa de Ordinas, Isabel Rosselló; la secretaria de Ordinas, Daniela Francisca Beaumont; el marido de ésta, Jaime Fernández Abad; el publicista Joan Rosselló; el administrador de Mercantiles NTC, Francisco García; el de Camino Export, Sergio Pereletegui; el de Taller Grafic, Jaume Gil; Manuel Carmelo; Pedro Veny; Juan Enrique Riera; Antonio Munar; Antoni Miguel y Francisco Mauri.
ELPAÍS* : La red intentó lograr contratos millonarios con Medio Ambiente y Economía. Ni Francisco Correa, ni Pablo Crespo, ni ninguno de los cabecillas de la red Gürtel sabían absolutamente nada de tratamiento de residuos. Sin embargo, según explica un detallado informe policial de 160 páginas que figura en el sumario, la red se asoció con el Grupo Ros Roca, especializado en residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Según el informe policial, basado en decenas de documentos encontrados en los registros de las sedes de la red, Correa, Crespo y los demás ofrecían a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según el informe.
La novedad de esta investigación policial, muy detallada en cuanto a los documentos inéditos aportados, es que sostiene que esos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP, la especialidad de la red, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, que controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique, y Medio Ambiente, para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón.
El informe detalla toda la operación, centrada en 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y Correa era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas electorales y actos importantes. La red de Correa, a través de su empresa Spinaker, creada por Luis de Miguel, el abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales, se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor, según el informe.
Diversos faxes y documentos encontrados en los registros atestiguan las gestiones políticas que hacía la red Gürtel para el grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4 del 4%.
Uno de los asuntos sobre el que más documentación hay es el de las gestiones de la red Gürtel para lograr que algunos créditos FAD, dependientes de Economía, se concedieran para la realización de plantas de depuración de residuos en países del tercer mundo que gestionaría Ros Roca. En los registros de la red han aparecido diversos documentos en los que la persona clave con la que contacta la red sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003, y por tanto con responsabilidad sobre los FAD, según la policía.
Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M [millones] de USD [dólares]. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".
Esto es, según la policía, Correa y su equipo utilizan sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.
ELPAÍS* : Los cuantiosos daños de las riadas de hace nueve meses parecían motivo suficiente para tomar nota y adoptar medidas. Pero no ha sido así. Como entonces, el urbanismo ilegal, con la proliferación de viviendas en zonas inundables, y la falta de inversiones en infraestructuras de defensa han sido el principal caldo de cultivo de las avenidas registradas durante el puente de la Constitución. Sirva como ejemplo el caso de Córdoba, donde las zonas más afectadas han vuelto a ser más de 250 casas ilegales junto al aeropuerto. El Ayuntamiento precintó en febrero las 30 viviendas más dañadas, pero elude actuar sobre el resto. El portavoz del equipo de gobierno, Francisco Tejeda, ha recordado que en esta zona inundable corresponde a los vecinos culminar el plan de defensa con la construcción de una escollera que actúe de dique, pero los parcelistas rechazan asumir su coste.
Otra actuación que se viene demorando desde hace años es el plan para actuar sobre el cauce del Guadalquivir, en este caso competencia del Ministerio que ahora dirige la cordobesa Rosa Aguilar. Ecologistas en Acción ha abogado por el derribo de las viviendas ilegales y un programa de acción integral.
Aguas más abajo del Guadalquivir, en Lora del Río (Sevilla), se sigue a la espera de la construcción de un gran muro de contención que debe acometer la Agencia Andaluza del Agua. "Aunque hubiéramos empezado en febrero no estaría listo, pues la obra tiene un plazo de ejecución de 18 a 24 meses", se excusa el alcalde, Francisco Javier Reinoso. Hasta que se levante el muro, el Ayuntamiento no dará la licencia de primera ocupación a las 17 viviendas de la urbanización Virgen de Setefilla denunciadas por la fiscalía por estar en zona inundable.
En Écija, las riadas se asemejan a las producidas el 18 de diciembre de 1987, cuando el nivel del río alcanzó siete metros de altura y también se inundó un tercio del casco urbano. En este caso, la actuación que viene demorándose es el encauzamiento del arroyo Argamasilla, que se desbordó. La Agencia del Agua tiene en marcha esta obra y se prevé que se remate en 18 meses. La Consejería de Medio Ambiente ha previsto para 2011 actuaciones en más de 480 municipios en los se han identificado puntos críticos frente a avenidas con una inversión de unos 24 millones de euros.
Para Asaja, de haber estado construida la presa de San Calixto se habrían evitado gran parte de los daños causados por el desbordamiento del río Genil. El pantano, de 90 hectómetros cúbicos, lleva años en construcción, y lo mismo que ocurre con el de Siles, en Jaén.
