ELPAÍS* : El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados de Gürtel y otros conceptos. Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo, ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que azota a España desde el regreso de la democracia.
Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel, José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por otros conceptos.
Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonensa Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000), incluso después de la venta a Assignia.
El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos contra la Agencia Tributaria.
Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados, nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7 millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria", subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez Pedreira.
Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170 millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo.
* El País - 11.10.10
Foto: Álvaro Pérez atiende a los periodistas antes de entrar al tribunal. El Bigotes se ha negado a declarar ante el magistrado Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' - elpais.com
Un constructor de 'Gürtel' devuelve 20 millones al fisco y da un vuelco al caso
Murcia.- Investigan si la trama usó facturas falsas para hurtar 600.000 euros a las obras del Casino
LAVERDAD* : Los límites del 'caso Umbra' de presunta corrupción urbanística en Murcia nadie sabe realmente -salvo el fiscal jefe, Manuel López Bernal, y el juez David Castillejo- hasta dónde alcanzan, pero cada día que transcurre resulta más evidente que no se va a quedar en las tres detenciones practicadas hasta ahora: la del jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra; la del abogado, profesor universitario de Derecho Administrativo y asesor de varios ayuntamientos, Higinio Pérez Mateos, y la del empresario italiano Renato de Noce. Estos tres imputados, que se encuentran en libertad bajo fianza de entre 70.000 y 120.000 euros, son sólo la primera parte, y quizás la más insignificante, de un asunto que aparenta ser mucho más complejo.
Para empezar, 'La Verdad' ha podido conocer que los interrogatorios a estas tres personas se han centrado exclusivamente, de momento, en sólo uno de los seis convenios urbanísticos que están bajo sospecha y que se circunscriben a la zona norte del término de Murcia.
En concreto, el citado convenio es el que suscribieron, en mayo del 2005, cuatro mercantiles y el Ayuntamiento de Murcia. Estas promotoras -Agrumexport SA, Ageco SL, Euroland SL e Inveralrahu SL-, se vieron favorecidas por un aumento del volumen de edificabilidad (de 0,09 a 0,25 m2/m2), lo cual les facultaba para construir 2.000 viviendas. A cambio de las plusvalías que iban a percibir, se comprometían a invertir 10 millones de euros en la reforma del emblemático edificio del Casino.
Es en esas obras de reforma donde aparecen dos de los detenidos este martes, el italiano Renato de Noce, que fue contratado como 'proyect management' o encargado general del proyecto, y el letrado Higinio Pérez Mateos, que se encargaba de llevar la dirección jurídica y la contabilidad. Este último, con un gran contacto en la Gerencia de Urbanismo de Murcia, cuyo director es amigo suyo y socio en algunas operaciones inmobiliarias.
Lo que la Fiscalía investiga ahora es la supuesta presentación de dos facturas falsas, ambas por importe de 300.000 euros, que habrían servido para justificar gastos que no se habrían hecho en la reforma; un dinero que se habría hurtado así a la rehabilitación del Casino y, en último término, a todos los vecinos de Murcia. El gerente de Urbanismo, Alberto Guerra, negó haber fiscalizado las obras de ese inmueble.
Las sospechas sobre la validez de las dos documentos derivan de que fueron emitidos por una sociedad que, en apariencia, no tiene actividad alguna y que parece creada 'ex profeso' para comercializar ese tipo de facturas.
* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
Calp tasa en 53.500 euros el terreno por cuya ocupación ilegal ya ha pagado 700.000
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LEVANTE/Alacant* : Nunca un terreno yermo dio para tanto. El equipo de gobierno de Calp (Bloc, PP y PSD) aprobó ayer en pleno la tasación de 53.571 euros que sus técnicos han realizado de los 15.000 metros cuadrados de la partida Ràfol donde hasta mayo de 2008 estaba la carpa municipal de ferias y eventos. Ahora el ayuntamiento trasladará ese precio de expropiación a los propietarios, la familia Palomar, que ya se sabe que no lo aceptará, porque ha valorado la finca en 2,3 millones. Las tasaciones difieren tanto que parece seguro que, finalmente, será el Jurado Provincial de Expropiaciones en el que establezca el justiprecio.Pero, más que por lo que ahora pueda costar la expropiación, estos terrenos ya han salido caros porque por su ocupación ilegal el Tribunal Sup.de Justicia condenó al ayuntamiento a pagar a sus dueños una indemnización de 600.000 euros. Además, el concejal de Urbanismo, José Perles, del PP, desveló ayer en el pleno que a esa cantidad se han sumado 100.000 euros más que el consistorio ha desembolsado por intereses de demora.
El edil de Urbanismo precisó que los propietarios llegaron a pedir, en un primer momento, hasta 3,8 millones por la expropiación de esos 15.000 m2. Además, denunció que la cantidad que ahora reclaman se basa en "informes totalmente falsos". Criticó que los dueños quieren hacer creer que se trata del solar de un polígono industrial y que cuenta con infraestructuras de luz, agua y alcantarillado. "Nuestros técnicos demuestran que eso no es así. Allí no hay servicios urbanísticas. No hay derecho a que se intente engañar al pueblo de Calp con esos informes", aseguró Perles.
El alcalde, Joaquim Tur, del Bloc, apuntó que ese terreno está "totalmente yermo". También dijo que se ha tasado como rústico, porque esa es su calificación urbanística correcta. Sin embargo, Javier Morató, del PP, cuando era alcalde lo recalificó a dotacional al intentar sin éxito que sus propietarios lo cedieran al ayuntamiento. Morató creyó que el acuerdo estaba hecho y ordenó que se ocupara ese suelo y se construyera la carpa de ferias. El traspié fue gordo, ya que el terreno nunca dejó de ser de titularidad privada.
En el pleno de ayer, los concejales del PSPV insistieron en que el ex alcalde del PP "es el origen de este problema".
El actual munícipe, quien gobierna con el apoyo de Javier Morató, cuestionó una vez más que la indemnización por ocupar ilegalmente estos 15.000 m2 se fijara en 600.000 euros. Dijo que la sentencia que condena al ayuntamiento a pagar esa cantidad es "esperpéntica". Recordó que el perito que calculó el perjuicio para los propietarios consideró que en ese suelo podían haber explotado un lucrativo aparcamiento. "Es una sentencia injusta. Son 15.000 m2 de terreno rústico. Y por una finca agrícola de esta misma superficie y de la mayor calidad posible ahora se pagarían como mucho dos o tres millones de pesetas", sostuvo Tur.
* Levante - 9.10.10
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Sevilla.- ¿Podrán 43 murales cambiar un barrio?
PÚBLICO* : Un proyecto de la ONU inunda de color las fachadas de un barrio de Sevilla. Es como estar en Nueva York pero sin salir del polígono". Es lo que Carmen Bonilla, una vecina de San Pablo, en Sevilla, siente cuando ve los grandes murales que están pintando en su barrio. Ella, a sus poco más de 50 años, nunca ha estado en Nueva York, pero así se lo imagina. Tampoco ha visitado nunca un museo, pero sabe apreciar que lo que más de 40 muralistas de todo el mundo están realizando en su calle "tiene mucho arte".
Otra forma de resumir este proyecto de la ONU, que se llama Art for all (Arte para todos), es la de Juan Antonio Jara, promotor de la idea: "Situar el arte en el centro de la discusión para la transformación social". La igualdad de género, la lucha contra el SIDA o el medio ambiente son algunos de los temas, muy relacionados con los objetivos del milenio de la ONU, que están llenando de color las, hasta ahora, grises fachadas de este barrio obrero. Jara afirma que "San Pablo se va a convertir en el mayor museo al aire libre de Europa".
"Por fin le están dando color a esto, que falta le hacía", comenta un hombre mientras pasea su perro por la avenida del La Soleá, epicentro del barrio y de los murales. Como él, todos los vecinos se han habituado ya a caminar con la cabeza más alta que días atrás. Y es que, conforme han ido avanzando los dibujos, ha quedado al descubierto la calidad de los trabajos. "Al principio nos faltaban paredes, ahora nos sobran, porque todos los vecinos quieren un mural en su bloque", explica Peter Claesson, de Indigo Incoming and Incentives, empresa organizadora del proyecto en su dos ediciones. La primavera fue Tegucigalpa, Honduras, en 2004.
Arte como motor de cambio
"Esperamos que la gente se dé cuenta de que su barrio es bonito y así comience a cuidarlo", explica Claesson, que asegura que en tres años los murales recibirán "un millón de visitas".
Además, como ya pasó en Tegucigalpa, espera que los vecinos sepan sacarle algo más que provecho artístico: "Se pueden hacer camisetas de recuerdo y los voluntarios pueden convertirse en guías turísticos".
La idea puede sonar lejana, pero es cierto que las discusiones no se han hecho esperar entre los propios vecinos. "Seguro que la gente lo cuida, hay que ser positiva", intenta convencer una vecina a otra algo más pesimista, que cree "que habrá que esperar algún tiempo".
Lo cierto es que conforme los 43 dibujos han ido avanzando, tanto los vecinos como la propia ciudad de Sevilla han comenzado a prestar una atención diferente y especial al barrio.
Los artistas puertorriqueños Jaime y Javier Suárez están pintando uno de los murales más interactivos con la propia fachada, la única que no es lisa. Las ventanas de los pisos o los aires acondicionados están siendo integrados en su trabajo, en el que también ha participado el ecuatoriano Nelson Román. "Es una pintura muy dinámica y alocada", explica Jaime. Atentamente lo escucha Manuel Cabello, un joven grafitero de Sevilla que mira embobado los murales: "Es flipante".
Cada día pasa más de una hora observando el trabajo de los artista. La mayoría de ellos son de Suramérica, cuna del muralismo. También han llegado desde Ucrania, Noruega o Rusia, y han participado importantes muralistas como Josh Sarantitis o Sergio Vergara. El próximo martes, la mayoría se habrá marchado, pero quedarán sus pinturas y los vecinos, para decidir si estas cambiarán o no su barrio.
* Público - 9.10.10
Foto: Uno de los murales que decoran el barrio sevillano de San Pablo - publico.es
La defensa de Julián Muñoz cree que sería "el alcalde corrupto más barato de España"
20MINUTOS/Marbella* : El abogado del ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, -imputado en el caso Malaya por varios supuestos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y cohecho pasivo-, ha proclamado la inocencia de su cliente en la fase de cuestiones previas y ha centrado su discurso en la vulneración de derechos fundamentales. El letrado Javier Saavedra ha dicho, además, que de ser ciertos los delitos que se le atribuyen, Muñoz sería "el alcalde corrupto más barato de España" y "un hazmerreír".
