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TELEPRENSA/Almería* : Los dos autos de suspensión cautelar de todas las zonas C3 y D (núcleos urbanos preexistentes y zonas urbanas, respectivamente) del PORN (Plan de Ordenación de Recursos Naturales) del Parque Naturald e Cabo de Gata-Nijar, que decretó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en respuesta a la denuncia de Salvemos Mojácar, el Grupo Ecologista Cóndor y Salvemos Macenas el pasado 31 de Marzo, ha sido declarado firme.
La suspensión afecta a más de 50 zonas del parque que habían sido ilegalmente desprotegidas en el nuevo PORN, tanto para legalizar viviendas ilegales como para preparar nuevos desarrollos urbanísticos en suelo protegido.
Los autos, sorprendentemente, no han sido recurridos por nadie, ni Junta de Andalucía, ni Ayuntamientos, ni particulares afectados.
Esto significa que durante los años que dure el proceso judicial, que se estiman en más de siete, la suspensión cautelar no podrá levantarse.
De esta manera quedan definitivamente ilegalidazas las miles de viviendas que ocupan suelo protegido del parque, en tanto no halla una sentencia, al final del proceso, que diga lo contrario, lo cual es improbable. Esto incluye el hotel del Algarrobico, así como viviendas ilegales en casi todos los núcleos del parque. A su vez este auto impide que se desarrolle ningún nuevo sector urbanístico ubicado en ninguna de las más de 50 zonas suspendidas queda definitivamente en suelo protegido.
Las asociaciones ya han comunicado a los ayuntamiento de Nijar, Carboneras y Almería que deben suspender cualquier actuación urbanística en los sectores afectados y que deben informar a los propietarios de las viviendas ilegales de su situación.
Se trata para los tres colectivos ecologistas de una victoria judicial sin precedentes, que tendrá consecuencias desconocidas ya que, por un lado, deja en suspenso miles de viviendas ilegales ya habitadas en el Parque y a su vez se suspenden los planes urbanísticos que pretendían desarrollarse para todas la áreas afectadas.
Por otro multiplica exponencialmente las razones de las diligencias por prevaricación que ordenó abrir el Juez Rivero el pasado septiembre contra la Junta de Andalucía por la manipulación ilegal de lo planos del Parque Natural, diligencias que se encuentran ahora en la mesa del Fiscal General del Estado, a quien las asociaciones remitirán inmediatamente este auto con un escrito solicitando que se amplien las diligencias.
Se trata pues de un varapalo sin precedentes para la Junta de Andalucía que esperamos tenga consecuencias políticas de primer orden ya que entendemos que la única salida digna para el presidente de la Junta, Manuel Chaves, seria el cese inmediato de todos los cargos políticos potencialmente implicados en este caso de extrema gravedad.
* Teleprensa - 17.07.09
Foto: El Algarrobico (Almería), aérea - greenpeace.org
Declarada firme la suspensión cautelar de más de 50 puntos del PORN de Cabo de Gata, entre ellos El Algarrobico
El TSJC derriba el Plan General de Arucas
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LAPROVINCIA/GranCanaria* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha propinado un fuerte varapalo judicial al ordenamiento urbanístico de Arucas al anular un acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) de 22 de junio de 2005.
Dicho acuerdo aprobaba definitivamente, en forma parcial, la Adaptación Básica del Plan General de Ordenación del municipio al Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias.
La sentencia del TSJC, emitida el pasado 30 de junio, estima en parte el recurso contencioso-administrativo presentado por la Comunidad de Regantes El Chorro y la Comunidad de Regantes Pozo de las Ñameras, contra esta decisión de la Cotmac. Las dos comunidades se oponen a la construcción de la variante de Bañaderos, por lo que en el recurso también solicitaron la anulación de la ordenación de la variante y del desdoblamiento de la vía Arucas-Guía, así como la nulidad del suelo urbano consolidado, aledaño a la planificación viaria de la costa del municipio norteño.
Sobre estos aspectos de la demanda, la sala del TSJC indica que no puede acceder a estas pretensiones, ya que "anulada la Adaptación desaparece del mundo jurídico, y no es posible que el Tribunal lleve a cabo una labor de ordenación del territorio que no le corresponde".
La Sala se basa en la existencia de una sentencia de 15 de diciembre de 2006, en la que a instancia del Ayuntamiento de Gáldar se anulan los acuerdos de la Cotmac de aprobación definitiva de la Revisión de las Normas Subsidiarias de Arucas de 15 de febrero de 2001 y de 12 de marzo del mismo año, que originaron la famosa guerra por el centro comercial cerrado del Norte, entre ambas ciudades.
Además, se indica que la Comunidad Autónoma favoreció los intereses municipales frente a los generales, ya que aprobó el cambio de uso de varios suelos a conveniencia y otros los dejó suspendidos para una posterior revisión, alterando el modelo de territorio sin garantías legales.
También se señala en la sentencia que el Ejecutivo autónomo dio carácter de simples reparos a verdaderas omisiones de las que no podía asegurarse el resultado, vulnerando así la seguridad jurídica.
Según explicó el alcalde de Arucas, José María Ponce, la sentencia les llegó ayer, por lo que no han tenido tiempo de valorarla ni de decidir si se presetará recurso, ya que el fallo judicial no es firme.
Por otro lado, fuentes de la Mancomunidad del Norte han indicado, que en principio, esta sentencia no tiene por qué afectar a los proyectos viarios que se están ejecutando en la comarca, ya que el Gobierno regional ha presentado un recurso contra la anulación judicial del plan especial de carreteras del Norte.
Además, para la entidad supramunicipal, el proyecto de la variante ya no es prioritario para la comarca, dado que la construcción del cuarto carril está muy avanzada.
* La Provincia - M.J. MONZÓN - 16.07.09
Foto: Arucas (Gran Canaria), vista - wikipedia.org
Llanes: tres veces en la misma piedra
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LNE/Asturias*: Llanes sabe de anulaciones urbanísticas más que nadie. No en vano, el concejo ha visto cómo los tribunales le «tumbaban» los tres últimos planes urbanos, un hecho sin precedentes en España. Tanto así que el urbanismo de Llanes sigue funcionando en la actualidad «de prestado»: sólo porque el Gobierno del Principado y el Ayuntamiento recurrieron ante el Tribunal Supremo la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), acordada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).
La amenaza de que el Supremo ratifique la anulación ha obligado al equipo de gobierno, que encabeza la socialista Dolores Álvarez Campillo, a iniciar la redacción de un nuevo planeamiento. Ni así acaba la polémica en Llanes: el PSOE ha optado por revisar el PGOU actual, que como se ha dicho podría ser declarado nulo de forma definitiva por el Supremo. ¿Puede revisarse un planeamiento nulo? Fácil que sean de nuevo los jueces los que tengan que dar una respuesta.
El urbanismo siempre ha provocado grandes polémicas en Llanes. Cuando gobernaba la derecha, antes de 1987, el PSOE local arremetió con extrema dureza contra la política urbanística del equipo de gobierno, al considerar que favorecía la masificación y un crecimiento desmesurado. El PSOE prometía entonces un urbanismo bien diferente, basado en un crecimiento armónico (aún no se había inventado el término sostenible), acorde con las necesidades de los vecinos.
En 1986, el Ayuntamiento aprobaba las normas subsidiarias municipales, una suerte de plan urbanístico, que nunca llegó a entrar en vigor. Un particular denunció que las normas llaniscas no habían sido publicadas íntegramente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA), por lo que debían ser declaradas nulas. Los tribunales ratificaron ese argumento y Llanes se quedó sin planeamiento.
