ELPAÍS/Madrid* : Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.
El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes.
Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel. Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado habría que convocar un concurso.
La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.
Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según dejó anotado el contable de la red.
A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.
En dicho informe, que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados".
Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".
Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]".
Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.
Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000.
La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.
- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".
"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".
- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".
Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan en el sumario del caso.
El PSOE ha denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.
Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.
* El País - 12.10.10
Foto: Aguirre y Ruiz-Gallardón (a la derecha) presentan el retrato de este en la Casa de Correos de Madrid.- elpais.com
Cargos de Aguirre destaparon contratos ilegales de la red Gürtel sin hacer nada
Córdoba.- Las naves legales de Rafael Gómez
DIARIODESEVILLA* : El apellido Gómez en Córdoba conlleva inevitablemente a un personaje y una época. No existen dudas. Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán por su parecido con el actor Kabir Bedi, ha sido el protagonista de toda una etapa, sobre todo, desde que irrumpió en el mundo de la construcción (y del fútbol, y del mecenazgo cultural) procedente de sus negocios de la joyería en donde labró una fortuna pese a sus orígenes humildes. Esa influencia del empresario ha vuelto a reverdecer ahora, cuando el Ayuntamiento acomete la legalización de unas naves de 45.000 metros cuadrados construidas en 2005 sin licencia municipal. Eso sucede, además, en paralelo a la vista oral del caso Malaya, donde se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto cohecho, con una petición de pena de 18 meses de prisión.
Las naves han generado todo un sainete político en la ciudad. Creadas para vender mercancía china a gran escala, uno de los negocios que emprendió el grupo de empresas, el Consistorio decidió no poner demasiadas trabas a su construcción e impulsar lo que se conoce como un procedimiento de restauración de legalidad, que se sustanciaron en una multa de 24 millones de euros -la más alta puesta hasta el momento- y en un proceso de legalización.
La multa fue anulada por los tribunales al entender que se había demorado su trámite por encima de los 12 meses como máximo que establece la ley. Después se ha reiniciado y está, técnicamente, pendiente de cobro cinco años después de los hechos. El proceso de legalización fue aprobado en primera instancia por el Consistorio y tumbado por el TSJA al entender que se había encomendado a un privado (el propio Gómez) redactar un plan especial de formulación pública del que era juez y parte. Esa sentencia no es firme, porque se halla pendiente de que se pronuncie el Supremo, y sin embargo se ha montado otro expediente de legalización sin esperar a la emisión de sentencia.
La situación política en torno a Colecor (originalmente, una cooperativa láctea que funcionó hasta mediados de los 90) tiene una especificidad peculiar. El PSOE fue hostil, entre 2003 y junio de este año a su legalización. Acosó a Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, por este motivo. Aguilar consiguió reducir esa oposición ante las municipales de 2007 con el argumento de que la crítica del PSOE beneficiada al PP, que se plantó en 14 concejales, a uno de la mayoría absoluta.
El cambio sustancial se produjo antes del verano. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ya ocupada por Aguilar tras su salida de la Alcadía y su llegada a la Junta de Andalucía, negoció una salida con el Ayuntamiento a pesar de que había llevado el caso a los tribunales y que, tanto con Concepción Gutiérrez como con Juan Espadas, se había mantenido una constante oposición de bloqueo a determinadas propuestas municipales. Se aprobaría la legalización de las naves con la condición de que se derribaran 15.000 metros cuadrados (frente a los 10.000 que ofrecía al Ayuntamiento). La dirección provincial del PSOE, por medio del actual candidato Juan Pablo Durán, aseguró que había llegado el momento de pasar página por medio de una medida "ejemplarizante".
¿Todo el mundo de acuerdo? No. La delegación provincial de la Consejería se salió del guión, de la disciplina jerárquica y emitió un informe -preceptivo y no vinculante- muy crítico con las previsiones municipales. Sobre todo, en lo que concierne a mantener una edificación tan grande en un suelo que, algunos entienden, es no urbanizable de especial protección. El Consistorio ha reconocido en estas últimas semanas el uso de comercio mayorista para las naves, que fueron precisamente para lo que fueron construidas sin licencia, y que hasta ahora se le ha venido negando sistemáticametne. La delegación provincial que eso no es viable.
En este caso, se ha producido un pulso entre la política y la ley. Y ha ganado el interés político. Existe una especie de acuerdo entre los partidos de Córdoba por cerrar de una vez la cuestión de las naves, que no llegue viva a las elecciones del año que viene. La hoja de ruta está bastante clara. Se va a aprobar el plan en cuanto los concejales del PSOE den garantías de que lo van a votar en el Pleno(IU no está dispuesta a pasar este trago en solitario y no va a tolerar una abstención). La megamulta de 24 millones se reducirá a seis millones por aplicación directa de la LOUA y se prevé su abono en especie mediante propiedades que aún le quedan al dueño de Arenal 2000, del que existen indicios de que está resurgiendo empresarialmente después tenido que firmar 1.000 despidos en apenas unos meses. Colecor será legal y muchos políticos respirarán tranquilos siempre que los privados que se sienten maltratados no se planten ante un juez.
* Diario de Sevilla - 10.10.10
Foto: Rafael Gómez entra en la Ciudad de la Justicia para la primera sesión del juicio del caso Malaya.- diariodesevilla.es
Murcia.- Pérez Mateos lleva años asesorando a alcaldes en polémicos proyectos
LAVERDAD* : De defender a sospechosos en asuntos de corrupción ha pasado a necesitar asistencia letrada por otro tanto de lo mismo. El letrado Higinio Pérez Mateos, detenido el martes de la pasada semana dentro de la 'Operación Umbra', era conocido hasta ese momento en ámbitos legales de la Región por asesorar a varios ayuntamientos de distinto signo político, en cuestiones relacionadas con el urbanismo y también sobre algunos polémicos proyectos. Unas relaciones profesionales que en algún caso le salpicaron con el negro barro de la sospecha, pero que no se habían traducido hasta ahora en imputación alguna en su contra.
Uno de los asuntos más controvertidos en los que se ha visto envuelto es un convenio urbanístico que suscribió con el Ayuntamiento de Ulea, en diciembre del 2004, y por el que consiguió luz verde para construir la urbanización 'Los Juncos de Ulea Golf Resort': más de 4.400 viviendas, campo de golf, hotel, etc. en los 2,7 millones de metros cuadrados reclasificados.
En apariencia, y según denunció el PSOE, cuando se firmó el citado convenio, el abogado no era propietario de terreno alguno en esa zona, ya que no fue hasta mayo del 2005, ya con el negocio asegurado, cuando la compra de tierras se habría formalizado. Un mes más tarde, Higinio Pérez Mateos vendió el proyecto a varias inmobiliarias, obteniendo unas plusvalías millonarias.
Fue a partir de ese negocio cuando el letrado comenzó a tener relaciones profesionales con el alcalde, el popular José Bolarín, a quien habría defendido en algunos pleitos.
Con su socio Alberto Guerra
En su comparecencia del miércoles pasado ante el instructor del 'caso Umbra', David Castillejo, el abogado fue interrogado acerca de esa operación urbanística, que habría llevado a efecto en sociedad con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el también detenido Alberto Guerra. Un dato que sirvió al fiscal y al juez para comprobar que entre ambos imputados existen buenas relaciones y que incluso han sido socios en algún negocio.