En la provincia jiennense, el punto más conflictivo ha vuelto a ser Andújar, donde ha sido necesario evacuar a decenas de familias de las pedanías más próximas al cauce del Guadalquivir. La Junta ha invertido 7,5 millones en obras de encauzamiento, una actuación que ha evitado que se inundara el poblado de Llanos del Sotillo, pero el alcalde, Jesús Estrella, pide a Medio Ambiente mayor inversión en limpieza. Los vecinos llevan año pidiendo la demolición de la presa de Marmolejo, que ahora gestiona Endesa.
La pluviometría media anual en la comunidad es de 650 litros por metro cuadrado. Sin embargo, desde el inicio del año hidrológico, a principios de octubre, las precipitaciones caídas en muchos puntos de la cuenca del Guadalquivir suponen ya el 70% de esa media anual. Son los casos, por ejemplo, del agua caída en el entorno de los pantanos de Martín Gonzalo (Córdoba), Canales (Granada), Aguascebas (Jaén) y Huesna (Sevilla), con más de 450 litros por metro cuadrado en todos los casos.
Al contrario del temporal del pasado febrero, en esta ocasión las precipitaciones, que el día 7 fueron superiores a los 140 litros por metro cuadrado en muchos puntos de Córdoba y Sevilla, se han producido en un intervalo mucho menor, lo que también ha agravado la situación y ha dificultado la respuesta.
* El País - 12.12.10
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com
DIARIODEMALLORCA* : El diputado autonómico y ex conseller de Turismo del PP, Joan Flaquer, está citado el próximo martes para declarar como imputado dentro de la instrucción del "caso Ibatur" de supuesta corrupción, después de que el viernes lo hiciera el ex director del instituto público Raimundo Alabern. El titular del juzgado nº2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, instruye este caso en el que se investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno a este instituto público, un organismo dependiente de la Conselleria de Turismo, durante la pasada legislatura del PP. La citación de Flaquer se produce unos días después de que el 19 de noviembre el diputado tuviera que comparecer ante el juez por otro caso de supuesta corrupción, el "Palma Arena", en el que también está imputado.
Cuando el pasado octubre supo de su imputación en el "caso Ibatur", Flaquer negó en rueda de prensa las acusaciones en su contra realizadas por dos imputados de esta causa, que dijeron que en dicha entidad, en la pasada legislatura, se cobraban comisiones.
Flaquer negó que, tal y como afirmó al juez la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB) Antònia Ordinas, en el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) se pagaban comisiones superiores al 15 por ciento durante el pasado mandato, cuando él era conseller de Turismo.
El diputado popular también rechazó las acusaciones realizadas por el ex concejal del PP en Lloseta Felipe Ferré, sobrino político del ex presidente Jaume Matas (PP), quien aseguró que sus socios cobraron comisiones ilícitas del Ibatur que se articularon hinchando facturas.
En concreto, Ferré dijo al juez del "caso Ibatur" que Flaquer autorizó el pago de una prima de 40.000 euros mediante facturas hinchadas.
El ex concejal, que participó en tres empresas beneficiarias de contratos del Ibatur, reconoció que Flaquer le dijo en enero de 2006 que le pagaría una prima de 40.000 euros por la "buena organización" de un viaje a China por parte de la empresa Gourmet, administrada por él.
"Me parece lamentable que se pueda acusar indiscriminadamente a las personas de forma impune, sin ofrecer ningún tipo de prueba, sin ningún documento, diciendo cosas que ahora mismo son solo sus palabras contra las de otras personas", se defendió Flaquer en su momento.
SUR/Málaga* : La juez que instruye el "caso Arcos" contra la corrupción urbanística, que investiga una supuesta trama que construía viviendas sobre suelo no urbanizable en la sierra de Axarquía malagueña, ha acordado levantar el secreto sobre estas actuaciones. En un auto, el Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez- Málaga acuerda dejar sin efecto el secreto de sumario al considerar que "en este momento, el conocimiento de lo actuado por las partes, no va a perjudicar la investigación en curso". La trama de este caso, con una veintena de imputados, llevó a prisión al hasta entonces alcalde del PSOE en Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y al que era jefe adjunto de Arquitectura de la Diputación malagueña, José Francisco Mora, quienes quedaron en libertad unos meses después tras pagar sendas fianzas de 120.000 euros.
Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió de la Alcaldía que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel en marzo de 2009, aunque abandonó la prisión tres meses después tras hacer efectiva la fianza de 120.000 euros impuesta por la jueza.
Tras el levantamiento parcial del secreto el pasado enero se supo que en el sumario se apunta a una "red de corrupción política-empresarial" en esta localidad más que a "unos meros ilícitos relacionados con la ordenación del territorio" aunque los hechos tengan su origen en asuntos vinculados al urbanismo.
Así se indicaba en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, según el cual los investigadores creían ya en septiembre de 2008 que, de resultar ciertas las informaciones de las que disponían, el entonces alcalde "se habría enriquecido a cambio de permitir determinados actos".