Antes de que llegara la anulación definitiva de aquellas normas llegaron las elecciones municipales de 1987. El «cambio» llegaba a Llanes con cinco años de retraso: el PSOE arrasó. Con una holgada mayoría absoluta y un alcalde joven y, dinámico, Antonio Trevín, los socialistas se pusieron manos a la obra. En 1989 convocaron a los «inversores reales y comprometidos», interesados en impulsar actuaciones urbanísticas en el concejo. Fue el primer error del PSOE: no hubo un avance de planeamiento. Los posteriores recursos de la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) y dos particulares incidieron en esta y otras irregularidades.
La polémica rodeó desde el primero momento la tramitación del plan urbanístico (en realidad una revisión de las normas anuladas anteriormente). Sobre todo porque el PSOE proponía una «franja de asentamiento costero» que hubiera permitido levantar miles de adosados entre la carretera N-634 y la zona de protección de Costas, y porque había firmado trece convenios urbanísticos con otros tantos «inversores reales y comprometidos» (la mayoría relacionados entre sí) que convertían en urbanizables miles de metros cuadrados de terrenos rústicos, buena parte de ellos en primera línea de costa.
Los jueces zanjaron la polémica al anular el plan urbanístico, que había sido aprobado en 1992, por los defectos de forma observados, entre ellos la ausencia de un avance de planeamiento abierto a toda la ciudadanía, y no sólo a los «inversores reales y comprometidos».
El Ayuntamiento redactó un nuevo planeamiento, en este caso un PGOU. Y de nuevo AVALL, Andecha Astur y un particular recurrieron. El Ayuntamiento y el Principado perdieron los tres juicios: el PGOU fue anulado por triplicado, también en este caso por la gravedad de sus defectos de forma, entre ellos, haber incluido los terrenos de los «convenios» a espaldas de la ciudadanía. Los recursos hacen que el PGOU aún siga vigente.
La Talá, un paraje situado junto a la costa, a la salida de la villa de Llanes hacia el Oeste, ha sido el centro de buena parte de la polémica urbanística en los últimos veinte años, más que por el número de viviendas, por su privilegiada situación. La Talá -en la imagen- es un símbolo, tanto para los partidarios como para los detractores de la política urbanística del PSOE de Llanes. Veinte años después continúan los recursos y las denuncias.
* La Nueva España - Ramón DÍAZ - 17.07.09
Foto: lópez de arenosa, lne.es
La alcaldesa de Marbella reta a la Junta al legalizar todas las viviendas
ELPAÍS/Málaga* : Ninguna casa habitada debe ser demolida por ilegal que sea. La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz (PP), está dispuesta a llevar su compromiso electoral hasta las últimas consecuencias, por más que ello suponga romper el consenso mantenido hasta ahora con la Junta sobre el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el riesgo de que sea rechazado por la administración autonómica, a la que compete su aprobación definitiva.
El desafío de la alcaldesa se confirmó ayer, cuando informó a los grupos de oposición de que que en el PGOU que someterá a la aprobación provisional del pleno el día 29 no habrá ni una sola vivienda habitada que quede fuera de ordenación, ni por tanto expuesta a una posible demolición. El Gobierno municipal ha modificado el documento elaborado por el equipo redactor, que mantenía como "incompatibles" con el modelo urbanístico unas 500 viviendas en tres promociones.
Muñoz explicó que evitar las demoliciones "ha sido siempre la postura coherente del PP y un compromiso personal". Muñoz dice no querer romper el consenso, pero su empeño es el de un equilibrio muy difícil porque la Junta también ha hecho una cuestión irrenunciable, al menos hasta ahora, la incompatibilidad de determinadas construcciones con el ordenamiento urbanístico que considera coherente y deseable para Marbella.
"La intención es que la Junta asuma el plan y no haya elementos de confrontación", insistió Muñoz, quien recordó como prueba "inequívoca" de su voluntad que cuando llegó a la alcaldía en junio de 2007 asumió el plan elaborado por el equipo redactor contratado por la Junta "sin cambiar ni una coma". "Pero tenemos que incluir criterios municipales, nuestra impronta, y los cambios entendemos que son asumibles", explicó.
El documento aprobado inicialmente en julio de 2007 establecía la normalización de la mayoría de las 18.000 viviendas ilegales mediante un sistema de compensaciones en suelo por los espacios libres y equipamientos perdidos; y dejaba fuera de ordenación 700 casas. En el documento aprobado provisionalmente en julio de 2008 esta cantidad se redujo a 500. Ahora, después de una nueva información pública, el equipo redactor mantenía estas 500 viviendas como ilegalizables por ocupar suelos del frente litoral. Pero el gobierno del PP entiende que "es de justicia para los compradores de buena fe" no demoler una sola casa habitada.
Según explicó Muñoz, en el caso de Banana Beach y Río Real, que suman unas 350 viviendas, se harán entregas de suelo compensatorio que ahora son aparcamientos y jardines de las urbanizaciones, y en el edificio de La Víbora se harán modificaciones que impidan el riesgo de inundación.
El Ayuntamiento de Marbella además podrá seguir adelante con su propuesta de deslinde con Benahavís después de que el Consejo Consultivo haya emitido un dictamen que recomienda este procedimiento a seguir en el caso de suelos que han sido ordenados por un ayuntamiento aunque en la demarcación oficial de lindes del Instituto de Cartografía resulte que pertenezca a otro, siempre que esas actuaciones hayan sido de buena fe.
Y así ha ocurrido con los casi 400.000 metros cuadrados que son de Marbella pero que durante 30 años ha ordenado Benahavís y que el consistorio marbellí quiere que sean adscritos ahora su municipio vecino. Durante la tramitación del PGOU es el momento de hacerlo, según el Consejo Consultivo, aunque la decisión final compete a la Junta.
La administración autonómica encargó el informe al Consultivo después de la polémica originada por la pretensión del deslinde que afecta a la vivienda de la alcaldesa y a suelos de una promotora de su marido. En el PGOU de Marbella serían suelos no urbanizables, y en el de Benahavís si lo serán.
* ELPAIS.com -DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 17/07/2009
Foto: Marbella - J.ROJAS - ELPAIS.com
El TSJA anula el Plan General de Ordenación Urbanística de Gijón
20MINUTOS* : El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha anulado el Plan General de Ordenación de Urbana de Gijón por ser "contrario a derecho". La sentencia fue dada hoy a conocer por el concejal de Urbanismo, Pedro Sanjurjo, en una rueda de prensa en el Ayuntamiento.
Sanjurjo anunció que el Ayuntamiento presentará un recurso a la resolución judicial que estima el contencioso administrativo presentado por cinco particulares contra el acuerdo del 23 de enero de 2009 relativo al documento de la adaptación a la ley autonomica del suelo y modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Gijón.
En la sentencia, el Tribunal Superior considera que el Ayuntamiento "encubrió una genuina operación de Revisión del Plan general bajo un indebido supuesto de modificación puntual" porque "el conjunto de las variaciones introducidas exceden lo que representa una modificación puntual y de ajuste a la totalidad del Plan General, por más que afecte a la regulación de algunos de sus ámbitos y a aspectos concretos del Plan General". En opinión del TSJA, la modificación debió "tramitarse por el procedimiento de revisión".