La acusación "ofende al sentido común", según la defensa, quien ha aludido a un supuesto pago por parte del presunto cerebro de la organización, Juan Antonio Roca, después de preparar la moción de censura que desbancó a Muñoz de la alcaldía el 13 de agosto de 2003.
Roca y Muñoz "son unos malversadores, pero eso sí de una honestidad entre ellos entusiasmante", ironizó Saavedra, quien refirió que tras pelearse e insultarse y preparar una moción de censura contra el ex alcalde, Roca le abonó supuestamente 12.000 euros -de un total de 180.000 euros que presuntamente percibió- porque era "un caballero".
En este sentido, se ha preguntado si es creíble que en 2002 ambos suscribieran un convenio y Roca le pagara a Muñoz "a plazos", él último de estos pagos "cinco meses después" de que el primero preparara una moción de censura contra el ex alcalde.
Cree "en la inocencia de todos"
El letrado considera que con la "pelea política del calibre que había en Marbella en 2003", es imposible que se efectuara dicho pago, el cual "no está refrendado en absoluto por ningún movimiento bancario", y ha añadido que la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado de la Policía "se ha encargado de buscarlo por tierra, mar y aire".
En su exposición, Javier Saavedra ha afirmado que cree "en la inocencia de todos y cada uno de los que están presentes" en el juicio, pero "en particular" de su cliente. Y ha incidido en que el cohecho no queda claro en el escrito del fiscal.
El letrado ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinadoAsimismo, ha recordado que cuando trascendió la operación Malaya, al practicarse las primeras detenciones el 29 marzo de 2006, su cliente estaba en Argentina, un país, "con limitaciones en los tratados de extradición con España" pero volvió a España, por lo que ha llamado la atención sobre "el temor que tenía y el riesgo de fuga que había" de su patrocinado.
Muñoz, que accedió a la alcaldía de Marbella en mayo de 2002 tras la inhabilitación de Jesús Gil y ostentó el cargo hasta agosto de 2003, ha estado encarcelado por varios procesos judiciales y se enfrenta en este procedimiento a una petición fiscal de 10 años de prisión y ocho años de inhabilitación. En las cuatro sesiones celebradas de este juicio ya han expuesto sus argumentos casi la mitad de los abogados de los 95 procesados.
* 20 Minutos - EFE - 5.10.10
Foto: Marbella, imputados Muñoz, Roca, Yagüe y Reñones - 20minutos.es
Murcia.- El portero del ladrillo
LAVERDAD* : Tanto como que se cuestione su honradez y rigor profesional, el 'caso Umbra', en el que está imputado, le debe fastidiar a Fernando Berberena (59 años, Zaragoza) por la relevancia social que le ha dado y que siempre ha rehuido. Él, concejal de Urbanismo de Murcia, se siente más cómodo entre bambalinas y, a pesar de haber asumido un papel principal en el 'thriller' en que se ha convertido la política del ladrillo en Murcia, nunca ha aspirado a ser más que un técnico cualificado y eficiente. Ni siquiera, tras dos legislaturas con el PP en la corporación murciana, ha querido hacerse el carné del partido, en cuya actividad interna nunca ha participado. Aunque es obvio que comulga con el ideario popular, no se siente político y se ve más como un profesional independiente, con dotes para la organización.
Hijo de un médico forense que emigró a Murcia por razones laborales y segundo de cuatro hermanos (el mayor es notario y los dos más jóvenes, médico y graduada social), Berberena estudió Derecho en la Universidad de Murcia y ya entonces dio muestras de que no ambicionaba el estrellato. Hizo teatro universitario con el ahora catedrático César Oliva, pero nunca pasó de interpretar papeles secundarios.
Tras licenciarse, opositó a interventor militar y aprobó, pero, por suerte para la construcción murciana, no obtuvo plaza. Fue entonces cuando surgió la oportunidad que ha marcado su vida. El malogrado Manuel Martínez, primer presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), les ofreció a él y a su compañero de carrera Francisco Moreno, ahora secretario general de la Consejería de Agricultura, que se unieran al por entonces balbuceante movimiento empresarial. Berbenera se hizo cargo de la asesoría jurídica y Moreno de la secretaría general de la patronal de la construcción.
Clases con Pedro Saura
Se especializó en derecho laboral y llegó a negociar, en representación de la patronal, hasta el 40% de los convenios colectivos firmados en la Región, entre ellos los de la construcción, del campo, del transporte. De esta etapa conserva buenas relaciones con los sindicatos y esgrime una cualidad que le ha sido muy útil en empresas posteriores: su capacidad para el diálogo y llegar a acuerdos.
Años después sucedió a Moreno en la secretaria general de la federación de la construcción y, además de dar clases de Derecho del Trabajo en la Universidad, fue acreditando su sapiencia urbanística. Tal es así que llegó a impartir magisterio en el Máster de Urbanismo de la Escuela de Negocios que dirigía a finales de los noventa el secretario general de los socialistas murcianos, Pedro Saura, y de la colaboración de ambos nació el módulo inmobiliario, que en pocos años alcanzó un éxito considerable y por el que pasaron algunos de los principales promotores de la actualidad.
Durante 25 años trabajó en la patronal de la construcción, hizo muchos amigos que conserva (aún sale de viaje con ellos una vez al año; próximo destino: Emiratos Árabes) y se granjeó un respeto y prestigio profesional en el sector que llamó la atención de la política. Quizás fueron sus años más felices, en los que llegó a presidir la Agrupación Sardinera.
Algunos de sus compañeros y colaboradores de entonces le califican de «afable y generoso», de «metódico y eficaz», de «leal y servicial», y recuerdan que, de no haber abandonado su puesto, era el elegido en CROEM para sustituir al secretario general de la patronal regional, Clemente García.
Echa mano de palabras como «responsabilidad», «compromiso», «reto» para explicar cómo se dejó convencer en 2003 por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, para cambiar su plácida vida por una ocupación sumida en la sospecha desde antes incluso de tomar posesión. Para la recelosa oposición, poner al frente del urbanismo municipal al ex secretario general de los constructores era como poner a la zorra a cuidar de las gallinas.
En los primeros años se esforzó por vencer todas las reticencias. Reordenó, agilizó, modernizó y profesionalizó las estructuras de la Gerencia de Urbanismo. Pero eran muchos los que esperaban con la escopeta cargada y en 2006, año preelectoral, se desbordaron todas las suspicacias. De entonces arrancan las polémicas con la remodelación del barrio de La Paz y con la promoción de Joven Futura y las acusaciones de un supuesto trato de favor a un ex socio. Aquel fue también el año en que aprobó cuadruplicar la edificabilidad en diversos convenios urbanísticos del norte de la ciudad, asunto que esta semana le ha llevado a declarar ante el juez.
En una entrevista en febrero de 2009, García Martínez le preguntó cuál era el adjetivo que mejor le cuadraba a Jesús Samper, con quien comparte imputación judicial en el 'caso Umbra'. Berberena estiró la cerviz y contestó serio: «Me resulta difícil. Ha cometido algunas equivocaciones. Y a mí se me conoce como el portero que debería parar cualquier tipo de gol». Es posible que hoy, como acostumbra los fines de semana, se encuentre en su casa de campo de Santomera cuidando de sus frutales y medite sobre los supuestos goles a la legalidad urbanística que el juez y el fiscal investigan y sobre si él pudo hacer algo más para evitarlos.
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia, manifa La Región de Murcia NoSeVende (archivo) - um.es
Barcelona.- Tres mujeres contra la mafia de Ciutat Vella
ELPAÍS* : ¿Qué tienen en común Itziar González, Mercè Massa y Lourdes Conesa? Que son mujeres, que trabajaban en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, que decidieron acabar con la supuesta corrupción que imperaba en la concesión de licencias para apartamentos turísticos y hoteles y que, por ello, sufrieron serias amenazas de muerte, por teléfono o carta, así como otras acciones de extorsión para que tirasen la toalla. Barcelona no es Sicilia, pero los métodos empleados con ellas lo recuerdan.
Así se explica que los Mossos d'Esquadra afirmen en un escrito dirigido a la juez Elisabet Castelló el 28 de agosto de 2009: "De la investigación se desprende claramente que no se trata de unas amenazas aisladas, sino que existe un proceso de extorsión con la intención de presionar y desestabilizar al personal de la actual concejalía de Urbanismo de Ciutat Vella". La explicación, añade la policía autonómica, es que los autores de las amenazas "habrían visto perjudicados sus intereses económicos, así como la dilatación o denegación de licencias".
Los Mossos destacan que estas amenazas coinciden con un cambio en el personal acordado por Itziar González a los pocos meses tomar posesión como concejal de Ciutat Vella. Tres inspectores técnicos abandonaron sus cargos y fueron recolocados el jefe del departamento de licencias e inspecciones, así como Heliodoro Lozano, director de servicios técnicos. Lozano estuvo seis meses en prisión por su supuesta vinculación con la trama de extorsión que investiga el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona en la concesión de licencias a cambio de diversas cantidades de dinero y está acusado de varios delitos de cohecho y contra la Administración pública.
El ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el distrito, también estuvo en prisión y está acusado de formar parte de esa trama, pero, además, los Mossos consideran que las amenazas sufridas por las tres mujeres responden a una "estrategia de intimidación presuntamente protagonizada" por él. La juez del caso ha avalado la investigación policial y Quílez está siendo investigado también por amenazas o extorsiones.
La tesis de la juez es que Quílez podría haber actuado así al existir sospechas fundadas contra él de que había actuado ilícitamente en la concesión de licencias. La justicia investiga ahora las grabaciones telefónicas realizadas a Quílez y los DVD extraídos del disco duro de su ordenador cuando los Mossos registraron su despacho profesional, el 31 de marzo de 2009.