LEVANTE/Valencia* : La parálisis de la construcción en Sagunt ha tenido otro efecto menos visible: La caída en picado de las excavaciones arqueológicas en solares privados que en los florecientes años del boom inmobiliario tanta luz aportaron sobre el rico pasado de la ciudad. La Ley de Patrimonio que, desde 1998, obliga a los promotores a sufragar este tipo de estudios fue el verdadero motor de ese repunte investigador pues, inevitablemente, cada vez que se construye en el casco antiguo es obligado hacer prospecciones de este tipo. Esto encarece sin duda los costes, pero también permite unos hallazgos que de otro modo habrían quedado bajo tierra para siempre. Los mejores frutos de este despegue de la iniciativa privada han sido, sin duda, los espectaculares hallazgos encontrados desde 2002 a 2004 durante la construcción de una finca en la Plaza de la Moreria en un solar de 1.700 m2.
De aquel suelo surgieron entonces los restos de la calzada romana mejor conservada de la Comunitat Valenciana, atribuidos en su día a la Vía Augusta. Junto a ellos aparecieron otros muchos vestigios que además demostraron que los límites de Saguntum eran mucho más extensos de lo conocido hasta entonces.
Otra obra particular que acabó dando excelentes frutos fue el edificio construido sobre el antiguo cine Marvi. A pocos metros del suelo, en 2002 se hallaron restos de una casa de época romana que aún conservaba las pinturas murales originales de algunas habitaciones, entre otros atractivos.
La importancia de estos vestigios impulsó la creación de dos nuevos museos en los bajos de estos edificios para exhibir los hallazgos. La iniciativa municipal se centró en primer lugar en la Plaza de la Moreria, donde se logró la colaboración de Unión Fenosa y del propio promotor, si bien esta última acabó por truncarse hace unos años.
Además, el consistorio ha aprovechado el Plan Confianza para musealizar los restos del cine Marvi. Con las dos actuaciones ya encarriladas o a punto de comenzar, la intención es poder abrir los dos espacios antes de las elecciones, como reconocía el edil de Inversiones, Juan Serrano. "En la Moreria estará lista en unos meses la primera fase del museo. La ampliación se hará con fondos del plan Confianza para dejar a la luz también los restos encontrados bajo el edificio colindante en los años 90", decía.
Lo que sí parece difícil es que Sagunt vuelva a recuperar repunte de arqueología vivido desde 2004 a 2007 gracias a una iniciativa privada que estos años dio lugar a entre 55 y 78 excavaciones anuales, según los datos municipales. "Ahora está todo bastante parado. Habrá que esperar", decía el presidente vecinal de Ciutat Vella, Carlos Forner.
* Levante - 12.12.10
Foto: Sagunto (Valencia), teatro romano 1905 - levante-emv.com
INFORMACIÓN/Jerez* : Las aperturas de Ikea y el parque comercial Luz Shopping constituyen el final feliz de unas historias que no siempre tiene por qué acabar igual de bien. Más aún si ese cuento tiene que escribirse en pleno periodo de crisis económica. En Jerez abundan los ejemplos de historias de final incierto. El 15 de septiembre de 2006, el entonces coordinador de Política Territorial, Pedro Pacheco, presentaba el proyecto de construcción de un complejo hotelero de cinco estrellas situado junto al campo de golf de Guadabajaque. El desarrollo de esta iniciativa, promovida por el Grupo Tremón, debía llevar aparejada una inversión aproximada de 300 millones de euros, contemplándose la generación de un centenar de empleos directos y 160 indirectos. En octubre de 2007 se colocó la primera piedra del complejo hotelero, sobre una parcela de 25.000 metros cuadrados de superficie.
Apenas unos meses duró la aventura, ya que en noviembre de 2008 el Grupo Tremón se declaraba insolvente, quedando en suspenso el desarrollo del proyecto. El hecho de que en los meses previos ya se hubieran parado las obras no invitaba precisamente al optimismo. A partir de entonces, no faltaron declaraciones entusiastas de distintos portavoces del Gobierno local, convencidos de que otra promotora se decidiera a dar continuidad a tan ambicioso proyecto.
La realidad, sin embargo, es bien distinta. En diciembre de 2010, cuando el fastuoso hotel de 600 camas que iba distribuirse a lo largo y ancho de siete magníficos edificios debía llevar ya un año en funcionamiento, la parcela de 25.000 metros cuadrados de superficie se vende como solar en una especie de bazar inmobiliario del Banco de Sabadell.
se vende hotel sin inaugurar
También en www.solvia.es se ofrece en régimen de venta un hotel a medio construir en la céntrica calle San Agustín. El establecimiento, más modesto que el anterior, dispone de 31 habitaciones. Sus promotores se vieron obligados a abandonar la ejecución del proyecto cuando la rehabilitación del viejo edificio se encontraba ya al 85 por ciento. El edificio tiene ahora un precio de algo más de 4 millones de euros.