A tenor de esto, el TSJA estima las alegaciones de los recurrentes asociadas al procedimiento a seguir "sobre el deficiente periodo de información pública anterior a la aprobación inicial, la falta de documentos esenciales, el deficiente estudio económico y financiero como consecuencia de la inadecuada tramitación de la adaptación como una modificación".
Para el tribunal, esto es motivo suficiente de anulación del plan por lo que "no hace necesario el examen de los restantes invocados por los recurrentes". Entre los motivos alegados por los recurrentes se encontraba la falta de un estudio de impacto ambiental al entender que se trataba de una transformación del uso del suelo. El Ayuntamiento alegó al respecto que en la legislación del Principado de Asturias no consta precepto que obligue a someter al trámite de evaluación de impacto ambiental el planeamiento general municipal, ni los demás instrumentos de ordenación urbanística".
Para el equipo de Gobierno, "esta situación es nueva y no esperada". El concejal indicó que no comparten los contenidos de la sentencia y, por ello, entiende "que la actuación municipal se ha ajustado a derecho en la tramitación del PGOU". Según Sanjurjo, el Plan seguirá vigente hasta que el Supremo decida sobre el recurso.
* 20 Minutos - Europa Press - 16.07.09
Foto: Gijón, ayuntamiento - gijon2008.com
Catral recupera el urbanismo y demolerá 251 casas ilegales
ELPAÍS/Alicante* : El municipio de Catral recuperó ayer las competencias en materia de urbanismo que el Consell le retiró en octubre de 2006 ante la proliferación de casas ilegales (1.200 viviendas unifamiliares levantadas con permiso para vallados o casa de labranza) en suelo no urbanizable, en plena huerta del término. Del total de casas ilegales, 251 serán demolidas, según informó la Consejería de Urbanismo.
El Ayuntamiento retoma esa competencia tras presentar un plan para regularizar esas obras ilegales, que motivaron una investigación judicial. En el sumario, entre otros, está imputado por prevariación el ex alcalde del municipio, el socialista José Manuel Rodríguez Leal.
El convenio para la devolución de competencias lo firmaron ayer en el Ayuntamiento el consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Agua, José Ramón García Antón, y el alcalde, Aurelio Albero, del PP. La Consejería accede a este trámite una vez que el Ayuntamiento ha presentado el concierto previo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
En la actualidad, la Consejería ha incoado 689 expedientes de restauración de la legalidad urbanística que se encuentran en diferentes fases de procedimiento, y que afectaban a 836 viviendas, De ellos, según una nota oficial de la Consejería, 196 están concluidos y suponen la demolición de 251 casas.
El concierto previo, según el alcalde, recoge la nueva "realidad" urbanística del municipio Catral. "Nuestra intención, más que legalizar es regularizar todas las casas de diseminado de la huerta, sobre todo las habitadas", explicó Albero.
* ELPAIS.com - S. N. - Alicante - 16/07/2009
Foto: Catral - 20minutos.es
Recalificación Miniestadi: Los vecinos amenazan con movilizarse
LAVANGUARDIA/Barcelona* : Los vecinos de Les Corts de Barcelona advirtieron hoy de que iniciarán un plazo de concentraciones y manifestaciones contra la recalificación del Miniestadi y señalaron que su propuesta continúa siendo la instalación de equipamientos para el barrio y no de pisos.
El portavoz de la coordinadora de asociaciones de vecinos de Les Corts, Alfons Huéscar, explicó que se reunieron esta tarde de urgencia tras las informaciones que apuntaban hoy que el alcalde, Jordi Hereu, y el FC Barcelona han llegado a un acuerdo.
Sin embargo, más tarde Hereu negó dicho acuerdo y señaló que sigue trabajando en ello. Huéscar afirmó que el alcalde está "traicionando" la confianza de los vecinos y afirmó que ayer ellos mismos se reunieron con la gerente de Les Corts y no les informó sobre ningún avance en el acuerdo. "Sabemos que el Barça es muy poderoso, pero los vecinos unidos también", declaró.
Añadió que existe un grupo de trabajo sobre la transformación urbanística en la que participan los vecinos, por lo que se preguntó por qué no se les tiene en cuenta. Huéscar mostró su sorpresa e indignación por las informaciones aparecidas y señaló que los vecinos continuarán oponiéndose a un acuerdo que se base en la construcción de viviendas.
* La Vanguardia - E.P. - 15.07.09
Foto: El Barça quiere recalificar el Miniestadi para poder pagar la rehabilitación del Camp Nou con las plusvalías / Roser Vilallonga / Archivo lavanguardia.es
La UNESCO pide la paralización del proyecto del puerto de Ibiza
Ecologistas en Acción* y el GEN Eivissa, se felicitan por la advertencia de UNESCO al estado español, sobre la no remisión de informe, estudio o proyecto al Comité de Seguimiento del Listado de Patrimonio Mundial, para la valoración del proyecto de ampliación del puerto de Ibiza que, presumiblemente, ocasionaría daños irreparables en los ecosistemas de la zona.
El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, integrado por representantes de 21 países, reunido en su XXXIII sesión desde su constitución en 1972, y por primera vez en España, concretamente en la ciudad de Sevilla, (22/6-30/6), ha resuelto, ante las denuncias recibidas sobre por el proyecto de Ampliación del Puerto del Estado de la ciudad de Ibiza, remitir al Estado español la decisión adoptada por este organismo, donde se solicita la paralización del proyecto con la finalidad de estudiar el impacto que puede tener sobre los bienes declarados, tanto por encontrarse en el entorno de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial Cultural, como por los efectos que puede tener la obra sobre la biodiversidad y las praderas de Posidonia oceánica, declaradas también patrimonio de la humanidad.
En la decisión, el Comité también ha expresado su preocupación por el hecho de que el Estado español no ha remitido en ningún momento el proyecto a la UNESCO para su estudio, de acuerdo con lo que recoge la convención para la conservación del patrimonio mundial en su art 172.
En la resolución, la UNESCO da a España hasta el 10 de febrero del próximo año para que remita un informe sobre el estado de conservación de los bienes declarados para que sea examinado por el Comité Patrimonio Mundial en su próxima sesión, cuando expertos de ICOMOS y de la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), órganos consultores de la UNESCO, hayan estudiado su contenido.
Esta decisión del Comité, pone de manifiesto aquello que ha estado reiteradamente denunciado por las organizaciones ecologistas: las autoridades implicadas han obviado en todo momento informar a la UNESCO sobre un proyecto que puede poner en serio peligro el mantenimiento de Ibiza en la lista espacios declarados como Patrimonio Mundial. Además, se trata de una omisión deliberada y consciente, cuando se consiguió entrar en la lista en 1999, tras asegurar a la UNESCO que no se llevaría a cabo la construcción de ningún tipo de plataforma en la zona de Es Botafoc (en ese momento las plataformas previstas tenían la mitad de la superficie de lo que es el proyecto actual -3,5 has-)
Desde el Ecologistas en Acción y el GEN-GOB Eivissa, felicitan a la UNESCO, por esta actuación y llamada de atención a las administraciones españolas, esperando que las autoridades responsables sepan reaccionar a tiempo, acatando las decisiones del Comité y, por tanto, paralizando la ejecución del proyecto hasta que se obtenga el dictamen definitivo de este organismo. La responsabilidad a la que se enfrentan los gobernantes en este caso es enorme, y las repercusiones ambientales y sociales pueden ser incalculables.