Las tres mujeres que sufrieron las amenazas ha acudido al juzgado para ejercer la acusación particular en el caso. Su abogado, Lluís Maria Anglada, admite: "amenazar es más sencillo que identificar al autor".Las amenazas a las tres mujeres empezaron en junio de 2008 y la primera que las sufrió fue la arquitecta técnica del distrito de Ciutat Vella, Lourdes Conesa. Fueron llamadas anónimas a su domicilio, hasta que la noche del 18 de julio cogió el teléfono. El mensaje era claro: recomendación de abandonar su cargo público bajo amenazas de que si no, tendría problemas. La mujer acudió a los Mossos y denunció los hechos, pero el caso quedó archivado por falta de autor conocido.
En esas mismas fechas, mantuvo una discusión laboral con el ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el Ayuntamiento y que deambulaba por el distrito como Pedro por su casa, ojeando expedientes de licencias sin estar autorizado para ello. La arquitecta le afeó su conducta y Quílez le respondió: "Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos y si puedo evitarlo, tú nunca serás nadie en este Ayuntamiento".
De las llamadas telefónicas se pasó a las cartas amenazadoras. El 11 de noviembre de 2008, Conesa recibió un sobre en su domicilio que reivindicaba las llamadas, insistiendo en que abandonara el cargo y con una fotografía de su vivienda. Se daba a entender así, dicen los Mossos, que estaba vigilada y que "sería vulnerable en cualquier momento". Por esas fechas, su motocicleta fue manipulada y le extrajeron varios tornillos intencionadamente. El 30 de noviembre de 2008 abandonó el cargo y se marchó a otro distrito. Dos meses después, el 20 de febrero de 2009, recibió la carta de agradecimiento que se transcribe íntegramente en esta página.
Ese mismo día, los autores de las amenazas iniciaron el acoso a la gerente del distrito, Mercè Massa, con una carta muy extensa, de dos páginas, en la que se profieren todo tipo de amenazas de muerte si no abandona el cargo y deja de firmar acuerdos "prevaricadores" referidos a la denegación de licencias. Los Mossos destacan que esas amenazas coinciden en el tiempo con la ausencia de la concejal Itziar González por problemas de salud.
Quienes redactan las amenazas conocen al detalle la vida personal de las mujeres. Se ensañan especialmente con la concejal Itziar González, a la que el 23 de julio de 2009 envían a su domicilio una carta con insultos irreproducibles y hasta regocijándose por el mal momento de salud que pasó. En la carta se habla directamente de "eliminarlas", en alusión a ella y a su "amiga Mercè", en referencia a la gerente. Meses después, González sufrió un robo en su vivienda, los ladrones se llevaron su ordenador. Al final arrojó la toalla, pero fue por el hotel del Palau de la Música, un proyecto que nunca vio bien.
MERCÈ MASSA
Gerente de Ciutat Vella desde la llegada de González, donde prosigue en la actualidad con la concejal Assumpta Escarp. Firmó las resoluciones que intentaron poner orden en el sector de los apartamentos turísticos, negando licencias o exigiendo mejoras para que siguieran funcionando.
ITZIAR GONZÁLEZ
Concejal del distrito de Ciutat Vella entre junio de 2007 y abril de 2010. Arquitecta de profesión, llegó al Ayuntamiento como independiente en las listas del PSC, partido al que se acabó afiliando y en el que no siempre encontró el apoyo que necesitó.
LOURDES CONESA
Arquitecta municipal de Ciutat Vella, cargo que abandonó en febrero de 2009; ahora está destinada en Horta-Guinardó. Declaró a los Mossos que tuvo varios incidentes con el sospechoso Joaquim Quílez, porque este mostró interés por ciertos expedientes.
Las frases amenazadoras
- Carta de agradecimiento recibida el 20 de febrero de 2009 por la arquitecta Lourdes Conesa, tras abandonar el distrito de Ciutat Vella. "Lourdes: como has hecho lo que se te recomendó, el peligro que tenías ha pasado. Puedes andar totalmente tranquila. La justicia se ha cumplido y no te va a ocurrir nada en absoluto. Gracias por tu colaboración. Perdona la demora en contestar. Asociación Justiciera de la comunidad del Raval, GLPSA".
- Carta amenazadora recibida el 20 de febrero de 2009 por la gerente Mercè Massa. "Tienes un problema serio que te puede costar carito... Esto es una recomendación directa, Mercè, no sabes dónde te estás metiendo... Hace tiempo recibiste amenazas por teléfono, te alertaron que te ausentes del distrito o pidas traslado, advertencias que al parecer no te influyeron lo más mínimo. Tú para nosotros en este momento eres como un animal y tenemos una misión que realizar. Entendemos que somos unos hijos de puta, pero ni más ni menos de lo que eres tú, quien la hace la paga".
- Carta amenazadora recibida el 23 de julio de 2009 por Itziar González. "Tus amiguitos, cuando desaparezcas, no te echarán de menos, piensa que todos brindarán con cava... Hay tanta ira hacia ti, que si no fuera por el peligro de ser cogidos los talibanes no estarías aquí... Cuídate lo que puedas, que la enfermedad que tienes está, y a punto de doblarte... La segunda de a bordo, tu amiga Mercè, también va por el mismo camino si no cambias de rumbo creemos también en eliminarte".
* El País - 9.10.10
Foto: Barcelona, ciutat vella - ciudadbarcelona
¿Guarda el fiscal un as en la manga?
LAVERDAD/Murcia* : Como la breve racha de viento que hace temblar las hojas anunciando la tormenta, algo flota en el ambiente, estos días, que apunta a que el 'caso Umbra' contiene una bomba entre esos miles de folios que, a lo largo de cuatro años de secreta investigación, han ido conformando las diligencias judiciales. Realmente, los primeros resultados de esta operación policial, desarrollada el pasado martes por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en absoluto justifican la expectación, incluso nacional, que ha levantado el asunto: sólo tres detenidos, el de mayor calado el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, y una veintena de imputados, entre los que sólo destacan el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper.
Escaso equipaje, y más con la que está cayendo por otros lares -casos Gürtel, Brugal, Matas...- y la que ya ha caído por éstos -casos Tótem, Ninette, Zerrichera, Biblioteca...-, para entender las razones de tamaña atención mediática y popular concentrada sobre el asunto. Y, no sólo eso, para comprender además las causas de la extrema confidencialidad y reserva con que se están llevando las diligencias, que en algunos casos roza la paranoia.
¿Tanto secretismo, tantas precauciones, tantos años de investigación... para 'cobrarse' una pieza menor, como lo sería un edil de Urbanismo, quien además pareció escaparse de rositas este viernes?
La única conclusión lógica que puede extraerse de todo ello es que en el 'caso Umbra', hasta el momento, pesan más las expectativas que los resultados. Que vale más lo que esté por venir que lo que ya se ha conocido. ¿Y eso?
«Pues porque en el foco de la investigación está Nueva Condomina, que para cualquiera que sabe algo de urbanismo en esta región es la madre de todos los escándalos, la madre de todos los negocios y la principal responsable de todo lo que ha ocurrido con el urbanismo regional en la última década», argumenta un letrado, experto en estos asuntos y asesor de un buen número de ayuntamientos populares y socialistas, que considera que «el trato tan favorable que el Ayuntamiento dio a Samper ha condicionado las ulteriores relaciones entre los consistorios y las promotoras».
La manera en que el ex secretario de la Liga de Fútbol Profesional irrumpió en Murcia, en el año 1999, está sobradamente contada, por lo que no merece la pena extenderse demasiado: adquirió por 275 millones de pesetas un Real Murcia en Segunda B y a punto de desaparecer, ofreció al Ayuntamiento construir un campo de fútbol de primera categoría y colocar al equipo en lo más alto del fútbol profesional y, para lograrlo, reclamó el apoyo institucional para un proyecto empresarial -apenas esbozado entonces- que le reportara suficientes plusvalías como para permitirle invertir lo necesario en el club.
«Dos raciones de lo mismo»
La operación urbanística que Samper acabó completando con Nueva Condomina, donde sin apenas jugarse un euro propio logró hacerse con casi un millón de metros cuadrados urbanizables, merece ser estudiada en las universidades, aunque no se explicaría sin la circunstancia excepcional que significa poder presentarse a sí mismo como depositario del sentimiento grana.
Huelga decir que, después de aquello, importantes promotoras con intereses en la zona se dirigieron al Ayuntamiento para pedir dos raciones de lo mismo. De ahí los otros cinco convenios, ahora bajo sospecha, que acabaron firmándose en años sucesivos.
El asunto, con todo, no se quedó ahí. Cuando, además de haberle multiplicado por cuatro el aprovechamiento urbanístico a Nueva Condomina, trascendió que el Consistorio le había perdonado la cesión del 10% a que obliga la ley (40.000 m2 de terreno, valorados en unos 30 millones de euros), y que sólo había acabado reclamándolo a la fuerza, a raíz de una demanda judicial promovida y ganada por terceros, el fiscal jefe, Manuel López Bernal, consideró que tamaña generosidad municipal resultaba ya más que sospechosa y anunció que iba a abrir de oficio diligencias informativas.
Corría el mes de julio de 2006 y dos años más tarde presentaba denuncia en los juzgados. Algo que ahora -otros dos años después- ha trascendido, al desencadenarse la 'Operación Umbra'.
El primer balance del asunto resulta bastante decepcionante. ¿Cuatro años de investigaciones, cientos de horas de grabaciones telefónicas, miles de horas de trabajo de los UCO y de inspectores fiscales, la coordinación personal del caso por parte del fiscal superior... todo eso para llevarse por delante a un gerente de Urbanismo y para que el edil del ramo, Fernando Berberena, el imputado más relevante, salga del juzgado haciendo el signo de la victoria?
«Tiene que haber más, mucho más. De otra forma, no encuentro explicación a lo que se ha hecho hasta ahora», razona un letrado que lleva la defensa de uno de los imputados. A lo que un compañero suyo añade: «Creo de que el fiscal jefe está convencido que tiene en sus manos la madre de todos los casos de corrupción, aunque hasta el momento se ha cuidado mucho de mostrar sus ases».
Y sostiene un tercero: «Este asunto viene con sorpresa. Seguro. Yo creo que al final saldrá algo grande. Y que el fiscal jefe acabará en esa ocasión por poner la Región entera patas arriba, o le tocará marcharse a su casa».
* La Verdad - 10.10.10
Foto: Murcia no se Vende, pancarta - murcianosevende
Labros.- ¿Otro desaguisado?