Zafiro Europea S.L. levantó una promoción de chalets en la zona de Montecastillo. Las viviendas de lujo que en 2006 salieron a la venta en 688.223 euros ahora pueden comprarse por 360.000 euros. La división inmobiliaria del Banco de Sabadell también está tratando de captar clientes para esta promoción fantasma, que al igual que otras muchas que han proliferado estos últimos años por el término municipal de Jerez no ha conseguido superar con éxito su proceso de comercialización.
un símbolo de decadencia
Si se trata de encontrar a un edificio que sintetice la crisis del sector inmobiliario y financiero en Jerez no hay más que acercarse a la vieja carretera de circunvalación. Decenas de miles de vehículos circulan a diario ante la estructura de lo que debía ser ya el palacio de congresos.
Antonio Gómez, director comercial en Andalucía de Hispánica de Palacios de Congresos (Hispalcon), aseguraba en octubre de 2008 que el complejo promovido por esta sociedad entraría en funcionamiento den 2010. Incluso, se mostraba convencido de que la crisis económica no iba a afectar al proyecto ni al turismo de negocios, ya que la organización de congresos no dependía a su juicio de las empresas, sino de los colegios profesionales.
La mole de hormigón que se alza al pie de la circunvalación desmiente de manera categórica estas afirmaciones. El apartado que la web de Hispalcon dedicaba al palacio de congresos de Jerez sigue estando en construcción. Toda una paradoja.
Las obras reales llevan ya un par de años paralizadas y lo peor es que no parece probable que a corto plazo aparezcan los inversores necesarios para retomar este ambicioso proyecto. El Ayuntamiento lleva meses -quizá años- tratando de involucrar en la iniciativa a alguna sociedad, pero no parece que esas gestiones hayan obtenido de momento el fruto apetecido.
casi cinco años ‘en marcha’
La historia del palacio de congresos arranca en febrero de 2006, con la firma en la entonces Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de la compraventa de los 28.000 metros cuadrados de superficie situados junto al Hospital del SAS.
Entonces, la empresa Grupo Baremo 80, S.L. anunció una inversión de 50 millones de euros, estimando que la construcción del complejo concluiría coincidiendo con la Fiesta de la Vendimia de 2008. Además de contemplar la construcción del palacio de congresos más innovador de Andalucía, el complejo llevaba aparejado un hotel de diez plantas de altura y más de doscientas habitaciones.
un solar en pleno centro
Más enrevesado aún parece el caso de Grupo Jale, que en febrero de 2008 presentó concurso de acreedores, lo que paralizó la ejecución de las obras del residencial San Mateo, un “magnífico complejo situado en pleno casco histórico de Jerez, en uno de los barrios más típicos de la ciudad, frente al famoso Palacio de Riquelme y junto a la plaza del Mercado, a sólo 5 minutos del mayor espacio comercial de la ciudad”.
La construcción de este complejo implicó el derribo de un antiguo casco bodeguero, convirtiendo a la calle Cordobeses en un auténtico solar. El problema, en este caso, no es sólo de carácter urbanístico, toda vez que numerosas familias llevan cuatro años esperando a la entrega de unas viviendas que a fecha de hoy no tienen siquiera unos cimientos sobre los que levantarse.
Algunos clientes llegaron incluso a solicitar prisión preventiva para los administradores de Inmobiliaria Amuerga, la filial del Grupo Jale, por presunta estafa, delito societario y apropiación indebida, sustentando estas denuncias en la presunta venta sin autorización de una serie de inmuebles que ya habían sido adquiridos.
En esa denuncia, presentada ante el juzgado de Instrucción número 2 de Jerez en el verano de 2008, los querellantes recordaban que desde 2006 los imputados venían recibiendo importantes cantidades de dinero para la ejecución de unas obras que ya debían haber terminado entonces y que aún no se han iniciado.
Presuntamente, Inmobiliaria Amuerga estaría revendiendo los pisos que aún no habían sido construidos sin el consentimiento de sus propietarios y sin resolver los contratos de compraventa suscritos en su momento.
El proceso judicial sigue su curso, para desesperación de las familias que apostaron por trasladar su residencia al barrio de San Mateo y que siguen asistiendo a la paralización de unos trabajos que, en honor a la verdad, apenas llegaron a iniciarse. Y es que, a veces, la crisis no ha dejado ni hormigón sobre el que lamentarse.
* Información Jerez - 11.12.10
Foto: Por la estructura del palacio de congresos no aparece un obrero desde hace dos años - ai
ELPAÍS/Madrid* : El ex alcalde de Alcorcón, Pablo Zúñiga, y su equipo de Gobierno (otros 13 concejales), todos ellos del PP, pasarán entre hoy y el lunes por el Juzgado de Instrucción nº4 de la localidad para testificar como supuestos autores de un delito de prevaricación. Según consta en diversos informes, los 14 ediles incumplieron las normas básicas del planeamiento y se incrementó el número de viviendas permitidas por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, el documento que rige el urbanismo de un municipio), además de eliminar las viviendas públicas a que obligaba la Comunidad de Madrid. La supuesta prevaricación (que se produce al dictar una orden a sabiendas de que es injusta) la pudieron cometer en 2002 en los desarrollos de Fuente Cisneros, en la zona sur de la localidad.
