ELPAÍS* : La negativa del Ayuntamiento de Valencia a conceder licencias de obra y de actividad en el barrio marinero de El Cabanyal ha llegado al Defensor del Pueblo. La asociación de vecinos ha presentado una queja a la institución, que ha respondido que estudiará el asunto y les informará "puntualmente" de la tramitación de su caso. La orden del Gobierno de paralizar el plan urbanístico del PP para evitar un expolio del patrimonio histórico con el derribo de más de 450 casas ha servido al Consistorio para rechazar cualquier intervención en el barrio, aunque sea para pintar una fachada.
La decisión, de la que el gobierno local dirigido por Rita Barberá culpa al Ejecutivo, ha levantado las protestas de los vecinos y de los comerciantes de la zona, que también se han dirigido al Ayuntamiento para pedir que permita actuar en el barrio. Argumentan los afectados que un informe de la Abogacía del Estado especifica que la suspensión del plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, ratificada por el Tribunal Constitucional mientras analiza varios recursos, no implica la paralización de cualquier iniciativa de mejora en el barrio, sino solo de las intervenciones que puedan dañar el patrimonio artístico e histórico que se pretende proteger.
Así lo defienden de nuevo los vecinos ante el Defensor del Pueblo -cargo que ocupa actualmente de forma interina María Luisa Cava de Llano-, al que piden que inste al Ayuntamiento de Valencia a "desbloquear" la concesión de licencias siempre que no impliquen daño al patrimonio, ya que en su opinión eso "permitiría recuperar un escenario de normalidad, que propiciaría la necesaria reactivación social y económica" del barrio. La asociación vecinal denuncia, además, la intención del Consistorio de destinar 7,5 millones de euros a comprar casas en la zona de prolongación de la avenida, un dinero con el que "se podrían rehabilitar más de 500 viviendas".
Por su parte, la Asociación de Comerciantes, Industriales y Profesionales del Marítim (Acipmar), se entrevistó la semana pasada con los concejales de Urbanismo y de Ordenación Urbana para exponerles su petición de que se levante la suspensión generalizada de licencias, como ya hicieron en varios escritos. Según los comerciantes, el Ayuntamiento ha argumentado de nuevo que está predispuesto a conceder licencias, pero que se lo impide la orden del Gobierno de parar el plan urbanístico. Acipmar se dirigirá de nuevo por el mismo asunto al Ministerio de Cultura. En un comunicado, afirma que espera que "con urgencia" se pueda dar solución a este problema y el resto de conflictos que afectan al barrio, que "a pesar de tener unas grandes expectativas de futuro, puede por la actuación de unos y de otros quedar al margen de toda evolución social y económica".
* El País - 10.11.10
Foto: El cabanyal - Efe
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MÁLAGAHOY* : La Sección 2ª de la Audiencia de Málaga, a la que por turno de reparto le ha tocado en principio juzgar el caso Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande, ha devuelto la causa al juzgado de Coín para que enumere los folios que la componen. El asunto no es baladí, puesto que si el procedimiento tiene más de 25.000 folios, a efectos de distribución interna, se consideraría de tipo tres y en esas circunstancias previsiblemente le tocaría a otra sala asumir este juicio. A esta categoría de procedimientos pertenecen tanto los que tienen más de 25.000 hojas como aquellos en los que figuran más de 15 imputados.
A falta de conocer con exactitud el número de páginas del caso Troya, por el momento el único hecho constatado es que en Troya están imputadas 20 personas, entre ellas el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos técnicos y 16 promotores.
La Sección Segunda, además, tiene ya experiencia con los problemas que suscita en la vista oral la falta de numeración de los folios, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el juicio por el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales. En este macrojuicio, además, el tribunal que preside el magistrado Federico Morales también se mostró contrario a las normas de reparto de la Audiencia y a la adjudicación de la causa a esta sección. En aquella ocasión llegó a plantear una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente no fue atendida.
La Fiscalía atribuye a Martín Serón cinco delitos continuados de cohecho porque presumiblemente recibió comisiones ilegales por importe de 238.785 euros. Según el Ministerio Público, el dinero supuestamente lo recibía de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, quien se "encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios".
El fiscal reclama al alcalde cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros y 11 años de inhabilitación por cohecho, además de otros ocho años de inhabilitación por prevaricación omisiva porque supuestamente hacía la vista gorda con los tejemanejes en el área de Urbanismo.
Para Gregorio Guerra, al que acusa de recibir 782,445 euros en comisiones, exige cinco años y medio de cárcel y 1,6 millones de multa, además de 11 años de inhabilitación.
* Málaga Hoy - 11.11.10
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
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INFORMACIÓN/Alicante* : Tres años después de instruirse el expediente municipal de "peligrosidad por ruina" (en junio de 2007), el imponente edificio "La Ballena" continúa en su sitio en la confluencia de las calles Ulpiano y Pedro Lorca de Torrevieja. El partido de oposición Los Verdes (LV) retomó ayer este asunto -que se remonta a mayo de 2006, cuando los vecinos (una treintena de propietarios con sus familias) fueron desalojados- y criticó el "poco interés" demostrado por el equipo de gobierno (PP) para ponerle solución. Según LV, el Ayuntamiento "lleva más de tres años mareando la perdiz y peloteando con dicho asunto sin tener previsto ningún tipo de actuación para proceder a su derribo, permitiendo que la estructura y el conjunto del inmueble se vayan deteriorando progresivamente ante la indignación de vecinos y propietarios".
LV subrayó que, al parecer, el Ayuntamiento no dispone ahora de los medios ni de partida económica "para abordar directamente o mediante su adjudicación a terceros la ejecución del derribo, que fue el acuerdo que tomaron los vecinos, y ello hace que la situación de ruina se mantenga en el tiempo sin tener posibilidad alguna de poder ser resuelta a fechas vista". De hecho, muchos de los propietarios vieron su economía familiar gravemente afectada, dado que en algunos casos siguen atados a hipotecas para comprar las viviendas de las que tuvieron que marcharse.
Por todo ello, LV pidió explicaciones al PP y criticó que "con su indolente pasividad ha demostrado que no tiene interés alguno en resolver este conflicto y devolver la tranquilidad y el ornato urbano a la calle Pedro Lorca, dando seguridad a los numerosos vecinos y transeúntes que frecuentan la zona".
Los propietarios renunciaron a rehabilitar el edificio hace un año porque no podían hacerse cargo de los costes económicos, tal y como comunicaron a los servicios de Urbanismo. La estructura de cinco pisos y ático, edificada en los 70, se sigue deteriorando a marchas forzadas mientras, en principio -y dado que los propietarios no pueden asumir la reforma-, debería ser el Ayuntamiento el encargado de acometer el derribo (que podría costar en torno a 130.000 euros) y de iniciar después un procedimiento para cargar los costes a los dueños.
* Información - 10.11.10
Foto: informacion
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ELPAÍS* : La Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y León ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones en esa comunidad autónoma. El último informe policial sobre la trama Gürtel en Castilla y León revela al menos tres adjudicaciones amañadas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagaría por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organización de Francisco Correa, quien repartiría la comisión entre dirigentes del PP.
Los dos aforados implicados en la supuesta recepción de comisiones son José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.
El último informe policial señala que Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llevó 144.200 euros, y que la policía cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude así a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y León.
La policía tiene más clara la supuesta recepción de comisiones, en otras obras, por parte de Fernández Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".
