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ELCONFIDENCIAL/Cádiz* : Continúa adelante el macroproyecto hotelero en Vejer de la Frontera. Así lo aprobó ayer un pleno municipal extraordinario convocado de modo urgente, y a las 14 horas, para votar una moción del Partido Andalucista contra la urbanización en la playa de El Palmar del municipio gaditano. De esta manera se mira a otro lado a las casi 30.000 personas movilizadas en Facebook que luchan contra la destrucción de la costa.
“Los dos apartahoteles previstos estarán a 500 metros de la costa, no se destruye el litoral y apenas hay un 0,15% de edificabilidad”, explicó ayer a El Confidencial el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vejer, José Ortiz. “En el pueblo no hay rechazo al hotel”, apuntó Ortiz. En tres meses el proyecto hotelero deberá estar encima de la mesa de trabajo del Gobierno municipal.
La Plataforma ciudadana contra la urbanización hotelera en El Palmar de Vejer organizó ayer una manifestación en el pueblo. Se preveía la asistencia de un centenar de personas. Finalmente tan sólo acudieron 40 personas (debido a la intensa lluvia), que intentaron tomar la palabra en el pleno. Pero el alcalde no les autorizó a que explicaran su postura.
“Lo que queríamos era hacernos visibles”, declaró a este diario Lola Illescas, portavoz de la plataforma, tras anunciar que será el 28 de febrero, el Día de Andalucía, cuando se organice otra convocatoria. Esa vez sí la prevén masiva. “Han intentando desprestigiarnos diciendo que éramos ecologistas anónimos: nada de eso. Nadie nos manipula”, destacó.
Para Illescas, el Ayuntamiento de Vejer confunde la ordenación de la playa de El Palmar (“que hace falta”, según su criterio) con la urbanización. “Lo que tienen que hace es cumplir con su propio planeamiento. Y si hay alguien tiene interés económico es el propio Ayuntamiento, que es al mismo tiempo juez y parte. Lo único que intentan es sacar tajada”.
Un litoral lleno de hoteles
Sobre los 300 empleos que el plan de la hotelera mallorquina Riera Marsá planteaba en la zona y que ahora estudia Chivas Promociones Inmobiliarias la portavoz de la plataforma destacó que se trataban de “empleos precarios y temporales”. Y denunció: “Ya tenemos todos el litoral lleno de hoteles. Ha pasado en Chiclana, plagado de establecimientos turísticos, que no aportan empleo de calidad para los habitantes del municipio. ¿No vamos a aprender de los errores de otros municipios cercanos?”.
Como ya publicó El Confidencial el pasado 17 de diciembre, el grupo mallorquín Riera Marsá preveía una inversión de 90 millones de euros y 1.300 plazas turísticas. Chivas Promociones Inmobiliarias estudia levantar un proyecto que se remonta a 2001 con la recalificación de 270.000 metros cuadrados.
* El Confidencial - Agustín Rivera - 22/12/2009
Foto: Vejer (Cádiz) , el Palmar - cotizalia.com
El Ayuntamiento de Vejer mira a otro lado en el macropoyecto hotelero de El Palmar
La Vila engañó al juez
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ELPAÍS/Alicante* : El gobierno del PP de La Vila Joiosa aprobó el pasado jueves en el pleno el cambio de uso de asistencial a administrativo de un céntrico inmueble llamado Chalé Centella para ubicar allí la oficina de turismo. Esta parcela, con una edificación de 519 metros cuadrados construidos en 1930, procede de una permuta que anuló el juzgado, una sentencia que el Ayuntamiento vilero se negó a ejecutar alegando al juez que ya había habilitado en el chalé un museo arqueológico, a pesar de que la casa sigue cerrada y sin uso.
El 21 de abril de 2005, la Vila aprobó permutar 10.109 metros cuadrados de techo del patrimonio público municipal en primera línea de costa por la parcela donde está el Chalé Centella y un terreno de 3.445 metros cuadrados contiguo a un colegio, ambos sin edificabilidad, además de recibir 1,2 millones en metálico de la mercantil Valdeprocasa. Los bienes objeto de permuta fueron valorados en 7.578.224 euros.
Pero la permuta fue anulada por el juzgado contencioso administrativo el 25 de julio de 2006 y por el Tribunal Superior de Justicia el 9 de mayo de 2008. Ambas sentencias obligaban a "restituirse recíprocamente las parcelas permutadas". Para evitar tener que ejecutar la resolución judicial, el abogado contratado por el Ayuntamiento comunicó al juzgado que el destino dado al Chalé Centella fue "la construcción e instalación de un museo arqueológico", mientras que los 3.445 metros se habían destinado a "la ampliación de las instalaciones del Colegio Público Mare Nostrum". Ambas cosas eran falsas.
El engaño ha servido para que Valdeprocasa mantenga la posesión del terreno en primera línea y pueda construir viviendas de renta libre, pero el consistorio deberá reintegrar los 7,5 millones de euros a su patrimonio en anualidades de 189.455 euros hasta el año 2049. El cambio de uso del Chalé Centella ha sido avalado por sendos informes de las consejerías de Sanidad y Educación para pasar de dotacional asistencial a dotacional administrativo. La aprobación plenaria del jueves demuestra que ni allí había un museo arqueológico (como se le dijo al juzgado), ni siquiera podía haberse construido, dado que el uso de la parcela sólo podía ser sanitario.
El PP se ampara en que el juzgado admitió tras el engaño del consistorio vilero la restitución en metálico durante los próximos 40 años del importe de la permuta, pero el mismo auto que se dictó en el incidente de ejecución de sentencia está recurrido por el concejal de Iniciativa Independiente, Pedro Lloret, y todavía no ha sido resuelto por el Tribunal Superior de Justicia.
La Vila Joiosa acumula cinco sentencias judiciales que anularon permutas de suelo público por un importe conjunto de 22,5 millones de euros. Todas ellas fueron ejecutadas por el gobierno del anterior alcalde, José Miguel Llorca, actual presidente del Partido Popular local a pesar de haber sido condenado por ejercer de médico sin tener la titulación.
* ELPAIS.com - ARTUR BALAGUER - Benidorm - 21/12/2009
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
Chiclana: El derribo de las casas de Majadillas Bajas se salda con 28 detenidos
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN/Cádiz* : En un día triste y gris, en el que las lluvias y el frío fueron una constante, las diez vivienda ilegales de la calle Reina Isabel de Portugal, en la zona conocida como Majadillas Bajas de Chiclana, quedaron reducidas a escombros, después que una empresa especializada en demoliciones ejecutara los trabajos, atendiendo a la orden judicial emitida por el Juzgado nº3 de lo Contencioso Administrativo de Cádiz.
Se desvaneció así la incertidumbre y los nervios que desde el pasado jueves, día en que se informó de la “inminente” orden de derribo, ha acompañado a los habitantes de estas diez casas que fueron levantadas de forma ilegal con objetivo de venderlas, violando el constructor y promotor numerosos requerimientos municipales, “llegando incluso a romper seis precintos, en diferentes ocasiones”, según informó el Consistorio chiclanero.
Y es que, si bien, la presión vecinal y la falta de documentación logró aplazar el derribo previsto para el pasado viernes; durante la jornada de ayer, la legalidad, a través del cumplimiento de la orden judicial, se impuso en este caso de urbanismo ilegal.
Así, desde aproximadamente las cuatro de la madrugada del lunes, numerosos agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil se desplazaron hasta Majadillas Bajas para acordonar y cortar el tráfico e intentar convencer a los vecinos de que abandonaran las casas por propia voluntad; un requerimiento que se saldó con la detención de 28 personas por resistencia a la autoridad.
Los detenidos, en su mayoría familiares del constructor, se negaron a abandonar las viviendas y fueron desalojados; incluso algunos de ellos se subieron a los tejados de las casas y tuvieron que ser bajados por miembros de los cuerpos de seguridad, como el caso de un propietario que cuchillo en mano tuvo que ser reducido por los agentes; sin que hubiese que lamentar heridos.
Los detenidos, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad tan sólo unas horas después.
El anunciado derribo
Poco antes de las diez de la mañana y ante la presencia de numerosos vecinos y vecinas, que permanecieron tras el precinto de seguridad instalado por las fuerzas de seguridad, la maquinaria inició la demolición de la primera vivienda y unas horas después, sobre las dos de la tarde, caía la décima, concluyendo el anunciado derribo.
El cumplimiento de la orden judicial no causó gran sorpresa aunque sí indignación, ya que los centenares de personas presentes en los alrededores de Majadillas Bajas no dejaron de lanzar improperios e insultos varios tanto a las fuerzas de seguridad, como al alcalde y sus concejales, durante el derribo.
De hecho, unas cincuenta personas se trasladaron a la puerta del Ayuntamiento chiclanero para pedir explicaciones al alcalde, José María Román y solicitar su dimisión. También la delegada municipal de Urbanismo, Cándida Verdier, y otros concejales como Juan Pedro Butrón (IU) o Ernesto Marín (PP) fueron recriminados por los ciudadanos en la puerta del Ayuntamiento.
Especulación
Las diez viviendas demolidas fueron construidas con fines especulativos, por una empresa familiar de la localidad, a pesar de que a comienzos de 2007 la Gerencia de Urbanismo le notificó al promotor que parase la construcción y éste hizo caso omiso. Es más, tampoco detuvo las obras a pesar de que sabía que no las podría vender, dado que existía una anotación en el registro, explica el Consistorio.
Según la versión municipal, “ante la inminencia del derribo, en las últimas semanas el promotor dejó las casas a familiares, por un lado, y las alquiló a otras personas sin informarles de que las viviendas serían demolidas en breve”. Estas personas, sin medios para poder alojarse, han sido atendidas por el Ayuntamiento, a través de las delegaciones de Vivienda y Bienestar Social.
La promoción de las diez casas podría haber alcanzado en el mercado, en caso de que hubieran podido venderse, unos tres millones de euros, según las estimaciones realizadas por la Gerencia de Urbanismo.
