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LAVOZDEGALICIA* : El bum de la construcción, que hizo a muchos vecinos millonarios de la noche a la mañana, pasa ahora su factura. La costa de Lugo, A Mariña, paradigma del bum urbanístico gallego, parece estar pagando ahora los excesos de una construcción desbocada. Lo hace en forma de miles de pisos vacíos, ya acabados o en fase avanzada de ejecución.
Así era A Mariña: promociones que se vendían con solo colocar en una finca un cartel anunciando una próxima edificación; vecinos que se hacían millonarios de la noche a la mañana con terrenos que sus padres y abuelos habían dedicado a sembrados o pastizales y que multiplicaban su valor con solo nombrarlos; rumores que se pagaban a precio de oro; inmobiliarias de toda España que acudían a la llamada del dorado; intermediarios que aparecían en cualquier esquina; lugareños que se hacían expertos en urbanismo hablando de porcentajes de edificación y planes sectoriales en barras de bar y en la cola del pan? Ciertamente, en pocos lugares como la costa de Lugo se vivió un bum urbanístico semejante al calor de las hipotecas baratas. Eran los años 2005 y 2006.
Pero hoy el panorama es muy diferente y pasa factura en forma de pisos vacíos. Son centenares de viviendas, probablemente varios miles. Los promotores consultados ofrecen cifras muy dispares, pero comparándolas parece cuando menos prudente hablar de unas 3.000 de nueva construcción.
José Quintas -administrador de Proquintas- se anima a asegurar que solo en Foz puede haber entre 500 y 1.000, mientras que en Barreiros calcula que son unas 600. El alcalde barreirense, Alfonso Fuente, reduce la cifra a entre 300 y 400. En Burela, el Partido Popular local -que ha propuesto al Concello que cree una bolsa de alquiler- estima que son entre 500 y 600. En Viveiro -según el Ayuntamiento- hay entre 700 y 800. En O Vicedo se habla de más de cien. Cervo, Ribadeo, Xove y otros concellos suman algún centenar más de pisos a la lista.
Y a ello hay que añadir proyectos pendientes de iniciar, obras paralizadas y promociones por concluir, que auguran que el ajuste de la construcción en A Mariña aún tiene por delante un largo recorrido. No obstante, se aprecian algunos «brotes verdes». El alcalde de Foz, José María García Rivera (PSOE), se muestra exultante al hacer balance del verano: «Houbo un empuxón moi grande. En Foz vaise vender todo canto se constrúa e vaise converter nunha cidade importante. Sei dun edificio que a 1 de xuño tiña vendidas 15 vivendas e hoxe ten 47». Pero no es menos cierto que basta dar un paseo por algunas calles para ver la cantidad de vivienda libre que sigue existiendo.
El Sanxenxo de A Mariña
«Barreiros, el Sanxenxo de A Mariña». La frase fue atribuida al alcalde con motivo de un concierto patrocinado por Proquintas para promocionar una urbanización de 54 chalés de lujo en primera línea de playa. Fue a finales del año 2006 y constituyó todo un acontecimiento, insólito en A Mariña. Actuaron David Civera, Natalia de Operación Triunfo y la Década Prodigiosa. Pero la licencia, entre otras, fue recurrida por la Xunta y el juzgado ordenó la paralización cautelar de las obras. Más de dos años después así continúan. De nada le ha valido al promotor, José Quintas, disponer de la licencia de obra del Ayuntamiento. Él continúa sintiéndose cabeza de turco de una operación de maquillaje de la anterior Xunta. «A proba é que preto da miña finca, de 80.000 metros cadrados, hai edificios facéndose», señala.
Quintas afirma que en una semana vendió el 25% de los chalés: «Os compradores seguen aguantando, porque esperamos que todo se amañe», dice, y asegura que tiene licencia para unas 400 viviendas que no ha iniciado «por culpa da Xunta». A su entender, el panorama que se presenta para muchos constructores es «complicado».
Vuelven los clientes
El ribadense José Pulpeiro representa como pocos el perfil del constructor hecho a sí mismo. A sus 74 años sigue al pie del cañón de una profesión que heredó de sus padres y en la que ha instruido a sus hijos. Reconoce que nunca se ha vivido una crisis semejante: «Pero por fin parece que agora está remontando un pouco. Despois de dous anos sen vender nada empezan a vir clientes a ver as obras».
Pulpeiro apunta un culpable de la crisis (los bancos) y la puntilla en A Mariña (la intervención de la Xunta). «Aos construtores de toda a vida fíxonos moito dano a especulación, a xente que acudiu buscando o carto fácil porque subiu moito o prezo do solo. Todas as empresas que empezaron provisionalmente, sen ter experiencia, van caer, porque non dan acabado as obras e teñen que entregalas», explica.
El cambio ha sido radical. Hay datos concluyentes. Por ejemplo, en el primer semestre del 2009 en Foz se visaron solo cuatro viviendas, mientras que en Barreiros fueron siete. Hace unas semanas la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción logró arrancar del conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, el compromiso de que a finales de este mes o a principios del próximo intentará presentar un plan para desbloquear el urbanismo en Barreiros. Para bien o para mal, A Mariña seguirá dando de qué hablar.
* La Voz de Galicia - José Alonso Quelle - 6.09.09
Foto: obras paradas. Una promoción de chalés tasada en 30 millones en Barreiros está parada cautelarmente por el juzgado desde el año 2007 - lavozdegalicia.es
La costa de Lugo sufre la crisis del ladrillo con unos 3.000 pisos vacíos
La lentitud judicial con las denuncias urbanísticas juega a favor de los infractores
LAVOZDEGALICIA* : Ayuntamientos, promotores, arquitectos y los mismos jueces son conscientes de que la lentitud de la maquinaria judicial es el factor primordial que juega a favor de los infractores urbanísticos. Los procesos judiciales son largos porque la propia materia es compleja, con un sinfín de normas que los más expertos ayudan a exprimir para provocar que las resoluciones se demoren.
Pueden pasar hasta cuatro años para que una licencia se impugne. Transcurre un tiempo hasta que el ayuntamiento responde, casi siempre en sentido contrario a la petición. Después llega al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que, en estos momentos, tiene un retraso de tres años en resolver, pero que en la década anterior llegó a los cinco. Otros tantos va a pasar el proceso en el Supremo. En total diez años, en el mejor de los casos; tiempo al que hay que añadir las sucesivas incidencias hasta llegar a la orden definitiva de demolición.
Trucos
La picaresca abunda en estos conflictos. En más de una ocasión los denunciantes de las infracciones urbanísticas intentan llegar a acuerdos económicos -en la jerga judicial se denomina «venta de sentencias»- con los concellos o los constructores, prometiéndoles no instar la ejecución. Así se lo hacen saber al tribunal, pero es un vano intento, porque lo que no esperan los firmantes de tal acuerdo es que los tribunales no pueden acceder a sus pretensiones. La Justicia tiene que ejecutar la resolución, porque se ha cometido una infracción urbanística y hay que restablecer la legalidad con la norma legal vigente.
En muchas ocasiones, los ayuntamientos alegan falta de competencia para ejecutar alguna demolición. Suele ocurrir en la zona rural con los cementerios parroquiales y en los edificios costeros. Un magistrado manifestó: «Aquí no conseguimos derribar ni los nichos ilegales». A veces son los vecinos los que se oponen al derribo. Luego están los jueces, que entienden que los propietarios de un edificio afectado por una orden de derribo, que compraron los pisos sin conocer la ilegalidad de los mismos, no tienen culpa alguna. Ante esto, terminan por mirar hacia otro lado.
* La Voz de Galicia - 6.09.09
Foto: justicia lenta - elpais.com
¿Contra la reconstrucción de Barcelona?
ORIOL BOHIGAS* : En estos últimos meses, los ciudadanos de Barcelona están alarmados por la degradación física y social en la que va cayendo la ciudad, después de una temporada en la que se la veía cuidada y próspera, con promesas de futuros positivos y esperanzadores y en una consideración internacional creciente. Se daban críticas y advertencias de pasos mal dados y quizá de errores de ideología, de criterio o de gestión, pero, en general, existía la confianza en unas mejoras urbanas –en el sentido físico, social, representativo– que, incluso con una visión crítica, la valoraban desde dentro y desde fuera.