ANDRÉS BERLANGA/Guadalajara* : Quede constancia escrita: se va a cometer un desaguisado. El lugar se llama Labros, un pueblo tendido al sol en la ladera de un cerro, en la paramera de Molina de Aragón; el lugar de ‘los cielos más limpios de todas las Españas”, en palabras de Serrano Belinchón. Allí habían conseguido que la torre desmochada (siglo XVI) -que apenaba el ánimo nada mas verla- se restaurara al fin, igual que su arco románico (siglo XII). Y también impidieron que el sabinar que abraza al pueblo fuera arrasado hace ocho años. Al pie de ese pueblo está la Plaza, con tres edificios peculiares uno al lado del otro: lo que fue Biblioteca (la única antes de la Guerra Civil en muchas leguas a la redonda), la Carnicería comunal y la Fragua. Los tres escalonados edificios forman un conjunto de una planta, con tejados de teja árabe. Y delante de la fragua está el porche (allí llamado Portegao), con soportes de piedra para los pilares añosos de sabina, donde aún perduran incrustadas las cabezas de los clavos que el herrero fabricaba hace muchos, muchos años. Todo eso va a ser destruido.
Poco importa que una y otra vez Labros aparezca en los libros como un ejemplo. Bajo ese tinado, abierto a los cierzos, y también dentro, entre paredes donde cuelga la memoria de lo que fue un pueblo campesino (arados, colleras, colmenas de vaso, hoces o zoquetas, serones, albardas, cedazos… donados por los labreños) se celebran reuniones comunitarias, fraternas, donde cada cual aporta lo que puede. La vieja fragua, cedida por el Ayuntamiento, se restauró por cuenta de la Asociación de Amigos de Labros como Centro Cívico en 1983. Es una seña de identidad más en “el conjunto del pueblo, que ofrece una buena imagen”, según el último estudio aparecido en el libro Arquitectura popular de Tierra Molina, donde se reproduce precisamente (pag. 231) la fotografía de ese Portegao, como testimonio de la cultura tradicional.
Si se precisan espacios más amplios o más nuevos o con otras finalidades, ¿por qué no acondicionar el interior, sin tocar su exterior, su estructura, sus materiales, su volumen; es decir, lo que ha sido un patrimonio secular, bello, irrepetible en la cultura rural, tan sabia como humilde? Si se necesita levantar un local de nueva planta, ¿por qué no hacerlo en un solar o en cualquiera de las casas a medio hundir o donde no sea un atentado ?
¿En qué cabeza cabe que todo ese patrimonio de la arquitectura popular de siglos se vaya a destruir, para después sustituirlo por no se sabe qué? ¿Hay que resignarse? Quizás sí. O quizás no. ¿No hay nadie ahí que ponga cordura? ¿Es el propio Ayuntamiento quien quiere acabar con todo esto?
Por si acaso, quien quiera contemplar lo que el libro citado califica de ‘pequeño pueblo, armonioso en su conjunto’ que acuda hoy mismo, o mañana. Porque pasado mañana puede ser ya demasiado tarde.
* Nueva Alcarria - Opinión - 10.07.10
Vigo.- El fiscal pedirá que Porro siga imputada por prevaricación
ELPAÍS* : La Fiscalía de Pontevedra recurrirá el auto de sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta por un posible delito de prevaricación contra la presidenta de la Autoridad Portuaria de Vigo, Corina Porro, el director del Puerto, Luis Lara Rubido, y el representante de Puertos del Estado en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, en relación con las obras de relleno del muelle vigués del Areal, actualmente en ejecución.
La imputación a las tres autoridades citadas de presunta prevaricación la fundamentó en su momento la Fiscalía en que las mismas habían promovido la realización de las obras del Areal siendo conocedoras de la inexistencia del Plan de Utilización de los Espacios Portuarios y del Plan Director de Infraestructuras, preceptivos ambos para llevarlas a cabo. El juzgado de Vigo que instruye las diligencias levantó provisionalmente la imputación en un auto conocido el martes y que recogía los argumentos de la Abogacía del Estado contra la imputación de las citadas autoridades.
A raíz del auto judicial, los dirigentes del PP reclamaron al alcalde de Vigo, Abel Caballero, y a otros socialistas que pidieran disculpas a Porro por el uso político que habían hecho de su imputación, al entender que se había archivado definitivamente. El recurso de la Fiscalía, sin prejuzgar sus resultados, la mantendrá aún abierta.
* El País - 9.10.10
Foto: Vigo, derribo en el Puerto - farodevigo.es
"¿Quién es el comisario malayo?"
MÁLAGAHOY/Marbella* : El comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, se querellará contra el abogado del constructor Rafael Gómez, procesado en el caso Malaya, Antonio Urdiales, que el miércoles relacionó al mando policial con unos supuestos sobornos pagados por el cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Así lo aseguraron fuentes policiales, que explicaron que el jefe de la Policía Judicial decidió presentar una querella por calumnias contra el abogado Antonio Urdiales. El letrado aseguró el miércoles en la vista del juicio por el caso Malaya que Juan Antonio González podría estar tras las siglas "J. A. G." halladas en documentos de Roca, en los que se detallan pagos y sobornos.
La caja de truenos abierta por el abogado también provocó que el portavoz del PP en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, exigiera que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aclaren "inmediatamente" si el jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, cobró sobornos de Juan Antonio Roca, imputado en el caso Malaya. El abogado de uno de los acusados en el caso Malaya solicitó al tribunal que indagara la vinculación entre Roca y un responsable policial -cuya iniciales J. A. G. ligó a Juan Antonio González-, al que supuestamente habría entregado 200.000 euros en sobornos.
"Rubalcaba y De la Vega deben dar explicaciones urgentes sobre la veracidad de esos hechos y de las investigaciones para determinar a quien corresponden las iniciales de ese alto cargo policial que se habría prestado, al parecer, al cobro de un soborno", declaró Hernando a Europa Press. Si no lo hacen, advirtió, su partido llevará este tema al Congreso de los Diputados.
El diputado del PP recalcó que "resulta urgente e imprescindible" saber "quién es el comisario malayo", así como conocer "qué ha hecho el Ministerio del Interior para desenmascarar o encubrir al mismo a estos altos precios". Hernando recordó que las iniciales se están atribuyendo al jefe de la Policía Judicial, Juan Antonio González, quien, según dijo, "pertenece a la camarilla político-judicial del sector Rubalcaba". Es más, recordó que hace unas semanas este comisario "daba unas instrucciones a todas las comisarías del país con el objetivo de controlar cualquier investigación sobre corrupción que se realice en España para darle un tratamiento especial". El diputado del PP criticó asimismo que el mismo día que aparecían estas informaciones la vicepresidenta del Gobierno prometía "tolerancia cero" contra la corrupción, durante la inauguración de Ágora, América Latina 2010. "El cinismo de Fernández de la Vega resulta insultante", resaltó.
Finalmente, aprovechó para reprochar a De la Vega que "aún no haya informado de los regalos que ha recibido en los últimos años". "Se ha negado de forma pertinaz y cuando uno habla de transparencia tiene que predicar con el ejemplo", concluyó. Por su parte, el presidente del PP-A, Javier Arenas, abogó por que todo lo que se recupere en relación con el caso Malaya "vaya al sitio de donde salió, que es Marbella"; por que se asuman responsabilidades políticas, y por que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dé las correspondientes explicaciones. A su juicio, el vicepresidente tercero del Ejecutivo, Manuel Chaves, cuando era presidente de la Junta, y el propio Gobierno andaluz "miraron durante un montón de años para otro lado y tenían todas las competencias para haber intervenido".
Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, enmarcó las declaraciones efectuadas por Arenas en la "campaña de insidias e intoxicaciones emprendida contra el Gobierno andaluz por el PP, que no sólo quiere jugar a la confusión y manchar la gestión realizada por la Junta de Andalucía, sino manchar la honorabilidad de políticos honrados y diligentes en su gestión", como es el caso del ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien Arenas pidió que explicara la supuesta vinculación de un cargo policial con la trama del caso Malaya que los tribunales investigan en Marbella.
La dirigente andaluza afirma en un comunicado que fue la Junta de Andalucía la que interpuso más de 400 impugnaciones a convenios y decisiones urbanísticas del Ayuntamiento de Marbella y que la Justicia "no aceptó la petición de medidas cautelares para paralizarlas", al tiempo que subrayó que fueron los socialistas quienes tomaron cartas en el asunto en la lucha contra la corrupción en Marbella al acordar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la petición de solicitar al Consejo de Ministros la disolución del Consistorio Marbellí, una decisión que llevó a término el Gobierno de Zapatero "después de que el propio Arenas se opusiese a ello en 2003 cuando era ministro de Administraciones Públicas".
* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El Consell otorgaba subvenciones a las ONG que el entramado señalaba
LEVANTE/Valencia* : Como un departamento más de la Consellería de Solidaridad y Ciudadanía. Así funcionaba la fundación Solidaria Entre Pueblos, la matriz del entramado de fundaciones y ONG que recibió más de 4.368.632 de euros en subvenciones para el tercer mundo y que dirigió hasta 1,4 millones de euros a empresas de la propiedad de sus dirigentes. Según los documentos a los que ha tenido acceso Levante-EMV, la relación era tan estrecha que las organizaciones que eran tocadas por la varita mágica de Solidaria Entre Pueblos, previo consejo del personal de la Consellería de Solidaridad, acabaron recibiendo subvenciones y convenios de la Generalitat, en algunos casos otorgadas a dedo.
Ese fue el caso, por ejemplo, de la fundación del jugador del Villarreal CF, Marcos Senna, que lleva el mismo nombre. Una persona del gabinete del conseller Blasco recomendó en el mes de enero a la Fundación Solidaria Entre Pueblos que contactara con la de jugador brasileño. Meses después, en la presentación de los presupuestos de 2010, la Generalitat le otorgaba 200.000 euros de los proyectos de libre designación.
Y eso que la fundación Marcos Senna no tenía ninguna experiencia, puesto que se había constituido en noviembre de 2008, ni siquiera un año antes de que se le concediera la subvención. Eso sí, el conseller Rafael Blasco se volcó con esta entidad al 100%, con varias visitas y un reportaje televisivo emitido en los Informativos de Canal 9, la conocida como Noticia Solidaria, por la que paga al ente 100.000 euros al año. La foto con el jugador de moda del equipo amarillo en aquella época es un bien que el político que se precie no debía desestimar.