Proceso
La promoción de Majadillas Bajas comenzó a construirse en el año 2007. Fue entonces cuando inspectores de la Gerencia de Urbanismo cursaron una denuncia relativa a 10 viviendas unifamiliares que carecían de la preceptiva licencia urbanística. Cinco días después, la Gerencia dictó una resolución por la que se ordenaba la inmediata suspensión de las obras, así como la incoación de un expediente para la restauración de la legalidad urbanística a la empresa promotora. Entre el 23 de febrero de 2007 y finales de agosto de 2008, la propiedad rompe el precinto de las obras decretado por la Gerencia hasta en seis ocasiones, según el Consistorio.
La orden de demolición de las viviendas se produce después de que finalizase un expediente por construcción ilegal y se firma el día 6 de septiembre de 2007, cuando se decreta por parte del Ayuntamiento y se le ordena derribar al promotor, quien hizo caso omiso a los requerimientos y siguió con sus planes.
Finalmente, el 26 de octubre Urbanismo recibe la autorización para la entrada en las viviendas y el permiso para que se demuela antes de dos meses, un plazo que se hubiera cumplido el próximo sábado.
Además, en el proceso hay una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora ‘Prefabricados Medina’ y contra un arquitecto, vinculado a la operación Obra Nueva, por un presunto delito de falsedad documental.
“Nadie nos comunicó que existía una orden de derribo”
De las diez viviendas construidas en la calle Reina Isabel de Portugal, nueve estaban alquiladas, explica una de las inquilinas que tuvo que abandonar su casa el pasado sábado “sin esperarlo”. Yolanda Rodríguez, su marido e hijos, llevaban poco más de un año ocupando una de las casas de Majadillas Bajas y de un día para otro “nos dicen que se van a derribar y nadie nos había informado de la existencia de una orden judicial”. Su problema, a diferencia de otras familias, es que los muebles de la casa son suyos y, por tanto, no tuvo tiempo real de desalojar el pasado viernes, día para el que estaba previsto el derribo. Con el aplazamiento concedido, esta familia chiclanera no dudó en recoger todas sus pertenencias y abandonar la casa el sábado, al igual que otras familias. Ahora Yolanda tiene metidas sus pertenencias “en el trastero de mi suegra” y se ha puesto a buscar una vivienda. “Los Servicios Sociales del Consistorio nos han echado una mano, no esperaba menos, y parece ser que esta misma tarde podemos firmar un nuevo contrato de alquiler”, explica Yolanda ya más tranquila tras “los nervios” pasados durante el fin de semana”. No obstante, ha solicitado un abogado de oficio para emprender las acciones legales contra el constructor y arrendatario de la vivienda, por no haberle informado de la situación legal de la vivienda.
Distinta suerte van a correr los propietarios que, además de seguir pagando la hipoteca de una casa ya inexistente, tendrán que hacer frente a los costes del derribo que suponen 24.000 euros por vivienda demolida.
“No hay ninguna demolición prevista”
La demolición de las diez casas de la zona de Majadillas Bajas no interfiere “para nada” en las negociaciones que el Ayuntamiento de Chiclana y la Plataforma de las Áreas de Gestión Básicas llevan a cabo desde hace meses, explican desde el Consistorio.
Según el equipo de Gobierno, “dar solución a esta situación es el objetivo de las ordenanzas en las que estamos trabajando y no es éste el caso para el que están pensadas, ya que las casas demolidas ahora no se trataban sino de una promoción para su venta, aprovechando el boom inmobiliario de los últimos años”.
“El constructor, además, sabía perfectamente que no iba a poder venderlas y, a pesar de ello, siguió construyéndolas”, haciendo caso omiso a los requerimientos municipales.
La próxima reunión con la plataforma está prevista para este miércoles. Actualmente, el acuerdo se encuentra cercano, después de varias reuniones en que el Ayuntamiento de la localidad ha incluido las peticiones de los vecinos en el documento.
“La regularización sólo se llevará a cabo por parte de los propietarios si éstos así lo quieren”, aseguran.
Desde el Ayuntamiento se apunta que “los responsables de la Plataforma están puntualmente informados de la situación”.
En este sentido, el Consistorio les ha facilitado todos los datos que han pedido y “ellos conocen perfectamente que se trata de una promoción para especular, que tenía una orden de parar las obras desde hace casi tres años, cuando los trabajos hacía poco habían comenzado”.
Actualmente no hay ninguna demolición prevista en el término municipal.
* Andalucía Información - Fátima Reyes - 21.12.09
Foto: La protesta se trasladó a la puerta del Ayuntamiento de Chiclana.. Autor: Barrientos, andaluciainformacion.es
Marbella fiscaliza 175 cesiones de suelo de la etapa del GIL
LAOPINIÓN/Málaga* : El número de bienes públicos de Marbella prestados o regalados durante la etapa de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) es difícil de cuantificar. Bien porque no existen documentos que lo acrediten o porque, si existieron, se traspapelaron en algún cajón de cualquiera de las delegaciones municipales. Pero no todo está perdido.
Existe un listado oficial en el que figuran algunos expedientes de las concesiones administrativas otorgadas por el Ayuntamiento entre 1993 y 2005, años de gobierno del GIL. En concreto, este documento al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga recoge aquellas cesiones de derechos reales sobre suelos de propiedad pública local. La relación está integrada por 175 expedientes en total que, en su mayoría, presentan algún tipo de irregularidad. En algunos casos esta irregularidad se basa en el objeto, duración o canon de la concesión y, en otros, en defectos de forma por tratarse de trámites burocráticos incompletos a pesar de llevarse a cabo en la práctica.
Algunas concesiones son especialmente llamativas. Por ejemplo, no es extraño encontrar más de un expediente que tiene por objeto ceder el uso privativo de una zona verde pública. Tales son los casos de expedientes como el 07/2003 o el 08/2003, en los que se acredita que el Consistorio concedía un uso privativo en dos parcelas calificadas por el Plan General de Ordenación Urbana vigente como Parque y Jardín. No son, ni mucho menos, los únicos.
Beneficiados varios. La mercantil Naviro Inmobiliaria, una de las beneficiarias de estas cesiones, tiene un canon municipal que establece el pago de 1.965 euros anuales por usar una parcela de 1.800 metros cuadrados, de la que según el acuerdo, disfrutará durante 50 años.
Especialmente curioso resulta el expediente 04/2002. El Ayuntamiento cede, en virtud de este documento, la utilización de la vía pública del término municipal para la colocación de 300 "papeleras de alto ´standing" por un pago de 7.728 euros anuales.
Ni siquiera la administración estatal se libra de figurar en la lista. El documento 12/2001 se refiere a la cesión de uso gratuito de un suelo de 364 metros cuadrados en los bajos del campo de fútbol y un solar de 4.800 en el recinto ferial a la Jefatura Provincial de Tráfico de Málaga. No figura contrato en el expediente.
En muchos casos, estos pactos siguen todavía vigentes a la espera de una revisión de oficio que repase actuación por actuación y determine su legalidad o ilegalidad.
* La Opinión de Málaga - PRINCESA SÁNCHEZ - 20.12.09
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El TS tumba el PAI de Benaguasil por falta de agua
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ABC/Valencia* : El Tribunal Supremo (TS) ha suspendido un plan urbanístico de Benaguasil, al que la Generalitat dio el visto bueno en 2007 sin contar con el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponidilidad de agua (CHJ) -como ha sucedido con el Plan Rabassa-. El TS confirma la paralización cautelar de esta actuación urbanística acordada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en marzo de 2008.
El plan Tapairet Industrial fue aprobado en abril de 2007 por la Comisión Territorial de Urbanismo con la oposición del representante del CHJ, organismo al que la Conselleria negó los datos necesarios para elaborar el informe sobre la disponibilidad de agua para satisfacer la demanda derivada de la nueva planificación urbanística.
El Consell se escudó en la Ley Urbanística Valenciana y como otras veces, sostuvo que, en ausencia del informe de la CHJ previsto en la Ley de Aguas, bastaba el de una «entidad colaboradora autorizada para el suministro». El Gobierno recurrió la decisión de la Comisión Territorial de Urbanismo. El TSJCV suspendió cautelarmente el plan en tanto resolvía sobre la legalidad del mismo. La Generalitat llevó el caso al Supremo, que ha decidido ahora confirmar la decisión del TSJCV y mantener la suspensión del PAI porque lo contrario podría causar «perjuicios» de «difícil reversibilidad».
El TS no entra a decidir si el informe de la Confederación es preceptivo, como sostiene el Gobierno, o no lo es, como mantiene la Generalitat, pero considera «indudable que la falta de ese informe de la Confederación constituye un indicio a favor de quien sostiene la ilegalidad del acuerdo» de la Comisión Territorial de Urbanismo.
Además de desestimar su recurso, el TS condena a la Generalitat a pagar las costas del proceso: 3.000 euros.
* ABC - R.T.- 21.12.09
Foto: Benaguasil (Valencia) - wikimedia.org
Santa Cruz: La justicia apunta hacia Residencial Anaga
LAOPINIÓN/Tenerife* : A los dos derribos que se han llevado a cabo en este entorno se unen cuatro casos más pendientes de ejecutar sentencias. Cuatro sentencias firmes que apuntan hacia el derribo total o parcial de otros tantos inmuebles están pendientes de ejecución en el entorno de Residencial Anaga. Están situados en las parcelas 16, 17, 18 y 19, que coinciden con la calle Cornisa.
Los grupos de la oposición integrada por Partido Popular (PP), Partido Socialista Canario-PSOE y Ciudadanos de Santa Cruz ya han requerido toda la información precisa a la Gerencia de Urbanismo con el fin de dar cumplimiento a los fallos, todos ellos firmes y realizar un seguimiento al espinoso asunto.
Los problemas urbanísticos en Residencial Anaga se han convertido en uno de los más recurrentes del urbanismo de Santa Cruz. De hecho, en la anterior ocasión en el que la revisión del Plan General de Ordenación (PGO) salió a información pública hace ya tres años, centró la mayor parte de las alegaciones y de las preocupaciones de los vecinos. Los problemas surgen por tratarse de un enclave muy codiciado por sus vistas, pero precisamente la construcción sin respetar las normas han implicado que en muchas ocasiones este derecho se vea mermado por parte de los vecino.