* Área Marina de Ecologistas en Acción - 13.07.09
Foto: ibiza - patrimonio-humanidad.com
LosBarrios: La Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas amenaza con nuevas movilizaciones
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NOTICIAS/Cádiz* : La Plataforma advierte a la alcaldesa de Los Barrios, Ángeles Ariza, que de no facilitar la información ambiental requerida denunciará el caso judicial y administrativamente. Ciudadanos Rodeados por las Fábricas ultima un acto de protesta por la dejadez y negligencia de la administraciones.
En la mañana de hoy, la Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fabricas, ha presentado en el registro de entradas del Ayuntamineto un escrito solicitando por segunda vez la licencia de las obras del complejo LPC, advirtiéndole que si en el plazo de un mes no ha sido facilitada la información, se denunciará tal hecho ante la fiscalía de Medio Ambiente, de igual forma, recurrirá a la oficina del Defensor del Pueblo Andaluz y a otras instancias europeas.
Además la plataforma también ha solicitado al ayuntamiento de Los Barrios examen y obtención de copia del Plan del Restauración de la finca la Gertrudis, cuyos trabajo han sido adjudicados a la misma empresa que ha promovido la tala y desmonte de hábitat de interés comunitario, GAMA, SL, empresa de carácter municipal.
La Plataforma quiere recordar que el ex-alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, fue denunciado por presunta prevaricación al no resolver la acción publica urbanística presentada por la plataforma en julio de 2007, en esta ocasión, “esperamos que la actual alcaldesa, Ángeles Ariza, al contrario de su predecesor, no vulnere los derechos de los ciudadanos ni limite su participación en asuntos de interés publico, y facilite la información solicitada, evitándonos así recurrir a los juzgados”.
Los conservacionistas quieren recordarle a la alcaldesa de Los Barrios, en relación a las declaraciones sobre la instalación fabrica de productos farmacéuticos de la filial de la transnacional LPC Group, que las obras donde se pretendía ubicar dicha fabrica y una papelera se encuentran paralizadas por auto judicial y que sobre estas obras recaen un expediente sancionador iniciado por la Consejería de Medio Ambiente que obliga al ayuntamiento y a la empresa municipal GAMA, S.L. a pagar una multa de 100.00 euros y a restaurar 4 hectáreas de hábitat arrasado por las obras, por lo que “dudamos que la instalación de esta fabrica se produzca en breve”.
Como recoge el informe elaborado por los grupos ecologistas de la comarca y Greenpeace, “Crisis ambiental y de salud publica en la bahía de Algeciras/bahía de Gibraltar”, publicado el pasado mes de junio, la instalación del complejo celular de LPC, agravaría la crisis de salud publica que padecen los habitantes de la comarca.
Por ello, la plataforma, ultima un acto de protesta en los próximos días para denunciar la dejadez y negligencia de la administraciones implicadas en las obras del seudo Parque Tecnológico y Medio Ambiental.
* Noticias de la Villa - 15.07.09
Foto: Los Barrios (Cádiz), protesta Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas - noticiasdelavilla.net
La Alquería de la Torre se arruina sin pasar del Valencia CF al ayuntamiento
LEVANTE/Valencia* : La Alquería de la Torre, una edificación del siglo XVIII sita en los terrenos de la futura ampliación del parque de Benicalap, se encuentra ocupada por unas 30 personas desde hace meses y la estructura se encuentra en muy mal estado. Esta es la situación de un inmueble incluido entre las parcelas que el Valencia C.F. se comprometió a entregar al ayuntamiento en compensación por la permuta del solar de Cortes Valencianas para el futuro estadio.
La permuta de los terrenos se acordó en julio de 2007 pero ya han pasado dos años sin llegar a formalizarse. El Ayuntamiento de Valencia, y en concreto su concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, no ha movido un dedo para exigir al club la entrega de los terrenos y los 17 millones de euros pactados por la permuta. Todo lo contrario. Grau ha confirmado que el equipo de fútbol está haciendo un estadio sobre unos terrenos de propiedad municipal.
Sin embargo, el compromiso del consistorio de habilitar la edificación rural para Centro de Actividades para Personas Mayores que se anunció en 2003 y se incluyó en el programa electoral del PP no se va a cumplir y los jubilados de Ciutat Fallera no tendrán un inmueble en condiciones.
Con todo ello el colectivo Cercle Obert, la Asociación de Vecinos de Ciutat Fallera y el grupo socialista han denunciado en reiteradas ocasiones las deficiencias y mala situación de la edificación mientras el equipo de gobierno del PP tiene previsto declararla Bien de Relevancia Local. Los socialistas han presentado una batería de preguntas para el próximo pleno a fin de intentar arrancar el compromiso de iniciar la ampliación de una zona verde paralizada desde hace 18 años.
* Levante-EMV - P. VAREA - 15.07.09
Foto: la Alquería de la Torre, ocupada y deteriorada - cercle obert, levante-emv.com
El urbanismo ilegal suma 6 detenidos y 12 imputados más en Chiclana y Conil
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EUROPASUR/Cádiz* : Otras dos actuaciones contra el urbanismo ilegal en la provincia se han saldado con la detención de seis personas y la imputación de doce más. Efectivos de la Guardia Civil y la Policía Autonómica han intervenido en dos operaciones distintas en varias fincas de Chiclana y Conil, con la acusación de estas personas por presuntos delitos bien contra la ordenación del territorio, falsedad documental, estafa o conductas afines a la receptación, es decir, la compra o tenencia de objetos de procedencia ilícita.
Las detenciones se han producido por la intervención en tres parcelas del Pago del Humo y Huerta Chica, en Chiclana. Entre los implicados estaría un arquitecto imputado en otros casos anteriores de Obra Nueva, Joaquín Pallí, además de cinco personas más de entre 32 y 47 años de edad. Según ha podido saber este medio, la Guardia Civil comenzó la investigación hace meses y los arrestos se han producido desde el pasado día 7 de julio, hasta que ayer pasaron a disposición judicial.
Tres formas distintas de ilegalidad se produjeron en esta ocasión. En una de las fincas de Pago del Humo se trata de un delito de estafa por la venta de una vivienda ilegal. Para ello se emitió un informe de tasación falsa para conseguir un préstamo hipotecario para reformar una edificación, cuando en realidad era para la construcción de la misma. En la otra se trata del método de 'Obra nueva', con un certificado falso de antigüedad. En el caso de la parcela de Huerta Chica, también en Chiclana, las casas se ponían a nombre de testaferros -que son los dos imputados, no detenidos, en la operación-, que aparentaban ser los titulares de una propiedad en los distintos documentos.
Por otro lado, según informó la Junta de Andalucia, agentes del Área de Investigación de Delitos Urbanísticos de la Policía Nacional de Cádiz adscritos a la Comunidad Autónoma, han culminado la investigación sobre presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y otras infracciones penales en Conil. La investigación fue encomendada por la Fiscalía de Medio Ambiente y de ella han resultado imputadas diez personas entre promotores y constructores de ocho viviendas de tipo unifamiliar.
Las investigaciones comenzaron en el pago conocido como Quinta de las Pamplinas, Camino de la Vigía, Carril de los Amarguillos, donde una finca había sido dividida en diez parcelas y separadas con muros de obra y mallas metálicas. En algunas de las parcelas existen viviendas aparentemente terminadas, otras en obras y otras sin ningún tipo de construcción. Estas edificaciones se han realizado en suelo clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección de Interés Agrícola, es decir, suelo rústico en el que se precisa licencia municipal de obras, con la particularidad de que ninguna de ellas la poseía.