Ahora, protestas más generalizadas se refieren, principalmente, a la grave dejadez del espacio público: la suciedad enquistada, el ruido, la mala educación, las obras desorganizadas, los usos descontrolados del espacio público, la delincuencia callejera, el botellón, los top manta, etcétera, son los principales motivos de malestar, no solo por sí mismos sino también por las mafias y el desorden social que conllevan. No es que no se recalquen también temas estructurales más profundos que denotan insuficiencias y abandono, pero la descalificación grosera y malsana del espacio público ha arrancado una indignación popular, sobre todo cuando los medios de comunicación han denunciado el sector quizá más llamativo: el terrible espectáculo de la prostitución desenfrenada al aire libre en todo el Raval, principalmente bajo la columnata del entorno de la Boqueria. Es desesperante ver cómo aquella Barcelona ilusionada y prometedora de la primera democracia y de los Juegos Olímpicos ha acabado –o existe el riesgo de que acabe si las autoridades no asumen su autoridad o si no se resuelven los grandes problemas sociales y sus precedentes económicos– en un urinario público, alternado con las urgencias de un prostíbulo cochambroso.
Pero sería un error pensar que estos espectáculos más degradantes son hechos aislados que hay que atender y corregir como situaciones autónomas y aisladas. A mí me parece que son consecuencia de una falta de atención a la importancia social del espacio público, de sus valores representativos y de su función colectiva. Diría que el espacio público, el espacio en el que se conforma la vida urbana, o sea, el espacio generador de la ciudadanía, no es hoy tan protagonista en las intenciones de los políticos que nos gobiernan como lo era en las de los políticos de aquella Barcelona que culminó con los Juegos Olímpicos. Porque la degradación del pórtico de la Boqueria es muy llamativa y muy noticiable, pero existen casos de mayor envergadura, como es, por ejemplo, la degradación lenta pero segura de muchas plazas y muchos parques construidos hace 25 años. Podríamos decir que lo que ocurre en la Boqueria –o en la calle de Petritxol, o en la Rambla, o en los alrededores de la plaza Reial– es solo el escaparate de una situación nefasta que afecta a buena parte de Ciutat Vella.
Este cambio de actitud respecto al espacio público urbano se manifiesta, por ejemplo, en todo lo que está pasando en unos espacios muy significativos de la política urbanística de aquellos años pasados: la plaza de los Països Catalans y el parque Joan Miró. Los dos fueron muestras cruciales de una nueva forma de entender el diseño urbano y, específicamente, la imagen, la función, el signo cultural del espacio público. Podríamos decir que, junto con algunos proyectos de la misma época –parques de L’Espanya Industrial, el Clot, Pegaso, la Creueta del Coll, plazas de La Palmera, Sóller, etcétera–, quedó marcado el modelo Barcelona, no en el sentido demasiado absorbente de política general en el que hoy se utiliza, sino en el de un estilo y un método específico de diseño urbano que conquistó reconocimientos internacionales. Pues bien, la plaza de los Països Catalans está toda destrozada, anulada y ridiculizada por culpa de unas obras que hace años que duran y que han ocupado lo que queda de ella con servicios y escombros de la obra pública. No queda nada de su poética sutil ni del testimonio de una primera experiencia mundial de plaza amueblada.
En el Parque Joan Miró la catástrofe todavía es peor: el proyecto ejecutado en 1981 fue el resultado de un concurso muy polémico en el que se discutieron temas esenciales para el futuro del método, estilo y gestión del espacio público. Al cabo de unos cuantos años de inaugurarse se transformó radicalmente para incluir en él un depósito regulador de agua, un aparcamiento y otros servicios. Tuvieron el acierto de encargar la modificación a los mismos autores. Pero esta modificación se dejó inacabada y, por tanto, mutilada. Ahora, de pronto, el ayuntamiento ha decidido ocupar la plaza con un cuartel de bomberos, un edificio cuya provisionalidad es dudosa por la envergadura, los costes y las imprevisiones de gestión ya incorregibles al programar una ampliación del Hospital Clínic en el solar del viejo cuartel.
Podemos ampliar la lista de intervenciones urbanísticas de los años 80 y 90 que han recibido últimamente malos tratos, todas ellas programadas bajo la bandera de la reconstrucción de Barcelona y de la recuperación del espacio colectivo como marca de imposición civilizadora. Ahora parece que se acabó la voluntad de reconstrucción y que, al acabarse, sobresalen los desechos indignos, las enfermedades incurables, como la prostitución al aire libre del Raval. Pero, ¿podemos quejarnos solo aisladamente de que la columnata jónica de la Boqueria sea maculada por la prostitución, mientras el ayuntamiento destroza la plaza de los Països Catalans y el parque Joan Miró? ¿No habrá que hacer una crítica seria sobre la Autoridad de las autoridades?
*Arquitecto.
* El Periódico - Opinión - 6.09.09
Barcelona: Los vecinos recurren las obras del parque de bomberos en Joan Miró
ELMUNDO/Barcelona* : Después de la manifestación de agosto en la que unos 150 vecinos de los alrededores del parque Joan Miró protestaron por las obras que el Ayuntamiento está realizando para construir un parque provisional de Bomberos, varios vecinos de la zona denunciaron ayer la "ilegalidad" de las obras, tras haber tenido acceso al expediente.
Es por ello que el jueves decidieron presentar un recurso de alzada en el Consistorio "para exigir que se cumplan las leyes" y que "se restituya el daño causado" en la zona para que recupere su estado original.
La abogada que representa a los vecinos, Patricia Plaza, explicó que algunos de ellos han tenido al acceso al expediente de las obras, gracias a la mediación del Síndic de Greuges. Según su versión, el terreno sobre el que se alza el parque de Bomberos está calificado como parque y jardín en el Plan General Metropolitano (PGM), "lo que no permite edificar, ni siquiera equipamientos", detalló.
Una de las vecinas contrarias a estas obras, Jacqueline Contreras, afirmó que, según el expediente municipal, "para poder edificar sobre esta zona la cuestión debe debatirse y aprobarse en un pleno del Ayuntamiento de Barcelona, cosa que no ha ocurrido", criticó.
El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido que L'Escorxador albergue un parque provisional de Bomberos ya que el de la calle de Provença pasará a formar parte del Hospital Clínic. La elección de esta zona está justificada, según el Consitorio, por el hecho que desde allí se puede dar una rápida cobertura a cualquier punto del Eixample, en diez minutos.
A este respecto, Jacqueline Contreras afirmó ayer por la tarde que «ese tiempo de actuación es imposible porque ahora mismo la calle por la que debieran salir los coches de Bomberos está completamente atascada de tráfico».
Los vecinos de la zona critican que el Ayuntamiento de Barcelona no les ha consultado sobre esta operación, que además eliminará uno de los pocos espacios verdes que quedan en el distrito.
* El Mundo - Xiana Siccardi - 5.09.09
Foto: Barcelona, ayuntamiento - wikipedia.org
El botín de la crisis / El Roto
ELPAIS.com - 5.09.09 - El Roto
El juez decide seguir la causa al alcalde y ediles por viviendas de Cóbreces
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ABC/Cantabria* : El Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega ha decidido continuar con la causa abierta contra el alcalde de Alfoz de Lloredo, Enrique Bretones (PP), y cinco ediles del equipo de gobierno por un presunto delito de prevaricación por el bloqueo de la construcción de 80 viviendas en Cóbreces.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrelavega rechaza un recurso del alcalde y los ediles imputados, y acuerda continuar la tramitación de las diligencias en un auto fechado el pasado 25 de junio y al que ha tenido acceso Efe.
El pasado mes de abril, el Juzgado de Instrucción número 4 decidió imputar al alcalde de Alfoz de Lloredo y a cinco ediles por haber votado a favor de una modificación de las normas subsidiarias del municipio que tuvo por objeto destinar la denominada "Finca del Obispado" a la construcción de viviendas de Protección Oficial (VPO).
Este contencioso tiene su origen en 2004, cuando una promotora adquirió la llamada "Finca del Obispado", en Cóbreces, con el compromiso de construir 40 viviendas sociales.
Pero una nueva empresa adquirió la finca y los derechos urbanísticos para construir viviendas de precio libre, y ése fue el origen de las desavenencias con el Ayuntamiento, que había mediado ante el Obispado en la primera venta de la parcela a otra sociedad, con el compromiso de que se destinaría a VPO.