Pero desde la Conselleria de Solidaridad no sólo se recomendaban ONG, si no que también sugería con quién no se debía tener contactos. Según la documentación que obra en poder de este periódico, la Fundación Solidaria Entre Pueblos no contactó ni hizo nada por la Asociación Corazón Abierto y Asinav pese a "estar el proyecto preparado". Al parecer los primeros contactos no fueron muy fructíferos.
Otra recomendación realizada desde personal de confianza del conseller Blasco fue con la Federación de Asociaciones de Solidaridad con el Pueblo Saharaui (FASPS). En enero urgían a la Fundación Solidaria Entre Pueblos a que contactaran con esta organización porque era interesante, ya que tenían un proyecto de 16 viviendas en el Sahara.
Días después, la matriz de la trama generaba una factura proforma para la FASPS de 6.500 euros por la "Redacción del Informe de evaluación final de la implantación de un proyecto de 2ª Fase del Barrio de la Solidaridad. 16 viviendas". Desde la Consellería recordaban a su contacto en Solidaria Entre Pueblos que con esta federación "se podrían hacer cosas muy interesantes a medio y largo plazo".
Pero la relación fluida entre la Fundación Solidaria Entre Pueblos y su enlace en la Consellería de Solidaridad iba mucho más allá. No era extraño que esta persona se pasara por la oficina de la fundación en la calle San Vicente número 16 de Valencia.
Además, la marcha del trabajo de la matriz del entramado también preocupaba en el seno de la Conselleria. Tanto, que solicitaban a Entre Pueblos los listados de los proyectos e incluso les ayudaban a subsanar algún escrito. Una relación más que estrecha con una fundación supuestamente desligada del Consell.
* Levante - 9.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
Murcia.- La cifra de imputados en el caso de corrupción se eleva ya a veinte
LAVERDAD* : Crece el número de imputados y aumenta el número de delitos por los que, según va trascendiendo, están abiertas las diligencias del 'caso Umbra'. Fuentes próximas a este asunto han confirmado que, al margen de los tres detenidos y siete sospechosos que se ha publicado que están inmersos en el asunto, hay otros diez imputados más que están en la diana de los investigadores. Hasta el momento habia trascendido que, además de los tres arrestados, se encuentran imputados el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena; el empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper; la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno Local y esposa del Gerente de Urbanismo, María Isabel Fernández; el ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, y su mujer, Sandra de la Puente, y el constructor Francisco Arqués.
Por lo que se refiere a los presuntos delitos que se investigan, habían trascendido los de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho y negociaciones prohibidas a los funcionarios, pero el espectro es más amplio: prevaricación, falsedad en documento público, delito contra la Hacienda Pública...
Entre los diez nuevos imputados, que serán llamados a prestar declaración en los próximos días y cuyas identidades no han trascendido, se encuentran empresarios dedicados a la promoción urbanística y varios cargos públicos, según las citadas fuentes.
Todo apunta a que la toma de manifestaciones se va a prolongar durante varias semanas. Por otro lado, en ámbitos próximos a la investigación no se descarta que a medio plazo pueda desencadenarse una nueva redada de la Unidad Central Operativa (UCO).
* La Verdad - 8.10.10
Foto: Murcia - vegamediapress.com
Marbella.- El hombre que sabía corromper
ELPAÍS/Reportaje* : Una calle de Marbella. El policía municipal ordena detener el vehículo, cuyo conductor ha realizado una maniobra prohibida. La multa correspondiente se paga con fondos reservados del Ministerio del Interior unos días después. El coche es de alquiler para no levantar sospechas. El infractor es un policía nacional que evita identificarse como tal. Nunca se habían extremado tanto las precauciones para investigar a un hombre y su círculo de intereses. Ni siquiera las más altas autoridades policiales de Málaga están al tanto de lo que se está cociendo: agentes llegados desde Madrid, que viven en pisos francos y evitan pisar una comisaría, vigilan cada movimiento de un empleado municipal de Marbella llamado Juan Antonio Roca.
Roca no es un asalariado cualquiera. Ni siquiera es un gerente de Urbanismo cualquiera. En ese invierno de 2005, Roca es el hombre más importante de Marbella. "Tengo todo el poder", se atreve a confesarle a un abogado. "El Ayuntamiento soy yo", dice.
Casi cinco años después, Roca es memoria viva del principal caso de corrupción urbanística conocido en España. Mañana está previsto que comience el juicio del caso Malaya. Será el mayor celebrado hasta la fecha, con 95 acusados en el banquillo y un sumario de 200.000 folios ordenados en 196 tomos. Muchas son las voces que pronostican la dificultad de gobernar un juicio semejante, que puede alargarse más de un año. Marbella exportó un modelo de urbanismo en el que arraigaron el cohecho y la prevaricación. Y su gestor fue Roca. Desde entonces hasta hoy, numerosos casos de corrupción salpican España.
»EL DESPACHO DE ROCA. El centro del poder. Es una habitación amplia, funcional, al fondo de la sede de Planeamiento 2000, SL, la empresa municipal que gestiona el urbanismo de la ciudad, en la avenida de Ricardo Soriano, la principal arteria de Marbella. La oficina tiene dos puertas. Una comunica con la antesala donde trabajan sus secretarias. La otra conecta directamente con el exterior. Es una salida discreta, reservada para las visitas que no deben pasar por el acceso principal. Sobre la mesa, Roca llega a tener alineados hasta nueve teléfonos móviles. Algunos se los ha facilitado su asesor de seguridad, Jaime Hachuel Fernández, apodado El Coronel, según algunas fuentes un antiguo miembro del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Uno de los terminales es un modelo inglés que utiliza una línea cifrada para evitar que alguien pueda interferir sus comunicaciones, pero Roca no tiene suerte en ese aspecto: a veces, su interlocutor se olvida de apretar un determinado botón, el sistema no funciona, y la conversación puede ser escuchada.
Demasiada gente llama a Roca a su despacho. Por cualquier motivo, no solo para pedir dinero. Le telefonean incluso para pedirle permiso para intervenir en un programa de televisión, para recibir instrucciones sobre lo que hay que decir sobre la situación en Marbella. Son frecuentes las llamadas del jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Posiblemente le informó de que sus hombres habían detectado dos coches camuflados de la Policía Nacional cerca de su domicilio. Para eso necesitaba nueve teléfonos móviles: nada importante pasaba en Marbella sin su conocimiento. "Cada uno tiene su función", llegó a explicarle a un empresario.
Tiempo atrás, la policía trató de convertir a Roca en confidente. Su colaboración era fundamental para investigar al alcalde Jesús Gil, que había fundado un partido (Grupo Independiente Liberal, con las siglas de su apellido) cuyo objetivo no era otro que trasladar el modelo implantado en Marbella a otros lugares de la costa, dos de ellos tan sensibles como Ceuta y Melilla. Y Gil estaba teniendo éxito. Roca colaboró un tiempo. No mucho. Luego lo dejó. Se sintió más cómodo colaborando con dos funcionarios del CNI que se hacían llamar Tomás e Ignacio. Esa información llegó a oídos del juez Miguel Ángel Torres: en todo caso, fue determinante para que se adoptaran por parte de la Policía precauciones excepcionales en la investigación. Quizás Roca pensaba que con el CNI estaría más protegido, que podía gozar de mayor inmunidad y seguir incrementando su riqueza a costa del patrimonio de Marbella. Estaba seguro de que alguien le avisaría de cualquier contrariedad.
La Operación Malaya no nació por casualidad. Formalmente, todo empezó el 13 de octubre de 2005, cuando Jorge González, un funcionario marginado de sus funciones como jefe del servicio jurídico de Urbanismo de Marbella, acudió a testificar sobre unas irregularidades en las obras del hotel Guadalpín. En un momento dado, González habló de Roca y explicó que "actuaba como si fuera el alcalde en los temas urbanísticos". "Es la persona que decide absolutamente", dijo. Y añadió que en Marbella se cumplía "al 99%" todo lo que decidía Roca. Al final de su testimonio, González advirtió que temía que pudiera sucederle algo después de lo que había declarado. Para el joven juez Torres, que había adquirido cierta notoriedad en la investigación de la Operación Ballena Blanca, donde afloraron algunas cosas que estaban sucediendo en Marbella, ese testimonio fue suficiente para abrir unas diligencias y judicializar una investigación que llevaba unos meses esperando una oportunidad. En términos policiales, se había realizado un trabajo de "inteligencia" previo a la puesta en marcha de la operación. Lo que no sospechaba Torres era que uno de sus compañeros, con quien comentaba algunos casos y con quien había compartido piso meses atrás, el juez Francisco Javier de Urquía, había recibido presuntamente dinero de Roca para comprarse un piso.
Sin esa información previa, la Operación Malaya quizás habría sido un fracaso. Aún hoy, pocos se han preguntado cómo una investigación que provocó más de cien detenciones y un auténtico terremoto en la Costa del Sol se fraguó en tan solo cinco meses, un tiempo récord para una operación de tanta envergadura. Sin esa información previa, sin esa inteligencia preliminar, no habría sido posible.
La estrategia se diseñó desde Madrid. Se formó un equipo entre la Policía, la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción. Se incorporó al equipo a los mejores expertos policiales en blanqueo de capitales y esos no eran otros que quienes habían trabajado en su día contra los narcotraficantes gallegos. Se dispuso un reparto de tareas muy estricto: todas las labores de vigilancia se realizarían desde Madrid, con policías enviados desde la capital, con coches alquilados para no levantar sospechas una vez que se detectó que la Policía Local de Marbella hacía labores de contravigilancia en favor de Roca. Se alquilaron pisos francos, se constituyeron empresas pantalla para dar cobertura al trabajo de algunos agentes, se evitó acudir a las notarías de la Costa del Sol o a los registros de la propiedad para no levantar sospechas. Solo un pequeño grupo de agentes de Málaga, al mando de un comisario, investigaría el patrimonio de Roca en la Costa del Sol, pero no se informó de ello a las altas instancias policiales de la provincia.
Y a pesar de todo ello, cuando fueron a detener a Roca a su domicilio, este no se sintió sorprendido. "Les estaba esperando", dijo a los agentes. En su casa de Murcia, a donde se desplazaba con frecuencia en helicóptero, no encontraron un solo papel. Una de sus secretarias, Ainoa C. G., en una declaración posterior ante el juez, dijo: "A partir de noviembre de 2005,
cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalia y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".