* El País - 10.11.10
Foto: José Manuel Fernández Santiago, presidente de las Cortes de Castilla y León, en la sesión de ayer.- elpais
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LEVANTE* : Lo mismo que a la Asociación de Vecinos del Botánico, la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia comunicó a la entidad vecinal Cercle Obert de Benicalap que la pavimentación de las grandes vías Fernando el Católico y Marqués del Turia se reduciría a un pasillo central y no abarcaría la totalidad del paseo de tierra. La diferencia en este caso, es que los responsables de Cercle Obert aseguran sentirse "engañados" y anuncian que dirigirán un escrito al Gobierno para que retire o aplace los 4,6 millones de euros del Plan Zapatero que se gastarán en el proyecto.
En declaraciones a Levante-EMV, el portavoz de la entidad, Antonio Marín Segovia, explicó que la concejalía había mantenido una reunión con ellos en el mes de septiembre en la que les informó del proyecto y les aseguraron que la pavimentación afectaría únicamente a un pasillo central para peatones.
Recibieron, por tanto, la misma información que la Asociación de Vecinos del Botánico, que posteriormente apoyó el proyecto sumándose a la idea de que la pavimentación general era necesaria para poder acceder limpiamente a los bancos laterales.
Preocupación por el paseo
En el caso de Cercle Obert, sin embargo, no sólo no hay apoyo al proyecto sino que hay auténtica indignación y oposición, pues aseguran que el concejal los ha engañado. "A unas asociaciones no las han consultado y a las que nos han consultado nos han mentido", dijo Marín Segovia en referencia a colectivos como el de Russafa-Gran Vía o la propia Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia que aún no han podido dar su opinión al respecto. Sólo lo han hecho a través de este periódico y ha sido para oponerse al proyecto.
Así las cosas, Antonio Marín Segovia anunció que enviará un escrito al Ministerio de Administraciones Publicas para que congele o aplace el pago de los 4,6 millones de euros que costarán las obras. Según dice, la pavimentación total del bulevar de las grandes vías, además de ser un gasto no prioritario en estos momentos, acabaría con el paseo histórico y no se ajusta a los cánones de conservación que defiende la entidad.
Bien para la movilidad, mal para la adherencia
La Asociación Amigos de la Movilidad Urbana ha mostrado su satisfacción por el adoquinado del paseo interior de las grandes vías previsto por el Ayuntamiento de Valencia, pero asegura que el pavimento elegido tendrá problemas de adherencia y de limpieza, por lo que propone sustituir el hormigón por material cerámico.
Para la entidad, "la tierra natural tiene graves inconvenientes en materia de accesibilidad integral", pues resulta "insegura e incómoda" para las personas mayores o con problemas de movilidad.
El problema, a juicio de Ignacio Andrés, portavoz de la asociación, es que las losas de hormigón elegidas por la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valencia tendrán problemas de adherencia. Aunque en el momento de su colocación cumplan con las exigencias de "resbaladicidad" del Código Técnico de Edificación, de obligado cumplimiento, "pasados un año y medio a dos años" habrá perdido esas cualidades y será necesario someterlo a un tratamiento muy costoso para las arcas municipales.
Su propuesta es que, al igual que se ha hecho en otras ciudades como Alicante y Castelló, se utilicen pavimentos cerámicos, "especialmente desarrollados bajo todas las premisas de diseño universal, accesibilidad y seguridad".
* Levante - 10.11.10
Foto: Valencia, Gran Vía Marqués de Turia - urbanity
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ELPAÍS* : Los propietarios de apartamentos de uso turístico deberán tener licencia municipal y los vecinos podrán vetar la presencia de estos negocios en los edificios donde viven, según el decreto que el Gobierno catalán aprobó ayer. El sector, agrupado en la Federación Catalana de Apartamentos Turísticos (Federatur), expresó inmediatamente su malestar por una normativa que considera que "no regula efectivamente" la actividad y aseguró que recurrirá el decreto en los próximos días. Convergència i Unió criticó la falta de consenso.
El decreto, que, para ser exactos, habla de "viviendas de uso turístico", pretende regular los pisos que se ceden a terceros para estancias inferiores a tres meses y se enmarca en la Ley del Derecho a la Vivienda de 2008.La Ley del Derecho a la Vivienda creó la figura de las viviendas de uso turístico, las que se ceden a un tercero de forma temporal. El texto, que ha sido redactado por el Departamento de Innovación, Universidades y Empresa, busca, según el Gobierno, dar mayor seguridad jurídica y garantías tanto a los propietarios como a los usuarios de estos pisos, y traspasa a los Ayuntamientos la concesión de licencias y la capacidad inspectora.
Pero el nuevo decreto detalla que la licencia "no será posible si está prohibida por la ordenación de usos del sector [por el urbanismo] o limitada por los estatutos de la comunidad en los edificios sometidos al régimen de propiedad horizontal". Esto es, explica el subdirector de Ordenación Turística, Joan Abad, "si cuatro quintas partes de los popietarios del edificio deciden que no quieren usos turísticos".
Desde el punto de vista de las condiciones de los apartamentos, el decreto fija estándares de calidad -deberán tener cédula de habitabilidad y estar amueblados y equipados- y, lo fundamental, exige que el titular de la vivienda obtenga la autorización o licencia del Ayuntamiento. Este es uno de los puntos polémicos, porque la Federatur alerta de que cada Consistorio podrá fijar sus condiciones sin que existan unas exigencias homogéneas.
La nueva norma prevé que los Ayuntamientos creen la figura de un inspector que -al no tratarse de un domicilio- pueda entrar a revisarlos. Además el propietario deberá facilitar un teléfono de contacto, garantizar el mantenimiento del espacio y disponer de hojas de reclamación. El decreto también establece el cese de la actividad si no se dispone de licencia e incluso multas de entre 30.000 y 90.000 euros a quienes comercialicen viviendas para estancias cortas sin la licencia. "El decreto viene a dar cobertura a un agujero legal", defendió ayer el consejero Joaquim Nadal, que ejerció de portavoz del Gobierno tras su reunión semanal.
El decreto, que llega tras siete años de reuniones y sucesivos borradores, soliviantó ayer a la federación que agrupa a los empresarios. "No estamos en contra de la regulación, todo el mundo debe estar debidamente inscrito, pero no se pueden pasar las competencias a los Ayuntamientos, que no tienen medios y actuarán cada uno por su lado", lamentó el presidente de la Federatur, Lluís Torrent. "Lo debería controlar la Generalitat a través del registro de Turismo, como ocurría hasta ahora", añadió.
El sector calcula que existen entre 350.000 y 400.000 apartamentos de uso turístico. Sus propietarios tienen un año para obtener la licencia y cuatro años de plazo para adaptarse en el caso de los Ayuntamientos que ya hayan regulado la actividad, como el de Barcelona y el de Palamós.
Convergència i Unió tachó el decreto de "inaceptable" y acusó al tripartito de actuar "a la desesperada, a 19 días de las elecciones y sin el apoyo del sector".
* El País - 10.11.10
Foto: Barcelona, ciutat vella - ciudadbarcelona
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ELDIARIOMONTAÑÉS/Santander* : El fiscal Antonio Vercher, coordinador de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Tribunal Supremo, ha opinado hoy que el medio ambiente se ha constituido ya como un derecho fundamental, que se ha creado "jurisprudencialmente" y vive un proceso evolutivo "absolutamente imparable". Durante su participación en Santander en las Jornadas Internacionales de Medio Ambiente, organizadas por la Delegación del Gobierno en Cantabria, el Ejecutivo regional y la Guardia Civil, ha reflexionado sobre la evolución que ha sufrido el medio ambiente hasta ser reconocido como un derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Para ello, se ha remontado a la adopción por el Consejo de Europa del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales en 1950, por el que se fundó un sistema de protección internacional de los derechos humanos y su control judicial.
El fiscal ha explicado que, en el Convenio Europeo, el medio ambiente no figuraba "absolutamente en ningún sitio", al igual que otros derechos que han ido incorporándose con el paso de los años, algunos incluidos a través de posteriores protocolos.