A partir de aquí, se han iniciado batallas judiciales que en todos los casos han ido a favor de los denunciantes y en contra de los denunciados. La posición de la Gerencia de Urbanismo no ha resultado demasiado clara y en no pocas ocasiones los juzgados han emitido sentencias dándole severos tirones de oreja o bien acusando al Ayuntamiento de una sonora inactividad a la hora de hacer cumplir la legalidad. En todos los casos se trata de irregularidades urbanísticas que tienen su origen a finales de la década de los años noventa. La vivienda situada en la parcela 17 se emitió en su momento una setencia que también apuntaba a la existencia de irregularidades en el edificio al entender que estaba fuera de ordenación ya que no se ajustaba a lo contenido en el PGO de Santa Cruz.
Por ello la Gerencia de Urbanismo decretó que en el mismo sólo se podrían llevar a cabo obras de mantenimiento. Sin embargo otra sentencia determinó que debía ejecutarse la demolición del inmueble, al menos en la parte que no cumple con la normativa. "Todo ello para llevar a su puro y debido efecto el cumplimiento de la declaración contenida en la sentencia" emitida entonces.
Contenido. Los tribunales incluso llegaron a acusar a Urbanismo de "intentar evadir el contenido de la sentencia amparándose en algo que ya no es oponible en este momento, como es la caducidad de cuatro años porque la sentencia exigió el expediente sobre la comprobación de la legalidad urbanística". Más adelante la sala volvió a indicar que Urbanismo estaba buscando "eludir el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, no siendo quien la parte a discutir nuevamente la juridicidad dle fallo sobre la base de nuevos argumentos". Ya este mismo año, que es cuando todos estos casos se encuentran en el límite para encontrarles una solución, la Gerencia ordena que se evacue "a la mayor brevedad posible" un informe técnico en el que se determine la adecuación o no de las licencias a la normativa urbanística". Por ello se ordena la revisión de oficio de las licencias de legalización y primera ocupación y cédula de habitabilidad.
En medio los tribunales pusieron también en duda el interés del Ayuntamiento para hacer cumplir las sentencias. Los juzgados han comunicado ya que las resoluciones judiciales son firmes, por lo que contra las mismas ya no cabe interponer ningún tipo de recurso administrativo, por lo que la ejecución del fallo debe ser inminente.
La primera licencia de edificación se solicitó a principios de 1998 mientras que el permiso de alineaciones y rasantes se otorgó en el año 2008. El primer expediente de disciplina urbanística se incoó ene l año 1999, aconsejándose ya en aquel entonces que se paralizara la obra por incumplimiento de la altura del muro. Poco después el consejo se convirtió en una orden por parte del Ayuntamiento.
Los trámites parecen haber acabado a mitad del pasado mes de septiembre cuando la Corporación local no le otorgó al propietario de la vivienda un trámite de audiencia de quince días para que alegara y presentara los documentos y justificaciones que estimara pertinentes.
El caso de la parcela 18 en este ámbito repite casi matemáticamente los mismos perfiles. La licencia se solicitó en el año 1998. Se trataba de una vivienda unifamiliar de tres plantas y sótano y se concedió la correspondiente licencia. Sin embargo poco después se inició un expediente de Disciplina Urbanística para legalizar las obras que no estaban amparadas por la licencia municipal. Por esa misma época se presentó la primera denuncia.
Ya entonces Urbanismo estaba escaldada y alertó que se habían emitido sentencias por casos parecidos que habían concluido ordenando demoliciones. Y es que se comprobó que se habían realizado modificaciones sobre la licencia original. Nuevamente se apeló al silencio positivo transcurridos cuatro años y se apeló a que se podrían acoger a la modificación del PGO para este ámbito. Poco después el Juzgado emite una sentencia que va en el mismo sentido que las anteriores de este ámbito. Así se repite el mismo procedimiento para comprobar si se ha respetado la legalidad y la orden de dejar sin efectos los acuerdos plenarios para legalizar el inmueble.
Parcela 19. El último caso es el de la parcela 19, también en Residencial Anaga. En la misma se acusaba al Ayuntamiento de ofrecer respuestas "inadmisibles" a los propietarios de los terrenos afectados. Uno de los fallos pretendía anular la inactividad administrativa para hacer cumplir la sentencia y responder a las denuncias. En este caso se exigía la demolición de un muro superior y haberse construido más de lo autorizado. Un paso que aún no se ha dado pese a los años en los que este asunto se lleva tramitando en los tribunales y en la Gerencia de Urbanismo.
El último informe sobre este caso data del mes de julio del presente año y se trata de un escrito del dueño de la vivienda a través de la cual solicita licencia de legalización para la demolición parcial del muro existente y ejecución de uno nuevo en los términos que fije el proyecto arquitectónico correspondiente. Todos estos casos están pendientes ahora de lo que dictamine el nuevo PGO sometido a un largo y tortuoso proceso de revisión.
Dos demoliciones por el camino
Dos dolorosas demoliciones son las que se han quedado por el camino en la historia de Residencial Anaga. La primera es la de la vivienda conocida como la casa Roja y la otra, el edificio Mogán. En el primer caso se trataba de un chalet que incumplió determinadas normas en la altura de los muros. Fue denunciado por los vecinos y finalmente los tribunales le dieron la razón. Sus propietarios iniciaron entonces una denuncia pública al considerar que habían sido objeto de una clara discriminación. Lo cierto es que todos los fallos admitieron que efectivamente se concedió en su momento una licencia que luego no se ajustó a las normas de este entorno. La Gerencia de Urbanismo se comprometió a abonarles una indemnización, pagarles la redacción del nuevo proyecto y además, le entregó unos 150.000 euros para construir la nueva casa. Aparte le concederá en breve una nueva licencia. Curiosamente, aunque todo el mundo daba por hecho que iban a ganar en los tribunales lo cierto es que su incursión en este terreno no resultó demasiado favorable. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y el Tribunal Supremo (TS) indicaron que la responsabilidad del Ayuntamiento se limitó hasta el momento en el que anunciaron la paralización de las obras. De esta manera la cantidad a abonar era notablemente inferior que si se hubiese tenido en cuenta todo el procedimiento. En este entorno se situaba también el edificio Mogán que igualmente taponó las vistas de sus vecinos. El Ayuntamiento procedió a su derribo y a través de una sentencia del TSJC le abonó a su propietario más de 300.000 euros a lo que habría que sumar los intereses. O sea otro tanto. Esta cantidad, no obstante, resultaba notablemente inferior a los tres millones que reclamaban los propietarios, la empresa Brevala SA pero un tanto superior a los doscientos mil euros que había calculado el Ayuntamiento. El derribo se hizo efectivo en el año 2006 después de eternizarse los largos procesos que suelen ser habituales en estos contenciosos y duraron alrededor de cinco años. La corporación local sólo aceptaba la responsabilidad de haber concedido una licencia incorrecta que los tribunales declararon ilegal, pero sólo estaban dispuestos a asumir el coste hasta que se mandó parar la obra.
Una de las viviendas fue declarada fuera de ordenación por prescripción
Caso paradigmático de lo ocurrido en este entorno fue la la vivienda situada en la parcela 16 de Residencial Anaga. En este caso, la licencia se solicitó en el año 1996 y se trataba de un inmueble de dos plantas con sótano, ocupando una superficie total de 528 metros cuadrados. En principio la Gerencia de Urbanismo concedió la correspondiente licencia. Sin embargo posteriormente se llevaron a cabo unas obras de ampliación que fueron informadas desfavorablemente.
De forma paralela se presenta una denuncia ante el Juzgado Contencioso-Administrativo número 1 que obliga a comprobar la situación del inmueble en cuanto a los muros de contención, alturas, volumetrías y ocupación de la parcela. La propia Gerencia comprobó que efectivamente se había infringido la normativa y se inició un procedimiento urbanístico. A partir de aquí se emprendió un largo procedimiento para intentar incluir en el Plan General de Ordenación (PGO) que ya entonces se estaba revisando algún tipo de medida con el fin de permitir las urbanizaciones de esta clase en las laderas. En su momento se llegó a una especie de acuerdo para que así ocurriera aunque en el texto que por ahora es definitivo del PGO no queda claramente especificado. Incluso en se planteó que podría acogerse a esta modificación.
Finalmente la Gerencia optó por reconocer que había prescrito la infracción urbanística y por ello declaró que el inmueble se encontraba fuera de ordenación. Ello implica que en el inmueble sólo se pueden realizar obras de reparación y conservación que exija la estricta conservación de la habitabilidad o la utilización conforme al destino establecido. A no ser que se establezcan licencias excepcionales.
En estos momentos se está a la espera de la aprobación final del PGO para que la vivienda pueda mantenerse en esta categoría urbanística. "Por ello la edificación entra plenamente en la en el patrimonio de los interesados que podrán disponer de ella con efectos a terceros, es decir, queda garantizado el principio de seguridad jurídica y el derecho al disfrute de los servicios básicos".
* La Opinión Tenerife - NOÉ RAMÓN - 21.12.09
Foto: Vista panorámica de parte de Residencial Anaga.- delia padrón, laopinion.es
Las 10 viviendas ilegales de Chiclana se terminaron con orden de derribo dictada
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ELPAÍS/Cádiz* : La espera es tensa en Chiclana. Los inquilinos de las diez casas ilegales de la zona de Majadillas Bajas desconocen cuándo exactamente serán derribadas sus viviendas, sentenciadas por orden judicial. Hoy han convocado una reunión con familiares y vecinos para recabar apoyos que eviten la ejecución de la orden judicial.
Pero el Ayuntamiento ya ha avisado de que no tiene más remedio que atender la decisión del juzgado. El Consistorio ha recordado que el constructor de estas edificaciones terminó de levantarlas cuando ya conocía que sobre ellas existía una orden de derribo.
Mediante fotografías areas el Ayuntamiento demostró ayer cómo el promotor de esta urbanización parceló de forma ilegal un terreno que estaba baldío en 2005. En tres años ya había levantado las casas y las había dividido en las diez zonas actuales. Pero antes de finalizarlas, en febrero de 2007, ya se había dictado la sentencia que dictaba su demolición. Entonces las obras estaban en una primera fase. La orden instaba a restituir la legalidad e impedía hacer uso de ellas. Aún así el promotor continuó con la construcción e incluso terminó una calle para poder acceder a los inmuebles.