Según varios informes jurídicos y urbanísticos presentados por el Ayuntamiento de Alcorcón, la modificación del plan parcial de esta zona consiente un aprovechamiento muy superior al permitido al PGOU: un 0,50 y un 0,79 metros cuadrados por metro cuadrado de parcela frente al 0,39 del Plan General. Esto supone que la zona tenga una gran densidad de viviendas -y de población-.
Otro punto en el que incumplieron supuestamente las normas urbanísticas es que desoyeron las reservas de suelo destinado a dotaciones públicas. "Esto supone un déficit en la primera parcela de 7.560 metros cuadrados para centros docentes públicos y 3.774 metros cuadrados de centros sociales de carácter público", según un informe firmado por la asesoría jurídica del Ayuntamiento. A eso se unen otros 6.300 metros cuadrados de colegios y 2.089 para servicios sociales en la segunda parcela.
Uno de los mayores incumplimientos también se pudo dar con "la drástica reducción" de suelo destinado a viviendas públicas. Se intentó justificar este recorte con la calificación otorgada en otros tres desarrollos urbanísticos de la localidad, integrantes del barrio del Ensanche Sur. Pero una nueva Corporación, del PSOE, desestimó en marzo de 2003 su aprobación.
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid establece que el 50% del suelo urbanizable se debe destinar a viviendas protegidas, pero esta cifra se redujo en Fuente Cisneros al 11% y al 18%, lo que provocó que se dejaran de construir cerca de 400 viviendas sociales, según fuentes municipales.
Ante todas estas irregularidades, la asesoría jurídica del Consistorio cree que se tendría que dejar sin efecto la aprobación de los planes parciales de las parcelas PP-7 y PP-12, ambas en Fuente Cisneros, ya que resultan lesivas para el interés público. Los jurídicos municipales reconocen q ue sería muy costoso para el Ayuntamiento retrotraer la actuación. Supondría elevadas indemnizaciones que habría que pagar a los particulares que adquirieron sus viviendas (1.100 en este barrio) de forma legal y que las registraron tras obtener las licencias de edificación y de primera ocupación concedidas por el Consistorio.
Toda la documentación fue presentada a la Fiscalía de Madrid, que pidió la apertura de diligencias previas.
ELPAÍS/Ourense* : La Administración autónoma se ha saltado la Ley y ha reformado un bajo incluido en el complejo hospitalario ourensano (CHOU) sin solicitar la obligatoria licencia municipal y haciendo caso omiso de los apercibimientos del Ayuntamiento. La Junta de Gobierno local decidió ayer abrir expediente sancionador al hospital por infracción urbanística después de que el pasado 9 de febrero la Concejalía de Urbanismo emitiera un decreto suspendiendo las obras ilegales y abriera expediente de reposición de la legalidad. Un mes después, el 10 de marzo, la inspección de obras constató que la reforma continuaba su curso sin la licencia, por lo que impuso ya entonces al complejo hospitalario una multa de 600 euros, al tiempo que requirió un proyecto técnico para su legalización, que nueve meses después no se ha realizado.
El director de Recursos Económicos del CHOU presentó fuera de plazo el recurso de reposición que, por este motivo y considerando que la Ley del Suelo de Galicia exige "la necesidad" de licencia urbanística, fue rechazado ayer por la junta de gobierno del Ayuntamiento.
El Gobierno municipal ha dado ahora tres meses a la dirección del hospital para que legalice las obras -un trámite y el pago de unos 600 euros-. En caso de que el CHOU persista en mantener la reforma sin licencia, el Ayuntamiento procedería a su demolición.
ELCORREODEANDALUCÍA* : Más de una veintena de ciudades europeas tienen restricciones de tráfico en el Centro. El tráfico y la conservación de los centros históricos no casan en Europa desde hace mucho tiempo, así que Sevilla no está implantando nada nuevo con la regulación en el Centro. Es más, en muchas ciudades españolas ya se veta la entrada de los coches en los cascos antiguos, sean del color político que sean. Otra cuestión es si el transporte público de esas ciudades se puede comparar o no con el de Sevilla, con uno de los cascos históricos más grandes. En España se pueden encontrar ejemplos muy claros de cómo restringir el paso del vehículo para proteger el patrimonio. Oviedo y León son un botón de muestra. En el primer caso, los únicos coches que pueden acceder al corazón de la ciudad son los que tienen un garaje allí. Nada más. Y en Oviedo gobierna Gabino de Lorenzo, del Partido Popular. Su equipo asegura que la medida "revitalizó" el Centro.
Sin embargo, en Sevilla, los populares llevaron a los tribunales el plan para la regulación del tráfico en el casco histórico, pidiendo -sin éxito- su paralización.