Roca tuvo la certeza de que le estaban investigando. Quizás pensó que no llegarían tan lejos. O estaba convencido de que funcionaría la "protección".
»LA ALCALDÍA. No es acorde con el presunto glamour de Marbella. Decoración descuidada, no exenta de un toque de austeridad. No es un espacio generoso. Una mesa de madera noble con un sillón a juego preside la estancia. A la izquierda, un tresillo en tonos amarillos algo desgastado. Así era en el invierno de 2005. En realidad, nunca fue el centro del poder municipal. Gil gobernó casi siempre desde la sede del Club Financiero Inmobiliario, una empresa de su propiedad. Cuando hubo de abandonar la alcaldía en 2003, el despacho lo ocupó Julián Muñoz, un concejal que en tiempos fue camarero y regentó algún negocio de hostelería. Julián Muñoz hizo carrera en la prensa rosa tras un romance con la tonadillera Isabel Pantoja. Ganó las elecciones por mayoría absoluta y, desde ese momento, comenzó a tener ideas propias en materia de urbanismo, aconsejado por la cantante, según fuentes políticas. Muñoz se atrevió a destituir a Roca. Sobre su mesa de la alcaldía tenía una foto de su nieto y otra de Isabel Pantoja.
Pero el poder siguió en manos de Roca y la noche del 31 de julio de 2005 una moción de censura acabó con el Gobierno de Muñoz. Nunca hubo duda de que Roca movió todos los hilos para colocar a Marisol Yagüe, ex cantante rociera, como alcaldesa, y asegurarse el respaldo de Isabel García Marcos, la cabeza de lista del PSOE, nombrada teniente de alcalde. Para entonces, los deseos de enriquecimiento de los ediles superaban toda prudencia.
"Roca se reunía todos los lunes y los martes con la alcaldesa y el resto de concejales", explicó ante el juez otra de sus secretarias, María José L. H. "Él nunca se desplazaba a ver a nadie, pero cuando llamaba a la alcaldesa, a algún concejal o al jefe de la Policía Local venían inmediatamente a despachar con él. Roca no recibe en ningún caso instrucciones de los concejales. Más bien creo que es al contrario".
En las semanas previas al despliegue policial, el ambiente político en la ciudad estaba muy cargado. La entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, que suplía su incapacidad de gestión con altas dosis de populismo, había sido denunciada por impago por un constructor que había reformado su chalé, La Madrugada. El constructor, Alberto Piñana, había contado al juez que la regidora le debía cerca de 950.000 euros por las obras -que incluyeron, según él, tirar y levantar el mismo tabique una decena de veces- y que Yagüe había tratado de abonar los trabajos con fondos municipales. La publicación de este escándalo alarmó a Roca, que ya sospechaba que la Policía andaba tras sus pasos. En una conversación telefónica incluida en el sumario, Roca le confiaba al entonces jefe de la Policía Local, Rafael del Pozo: "Es que yo no sé cómo esta chica... Yo voy a hablar muy seriamente con ella".
Otros concejales tenían conciencia de que sus días felices estaban contados. El 3 de enero de 2006, el concejal de Tráfico, Victoriano Rodríguez, ya fallecido, hablaba con el empresario de grúas Ismael Pérez Peña, con quien supuestamente amañaba el contrato de retirada de vehículos al depósito municipal:
-Vamos primero a lo de la grúa, a dejarlo bien, y después a por el dinero, que esto se acaba.
-Ya. Coger pisos o lo que sea.
-Lo que te den. Coge lo que te den, que esto se acaba, Ismael. Lo que tienes que hacer es coger pisos donde sea porque lo puedes hacer calderilla.
La ex socialista Isabel García Marcos, otrora azote de los gilistas, y que se pasó con armas y bagajes al lado oscuro tras la moción de censura que derrocó a Julián Muñoz, también dejó su frase para la historia de la corrupción. El 24 de febrero de 2006 García Marcos hablaba con el también edil José Jaén sobre el proyecto de unos empresarios para levantar una residencia de ancianos de lujo en Marbella: "Quiero cobrar provisión de gastos, porque si no, no trabajo; quiero cobrar el ítem uno, quiero cobrarlo porque nada más sobre el papel yo genero una plusvalía muy importante (...) No muevo un papel, no muevo nada, ni siquiera me pongo a leer si no tengo dinero".
Apenas un mes después de que los policías grabaran esta jugosa conversación, se inició la primera fase de la Operación Malaya. Para detener a la teniente de alcalde García Marcos los agentes tuvieron que esperar un par de días a que regresara de su luna de miel en Rusia. Sin embargo, la espera mereció la pena: en su domicilio, en el barrio de El Limonar, en Málaga, los agentes hallaron 378.000 euros en billetes de 500. "Es el fruto de mi trabajo, una herencia de mi padre y mis regalos de boda", afirmó.
De nada habían servido los consejos de Roca a los concejales sobre la necesidad de no hablar de ciertas cosas por teléfono.
Para entonces, el ayuntamiento de Marbella había llegado al paroxismo. Existía el grupo mixto A, el B, el C, el D, el PSOE, el PP, el Grupo Socialista y el PA: 17 de los 27 concejales estaban imputados en diferentes causas. Desde 1991, ocho concejales y el alcalde Gil fueron condenados por causas relacionadas con la corrupción. Cuando se destapó finalmente la operación y se practicaron las primeras detenciones, el Consejo de Ministros tuvo que intervenir el 6 de abril de 2006 el Ayuntamiento y colocar una junta gestora que presidió el abogado Diego Martín Reyes, ocupante también de aquel despacho de la alcaldía. Martín Reyes todavía recuerda que se encontró con un Ayuntamiento que "tenía unos ingresos corrientes de 300.000 euros y unos gastos de 13 millones".
»EL TRIÁNGULO DE CORULLA EN MADRID. La sede del bufete de Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, en la calle de Fernando VI. No muy lejos, dos oficinas más, una en la calle del Príncipe de Vergara, 47, la otra a un centenar de metros, en Goya, 59. Ese era el triángulo en el que se movía Montserrat Corulla, una joven y ambiciosa abogada que administraba algunas sociedades,entre ellas, Condeor. Si el poder político de Roca estaba en Marbella, su poder económico lo tenía desplazado en Madrid. A efectos fiscales, Roca era un empleado del Ayuntamiento con un sueldo de gerente y una sola cuenta corriente, cuyos gastos se limitaban a pagar el colegio de su hija. No había otra propiedad a su nombre. Los intereses de Roca fuera de España los llevaba, según el fiscal, el abogado marbellí Juan Germán Hoffmann.
Los abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor gestionaban las sociedades bajo las que Roca supuestamente ocultó su patrimonio, y la red de presuntos testaferros que figuraban como administradores del entramado mercantil. El fiscal atribuye al ex asesor urbanístico inversiones por 136 millones de euros en inmuebles: sus adquisiciones principales son una finca de 130 hectáreas en San Roque (Cádiz), llamada La Morisca; otra en Marbella, bautizada como La Caridad; los palacios de Saldaña, Villagonzalo y de Tepa (en Madrid); hoteles en El Rocío (Huelva) y Los Alcázares (Murcia), y pisos y chalés en Marbella, Sevilla, Sotogrande y Baleares. También adquirió obras de arte y objetos de lujo por valor de 27 millones y gastó otros 31 millones en reformar y amueblar sus viviendas.
Montserrat Corulla gestionaba parte de ese capital y ello le permitió llevar un alto nivel de vida. Una mujer guapa y elegante que se movía bien en despachos oficiales. Se hizo popular cuando durante la pasada campaña electoral, el hoy ministro Miguel Sebastián, entonces candidato socialista a la alcaldía, interpeló al alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. Para entonces, Corulla había tenido una experiencia dramática: había pasado varios meses en prisión preventiva por el caso Malaya. Ahora, su defensa la presenta como una mujer engañada por Roca, cuya firma fue falsificada en muchos documentos mercantiles.
La policía está convencida de que Roca nunca sospechó que habían conseguido desentrañar su red madrileña. Esa fue su sorpresa. Desde allí operaban más de cien sociedades que gestionaban sus recursos, una minucia al lado de las que operaban alrededor de Maras Asesores, su otro despacho en Marbella, un sexto piso en un inmueble apenas unos metros próximo a la sede de Planeamiento 2000. La información obtenida en Maras Asesores fue incompleta porque Roca había decidido ir destruyendo pruebas, pero, con el paso de los meses, la Policía halló una pista clave en ese despacho. Entre los papeles incautados al economista Salvador Gardoqui, supuesto contable de las empresas de Roca en Marbella, había un lápiz informático de memoria. Los agentes lo enchufaron al ordenador. Al ver su contenido entendieron por qué Gardoqui era el detenido que parecía más abatido moralmente. Allí estaba toda la contabilidad de sobornos de Roca, "una ganga para la investigación", según el fiscal Juan Carlos López Caballero.
Las hojas de Excel de Gardoqui, que tenía su despacho junto al de Roca en la oficina de Maras Asesores, explicaban todo el circuito del dinero. Supuestamente, empresarios con intereses en la ciudad pagaban fuertes cantidades a Roca a cambio de recalificaciones de parcelas, aumentos de edificabilidad, ventas de terrenos municipales a buen precio. Otros buscaban prebendas no estrictamente urbanísticas, como la concesión de la grúa municipal, un negocio que se ha demostrado muy lucrativo, o la estación de autobuses. Por las hojas de cálculo comenzaron a desfilar nombres e iniciales de los promotores más potentes de Andalucía: José Ávila Rojas, Tomás Olivo, Rafael Gómez, Sandokán, Aifos... Todos ellos iban asociados a "aportaciones" en metálico.
Roca se embolsaba la mayor parte del soborno, según algunas fuentes el 35%, y repartía el resto entre los concejales del equipo de gobierno encargados de dar el visto bueno político a decisiones contrarias al planeamiento urbanístico vigente en la ciudad. Las tarifas de los ediles variaban en función de su rango en el Consistorio; y las entregas de dinero negro, en ocasiones de hasta un millón de euros, se fraccionaban por cada acto administrativo necesario para la edificación: una parte a la firma del convenio urbanístico que permitía modificar el planeamiento, otra con la licencia de obras, y la última cuando la construcción estaba terminada. El fiscal calcula que los 19 empresarios procesados aportaron a la "caja única" de Roca un total de 33,3 millones de euros.