Pérez Mateos también ha realizado algún trabajo puntual para el alcalde de Campos del Río, el socialista Miguel Navarro, para quien elaboró un informe jurídico que le autorizaba a votar sobre el proyecto Trampolín Hills Golf Resort -cobró por ese documento 18.000 euros, según fuentes conocedoras del asunto-, y también estaba llevando el asunto de las expropiaciones de tierras en Beniel para la llegada del AVE. El alcalde de esta localidad, el socialista Roberto García, también abogado, se desvinculó inmediatamente de Pérez Mateos, en cuanto este fue detenido, y anunció que dejaba de trabajar para el Consistorio.
Antes de ser 'despedido, había redactado un informe, cuyos argumentos jurídicos fuentes del PP consideran «cogidos por los pelos», sobre la adquisición de material informático para el Consistorio por importe de unos 800.000 euros y que fue adjudicado a una empresa que, en apariencia, había presentado la oferta fuera deplazo.
Ahora, a raíz de su detención por la 'Operación Umbra', ha trascendido que este letrado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia es el letrado defensor del empresario Trinitario Casanova, y que aparece personado en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia por el denominado 'caso Zerrichera'.
En noviembre del año pasado, el magistrado ordenó la detención de Casanova, con el fin de interrogarlo sobre un supuesto pago de sobornos a políticos. El empresario se libró por encontrarse de viaje en Estados Unidos y quince días más tarde se presentó ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) en Madrid para declarar sobre esos hechos. Tras ser interrogado quedó en libertad sin medida cautelar alguna, aunque sigue imputado.
Este periódico ha telefoneado al despacho de Pérez Mateos en los últimos días para intentar recabar su versión, pero no ha respondido.
* La Verdad - 12.10.10
Foto: El letrado Higinio Pérez Mateos saliendo de los juzgados de Murcia tras declarar como imputado en el 'Caso Umbra'.- laverdad.es
Galicia.- Los 76 políticos imputados están vinculados a 42 procesos judiciales
LAVOZDEGALICIA* : Falsificación de firma, retirada ilícita de fondos de las arcas públicas, supuestos malos tratos, concesión irregular de licencias, cobros a cambio de gestiones y un sinfín de cargos más han propiciado la tramitación de 42 causas judiciales en los últimos cuatro años en las que se han visto implicados políticos de diversas Administraciones gallegas. En total, 138 personas se vieron salpicadas por esos casos, de las que 76 fueron o son cargos públicos elegidos o de libre designación.
Algo menos de la mitad de las causas siguen abiertas y a la espera de instrucción o decisión judicial para su archivo o continuidad en el procedimiento judicial, lo que lleva a 35 políticos a seguir aguardando a la decisión del juez para seguir con su actividad pública, retomarla o bien ver cómo la inhabilitación por sentencia firme o por rechazo social puede poner fin a su carrera.
La nómina de políticos imputados se dispara en Galicia a causa de tres casos abiertos en Lugo, los que se siguen por la supuesta trama de anulación de multas de tráfico, tanto en la Jefatura Provincial como en el Concello, y la presunta red de prostitución descubierta en la misma capital. Alcaldes como los de Muras, Pedrafita y O Courel se han visto mezclados en el primero de los casos citados, junto a medio centenar de supuestos beneficiarios de la desaparición de sanciones.
Pero al margen de dichas imputaciones, otros 70 políticos han tenido que dar cuenta de irregularidades detectadas por policía, Fiscalía o, en su caso, por denuncias de terceros.
Dimisiones
Dichas actuaciones judiciales han deparado ya siete dimisiones. Recientemente tomaron ese camino el teniente de alcalde de Ourense, el nacionalista Andrés García Mata, y el responsable del área de termalismo del mismo Concello, aunque trató de desligarlo del proceso judicial. Por la trama de las multas también dejaron su cargo el anterior subdelegado del Gobierno en Lugo y el anterior jefe provincial de Tráfico, como por el caso de corrupción urbanística de Gondomar lo hicieron antes de ser condenados el portavoz municipal del PP y el edil de Urbanismo, mientras que en ese mismo Concello lo tuvo que hacer después, al ser inhabilitado por concesión irregular de licencias, el anterior alcalde, Carlos Silva, y el único concejal de los otros cinco condenados que seguía en la corporación. También dejó el cargo el que era portavoz del PSOE en Lourenzá, Jorge García Crespo, tras haber sido declarado culpable de falsificar la firma de una compañera de grupo.
Por partidos, es el PP el más afectado por las imputaciones, al sufrir ese proceso hasta 25 de sus cargos, mientras que en el PSOE otros 22 se han visto salpicados por este tipo de casos judiciales, por 9 en el Bloque y otros 4 en diversas formaciones políticas independientes de ámbito local. Los 16 restantes son cargos de libre designación.
* La Voz de Galicia - 10.10.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
La Junta de Andalucía sólo ha recaudado 1,6 millones por multas urbanísticas desde 2005
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MÁLAGAHOY* : Vivienda castiga a propietarios de construcciones ilegales por valor de 8,7 millones, pero sólo ingresa sobre un 18%. La recaudación de multas por delitos urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía es aún mínima. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha incoado 6.326 expedientes sancionadores por valor de 8,7 millones de euros entre 2005 y 2008. Sin embargo, hasta la actualidad el importe ingresado es de 1,6 millones de euros, tan sólo el 18% de lo requerido, según consta en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso esta redacción.
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, vincula el importe satisfecho con las dificultades recaudatorias, en su opinión propias a este tipo de procesos, "con trámites complejos recurribles administrativa y judicialmente".
La consejera añade que de la cantidad restante a cobrar, hasta esos 8,7 millones de euros, 5,1 millones "se encuentran en diferentes estadios procedimentales" y otros 1,9 millones están en vía de apremio (vía elegida por las administraciones públicas para cobrar sea como sea y cuyo resultado final suele ser el de embargar al sancionado algún bien).
La Junta de Andalucía, alentada por los numerosos casos de ilegalidades urbanísticas en la comunidad -caso Malaya-, creó en 2005 una dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Este departamento concentra y gestiona las competencias sancionadoras y de control en estos ámbitos, que habían sido ampliadas en los últimos años con las nuevas leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.
A esta dirección se adscribió el Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, funcionarios que se encargan de la tramitación de estos expedientes sancionadores. En octubre de 2008 tomaron posesión los primeros 25 inspectores tras el proceso de selección.
La previsión era alcanzar 50 inspectores en 2010. Meses después de la toma de posesión el PP denunció que estos 25 inspectores "habían presentado la renuncia". El entonces consejero de Vivienda, Juan Espadas, redujo a siete los funcionarios que habían presentado "excedencia voluntaria por motivos personales". Estos inspectores tienen la consideración de agentes de la autoridad y, entre sus funciones, se encuentra la de facilitar la máxima rapidez de decisión de los tribunales en aspectos como suspensiones cautelares de licencias de obras, autos o sentencias.
Sea vinculante o no la polémica con los funcionarios de disciplina urbanística, el montante ingresado por la Junta en estos ejercicios queda en evidencia en comparación con las cifras de algunos ayuntamientos. El de Málaga por ejemplo, que en 2009 recaudó cuatro millones de euros, el doble de lo previsto, y que permitirá este año dedicar más personal a seguir los expedientes de infracción, anunció el Ayuntamiento.