Las casas se levantaron en suelo no urbanizable sin ningún tipo de licencia en una parcela de 4.700 metros cuadrados, de la que resultaron diez viviendas con 100 metros cuadrados construidos y un terreno de 400 cada una. El Consistorio aportó ayer las fotografías tomadas desde el aire en los años 2005, 2007 y 2008. En la primera, no había nada construido. En la segunda, se detectan los primeros ladrillos. Es entonces cuando la Gerencia de Urbanismo, bajo el mandato del gobierno cuatripartito del PP, IU, PA y PSA, denuncia esos trabajos e insta al promotor a paralizarlos. Se iniciaron trámites para impedir la venta de las viviendas. Según consta en la sentencia judicial, el constructor llegó a romper hasta en seis ocasiones los precintos que se colocaron para impedir la continuación de las obras. Además permitió que las casas fueran ocupadas por familiares y otros inquilinos, que pagan alquileres mensuales de 550 euros mensuales.
+ ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/12/2009
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
La pasividad del Consell dejó actuar a la trama urbanística de Llíber
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ELPAÍS/Alicante* : En apenas un lustro, la faz del término municipal de Llíber cambió para siempre. En el mandato comprendido entre 1999 y 2003 el Ayuntamiento presidido entonces por el alcalde del PP José Mas impulsó la construcción de 300 viviendas -la mayoría grandes chalets- que eran ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas de menos de 10.000 metros cuadrados.
El gabinete de Mas y la red de promotoras implicadas pudieron actuar sin ningún control ya que, a pesar de su obligación fiscalizadora, la Consejería de Territorio, gestionada entonces por el fallecido José Ramón García Antón, no intervino en Llíber. Tampoco lo hicieron los posteriores responsables del área, Rafael Blasco y Esteban González Pons, que en octubre de 2006 sí actuó en Catral y retiró la competencia urbanística al Ayuntamiento, presidido por un alcalde socialista. La fiebre urbanística de aquellos años, cuando muchos residentes europeos estaban dispuestos a pagar un alto precio por una casa en entornos rurales, y una ley que daba un poder inusitado a los agentes urbanizadores y, por tanto, a los promotores.
De aquellos polvos han venido los lodos de la corrupción urbanística. La Guardia Civil ha desmantelado una trama concebida para hacer posibles aquellas edificaciones ilegales en la que ya hay implicadas 16 personas: el ex alcalde José Mas y su ex aparejador han acabado en la cárcel, así como el cerebro de la red de las promotoras, un constructor de Xàbia. Están imputados los otros cinco ediles que formaban aquella corporación -entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus-, cuatro constructores más, dos abogados, un notario y la ex secretaria municipal.Para los principales implicados en la trama, la titular del juzgado número tres de Dénia ha abierto diligencias por supuestos delitos de estafa a los más de 300 propietarios, la mayoría británicos, que compraron las casas sin saber que eran ilegales; de cohecho, porque la investigación sostiene que el ex alcalde y el ex aparejador habrían recibido regalos y dinero en metálico de las promotoras; de prevaricación, porque se otorgaron licencias para construir las casas a sabiendas de que no se ajustaban a la ley, ya que muchas eran permisos para restaurar ruinas o habilitar almacenes; y contra la ordenación del territorio porque el suelo rústico sufrió una plaga de urbanizaciones.
¿Cómo pudo urdirse una trama de estas características en la que participara el propio Ayuntamiento? Porque nadie lo vigilaba. El Consistorio de Llíber no sólo cayó en la tentación, compartida por otros ayuntamientos, de hacer ingresos fáciles con el urbanismo -entre 2000 y 2005 pasó de 550 habitantes a 930- sino que sus responsables habrían visto una oportunidad de lucrarse. "Fallaron todos los mecanismos de control, se aprovecharon de una ley que daba un poder casi absoluto al agente urbanizador y por si fuera poco hubo algún notario que tampoco dijo nada cuando se escrituraban viviendas en parcelas que no se ajustaban a la ley", señaló el presidente de Abusos Urbanísticos No, Enrique Climent.
La presunta red delictiva actuó sin que nadie la molestara. Los promotores contactaban al cliente, lo traían desde el aeropuerto, le mostraban el idílico paisaje, le vendían el terreno, le preparaban la escritura, le convencían de que todo era legal y obtenían los permisos de edificación del ayuntamiento. También construían y vendían las casas por precios entre 200.000 euros y un millón.
"Estamos convencidos de que Llíber es sólo la punta del iceberg y de que hay otros ayuntamientos que incurrieron en las mismas prácticas", asevera el portavoz de Acció Ecologista-Agró, Joan Sala. Poblaciones como l'Atzúvia o Benitatxell también están en el punto de mira de la justicia.
El alcalde de Llíber dice que, pese a su implicación -la Guardia Civil ha apreciado que votó a favor de algunas licencias propuestas por Mas-, intentó parar aquella práctica al llegar al poder en 2003 y puso a la entrada del pueblo un cartel que en inglés y castellano advertía: "Antes de comprar una parcela, verifique su situación urbanística".
¿Qué hacer con 300 viviendas fuera de ordenación, que no pueden venderse? Expertos jurídicos creen que se avecina un largo y farragoso proceso, y que los propietarios tienen derecho a indemnizaciones, pero deberán reclamar individualmente.
La solución pasa por legalizar el mayor número posible de viviendas, como propone el equipo de gobierno. Pero eso sólo será posible en las casas construidas en suelo no urbanizable común, dado que en este tipo de terrenos "el delito ya ha prescrito, pues han pasado cuatro años desde la construcción de las viviendas". En cambio, los expertos advierten de que las casas en suelo no urbanizable de especial protección no serán legalizables, ya que el delito no prescribe, y deberán ser demolidas.
Edward K. tiene setenta años, nació en Londres y lleva unos quince años en La Marina Alta. Mira primero su casa, que es ilegal, y después el idílico paisaje de Llíber. "No comprendemos qué ha pasado: querríamos irnos lejos, vender, pero tampoco eso es posible", se lamenta. "Hemos visto a gente de ochenta o noventa años llorando en el Ayuntamiento y eso es muy duro" relata la hija de otros dos afectados.
La trama de Llíber
- Periodo. Entre 1999 y 2003, el gobierno de Llíber, del PP, impulsa la construcción de 300 viviendas, la mayoría ilegales porque se autorizaron en suelo rústico y en parcelas inferiores a 10.000 metros cuadrados.
- Investigación. Hay implicadas ya 16 personas. El ex alcalde, del PP, José Mas, y su ex aparejador están en prisión, igual que un constructor de Xàbia. Los otros cindo ediles que formaban parte de la corporación están imputados, entre ellos el actual alcalde, el socialista Juan Bautista Reus.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 20/12/2009
Foto: Llíber (Alicante) - enciclopedia.cat
Canarias: El urbanismo es su única receta
FUERTEVENTURALIMPIA* : El Gobierno de Canarias defendió hoy la "necesidad de construir más viviendas sociales", pese a que hay en torno a 18.000 casas vacías en las islas, ya que en el futuro, cuando se salga de la crisis, "la demanda seguirá creciendo". La transformación de las viviendas vacías del mercado libre en viviendas de protección oficial, bien sea a través del alquiler o de la venta, forma parte de la política coyuntural del Plan de Vivienda que se está aplicando, dijo en rueda de prensa la consejera de Bienestar Social y Vivienda, Inés Rojas.
Pero la aprobación de los planes generales municipales que permitan la construcción de nuevas viviendas sociales es una medida estructural para garantizar que en el futuro la oferta cubra la demanda, añadió.
Puntualizó que además es preciso mantener "vivo" al sector de la construcción en estos momentos de crisis.
Los constructores, en épocas de bonanza, no estaban interesados en las viviendas sociales porque el mercado libre era más lucrativo, declaró Rojas, pero ahora las viviendas de protección oficial "son la esperanza" del sector.
La consejera respaldó la reclamación de la patronal de los constructores de Tenerife para que los ayuntamientos aprueben rápidamente sus planes generales de ordenación y definir así los suelos aptos para la edificación de las viviendas sociales.
Advirtió de que en el caso de que los ayuntamientos no agilicen la tramitación de sus planes generales, el Gobierno está facultado por la Ley de Medidas Urgentes para aplicar un plan supletorio que garantice las infraestructuras sanitarias, educativas y las viviendas sociales.
Rojas hizo estas declaraciones tras firmar un convenio con Antonio Plasencia, presidente de la patronal de los constructores de Tenerife (Fepeco), para ubicar una oficina de información sobre el Plan de Vivienda de Canarias en la sede de la organización empresarial.
La consejera también señaló que se está elaborando un registro de demandantes de viviendas sociales para conocer con precisión las necesidades existentes y adecuar la oferta. No obstante, enfatizó que el Plan de Vivienda también incorpora "medidas coyunturales" para utilizar las viviendas vacías del mercado libre como viviendas sociales, bien a través del alquiler o de la venta.
El presidente de Fepeco, Antonio Plasencia, dijo que hay exceso de viviendas en el mercado libre, bien vacías o sin terminar, pero no las hay "para los que más las necesitan". Reclamó a los ayuntamientos que aprueben sus planes generales, porque sin plan general "no se pueden construir las miles de viviendas necesarias" y desarrollar así el "maravilloso" Plan de Viviendas de Canarias. Según Plasencia, dado que construir viviendas lleva tiempo, es ahora cuando hay que proyectar las que se van a necesitar dentro de tres o cuatro años.
El futuro registro de demandantes de vivienda permitirá a los promotores disponer de una guía para saber la demanda real en cada municipio, señaló.
MÁS INFORMACIÓN: http://fuerteventuralimpia.blogspot.com
* Fuerteventura Limpia - 18.12.09
Viñeta: El Roto - elpais.com
Cataluña: Más de ochenta viviendas públicas están ocupadas ilegalmente
ELPAÍS/Barcelona* : "¿Cuántas viviendas públicas se encuentran en situación de ocupación ilegal? ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Administración para dar solución a esta problemática?". Las dos preguntas las presentó el grupo de CiU en la última comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona.
