Carreño: El urbanismo llega a los tribunales

ELCOMERCIO/Asturias* : El Ayuntamiento de Carreño se enfrenta a dos pleitos en los que las decisiones políticas fueron contrarias a los informes técnicos. El primer caso hace referencia a la licencia de legalización de la vivienda pareada de Candás. Los informes técnicos municipales plantearon el derribo parcial contra la opinión de la mayoría de los partidos políticos.

Este misma circunstancia se repite con la autorización tramitada para la construcción de la gasolinera de Tabaza, en la que los informes municipales también fueron negativos, en contra de la opinión de algunos grupos políticos.
En cualquier caso, este tipo de decisiones supondrá para el Ayuntamiento la obligación de asumir un importante coste económico. Se da la circunstancia, además, de que las decisiones políticas adoptadas en su momento para hacer frente a las reclamaciones tampoco fueron acertadas. Así, en relación con la vivienda pareada de la carretera del Faro, en Candás, los autores de la denuncia de ilegalidad urbanística agotaron todos los medios de negociación antes de acudir a los tribunales. En este asunto, desde el punto de vista del PSOE, en todo momento se defendió el dictamen de los técnicos municipales de proceder con el derribo parcial del edificio. Y como señaló en su día la portavoz socialista, Áurea Gutiérrez, la determinación de no corregir los errores fue adoptada por mayoría de los grupos políticos UICA, IU y URAS. Sin embargo, ahora es el alcalde del PSOE quien debe «injustamente», lamenta, responsabilizarse de la ejecución de una sentencia con la que estuvieron siempre de acuerdo.
Sin embargo, en relación con la concesión de la licencia a la gasolinera situada en el polígono industrial de Tabaza II, la postura de los socialistas fue contraria a los dictámenes técnicos, que aconsejaban no autorizar la instalación.
Graves consecuencias
En este asunto, la situación municipal se encuentra a la espera de la resolución del recurso presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia por la que se declara ilegal el surtidor, fallo que insta a su demolición. Y si en la obra de las viviendas pareadas el Ayuntamiento tendrá que desembolsar más de 30.000 euros para el derribo y el coste de la demanda, impuesto por el juez, en el caso de la gasolinera, de perder el pleito, las consecuencias económicas serán de varios millones.
Hasta el momento, el juez determinó que las dos licencias de construcción y de actividad no se ajustan a la legalidad y sólo resta que la comisión de gobierno resuelva el asunto, ajustando ahora la autorización a los términos que fija el juzgado para su legalización o, por el contrario, proceder con la demolición y asumir los costes que se deriven de esta medida.
Responsabilidades
El portavoz del PP, Celestino Gutiérrez, considera que el gobierno local de PSOE e IU es el que debe resolver con acierto la situación: «Pensamos que cada partido debe responsabilizarse de sus decisiones y nosotros siempre somos respetuosos con los informes técnicos, porque demuestran en todos los casos que son los que tienen la razón».
Por su lado, la concejala de Urbanismo de IU, Melania Álvarez, aclaró que su partido fue favorable a los informes técnicos en lo referente a la gasolinera. La edil mantiene, no obstante, que «debemos confiar en que se resuelvan todos los pleitos en marcha de la mejor manera posible para los intereses municipales».
Así las cosas, los dos frentes abiertos con la justicia en el Consistorio de Carreño están teniendo unas consecuencias de una importante gravedad. Ahora, el juez ha impuesto una multa al alcalde de 1.200 euros mensuales hasta la ejecución de la sentencia de derribo parcial de la vivienda pareada en Candás. Esta situación puede alcanzar un nivel de gravedad muy superior si no se resuelve cuanto antes la ilegalidad urbanística de la gasolinera. En ambos casos será el mismo juez quien dictamine al respecto.






* El Comercio Digital - PEPE G.-PUMARINO - 20.12.09
Foto: Candás- Carreño (Asturias) - paginasamarillas.es