Sin embargo, ha señalado que esta posición inicial fue cambiando "poco a poco", sobre todo a partir de 1972, tras la Conferencia de Estocolmo, la primera de carácter internacional sobre medio ambiente, que, según ha dicho, supuso "un antes y un después" en su protección.
A partir de ese momento, ha relatado como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de varias sentencias, empezó a "mirar al medio ambiente con otros ojos" y, aunque lo sigue sin proteger porque no figura como derecho en el Convenio, advierte de que si se atenta contra él también pueden verse afectados otros derechos que sí estén incluidos en el mismo.
Aunque Vercher ha señalado que el derecho al medio ambiente no se recoge en ninguno de los catorce protocolos posteriores al Convenio, ha defendido que éste ha sido creado "jurisprudencialmente" por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de sus sentencias.
Ha añadido que, cuando se ha planteado la posibilidad de un nuevo protocolo que incluya el derecho fundamental al medio ambiente, el Comité de Ministros ha considerado que no se trata de algo "prioritario" porque el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dicho que éste existe.
Vercher ha coincidido con la postura planteada por algunos expertos que mantienen que este órgano judicial ha creado "por la puerta de atrás" y "de rebote" un derecho al medio ambiente trabajando cada vez más en aspectos relacionados con su protección, a pesar de no figurar en el Convenio.
* El Diario Montañés - EFE - 9.11.10
Foto: Strasbourg (France),Tribunal Europeo Derechos Humanos - hazteoir
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MADRIDIARIO* : Ecologistas en Acción ha denunciado que la propuesta del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que ya ha finalizado su periodo de información pública, incumple la Ley de Parques Nacionales en diversos aspectos relacionados "con la fragmentación, estrangulamientos y la existencia de enclavados, convirtiéndose en el territorio más fragmentado de todos los parques nacionales de montaña existentes". Además, la morfología altamente irregular lo convertiría, a juicio de la organización ecologistas, en el más vulnerable de toda la Red de Parques Nacionales del Estado. A todo esto hay que añadir que la propuesta de Parque Nacional reduce en un 48 por ciento de la superficie inicial de la Zona Periférica de Protección, lo que "resulta inviable".
Ecologistas en Acción ha destacado el "estrangulamiento" que se produce entre los Montes Carpetanos y la zona sur del territorio, debido al enclavado de la estación de Valdesquí. "Estos dos amplios territorios sólo quedan conectados por dos estrechos pasillos de cerca de un kilómetro de ancho. De hecho, entre la Zona Especial de Navacerrada y la del Alto de Guarramillas (Bola del Mundo) apenas supera los 500 metros", ha detallado.
Otro punto que los ecologistas consideran "conflictivo" es el "estrechamiento" de la zona del puerto de Navafría donde el Parque Nacional propuesto, "forma un cuello de botella de tan sólo 185 metros de ancho, que además es atravesado por la carretera SG-612".
En cuanto a la fragmentación del territorio, han destacado la M-601. "Esta carretera divide prácticamente por la mitad la zona sur del Parque Nacional y al soportar un tráfico muy elevado crea un considerable efecto barrera. Otras infraestructuras que fragmentan los estrechos pasillos que unen el norte con el sur de la propuesta del Parque Nacional son la carretera M-604 del puerto de Navacerrada a Rascafría o el ferrocarril Navacerrada-Cotos", han agregado.
Por otra parte, Ecologistas en Acción han criticado la existencia de "enclavados sin justificar", como las estaciones de esquí alpino de Valdesquí y Navacerrada, el complejo de antenas de la Bola del Mundo o, como el enclavado de facto de la Solana de la Garganta, tampoco se ajusta a la Ley de la Red de Parques Nacionales.
El más vulnerable
En cuanto a la morfología, altamente irregular, la organización ecologista ha señalado la propuesta del parque nacional lo convierte "en el más vulnerable a factores externos" de toda la Red de Parques Nacionales del Estado, "lo que dificultará que, aún duplicando la superficie mínima legal de un parque nacional, permita la evolución natural manteniendo sus características y asegurando el funcionamiento de los procesos ecológicos".
Por último, según explicaron, la propuesta del Parque Nacional "reduce, sin justificar, la superficie de la Zona Periférica de Protección en un 48 por ciento", con respecto a la que recoge el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN).
Por todo ello, Ecologistas en Acción considera que en estas condiciones, la propuesta de Parque Nacional de las Cumbres de la Sierra de Guadarrama, "resulta inviable y no debería ser admitido por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino".
* Madridiario - 8.11.10
Foto:
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Alcobendas (107.514 habitantes), Ignacio García de Vinuesa(PP), deberá declarar como imputado el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Alcobendas, que ha admitido a trámite una querella del PSM de este municipio que le atribuye los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos y negociaciones prohibidas a los funcionarios. El juez ha visto indicios de delito en la recompra por parte de la empresa municipal de la vivienda de Alcobendas de dos fincas valoradas en 12 millones por un precio de 25 millones de euros.
El alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa (PP), tendrá que rendir cuentas el próximo 19 de noviembre ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Alcobendas por aprobar una operación urbanística en la que el Consistorio ha perdido más de 12 millones de euros, según consta en la querella presentada por el PSM-PSOE de este municipio. Los socialistas consideran que el primer edil popular, que fue quien impulsó la operación urbanística investigada, cometió los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y negociaciones prohibidas a funcionarios al promover la recompra de unos terrenos al mismo precio por el que se habían vendido en 2007, año en el que los precios del suelo estaban por las nubes al no haber estallado la crisis.
Los socialistas mantienen en la querella que el alcalde, de manera "consciente" y "voluntaria", "se apartó" de la normativa aplicable, y "prescindió" de los informes técnicos y valoraciones necesarias sobre la viabilidad de la operación. "Y todo ello con el conocimiento del perjuicio que dichos actos estaban ocasionando a la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (Emvialsa)". La querella de los socialistas es la base de la decisión del juez, que ha llamado al alcalde a declarar como imputado al observar indicios de los mencionados delitos en la recompra de las fincas.
La operación del Ayuntamiento consiste en la adquisición en 2009 por 25 millones de dos parcelas que habían sido vendidas en 2007 a la sociedad Sotohenar por el mismo precio inicial. El perjuicio viene, según los socialistas, en que dichas fincas, que han vuelto a ser propiedad del Consistorio que encabeza García de Vinuesa, han perdido en estos tres años un 50% de su valor real, pasando de los 25 millones de 2007 a los poco más de 12 millones por las que fueron tasadas tras aprobar el equipo de gobierno esta operación financiera.
El expediente de la recompra de la parcela se inició el 27 de abril de 2009, día en el que el Consejo de Administración de Emvialsa solicitó al Ayuntamiento de Alcobendas la autorización para la subrogación de un crédito que había suscrito en 2007 la entidad Sotohenar para la compra de las fincas. Según la querella del PSM, la decisión de la empresa de la vivienda municipal, cuyo presidente es también el alcalde, no fue motivada y no existían razones "objetivas" para llevarla a cabo. Este acuerdo, adoptado gracias a la mayoría del PP, se plasmó posteriormente en un acuerdo de Pleno, que se celebró el 26 de mayo de 2006, por el que se autorizó la recompra de los terrenos. En 2007, la empresa ahora beneficiada se había comprometido a abonar en metálico 11,5 millones de euros, al igual que acordó pagar en especie el resto de la cantidad prevista entregando además un edificio de oficinas valorado en más de 13 millones. En total, pagaba 25 millones.