La respuesta dada por el delegado municipal de Vivienda, Antoni Sorolla, fue que el número de pisos públicos ocupados en Barcelona por gente a quien no se les ha asignado uno de ellos es de 18 y en todos los casos se ha presentado la correspondiente denuncia en el juzgado y se está a la espera de lo que dictamine el juez. A las 18 viviendas ocupadas y pertenecientes al Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona hay que añadir otras 21 que son de Adigsa, la empresa pública que administra los pisos de alquiler protegido de la Generalitat. Esas 39 viviendas, las 18 municipales más las 21 de la Generalitat, son las ocupadas en Barcelona, pero en el conjunto de Cataluña, el número de familias que se han instalado en pisos públicos sin que nadie les haya autorizado asciende a 87.
En el caso de Barcelona, las viviendas ocupadas llevan bastante tiempo en esta situación. Dos de ellas fueron ocupadas en la pasada primavera; siete, en verano, pero las nueve restantes tienen inquilinos no autorizados desde hace más de un año. En todos los casos el Ayuntamiento ha denunciado los hechos y ha instado al desalojo, aunque se está a la espera de lo que dictaminen los jueces. Sorolla explicó que en estos casos no se puede recurrir a la vía penal (allanamiento de morada) ya que la vivienda, salvo que hubiera sido atribuida a otra persona, no tiene un propietario que necesite perentoriamente ocuparla. El procedimiento utilizado, por tanto, en estos casos, es el civil, que resulta bastante lento. La media de lanzamientos (expulsión del inquilino ilegal) es de entre cuatro y cinco meses, pero cuando el propietario es la Administración, puede dilatarse más. Sorolla relativizó el número de ocupaciones ilegales recordando que el Patronato de la Vivienda de Barcelona administra 5.750 pisos. El Consistorio declinó dar las direcciones de los bloques donde hay viviendas ocupadas para evitar el efecto contagio, según un portavoz oficial, es decir, para evitar una ocupación mayor, vista la lentitud en el desalojo. Siete de ellas se hallan en Sant Andreu; cinco, en el distrito de Sant Martí; cuatro están en Ciutat Vella, y las otras dos, en Nou Barris.
La Generalitat tiene viviendas ocupadas en todo el territorio catalán. Si en la ciudad de Barcelona son 21 las viviendas ocupadas que pertenecen a Adigsa, en toda la provincia son 61. "La semana pasada eran 65, pero cuatro han sido desalojadas", señaló un portavoz del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda. Estos desalojos se deben en algún caso a sentencia judicial y en otros a que el ocupante ha decidido irse tras ser presentada la denuncia. En la provincia de Barcelona, las viviendas ocupadas son: 16, en Badalona; 9, en L'Hospitalet; 4 en Mollet del Vallès; 3, en El Prat; 2 en Terrassa, y 1 en Sant Adrià de Besòs, Sabadell, Sant Celoni, Manresa, Martorell y Vilanova i la Geltrú.
+ ELPAIS.com - FRANCESC ARROYO - Barcelona - 20/12/2009
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Carreño: El urbanismo llega a los tribunales
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ELCOMERCIO/Asturias* : El Ayuntamiento de Carreño se enfrenta a dos pleitos en los que las decisiones políticas fueron contrarias a los informes técnicos. El primer caso hace referencia a la licencia de legalización de la vivienda pareada de Candás. Los informes técnicos municipales plantearon el derribo parcial contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos.
Este misma circunstancia se repite con la autorización tramitada para la construcción de la gasolinera de Tabaza, en la que los informes municipales también fueron negativos, en contra de la opinión de algunos grupos políticos.
En cualquier caso, este tipo de decisiones supondrá para el Ayuntamiento la obligación de asumir un importante coste económico. Se da la circunstancia, además, de que las decisiones políticas adoptadas en su momento para hacer frente a las reclamaciones tampoco fueron acertadas. Así, en relación con la vivienda pareada de la carretera del Faro, en Candás, los autores de la denuncia de ilegalidad urbanística agotaron todos los medios de negociación antes de acudir a los tribunales. En este asunto, desde el punto de vista del PSOE, en todo momento se defendió el dictamen de los técnicos municipales de proceder con el derribo parcial del edificio. Y como señaló en su día la portavoz socialista, Áurea Gutiérrez, la determinación de no corregir los errores fue adoptada por mayoría de los grupos políticos UICA, IU y URAS. Sin embargo, ahora es el alcalde del PSOE quien debe «injustamente», lamenta, responsabilizarse de la ejecución de una sentencia con la que estuvieron siempre de acuerdo.
Sin embargo, en relación con la concesión de la licencia a la gasolinera situada en el polígono industrial de Tabaza II, la postura de los socialistas fue contraria a los dictámenes técnicos, que aconsejaban no autorizar la instalación.
Graves consecuencias
En este asunto, la situación municipal se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por la que se declara ilegal el surtidor, fallo que insta a su demolición. Y si en la obra de las viviendas pareadas el Ayuntamiento tendrá que desembolsar más de 30.000 euros para el derribo y el coste de la demanda, impuesto por el juez, en el caso de la gasolinera, de perder el pleito, las consecuencias económicas serán de varios millones.
Hasta el momento, el juez determinó que las dos licencias de construcción y de actividad no se ajustan a la legalidad y sólo resta que la comisión de gobierno resuelva el asunto, ajustando ahora la autorización a los términos que fija el juzgado para su legalización o, por el contrario, proceder con la demolición y asumir los costes que se deriven de esta medida.
Responsabilidades
El portavoz del PP, Celestino Gutiérrez, considera que el gobierno local de PSOE e IU es el que debe resolver con acierto la situación: «Pensamos que cada partido debe responsabilizarse de sus decisiones y nosotros siempre somos respetuosos con los informes técnicos, porque demuestran en todos los casos que son los que tienen la razón».
Por su lado, la concejala de Urbanismo de IU, Melania Álvarez, aclaró que su partido fue favorable a los informes técnicos en lo referente a la gasolinera. La edil mantiene, no obstante, que «debemos confiar en que se resuelvan todos los pleitos en marcha de la mejor manera posible para los intereses municipales».
Así las cosas, los dos frentes abiertos con la justicia en el Consistorio de Carreño están teniendo unas consecuencias de una importante gravedad. Ahora, el juez ha impuesto una multa al alcalde de 1.200 euros mensuales hasta la ejecución de la sentencia de derribo parcial de la vivienda pareada en Candás. Esta situación puede alcanzar un nivel de gravedad muy superior si no se resuelve cuanto antes la ilegalidad urbanística de la gasolinera. En ambos casos será el mismo juez quien dictamine al respecto.
* El Comercio Digital - PEPE G.-PUMARINO - 20.12.09
Foto: Candás- Carreño (Asturias) - paginasamarillas.es
'Pretoria': La Fiscalía lleva a Garzón el 'pelotazo' que benefició a primos de Víctor Ros
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ELMUNDO/Barcelona* : La Fiscalía de Cataluña ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón otro presunto "pelotazo" con el que el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) Víctor Ros (PP) benefició a dos primos suyos, al considerar que podría tener relación con la operación 'Pretoria'.
El ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres figura ya como imputado por Garzón en la operación 'Pretoria', contra una trama de corrupción urbanística en la que estarían implicados ex cargos del PSC y CiU, y en otras dos causas que investiga un juzgado de Mataró (Barcelona) por operaciones municipales irregulares.
El grupo municipal SOS Llavaneres destapó las irregularidades urbanísticas que dieron pie a esas diligencias judiciales que lleva el juzgado de Mataró y el pasado mes de noviembre presentó ante la Fiscalía de Cataluña otra denuncia que acusaba a Ros de beneficiar a dos primos suyos, que podrían ganar 24 millones en plusvalías gracias a una recalificación.
Según han informado fuentes judiciales, la denuncia la recibió el fiscal responsable de delitos urbanísticos, que, tras examinarla junto al fiscal Anticorrupción de Cataluña, halló indicios que permitirían relacionar ese presunto "pelotazo" con la trama de corrupción que investiga Garzón, con ramificaciones en Sant Andreu de Llavaneres y Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), entre otras poblaciones del área metropolitana.
Por ese motivo, en vez de abrir diligencias para investigar la nueva denuncia contra Víctor Ros por presunto delito urbanístico, el ministerio público ha decidido remitirla a la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona para que, a su vez, la haga llegar al juez Baltasar Garzón.
Esa nueva denuncia, además, está en manos de los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la red de corrupción urbanística, ya que el concejal de SOS Llavaneres Josep Ruiz se la entregó personalmente cuando acudió a declarar como testigo al cuartel para ser interrogado sobre la trama de la 'operación Pretoria' que afecta a Sant Andreu de Llavaneres.
La denuncia acusa al ex alcalde popular de los delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por haber beneficiado supuestamente a unos primos suyos mediante una recalificación derivada de la creación en abril de 2006 de un nuevo sector -la zona de la Riera- en el nuevo planeamiento urbanístico del municipio.
Según la denuncia, los dos primos del ex alcalde disponían de dos fincas rústicas y una parcela que vendieron en agosto de 2005 por un fijo de 3,6 millones de euros, a los que se añadía una cantidad variable, en función de múltiples cláusulas adicionales, entre ellas multiplicar por 1.081 euros cada metro cuadrado de techo edificable.
Tan sólo ocho meses después, el 10 de abril de 2006, el ayuntamiento comandado por Víctor Ros aprobó de forma inicial el nuevo planeamiento urbanístico, que preveía la creación del sector de la zona de la Riera, lo que disparaba las plusvalías para sus primos.
Según la denuncia, los dos primos de Ros podrían llegar a obtener unos 24 millones de euros en plusvalías en función de la valoración final que se haga del exceso del 20% de vivienda pública oficial que se efectúe en la aprobación definitiva del nuevo planeamiento urbanístico.
La denuncia que ahora se ha enviado a Garzón es la cuarta presentada por el grupo municipal SOS Llavaneres: dos de las tres precedentes acabaron en el juzgado, donde todavía se están instruyendo, y la tercera fue archivada por la Fiscalía de Delitos Urbanísticos de Cataluña, pero remitida a Anticorrupción de Madrid por si se derivaban de ella nexos con la "Operación Pretoria".
El pasado 2 de diciembre, Víctor Ros presentó su renuncia a la militancia del PP después de que trascendiera su imputación en el caso 'Pretoria'.