Granada es el ejemplo andaluz y también está gobernada por el PP. Desde el área de Movilidad del Ayuntamiento granadino se informa de que "los ciudadanos están concienciados".
Los barrios del Realejo, Albaicín Alto y Bajo, el Centro y Recogidas se controlan a través de un sistema de cámaras, mientras que en calles estrechas aún se mantienen algunas pilonas o bolardos. "Y la gente ya está acostumbrada, sobre todo porque el plan lleva en marcha 15 años, si bien las cámaras no se instalaron hasta hace seis", aseguran desde el Consistorio, cuyos responsables apuntan que la peatonalización se fue implantando "en paralelo" a la restricción del tráfico.
En Barcelona, zonas como el barrio Gótico está libre de coches, al igual que el Centro de Málaga, Córdoba, Vitoria, Valencia, Murcia, Santiago de Compostela...
En Madrid, algunos barrios tienen restricciones: hay tres Áreas de Prioridad Residencial (Embajadores, Letras y Cortes) y el propio Alberto Ruiz Gallardón anunció la pasada semana en una entrevista que restringirá el tráfico en el Centro si es reelegido. El alcalde del PP apuesta por "un uso restrictivo para los residentes y solamente ocasional para los no residentes".
Si miramos al resto de Europa, la peatonalización de los centros históricos es una moda. Por el momento, 19 ciudades (Toulouse, La Rochelle, Génova, Nantes, Stuttgart, Venecia, Bolonia, Zagreb, Winchester, Bristol, Bremen, Berlín...) llevan a cabo iniciativas Civitas, encaminadas a extender los espacios para el peatón, los ciclistas y el transporte público.
En Londres, desde 2003, se paga por circular por el Centro. En concreto, 8 libras (9,5 euros) si se abona la llamada congestion charge el mismo día y 10 (11,9 euros) si se paga al día siguiente. Además, Oslo, Bergen, Trodheim, Estocolmo y Singapur, por ejemplo, han copiado este impuesto por circular por el Centro.
En el caso londinense, todo lo que se recauda por la congestion charge se destina al transporte público. Algo que no copiará Sevilla. Todo lo que se recaude por las infracciones del Plan del Centro irá a la caja única del Ayuntamiento, según informó ayer el delegado de Movilidad, Francisco Fernández, quien defendió que el objetivo es recaudar cero, es decir, que nadie entre en el casco antiguo sin permiso.
En Roma, la circulación por el Centro está cerrada al tráfico no autorizado y en otras zonas se suele aplicar por las noches o los fines de semana; también está extendido el sistema de matrículas alternas. El control electrónico está implantado en una zona con 130.000 habitantes y los resultados son buenos: se redujo un 25% el tráfico y un 20% la contaminación. En el Centro histórico de Florencia, el tráfico de vehículos está prohibido a los no residentes de 7.00 a 19.00 horas.
Manuel Calvo, consultor medioambiental, asegura que no hay ejemplo de "liberación" de coches en un Centro histórico que no haya tenido éxito. "Y no hay que hablar en negativo, porque no es un cierre, sino una liberación del espacio para el peatón", puntualiza. A su juicio, en Sevilla, sería un acierto que lo que se recaudase se destinase a Tussam.
* El Correo de Andalucía - 10.12.10
Foto: Granada es una de las ciudades en las que sólo los residentes y autorizados pueden circular por el Centro. - El Correo
EPA* : Uno de cada dos latinoamericanos considera que la corrupción ha arreciado en los últimos tres años en su país a causa de la crisis financiera mundial, según el Barómetro Global de la Corrupción 2010, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional (TI). Suramérica destaca no obstante como una de las regiones donde menos ciudadanos consideran que estos delitos han aumentado desde 2008, junto a la región Asia-Pacífico y las repúblicas ex soviéticas, apunta esta encuesta mundial. Además, un 37 por ciento de los encuestados en América Latina manifiesta que la corrupción no ha cambiado y un 11 por ciento advierte una disminución. En comparación, el promedio global de las personas que creen que la corrupción se ha incrementado en sus respectivas naciones se sitúa en el 56 por ciento, y en Europa y Norteamérica un 73 por ciento y un 67 por ciento, respectivamente, considera que este tipo de delitos económicos ha repuntado.
"La crisis financiera continúa afectando a la opinión de la gente sobre la corrupción, especialmente en Europa y en Norteamérica", aseguró la presidenta de TI, Huguette Labelle, en un comunicado.
Los países latinoamericanos donde más se ha extendido la corrupción en los últimos años a ojos de su ciudadanía son Venezuela, donde un 86 por ciento responden que ha aumentado, Perú (79 por ciento), México (75), Brasil (64) y Argentina (62).
Las naciones sudamericanas mejor situadas en este estudio son Bolivia, donde un 46 por ciento apuntan que la corrupción ha crecido, El Salvador (48 por ciento), Chile (53) y Colombia (56).