Dado que los hechos suponían una infracción administrativa urbanística, los agentes recabaron los informes del Ayuntamiento y pudieron determinar que en todas se había incoado expediente sancionador, si bien ninguno había sido concluido.Del mismo modo, se concluyó que algunas de las divisiones fueron a su vez subdivididas y otras revendidas.
En este caso, como en otros anteriores, como elemento probatorio se han realizado el cotejo de las ortofotografías de los años 2004, 2005 y 2007, correspondientes a las parcelas investigadas.
* Europa Sur - A.R./F.R./ Cádiz - 15.07.09
Foto: Vista general de la zona del Pago del Humo, en Chiclana - diariodecadiz.es
Comienza el derribo de las 443 edificaciones del Club Méditerranée de Cadaqués
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ELPERIÓDICO/Girona* : Después de meses de trabajos preparatorios y negociaciones entre el Gobierno central y la Generalitat, finalmente hoy se ha derribado la primera de las 443 edificaciones que conforman el antiguo complejo de vacaciones del Club Méditerranée de Cadaqués (Alt Empordà).
A partir de ahora el derribo no se interrumpirá hasta que desaparezcan todos los bungalows y edificios de servicios que ocupan este espacio de 4,5 hectáreas y la zona "recupere prácticamente el aspecto que tenia a principios de los años 60", según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Girona, Francesc Francisco-Busquets.
Los trabajos, que realizará la empresa Tragsa, durarán un año. Se harán de forma controlada para levantar el mínimo polvo posible y para no afectar al entorno, incluido el parque natural del cabo de Creus.
Escombros guardados hasta el final del verano
A pesar de que los operarios utilizarán maquinaria ligera, una parte importante del trabajo lo harán de forma manual. El derribo generará 38.659 metros cúbicos de escombros y una parte importante del material --como la terraza, que es originaria de esta zona-- se reutilizará para construir un aparcamiento en la entrada del complejo y para delimitar las rutas que podrán hacerse a pie por la zona.
El resto de escombros se triturará y se guardará en pequeños depósitos hasta que finalice el verano y se transporte fuera de la zona en camiones.
Francico-Busquets ha calificado de día "histórico" el inicio de las obras de derribo, a las que el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino destinó 3.062.981 euros.
* El Periódico - E.P. - 13.07.09
Foto: Cadaqués (Girona), club mediterranée - 20minutos.es
Un palacio de ida y vuelta
ELPAÍS/Madrid* : Un juez obliga al Consistorio a devolver un edificio que expropió ilegalmente. El inmueble, abandonado durante una década, está valorado en 40 millones. A medio camino entre la plaza de Tirso de Molina y La Latina hay un palacio de los de toda la vida. Precioso, gigante, construido a mediados del siglo XVIII. Pero se cae a trozos. Está justo a mitad de la calle del Duque de Alba y hasta hoy era propiedad del Ayuntamiento.
Carmen Martín, una mujer de más de 80 años que vive sin luz ni agua y a quien el gobierno municipal considera una "okupa", es su único morador. Lleva ahí desde que nació. Pero, precisamente, el Consistorio dijo hace dos años que esperaba una orden del juez "inminente" para desalojarla. Ahora, en vez de eso, lo que ha dictado el magistrado es que la expropiación que se realizó en 1998 fue ilegal y debe revertir de nuevo en sus antiguos propietarios, una constructora que pensaba hacer un gran hotel. Un follón que puede costarle ahora al Ayuntamiento unos 40 millones si quiere recuperar el edificio.
En 1998, la corporación que entonces dirigía José María Álvarez del Manzano, expropió el inmueble, catalogado con máxima protección y con una superficie de 7.200 metros cuadrados, para darle un uso social. El edificio era de una constructora que pensaba instalar un gran hotel y que lo había comprado a sus antiguos dueños un año antes. Pero por unos cuatro millones de euros, la concejalía de Urbanismo, dirigida por Ignacio del Río, se lo arrebató.
Primero el Ayuntamiento pensó en instalar ahí la sede de la concejalía de Medio Ambiente. Llegó incluso a decirse que se invertirían 12 millones de euros para rehabilitarlo y que el proyecto correría a cargo del arquitecto portugués Álvaro Siza. También se habló de una biblioteca pública. Pero tampoco.
Luego se cambió de idea, y la EMVS anunció que construiría pisos para jóvenes en el antiguo palacio. Concretamente, 88 apartamentos para estudiantes. Los requisitos que se anunciaron en su momento eran: ser menor de 35 años, residir aún en el domicilio familiar, no ser propietario ni arrendatario de otra vivienda... En fin, la cuestión es que el Ayuntamiento volvía a vender otro proyecto distinto para el edificio que había expropiado. Pero la realidad se empeñó en dejar en papel mojado esos anuncios.
Pasaron los años y la cosa no arrancaba. Y Carmen Martín, mientras la antigua propiedad pleiteaba con el Ayuntamiento de Madrid, seguía ahí metida, sin luz ni agua. Subsistiendo con la comida que le llevaban sus hijos cada semana. "Es que esto no lo pueden tirar, ¿sabe? Es monumento nacional y vale muchos millones", explica ella con cierto gracejo. Carmen, anuncia con decisión, no piensa moverse de ahí.El edificio aparecía en el plan general de 1997 como equipamiento social. Pero el juez ha considerado ahora, en sentencia firme, que los pisos protegidos no lo eran, según fuentes consultadas de Urbanismo. Y además, se ha tenido en cuenta que se estaba vulnerando el principio de urgencia por el que fue expropiado hace ya más de 10 años. Es decir, si en una década no se ha construido nada, quizá no era necesario expropiarlo. Varias de las muchas sentencias favorables al propietario que ha logrado el bufete de abogados de Javier Guisasola lo ordenan muy claro: "Que se inicie el proceso de reversión". El Ayuntamiento debe devolverlo a su dueño.
"La voluntad del propietario es llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento. Estamos en disposición de buscar fórmulas para que no le sea tan gravoso. Se le puede ceder a cambio de otra cosa, un arrendamiento, una permuta", explica Guisasola. "Si al Ayuntamiento no le interesa negociar, lo que haremos es un hotel de cuatro estrellas", añade.
"Hay una falta de información a los grupos de la oposición increíble. Hasta ahora no sabíamos que había una sentencia y el Ayuntamiento seguía anunciando los pisos para jóvenes. Y encima, después de tanta foto delante del palacio, el futuro del equipamiento no depende de ellos", critica el portavoz de IU en el Consistorio, Ángel Pérez.
El Ayuntamiento dice que acata la sentencia. Pero no quiere pronunciarse sobre el resultado ni hacer valoraciones. "Lo estudiaremos y veremos qué se puede hacer", explicó un portavoz del área de Hacienda. De momento tendrán que negociar con el antiguo propietario del palacio para tratar de comprarle el edificio, que hoy está tasado en unos 40 millones euros. Una cifra que se ha visto notablemente reducida con la crisis económica. Según la propiedad, el inmueble llegó a valer alrededor de 70 millones en los tiempos del boom.
En sus orígenes, en el siglo XVIII, el inmueble de la polémica sirvió de escuela para los hijos de los criados del rey Carlos III. En 1791, el arquitecto Antonio de Abajo lo convirtió en una residencia para la duquesa de Sueca, esposa del primer ministro de Carlos IV, Manuel Godoy. En 1837 se convirtió en el colegio de Humanidades de Francisco Serra, y a finales del siglo XIX se transformó en un cuartel de la Guardia Civil. Luego llegaron las viviendas donde nació Carmen. Y de ahí, al lío actual.