El control del urbanismo ilegal por parte de la Junta prosigue con todas las garantías, manifestaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que vincularon el montante ingresado "al margen que otorga la ley para que los ciudadanos recurran". Al tenerse que pagar obligatoriamente, los ciudadanos recurren, exponen. El último expediente analizado, que tramita la Consejería de Hacienda, destinará la recaudación a la compra de suelo para la construcción de VPO, añadieron las mismas fuentes.
A pesar de que algunos trámites se remontan a 2005, Obras Públicas y Vivienda asegura que ningun expediente ha prescrito o caducado.
Esta afirmación sorprende a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien en más de una decena de ocasiones ha preguntado sobre el control urbanístico de la Junta y los expedientes sancionadores.
"Es imposible que después de cinco años no haya prescrito nada; aquí puede haber una dejación de funciones por razones claramente partidistas", afirma categórica Ruiz-Sillero, abogada.
La diputada del PP ha preguntado en el Parlamento por cuántos de esos 1.636 expedientes han prescrito, el año en que se incoaron, el municipio al que se refiere y en cuáles localidades se ha cobrado, por si todos los ingresos proceden de una provincia o están repartidos. Sin éxito.
"Así podríamos observar si ha bajado el celo de la Junta en la persecución de este tipo de delitos y si hay más casos en alguna población concreta. Si por ejemplo se hubiera prevenido en Marbella, no estaría en la situación que está, pero la filosofía de la Junta es dejar pasar y no hacer nada", critica la popular. Los datos sobre provincias arrojan otras dudas para la diputada, como el escaso número de expedientes abiertos en Cádiz frente a Málaga (ver cuadro adjunto). A Ruiz-Sillero tampoco le convence que 5,1 millones de euros estén en diferentes estadios procedimentales. "O está cobrado, o ha prescrito o tiene el apremio. Un recurso no suspende el cobro del delito, igual que pasa con las multas de tráfico, eso lo sabemos todos, así que eso de los estadios, jurídicamente, no sé lo que es", subraya. Por eso la diputada acusa a la Junta de falta de transparencia y de ocultar datos.
El pasado marzo la Junta se armó de otro instrumento para controlar el urbanismo ilegal, el Reglamento de Disciplina Urbanística, el primero de estas características en España. La principal novedad de este reglamento es el denominado derribo exprés, que posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente. En las estadísticas de la Junta se anotan 118 expedientes de protección de la legalidad (demolición) en el periodo referido.
* Málaga Hoy - 10.10.10
Foto: Operarios proceden al derribo de una casa declarada ilegal en el municipio malagueño de Manilva.- Manilva (Málaga), derribo - malagahoy.es
La cleptocracia nacional
IGNACIO CAMACHO* : El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.
El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.
Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.
Tolerancia institucional
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.
Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.
Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.
Partidos vacunados
En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.
Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.
Andalucía, en cabeza
De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.
Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.
La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.
También nacionalistas
También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.
Bisagras electorales
Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.
El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.
Suelos urbanizables
Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.
La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.
* ABC - Opinión - 10.10.10
Un constructor de 'Gürtel' devuelve 20 millones al fisco y da un vuelco al caso
ELPAÍS* : El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos. Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.
Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.
Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonensa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.
El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.
Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.
Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
* El País - 11.10.10
Foto: Álvaro Pérez atiende a los periodistas antes de entrar al tribunal. El Bigotes se ha negado a declarar ante el magistrado Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' - elpais.com
Murcia.- Investigan si la trama usó facturas falsas para hurtar 600.000 euros a las obras del Casino
LAVERDAD* : Los límites del 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística en Murcia nadie sabe realmente -salvo el fiscal jefe, Manuel López Bernal, y el juez David Castillejo- hasta dónde alcanzan, pero cada día que transcurre resulta más evidente que no se va a quedar en las tres detenciones practicadas hasta ahora: la del jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; la del abogado, profesor universitario de Derecho Administrativo y asesor de varios ayuntamientos, Higinio Pérez Mateos, y la del empresario italiano Renato de Noce. Estos tres imputados, que se encuentran en libertad bajo fianza de entre 70.000 y 120.000 euros, son sólo la primera parte, y quizás la más insignificante, de un asunto que aparenta ser mucho más complejo.
Para empezar, 'La Verdad' ha podido conocer que los interrogatorios a estas tres personas se han centrado exclusivamente, de momento, en sólo uno de los seis convenios urbanísticos que están bajo sospecha y que se circunscriben a la zona norte del término de Murcia.
En concreto, el citado convenio es el que suscribieron, en mayo del 2005, cuatro mercantiles y el Ayuntamiento de Murcia. Estas promotoras -Agrumexport SA, Ageco SL, Euroland SL e Inveralrahu SL-, se vieron favorecidas por un aumento del volumen de edificabilidad (de 0,09 a 0,25 m2/m2), lo cual les facultaba para construir 2.000 viviendas. A cambio de las plusvalías que iban a percibir, se comprometían a invertir 10 millones de euros en la reforma del emblemático edificio del Casino.
Es en esas obras de reforma donde aparecen dos de los detenidos este martes, el italiano Renato de Noce, que fue contratado como 'proyect management' o encargado general del proyecto, y el letrado Higinio Pérez Mateos, que se encargaba de llevar la dirección jurídica y la contabilidad. Este último, con un gran contacto en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director es amigo suyo y socio en algunas operaciones inmobiliarias.
Lo que la Fiscalía investiga ahora es la supuesta presentación de dos facturas falsas, ambas por importe de 300.000 euros, que habrían servido para justificar gastos que no se habrían hecho en la reforma; un dinero que se habría hurtado así a la rehabilitación del Casino y, en último término, a todos los vecinos de Murcia. El gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, negó haber fiscalizado las obras de ese inmueble.
Las sospechas sobre la validez de las dos documentos derivan de que fueron emitidos por una sociedad que, en apariencia, no tiene actividad alguna y que parece creada 'ex profeso' para comercializar ese tipo de facturas.
* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
Calp tasa en 53.500 euros el terreno por cuya ocupación ilegal ya ha pagado 700.000
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LEVANTE/Alacant* : Nunca un terreno yermo dio para tanto. El equipo de gobierno de Calp (Bloc, PP y PSD) aprobó ayer en pleno la tasación de 53.571 euros que sus técnicos han realizado de los 15.000 metros cuadrados de la partida Ràfol donde hasta mayo de 2008 estaba la carpa municipal de ferias y eventos. Ahora el ayuntamiento trasladará ese precio de expropiación a los propietarios, la familia Palomar, que ya se sabe que no lo aceptará, porque ha valorado la finca en 2,3 millones. Las tasaciones difieren tanto que parece seguro que, finalmente, será el Jurado Provincial de Expropiaciones en el que establezca el justiprecio.Pero, más que por lo que ahora pueda costar la expropiación, estos terrenos ya han salido caros porque por su ocupación ilegal el Tribunal Sup.de Justicia condenó al ayuntamiento a pagar a sus dueños una indemnización de 600.000 euros. Además, el concejal de Urbanismo, José Perles, del PP, desveló ayer en el pleno que a esa cantidad se han sumado 100.000 euros más que el consistorio ha desembolsado por intereses de demora.
El edil de Urbanismo precisó que los propietarios llegaron a pedir, en un primer momento, hasta 3,8 millones por la expropiación de esos 15.000 m2. Además, denunció que la cantidad que ahora reclaman se basa en "informes totalmente falsos". Criticó que los dueños quieren hacer creer que se trata del solar de un polígono industrial y que cuenta con infraestructuras de luz, agua y alcantarillado. "Nuestros técnicos demuestran que eso no es así. Allí no hay servicios urbanísticas. No hay derecho a que se intente engañar al pueblo de Calp con esos informes", aseguró Perles.