En el ámbito internacional, los países en los que sus ciudadanos perciben que la corrupción más ha empeorado son Senegal (88 por ciento), Rumanía (87), Venezuela (86), Papúa Nueva Guinea (85), Portugal (83), Perú (79) y Pakistán e Irak (77).
En el extremo contrario, las naciones y territorios que más han avanzado hacia la transparencia, según sus propios ciudadanos e independientemente de su posición de partida, son Georgia (donde un 78 por ciento considera que ha caído la corrupción), Palestina (59 por ciento), Fiji y Sierra Leona (53) y Kenia (48).
En España, un 73 por ciento de los encuestados considera que la corrupción se ha extendido en este período, frente al 24 por ciento que mantiene que sigue constante y el escaso 3 por ciento que cree que se ha reducido.
Este estudio, distinto al Índice de Percepción de la Corrupción que también publica con carácter anual TI, no clasifica a los países en un ránking único, sino que tiene un enfoque temático y que en esta edición se centra en la percepción ciudadana sobre la transparencia de las instituciones públicas.
La ONG alemana tacha de "triste" que a nivel global ocho de cada diez encuestados consideren que los partidos políticos son "corruptos" o "extremadamente corruptos", seguidos en falta de transparencia por el funcionariado y los órganos legislativos nacionales.
En el conjunto de América Latina, las instituciones percibidas como más corruptas son los partidos, con un 4,0 sobre un máximo de cinco puntos, el sistema judicial (3,8), el parlamento y los funcionarios (3,7), el sector privado (3,5) y la policía (3,3).
No obstante, destaca que la fuerte percepción de corrupción que pesa sobre los partidos políticos en El Salvador (4,4), la justicia peruana (4,4), la policía venezolana (4,4) y la policía y los políticos mexicanos (4,4).
Además, un 32 por ciento de los latinoamericanos encuestados considera que la acción gubernamental contra la corrupción es "inefectiva" -frente al 50 por ciento a nivel global- y un 40 por ciento la califica de "efectiva".
No obstante, siete de cada diez encuestados a nivel mundial aseguran que denunciarían un caso de corrupción, un porcentaje que se reduce al 50 por ciento en el caso de ser víctimas personales de un delito económico de este tipo.
"El mensaje de este Barómetro de 2010 es que la corrupción es insidiosa. Hace a la gente perder la fe. La buena noticia es que la gente está dispuesta a actuar", aseguró Labelle.
Para poner coto a la corrupción, la presidenta de TI apostó por mejorar la protección de los ciudadanos que se atreven a denunciar, por implicar a la población y por ampliar la información a la que puede acceder la ciudadanía.
Asimismo, Labelle abogó por que los gobiernos de todo el mundo "muestren su resolución y se esfuercen por restaurar el buen gobierno y la confianza" de sus ciudadanos en las instituciones públicas.
TI destacó que este Barómetro Global de la Corrupción es el mayor en cobertura de los realizados por la organización hasta la fecha, al incluir las respuestas de más de 91.000 personas de 86 países (8.500 encuestados de nueve países latinoamericanos).
ELPAÍS/Madrid* : Los ciudadanos tienen derecho a criticar a su alcalde por escrito. Sobre todo si se trata de un asunto relacionado con la gestión municipal que afecte a los vecinos. Esta es la conclusión que se desprende de una novedosa y reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC), que anula otras dos de la Audiencia Provincial y del Juzgado de lo Penal nº25 de Madrid. En ambas se condenaba a Félix Martín Badiola, propietario del restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, a una multa de 3.000 euros "por injurias graves" con publicidad contra el alcalde de su ciudad, Pablo Guerrero (PP). El Constitucional revoca las condenas y ampara a Martín, que colgó en 2002 en las paredes de su establecimiento opiniones sobre la gestión urbanística de Guerrero. El regidor desoyó una y otra vez sus denuncias y permitió a otro vecino levantar un edificio junto a su establecimiento, con exceso de altura, y colocar el tejado de tal forma que cuando llueve el agua cae sobre su local con el consiguiente perjuicio.
Martín, que está pendiente de que una juez de Colmenar ejecute por fin el derribo del citado tejado ordenado hace años por la Audiencia de Madrid, estaba muy enfadado con la inacción del alcalde. Por eso exhibió varios mensajes escritos en los que aseguraba que el alcalde "se burla de la justicia", destacaba que había concedido "licencias urbanísticas irregulares" y criticaba que el regidor hubiese colocado "a un amigo" de recaudador municipal. El alto tribunal certifica que la condena a Martín vulnera el derecho a la libertad de expresión y difusión libre de pensamientos que tiene todo ciudadano, y, más aún, si la crítica recae sobre un cargo público. Considera también que las opiniones de Martín se enmarcan en el ámbito del juicio de valor y forman parte del derecho fundamental de expresión.Desde que fue condenado, Martín (conocido en Navacerrada como Félix El Segoviano) ha tenido que ir pagando al alcalde 100 euros cada mes. Ya le había entregado cerca de 3.000 euros. El alcalde, con quien este periódico intentó ayer hablar sin éxito, tendrá ahora que devolverle todo el dinero.