* ELPAIS.com - DANIEL VERDÚ - Madrid - 14/07/2009
Foto: Madrid, antiguo ayuntamiento - wikipedia.org
Grazalema: El Defensor del Pueblo apoya la elaboración de un informe sobre urbanismo en el Parque
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LAVOZ/Cádiz* : Ecologistas en Acción (EA) ha encontrado apoyo en el Defensor del Pueblo Andaluz en su solicitud de que la Junta Rectora del Parque Natural de la Sierra de Grazalema elabore un informe sobre la situación urbanística de los municipios de este espacio protegido.
Este apoyo se produce después de que la organización proteccionista presentara una queja por el «boicot que el presidente de esta Junta -Antonio Perales- y la delegada provincial de Medio Ambiente -Gema Araujo- han llevado a cabo», aseguran.
Esta propuesta fue aprobada en octubre de 2006, cuando la Junta Rectora acordó que la Comisión de Desarrollo Sostenible elaborara dicho informe. Desde entonces, el presidente «se ha negado a tratar este tema», entienden desde EA, tanto en la Comisión como en la propia Junta Rectora, lo que llevó a los representantes de Ecologistas en Acción a abandonar este órgano. Perales adujo que existían dos informes del gabinete jurídico de la Consejería que aseguraban que era ilegal constituir esta comisión de investigación, si bien se negó a facilitar dichos informes a los representantes de Ecologistas en Acción.
Esta queja se ha tramitado en el último año y finalmente Ecologistas en Acción ha recibido una resolución en la que el propio José Chamizo da la razón a esta organización. En concreto, apunta que la Junta Rectora tiene encomendadas funciones de control y vigilancia; debe velar por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural; puede requerir información de las actuaciones y actividades que se desarrollen en el Parque Natural que estén relacionadas con la gestión y conservación del espacio, y, en general, puede realizar cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para Parque Natural Sierra de Grazalema.
Además, en dicha resolución también se apoya la legalidad de la constitución de Comisiones o Grupos de Trabajo necesarios para el estudio y evaluación de temas especializados y considera que el presidente tenía que haber tratado en la Junta Rectora la propuesta de EA sobre los objetivos, contenido y metodología de la elaboración del informe urbanístico.
Desarrollo Sostenible
Por último, Ecologistas en Acción destaca, entre otras cuestiones, que esta resolución que han recibido «desenmascara las argucias esgrimidas en los supuestos informes jurídicos de la Consejería para justificar una supuesta ilegalidad del informe, entre ellas que EA pretendía que la Junta Rectora realizara funciones de policía». Chamizo deja claro que «no puede más que mostrar su desacuerdo» con esta afirmación recogida en el citado informe de Medio Ambiente.
* La Voz Digital - 14.07.09 -
A. ROMERO
Foto: Grazalema (Cádiz) - cadiz.org
Los ecologistas recuerdan que en ninguna ley el suelo rústico fue urbanizable
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ELPAÍS/Málaga* : El acuerdo unánime de los representantes políticos de los 31 ayuntamientos de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental Axarquía en el que instan a la Junta a modificar la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para que se permitan determinadas construcciones de viviendas en el suelo no urbanizable, ha provocado algunas reacciones de rechazo contundente.
Es el caso del Gabinete de Estudios de La Naturaleza de La Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción), que considera "bochornoso y degradante" el pronunciamiento de los alcaldes, quienes precisamente "tienen que dar ejemplo en el acatamiento y cumplimiento de la ley".
GENA rechaza el argumento de los munícipes que atribuyen el caos en la comarca, con más de 10.000 viviendas en el suelo rústico, a la "dispersa y cambiante" legislación urbanística y recuerda que aunque es verdad que ha habido modificaciones, "la condición del suelo rústico como no urbanizable ha estado presente en todas las leyes y normas desde el comienzo de nuestra democracia".
La organización ecologista se muestra muy dura con los alcaldes de la comarca, a los que acusa de haber "ignorado impunemente" las leyes urbanísticas y medioambientales. GENA rechaza igualmente que se atribuya la proliferación de viviendas en el suelo rústico en La Axarquía a la singularidad del régimen minifundista de la comarca y a la tradición de hacer casas en el campo. "Argumentos tremendamente débiles, cuando no falsos, porque ninguno de ellos justifica la vulneración de las normas urbanísticas modernas".
Contra la Junta
GENA ha enviado un escrito al consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en el que denuncia que los alcaldes pretenden hacer un "frente contra la Junta" en La Axarquía. Espadas se ha reunido en dos ocasiones con los alcaldes, a los que ha propuesto pactar con la Junta un plan de inspección sobre cada construcción en el suelo rústico y tratar las posibilidades de legalizarlas o dejarlas fuera de ordenación.
GENA se queja demás de haber sido excluida de la invitación a una mesa social por el urbanismo que La Mancomunidad convoca en el acuerdo adoptado el pasado día 8 y a la que si ha convocado a "sectores implicados en los negocios inmobiliarios y en algunos procedimientos administrativos y penales".
* ELPAIS.com - D. N. - Málaga - 13/07/2009
Foto: Axarquía (Málaga), vista diseminados - wikimedia.org
Calp reactiva el plan de apartamentos en el último tramo virgen de su litoral
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INFORMACIÓN/Alicante* : Fue el 14 de noviembre de 2008 cuando el pleno del Ayuntamiento de Calp dejó sobre la mesa la construcción en el último tramo virgen del litoral, una parcela en pendiente sobre la cala de la Manzanera, a escasos metros del acantilado. En aquel momento estaba bajo sospecha la vinculación del PSPV en dicho plan urbanístico -Manzanera II- que permitía la construcción de 139 apartamentos divididos en bloques, lo que llevó al alcalde, el nacionalista Ximo Tur, a crear una comisión de investigación.
Y todo ello porque el cuñado de Joan Morató (edil socialista) y socio de diferentes empresas, asesoraba al Ayuntamiento en este proyecto cuando gobernaba el PSOE.
El proceso urbanístico para acabar de finiquitar con los más de 6.000 metros cuadrados vírgenes sobre los acantilados de la Manzanera se "perpetró" en el año 1994, cuando gobernaba el PSOE, con Violeta Rivera como alcaldesa.
Años más tarde fue el alcalde del Partido Popular, Javier Morató, quien firmó un convenio con los dueños del entorno de l'Ermita -paraje de gran valor sentimental e histórico para los calpinos- mediante el cual se permutaban los terrenos del espacio religioso para su protección con los de la Manzanera, mirando al mar.
Ayer, el pleno de Calp cumplió con el proceso reglado después de que la promotora, que pretende construir siete bloques de apartamentos con cuatro alturas, presentase el estudio de detalle al Consistorio.
La aprobación del plan salió adelante con los votos del alcalde, Ximo Tur (Bloc), del PP y del PSD. Votaron en contra los ediles socialistas y se abstuvo la otra edil del Bloc -en la oposición- Antonia Avargues.
"Edificabilidad elevada"
El portavoz del PSOE, Luis Serna, criticó al actual equipo de gobierno (Bloc-PP-PSD) porque la propuesta de 7 bloques de viviendas con cuatro plantas es de "una edificabilidad elevada". Serna señaló que el tripartito hacía una "política urbanística de derechas, del pasado y sin evolucionar".