El alcalde, Joaquim Tur, del Bloc, apuntó que ese terreno está "totalmente yermo". También dijo que se ha tasado como rústico, porque esa es su calificación urbanística correcta. Sin embargo, Javier Morató, del PP, cuando era alcalde lo recalificó a dotacional al intentar sin éxito que sus propietarios lo cedieran al ayuntamiento. Morató creyó que el acuerdo estaba hecho y ordenó que se ocupara ese suelo y se construyera la carpa de ferias. El traspié fue gordo, ya que el terreno nunca dejó de ser de titularidad privada.
En el pleno de ayer, los concejales del PSPV insistieron en que el ex alcalde del PP "es el origen de este problema".
El actual munícipe, quien gobierna con el apoyo de Javier Morató, cuestionó una vez más que la indemnización por ocupar ilegalmente estos 15.000 m2 se fijara en 600.000 euros. Dijo que la sentencia que condena al ayuntamiento a pagar esa cantidad es "esperpéntica". Recordó que el perito que calculó el perjuicio para los propietarios consideró que en ese suelo podían haber explotado un lucrativo aparcamiento. "Es una sentencia injusta. Son 15.000 m2 de terreno rústico. Y por una finca agrícola de esta misma superficie y de la mayor calidad posible ahora se pagarían como mucho dos o tres millones de pesetas", sostuvo Tur.
* Levante - 9.10.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Sevilla.- ¿Podrán 43 murales cambiar un barrio?
PÚBLICO* : Un proyecto de la ONU inunda de color las fachadas de un barrio de Sevilla. Es como estar en Nueva York pero sin salir del polígono". Es lo que Carmen Bonilla, una vecina de San Pablo, en Sevilla, siente cuando ve los grandes murales que están pintando en su barrio. Ella, a sus poco más de 50 años, nunca ha estado en Nueva York, pero así se lo imagina. Tampoco ha visitado nunca un museo, pero sabe apreciar que lo que más de 40 muralistas de todo el mundo están realizando en su calle "tiene mucho arte".
Otra forma de resumir este proyecto de la ONU, que se llama Art for all (Arte para todos), es la de Juan Antonio Jara, promotor de la idea: "Situar el arte en el centro de la discusión para la transformación social". La igualdad de género, la lucha contra el SIDA o el medio ambiente son algunos de los temas, muy relacionados con los objetivos del milenio de la ONU, que están llenando de color las, hasta ahora, grises fachadas de este barrio obrero. Jara afirma que "San Pablo se va a convertir en el mayor museo al aire libre de Europa".
"Por fin le están dando color a esto, que falta le hacía", comenta un hombre mientras pasea su perro por la avenida del La Soleá, epicentro del barrio y de los murales. Como él, todos los vecinos se han habituado ya a caminar con la cabeza más alta que días atrás. Y es que, conforme han ido avanzando los dibujos, ha quedado al descubierto la calidad de los trabajos. "Al principio nos faltaban paredes, ahora nos sobran, porque todos los vecinos quieren un mural en su bloque", explica Peter Claesson, de Indigo Incoming and Incentives, empresa organizadora del proyecto en su dos ediciones. La primavera fue Tegucigalpa, Honduras, en 2004.
Arte como motor de cambio
"Esperamos que la gente se dé cuenta de que su barrio es bonito y así comience a cuidarlo", explica Claesson, que asegura que en tres años los murales recibirán "un millón de visitas".
Además, como ya pasó en Tegucigalpa, espera que los vecinos sepan sacarle algo más que provecho artístico: "Se pueden hacer camisetas de recuerdo y los voluntarios pueden convertirse en guías turísticos".
La idea puede sonar lejana, pero es cierto que las discusiones no se han hecho esperar entre los propios vecinos. "Seguro que la gente lo cuida, hay que ser positiva", intenta convencer una vecina a otra algo más pesimista, que cree "que habrá que esperar algún tiempo".
Lo cierto es que conforme los 43 dibujos han ido avanzando, tanto los vecinos como la propia ciudad de Sevilla han comenzado a prestar una atención diferente y especial al barrio.
Los artistas puertorriqueños Jaime y Javier Suárez están pintando uno de los murales más interactivos con la propia fachada, la única que no es lisa. Las ventanas de los pisos o los aires acondicionados están siendo integrados en su trabajo, en el que también ha participado el ecuatoriano Nelson Román. "Es una pintura muy dinámica y alocada", explica Jaime. Atentamente lo escucha Manuel Cabello, un joven grafitero de Sevilla que mira embobado los murales: "Es flipante".
Cada día pasa más de una hora observando el trabajo de los artista. La mayoría de ellos son de Suramérica, cuna del muralismo. También han llegado desde Ucrania, Noruega o Rusia, y han participado importantes muralistas como Josh Sarantitis o Sergio Vergara. El próximo martes, la mayoría se habrá marchado, pero quedarán sus pinturas y los vecinos, para decidir si estas cambiarán o no su barrio.
* Público - 9.10.10
Foto: Uno de los murales que decoran el barrio sevillano de San Pablo - publico.es
La defensa de Julián Muñoz cree que sería "el alcalde corrupto más barato de España"
20MINUTOS/Marbella* : El abogado del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, -imputado en el caso Malaya por varios supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo-, ha proclamado la inocencia de su cliente en la fase de cuestiones previas y ha centrado su discurso en la vulneración de derechos fundamentales. El letrado Javier Saavedra ha dicho, además, que de ser ciertos los delitos que se le atribuyen, Muñoz sería "el alcalde corrupto más barato de España" y "un hazmerreír".
La acusación "ofende al sentido común", según la defensa, quien ha aludido a un supuesto pago por parte del presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, después de preparar la moción de censura que desbancó a Muñoz de la alcaldía el 13 de agosto de 2003.
Roca y Muñoz "son unos malversadores, pero eso sí de una honestidad entre ellos entusiasmante", ironizó Saavedra, quien refirió que tras pelearse e insultarse y preparar una moción de censura contra el ex alcalde, Roca le abonó supuestamente 12.000 euros -de un total de 180.000 euros que presuntamente percibió- porque era "un caballero".
En este sentido, se ha preguntado si es creíble que en 2002 ambos suscribieran un convenio y Roca le pagara a Muñoz "a plazos", él último de estos pagos "cinco meses después" de que el primero preparara una moción de censura contra el ex alcalde.
Cree "en la inocencia de todos"
El letrado considera que con la "pelea política del calibre que había en Marbella en 2003", es imposible que se efectuara dicho pago, el cual "no está refrendado en absoluto por ningún movimiento bancario", y ha añadido que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía "se ha encargado de buscarlo por tierra, mar y aire".
En su exposición, Javier Saavedra ha afirmado que cree "en la inocencia de todos y cada uno de los que están presentes" en el juicio, pero "en particular" de su cliente. Y ha incidido en que el cohecho no queda claro en el escrito del fiscal.
El letrado ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinadoAsimismo, ha recordado que cuando trascendió la operación Malaya, al practicarse las primeras detenciones el 29 marzo de 2006, su cliente estaba en Argentina, un país, "con limitaciones en los tratados de extradición con España" pero volvió a España, por lo que ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinado.
