A falta de conocer con exactitud el número de páginas del caso Troya, por el momento el único hecho constatado es que en Troya están imputadas 20 personas, entre ellas el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, dos técnicos y 16 promotores.
La Sección Segunda, además, tiene ya experiencia con los problemas que suscita en la vista oral la falta de numeración de los folios, tal y como se ha puesto de manifiesto durante el juicio por el caso Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales. En este macrojuicio, además, el tribunal que preside el magistrado Federico Morales también se mostró contrario a las normas de reparto de la Audiencia y a la adjudicación de la causa a esta sección. En aquella ocasión llegó a plantear una reclamación ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que finalmente no fue atendida.
La Fiscalía atribuye a Martín Serón cinco delitos continuados de cohecho porque presumiblemente recibió comisiones ilegales por importe de 238.785 euros. Según el Ministerio Público, el dinero supuestamente lo recibía de su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, quien se "encargaba de negociar las nuevas condiciones urbanísticas a aplicar a los proyectos de obras y las contrapartidas a abonar por los empresarios".
El fiscal reclama al alcalde cuatro años y medio de prisión, una multa de 500.000 euros y 11 años de inhabilitación por cohecho, además de otros ocho años de inhabilitación por prevaricación omisiva porque supuestamente hacía la vista gorda con los tejemanejes en el área de Urbanismo.
Para Gregorio Guerra, al que acusa de recibir 782,445 euros en comisiones, exige cinco años y medio de cárcel y 1,6 millones de multa, además de 11 años de inhabilitación.
* Málaga Hoy - 11.11.10
Foto: Alhaurín el Grande, alcalde y concejal imputados - diariosur.es
1 comentarios :
Ya hemos topado otra vez con la justicia y su burocracia absurda. Un asunto que lleva meses en sus manos y que se debería resolver con facilidad y prontitud, por el interés general, se dedican a marear la perdiz y tirar balones fuera con el ridículo asunto de competencias y papeles varios. Claro, así ocurre lo que ocurre, que cuando dictan sentencia, en muchos casos, o han precrito o son meramente testimoniales, en vez de servir de ejemplo para una sociedad desilusionada y necesitada de que se haga cumplir la Ley rápida y eficazmente.
Todos estos ejemplos (Gürtel, Fabra, Marbella, e infinidad más...) con su tardanza inexplicable, por parte de la justicia, solo hacen que insistir en desacreditarla por ineficaz e inoperante (ya ni una gran mayoría de ciudadanos confía en esta justicia anticuada y burocratizada). Y eso que parecía, en un principio, la panacea de todos los males urbanísticos.
Pero en vez de dotarse de más medios y especializarse en estos temas complicados, 'parece' que cedan ante las presiones políticas, que siempre piden un aplazamiento para no ser castigadas electoralmente.
La justicia para ser justa ha de ser rápida, independiente y eficaz. Pero, lamentablemete, hay demasiados ejemplos de lo contrario... y esta postura obsoleta, que solo beneficia al infractor, crea una sensación de impotencia, cuando no rabia, entre la ciudadanía, que asiste perpleja a este espectáculo tercermundista de corrupción y dejadez institucional.
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