Posteriormente, el equipo de gobierno del PP promovió la modificación de las normas subsidiarias para la construcción de viviendas de protección oficial, en una decisión que el juez cree "injusta" ya que, según señala en el auto, el compromiso original en la venta de la finca fue una especie de "pacto entre caballeros" que no se recogió de forma expresa en la licencia que se concedió para edificar los terrenos.
En el recurso planteado contra el auto que los imputa, la representación legal del alcalde y los ediles alegaba que la modificación de las normas subsidiarias había sido una resolución puramente administrativa, en la que se habían cumplido todas las formalidades legales.
Además, subrayaba el interés público de esa decisión e incidía en la necesidad de que la idoneidad de esa actuación fuera valorada en la jurisdicción contencioso-administrativa.
Sin embargo, el juez resalta que al instruir esta causa no pretende arrogarse cometidos propios de ese ámbito, y recuerda que el delito de prevaricación que se imputa no trata de "sustituir" a la jurisdicción contencioso-administrativa, sino que sanciona supuestos de "injustificado ejercicio de abuso de poder".
Además, el instructor cree que la estrategia de los recurrentes es "falaz", porque intenta "obviar de forma palmaria" el motivo de elegir esa finca y no otra para la construcción de VPO, y que, a su juicio, fue "dotar de legitimidad normativa" el "pacto de caballeros" a tres bandas, entre el Obispado, el Ayuntamiento y la sociedad a la que inicialmente se vendieron los terrenos, que consistía en el compromiso de la adjudicataria de edificar ese tipo de viviendas.
Pero el juez insiste en que ese compromiso "no pasó de ser un pacto verbal" que no se reflejó en la licencia otorgada y considera que el cambio de las normas subsidiarias "fue el corolario de una serie de advertencias verbales sostenidas en el tiempo de forma absolutamente cruda y contundente por parte de los sucesivos alcaldes y concejales".
El auto rechaza que se "insinúe" que los conocimientos en materia urbanística de los ediles son limitados y destaca que "apelar a la figura del concejal que se limita a ser un votante autómata supone una inaceptable pretensión de irresponsabilidad".
El juez afirma además que todos los imputados "eran perfectamente conocedores" de que con el acuerdo adoptado estaban "forzando" a la empresa denunciante a "aceptar una situación que no le era exigible" si no era con la aprobación de la modificación puntual. "Actuaron por tanto de forma dolosa", concluye.
* ABC -EFE - 4.09.09
Foto: Cóbreces (Cantabria) - wikipedia.org
El deslinde paraliza un plan urbanístico en la franja del litoral
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INFORMACIÓN/Alicante* : El secretario municipal de Calp comenzó su análisis del deslinde marítimo-terrestre propuesto por Costas advirtiendo de que "en unas cosas es mejor y en otras nos perjudica". Y es evidente que todo depende de la perspectiva con la que se mire. Una consecuencia del deslinde es que el Ayuntamiento se ha visto obligado a suspender la concesión de licencias en todo el litoral afectado. Esta medida cautelar tendrá efectos inmediatos sobre el polémico estudio de detalle del Plan de Reforma Interior de La Manzanera, aprobado por el equipo de gobierno (PP, PSD y Bloc) el pasado mes de julio.
De hecho, ese plan urbanístico queda, de momento, paralizado y, en consecuencia, la edificación de siete bloques de apartamentos en el último tramo virgen del litoral de Calp. Así lo confirmaron ayer el propio alcalde, Ximo Tur,l Bloc, y el secretario municipal, Antoni Revert.
El proyecto en el acantilado de la cala Manzanera conllevaría levantar siete edificios de apartamentos de cuatro plantas sobre una superficie de 6.000 metros cuadrados. El programa, que se benefició de compensaciones urbanísticas arrastradas desde el gobierno de Violeta Rivera (PSOE) y Javier Morató (PP), fue motivo de acusaciones entre el actual ejecutivo local y los socialistas. El alcalde incluso propuso en un pleno -y se aprobó- la creación de una comisión que investigara la gestión de este programa urbanístico por parte del anterior equipo de gobierno y su alcalde, Luis Serna, del PSOE.
De momento, la aprobación del estudio de detalle se queda en la nevera. La construcción de esta urbanización queda en el aire, ya que si, finalmente, el deslinde, dejara estos terrenos de acantilado dentro de la servidumbre de protección el proyecto no se podría llevar adelante. se acotara dentro de la zona de servidumbre de protección no cabría su desarrollo.
Ayer, se celebró una reunión ciudadana en el ayuntamiento y el alcalde subrayó su apoyo a los propietarios afectados. Respaldado por técnicos municipales y por el primer teniente de alcalde, Javier Morató (PP), Tur recordó que el deslinde realizado de oficio por Costas atañe a los 15.800 metros de la fachada litoral calpina y afecta a más de un millar de propietarios. Revert explicó a los vecinos que la nueva delimitación del dominio marítimo-terrestre carece de una memoria que aclare los preceptos legales en los que se basa.
* Información - E.V. - 4.09.09
Foto: Calp (Alicante), panorámica - diarioinformacion.com
El TSJA frena la venta de terrenos municipales en Punta Umbría
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ELPAÍS/Huelva* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) se ha pronunciado en contra de la venta de terreno municipal en Punta Umbría (Huelva) que la Consejería de Gobernación había autorizado en julio de 2008. El Ayuntamiento de la localidad, gobernado por el PSOE, obtuvo permiso para sacar a concurso varias parcelas ubicadas cerca de la Ría y con una extensión aproximada de 195.000 metros cuadrados.
Ahora el TSJA, en un auto notificado el pasado martes, suspende de forma cautelar la venta de estas parcelas que pertenecen al sector Suelo Apto Para Urbanizar (SAPU) número 5, también conocido como el proyecto de La Peguera.
Incumplimientos
El PP presentó un recurso de reposición ante la Consejería el 1 de septiembre de 2008 alegando que la oferta de venta incumplía la Ley de Ordenación de Urbanística de Andalucía (LOUA), que recoge que el patrimonio municipal del suelo debe destinarse a la construcción de VPO o a otros usos de interés social.
El presidente del PP en la localidad, José Carlos Hernández Cansino, explicó ayer que "al no prosperar el recurso ante la propia administración" se inició la vía judicial. El proyecto de venta se aprobó en el pleno municipal de Punta Umbría el 22 de abril de 2008.
Según Hernández Cansino, el Ayuntamiento pretendía construir en este terreno 60 chalets unifamiliares, dos edificios de apartamentos, dos hoteles de lujo y "muchas más cosas que no se parecen en nada a viviendas protegidas o a otros proyectos de interés social, además de bajar el valor del suelo en un 25%".
* ELPAIS.com - LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 04/09/2009
Foto: Punta Umbría (Huelva) - GarcíaCordero (El País)
Vecinos y empresarios se unen para denunciar el mal estado de La Manga
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LAVERDAD/Murcia* : Suciedad en las calles y playas, falta de alumbrado en muchas zonas, escasa presencia policial, carencia de infraestructuras deportivas, culturales y educativas, así como un transporte público casi inexistente. Esta es la situación que viven año tras año los vecinos y empresarios de La Manga. Están hartos, y por eso se han unido para exigir al Ayuntamiento de San Javier que solucione todos esos problemas.
Encabezados por la portavoz del grupo Independiente de San Javier, Arancha Espeso, y a raíz del artículo publicado por este diario donde se denunciaba el mal estado de La Manga, vecinos y empresarios denunciaron «el abandono y la desidia» en el que los tiene sumidos el consistorio.
«Se trata de una situación vergonzante e insostenible. El Ayuntamiento hace oídos sordos a las necesidades de los vecinos por simple pasividad o por obligarlos a que impulsen su ánimo de independencia», dijo Arancha Espeso.
Para demostrar el ánimo de los vecinos, el Grupo Independiente encargó a una consultora una encuesta para valorar los servicios públicos. En ella han participado 204 personas de ambos sexos, de todas la pedanías y de diferentes edades.
Los resultados indican que la mitad de los encuestados dice que la limpieza es mala, el alumbrado es deficiente, el medio ambiente no se cuida y que tienen sensación de inseguridad.