Una apreciación a la que respondió el concejal del PSD, Antonio Romera, con el recuerdo del pleno del 14 de junio de 1994 en el que toda la corporación y con gobierno socialista avaló el plan Manzanera II.
Luis Serna mostró los planos del solar y argumentó que cuando él era alcalde propuso a la promotora que eliminara el edificio más cercano al acantilado con la contraprestación de que los otros bloques ganaran una altura, pasando de cuatro a cinco plantas.
Tanto el Partido Popular como el PSD replicaron que la barrera que se crearía entonces taparía a los vecinos de las casas de detrás del acantilado, con lo que con una altura de más perderían vistas al mar. El edil de Urbanismo, José Perles (PP) se encaró a Serna para recordarle que esa propuesta el PSOE no la iba a votar "y no me haga decir nombres" advirtió.
Derechas e izquierdas
El alcalde llegó a decir que más del 80 por ciento de los edificios en altura del municipio de Calp los pondría en revisión e ironizó sobre la terminología de Urbanismo de derechas y de izquierdas introducida por Serna, al referirse al Partido Socialista como un partido que se definía republicano y defiende la monarquía, introdujo a España en la OTAN y llegó a tener de ministro de Economía a Miguel Boyer.
* Información - VICENT X. CONTRÍ - 14.07.09
Foto: Las panorámicas vistas en la Manzanera son un bien preciado para el turismo residencial - ERNEST WEBER, diarioinformacion.com
Medio Ambiente advirtió cuatro veces de la ilegalidad de los 200 chalés de Derio
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ELPAÍS/Vizcaya* : El Departamento de Medio Ambiente advirtió hasta en cuatro ocasiones entre junio de 2007 y mayo de 2008 a los promotores de casi 200 viviendas en Derio de que antes de ejecutar el proyecto debían delimitar las parcelas contaminadas existentes. Pero los constructores no cumplieron las exigencias de la consejería y más de un centenar de chalés están ahora en una fase avanzada de construcción y varias decenas casi concluidos.
El Ayuntamiento de Derio, que ha dado las licencias de obras, sostiene que la ley de Prevención de Contaminación del Suelo, en vigor desde mayo de 2005, no afecta a toda la promoción urbanística, sino sólo a las zonas presuntamente contaminadas, que limita a 20.000 de las 124.000 metros cuadrados del solar. Sin embargo, Medio Ambiente, el departamento que vela por el cumplimiento de esa normativa, es categórico y, entre otras medidas, obliga a delimitar la contaminación en el solar antes de cualquier intervención edificatoria.
El expediente sobre este caso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata lo ocurrido en este proyecto urbanístico, que se remonta a 2005, cuando fue aprobado por la Diputación. Al existir una zona potencialmente contaminada, según refleja el inventario del Gobierno vasco, la promotora de la mayoría de las viviendas, Arco Atlántico, presentó en 2007 un plan de excavación, como exige la ley de prevención de la contaminación. La sociedad pública ambiental Ihobe, dependiente del Departamento de Medio Ambiente, lo rechazó en junio de 2007 por carencias en la información, la falta de un estudio sobre la afección en aguas subterráneas o el incompleto análisis de riesgos para la salud humana. "Además de las importantes carencias detectadas, hay que tener en cuenta que el proyecto constructivo pretende realizar parte de una promoción de viviendas unifamiliares con jardín sobre un vertedero en el que hay presencia de residuos peligrosos", señala, y añade la obligatoriedad de delimitar el área contaminada.
En diciembre de 2007, tras la respuesta de los promotores -que ya ha habían iniciado las obras en el solar sin la autorización del Gobierno-, es la Dirección de Calidad Ambiental del Gobierno la que vuelve a calificar de incompleta la petición de los constructores. "La documentación presentada no añade ninguna información que permita solventar las carencias o errores detectados [en el informe de Ihobe]". Calidad Ambiental reitera que se debe precisar con exactitud el área contaminada y realizar un plan de excavación y certificar la calidad del suelo, como exige la ley en áreas contaminadas.
Tras otra respuesta de los promotores, llega la tercera advertencia de Medio Ambiente, el 16 de enero de 2008, esta vez por el entonces viceconsejero Ibon Galarraga, quien insta a identificar la zona afectada por la contaminación. Galarraga vuelve a comunicar el 14 de mayo a los promotores de que parten de la premisa "errónea" de que el área de vertido ha sido ya delimitada, por lo que reitera que se determine "tanto en superficie como en profundidad la masa de vertido y del terreno afectado por el mismo". Agrega que cualquier retirada de los residuos requiere un sellado de la zona con su correspondiente proyecto, "que deberá presentarse" a Medio Ambiente.
Ninguna de estas exigencias se han cumplido hasta ahora, pero las obras prosiguen. El proyecto carece así del certificado de calidad del suelo que exige la ley de prevención de contaminación, que, en su defecto, considera "nulas de pleno derecho" las licencias concedidas. El alcalde de Derio, Lander Aiarza (PNV), y funcionarios municipales sostienen que "no hay riesgo para la salud" y que el suelo "no está declarado contaminado". El consistorio entregó a este diario un documento remitido en marzo pasado por el representante de los promotores de la urbanización donde señala que, tras la petición tramitada en 2007, no ha recibido la declaración de calidad del suelo y que, al no haber habido una resolución en seis meses, ha "continuado y finalizado las actuaciones de ejecución urbanística". El escrito no hace ninguna mención a las cuatro advertencias de Medio Ambiente de que no se puede seguir adelante con la promoción.
* ELPAIS.com - ALBERTO URIONA - Bilbao - 13/07/2009
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
La Fiscalía alerta de que dueños de casas ilegales 'dirigen' a los alcaldes
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ELCORREODEANDALUCÍA* : Aunque reconocen una mayor conciencia política y judicial contra el urbanismo salvaje, los fiscales de medioambiente aún ven escasas las órdenes de derribo y de paralización de obras. Y alertan de que los dueños de casas ilegales se están convirtiendo en lobbies de poder que logran imponer su línea en la política urbanística.
Los delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos concentraron de nuevo el año pasado la mayoría de las diligencias incoadas por la red de fiscales de medio ambiente –1.436 de las que 679 terminaron en denuncia o querella–. Y en su memoria, el Ministerio Público reconoce que cada vez es mayor la colaboración de las administraciones públicas en la persecución de estos delitos, con un incremento en el número de denuncias presentadas por los propios ayuntamientos y delegaciones provinciales de la Junta.
Sin embargo, alerta de que “con ocasión de los denominados procesos de regularización de viviendas ilegales, aunque no sólo en tales casos, los autores de construcciones ilegales constituidos en asociaciones se convierten en auténticos lobbies o grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los ayuntamientos en el ejercicio de la disciplina urbanística”. En concreto, la Fiscalía de Cádiz –la que más procesos abrió por esos delitos el año pasado, con 628– denuncia que esos grupos “no sólo exigen la legalización de sus edificaciones, muchas de ellas incursas en procedimientos penales, sino que además tratan de que todo lo que supone la ejecución de infraestructuras, dotaciones y servicios públicos” se financie con “fondos públicos”. “Organizan manifestaciones en las que se reivindica la inobservancia de la legalidad urbanística, exigen su presencia en las juntas locales de seguridad y, ante la pasividad del resto de los ciudadanos, acaban en muchas ocasiones imponiendo sus planteamientos”, lamenta.