Con la recompra de las parcelas, el Ayuntamiento da marcha atrás a una operación ventajosa, que ahora libera a la empresa de sus obligaciones contractuales, como por ejemplo la construcción del edificio de oficinas. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento se hace cargo del crédito que estaba pagando la empresa, cuyo importe había utilizado la mercantil para abonar al Consistorio los primeros 11,5 millones. Es decir, que el Ayuntamiento, en virtud del acuerdo de recompra de las parcelas, está obligado ahora a construir un edificio de oficinas y a pagar un crédito de 13 millones de euros, dos millones menos que la cantidad que recibió de Sotohenar en 2007.
La querella presentada por el PSM-PSOE en el juzgado explica también que la recuperación de las fincas la aprobó el equipo de gobierno del PP sin haber realizado antes una valoración actualizada del precio de las mismas. De hecho, esta tasación no llegó a realizarse hasta después de cerrarse la transacción, poniendo de manifiesto que el precio de las parcelas había caído un 50% por los efectos de la crisis.
La depreciación de los terrenos no tuvo que coger por sorpresa al alcalde de Alcobendas, porque antes de que se cerrara el trato fue advertido por una funcionaria del hecho de que esta depreciación podía haberse producido. La interventora municipal, Beatriz Rodríguez Puebla, firmó un informe en el que alertaba de la necesidad de que antes de que se aprobara la recompra se tenía que realizar una valoración actualizada de los bienes: "Debería constar en el expediente una valoración actualizada de los bienes que se adquieren con el fin de garantizar que se preserve el interés público mediante la gestión eficiente de los bienes y derechos del patrimonio municipal, sin que se produzca un menoscabo para la hacienda local". Pero el alcalde no le hizo caso.
La querella indica también que el contrato de compraventa de las parcelas suscrito en 2007 permitía la rescisión del contrato: "No se han aplicado las cláusulas contenidas en el pliego de condiciones, documento plenamente vigente. Debemos entender que se ha incumplido la normativa aplicable al contrato entre la sociedad municipal y la mercantil Sotohenar, provocando un perjuicio valorado en más de 12 millones de euros, hecho que difícilmente puede tener justificación".
El portavoz del PSM-PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez Acera, se mostró "preocupado" por la decisión del juez de Alcobendas de llamar a declarar al alcalde como imputado el próximo día 19: "García de Vinuesa ha perdido 12 millones en este mal negocio para la ciudad", aseguró. Por su parte, el teniente alcalde y responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, Ramón Cubián, consideró que la querella del PSM es parte de una estrategia "bastarda" que tiene la intención de "hacer daño". Según Cubián, el equipo de gobierno decidió deshacer la venta "cuyo expediente inició el PSOE" después de tener conocimiento de que la empresa estaba a punto de presentar un concurso de acreedores.
* El País - 9.11.10
Foto: Alcobendas (Madrid), ayuntamiento - osiatis.es
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LEVANTE/Alicante* : Calp "genera", aproximadamente, 80.000 toneladas de basura al año. Esos 80 millones de kilos son mucha basura para los 29.666 habitantes que tiene el municipio, según el censo del Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2009. Además, las cifras de basura de Calp distan un mundo de las de cualquier otra localidad valenciana con parecida población. En esta ciudad de la Marina Alta, cada habitante "produce" la asombrosa cantidad de 7,67 kilos de residuos sólidos urbanos al día. Los números de Calp, eso sí, están entre interrogantes desde que trascendió que una de las ramificaciones del caso Brugal es la del pesaje "manipulado al alza" (así consta en el sumario) en la planta de Colsur, S.L, la empresa de Ángel Fenoll, donde se trata y compacta la basura de este municipio. El pesaje al alza engordaría las facturas que esta mercantil ha cobrado del ayuntamiento desde 1998.
Una relación de facturas aprobadas y pagadas por el consistorio en diciembre, enero y febrero de 2009 recoge diversos pagos a Colsur, S.L., por cifras que oscilan en las 7.000 toneladas de basura al mes. Y eso que se trata de los meses de septiembre a diciembre, que es cuando hay menos turistas en el municipio. La mercantil de Fenoll logró el contrato del tratamiento y traslado de residuos de Calp en 1998, pese a que entonces la mercantil no tenía un vertedero legal y el contrato sí lo exigía. El empresario está imputado en la trama Brugal por diversos delitos relacionados con el fraude en los cobros a diversos ayuntamientos por la recogida y vertido de los residuos urbanos. Tres concejales en activo de Calp también aparecen en el sumario de la trama Brugal. Se trata del ex alcalde y actual primer teniente de alcalde, Javier Morató, el concejal de Turismo y Comercio y diputado provincial, Juan Roselló, y el edil de Hacienda, Fernando Penella. Se sospecha que inflaron las toneladas de basura facturadas y se repartieron, junto con el cuñado de Roselló, Francisco Artacho, quien supuestamente ejerció de intermediario, y un ex edil de Izquierda Unida, Manuel Roura, "generosas cantidades de dinero", según consta en el sumario.
Un "chollo" de negocio
El PP de Calp, cuando contrató a Colsur, S. L., el tratamiento y el traslado de la basura (la empresa que la recoge casa a casa es Acciona), esgrimió que el precio por tonelada era, de lejos, el más competitivo. De hecho, por cada tonelada de residuos que la mercantil de Fenoll compacta y se lleva a su vertedero de Abanilla (Murcia), el ayuntamiento le paga 29,88 euros. Esa cifra es más económica que los 48 euros que les cuesta al resto de municipios de la Marina Alta llevar cada tonelada de basura a la planta de transferencias de Dénia, que es la planta comarcal del área XV del Plan Zonal de Residuos.
Pero, en lugar de ahorrar dinero con la basura, el Ayuntamiento de Calp ha pagado bastante más, ya que ese precio más barato se compensaba con cantidades supuestamente infladas de residuos. El "chollo" del negocio de la basura en la ciudad del Penyal d'Ifach estaba en la cantidad que no en el precio.
* Levante - 8.11.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
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SUR/Málaga* : El 'caso Alcaucín', en el que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística en torno al Ayuntamiento de este municipio, suma ya 38 imputados, según una resolución judicial, a la que ha tenido acceso este periódico. En un auto fechado el pasado viernes, la titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Vélez- Málaga, Irene Urbón, decretó levantar parcialmente el secreto que pesaba sobre el caso, que se desató el 27 de febrero del año pasado con una redada en la que fueron detenidos, entre otros el entonces alcalde de la localidad, José Manuel Martín Alba, y un arquitecto de la Diputación Provincial.
Según el auto del juzgado, que fue notificado ayer a las partes, se acuerda el levantamiento del secreto de las actuaciones desde el tomo 10 hasta el 15 de la causa principal, y desde el 13 al 23 en lo que se refiere a la pieza separada de atestados policiales.
No obstante, la jueza acuerda prorrogar durante un mes más el secreto en relación con el tomo 16 y siguientes de las actuaciones, así como con el número 24 y siguientes de la pieza separada de atestados, debido a que la investigación que afecta a estas partes aún no ha concluido.
En este punto, la instructora señala que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se siguen realizando diligencias "derivadas de los últimos registros practicados y en relación con hechos que han sido recientemente denunciados", por lo que se prorroga el secreto ante el riesgo "de destrucción o manipulación de pruebas".
La operación policial, que se bautizó con el nombre de 'Arcos', comenzó el 27 de febrero del pasado año con la detención de trece personas, entre ellas el entonces alcalde José Manuel Martín Alba, quien días más tarde ingresó en prisión imputado por los presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, prevaricación urbanística y falsedad.
En su declaración judicial, el ex alcalde, que salió de prisión tras pagar fianza, dijo que tenía ingresos "como alcalde, artista y albañil", pero no como mediador en compraventas; aunque los investigadores señalan que había ingresos en efectivo cuya procedencia está "sin justificar", que podrían ser "de comisiones". Hay que recordar que la Guardia Civil halló cerca de 160.000 euros en efectivo en el registro de su casa.