En cuanto al transporte público el 80% asegura que esta mal y que es insuficiente. Entre sus principales quejas se encuentra la pésima pavimentación de las calles y de la total ausencia de infraestructuras deportivas y culturales. En la encuesta otorgan un aprobado justo a la atención, gestión y tramitación administrativa, y en cuanto al cuidado del patrimonio le dan un suspenso.
«Ni un tsunami ni el cambio climático acabarán con La Manga, sólo la mala gestión de un Ayuntamiento que nos tienen abandonados», dijo esta responsable política.
Playa Honda
Por otro lado, la Asociación de Vecinos de Playa Honda quisieron desvincularse de las declaraciones de Izquierda Unida en las que criticaba la ausencia de instalaciones deportivas en la zona, ya que en opinión del presidente hay suficientes.
* La http://www.laverdad.es/murcia/20090904/comarcas/vecinos-empresarios-unen-para-20090904.html">* La Verdad - ANTONIO LÓPEZ - 4.09.09
Foto: La Manga (Murcia) - JM.Rodríguez, AGM (laverdad.es)
El informe de la UE sobre las viviendas ilegales de Almería ya reconocía la implicación de los compradores en la trama
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TELEPRENSA/Almería* : La investigación del conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman, los eurodiputados que informaron por delegación del parlamento europeo sobre la corrupción urbanística en Almería, Madrid y Valencia, defendieron el pasado once de abril un informe en el que se recogen todas las quejas de los ciudadanos británicos afectados, pero también su consentimiento en algunas prácticas.
El Valle del Almanzora queda seriamente dañado y más en concreto la imagen de Albox, localidad de la que se dijo en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que su ex alcalde, Francisco Granero, está siendo investigado y que una trama entre administración local, promotores y abogados, ha llevado al engaño a los ciudadanos extranjeros afincados en esa zona. En el informe también se recogen apreciaciones hechas en las entrevista mantenidas en Almería y que forman parte de ese informe en el afirman que “parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido”, suscriben Libicki y Cashman.
La Comunidad Británica no ha aceptado de buen grado que se ponga en duda su papel de víctimas como única versión de lo ocurrido en El Almanzora, pero los constantes ataques en medios de comunicación de habla inglesa también han colmado la paciencia de los nativos de la zona, que no entienden por qué las actividades de unos pocos empiezan a poner en peligro su futuro como zona de expansión reglada y con todas las garantías.
El chollo, las mansiones a precios irrisorios y llave en mano escondían ilegalidades que fueron aceptadas de una y de otra parte. Pese a que nadie pone en duda que algunos fueron compradores de buena fe, también se apunta que los corredores de fincas, los comisionistas que actuaban en suelo británico como primer enlace con los futuros clientes, son parte de una trama que se escapa de la justicia española, pero no por ello dejan de ser el primer eslabón de una cadena que terminará con el derribo de aquellas villas que sean insalvables.
Según la traducción no oficial realizada para teleprensa.es, en el apartado dedicado a Andalucía y en concreto a Almería, los eurodiputados exponen que: “Aunque el día de la visita coincidiera con el Día de Andalucía, los representantes del gobierno regional en la Provincia de Almería se reunieron durante dos horas con los delegados del Comité de Peticiones para hablar de las leyes de urbanismo en Andalucía y su aplicación en las distintas provincias.
Las autoridades informaron a los delegados sobre sus objetivos de un desarrollo ordenado, sostenible y planeado del territorio. Pero admitieron y reconocieron que varias autoridades municipales habían actuado incorrectamente y en algunos casos, como en Málaga, habían actuado ilegalmente, pero que el alcalde y varios de sus concejales habían sido detenidos. Declararon que la construcción ilegal no disponía de los servicios mínimos de agua, electricidad y recogida de basura, reconociendo que las enormes sumas de dinero se habían obtenido a costa de tales prácticas ilegales.
Los representantes del gobierno regional afirmaron que, materia de aplicación de las leyes urbanísticas, las autoridades municipales tenían un elevado nivel de autonomía, pero que estaban obligadas a actuar dentro de ciertas pautas, en cuanto al tamaño y el grado del desarrollo, (desarrollo sostenible que reiteraron era la primera prioridad de la planificación de uso de tierra).
Ellos también indicaron que no todas las autoridades locales consultaban al técnico urbanístico y que las reglas de Valencia no eran aplicables a Andalucía. Afirmaron también que un grupo de promotores locales podría haber combinado sus recursos para desarrollar conjuntamente el terreno, en lugar de hacerlo individualmente.
Cuando las autoridades locales decidieron que el desarrollo era necesario para el público en general, se contrató al constructor que hace su oferta la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, según la ley andaluza.
La información relacionada con proyectos urbanísticos fue publicada y los promotores afectados fueron informados, así como los notarios y registradores ya que fueron los que legitimaron la obra.
La recalificación del terreno de rural urbanizable, implica que el dueño de la tierra tiene que ceder el 10% del terreno a las autoridades locales para la utilidad pública y que el promotor debe pagar una proporción del coste de los nuevos servicios.
Durante la reunión mantenida, las autoridades afirmaron que el interés público debe ser definido según las necesidades específicas de cada desarrollo que tiene en cuenta coacciones ambientales, económicas y sociales de cada comunidad implicada.
Los delegados del Comité de Peticiones, fueron informados que todos los proyectos debían ser notificados al Gobierno Regional para su aprobación final y que los proyectos podían ser desechados si consideran que no cumplían con los principios de la ley regional. Los ciudadanos son capaces de apelar contra la planificación de decisiones a las autoridades regionales y una Corporación de inspectores ha sido establecida para investigar la realización de proyectos urbanísticos. La cabeza del Servicio de Investigación estaba presente para la discusión del mismo. Las prescripciones han sido impuestas a proyectos de urbanización que no han cumplido con los criterios de conservación y de desarrollo sostenible.
Existen cinco casos disciplinarios contra autoridades locales por actividades urbanísticas ilegales.
Sin embargo, era aparente que a pesar de las salvaguardas, los abusos han ocurrido. Dos en particular eran los de mayor interés para los delegados del Comité: la situación en Ronda, y en Albox y el valle de Almanzora. En el segundo caso, existió un tácito entre constructores y las autoridades locales que llevó a la construcción de varios cientos de casas ilegales que fueron compradas sobre todo por expatriados, por agentes inmobiliarios certificados y abogados, de buena fe. Muchos de ellos están ahora bajo la amenaza de demolición. El Alcalde está bajo investigación.
La delegación fue informada por las autoridades regionales que el estado ilegal se aplica sólo a la vivienda y no a la tierra en la cual está construida. Una casa ilegalmente construida puede ser demolida y la tierra repoblada hasta alcanzar su estado original. (Una comparación desafortunada se realizó entre la compra de una casa ilegal y la compra de un coche ilegal, que la ley confisca.) Afirmaron que, nadie que compre una casa ilegal de buena fe, puede emprender acciones legales en contra del vendedor, ya que dicho procedimiento le podría llevar años y podría ser demasiado costoso.
Sin embargo, parece claro que aquellos que han comprado casas ilegales de buena fe, sin saberlo (porque han sido engañados o víctimas de un fraude) según el gobierno regional, no son tantas como aquellos que son responsables de lo sucedido.
Tampoco puede afirmarse que la culpa o responsabilidad se le debe exigir a las autoridades locales, a los constructores que se han beneficiado con la construcción, y las autoridades regionales que eran ignorantes de lo que pasaba o que decidieron no actuar para prevenir tal acontecimiento. No hay, en resumen, ningún procedimiento aparente, fuera de los tribunales, para resolver el problema.
Es cierto que ambos casos de construcciones ilegales son completamente diferentes, a pesar de que ambas construcciones se realizaran sobre zonas prohibidas, bien zonas especiales de conservación o llanuras sujetas a inundaciones designadas.
Para evitar la demolición, el propietario está obligado a conseguir una rectificación del estado de la tierra o los permisos de edificación pueden ser una posibilidad que conservará su propiedad.