»CIUDAD DE LA JUSTICIA EN MÁLAGA. La vista oral más poblada de la historia judicial española arrancará mañana en la Audiencia Provincial de Málaga con un procesado protagonista, el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, y otros 94 acusados más o menos secundarios, entre ellos, los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe o la ex teniente de alcalde Isabel García Marcos. El banquillo se completa con una ristra de concejales rasos, abogados, promotores, economistas, marchantes de arte y demás personajes en los que Roca se apoyó para, supuestamente, amasar y blanquear una fortuna que la Fiscalía cifra en 245,1 millones. Presidirá el juicio el magistrado José Godino Izquierdo, un hombre apacible y sonriente de 58 años, que se enfrenta al hecho más relevante en sus 27 años de carrera.
El juicio, para el que están acreditados 300 periodistas, arrancará con el estudio, durante un mes, de las llamadas cuestiones previas. Entre ellas, las presentadas por Roca, quien ha cambiado de abogado porque, al parecer, no podía abonar su minuta. ¿Una táctica dilatoria más? Hay especulaciones de todo tipo, entre ellas las de quienes opinan que lo más rentable para él sería negociar con la Fiscalía y decir la verdad. "Para él hay solicitada una pena de 30 años. Puede negociar una considerable rebaja y dejar el juicio resuelto. Ya lo hizo con el juez Urquía: confesó haberle prestado dinero", comenta uno de los investigadores del caso.
La información que poseía Roca se ha convertido en una leyenda urbana en Marbella. No es de extrañar siendo como fue el hombre cuya palabra se convirtió en ley, el gerente que puso y quitó alcaldes, el alto funcionario a quien todo el mundo pedía consejo hasta para saber qué es lo que tenía que decir en público. Todavía hoy en día, hay personas que especulan con la identidad de ciertas iniciales y cifras manuscritas en algunos de sus cuadernos de notas. Roca tuvo entre sus habilidades la capacidad de ponerle precio a la voluntad de muchas personas en la ciudad. Ha sido guardián de muchos secretos de Marbella. Y hay quien sostiene que el día que hable temblarán los cimientos de Andalucía".
Los implicados
-»JUAN ANTONIO ROCA NICOLÁS. Cartagena (Murcia), 1953. Es el supuesto cerebro de la corrupción en Marbella. El fiscal pide para él 30 años de prisión y 810 millones de euros de multa por blanqueo, prevaricación administrativa, malversación, fraude y cohecho. Es el único acusado que está en prisión, desde 2006, condenado por el 'caso Saqueo'. Su esposa y su hija también están acusadas.
»MARISOL YAGÜE REYES. La Línea de la Concepción (Cádiz), 1954. Alcaldesa de Marbella entre agosto de 2003 y marzo de 2006. Según el juez instructor, Miguel Ángel Torres, era una simple "marioneta" en manos de Roca. Tras seis meses en prisión preventiva, abrió un tablao flamenco. Piden para ella 20 años de cárcel.
»ISABEL GARCÍA MARCOS. Salamanca, 1954. Ex teniente de alcalde expulsada del PSOE por apoyar la moción de censura contra Julián Muñoz. Al salir de la cárcel retomó su puesto de inspectora médica de la Junta de Andalucía. Se enfrenta a 12 años de prisión.
»JULIÁN MUÑOZ PALOMO. Arenal (Ávila), 1947. Ex alcalde de Marbella con el GIL. Implicado en medio centenar de causas por delito urbanístico. El fiscal le reclama 10 años de cárcel y 400.000 euros de multa.
»PEDRO ROMÁN ZURDO. Salamanca, 1942. Ex teniente de alcalde, considerado "la sonrisa del gilismo". Defraudó a Hacienda 2,4 millones de euros. Le piden 21 años de cárcel.
»MANUEL S. ZUBIZARRETA. Segovia, 1944. Jefe de los abogados que gestionaban las sociedades tras las que Roca ocultaba su patrimonio. En su despacho se encontraron 800.000 euros en metálico. Se enfrenta a seis años de cárcel por blanqueo.
»JESÚS RUIZ CASADO. Talveila (Soria), 1959. Dueño de la promotora Aifos, una de las más potentes de Andalucía antes de la crisis. Se le acusa de dar a Roca 4,8 millones de euros a cambio de favores urbanísticos. El fiscal pide para él seis años de cárcel.
»JOSÉ ÁVILA ROJAS. Granada, 1943. Constructor. Su empresa pagó en diversas entregas cinco millones de euros a Roca. Piden para él 10 años de cárcel y 55 millones de multa por cohecho y blanqueo de capitales.
La Pantoja, el juez Urquía y los 30 hijos del 'caso Malaya'
Los investigadores del caso Malaya encontraron un hilo de corrupción mucho más largo del que se podía abarcar en un único sumario, por grande que este fuera. Los dos jueces instructores de la causa, Miguel Ángel Torres y Óscar Pérez, apoyados por el fiscal Juan Carlos López Caballero, realizaron una labor de minería y clasificación del material que ha dado origen a 30 procedimientos nuevos. Estos casos se desgajaron de la causa principal, cuyo juicio arranca mañana en Málaga, para no hacer eterna la instrucción que ha llevado más de cuatro años.
La mayoría de las causas pendientes, que la Audiencia Provincial de Málaga ha aceptado investigar, corresponden a supuestos delitos de blanqueo de capitales y a resoluciones administrativas del Ayuntamiento de Marbella que favorecen a los empresarios que pagaron sobornos al ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca Nicolás.
Sin embargo, la pieza malaya más conocida popularmente, y que la prensa del corazón ha identificado sistemáticamente con la causa principal sin pertenecer a ella, son las diligencias previas 3.517/07. Bajo este número figura la investigación por blanqueo de capitales contra la cantante Isabel Pantoja, para quien el fiscal pide tres años y medio de prisión.
El 2 de mayo de 2007, en una operación televisada casi en directo pese a las prevenciones policiales, la tonadillera fue detenida. Los documentos incautados en julio de 2006 a su anterior pareja, el ex alcalde Julián Muñoz, acabaron salpicando gravemente a la artista. Según la Fiscalía, Pantoja hizo pasar como suyos 1,8 millones de euros que supuestamente había recibido su ex novio como sobornos de promotores.
En su escrito, el fiscal López Caballero explica que entre 1991 y 2003, años en los que fue concejal y alcalde del Grupo Independiente Liberal (GIL), amasó una fortuna ilícita de 3,5 millones de euros. Según los cálculos del ministerio público, el ex alcalde y su familia gastaron al menos 310.051 euros más de los que consiguieron ganar de forma legal, como las rentas del trabajo.
El ex regidor se apoyó en su popular novia para ocultar el dinero. Entre otras operaciones, una sociedad de Pantoja, Franbel Artis, adquirió un apartamento en el famoso hotel Guadalpín de Marbella, propiedad del grupo Aifos. Sin embargo, en la investigación quedó patente que en las cuentas de la sociedad solo había 15 euros, y que de las cuentas personales de la cantante no salió ni un solo euro para esta operación. El fiscal considera que el lujoso apartamento, valorado en 353.695 euros, fue abonado íntegramente por Muñoz "con cargo a fondos ocultos de procedencia delictiva". Además, la cuenta desde la que se pagaba la hipoteca del chalé de Pantoja en Marbella se nutría indirectamente con fondos en efectivo de Julián Muñoz.
Otro personaje que se hizo tristemente famoso a la sombra de Roca fue el ex magistrado Francisco Javier de Urquía. Este juez fue condenado por cohecho después de que el ex asesor urbanístico admitiera que le había pagado 73.800 euros a cambio de que prohibiera la emisión de un programa de televisión que indagaba en su fortuna. El Tribunal Superior andaluz condenó a Urquía en primera instancia a dos años de prisión, siete de inhabilitación y multa por prevaricación y cohecho. Finalmente, el Supremo anuló el cargo de prevaricación y dejó la condena en 21 meses de suspensión para el cargo de juez y multa de 73.800 euros.
Urquía, ex titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella, recibió después otra nueva condena por cohecho y prevaricación. En este caso, se consideró probado que el ex juez cobró 60.000 euros de Azan Khan, un imputado en el caso Hidalgo, que instruía Urquía, a cambio de dejarle en libertad tanto a él como a su esposa y su hijo.
El veneno gilista sigue dentro
Por JUANA VIÚDEZ
Dos de los tres grandes venenos del gilismo siguen en el Ayuntamiento de Marbella: una deuda municipal de 512 millones y una ingente plantilla (3.800 personas). El actual Gobierno local, en manos de Ángeles Muñoz (PP), no se ha desecho del millar de enchufados que entraron en la etapa de Gil. "Me duele en el alma que 72 de cada 100 euros del presupuesto municipal sigan yendo a pagar los salarios de esta gente", dice Alejandro Dogan, uno de los representantes vecinales más combativos con el gilismo. "Los funcionarios son los mismos que recibían las cestas de los empresarios imputados, no han cambiado", se queja el edil socialista Javier de Luis, en la oposición. Carlos Rubio, coordinador de personal y uno de los hombres fuertes del Gobierno de Muñoz recuerda de dónde vienen. "La gente no se acuerda del desastre que era esto. Era tercermundista. Ahora hay
un ambiente de normalidad". Rubio presume de su labor en el área de recursos humanos: "Tenemos normativas ultraproteccionistas con los trabajadores, eso nos deja unas posibilidades de actuación muy limitadas (...) les estamos dando la posibilidad de que opten a sus plazas después de pasar un examen".
El tercer gran veneno, el caos urbanístico, está en vías de resolverse con la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El documento está trayendo a la ciudad, además de la seguridad jurídica perdida durante la era Gil, numerosos inversores. Colegios privados, clínicas, residencias de ancianos de lujo y más confianza por parte de los promotores. Quedaron atrás los temores a que 18.000 viviendas irregulares de la ciudad terminaran convertidas en escombros. El documento prevé la legalización de 16.500 de estas construcciones, prácticamente todas las que estaban habitadas, a cambio de compensaciones. "La marca Marbella vuelve a tener tirón", sentencia Pablo Moro, concejal de Urbanismo. Pero sobre el PGOU también hay pegas. "Se habla del despertar de Marbella, pero la única trascendencia del caso Malaya ha sido jurídica. No ha conseguido evitar la consolidación de la especulación urbanística", comenta el edil Javier de Luis, toda una institución de Ecologistas en Acción. De Luis llegó a presentar 307 denuncias por irregularidades urbanísticas entre 1995 y 1999. Diego Martín Reyes, que presidió la gestora que gobernó Marbella tras la disolución de la Corporación, ve en el PGOU una "oportunidad perfecta" para revisar numerosos expedientes y licencias pendientes, y exigir las compensaciones a los promotores que edificaron sobre zonas verdes o de equipamiento. "Tiene que haber un propósito serio, aunque advierto una cierta resistencia a adoptar medidas poco populares", dice Martín Reyes. "La ciudad va a tener conflictos urbanísticos muchos años", vaticina Javier de Luis.