* El Mundo - EFE - 19.12.09
Foto: Llavaneres (Barcelona) - infomet.am.ub.es
'Rabasa': El TSJ destaca que la defensa del medio ambiente prima sobre el ´interés desarrollista´
INFORMACIÓN/Alicante* : Al hacer la ponderación de los intereses en conflicto, sopesamos, frente al desarrollista, el de defensa y protección del medio ambiente y nos parece este último más relevante, más necesitado de protección". Así se expresa el Tribunal Superior de Justicia para justificar su decisión de suspender cautelarmente la aprobación del plan parcial de Rabasa ante el recurso interpuesto por la Delegación del Gobierno central contra esta actuación urbanística.
La apuesta por la sostenibilidad es la clave del auto dictado por la Sala de lo Contencioso-administrativo sección 1, presidida por Edilberto Narbón, que supone la paralización del plan Rabasa hasta tanto se resuelva el fondo del asunto, cosa que podría suponer alrededor de dos años, a la vista de antecedentes similares.
En el auto se hace hincapié en la ausencia de garantías para el abastecimiento de agua para un plan que incluye más de 13.000 viviendas, lo que supondrá unos 40.000 habitantes, y con unas dimensiones de más de cuatro millones de metros cuadrados. Sobre las grandes dimensiones del plan la resolución judicial afirma que "no es razonable, en principio, desde perspectivas medioambientales, una utilización del suelo que supere los umbrales que la propia Administración determina, ni es razonable la utilización del suelo que implique una alteración de las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana, ni es razonable una reclasificación del suelo no urbanizable al margen del Plan general de Ordenación Urbana".
El auto insiste en que la Generalitat aprobó el plan Rabasa en contra de las exigencias de su propia normativa sobre el uso sostenible del suelo, que se recoge en la Ley sobre ordenación del territorio, y recalca que es dicha Ley la que impone como mecanismo de utilización racional del suelo la necesidad de llevar a un Plan General "las modificaciones del planeamiento que supongan la alteración de directrices definitorias o la reclasificación de suelo no urbanizable".
* Información - MANUEL DOPAZO - 19.12.09
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com
Santa Cruz: Denuncian edificios ´fuera de ordenación´ encubiertos
LAOPINIÓN/Tenerife* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación de Santa Cruz anunció ayer que teme la existencia de más casos de edificios fuera de ordenación. En este caso alude a los inmuebles catalogados bajo la tipología denominada "mantenimiento de la edificación". Estos edificios se mantienen con los parámetros urbanísticos del instrumento de ordenación vigente en el momento en que obtuvieron la licencia de edificación.
Así, según la Plataforma, si los planeamientos anteriores daban a un edificio menos alturas de las que luego se concedieron vía licencia, aunque ahora se califiquen como "mantenimiento" –algo que ocurre en diversos espacios de la ciudad– estaríamos ante un caso más de "fuera de ordenación". De ello se deduce que durante la vigencia de planeamientos anteriores, se concedieron licencias para edificios que vulneraban las alturas previstas por dicha planificación urbanística.
"Nueva caja de Pandora". "Es una nueva caja de Pandora que se abre, los mantenimientos demuestran que no ha hecho absolutamente nada, se han limitado a poner mantenimientos que encubren más viviendas fuera de ordenación y crea, inseguridad jurídica", explicó Campos.
Unos mantenimientos que impiden recalcular, siempre según el letrado, las alturas y el traspaso de aprovechamientos urbanísticos de un punto a otro. Lo que sí afirmó es que "si se recoge a todos los edificios con viviendas fuera de ordenación probablemente no se puedan levantar todas las torres que se pretenden". El abogado incidió en que se trata de una decisión meramente política, que no va a ser revisada por la Cotmac. "No es una cuestión de legalidad, que es lo que valora la Cotmac; por eso se ha hecho a escondidas y tienen tanta prisa en aprobarlo", sostuvo.
Campos animó a que los vecinos cuya vivienda quede fuera de ordenación acudan el próximo lunes al Pleno que prevé celebrar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Una cuestión que reiteró durante la tarde de ayer en el Edificio Sindical de Méndez Núñez, en la oficina donde atiende a los afectados.
Responsabilidades. En relación con la exigencia de responsabilidades, el abogado y portavoz llegó a animar a los empresarios, Cámara de Comercio y CEOE a que pidan cuentas a la Gerencia de Urbanismo, al considerar que "no querrán enriquecerse a través del robo al los vecinos de sus derechos".
La Coordinadota de Pueblos y Barrios de Tenerife estuvo presente ayer junto a la Plataforma contra el PGO. Su portavoz, Andrés Pérez, lamentó que algunas voces institucionales hayan atacado a la Plataforma aduciendo que está politizada. "Se cree el ladrón que todos son de su condición", sostuvo Pérez, que defendió a la Coordinadora de Pueblos y Barrios como un colectivo "apartidista".
El portavoz de la Coordinadora anunció además la pretensión de analizar no sólo lo que acontece con el Plan General de Santa Cruz de Tenerife, sino los documentos planificadores del resto de municipios de la Isla. "Vamos a saco a todos los Ayuntamientos, a controlar todo lo que se mueva".
Redactores del PGO de Abegondo reconocieron la depreciación
Un caso parecido al que vive Santa Cruz de Tenerife en estos momentos con su Plan General de Ordenación lo vivió hace dos años el municipio de Abegondo, en la provincia de La Coruña. Pero con varias salvedades. La primera, que en este caso fueron los redactores del PGO quienes reconocieron que dejar tal número de casas fuera de ordenación implicaba un "grave perjuicio" , toda vez que disminuye el patrimonio de sus propietarios, tal y como pusieron de manifiesto en La Opinión de La Coruña en septiembre de 2007.
En el resto de connotaciones, el caso del municipio de Abegondo no es equiparable al de Santa Cruz, por cuanto las edificaciones que quedan fuera de ordenación no son equiparables. Mientras en Santa Cruz de Tenerife hablamos de las viviendas superiores de edificios altos, en Abegondo nos encontramos con edificaciones de menores alturas y que presentan otro tipo de afección.
No en vano, el gallego es un municipio que no alcanza siquiera los seis mil habitantes. Estas viviendas, concretamente 1.172 de 3.325, quedaron excluidas del planeamiento con arreglo a unas restrictivas premisas de la Xunta de Galicia.
Fueron los propios redactores, con el apoyo del Concello, quienes solicitaron a través de un informe enviado a la Xunta la flexibilización en los criterios, al respecto de la eliminación de los suelos urbanizables y los de expansión del núcleo rural previstos.
En dicho informe, los redactores incidían en las consecuencias, en forma de pérdidas de derechos, que lleva aparejada la situación de fuera de ordenación. Por ejemplo, que sólo se pueden autorizar "obras de mera conservación y las necesarias para el mantenimiento del uso preexistente".
Otra de las diferencias notables pasan porque el trámite del PGO se sitúa aún en la fase de aprobación inicial, mientras que el documento de Santa Cruz de Tenerife solo precisa de la aprobación ya definitiva del Pleno y el visto bueno final de la Cotmac, que de cualquier forma no entrará a valorar las viviendas que se encuentran fuera de ordenación.
* La Opinión Tenerife - SAMUEL GONZÁLEZ (IDEAPRESS) - 19.12.09
Foto: Torres de edificios afectadas por el nuevo PGO de Santa Cruz. José Luis González, laopinion.es
Arca denuncia que el PSIR Piélagos-Villaescusa va a ser un nuevo pelotazo urbanístico, con campo de golf y viviendas
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CANTABRIACONFIDENCIAL* : La asociación ecologista Arca ha denunciado hoy que con el PSIR (Proyecto Singular de Interés Regional) que el Gobierno de Cantabria está empezando a tramitar entre los municipios de Piélagos y Villaescusa se está fraguando "un nuevo pelotazo urbanístico" consistente en la construcción de un "gran campo de golf", viviendas y un complejo hotelero.
Al hilo de este asunto, el portavoz de Arca, Gonzalo Canales, criticó la "desastrosa" política de ordenación del territorio del Gobierno regional y acusó al consejero, José María Mazón, de ser una "especie de Hormaechea". Además, y en relación con las posiciones a favor de la legalización de las viviendas con sentencias de derribo, señaló que la clases política de Cantabria es "basura humana".
En cuanto al PSIR Piélagos-Villaescusa, explicó que se desarrolla dentro de lo que el Plan de Ordenación del Litoral (POL) denomina Áreas Integrales Estratégicas Productivas, que tienen el doble objetivo de conseguir suelo productivo, es decir la instalación de industrias, y la restauración ambiental. Sin embargo en este caso, "no se va a restaurar absolutamente nada", dijo.
Así, señaló que la mitad de la superficie (unos 700.000 metros cuadrados), se destinan efectivamente a usos productivos, sin embargo en el resto la restauración ambiental "no existe", sino que 347.000 metros cuadrados (unas 35 hectáreas) se van a dedicar a "uso deportivo extensivo", 65.000 a uso hotelero y 20.000 a residencial, lo que podría suponer la construcción de más de 200 viviendas de 100 metros cuadrados cada una.
Según precisó, la empresa que promueve este proyecto es Vipar Parque Empresarial S.L., participada por Sodercan y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)y que a juicio de Canales "pasará a ser una especie de sociedad pública"
De esta manera, según Canales, "se incumplen los objetivos", al introducir los usos residencial, hotelero y deportivo extensivo, y "se está fraguando un nuevo pelotazo urbanístico" que es "un paso más en la escalada de corrupción y especulación urbanística en Cantabria", recalcó.
La "conclusión" para Arca es que PSIR es "igual a corrupción" y "a pelotazo urbanístico", y que el fin de este tipo de proyectos no es la ordenación del territorio, sino que son "instrumentos descarados para defender determinados intereses particulares y para sacar determinados negocios".
Precisó además que la mitad de los suelos de este PSIR, la parte que está en Villaescusa, son rústicos de especial protección, mientras que en la ubicada en Piélagos están zonificados como de "máxima valoración agroecologíca".
Canales puso en relación este hecho con la modificación de la Ley del Suelo que está tramitando el Ejecutivo para permitir que los PSIR se desarrollen también en suelos rústicos de especial protección y opinó que la "verdadera justificación" de la misma es "legislar a la carta" para poder sacar adelante estos "pelotazos urbanísticos que son los PSIR", en concreto el de Piélagos-Villaescusa y otro que "está en espera" en San Felices de Buelna, dijo.