Muñoz, que accedió a la alcaldía de Marbella en mayo de 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil y ostentó el cargo hasta agosto de 2003, ha estado encarcelado por varios procesos judiciales y se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión y ocho años de inhabilitación. En las cuatro sesiones celebradas de este juicio ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.
* 20 Minutos - EFE - 5.10.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Murcia.- El portero del ladrillo
LAVERDAD* : Tanto como que se cuestione su honradez y rigor profesional, el 'caso Umbra', en el que está imputado, le debe fastidiar a Fernando Berberena (59 años, Zaragoza) por la relevancia social que le ha dado y que siempre ha rehuido. Él, concejal de Urbanismo de Murcia, se siente más cómodo entre bambalinas y, a pesar de haber asumido un papel principal en el 'thriller' en que se ha convertido la política del ladrillo en Murcia, nunca ha aspirado a ser más que un técnico cualificado y eficiente. Ni siquiera, tras dos legislaturas con el PP en la corporación murciana, ha querido hacerse el carné del partido, en cuya actividad interna nunca ha participado. Aunque es obvio que comulga con el ideario popular, no se siente político y se ve más como un profesional independiente, con dotes para la organización.
Hijo de un médico forense que emigró a Murcia por razones laborales y segundo de cuatro hermanos (el mayor es notario y los dos más jóvenes, médico y graduada social), Berberena estudió Derecho en la Universidad de Murcia y ya entonces dio muestras de que no ambicionaba el estrellato. Hizo teatro universitario con el ahora catedrático César Oliva, pero nunca pasó de interpretar papeles secundarios.
Tras licenciarse, opositó a interventor militar y aprobó, pero, por suerte para la construcción murciana, no obtuvo plaza. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que ha marcado su vida. El malogrado Manuel Martínez, primer presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), les ofreció a él y a su compañero de carrera Francisco Moreno, ahora secretario general de la Consejería de Agricultura, que se unieran al por entonces balbuceante movimiento empresarial. Berbenera se hizo cargo de la asesoría jurídica y Moreno de la secretaría general de la patronal de la construcción.
Clases con Pedro Saura
Se especializó en derecho laboral y llegó a negociar, en representación de la patronal, hasta el 40% de los convenios colectivos firmados en la Región, entre ellos los de la construcción, del campo, del transporte. De esta etapa conserva buenas relaciones con los sindicatos y esgrime una cualidad que le ha sido muy útil en empresas posteriores: su capacidad para el diálogo y llegar a acuerdos.
Años después sucedió a Moreno en la secretaria general de la federación de la construcción y, además de dar clases de Derecho del Trabajo en la Universidad, fue acreditando su sapiencia urbanística. Tal es así que llegó a impartir magisterio en el Máster de Urbanismo de la Escuela de Negocios que dirigía a finales de los noventa el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, y de la colaboración de ambos nació el módulo inmobiliario, que en pocos años alcanzó un éxito considerable y por el que pasaron algunos de los principales promotores de la actualidad.
Durante 25 años trabajó en la patronal de la construcción, hizo muchos amigos que conserva (aún sale de viaje con ellos una vez al año; próximo destino: Emiratos Árabes) y se granjeó un respeto y prestigio profesional en el sector que llamó la atención de la política. Quizás fueron sus años más felices, en los que llegó a presidir la Agrupación Sardinera.
Algunos de sus compañeros y colaboradores de entonces le califican de «afable y generoso», de «metódico y eficaz», de «leal y servicial», y recuerdan que, de no haber abandonado su puesto, era el elegido en CROEM para sustituir al secretario general de la patronal regional, Clemente García.
Echa mano de palabras como «responsabilidad», «compromiso», «reto» para explicar cómo se dejó convencer en 2003 por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para cambiar su plácida vida por una ocupación sumida en la sospecha desde antes incluso de tomar posesión. Para la recelosa oposición, poner al frente del urbanismo municipal al ex secretario general de los constructores era como poner a la zorra a cuidar de las gallinas.
En los primeros años se esforzó por vencer todas las reticencias. Reordenó, agilizó, modernizó y profesionalizó las estructuras de la Gerencia de Urbanismo. Pero eran muchos los que esperaban con la escopeta cargada y en 2006, año preelectoral, se desbordaron todas las suspicacias. De entonces arrancan las polémicas con la remodelación del barrio de La Paz y con la promoción de Joven Futura y las acusaciones de un supuesto trato de favor a un ex socio. Aquel fue también el año en que aprobó cuadruplicar la edificabilidad en diversos convenios urbanísticos del norte de la ciudad, asunto que esta semana le ha llevado a declarar ante el juez.
En una entrevista en febrero de 2009, García Martínez le preguntó cuál era el adjetivo que mejor le cuadraba a Jesús Samper, con quien comparte imputación judicial en el 'caso Umbra'. Berberena estiró la cerviz y contestó serio: «Me resulta difícil. Ha cometido algunas equivocaciones. Y a mí se me conoce como el portero que debería parar cualquier tipo de gol». Es posible que hoy, como acostumbra los fines de semana, se encuentre en su casa de campo de Santomera cuidando de sus frutales y medite sobre los supuestos goles a la legalidad urbanística que el juez y el fiscal investigan y sobre si él pudo hacer algo más para evitarlos.
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia, manifa La Región de Murcia NoSeVende (archivo) - um.es
Barcelona.- Tres mujeres contra la mafia de Ciutat Vella
ELPAÍS* : ¿Qué tienen en común Itziar González, Mercè Massa y Lourdes Conesa? Que son mujeres, que trabajaban en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, que decidieron acabar con la supuesta corrupción que imperaba en la concesión de licencias para apartamentos turísticos y hoteles y que, por ello, sufrieron serias amenazas de muerte, por teléfono o carta, así como otras acciones de extorsión para que tirasen la toalla. Barcelona no es Sicilia, pero los métodos empleados con ellas lo recuerdan.
Así se explica que los Mossos d'Esquadra afirmen en un escrito dirigido a la juez Elisabet Castelló el 28 de agosto de 2009: "De la investigación se desprende claramente que no se trata de unas amenazas aisladas, sino que existe un proceso de extorsión con la intención de presionar y desestabilizar al personal de la actual concejalía de Urbanismo de Ciutat Vella". La explicación, añade la policía autonómica, es que los autores de las amenazas "habrían visto perjudicados sus intereses económicos, así como la dilatación o denegación de licencias".
Los Mossos destacan que estas amenazas coinciden con un cambio en el personal acordado por Itziar González a los pocos meses tomar posesión como concejal de Ciutat Vella. Tres inspectores técnicos abandonaron sus cargos y fueron recolocados el jefe del departamento de licencias e inspecciones, así como Heliodoro Lozano, director de servicios técnicos. Lozano estuvo seis meses en prisión por su supuesta vinculación con la trama de extorsión que investiga el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona en la concesión de licencias a cambio de diversas cantidades de dinero y está acusado de varios delitos de cohecho y contra la Administración pública.
El ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el distrito, también estuvo en prisión y está acusado de formar parte de esa trama, pero, además, los Mossos consideran que las amenazas sufridas por las tres mujeres responden a una "estrategia de intimidación presuntamente protagonizada" por él. La juez del caso ha avalado la investigación policial y Quílez está siendo investigado también por amenazas o extorsiones.