La jueza decretó, además, prisión para uno de los jefes del Área de Arquitectura de Diputación, José Mora, por presunto cohecho, falsedad documental y prevaricación urbanística.
* SUR - 9.11.10
Foto: Alcaucín (Málaga), ayuntamiento - diariosur.es
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ElPAÍS* : La expansión urbanística de Murcia por el norte, con la recalificación de suelos rústicos para levantar 20.000 viviendas, el nuevo estadio de La Condomina, un campo de golf y varios centros comerciales, favoreció a determinados empresarios privados que habrían pagado comisiones ilegales a los políticos y técnicos del Ayuntamiento, gobernado por el PP, que colaboraron en el negocio. Con estos mimbres, el juez ordenó ayer la detención de tres personas, entre ellas el gerente municipal de Urbanismo de Murcia; y la imputación de otras cinco; entre ellas el edil de Urbanismo, Fernando Berberena (PP), y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
El fiscal investiga los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios. Según un informe de la Intervención General del Estado, el perjuicio por las recalificaciones a la baja del Ayuntamiento de Murcia en la zona norte ascendería a unos 300 millones de euros. Las valoraciones anteriores, realizadas a petición del Grupo Municipal Socialista, elevaba la cifra hasta los 580 millones.
La secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, acusó sin pruebas al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de estar detrás de esta operación para tapar el resultado de las primarias de Madrid. La operación, iniciada a partir del contenido de varios informes de la Agencia Tributaria que pusieron de manifiesto las relaciones mercantiles entre los funcionarios y los empresarios, fue preparada, sin embargo, de común acuerdo para ayer el pasado 15 de septiembre entre el juez, el fiscal y la Guardia Civil.
Los agentes registraron desde las ocho de la mañana despachos de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento murciano, que gobierna el PP, varios domicilios de Murcia y Madrid y una sucursal bancaria de Cajamar, donde fue requisada al menos una caja fuerte propiedad del edil de Urbanismo. La Guardia Civil registró, además, el domicilio particular de Samper, según confirmó él mismo, así como la sede social de Sport Management & Project, S. L. por orden del Juzgado de Instrucción número 8.
Los detenidos son el director y número dos de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, el abogado murciano Higinio Pérez Mateos y el ingeniero italiano vinculado a empresas murcianas de la construcción Renato de Noce. Además de los tres detenidos, hay cinco imputados: el dueño del Real Murcia, Jesús Samper Vidal; el concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, el jefe de planeamiento urbanístico entre 1999 y 2006, Joaquín Peñalver; Isabel Fernández, jefa del Servicio de la Oficina del gobierno local del Ayuntamiento, y Francisco Arques López, empresario responsable del plan parcial La Ladera, cercano al plan Nueva Condomina. Las tres detenciones y las cinco imputaciones forman parte de la primera fase de una operación, cuyo objetivo principal eran los funcionarios y personal laboral, pero no se descarta que haya nuevos imputados, entre ellos, representantes políticos.
El Ayuntamiento de Murcia emitió un comunicado en el que manifestó que todos los procedimientos administrativos se han producido de acuerdo con la legalidad. Tanto el alcalde, Miguel Ángel Cámara, como el presidente del Gobierno de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ambos del PP, negaron que hubiera imputados de este partido. Pero el edil Berberena pertenece al PP.
La investigación nace de una denuncia particular y de los trabajos llevados a cabo por la fiscalía. Del análisis de las escuchas telefónicas se desprende el intento por parte de los implicados de elaborar facturas falsas, hecho que corrobora también el informe de la Agencia Tributaria. No obstante, tanto PSOE como Izquierda Unida denunciaron en su día que el Ayuntamiento no había cobrado lo que debía por los terrenos de la zona norte en compensación por su recalificación a los propietarios. Estos convenios, según la denuncia de los socialistas, se firmaron a cambio de unas compensaciones al Ayuntamiento "cinco veces menores que el valor de mercado de los terrenos".
Se trata de seis convenios urbanísticos que modificaron la calificación del suelo de esta zona a partir del año 2001, convirtiendo su edificabilidad del 0,09 al 0,5, lo que supone cinco veces más de viviendas. El plan parcial Nueva Condomina investigado por la fiscalía se aprobó por el pleno del Ayuntamiento de Murcia en febrero de 2003, e incluía una alternativa residencial criticada ya entonces por PSOE e IU. Esta calificación fue aprobada dos años después de que el Plan General de Ordenación Urbana, de enero de 2001, calificase esos terrenos como rústicos, agrícolas o no urbanizables. Posteriormente, la Gerencia de Urbanismo de Murcia aprobó en abril de 2004 la reparcelación de Nueva Condomina de 2,1 millones de metros cuadrados, que incluían la construcción de 3.700 viviendas y una zona de equipamientos comerciales y de ocio junto a un campo de golf y una ciudad deportiva, con campo de fútbol.
Jesús Samper
- El presidente del Real Murcia, Jesús Samper, lleva vinculado desde muy joven al mundo del fútbol. En 1978 comenzó a asesorar al Real Madrid y en 1979, a la Real Federación de Fútbol. En 1998 trasladó sus negocios a Murcia. Esta ciudad, de más de 400.000 habitantes, no tenía un equipo en la élite.
- Compró el Real Murcia a precio de saldo en Segunda B y firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento del PP: construyó un estadio y, a cambio, el Consistorio le reclasificó unos terrenos rústicos, en los se podían construir 20.000 viviendas. Con esta operación ganó unos 160 millones de euros.
- Pero sus negocios no se acaban en Murcia. Es dueño de Santa Mónica Sports, propietaria de los derechos televisivos y el patrocinio de la Selección española, de la argentina, y de los derechos de imagen de personalidades como Dani Pedrosa, Fernando Alonso y Valentino Rossi.
* El País - 6.11.10
Foto: Murcia, estadio La Condomina (archivo) - gacetacartagonova.com
Pd.- En la información sobre la operación anticorrupción en Murcia que fue publicada el miércoles en primera página se dice en un sumario que ha sido detenido un concejal del PP. No es cierto. El concejal está imputado, pero no detenido. El detenido es el director gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia.
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ELPAÍS/Sevilla* : Un terreno en Morón destinado a VPO multiplica por siete su valor desde 2006. Un empresario obtuvo un millón de euros pese a que no levantó las viviendas El boom del ladrillo dejó durante años sospechosos acuerdos, recalificaciones y concursos donde ciertos Ayuntamientos y promotoras fueron de la mano para lograr el mayor beneficio al menor coste. El suelo sumaba ceros mientras las viviendas crecían como setas. En Morón de la Frontera (28.000 habitantes, Sevilla), los ceros se multiplicaron pero sin ninguna casa que lo justificara. El Ayuntamiento de Morón (PP) pretendía en 2005 construir 191 viviendas de protección oficial (VPO).
La empresa MozamproXXI, en aquel entonces propiedad al 50% del cantante Tate Montoya, amigo del alcalde Manuel Morilla, se adjudicó los terrenos por 430.000 euros en un concurso público plagado de irregularidades. Un año después el cantante vendió la sociedad por 1,4 millones a Bartolo SL, tal y como reconoció ayer Montoya. El precio de la finca pasó de valer 350.000 euros a los actuales 2,4 millones. Siete veces más. Y el terreno permanece hoy como un secarral abandonado.
El Ayuntamiento, a través de la sociedad municipal Altos del Sur, adquirió los terrenos a la constructora Portland Valderribas (del grupo FCC) por 350.000 euros, bajo el compromiso de destinarlos a VPO. Al concurso solo se presentaron MozamproXXI y PYM Consultores pese al precio extremadamente ventajoso de 400.000 euros (existía una opción de compra previa del Consistorio por 1,6 millones).