Por eso "no es extraño", según dijo, que esa modificación se esté tramitando de forma "totalmente oscurantista", no se ha convocado al Consejo de Ordenación del Territorio, del que Arca forma parte, y "sin ningún tipo de estudios" ni justificación técnica.
POLÍTICA "DESASTROSA"
La conclusión de todo ello, para Arca, es que el Gobierno está haciendo una política de ordenación del territorio "absolutamente desastrosa" y "oscurantista", y su máximo responsable, el consejero José María Mazón, está "amparando la cultura del pelotazo urbanístico, la corrupción y la especulación" y demuestra un "absoluto desprecio" por el Consejo de Ordenación del Territorio.
"Lo que tenemos con Mazón es una especie de Hormaechea segunda parte, una especie de resurrección de los peores años de Hormaechea" señaló Canales, quien en nombre de Arca volvió a pedir la "inmediata dimisión" del consejero, porque Cantabria "no puede aguantar más" estas políticas de "absoluta desordenación del territorio", y porque "no tiene ni capacidad técnica ni política para desarrollar una política de ordenación sostenible", subrayó.
Preguntado por el derribo de Cerrias, criticó que "todas" la declaraciones de los responsables políticos van en el sentido de "legalizar" estas viviendas, lo que produce "vergüenza ajena", dijo. para canales, "basura humana" es lo que "tenemos en la clase politica de Cantabria".
Sobre la postura de la asociación al respecto, señaló que es la que viene manteniendo de "absoluta firmeza", aunque emplazó al próximo día 22 para hacer un pronunciamiento más detallado al respecto.
En cualquier caso, reiteró que las declaraciones de los políticos de la región en este asunto generan en Arca una "tristeza profunda" y ponen de manifiesto que "toda" la clase política Cantabria "es vergonzosa". "Mazón, desde luego, va a hacer bueno a Hormaechea", apostilló.
* Cantabria Confidencial - 18.12.09
Foto: Piélagos (Cantabria), ayuntamiento - pielagos.com
Carta abierta a nuestras autoridades y a todos los ciudadanos valencianos: Políticos y especuladores en Valencia
ANTONIO MARÍN SEGOVIA* : Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Convertir el Cabañal es un barrio periférico sin personalidad es un disparate además de una demostración de ignorancia imperdonable... Y la fuerza de los votos y la manipulación ejercida y desarrollada, brutal y sistemáticamente, por el PP en los últimos 20 años, no significa que tenga sentido destruir un barrio de pescadores singular y único en Valencia.
Afirmar como hacen algunos indeseables que la fuerza de los votos permite la comisión de todo tipo de ilegalidades, únicamente demuestra la falta de respeto por la historia, por la cultura, por la legalidad y por el patrimonio que tiene el PP y su corte de aduladores a sueldo.
Si existe algún enemigo de Valencia y de nuestra cultura ese es el PP y la inefable Sra. Rita Barberá, experta en expolios, saqueos y en la difusión de mentiras, de grandes mentiras...
Todavía recuerdo las campañas orquestadas por Rita Barberá (antes de que fuera alcaldesa de Valencia) para destruir el cauce del río Turia y convertirlo en una autopista, así como su apoyo a ciertos especuladores que deseaban destruir el Parque Natural del Saler y convertirlo en un nuevo Benidorm... Y por favor. señores del PP (y del PSOE): dejen de justificar sus abusos urbanísticos y pelotazos con los votos. Sabemos bien que el único partido que gana es el partido de la abstención...
Estoy deseando que el Ministerio de Cultura se pronuncie favorablemente a favor de los sufridos y combativos miembros de Salvem el Cabanyal, aunque tarda demasiado el anhelado informe. Yo me espero lo peor, dada la falta de reflejos que demuestra el gobierno del Sr. Zapatero a la hora de defender la legalidad y a los ciudadanos de a pie...
Insisto: conservar nuestras señas de identidad es lo que puede salvar a Valencia de ser un vulgar pueblo y no convertir a nuestra mediterránea villa la en una ciudad sin alma y sin señas de identidad únicas.
Ya sabemos que al PP y a la Señorita Rita Barberá no le interesa salvaguardar y respetar nuestro legado patrimonial, nuestra cultura.
Día a día el PP demuestra su desdén y su desprecio por Valencia y por los valencianos. Aquí, en la capital del Turia, debemos ser masoquistas, aunque tampoco tenemos alternativas al PP, pues el PSOE ejerce una oposición débil y muy blanda, por no calificarla de cobarde. No entiendo a qué tiene miedo, pues Rita Barberá ni es inmortal ni es Dios ni es la reina de los mares... Es tan mortal como yo y sus argumentos carecen de peso y son fáciles de desmontar con un poquito de inteligencia y tenacidad.
Motivos tenemos para protestar y defender nuestro derecho a vivir en ciudades con alma, con corazón, lejos de la barbarie y de la especulación. Y somos conscientes de que ni el PP ni el PSOE saben canalizar las demandas y necesidades de los ciudadanos, por eso crece la abstención y el desprecio hacia la clase política, hacia los dos grandes partidos dinásticos y neofranquistas.
Es hora de la República Valenciana, de promover una nueva forma de hacer política desde las necesidades diarias y con el objetivo de lograr la total independencia de los valencianos, tanto territorial como emocional.
Nosotros tenemos que elegir nuestro destino y fijar nuestras normas de convivencia, lejos de cualquier yugo o imposición externa.
Ayer fue el barrio del Cabañal y el regalo de unos terrenos en Benicalap a una empresa privada llamada Valencia SAD. Hoy es el Jardín de Monforte y mañana será otro disparate que se le ocurra a algún especulador sin escrupúlos, vinculado a la clase política dinástica.
* Antonio Marín Segovia
Miembro del ‘Cercle Obert’ de Benicalap i de República Valenciana
* OtroMadrid.org - Antonio Marín Segovia - Cercle Obert de Benicalap - 16.12.09
Collado-Villalba: Los vecinos de Altagracia denuncian el abandono de su urbanización
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ELFARODELGUADARRAMA/Madrid* : Ninguno de los 39 vecinos que decidieron comprar un chalé de cerca de 600.000 euros en la urbanización Altagracia, en Collado Villalba, pudieron pensar que un año después de haber entrado a vivir en estas viviendas de lujo se iban a encontrar en una urbanización abandonada por la promotora y el Ayuntamiento.
Debido a la crisis inmobiliaria, ORAMBA -empresa promotora de estos unifamiliares- no ha finalizado la construcción de más de 60 chalés, por lo que no se han recepcionado las calles. Esta situación ha provocado que pese a pagar sus impuestos (más de 600 euros de IBI), estos vecinos no se beneficien de los servicios de limpieza y mantenimiento de Collado Villalba. De hecho, en esta urbanización no hay ni siquiera papeleras, y la gran mayoría de las farolas están deterioradas y sin funcionar porque nunca se han cambiado las bombillas. Tampoco se han puesto nombres a las calles, sino que ha sido uno de los vecinos el que ha diseñado y colocado los carteles para que “al menos el cartero nos pueda traer la correspondencia”.
Según explican, durante este tiempo se han puesto en contacto con la promotora, explicándoles además que hay un gran número de viviendas a medio construir y que no han sido debidamente cerradas, lo que ha provocado que los fines de semana muchos jóvenes las utilicen como refugio donde realizar sus botellones. También se han encontrado borrachos y drogadictos, por lo que cada semana tienen que llamar a la Policía Local para ‘desalojar’ a alguien. Además, tras el abandono de la promotora, estas casas se han convertido en un foco de infección poblado de ratas y otros animales. La gran mayoría de los vecinos tienen niños pequeños que juegan, según dicen, en un auténtico estercolero, donde también hay bidones con combustible, hierros y todo tipo de desechos.
Uno de los vecinos, que habla en nombre de todos -ya que debido al limbo en el que se encuentra esta urbanización no pueden constituirse como asociación-, afirma que la promotora les da largas y que, tras muchos meses de revindicaciones, únicamente han conseguido que se termine de adecuar una pista de pádel, un vestuario y la piscina comunitaria.
Pero todavía hay más problemas, sobre todo circulatorios. Esta urbanización también cuenta con un acceso a la calle Doctor Poveda a través de una rotonda. Esta glorieta lleva cerrada desde que se construyó y, pese a haberse realizado dos retranqueos, a día de hoy la Policía Local todavía no ha dado autorización para que se pueda abrir al tráfico, lo que provoca que, como las vallas se encuentran en el suelo, muchos visitantes se confundan y tengan que frenar bruscamente en una zona con poca visibilidad, al encontrar este acceso cerrado. Pero hay que tener en cuenta que esta calle, desde el acceso al Mirador de la Sierra hasta la entrada a la urbanización Fontenebro, no cuenta con señalización ni con limitadores de velocidad, así que las velocidades que se pueden llegar a coger en este tramo superan en muchas ocasiones los 100 kilómetros hora.
“Se está realizando un informe sobre la situación”
Respecto a estos problemas, el director de Urbanismo, Jesús García del Burgo, ha asegurado que esta semana unos técnicos municipales se han personado en la urbanización y están elaborando un informe que enviarán a ORAMBA para instarles a que cierren convenientemente las casas que están sin terminar o a medio construir. Además, pedirán que limpien la zona de escombros, entre otras cuestiones. García del Burgo señaló que este tipo de situaciones se producen como consecuencia de la crisis inmobiliaria, y que pese a la presencia de estas familias no pueden recepcionar la urbanización hasta que que esté finalizada. “Hemos visto las peticiones de los vecinos y nos hemos puesto en contacto con la promotora. Estamos por dar soluciones y alternativas a esta situación”, finalizó.
* El Faro del Guadarrama - Arancha Ortega - 18.12.09
Foto: elfarodelguadarrama.com
'Otro Castro es Posible' recuerda la obligación de convocar una consulta popular
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DIARIOMONTAÑÉS* : La asociación denuncia que hace un año, el pleno del Ayuntamiento de Castro aprobó la celebración de una consulta para que la ciudadanía decidiese sobre el futuro de su bahía. Desde entonces, no ha realizado ninguna acción en este sentido, pese a su obligación legal. Fuentes de la Dirección General de Puertos de la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo han informado a la asociación ciudadana Otro Castro Es Posible de la inminente licitación y ejecución de las obras del puerto deportivo de Castro Urdiales a comienzos del 2010.