Tomando uno u otro camino y considerando la gravedad del asunto, debería existir algún tipo de tribunal administrativo que se dedicara a resolver tales asuntos, ya que en dicho problema están implicados todos los partidos. Sería una forma de aliviar de tal carga a las víctimas inocentes de esta situación. Lo que es evidente es que los residentes de las viviendas ilegales de Albox no recibieron el consejo apropiado por parte de las autoridades locales, topógrafos o abogados.
Conclusiones.
La aplicación de las leyes de urbanismo han resultado ser problemáticas en algunas de las Comunidades Autónomas. Las presiones para realizar proyectos de desarrollo urbanístico, están promovidas principalmente por la comunidad comercial, ya que son las que más se lucran con estas actividades.
Los residentes locales, español o no, son los principales afectados en tales proyectos urbanísticos, e inevitablemente son los que más tienen que perder. El algunos casos se arriesgan a perderlo todo, principalmente los residentes de la Comunidad Valenciana.. Fue en esta región donde la delegación del Comité de Peticiones se encontró con la mayor arrogancia y las menos explicaciones a cerca de la explotación urbanística de gran número de parques naturales y zonas protegidas. Por otra parte, es la región de donde proceden la mayoría de las quejas. Esto no quiere decir que no existan problemas en otras comunidades.
La solución al problema de excesivo urbanismo, podría solucionarse con la colaboración de las autoridades locales y las asambleas regionales. El gobierno nacional tiene que desempeñar el papel de asegurar el cumplimiento del Tratado y la legislación de la Unión Europea, en asuntos como derechos fundamentales. La Constitución española tampoco ha sido probada en relación a la explotación urbanística que tantas víctimas ha creado. La única tentativa, de un importante abogado valenciano, de llevar el caso al Tribunal Constitucional, en una materia procesal.
No fue mucho antes, cuando el tema llegó a la Corte Europea de Justicia, cuya decisión fue en contra de España y de las Autoridades Locales, ya que se las consideró las responsables de los problemas causados a las víctimas.
El Comité de Peticiones continúa decidido a cumplir con sus responsabilidades haciendo cumplir el Tratado, para defender al ciudadano europeo y darle su firme apoyo. Existe sin duda una carencia en el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos, en materia de defensa de sus propiedades. El Parlamento Europeo y las demás instituciones de Unión Europea tienen una obligación clara de asegurar a los ciudadanos que nadie viole sus derechos fundamentales. Es de interés general que esto suceda lo antes posible.
* Teleprensa - 4.09.09
Foto: Zurgena (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.es
El edil infractor del gobierno de Nigrán acaba su obra con la licencia caducada
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LAVOZ/Pontevedra* : El edil del gobierno de Nigrán, Cándido Costas, ha conseguido salirse con la suya y ha terminado de edificar una vivienda ilegal en el barrio de A Cruz de Camos después de no darse por enterado de una orden de paralización de las obras que el alcalde, Efrén Juanes, le notificó por correo postal a mediados de agosto.
El caso ha retumbado en el juzgado número 4 de Vigo que, de una manera insólita en Nigrán, ha requerido al Seprona que desplace una patrulla a la polémica parcela del camiño do Seixo para precintar la obra, que podría interpretarse como en una muestra de desconfianza hacia la labor municipal.
Los agentes acudirán a primera hora de la mañana de hoy para cumplir la orden y se encontrarán con una edificación ya terminada, pero quien vaya a ocuparla se expondrá a un delito de quebrantamiento de medida cautelar.
Los trabajos experimentaron un notable avance desde el pasado 12 de agosto, precisamente cuando el alcalde, Efrén Juanes, ordenó la paralización de los mismos como medida cautelar para iniciar un expediente de caducidad de la licencia, tal y como le había requerido la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística.
Juanes ordenó la paralización y se marchó de vacaciones creyendo haber resuelto el problema, pero el pasado 25 de agosto entró en el registro del Ayuntamiento el anuncio del juzgado sobre el precinto de la obra previsto para hoy. Sorprendido por esta comunicación, el alcalde en funciones, David Giráldez, acudió al expediente y comprobó que el edil Cándido Costas no había recogido en la oficina postal la notificación de la alcaldía para parar las obras.
Un informe del policía de Urbanismo ha comprobado el avance que han experimentado las obras durante todo ese tiempo. «Apreciase que rematou ca formación da cuberta da edificación, o instalar tella curva e rematado e pintado dos aleiros, e se instalou toda a carpintería exterior da obra consistentes en fiestras de aluminio, porta e persianas de cor branco», hace constar el funcionario.
David Giráldez hizo entonces que a Costas le llegara la notificación en mano, que recibió el día 27 a la entrada de una comisión de gobierno, aunque también consta que por fin fue ese día a recogerla a la oficina de correos. Para entonces, ya había terminado el trabajo.
Escándalo
La Fiscalía presentó en junio una querella contra el edil socialista por ejecutar la obra fuera de plazo. La maquinaria administrativa y judicial no ha logrado impedir el desarrollo de los trabajos. Es otro ejemplo de la conocida política de «hechos consumados», que ha sembrado el paisaje gallego de ladrillos donde no debía de haber más que árboles o, a lo sumo, explotaciones agrícolas. Pero este caso adquiere tintes de escándalo público porque su responsable es un miembro del gobierno, perteneciente al grupo del PSOE, un partido que enarboló la defensa de la legalidad urbanística para derrocar al PP del poder local en las anteriores municipales. Cándido Costas es ahora una piedra en el zapato de Efrén Juanes y ha abierto un debate muy serio en la militancia socialista de Nigrán.
* La Voz de Galicia - Alejandro Martínez - 2.09.09
Foto: Nigrán (Pontevedra) - mma.es
Aborto urbanístico
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ELDIARIOVASCO/Gipuzkoa* : Asier Basterretxea dice «No al aborto... urbanístico. Últimamente contemplo con estupor y cierta preocupación la funesta deriva urbanística acometida por el consistorio de Hondarribia. Carente no sólo de una coherencia estética que cualquiera debería exigir en un entorno tan privilegiado y equilibrado como ha sido siempre Hondarribia, las últimas tropelías -bien acometidas, bien permitidas por el Ayuntamiento- dan muestra de lo preocupante que empieza a ser la situación.
a) Las nuevas escaleras mecánicas de acceso a Soroeta desde el muy histórico arrabal de la Magdalena: ¿pretenden hacernos creer que, con la tecnología existente hoy en día, la única solución viable para una obra, por otra parte necesaria, pasaba por semejante esperpento, máxime teniendo en cuenta el presupuesto manejado?
b) El nuevo edificio de viviendas de Kofradia: ¿de qué ilustre arquitecto fue el super-ego que pensó que esta construcción neo-decepcionante engarzaría bellamente con el estilo tradicional circundante? ¿Quién permitió, en última instancia, que esta obra siguiera adelante?
c) La nueva casa/centro de interpretación en pleno centro de la Plaza de Armas: ¿qué confuso cerebro permitió semejante aborto gris en la plaza más emblemática de Hondarribia, verdadero museo viviente que debería ser respetado como tal?
Trágico. Afortunadamente, este aborto puede todavía sobrevivir en quirófano: píntenlo en los colores tradicionales de Hondarribia, y ahórrennos el sonrojo de asistir al triste espectáculo de un edifico que atenta flagrantemente contra el deseo de muchos hondarribitarras por mantener con vida la belleza de su pueblo».
Plataneros
Nicasio envía un email en el que dice que «los árboles de Harresilanda son más altos que la casa. Es un verdadero problema, pues aparte de la suciedad que genera, también la limpieza y mantenimiento del tejado, el rugir y caída de ramajes en los vehículos con los fuertes temporales que padecemos. Los vecinos de la citada calle llevamos años pidiendo una solución, que los corten y no que se retiren.
En la reunión informativa en febrero sobre el proyecto del Arco de Santa María y calle Harresilanda, se le hizo mención al alcalde de la situación. Nos prometió una reunión explicando el transcurso de la obra, pues todavía le estamos esperando. En junio, los administradores de los inmuebles afectados estuvimos con el responsable de obra Andrés Erice transmitiéndole nuestro malestar por el arbolado. ¿Hasta cuándo una solución al problema que llevamos padeciendo la vecindad de Harresilanda? El otoño-invierno pronto nos visitará, con las consiguientes molestias y perjuicios».