Los criterios del concurso fueron leoninos y perjudiciales para las arcas públicas: el Ayuntamiento dejó de percibir 380.000 euros. El precio de licitación ofrecido por PYM Consultores fue de 812.000 euros frente a 430.000 de MozamproXXI, y el precio de venta de cada vivienda 86.135 euros frente a 89.950 (las casas de MozamproXXI eran más caras).
Si el Ayuntamiento quisiera rescindir el acuerdo con la ganadora MozamproXXI, tendría más de una razón para hacerlo. La cláusula 12.3 exigía que la escritura pública solo fuera otorgada una vez iniciadas las obras de urbanización. Y sin embargo, se escrituró sin levantar un solo ladrillo. "Fue un error autorizarla, pero también lo cometió el notario que firmó la escritura y el registro", se escuda Alfonso Angulo, alcalde en funciones que sustituye al polémico Manuel Morilla, de baja por enfermedad. El plazo de ejecución, fijado en 30 meses para la mitad de las viviendas y en 50 meses para el resto de viviendas, se incumplió. Además, el pliego de condiciones tenía "la obligación expresa del adjudicatario de no transmitir las parcelas", ignorado por Montoya y su socio al vender el 100% de la sociedad para enmascarar la transmisión por vía indirecta.
A pesar de que la oferta económica de PYM Consultores era muy superior, los arquitectos premiaron las obras realizadas en Morón por los técnicos contratados por MozamproXXI, ya que la empresa se había creado solo un año antes. Estos criterios localistas decantaron la balanza a favor de MozamproXXI por 19 puntos.
Tras el temporal de la crisis, Bartolo SL vendía MozamproXXI por 2,4 millones el pasado verano, pero ahora se replantea construir las viviendas si surgen suficientes vecinos interesados.
"No teníamos empleados, sino que se contrataba gente para las ocasiones (...) Viendo la lentitud burocrática, decidimos vender", alega Montoya sobre la operación fraguada. Su amistad con el alcalde era conocida por todos sus vecinos. En 2003, Javier Arenas había encumbrado como candidato a Morilla, ex apoderado del torero Jesulín de Ubrique, pese a que el PP local nombró al concejal Felipe López.
Tras el concurso, el PSOE se quejó en el Consejo de Administración de Altos del Sur porque la promotora ganadora estaba "recién constituida" y pidió un informe jurídico que fue rechazado por Angulo como secretario de la sociedad. De momento, Portland Valderribas no exigirá la devolución del terreno, pese a que una cláusula le atribuía ese derecho con una indemnización del 20% del precio original de 350.000 euros. "Estamos esperando. Veremos si no construyen", avisó un portavoz de la constructora.
* El País - 9.11.10
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
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LAVERDAD* : A la concesionaria de la autopista de peaje Cartagena-Vera no le preocupa tanto que el Gobierno murciano le haya quitado clientela con una autovía autonómica, como que se hayan hundido las previsiones de crecimiento urbanístico en el principal trozo virgen del litoral. La situación de Aucosta es «difícil y complicada», según su director general, Florentino Rodríguez, que reconoce que el negocio de este vial está por los suelos. Su ocupación está en el 25% de los cálculos previstos inicialmentede 9.000 vehículos diarios.
El mismo concesionario gestiona Ausur -los 76,6 kilómetros de la autopista Cartagena-Alicante-, cuya situación es algo mejor, pero tampoco cubre las expectativas, con unas cifras de peaje de unos 10.500 vehículos diarios en agosto. Rodríguez desconoce qué medidas tomarán finalmente los grupos parlamentarios en el Congreso para acudir al rescate de un sector en sus peores horas bajas. Según publicó ayer El País, los representantes políticos parecen estar de acuerdo en aprobar unas ayudas que compensen las pérdidas de las concesionarias de nueve autopistas españolas, entre ellas las dos que recorren el litoral de la Región de Murcia. Esta cuenta de compensación podría ascender a 250 millones de euros a través de créditos participativos y por un periodo de cinco años, al menos en el caso de las radiales de Madrid, según una propuesta del PSOE que duplica la asignación que se había barajado inicialmente.
Las concesionarias buscan oxígeno para poder refinanciar sus deudas y evitar la quiebra. La fórmula final aún no está decidida, por lo que Florentino Rodríguez no quiere aventurarse. De una forma u otra, todo apunta a que estas constructoras serán compensadas por tener menos tráfico del que habían previsto cuando se adjudicaron las concesiones. Rodríguez señala que el problema es general, y cita como casos más sangrantes los de las radiales de Madrid y el eje Toledo-Madrid, cuyas cifras de ocupación son aún peores que las del tramo Cartagena-Vera, de 114 kilómetros.
Como ha venido publicando 'La Verdad', la ocupación de las dos autopistas de la costa descendió el pasado verano sobre unas cifras que ya eran de por sí negativas, a lo cual contribuye unos peajes que muchos usuarios consideran caros. Entre Cartagena-Vera disminuyó hasta un 5% el tráfico de agosto respecto al mismo mes del año anterior, cuando circularon 3.361 vehículos diarios. «Las pérdidas de tráfico son muy grandes», apostilla Rodríguez, para quien el problema no es exclusivo de la Región de Murcia. Explica que este vial empezó con niveles de ocupación «muy bajos» cuando se puso en servicio en 2007, y desde entonces sigue en dificultades.
Deuda alta
Tres años después, por este tramo pasa un 25% del tráfico previsto cuando se aprobó la concesión, lo cual da idea del desajuste entre el número real de usuarios de pago y los ingresos que se esperaban.
Aucosta reconoce que tiene una deuda alta que se debe solucionar «buscando fórmulas» entre el Ministerio de Fomento y la asociación nacional de empresas concesionarias de autopistas. ¿Rescate de la concesión, créditos participativos, reducción de las tarifas...? ¿Cuál es la solución? El representante de Aucosta ignora cuál será la propuesta financiera para capear unas malas cifras de negocio. Las empresas que ganaron la adjudicación invirtieron 550 millones de euros para hacer la obra y ahora se encuentran con serios problemas para refinanciar la deuda.
La autovía Cartagena-Alhama construida por el Gobierno regional ha contribuido a chafarle el negocio a la concesionaria, pero no es la causa principal. Según Florentino Rodríguez, la concesionaria sabía que se iba a construir esa carretera pública cuando pujó por las obras. El problema para ellos es el frenazo urbanístico, que ha afectado a Marina de Cope. «Lo que nos hace más pupa es que no se genera el tráfico que esperábamos. La idea general es que se iba a producir un crecimiento a lo largo de esa zona, y no sólo el Marina de Cope, que al final no se ha cumplido».
IU: «Es una vergüenza»
El coordinador de IU en la Región de Murcia, José Antonio Pujante, considera «una vergüenza» que PP, PSOE y CiU pacten en el Congreso la concesión de un préstamo de 200 millones de euros anuales a las concesionarias de autopistas de peaje, entre la que se encuentra la constructora del vial Cartagena-Vera.
* La Verdad - 9.11.10
Foto: Autopista vacía Cartagena-Vera - mineralespania
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DEIA* : La participación ciudadana va a ser un aspecto novedoso en la revisión del PGOU de Bilbao. Representantes de colectivos muy diversos han participado ya en talleres celebrados a los largo de este años para discutir sobre las necesidades que tiene Bilbao en estos momentos, de manera que posteriormente los técnicos puedan reflejar sobre la plano la soluciones. Fernando Hevia, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Laudio, que también está revisando el Plan General de este municipio, es una de las personas que ha participado en estas mesas de trabajo. "Sobre todo lo que he planteado es que el urbanismo ha evolucionado. De ser concebido para que la ciudad crezca, a ser diseñado para renovar o responder a los problemas de las ciudades".