La tesis de la juez es que Quílez podría haber actuado así al existir sospechas fundadas contra él de que había actuado ilícitamente en la concesión de licencias. La justicia investiga ahora las grabaciones telefónicas realizadas a Quílez y los DVD extraídos del disco duro de su ordenador cuando los Mossos registraron su despacho profesional, el 31 de marzo de 2009.
Las tres mujeres que sufrieron las amenazas ha acudido al juzgado para ejercer la acusación particular en el caso. Su abogado, Lluís Maria Anglada, admite: "amenazar es más sencillo que identificar al autor".Las amenazas a las tres mujeres empezaron en junio de 2008 y la primera que las sufrió fue la arquitecta técnica del distrito de Ciutat Vella, Lourdes Conesa. Fueron llamadas anónimas a su domicilio, hasta que la noche del 18 de julio cogió el teléfono. El mensaje era claro: recomendación de abandonar su cargo público bajo amenazas de que si no, tendría problemas. La mujer acudió a los Mossos y denunció los hechos, pero el caso quedó archivado por falta de autor conocido.
En esas mismas fechas, mantuvo una discusión laboral con el ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el Ayuntamiento y que deambulaba por el distrito como Pedro por su casa, ojeando expedientes de licencias sin estar autorizado para ello. La arquitecta le afeó su conducta y Quílez le respondió: "Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos y si puedo evitarlo, tú nunca serás nadie en este Ayuntamiento".
De las llamadas telefónicas se pasó a las cartas amenazadoras. El 11 de noviembre de 2008, Conesa recibió un sobre en su domicilio que reivindicaba las llamadas, insistiendo en que abandonara el cargo y con una fotografía de su vivienda. Se daba a entender así, dicen los Mossos, que estaba vigilada y que "sería vulnerable en cualquier momento". Por esas fechas, su motocicleta fue manipulada y le extrajeron varios tornillos intencionadamente. El 30 de noviembre de 2008 abandonó el cargo y se marchó a otro distrito. Dos meses después, el 20 de febrero de 2009, recibió la carta de agradecimiento que se transcribe íntegramente en esta página.
Ese mismo día, los autores de las amenazas iniciaron el acoso a la gerente del distrito, Mercè Massa, con una carta muy extensa, de dos páginas, en la que se profieren todo tipo de amenazas de muerte si no abandona el cargo y deja de firmar acuerdos "prevaricadores" referidos a la denegación de licencias. Los Mossos destacan que esas amenazas coinciden en el tiempo con la ausencia de la concejal Itziar González por problemas de salud.
Quienes redactan las amenazas conocen al detalle la vida personal de las mujeres. Se ensañan especialmente con la concejal Itziar González, a la que el 23 de julio de 2009 envían a su domicilio una carta con insultos irreproducibles y hasta regocijándose por el mal momento de salud que pasó. En la carta se habla directamente de "eliminarlas", en alusión a ella y a su "amiga Mercè", en referencia a la gerente. Meses después, González sufrió un robo en su vivienda, los ladrones se llevaron su ordenador. Al final arrojó la toalla, pero fue por el hotel del Palau de la Música, un proyecto que nunca vio bien.
MERCÈ MASSA
Gerente de Ciutat Vella desde la llegada de González, donde prosigue en la actualidad con la concejal Assumpta Escarp. Firmó las resoluciones que intentaron poner orden en el sector de los apartamentos turísticos, negando licencias o exigiendo mejoras para que siguieran funcionando.
ITZIAR GONZÁLEZ
Concejal del distrito de Ciutat Vella entre junio de 2007 y abril de 2010. Arquitecta de profesión, llegó al Ayuntamiento como independiente en las listas del PSC, partido al que se acabó afiliando y en el que no siempre encontró el apoyo que necesitó.
LOURDES CONESA
Arquitecta municipal de Ciutat Vella, cargo que abandonó en febrero de 2009; ahora está destinada en Horta-Guinardó. Declaró a los Mossos que tuvo varios incidentes con el sospechoso Joaquim Quílez, porque este mostró interés por ciertos expedientes.
Las frases amenazadoras
- Carta de agradecimiento recibida el 20 de febrero de 2009 por la arquitecta Lourdes Conesa, tras abandonar el distrito de Ciutat Vella. "Lourdes: como has hecho lo que se te recomendó, el peligro que tenías ha pasado. Puedes andar totalmente tranquila. La justicia se ha cumplido y no te va a ocurrir nada en absoluto. Gracias por tu colaboración. Perdona la demora en contestar. Asociación Justiciera de la comunidad del Raval, GLPSA".
- Carta amenazadora recibida el 20 de febrero de 2009 por la gerente Mercè Massa. "Tienes un problema serio que te puede costar carito... Esto es una recomendación directa, Mercè, no sabes dónde te estás metiendo... Hace tiempo recibiste amenazas por teléfono, te alertaron que te ausentes del distrito o pidas traslado, advertencias que al parecer no te influyeron lo más mínimo. Tú para nosotros en este momento eres como un animal y tenemos una misión que realizar. Entendemos que somos unos hijos de puta, pero ni más ni menos de lo que eres tú, quien la hace la paga".
- Carta amenazadora recibida el 23 de julio de 2009 por Itziar González. "Tus amiguitos, cuando desaparezcas, no te echarán de menos, piensa que todos brindarán con cava... Hay tanta ira hacia ti, que si no fuera por el peligro de ser cogidos los talibanes no estarías aquí... Cuídate lo que puedas, que la enfermedad que tienes está, y a punto de doblarte... La segunda de a bordo, tu amiga Mercè, también va por el mismo camino si no cambias de rumbo creemos también en eliminarte".
* El País - 9.10.10
Foto: Barcelona, ciutat vella - ciudadbarcelona
¿Guarda el fiscal un as en la manga?
LAVERDAD/Murcia* : Como la breve racha de viento que hace temblar las hojas anunciando la tormenta, algo flota en el ambiente, estos días, que apunta a que el 'caso Umbra' contiene una bomba entre esos miles de folios que, a lo largo de cuatro años de secreta investigación, han ido conformando las diligencias judiciales. Realmente, los primeros resultados de esta operación policial, desarrollada el pasado martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en absoluto justifican la expectación, incluso nacional, que ha levantado el asunto: sólo tres detenidos, el de mayor calado el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, y una veintena de imputados, entre los que sólo destacan el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Escaso equipaje, y más con la que está cayendo por otros lares -casos Gürtel, Brugal, Matas...- y la que ya ha caído por éstos -casos Tótem, Ninette, Zerrichera, Biblioteca...-, para entender las razones de tamaña atención mediática y popular concentrada sobre el asunto. Y, no sólo eso, para comprender además las causas de la extrema confidencialidad y reserva con que se están llevando las diligencias, que en algunos casos roza la paranoia.
¿Tanto secretismo, tantas precauciones, tantos años de investigación... para 'cobrarse' una pieza menor, como lo sería un edil de Urbanismo, quien además pareció escaparse de rositas este viernes?
La única conclusión lógica que puede extraerse de todo ello es que en el 'caso Umbra', hasta el momento, pesan más las expectativas que los resultados. Que vale más lo que esté por venir que lo que ya se ha conocido. ¿Y eso?