Concurso de puzzles
Maite se teme que «el sábado, en el concurso de puzzles, pasará lo mismo que el año pasado, cuando mucha gente se quedó sin poder participar. Sólo veinte parejas pueden hacerlo en cada categoría y mucha gente se queda fuera, por lo que pido al Ayuntamiento que aumente la dotación económica para que así este concurso que tanto éxito tiene sea accesible para más gente».
* El Diario Vasco - Opinión - 4.09.09
Foto: Hondarribia (Gipuzkoa) - wikipedia.org
Gata paraliza 19 meses un expediente de infracción urbanística
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ELPAÍS/Alicante* : La Sindicatura de Greuges reclamó ayer al Ayuntamiento de Gata de Gorgos, en manos del PP, que concluya un expediente de infracción urbanística en el Parque Natural del Montgó tras 19 meses paralizado. La institución recordó que el Consistorio ha incumplido su resolución dictada ya a finales de 2007.
La Sindicatura explica que un ciudadano se ha dirigido a ella por segunda vez para denunciar una infracción urbanística, consistente en la realización de obras sin licencia en suelo no urbanizable, dentro de las áreas agrícolas de la zona de amortiguación de impacto del Parque Natural del Montgó. Ante esta situación, el Ayuntamiento aún no ha finalizado los preceptivos expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y sancionador (paralización de las obras, requerimiento de legalización y, en su caso, orden de demolición e imposición de multa). El Síndic lamenta que desde que el procedimiento de restauración de la legalidad urbanística se paralizó el 24 de enero de 2008 por haberse solicitado licencia de obras han transcurrido 19 meses sin haber dictado resolución.
La institución critica con dureza esta actitud y recuerda que los "poderes locales" deben respetar la normativa urbanística que han probado y ejercer control "preventivo y represivo". El Síndic insiste en que el urbanismo encierra el equilibrio de las ciudades y el territorio y considera un acto "muy grave" que las normas se incumplan. "Generalizando el incumplimiento, es difícil saber a dónde se puede llegar", apostilla.
* ELPAIS.com - 4.09.09
Foto: Gata de Gorgos (Alicante), vista - wikimedia.org
Canarias no es para honestos
DIEGO TALAVERA* : José Saramago afirmó que "la corrupción está en el aire que respiramos". No sé si el Nobel y autor de Memorial del convento se refería a los alisios que soplan sobre el Archipiélago canario, pero mucho me temo que sí. Saramago, como buen portugués de Azinhaga, sabe también que en su país la palabra dimisión está en el diccionario para ser utilizada. En España, y por supuesto en Canarias, sencillamente se ignora.
Recuerdo que hace años se desplomó en Portugal un puente con más de un siglo de antigüedad al paso de una guagua. En el accidente perdieron la vida siete personas y una veintena quedaron heridas. En cuestión de horas, el ministro de Fomento y el director general de carreteras presentaron la dimisión
Recientemente el ministro de Economía le llamó cornudo a un diputado de izquierdas utilizando los dedos índices de sus manos durante un debate parlamentario. Al día siguiente se disculpó y presentó la dimisión irrevocable. Estos dos gestos serían impensables en España y en nuestras islas. Ahí van dos ejemplos.
El primero es el 'caso Tebeto', posiblemente el mayor escándalo, y también el mayor sablazo, que se ha dado en Canarias a lo largo de su historia. Y todo porque un empresario, Rafael Bittini, armado de paciencia y de habilidad para obtener dinero fácil por la vía judicial, logra en julio de 2008 que el Tribunal Superior de Justicia dicte una sentencia que condena al Gobierno autonómico a pagar algo más de 92 millones de euros (unos 15.300 millones de las antiguas pesetas) más los intereses, que suman cerca de nueve millones de euros cada año.
Cinco presidentes, con sus correspondientes consejeros de Industria y directores generales, han pasado desde que Bittini iniciara hace 16 años el proceso administrativo. Sin embargo, por desidia o dejadez los responsables políticos han sido incapaces de defender los intereses autonómicos; es decir, el dinero de todos los canarios. Que yo sepa, ninguno de esos administradores públicos que a lo largo de estos años han sido corresponsables de tal desaguisado han reconocido su error y pedido disculpas. Y los que siguen ocupando otro cargo político en la actualidad no han presentado la dimisión.
El segundo ejemplo es más kitsch, como su protagonista. Me refiero a José Alberto González Reverón, flamante alcalde del municipio de Arona, al que medio Tenerife le ha solicitado a través del teléfono móvil algún tipo de favor, desde la retirada de una multa de tráfico a la contratación de una recomendada en la guardería municipal. Las peticiones de empresarios, funcionarios, políticos o ciudadanos de a pie fueron grabadas hace un año por la Guardia Civil en el marco de la Operación Edén que investigaba irregularidades urbanísticas en Arona. Entre los peticionarios figuraba hasta el mismísimo presidente canario, Paulino Rivero, que le pedía a González Reverón que se ocupara de una sobrina que se iba a presentar a unas oposiciones para ingresar en la Policía Local. ¿Es esto normal? Que uno sepa, nadie ha pedido disculpas o presentado la dimisión.
Son dos ejemplos, pero hay muchos más. Como las estrafalarias permutas en Telde o las sentencias judiciales que afectan a las arcas de Las Palmas de Gran Canaria por convenios urbanísticos de los años del pelotazo. Pero nadie dimite ni reconoce sus errores. De todo este espectáculo es testigo una sociedad civil que cada vez está más desmotivada y desmoralizada. Y esta desmoralización ciudadana es lo preocupante porque lo otro, la corrupción, ya es tan normal como el aire que respiramos.
* La Provincia - Opinión - 1.09.09
Más de 2.000 viviendas ilegales de Chiclana se enfrentan a la demolición
ELPAÍS/Cádiz* : El futuro del urbanismo ilegal se va despejando en Chiclana (Cádiz), pero sobre algunas casas siguen pesando oscuros nubarrones. Según los datos de la Junta de Andalucía en colaboración con el Ayuntamiento (PSOE), en Chiclana existen 2.292 viviendas irregulares construidas en suelo no urbanizable. Muchas de ellas están en terrenos especialmente protegidos.
La delegada de Urbanismo, Cándida Verdier, reconoce que la demolición será la vía casi segura para casi todas ellas. Otras 12.715 casas sin licencia podrán ser regularizadas en los próximos años.
Es la primera vez que Chiclana cuenta con datos oficiales para hablar del urbanismo descontrolado desarrollado en las últimas tres décadas en el municipio. Dependiendo del momento y del interlocutor, el número de casas ilegales había bailado entre las 10.000 y las 40.000. Ahora, según el inventario presentado el martes en el Parlamento andaluz por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, el total se ha concretado en 15.007 edificaciones irregulares.
De ese total, 10.632 ya han entrado en el proceso de regularización iniciado hace unos meses por el Consistorio. Han sido divididas en nueve áreas de gestión básica y se espera que cuenten a corto plazo con los papeles necesarios para dotarlas de servicios como alcantarillado, luz pública, agua potable o viales asfaltados. La principal dificultad en estos casos es el coste de la regularización. Cada vecino tendrá que pagar un 0,84% de la tasación de su propiedad. El precio final dependerá del lugar donde su ubique y de las dimensiones de la vivienda y la parcela, aunque no se prevén casos de más de 50.000 euros, pero, ya algunos vecinos, con el apoyo de la oposición, han expresado que el precio es excesivo. "El que tiene que pagar es el que ha construido", señala Verdier. El Ayuntamiento dará facilidades de pago.
Las siguientes en ser regularizadas son las 2.082 detectadas en suelo susceptible de ser urbanizable en el nuevo plan general, aunque este documento está recurrido en los tribunales. Tardarán más pero el Consistorio no cree que vayan a existir problemas con ellas. Sí los habrá con las 2.292 restantes, ubicadas en suelo no urbanizable. "Es lo más complicado. La Fiscalía de Medio Ambiente se ha empeñado en estos casos y lo tendremos muy difícil para legalizarlo, sobre todo, si es suelo especialmente protegido", explica la delegada de Urbanismo, quien reconoce que el destino seguro de muchas de estas casas será el derribo. El Consistorio no descarta tratar de recalificar algunas zonas mediante modificaciones puntuales del plan general pero sabe que no será posible en todos los casos.