Según este arquitecto, en el caso de Bilbao es más evidente porque la capital vizcaina ha agotado su expansión territorial y su desarrollo tiene que basarse en la renovación de la trama urbana. En este contexto de pasar de un territorio más o menos virgen a un urbanismo con suelo prácticamente agotado, Hevia considera que es imprescindible "tener consciencia de las tensiones socioeconómicas".
Esta es una reflexión de partida que marcará las líneas del nuevo plan. Para ello, es necesario contar con una información que va más allá del examen topográfico, como ha podido ocurrir en otros momentos de la historia de Bilbao. Hay problemas que no son perceptibles por aquellas personas que no estén implicadas. En este contexto, es donde los talleres adquieren una importancia mayor, por la participación ciudadana que eso implica. Hevia cita algún ejemplo para explicar esta metodología. "Si se quiere situar un equipamiento en un barrio, primeramente será necesario conocer las circunstancias psicosociales para conocer el grado de aceptación o problemas que puede ocasionar. Eso es lo que deberá tener en cuenta la revisión del PGOU".
Idoia Uriarte, del Área de Mujer, otra de las personas que han participado en estos talleres, hace una exposición de su aportación en términos similares. "Hemos compartido las jornadas de reflexión con sectores muy diferentes. Desde representantes del mundo vecinal, hasta consumidores, comerciantes y mujeres para rentabilizar la vida en Bilbao". Para Uriarte, es preciso mejorar la accesibilidad, adaptar la ciudad a la nueva realidad de su población, a las costumbres sociales y religiosas de sus habitantes. "Yo no sé cómo reflejarán los técnicos sobre plano las inquietudes que puede tener la población, pero sí se que una ciudad donde hace falta fomentar la vecindad necesita espacios donde reunirse, por ejemplo, y eso tendrá que reflejarse en el nuevo plan que se redacte".
Los talleres, bajo diferentes títulos, han abordado temáticas diversas. Desde el fomento de un urbanismo transversal , o las metologías para la resolución de conflictos de incidencia territorial, también se ha tratado el tema de los grupos de presión frente a las formas participativas más estables o los elementos a considerar en la redacción de un programa de participación ciudadana asociado a un Plan General de Ordenación Urbana.
* Deia - 7.11.10
Foto: Bilbao, ría museo Guggenheim - elpais.com
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OTROMADRID* : La privatización del Canal de Isabel II ya está en un proceso de privatización silenciosa, a través de subcontratas y externalizaciones. Su privatización pública está cerca, ya existen ofertas sobre la mesa y probablemente ocurra después de las elecciones autonómicas del 2011. Hace más de dos años la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, anunciaba su intención de privatizar el 49% del Canal de Isabel II (1). Pese a que aun no se ha llevado a cabo, se ha realizado paralelamente una privatización silenciosa basada en la externacionzación y la subcontratación.
El gobierno de Aguirre contrató el pasado mes de Abril al banco BBVA, Rothschild y a Cuatrecasas para realizar las valoraciones y preparar a la compañía de cara a su estreno en los mercados, aunque aun no han presentado el folleto informativo en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El mes pasado Aguas de Barcelona (Agbar) mostró su interés con una Oferta Pública de Venta de acciones (OPV) (2). Todo parece indicar que no se ejecutará hasta después de las elecciones municipales y autonómicas de 2011, para no perjudicar la reelección de Esperanza Aguirre. El Canal de Isabel II es una institución para todos los madrileños, una empresa pública que, a diferencia de otras privadas, sí tiene beneficios. Peligran los puestos de trabajo, la calidad del agua, el propio servicio público de importancia básica y uno de los ejemplos prácticos de la superioridad económica y de gestión pública frente a la privada.
Desde hace algunos años se están sustituyendo puestos de trabajo internos del Canal de Isabel II por una subcontratación que significa, de facto, el primer paso de una privatización silenciosa. La externalización de la mayoría de los servicios del Canal ha eliminado prácticamente los procesos selectivos públicos, apenas se sacan a oposición plazas libres para sustituir los puestos vacantes por jubilación o baja. Se está sustituyendo la propia configuración laboral de la empresa, adecuandola a un modelo de empresa totalmente privada, en perjuicio de los propios trabajadores y de los ciudadanos que querían optar a un puesto de trabajo en una empresa supuestamente pública. La mediación de contratas es mucho más cara e ineficaz porque supone un gasto superior por cada obra y cada empleado, por lo tanto no hay razón socio-laboral válida para la privatización.
Además la subcontratación y externalización conllevarían un empeoramiento del propio servicio público y de la calidad de las aguas y del abastecimiento, ya que las contratas anteponen el beneficio privado al servicio público, reduciendo costes de producción, de mantenimiento y las inversiones de carácter medioambiental que el Canal de Isabel II ha llevado a cabo algunos años. La gestión de un servicio público tan esencial como el agua no puede depender ni subyugarse a los vaivenes del mercado, inestable ante cualquier crisis -como la financiera. La quiebra de una empresa privada del Canal de Isabel II pondría en peligro el suministro de agua potable para la ciudadanía, lo que sería una catástrofe difícil de calcular.
Tendría, así mismo, un nefasto impacto en el consumo de agua, cuestión tan importante en una cada vez más desértica España. Las campañas de concienciación ciudadana para que la población ahorre agua, que lleva a cabo el Canal de Isabel II y que tan importantes son desde el punto de vista medioambiental, serían incompatibles con la condición de empresa privada y la política de máximo beneficio empresarial, que incentivaría y dispararía el consumo, con un elevado impacto medioambiental y social que un país como España no podría soportar.
El Canal de Isabel II es una empresa pública con beneficios, lo que choca con los dogmas de la superioridad de la gestión privada. Grandes ciudades como Paris, Toulouse o Burdeos han decidido volver a la gestión y titularidad pública del recurso agua por razones de eficiencia y ahorro, además del propio beneficio social. La privatización del Canal significaría por lo tanto una pérdida de empleos, de calidad del agua, del servicio público, de los beneficios económicos para las arcas públicas y una catástrofe medioambiental. El Canal de Isabel II es propiedad de todos y por ello debe ser 100% público como lo ha sido desde hace 150 años.
Morales de Urioste
Moralesdeurioste.blogspot.com
(1) 19/09/2008 Aguirre insiste en privatizar el Canal http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/19/madrid/1221816429.html(2) Agbar quiere participar en la privatización del Canal Isabel II http://www.expansion.com/2010/09/09/empresas/1284042699.html
* OtroMadrid Opinión - 6.11.10
Foto: Madrid, antiguo depósito canal Isabel II - arqueologiay patrimonioindustrial
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LEVANTE/Castelló* : La piqueta y las máquinas excavadoras demolieron la semana pasada el Mas de Conill, una casa de labriegos del siglo XVIII que estaba catalogada como Bien de Relevancia Local (BRL). El municipio pierde así uno de los edificios emblemáticos, que aparece frecuentemente citado en textos literarios. "Tres cosas hay en Oropesa que no las tiene Madrid, la Farola, playa de la Concha y el Mas de Conill". Además, el escritor Enric Valor también cita el mencionado Mas.
El derribo del vetusto inmueble ha generado malestar en la localidad y ha sido denunciado por el concejal del Bloc, Josep Lluís Romero, quien en su momento planteó al consistorio que conservase el mas, por los valores tanto sentimentales como patrimoniales que representa.
