La lentitud judicial con las denuncias urbanísticas juega a favor de los infractores

LAVOZDEGALICIA* : Ayuntamientos, promotores, arquitectos y los mismos jueces son conscientes de que la lentitud de la maquinaria judicial es el factor primordial que juega a favor de los infractores urbanísticos. Los procesos judiciales son largos porque la propia materia es compleja, con un sinfín de normas que los más expertos ayudan a exprimir para provocar que las resoluciones se demoren.

Pueden pasar hasta cuatro años para que una licencia se impugne. Transcurre un tiempo hasta que el ayuntamiento responde, casi siempre en sentido contrario a la petición. Después llega al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que, en estos momentos, tiene un retraso de tres años en resolver, pero que en la década anterior llegó a los cinco. Otros tantos va a pasar el proceso en el Supremo. En total diez años, en el mejor de los casos; tiempo al que hay que añadir las sucesivas incidencias hasta llegar a la orden definitiva de demolición.

Trucos

La picaresca abunda en estos conflictos. En más de una ocasión los denunciantes de las infracciones urbanísticas intentan llegar a acuerdos económicos -en la jerga judicial se denomina «venta de sentencias»- con los concellos o los constructores, prometiéndoles no instar la ejecución. Así se lo hacen saber al tribunal, pero es un vano intento, porque lo que no esperan los firmantes de tal acuerdo es que los tribunales no pueden acceder a sus pretensiones. La Justicia tiene que ejecutar la resolución, porque se ha cometido una infracción urbanística y hay que restablecer la legalidad con la norma legal vigente.

En muchas ocasiones, los ayuntamientos alegan falta de competencia para ejecutar alguna demolición. Suele ocurrir en la zona rural con los cementerios parroquiales y en los edificios costeros. Un magistrado manifestó: «Aquí no conseguimos derribar ni los nichos ilegales». A veces son los vecinos los que se oponen al derribo. Luego están los jueces, que entienden que los propietarios de un edificio afectado por una orden de derribo, que compraron los pisos sin conocer la ilegalidad de los mismos, no tienen culpa alguna. Ante esto, terminan por mirar hacia otro lado.






* La Voz de Galicia - 6.09.09
Foto: justicia lenta - elpais.com