Marbella: 500 casas habitadas fuera de la ley
- Chiclana (76.171 habitantes) tiene un censo de viviendas ilegales similar al de Marbella, con el doble de población. En la localidad gaditana se levantaron 15.007 viviendas irregulares y en la malagueña unas 18.000.
- De las 18.000 casas fuera de ordenación que había en Marbella, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) normalizará 16.500. De las 1.500 restantes, imposibles de regularizar y expuestas al derribo, 500 están habitadas, según el nuevo documento urbanístico. En Chiclana hay más de 2.000 casas habitadas ilegales, cuatro veces más.
- En Marbella, el Ayuntamiento se ha comprometido a que sean los promotres de las viviendas los que paguen las compensaciones. No se ha fijado una cuota general para la regularización. En Marbella hasta ahora no se ha demolido más que una estructura de viviendas sin terminar, ni ocupar.
* ELPAIS.com - PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 03/09/2009
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
La ex alcaldesa de Tarazona será juzgada este mes acusada de un delito de prevaricación
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HERALDO/Aragón* : La ex alcaldesa de Tarazona y actual diputada en las Cortes de Aragón, la socialista Ana Cristina Vera Lainez, será juzgada este mes como presunta autora de un delito de prevaricación y otro relativo a la ordenación del territorio. El fiscal pide para ella siete años de inhabilitación especial y una multa de 3.600 euros (doce meses con una cuota diaria de 10 euros) por su intervención urbanística en el conjunto residencial "Torres del Moncayo", en el barrio turiasonense de La Faceda.
Por su parte, la acusación particular, en representación de la Asociación para la Defensa en la Adquisición de la Vivienda (Adavi), solicita diez años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo público o responsabilidad política. Sin embargo, su abogado defensor, Jesús García Huici, pide la absolución.
El juicio será celebrado por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la condición de aforada de la diputada socialista y tendrá lugar los próximos días 23, 24 y 25 de septiembre.
La polémica por la promoción residencial en el barrio turiasonense de La Faceda comenzó hace años.
El fiscal considera que, en octubre de 2004, cuando Ana Cristina Vera ocupaba la Alcaldía de Tarazona, otorgó la licencia de primera ocupación para veintidós viviendas "irregularmente construidas" pese a conocer, en su opinión, que el proyecto ejecutado no se ajustaba al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
El escrito del representante del ministerio público recoge que el informe del arquitecto municipal, que se elaboró con carácter previo al acuerdo, recogía que estas edificaciones no habían obtenido "la calificación de Vivienda de Protección Oficial (VPO) definitiva", y que, por este motivo, el proyecto ejecutado no se ajustaba a lo prescrito en el vigente PGOU. Además añadía que estos inmuebles serían la "única excepción" a los parámetros que se venían aplicando en todo el sector.
Aunque se hacía referencia a las condiciones urbanísticas de los pisos como si fueran VPO (con una parcela mínima de 137 metros cuadrados y una ocupación máxima del 45%), el fiscal apunta que ni siquiera se solicitó la declaración inicial de los pisos como protegidos. Además, la mayoría de las parcelas individuales de la urbanización tenían una superficie inferior a 225 metros cuadrados (la mínima exigida por ley a las viviendas libres).
En cuanto a la concesión de la licencia urbanística en noviembre de 2002 , el ministerio público entiende que no se ha acreditado que la comisión de gobierno que la otorgó llegara a tener conocimiento de la irregularidad, ya que ésta venía informada favorablemente por el arquitecto municipal.
* Heraldo Aragón - M. G. C. Zaragoza - 3.09.09
Foto: Tarazona (Zaragoza), ayuntamiento - lawebmunicipal.com
Un tribunal popular juzgará el 'caso Guateque'
ELPAÍS/Madrid* : El caso Guateque, el mayor caso de corrupción conocido en el Ayuntamiento de Madrid relacionado con el tráfico ilegal de licencias urbanísticas, será juzgado por un tribunal popular, según explicó ayer un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
El juez que instruye el caso, Santiago Torres, ha decidido modificar la instrucción y acogerse a la Ley del Jurado Popular. El juez se basa en una sentencia dictada por el Tribunal Supremo para instruir la causa "con la interpretación más actual" de la doctrina. El pasado 26 de junio el alto tribunal revocó una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona que condenaba a un hombre de 83 años acusado de violar y asesinar a dos Guardias Civiles en Bellvitge. El Supremo consideró que el delito más importante juzgado entonces, el de asesinato, obligaba a resolver el resto de imputaciones también con jurado. Esta decisión del alto tribunal ha supuesto una novedad y ha provocado un aumento de los casos vistos por jurados populares.
En vista de esta decisión, el magistrado del caso Guateque precisa en un auto dictado el pasado 27 de agosto que todos los delitos que se investigan en la causa -infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios- están entre los delitos que puede juzgar el jurado. La excepción son los delitos de falsedad documental y el delito contra el urbanismo. Pero éstos mantienen "la unidad con los anteriores".
El juez Torres acordó mantener las diligencias de investigación previstas. Para seguir el procedimiento de la Ley del Jurado Popular el magistrado ha establecido la celebración de una audiencia donde las acusaciones, fundamentalmente la fiscalía, deberán concretar la identidad de las personas contra las que pretendan dirigir la causa y los delitos que se le imputan a cada uno de ellos.
El caso Guateque comenzó en noviembre de 2007 cuando la policía se presentó en la Gerencia de Urbanismo, la Concejalía de Medio Ambiente y varias juntas municipales de distrito después de investigar durante más de seis meses a varios funcionarios. La operación se saldó inicialmente con 16 detenidos, pero el caso se convirtió en una avalancha de implicados. Fuentes judiciales elevan el número de imputados a "más de 120 funcionarios y altos cargos del Ayuntamiento de Madrid".
* ELPAIS.com - J. S. G. - Madrid - 03/09/2009
Foto: Madrid, caso Guateque - madridiario.es
El Procurador del Común denuncia el deterioro del patrimonio cultural en León
LEONOTICIAS* : El informe del Procurador del Común, que se debatirá este mes de septiembre en las Cortes de Castilla y León, destaca las actuaciones que desde aquella institución se han llevado a cabo en relación con el patrimonio cultural. La institución que dirige Amohedo, señala que "la protección de elementos concretos, con un mayor o menor valor patrimonial, ha seguido siendo el motivo del mayor número de quejas relacionadas con la protección del Patrimonio Cultural de nuestra Comunidad".
Buena parte de las actuaciones de oficio estuvieron relacionadas con la protección de bienes concretos de la provincia de León, como los monumentos histórico-artísticos de Grajal de Campos; la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y de la Capilla de Jesús anexa a la misma y el yacimiento arqueológico denominado 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan.
Con relación al Palacio de los Condes de Grajal de Campos y al Castillo-Fortaleza de la misma Villa, el Procurador del Común, formuló una resolución, para recomendar tanto a la Junta como al ayuntamiento "que la conservación del Castillo y del Palacio del Conde de Grajal de Campos, como monumentos especialmente representativos del patrimonio cultural de Castilla y León, siga siendo un objetivo prioritario en los planes de actuación, tanto de la Administración autonómica como del Ayuntamiento de Grajal de Campos".
La oficina que dirige Javier Amoedo, inició un expediente de oficio sobre el 'Castrum Coviacense', en Valencia de don Juan, a raíz de la construcción de un edificio de viviendas que podría provocar la destrucción del yacimiento arqueológico.
Sobre este asunto, se formuló una resolución para recordar al Ayuntamiento de Valencia de Don Juan que, en lo sucesivo, "el otorgamiento de licencias de obras no se lleve a cabo en tanto no se realicen las actuaciones procedentes, para la protección y vigilancia arqueológica de las zonas de protección contempladas en la propia normativa urbanística y en la normativa sectorial sobre el Patrimonio Cultural de Castilla y León".
El procurador del Común se interesó también por el derrumbe ocurrido en el mes de agosto de 2008 en la Iglesia de San Lorenzo de Sahagún de Campos y la Capilla de Jesús anexa a la misma, ejemplos del románico mudéjar leonés.
Bienes de Interés Cultural pendientes de declaración
El Procurador del Común se interesó también por los expedientes BIC en tramitación, algunos de los cuales llevan abiertos dos y tres décadas esperando una resolución.