La demolición del Mas de Conill coincide con el anuncio del consistorio, fotos incluidas, del inicio de las obras de restauración de la torre vigia de la Cordà. Un Bien de Interés Cultural (BIC) que estaba muy degradado, con el riesgo de perder una de sus ventanas y con sus paredes llenas de grafitis, lo que propició las denuncias de los grupos políticos Bloc y Compromís, que pedían a las autoridades que frenasen el daño al monumento.
Su catalogación como Bien de Relevancia Local se apoyó en los valores etnológicos y patrimoniales que representaba. A pesar de que presentaba un importante estado de abandono, los técnicos consideraron en su momento que podría ser recuperable en su totalidad para "dejar a generaciones futuras un estilo de vida, de cuando en Orpesa la agricultura era el motor económico del municipio".
Con la demolición del edificio construido en 1814 por Bautista Martínez se va un emblema de una forma de vida. Ni el consistorio ni la Conselleria de Cultura decidieron intervenir parar poner en valor la masía, que al final cayó a golpes de piqueta pese a que durante años fue testigo de la vida social del municipio.
No en vano, el edificio, una antigua casa de labradores que disponía en sus orígenes de noria y horno moruno, estaba muy próximo a la estación de ferrocarril en la que se reunían los comerciantes de la época. También la Guardia Civil de Benicàssim y Torreblanca se encontraba con los agentes de Orpesa en este enclave en las rondas de vigilancia, de manera que la masía actuaba como un punto de reunión.
Fue durante la Guerra Civil cuando la masía vivió su momento más duro al sufrir varios saqueos en los que los ladrones se llevaron hasta los muebles. Tampoco la posguerra fue mucho más halagüeña para el edificio, pero en los 70 recuperó su esplendor gracias a una intensa reforma que varió la estructura.
* Levante - 8.11.10
Foto: Las máquinas derrumbaron días atrás el Mas de Conill. - levante
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ELPAÍS/Murcia* : Entre 1957 y 1990, una mina sepultó la rada murciana de Portmán con metales pesados. Manuel se arrodilla sobre la arena negra y toma un poco en las manos. "Mire cómo brilla. Es el mineral que queda". Y señala los destellos que emanan aquí y allá. Pasea por la playa de Portmán (La Unión, Murcia), lo que fue una majestuosa bahía, puerto natural usado desde la época de los romanos, es hoy el mayor vertedero de residuos mineros al aire libre de España. Los desechos de 33 años de la mina en la que Manuel trabajó como palista saturaron la rada (hasta 14 metros de profundidad) y arrasaron 12 kilómetros mar adentro. Es posiblemente el mayor desastre ambiental del Mediterráneo y, 20 años después de que cesaran los vertidos, la bahía sigue aterrada y sin solución a la vista.
Santiago Guillén, ingeniero técnico de minas jubilado del Ayuntamiento de La Unión, sabe que cuesta entender cómo se ha llegado a esta situación. "En 1957 la empresa francesa Peñarroya pidió instalar aquí uno de los lavaderos de flotación más grandes del mundo", cuenta en un céntrico café de La Unión, "ciudad minera y flamenca". Las minas, de plata, oro, blenda, pirita..., habían sido explotadas desde los romanos. Pero lo de Peñarroya era otra cosa. "Un monstruo", como define Santiago al lavadero, bautizado como Roberto.
Como las vetas eran malas, la empresa pasó a volar enormes cantidades de tierra y en el lavadero a tratarla con productos químicos para separar los minerales. Una ínfima parte era valiosa. El resto, la tierra mezclada con los reactivos y restos de plomo, zinc, cadmio, una especie de lodo parduzco, se vertía a la bahía. "Tiraban 40.000 toneladas al día al Mediterráneo", se escandaliza Santiago.
Casi cada mes había que mover "el chorro", como llamaban al tubo por el que salía el vertido mar adentro, pues ya se había comido el mar. Los pescadores, los únicos que se quejaron, fueron compensados con 25.000 pesetas y un punto de amarre en Cabo de Palos, unos kilómetros al este.
El Ayuntamiento de La Unión empezó un contencioso contra el vertido, pero contra el permiso franquista no tuvo nada que hacer. El Supremo falló que "el interés nacional" de la explotación de la mina, de la que salían el 20% de la plata de la Península y el 70% del plomo, era superior al del Ayuntamiento a proteger su bahía. Así, uno de los mayores atentados ecológicos del Mediterráneo siguió a la vista de todos hasta 1990. El alcalde de La Unión, el popular Francisco Bernabé, define el lavadero como "el Auschwitz del medio ambiente". El Ayuntamiento está en un bello edificio modernista, herencia de la rica ciudad que fue La Unión.
Luis Martínez, ex presidente del comité de empresa de Peñarroya y mecánico en la explotación durante 25 años, pide comprensión: "En aquel momento no se veía la gravedad. La mina daba 400 empleos y nadie se quejaba. Era de la banca Rothschild, ganaron fortunas y nadie les pidió cuentas". Martínez, que entró en la mina en 1965, no encuentra explicación a que la situación no haya cambiado en dos décadas: "Que se haya arreglado el Prestige y el vertido de Aznalcóllar y esto siga igual... Se cerraron los chorros sin pensar en las consecuencias", afirma sobre la desprotección en la que quedaron los trabajadores y las vanas promesas de recolocación.
En 1989, cuando Greenpeace ya se había encadenado a los chorros, Peñarroya vendió la sierra entera, seis millones de metros cuadrados, a un precio ínfimo: una peseta el metro cuadrado. Martínez explica la operación: "España estaba ya en la Comunidad Europea. Ellos vieron que tendrían problemas con el principio de quien contamina paga; así que vendieron". Compró Portmán Golf, de un promotor de la zona, que esperaba construir algún día allí. El temor de Peñarroya eran injustificado: en 1993 la justicia les absolvió de delito ecológico porque el vertido se había realizado con permiso.
La minería sin control ambiental es riqueza unos años y una carga durante generaciones. Así ocurrió en Aznalcóllar y en el vertido de Hungría. Pedro Baños, profesor de la Universidad de Murcia y autor de un libro sobre Portmán, dice que los materiales pesados en la arena "son relativamente inertes" y que no es un riesgo que la gente del pueblo se bañe allí.
La Administración ha presentado tres planes de recuperación de Portmán. Uno con Cristina Narbona como secretaria de Estado de Medio Ambiente, otro con el Gobierno de Aznar y un tercero con Narbona de ministra. El último proyecto, presupuestado en 120 millones, trataba de retirar un 10% de los 58 millones de toneladas de residuos -que ocupan 35 millones de metros cúbicos, como 35 veces el Bernabéu, por seis millones que se vertieron en Aznalcóllar-. Su objetivo es recuperar la lámina de agua en mitad de la bahía (solo en apariencia, no en profundidad). Fue anunciado en 2006 y sigue en tramitación.
El plan está pendiente de declaración de impacto ambiental, de que la Universidad de Murcia concluya un estudio pionero sobre cómo retirar metales pesados mediante calizas y de que la Comunidad de Murcia y el Ministerio de Fomento renuncien al puerto de contenedores de El Gorguel, a solo 700 metros. Francisca Baraza, jefa de la demarcación de Costas de Murcia, de Medio Ambiente, admite que ambos proyectos son incompatibles: "No tiene sentido gastar 120 millones si al lado va a haber un macropuerto". Quedan muchos flecos, como que el dueño del terreno ponga dinero o compense con suelo al Gobierno. Portman Golf no ha querido hablar para este reportaje.
Mientras, la bahía romana de Portus Magnus es un chiste de mal gusto. En el antiguo club náutico, los puntos de amarre dan a tierra firme. Una placa en la pared reza: "Este es el club más modesto de todo el gran litoral, que espera ese presupuesto para que el mar pueda entrar".
* El País - 7.11.10
Foto: El desastre de la bahía de Portmán - EL PAÍS
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