«Pues porque en el foco de la investigación está Nueva Condomina, que para cualquiera que sabe algo de urbanismo en esta región es la madre de todos los escándalos, la madre de todos los negocios y la principal responsable de todo lo que ha ocurrido con el urbanismo regional en la última década», argumenta un letrado, experto en estos asuntos y asesor de un buen número de ayuntamientos populares y socialistas, que considera que «el trato tan favorable que el Ayuntamiento dio a Samper ha condicionado las ulteriores relaciones entre los consistorios y las promotoras».
La manera en que el ex secretario de la Liga de Fútbol Profesional irrumpió en Murcia, en el año 1999, está sobradamente contada, por lo que no merece la pena extenderse demasiado: adquirió por 275 millones de pesetas un Real Murcia en Segunda B y a punto de desaparecer, ofreció al Ayuntamiento construir un campo de fútbol de primera categoría y colocar al equipo en lo más alto del fútbol profesional y, para lograrlo, reclamó el apoyo institucional para un proyecto empresarial -apenas esbozado entonces- que le reportara suficientes plusvalías como para permitirle invertir lo necesario en el club.
«Dos raciones de lo mismo»
La operación urbanística que Samper acabó completando con Nueva Condomina, donde sin apenas jugarse un euro propio logró hacerse con casi un millón de metros cuadrados urbanizables, merece ser estudiada en las universidades, aunque no se explicaría sin la circunstancia excepcional que significa poder presentarse a sí mismo como depositario del sentimiento grana.
Huelga decir que, después de aquello, importantes promotoras con intereses en la zona se dirigieron al Ayuntamiento para pedir dos raciones de lo mismo. De ahí los otros cinco convenios, ahora bajo sospecha, que acabaron firmándose en años sucesivos.
El asunto, con todo, no se quedó ahí. Cuando, además de haberle multiplicado por cuatro el aprovechamiento urbanístico a Nueva Condomina, trascendió que el Consistorio le había perdonado la cesión del 10% a que obliga la ley (40.000 m2 de terreno, valorados en unos 30 millones de euros), y que sólo había acabado reclamándolo a la fuerza, a raíz de una demanda judicial promovida y ganada por terceros, el fiscal jefe, Manuel López Bernal, consideró que tamaña generosidad municipal resultaba ya más que sospechosa y anunció que iba a abrir de oficio diligencias informativas.
Corría el mes de julio de 2006 y dos años más tarde presentaba denuncia en los juzgados. Algo que ahora -otros dos años después- ha trascendido, al desencadenarse la 'Operación Umbra'.
El primer balance del asunto resulta bastante decepcionante. ¿Cuatro años de investigaciones, cientos de horas de grabaciones telefónicas, miles de horas de trabajo de los UCO y de inspectores fiscales, la coordinación personal del caso por parte del fiscal superior... todo eso para llevarse por delante a un gerente de Urbanismo y para que el edil del ramo, Fernando Berberena, el imputado más relevante, salga del juzgado haciendo el signo de la victoria?
«Tiene que haber más, mucho más. De otra forma, no encuentro explicación a lo que se ha hecho hasta ahora», razona un letrado que lleva la defensa de uno de los imputados. A lo que un compañero suyo añade: «Creo de que el fiscal jefe está convencido que tiene en sus manos la madre de todos los casos de corrupción, aunque hasta el momento se ha cuidado mucho de mostrar sus ases».
Y sostiene un tercero: «Este asunto viene con sorpresa. Seguro. Yo creo que al final saldrá algo grande. Y que el fiscal jefe acabará en esa ocasión por poner la Región entera patas arriba, o le tocará marcharse a su casa».
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
Labros.- ¿Otro desaguisado?
ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* : Quede constancia escrita: se va a cometer un desaguisado. El lugar se llama Labros, un pueblo tendido al sol en la ladera de un cerro, en la paramera de Molina de Aragón; el lugar de ‘los cielos más limpios de todas las Españas”, en palabras de Serrano Belinchón. Allí habían conseguido que la torre desmochada (siglo XVI) -que apenaba el ánimo nada mas verla- se restaurara al fin, igual que su arco románico (siglo XII). Y también impidieron que el sabinar que abraza al pueblo fuera arrasado hace ocho años. Al pie de ese pueblo está la Plaza, con tres edificios peculiares uno al lado del otro: lo que fue Biblioteca (la única antes de la Guerra Civil en muchas leguas a la redonda), la Carnicería comunal y la Fragua. Los tres escalonados edificios forman un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe. Y delante de la fragua está el porche (allí llamado Portegao), con soportes de piedra para los pilares añosos de sabina, donde aún perduran incrustadas las cabezas de los clavos que el herrero fabricaba hace muchos, muchos años. Todo eso va a ser destruido.
Poco importa que una y otra vez Labros aparezca en los libros como un ejemplo. Bajo ese tinado, abierto a los cierzos, y también dentro, entre paredes donde cuelga la memoria de lo que fue un pueblo campesino (arados, colleras, colmenas de vaso, hoces o zoquetas, serones, albardas, cedazos… donados por los labreños) se celebran reuniones comunitarias, fraternas, donde cada cual aporta lo que puede. La vieja fragua, cedida por el Ayuntamiento, se restauró por cuenta de la Asociación de Amigos de Labros como Centro Cívico en 1983. Es una seña de identidad más en “el conjunto del pueblo, que ofrece una buena imagen”, según el último estudio aparecido en el libro Arquitectura popular de Tierra Molina, donde se reproduce precisamente (pag. 231) la fotografía de ese Portegao, como testimonio de la cultura tradicional.
Si se precisan espacios más amplios o más nuevos o con otras finalidades, ¿por qué no acondicionar el interior, sin tocar su exterior, su estructura, sus materiales, su volumen; es decir, lo que ha sido un patrimonio secular, bello, irrepetible en la cultura rural, tan sabia como humilde? Si se necesita levantar un local de nueva planta, ¿por qué no hacerlo en un solar o en cualquiera de las casas a medio hundir o donde no sea un atentado ?
¿En qué cabeza cabe que todo ese patrimonio de la arquitectura popular de siglos se vaya a destruir, para después sustituirlo por no se sabe qué? ¿Hay que resignarse? Quizás sí. O quizás no. ¿No hay nadie ahí que ponga cordura? ¿Es el propio Ayuntamiento quien quiere acabar con todo esto?
Por si acaso, quien quiera contemplar lo que el libro citado califica de ‘pequeño pueblo, armonioso en su conjunto’ que acuda hoy mismo, o mañana. Porque pasado mañana puede ser ya demasiado tarde.
* Nueva Alcarria - Opinión - 10.07.10
Vigo.- El fiscal pedirá que Porro siga imputada por prevaricación
ELPAÍS* : La Fiscalía de Pontevedra recurrirá el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un posible delito de prevaricación contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, el director del Puerto, Luis Lara Rubido, y el representante de Puertos del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, en relación con las obras de relleno del muelle vigués del Areal, actualmente en ejecución.
La imputación a las tres autoridades citadas de presunta prevaricación la fundamentó en su momento la Fiscalía en que las mismas habían promovido la realización de las obras del Areal siendo conocedoras de la inexistencia del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y del Plan Director de Infraestructuras, preceptivos ambos para llevarlas a cabo. El juzgado de Vigo que instruye las diligencias levantó provisionalmente la imputación en un auto conocido el martes y que recogía los argumentos de la Abogacía del Estado contra la imputación de las citadas autoridades.
A raíz del auto judicial, los dirigentes del PP reclamaron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a otros socialistas que pidieran disculpas a Porro por el uso político que habían hecho de su imputación, al entender que se había archivado definitivamente. El recurso de la Fiscalía, sin prejuzgar sus resultados, la mantendrá aún abierta.