"De un total de 169 expedientes incoados para la declaración de Bienes de Interés Cultural permanecían en tramitación, incluyéndose los correspondientes a bienes con la categoría de Conjuntos Históricos (12 de los bienes se encuentran en la provincia de Ávila, 15 en la de Burgos, otros 15 en la de León, 8 en la de Palencia, 5 en la de Salamanca, 19 en la de Segovia, 41 en la de Soria, 21 en la de Valladolid y 33 en la de Zamora)". El procurador emitió resoluciones instando a la Junta a resolver los expedientes BIC, "acorde con el principio de eficacia al que está sometida la actuación de la Administración (art. 3-1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre)".
Derrumbes en monumentos
Desde el grupo de procuradores socialistas, el portavoz de Cultura y Turismo, José Ignacio Martín Benito, recuerda que el Partido Popular rechazó una enmienda presentada por el PSOE a los Presupuestos Generales para 2009 destinada a la restauración del palacio de Grajal de Campos.
“El grupo socialista volverá a insistir en las Cortes para que en los presupuestos de 2010, la Junta de Castilla y León reserve una partida específica destinada a la restauración y puesta en valor del patrimonio de Grajal de Campos”, señala Martín Benito.
Respecto a los derrumbes y desprendimientos producidos en varios monumentos de Castilla y León, Martín Benito indica que, a pesar de los informes técnicos que alertaban sobre ello, la Junta se cruza de brazos y sólo comienza a actuar cuando se produce el derrumbe. Mientras tanto, sigue avanzando “el paisaje de la ruina” en nuestra Comunidad.
La muralla de León
En el último año se han producido derrumbes en las murallas de León y Zamora, de la colegiata de Covarrubias (Burgos), en el minarete de la iglesia de Santa María de Alaejos (Valladolid), de la fachada de la iglesia de Santo Tomé (Zamora), de parte de la iglesia de San Lorenzo en Sahagún de Campos (León), de la iglesia de Rágama (Salamanca). Martín Benito recuerda también los desprendimientos de hace dos años de las gárgolas de la Catedral de León, de una columna en la iglesia de Santiago en Peñalba, de un ara en San Miguel de Escalada…
En relación con la resolución de expedientes, el PSOE, según ha recordado Martín Benito ha presentado varias iniciativas en las Cortes en forma de interpelaciones, mociones y proposiciones no de Ley, instando a la Junta a resolver los expedientes BIC paralizados de la provincia de León, siendo siempre rechazadas por el grupo del Partido Popular.
* Leonoticias.com - 1.09.09
Foto: León - wikipedia.org
Una infracción urbanística provocó el reventón en la red de agua de Xàbia
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ELPAÍS/Alicante* : Cerca de 2.000 viviendas de la zona turística del cabo de la Nau de Xàbia sumaron ayer un nuevo día sin agua potable después del reventón en la red sufrido en la tarde del jueves y que ha tenido mucho que ver con la presión urbanística que sufre el entorno. De hecho, el Ayuntamiento estudia denunciar al propietario de la zona que se aprovechó de una licencia de ampliación de su chalé para construir sin permiso un garaje que acabó por aplastar la conducción, que era ya demasiado antigua.
No es un caso aislado: en la zona, repleta de urbanizaciones e inmuebles de lujo, se ha construido de forma masiva aprovechando unas infraestructuras hídricas instaladas hace treinta años.
Esta circunstancia complica la reparación de la avería mientras los vecinos siguen abasteciéndose con garrafas de camiones-cubas en puntos estratégicos de las cinco partidas afectadas. Los técnicos que reparan el tramo de conducción dañada, de 360 metros, se han visto con la dificultad añadida de tener que realizar un by-pass que esquive la construcción ilegal. Es muy probable que no haya agua hasta el fin de semana a menos que funcione una tubería provisional que tenía previsto instalar ayer Amjasa, concesionaria del servicio. El Ayuntamiento llamó a la solidaridad para que las urbanizaciones aún con agua dejen de regar jardines y abastecer sus piscinas, para no perder más caudales.
La desesperación cundía entre los afectados, que ayer buscaban los camiones cisterna para ducharse "porque ya estamos hartos de utilizar el agua salada del mar", denunciaba una vecina. La avería ha lastrado la imagen de una población que llevaba años sin problemas de abastecimiento y ha acarreado pérdidas económicas para la boyante hostelería de la zona.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 02/09/2009
Foto: xabia (Alicante) - visitarvalencia.com
Vivir despacio para vivir mejor
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ELPAÍS* : Hace ya una década, Paolo Saturnini, entonces alcalde del pueblo toscano de Greve in Chianti, a 30 kilómetros de Florencia, puso en marcha un movimiento que reclamaba un desarrollo basado en la calidad de vida de los ciudadanos. Para su filosofía resultaba más importante cocinar las hortalizas de las huertas del pueblo como lo hacía su abuela que comer una hamburguesa doble con queso, y un rato de charla en la plaza del pueblo, que un desarrollo acelerado que castigue el medio ambiente o impida pasear por las calles del centro urbano.
Así nació Cittaslow una red de ciudades lentas, que tomaron prestado el nombre de la corriente Slow Food, una asociación que nació en 1986 como respuesta a la invasión de la fast food y a la globalización de la oferta alimentaria. Entre las seis ciudades lentas que la organización reconoce en España se hallan Mungia y Lekeitio.
La red conecta un total de 116 ciudades que comparten la filosofía fundacional. Más de la mitad se encuentran en Italia, pero ya se han extendido hasta Corea del Sur o Nueva Zelanda. Para empezar, deben tener menos de 50.000 habitantes y cumplir una serie de requisitos relacionados con la conservación del medio ambiente y el respeto al patrimonio. Junto a las dos localidades vizcaínas forman la red española los municipios gerundenses de Begur y Pals, Rubielos de Mora (Teruel) y Bigastro (Alicante).
Ni Mungia ni Lekeitio presumen de su caracter de ciudad lenta. El símbolo de la red es un caracol con casas de colores sobre su concha, inspirado en el que distingue a Slow Food, que no se encuentra en los espacios públicos de ambas localidades vascos. Ni siquiera figuran referencias a la vida slow en sus respectivos sitios de Internet, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en las webs de Begur o Bigastro.
¿En que se nota que son ciudades lentas? El alcalde de Lekeitio, el peneuvista José María Cazalis, resalta que sus conciudadanos "viven de forma lenta" sin caer en la cuenta de las etiquetas. "La gente compra el pescado recién descargado en el puerto, los niños pueden ir en bicicleta a la playa, se potencia el comercio de los productos locales y la gastronomía tradicional, se intenta mantener un urbanismo sostenible", enumera Cazalis. En pocas palabras resume que la vida lenta sigue aprovechando lo bueno de la vida tradicional, atenta a los pequeños detalles, pero sin renunciar a las ventajas de lo nuevo, como las tecnologías.
Fomentar los productos locales supone un aspecto fundamental en la filosofía Cittaslow, por sus beneficios para los productores, que mejoran la rentabilidad de las explotaciones en un mercado cercano, y para los consumidores, que tienen a su alcance las mercancías de temporada en el momento que marca el calendario. Cada viernes, el mercado de Mungia lo pone en práctica. En pleno verano, los tomates bien maduros destacan entre las cestas de pimientos, lechugas y vainas. También se venden embutidos y dulces artesanos. Los huevos se presentan acompañados de la fotografía de las gallinas que los pusieron, picoteando el grano en libertad.
Los baserritarras que venden en el mercado de Mungia ofrecen buen género y tienen una clientela fiel. Vendedores y consumidores siguen con sus costumbres ajenos a que el pueblo forma parte de la red de ciudades lentas. La familia de Ainhoa Olazar lleva más de 30 años vendiendo en la plaza las hortalizas de su caserío y nunca había oído hablar de que fuese una actividad acorde con esa filosofía de la lentitud urbana ni de que Mungia estuviese integrada en la red internacional. "Suena bien; miraré en Internet", anuncia Ainhoa. En Lekeitio tampoco es popular.
* ELPAIS.com - EVA LARRAURI - Bilbao - 30/08/2009
Foto: Varias clientas compran en el mercado municipal de Mungia, una de las dos localidades vascas integradas en la red de ciudades lentas.- F. DOMINGO-ALDAMA, elpais.com