El Constitucional es taxativo en su resolución al afirmar, no ya solo el derecho de crítica de los ciudadanos respecto de sus cargos electos, sino la obligación que tienen estos de aceptarla y más aun cuando en esa censura no subyacen términos vejatorios ni la crítica es "gratuita".
Los magistrados destacan que se equivocó la Audiencia al ratificar la condena impuesta a Martín por el Juzgado de lo Penal 25 de Madrid, puesto que no ponderó adecuadamente en este asunto la preeminencia del derecho a la libertad de expresión. También enmienda la plana al juez de lo penal, que "incumplió" su obligación de dar prevalencia a un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión. "El juez penal ha de atenerse a esta amplitud de la protección constitucional para no correr el riesgo de hacer del Derecho Penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de expresión, lo que resulta indeseable en un Estado democrático". Las opiniones contra cargos electos solo están limitadas por la ausencia de expresiones vejatorias e impertinentes, que en este caso no se produjeron.
* El País - 9.12.10
Foto: Félix Martín Badiola, en su restaurante Félix El Segoviano, de Navacerrada, en el que colgó sus opiniones sobre el alcalde.- elpais
ELPAÍS/Alicante* : La instrucción del sumario del caso Brugal (trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) avanza. Ayer, el titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Alicante, Gordiano Casas, interrogó a una funcionaria de la Delegación de Hacienda, que ha sido imputada en una de las 20 piezas separadas del sumario general por supuesta revelación de secretos fiscales. El beneficiario de los datos que habría filtrado esta funcionaria sería el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de trama corrupta, según la investigación. La empleada de Hacienda, con la categoría de auxiliar, negó la acusación ante el juez. No obstante, la fiscalía, según fuentes oficiales, aseguró que la causa sigue abierta y que ampliará la lista de imputados por estos hechos. Esas fuentes declinaron revelar quiénes serán los nuevos acusados, aunque descartaron que se trate de otros funcionarios de la Agencia Tributaria de Alicante.
"La responsabilidad de Hacienda en estos hechos se limita a la funcionaria imputada", señalaron. Esas fuentes no precisaron si la empleada recibió supuestamente alguna contrapartida por facilitar datos secretos al cabecilla de la trama.
De esta forma, los nuevos imputados en esta causa serían los intermediarios de los que se valió Fenoll para conseguir información privilegiada, según los informes policiales y el escrito inicial del fiscal Anticorrupción. Entre esos intermediarios, la policía incluye al asesor fiscal Jorge Sanz y al empresario de la automoción Rafael Gregori. El primero está considerado por la investigación como "el falsificador de empresas" tapadera de la trama, y el segundo, como el intermediario clave de los negocios de la supuesta red corrupta.
Las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso Brugal recogen conversaciones entre la funcionaria de Hacienda y el asesor Jorge Sanz. Los informes policiales también recogen vídeos de encuentros mantenidos entre ambos fuera del ámbito de la Delegación de Hacienda. Otro informe policial, también recogido en el sumario, relata que un empleado de Gregori falleció en un accidente de tráfico cuando supuestamente se dirigía a sobornar a funcionarios de Hacienda. La policía halló en el interior del coche de la víctima un sobre con 17.000 euros que presuntamente le había entregado Fenoll para "gratificar" a los funcionarios de Hacienda. En esa operación también actuaba como intermediario Jorge Sanz.
La funcionaria, según manifestó ayer su abogado, Rafael Mira, negó al juez todas las acusaciones. El letrado señaló que la funcionaria se negó a contestar a las preguntas del juez y del fiscal porque ya ha "presentado un escrito solicitando la nulidad de las escuchas" y porque creen "que el delito ha prescrito", explicó. El letrado hizo hincapié en que su cliente no podía tener acceso a información privilegiada "por su categoría laboral, la más baja de la cadena". La acusada, a través de su abogado, admitió conocer al asesor Jorge Sanz, "pero como otros asesores que recalan en el departamento de discrepancias de rentas donde desempeña su función en los últimos 20 años, sin que se le haya abierto ningún expediente sancionador", puntualizó.
La fiscalía también anunció que se opondrá a la petición de prescripción y nulidad solicitada por la defensa de la funcionaria.
Por otro lado, el magistrado Carlos San Martín, que dirige la investigación principal del caso Brugal, entregó ayer a las partes el DVD reconstruido con las diligencias sobre las que ha levantado el secreto. El juez remitió ese material hace un mes, aunque a los pocos días ordenó su devolución. El DVD contenía diligencias aún secretas, entre ellas las relacionadas con la pieza que investiga trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el planeamiento de Alicante.