* El País - LUIS GÓMEZ / FERNANDO J. PÉREZ 26/09/2010
Foto: De izquierda a derecha, Julián Muñoz, Pedro Román, ex teniente de alcalde, y Juan Antonio Roca, en el banquillo por el caso Incopromar en 2007.- elpais.com
Firmas para someter a consulta el futuro urbanístico de Basauri
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DEIA/Bizkaia* : La plataforma Otro Basauri es posible comenzará el día de San Fausto una campaña de recogida de las firmas necesarias para exigir al Ayuntamiento la convocatoria de una consulta popular sobre el proyecto que Bilbao Ría 2000 quiere desarrollar en el centro del municipio. Los 21 colectivos que conforman este grupo entre asociaciones vecinales, ecologistas, de mujeres, sindicatos y partidos políticos pretenden con esta medida que se produzca un debate "real" sobre el futuro de Basauri. "Hasta ahora el Ayuntamiento sólo está cumpliendo el expediente respecto a la participación ciudadana. Nosotros pedimos que realmente nos escuchen", explica Pedro Pérez de Mendiola, portavoz de la asociación de vecinos de Pozokoetxe.
proceso Para conseguir que se celebre la demandada consulta, la plataforma deberá aglutinar el apoyo del 10% de los residentes en Basauri, es decir, en torno a unas 4.200 firmas. Con ellas en la mano, deberá acudir al pleno y que éste otorgue su consentimiento a la consulta, un paso difícil puesto que PSE y PP, los dos únicos partidos que no conforman la plataforma, ostentan la mayoría de la cámara.
"Si conseguimos las firmas y aun así se niegan a preguntar al pueblo diremos alto y claro que temen a la democracia, pues tienen miedo a escuchar la opinión de los propios vecinos para los que gobiernan", adelanta el portavoz.
La campaña de recogida de firmas comenzará el 13 de octubre por la mañana en Arizgoiti y la zona peatonal de Virgen de Begoña y no terminará hasta finales de diciembre, mes en el que esperan presentar las rúbricas al pleno.
en la calle y las sedes Además de en la calle, los vecinos interesados en apoyar la iniciativa podrán acudir a las sedes de los colectivos que integran la plataforma como las de San Miguel Bizirik, Txarraska Gazte Asanblada, la asociación de jubilados Lagun o las de los partidos políticos PNV, EB, Aralar, Alternativa y la izquierda abertzale. Los sindicatos harán circular las hojas a firmar por las fábricas.
Paralelamente a esta campaña, Otro Basauri es posible seguirá recabando apoyos de más colectivos de la localidad con los que se irán reuniendo para explicar sus ideas. Además, esperan poder organizar una jornada de debate a la que invitarán a arquitectos y profesionales de renombre relacionadas con el mundo del Urbanismo.
El último paso hasta ahora de los contrarios al plan de Bilbao Ría 2000 fue la moción que presentaron en el pleno del 24 de junio pidiendo la creación de una mesa específica que aglutinara las diferentes sensibilidades que conviven en el pueblo respecto al proyecto -que espera construir en el centro de Basauri hasta 738 viviendas, muchas de ellas en tres grandes rascacielos-.
Aquella acción quedó en agua de borrajas al toparse con la negativa de socialistas y populares. "Nos dicen que han elevado nuestras quejas a los arquitectos del proyecto, pero que su forma de gestión, financiándolo con la venta de pisos, seguirá siendo la misma", advierten.
* Deia - 9.10.10
Foto: Integrantes de la plataforma presentaron ayer la campaña frente al Consistorio de Basauri.- deia.com
Málaga.- El Ayuntamiento aún tiene 309 VPO de Soliva sin vender tras cuatro años
MÁLAGAHOY* : Cuatro años después del mayor sorteo realizado en Málaga de Viviendas de Protección Oficial (VPO) municipales que congregó a 23.875 aspirantes en busca de una casa, muchas de ellas aún siguen sin venderse. En el citado sorteo, celebrado en 2006, se ofertaban un total de 1.301 viviendas protegidas, aunque más tarde otras nuevas se sumaron a la nómina y la oferta ascendió a 1.353. En la actualidad el Consistorio aún tiene 309 por vender en distintos barrios de la capital.
Para agilizar el proceso de adjudicación y darle salida cuanto antes, el Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) actualizará la nomina de candidatos, por lo que los 21.924 aspirantes que están en cartera, deberán confirmar si siguen interesados, de lo contrario se entenderá como una renuncia voluntaria al proceso de adjudicación. El concejal responsable, Diego Maldonado, explicó que las circunstancias han cambiado respecto al pasado 2006 y ahora muchas familias por distintos motivos han dejado de estar interesadas y eso está ralentizando en la actualidad el proceso de adjudicación.
Las personas que en su momento participaron en este sorteo de VPO y aún no han tenido oportunidad de comprar una de estas viviendas protegidas, la mayoría pertenecientes a la promoción de Soliva, el nuevo espacio urbano creado al oeste de Teatinos y El Cónsul, deberán dirigirse a la sede del propio IMV o a la de algunos de los diez distritos de la capital para cumplimentar un formulario en el que manifiesten su interés por seguir en el proceso de adjudicación. El plazo para hacerlo acaba de empezar y finaliza el próximo 1 de noviembre.
Quedan por vender el 22,7% de las VPO que ofertó el Ayuntamiento de Málaga en 2006. "Para participar en el sorteo sólo era necesario inscribirse, entonces muchas personas lo hicieron y luego vieron que no cumplían los requisitos necesarios para optar a la compra. 675 personas de las que hemos llamado se autoexcluyeron antes de presentar la documentación y otras 97 sabemos que las entidades bancarias les han negarodo la financiación", explicó Maldonado.
El objetivo de la actualización de candidatos que propone el Consistorio busca agilizar las adjudicaciones. "Perdemos mucho tiempo en llamar a una persona y que rechace la oferta, los plazos son lentos y se va degradando la calidad de los candidatos", subrayó el edil. El listado de candidatos se puede consultar en la página web del IMV (www.imv.malaga.eu) así como las viviendas que quedan libres. Maldonado confía que la llamada a actualizar las listas de candidatos llegue a todos los interesados, pero mostró su compromiso de atender si fuera necesario a quien llegue tarde. Mientras se encuentra comprador, el Ayuntamiento asume la hipoteca de las 309 VPO de Soliva que le quedan por vender.
* Málaga Hoy - 8.10.10
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Murcia.- Los UCO registran las sedes de las promotoras de los 6 convenios bajo sospecha
LAVERDAD* : El coco sigue rondando por Murcia. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el pasado martes desencadenaron la redada en la que fueron detenidos tres sospechosos de corrupción urbanística, entre ellos el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, no han regresado a su cuartel de Madrid. Permanecen en la capital murciana realizando discretas gestiones en el marco de la 'Operación Umbra', como el registro de las sedes de las sociedades mercantiles que firmaron con el Ayuntamiento, entre los años 2001 y 2006, los seis convenios de la zona norte de Murcia que se hallan bajo sospecha.
Fuentes próximas a la investigación han confirmado que desde el pasado martes, en que se inició la operación y se produjeron los arrestos de Alberto Guerra, el abogado Higinio Pérez Mateos y el empresario italiano Renato de Noce, los especialistas de la Guardia Civil no han dejado de trabajar desde la sombra y han rastreado ya en un buen número de empresas promotoras en busca de documentación que pudiera aportar nuevos datos a la investigación.
La 'Operación Umbra' parte de la base de que las sociedades que firmaron convenios con el Consistorio, referidos a la zona norte del municipio -Nueva Condomina y sus alrededores-, pudieron recibir un trato de favor y no sólo vieron multiplicarse por cinco el aprovechamiento urbanístico de sus terrenos, permitiéndoles construir cinco veces más viviendas de las previstas inicialmente, sino que las compensaciones que por ello tuvieron que hacer al municipio habrían sido sospechosamente bajas. Tanto es así que, según informes técnicos aportados por el PSOE, las arcas municipales podrían haber dejado de ingresar en torno a los 783 millones de euros. Un hecho que los representantes municipales vienen rechazando rotundamente, pues mantienen que la valoración que se hizo responde a criterios objetivos y fiables.
La veintena de sociedades que firmó los citados convenios, ahora bajo sospecha, son Fadesa Inmobiliaria S.L., Castillo de Larache S.L., Ideas y Desarrollos Urbanos S.L., Mediterráneo Hispagroup S.A., Tricenter Albamur S.L., Andrés Muñoz Cánovas, Nicolás y Bienert S.L., Profusa, Mirallevant S.L., Lo Navarro de Murcia S.A., Actividades e Inversiones Futuras 3000 S.L., Urbamur 2003 S.A., Visionaria S.L., Obralia del Sureste S.L., Agrumexport S.A., Ageco S.L., Euroland S.L. y Inveralrahu S.L. Las sedes de un buen número de estas mercantiles han sido ya registradas por los UCO en los últimos días.
Un dato, el de estos registros, que apunta a que las investigaciones no se van a quedar limitadas a tomar declaración a los tres detenidos y a los siete imputados en la primera fase de la operación, entre los que se cuenta el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, y el dueño del Real Murcia, Jesús Samper. De hecho, fuentes de la investigación apuntan a que entre los nuevos imputados, alrededor de una docena, estarían administradores y legales representantes de algunas de esas firmas.
Un gran pelotazo
El juzgado también investiga si uno de los detenidos el martes, el italiano Renato de Noce, pudo contar con información privilegiada, procedente del departamento de Urbanismo de Murcia, ya que apenas dos meses antes de que se firmara un convenio urbanístico del norte de Murcia adquirió terrenos en esa zona, lo que le permitió beneficiarse de las millonarias plusvalías.
* La Verdad - 9.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