* El País - 9.10.10
Foto: Vigo, derribo en el Puerto - farodevigo.es
"¿Quién es el comisario malayo?"
MÁLAGAHOY/Marbella* : El comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, se querellará contra el abogado del constructor Rafael Gómez, procesado en el caso Malaya, Antonio Urdiales, que el miércoles relacionó al mando policial con unos supuestos sobornos pagados por el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Así lo aseguraron fuentes policiales, que explicaron que el jefe de la Policía Judicial decidió presentar una querella por calumnias contra el abogado Antonio Urdiales. El letrado aseguró el miércoles en la vista del juicio por el caso Malaya que Juan Antonio González podría estar tras las siglas "J. A. G." halladas en documentos de Roca, en los que se detallan pagos y sobornos.
La caja de truenos abierta por el abogado también provocó que el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, exigiera que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaren "inmediatamente" si el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, cobró sobornos de Juan Antonio Roca, imputado en el caso Malaya. El abogado de uno de los acusados en el caso Malaya solicitó al tribunal que indagara la vinculación entre Roca y un responsable policial -cuya iniciales J. A. G. ligó a Juan Antonio González-, al que supuestamente habría entregado 200.000 euros en sobornos.
"Rubalcaba y De la Vega deben dar explicaciones urgentes sobre la veracidad de esos hechos y de las investigaciones para determinar a quien corresponden las iniciales de ese alto cargo policial que se habría prestado, al parecer, al cobro de un soborno", declaró Hernando a Europa Press. Si no lo hacen, advirtió, su partido llevará este tema al Congreso de los Diputados.
El diputado del PP recalcó que "resulta urgente e imprescindible" saber "quién es el comisario malayo", así como conocer "qué ha hecho el Ministerio del Interior para desenmascarar o encubrir al mismo a estos altos precios". Hernando recordó que las iniciales se están atribuyendo al jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, quien, según dijo, "pertenece a la camarilla político-judicial del sector Rubalcaba". Es más, recordó que hace unas semanas este comisario "daba unas instrucciones a todas las comisarías del país con el objetivo de controlar cualquier investigación sobre corrupción que se realice en España para darle un tratamiento especial". El diputado del PP criticó asimismo que el mismo día que aparecían estas informaciones la vicepresidenta del Gobierno prometía "tolerancia cero" contra la corrupción, durante la inauguración de Ágora, América Latina 2010. "El cinismo de Fernández de la Vega resulta insultante", resaltó.
Finalmente, aprovechó para reprochar a De la Vega que "aún no haya informado de los regalos que ha recibido en los últimos años". "Se ha negado de forma pertinaz y cuando uno habla de transparencia tiene que predicar con el ejemplo", concluyó. Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó por que todo lo que se recupere en relación con el caso Malaya "vaya al sitio de donde salió, que es Marbella"; por que se asuman responsabilidades políticas, y por que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé las correspondientes explicaciones. A su juicio, el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, cuando era presidente de la Junta, y el propio Gobierno andaluz "miraron durante un montón de años para otro lado y tenían todas las competencias para haber intervenido".
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, enmarcó las declaraciones efectuadas por Arenas en la "campaña de insidias e intoxicaciones emprendida contra el Gobierno andaluz por el PP, que no sólo quiere jugar a la confusión y manchar la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sino manchar la honorabilidad de políticos honrados y diligentes en su gestión", como es el caso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien Arenas pidió que explicara la supuesta vinculación de un cargo policial con la trama del caso Malaya que los tribunales investigan en Marbella.
La dirigente andaluza afirma en un comunicado que fue la Junta de Andalucía la que interpuso más de 400 impugnaciones a convenios y decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella y que la Justicia "no aceptó la petición de medidas cautelares para paralizarlas", al tiempo que subrayó que fueron los socialistas quienes tomaron cartas en el asunto en la lucha contra la corrupción en Marbella al acordar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la petición de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Consistorio Marbellí, una decisión que llevó a término el Gobierno de Zapatero "después de que el propio Arenas se opusiese a ello en 2003 cuando era ministro de Administraciones Públicas".
* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El Consell otorgaba subvenciones a las ONG que el entramado señalaba
LEVANTE/Valencia* : Como un departamento más de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía. Así funcionaba la fundación Solidaria Entre Pueblos, la matriz del entramado de fundaciones y ONG que recibió más de 4.368.632 de euros en subvenciones para el tercer mundo y que dirigió hasta 1,4 millones de euros a empresas de la propiedad de sus dirigentes. Según los documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, la relación era tan estrecha que las organizaciones que eran tocadas por la varita mágica de Solidaria Entre Pueblos, previo consejo del personal de la Consellería de Solidaridad, acabaron recibiendo subvenciones y convenios de la Generalitat, en algunos casos otorgadas a dedo.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la fundación del jugador del Villarreal CF, Marcos Senna, que lleva el mismo nombre. Una persona del gabinete del conseller Blasco recomendó en el mes de enero a la Fundación Solidaria Entre Pueblos que contactara con la de jugador brasileño. Meses después, en la presentación de los presupuestos de 2010, la Generalitat le otorgaba 200.000 euros de los proyectos de libre designación.
Y eso que la fundación Marcos Senna no tenía ninguna experiencia, puesto que se había constituido en noviembre de 2008, ni siquiera un año antes de que se le concediera la subvención. Eso sí, el conseller Rafael Blasco se volcó con esta entidad al 100%, con varias visitas y un reportaje televisivo emitido en los Informativos de Canal 9, la conocida como Noticia Solidaria, por la que paga al ente 100.000 euros al año. La foto con el jugador de moda del equipo amarillo en aquella época es un bien que el político que se precie no debía desestimar.
Pero desde la Conselleria de Solidaridad no sólo se recomendaban ONG, si no que también sugería con quién no se debía tener contactos. Según la documentación que obra en poder de este periódico, la Fundación Solidaria Entre Pueblos no contactó ni hizo nada por la Asociación Corazón Abierto y Asinav pese a "estar el proyecto preparado". Al parecer los primeros contactos no fueron muy fructíferos.
Otra recomendación realizada desde personal de confianza del conseller Blasco fue con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (FASPS). En enero urgían a la Fundación Solidaria Entre Pueblos a que contactaran con esta organización porque era interesante, ya que tenían un proyecto de 16 viviendas en el Sahara.
Días después, la matriz de la trama generaba una factura proforma para la FASPS de 6.500 euros por la "Redacción del Informe de evaluación final de la implantación de un proyecto de 2ª Fase del Barrio de la Solidaridad. 16 viviendas". Desde la Consellería recordaban a su contacto en Solidaria Entre Pueblos que con esta federación "se podrían hacer cosas muy interesantes a medio y largo plazo".
Pero la relación fluida entre la Fundación Solidaria Entre Pueblos y su enlace en la Consellería de Solidaridad iba mucho más allá. No era extraño que esta persona se pasara por la oficina de la fundación en la calle San Vicente número 16 de Valencia.
Además, la marcha del trabajo de la matriz del entramado también preocupaba en el seno de la Conselleria. Tanto, que solicitaban a Entre Pueblos los listados de los proyectos e incluso les ayudaban a subsanar algún escrito. Una relación más que estrecha con una fundación supuestamente desligada del Consell.
* Levante - 9.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