Este hecho se corrobora por la aprobación en el Consejo de Gobierno de Cantabria, celebrado ayer mismo, de la autorización para la licitación del proyecto y ejecución de obras con un presupuesto de casi 17 millones de euros. Los planes del Gobierno de Cantabria desdicen una vez más los planteamientos del propio presidente Revilla que adquirió el compromiso de no ejecutar el puerto deportivo si el Ayuntamiento y el pueblo de Castro no lo querían (sic). Ante esta situación Otro Castro es Posible pone de nuevo de manifiesto la obligación del ayuntamiento castreño de organizar una consulta popular para que la ciudadanía de este municipio decida sobre el futuro de su bahía y puerto deportivo.
La denuncia de la asociación ciudadana se basa en la aprobación hace aproximadamente un año, por parte del pleno del Ayuntamiento de Castro Urdiales a propuesta del concejal de Izquierda Unida, de la celebración de una consulta popular en el municipio sobre este proyecto. En este sentido, desde el consistorio no se ha tomado ninguna decisión para implementar la consulta.
Esta es la razón por la que Otro Castro Es Posible reivindica el ejercicio de este derecho democrático, reconocido ya de manera oficial por su Ayuntamiento, y recuerda a sus responsables políticos, y especialmente a su alcalde, la obligación que tienen de llevar a cabo la consulta popular. Se señala por la asociación que las condiciones por las que atraviesa el ayuntamiento, en “estado de coma” debido a las imputaciones y procesamientos que afectan directamente al equipo de gobierno, no son las más idóneas para organizar la consulta popular, razón por la que se apela al consenso entre las formaciones políticas para poner en marcha urgentemente un programa para la celebración de la consulta, y se pongan a disposición los medios para que se informe, se opine y se debata la aceptación o rechazo al puerto deportivo.
El derecho de consulta popular está reconocido en la legislación española, concretamente, en el art. 71 de la ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local en la que se señala que “los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización del Gobierno de la Nación, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos”.
Relleno de la bahía
El proyecto aprobado por el Gobierno de Cantabria prevé el estrechamiento de la bocana de la bahía, la construcción de un dique interior perpendicular al muelle don Luis, el relleno del ecosistema intermareal bajo el Paseo Marítimo y la privatización la tercera parte de la superficie de la bahía castreña. El anteproyecto de puerto deportivo tuvo una importante contestación social desde el año 2004, organizada en torno al Colectivo para la Defensa de la Bahía que llegó a recoger más de diez mil firmas contra el proyecto. Este colectivo fue apoyado por asociaciones ecologistas y vecinales, entre ellas Otro Castro Es Posible, si bien la propuesta de consulta popular promovida por esta asociación fue desoída por el colectivo. Unas 2.500 personas, según datos de la prensa, se manifestaron en marzo de 2004 contra el puerto deportivo. El colectivo también ofreció una propuesta de ordenación del puerto organizando los usos y amarres entorno al espacio actual de la bahía, como alternativa al tremendo impacto ambiental que supondrá la construcción del puerto deportivo. Actualmente el Colectivo para la Defensa de la Bahía está disuelto.
Trigésimo aniversario de la consulta popular sobre Castro Novo
El llamamiento de Otro Castro Es Posible coincide con el 30 aniversario de la consulta popular sobre el proyecto de Castro Novo, realizada el 16 de diciembre de 1979. Ésta fue la primera consulta popular convocada en España sobre un referente urbanístico, que vino precedida de una experiencia de participación ciudadana y de movilizaciones que terminó con la claudicación del gobierno municipal de Manuel Gutierrez Elorza “Lolín”, tras la huelga de hambre de seis días de 2 concejales y 5 militantes de Izquierda Castreña Unida. El 11 de octubre de 1979 el pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad la convocatoria de consulta popular para el 16 de diciembre de ese mismo año. Las urnas estuvieron abiertas en todos los colegios electorales, y el pueblo votó entre las 9 de la mañana y las 7 de la tarde con una participación del 73,56% del censo electoral obteniendo el Si 3.188 votos, y el NO a Castro Novo 3.732 votos.
Según se pone de manifiesto desde la asociación ciudadana, esta victoria de la democracia, que rechazó el proyecto de Castro Novo, contrasta con la frustración de buena parte de la ciudadanía castreña que ha visto que a pesar de la victoria en la aquella consulta popular, se ha implantado en nuestro municipio suelo urbano y urbanizable que equivale al proyecto de Castro Novo multiplicado por diez, con el agravante de que este crecimiento urbanístico no ha venido acompañado de los equipamientos y servicios que necesita la población actual de Castro Urdiales, y sin embargo dejan entrever indicios más que probables de corrupción urbanística.
Es por esta razón por la que la consulta popular se convierte, además de un derecho democrático para decidir sobre el futuro de la ciudad, en una necesidad, y esta no es otra que la de recuperar la dignidad de una sociedad civil prácticamente inexistente durante los últimos años.
* El Diario Montañés - Mario Cerro - 18.12.09
Foto: Vista general de Castro Urdiales. / SANE, eldiariomontanes.es
El TSJ suspende cautelarmente el plan Rabassa con 13.503 casas
ELPAÍS/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha acordado la suspensión cautelar del plan Rabassa, el proyecto urbanístico más ambicioso y polémico de Alicante, que prevé la construcción de 13.503 casas en la periferia norte de la ciudad. El programa urbanístico, adjudicado al contratista local Enrique Ortiz, fue aprobado definitivamente por el Consell el pasado mes de mayo.
La iniciativa fue recurrida por el Grupo Socialista de las Cortes Valencianas y por la Plataforma Iniciativas Ciudadanas (PIC). Con anterioridad, el Gobierno también había planteado otro recurso, en este caso porque el programa no tenía acreditados los recursos hídricos para abastecer la futura población.
El alto tribunal, según fuentes judiciales, avala la decisión de paralizar cautelarmente el plan Rabassa en dos argumentos básicos: primero porque el macroproyecto no cuenta con el preceptivo informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos; y segundo, porque el Ayuntamiento lo tramitó al margen del Plan General de Ordenacíón Urbana (PGOU) de la ciudad.
El plan Rabassa, que comenzó a tramitarse hace ocho años, ha sido la iniciativa urbanística más polémica y que mayor rechazo ha concitado entre los colectivos cívicos de la capital alicantina. Aparte de su aprobación al margen del PGOU, estos colectivos cuestionaron el negativo impacto ambiental y social de la futura macrourbanización. El rechazo social al plan cristalizó en la creación de la mencionada plataforma. El portavoz de la PIC, el profesor universitario Manuel Alcaraz, resaltó la satisfacción del colectivo por el auto del TSJ.
Desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP con mayoría absoluta, se defendió la tesis contraria y el equipo de gobierno resaltó el volumen de viviendas sociales que llevaba aparejado el plan: 8.047 del total de 13.503.
Nada más contar con el visto bueno final del Consell, el promotor anunció que en breve comenzarían las obras de urbanización, y que en el plazo de dos años estarían levantadas las primeras casas.
Sin embargo, desde su aprobación final el plan Rabassa no ha sido noticia por el comienzo real de las obras, sino por la iniciativa del Ayuntamiento de ubicar en PAI la futura tienda de la multinacional sueca del mueble IKEA.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 18/12/2009
Foto: Alicante, vista aérea con terrenos plan Rabasa - diarioinformacion.com
Un juzgado ordena la demolición de diez viviendas en Chiclana
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DIARIODECÁDIZ* : Un juzgado ha emitido la orden de derribo de diez viviendas en Chiclana, situadas concretamente en la zona de Majadillas Bajas, al estar construidas todas ellas en terrenos denominados como urbanizable no sectorizados. En otras palabras, casas que se levantaron en suelo rústico sin contar ninguna de ellas con licencia municipal.
El Ayuntamiento recibió días atrás ese dictamen judicial y pretende ejecutar hoy mismo la orden a partir de las ocho de la mañana. Al parecer, los inquilinos de las viviendas ya han recibido varios avisos desde el juzgado para que sean ellos los que contraten los trabajos de demolición de sus propios inmuebles. Al no ser así, el Ayuntamiento tendrá que llevar a cabo esa actuación bajo mandato judicial, trasladándoles luego las facturas de los costes de esta medida a los ocupantes de las viviendas.
Todos los inmuebles se ubican en una misma parcela y ocupa prácticamente una calle. Los vecinos se arremolinaban anoche frente a las puertas de sus casas a la espera de noticias de su abogado. Según ellos, el letrado le ha asegurado que la orden judicial de derribo ha sido paralizada. No obstante, según fuentes municipales ese extremo se desconocía y será hoy cuando se sepa con seguridad si se tiran o no la decena de edificaciones.
Entre los inquilinos había ayer nerviosismo ante la proximidad del derribo de sus casas. En la calle se reunieron casi la totalidad de las familias afectadas, niños incluidos, que discutían sobre la inminente demolición de sus hogares, aunque mantenían su confianza en que esta medida no se producirá en la mañana de hoy tras hablar con el abogado.
El proceso administrativo para proceder al derribo comenzó pocos años atrás con la orden de paralización de la construcción de esas casas, según ha podido saber este medio. Fuentes consultadas relataron que se hizo caso omiso de esos avisos hasta que llegaron a levantarse las viviendas. Mientras tanto se han interpuesto recursos, pero el proceso ha continuado hasta que el juez ha decretado la demolición.
Cabe recordar que la primera de las casas que se tiró a requerimiento del juzgado en el término de Chiclana sucedió el pasado mes de marzo en la zona conocida como El Marquesado. En este caso, el ocupante tampoco hizo caso a las notificaciones de la Justicia, por lo que fue el propio Ayuntamiento de esa localidad quien se hizo cargo de los trabajos de derribo. La segunda de las viviendas que se echó abajo tuvo lugar hace escasamente un mes, pero esta vez fueron los propietarios quienes prefirieron ejecutar la orden. En ambos casos, las viviendas se situaban en suelo rústico sin disponer de las preceptivas licencias.
* Diario de Cádiz - F.M. - 18.12.09
Foto: La máquina volverá mañana a actuar en la localidad chiclanera donde continúan con el proceso de regularización de viviendas. :: ANTONIO VÁZQUEZ, lavozdigital.es