En cuanto a la persecución jurídica de los delitos urbanísticos, la Fiscalía ve aún escasas las paralizaciones cautelares de obras bajo sospechas y las condenas que implican el derribo de las construcciones ilegales, una condición sin la que a su juicio no se restituye la legalidad vigente ni las sentencias cumplen su objetivo disciplinario y ejemplarizante.
Así, la Fiscalía de Huelva señala haber optado por solicitar medidas cautelares y completar la investigación ya en vía judicial en vez de esperar a tramitar las diligencias de investigación porque “la experiencia dicta que se agota el plazo de seis meses” sin poder paralizar las obras “que avanzan con enorme rapidez”. La de Almería alerta de que cuando los juzgados de instrucción dictan la paralización “en algunos casos, al notificar la resolución, la edificación estaba prácticamente concluida”.
También critican los fiscales de Medio Ambiente que las condenas que incluyen derribos son aún minoritarias y en muchos casos o no son confirmadas en los recursos ante las Audiencias provinciales o se aplican excepciones contrarias al criterio fiscal.
los derribos se dilatan. El Ministerio Público en Cádiz rechaza que se exima de la demolición alegando que existe un núcleo de población porque puede dar pie a que éstos crezcan sin límite y porque quedan impunes los casos en los que conociendo la ilegalidad, la urbanización continuó.
La Fiscalía de Cádiz también señala que al ejecutar los derribos “son muchos los incidentes que se plantean”, ya que es “absolutamente excepcional” que los condenados procedan a ello y “con demasiada frecuencia los ayuntamientos a los que se les ordena en auxilio judicial la ejecución plantean problemas”. Por ello solicitan al fiscal de sala coordinador o a la Fiscalía General del Estado “criterios” que garanticen “la unidad de actuación en la ejecución de las demoliciones”. “Lo que había de ser una medida de rápida ejecución la práctica viene evidenciando que se dilata en exceso”.
* El Correo de Andalucía - Sevilla - Laura Blanco - 12.07.09
Foto: El Puerto (Cádiz), zona viviendas ilegales - diariodecadiz.es
La historia de España no se recalifica
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ELPAÍS/Madrid* : La Plataforma Ciudadana Escurialense, organización que agrupa a más de 200 residentes en San Lorenzo de El Escorial, profesionales liberales y cuadros técnicos en su mayoría, ha pedido a la dirección de la Unesco que inste la anulación del Plan General de Ordenación Urbana de la histórica localidad madrileña, donde se albergan el monasterio y un entorno declarados Patrimonio de la Humanidad en 1984. La sede parisiense de la Unesco ha sido la destinataria de la denuncia.
El plan municipal, cuyo avance acaba de publicar el Ayuntamiento, prevé entre otras medidas recalificar hasta 3.170.000 metros cuadrados de superficie antes no urbanizable; la construcción de 850 viviendas; un poblado nuevo con un polígono comercial, en un área hoy de dehesa, y bloques de viviendas y chalés de lujo en pleno casco histórico. Todas estas construcciones se ubicarán en el interior de una cerca histórica, que data de 1563 y que configura el entorno artístico y paisajístico del Real Sitio -Patrimonio de la Humanidad-, que la organización ciudadana ve en peligro.
En años anteriores, las actuaciones municipales, regidas por normas subsidiarias, sobrepasaron el paisaje sotomontano escurialense. El monte Abantos ardió 10 años atrás. Un paraje previamente urbanizable, La Era, tras el fuego, fue declarada protegida, si bien las 850 viviendas que iba a alojar son ahora las mismas en número que se planea construir en el nuevo desarrollo contiguo a aquél.
La Comunidad de Madrid, que en 1996 declaró Bien de Interés Cultural el entorno donde se proyecta esta actuación, dice que el plan "está en estudio".
Gonzalo Cuesta, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, explicó que los integrantes de la Plataforma Ciudadana Escurialense asumen posturas "influenciadas, radicales y politizadas", y justificó el plan en "la necesidad de construir viviendas de protección oficial [la mitad de las previstas]", aunque precisó que el número de 850 que se considera ahora "no basta siquiera para satisfacer el crecimiento vegetativo de la población". Cuesta añadió que el polígono contiguo a la autopista Madrid-A Coruña "incluirá oferta intelectual para satisfacer demandas de cultura y deportes", en referencia a una universidad y un polideportivo. El concejal admitió que "tan sólo se trata de un avance del futuro plan" y que "algunas de las proposiciones", como las referidas a la edificación de cuatro chalés en el casco histórico de San Lorenzo y otras edificaciones sobre parques y jardines históricos, "son suprimibles. En todo caso", apuntó, "las actuaciones previstas se aplican a la normativa urbanística vigente".
El entorno del monasterio escurialense, cercado por una valla mampostera de 55 kilómetros de perímetro, incluye vestigios arquitectónicos renacentistas, como el llamado Palacio Monesterio, que data de 1503, más puentes, ermitas, molinos y canteras de época, así como zonas de humedales y pastizales y otras de anidamiento de águilas imperiales, buitres reales y cigüeñas negras, que la plataforma cívica cree que hoy se hallan en peligro o han emigrado.
Tal ámbito fue considerado por la Unesco "parte inseparable" del conjunto monacal, como entorno natural e histórico de una misma unidad paisajística, que se extiende entre La Herrería, el monte Abantos, El Campillo y la zona del monasterio; se trata de una extensión de hasta 10.000 hectáreas.
La plataforma cívica pide a la Unesco que inste a las autoridades gubernamentales, regionales y locales a "anular la aplicación de este plan, cuyos prolegómenos han colmatado ya el paisaje y elevado la población de San Lorenzo y El Escorial de 18.000 a 31.000 habitantes en 12 años, sin mejorar los servicios locales de transportes y movilidad", según Antonio Ulled, arquitecto, coportavoz de Plataforma Ciudadana Escurialense. "Intentamos mantener un modo de vida basado en un urbanismo sostenible y humano, que proteja el paisaje y el patrimonio de un espacio único como el de San Lorenzo de El Escorial", asegura.
* ELPAIS.com - RAFAEL FRAGUAS - SAN LORENZO DE EL ESCORIAL - 13/07/2009
Foto: San Lorenzo del Escorial (Madrid) desde Abantos - educa.madrid.org
Tres cicatrices de asfalto más para la huerta del Segura
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INFORMACIÓN/Alicante* : La Vega Baja ve amenazada su huerta tradicional si salen adelante, tal y como están planteados, los tres proyectos del Ministerio de Fomento y de la Conselleria de Infraestructuras, una autopista (AP-37) y dos autovías (CV-95 y CV-91) que supondrían prácticamente duplicar las comunicaciones actuales por carretera.
La amenaza a la agricultura, a las viviendas sobre las que pasarían las vías y al crecimiento futuro de los núcleos urbanos, junto con las previsiones de peaje y de accesos insuficientes, han echado a la calle a los vecinos, que presionan a sus representantes políticos en cada aparición pública para dejar claro que la comarca "no necesita" más asfalto.
Las protestas se iniciaron con la apertura por parte de Fomento del periodo de información pública de la autopista de peaje AP-37, conocida como "del Reugerón", que recorre 24 kilómetros de la Vega Baja desde Murcia hasta Catral, para unirse a la AP-7 en dirección a Alicante. Fomento proponía ocho trazados diferentes y se decantaba por uno, el "Norte-4", una recomendación recibida con asombro en la comarca por ser la más dañina, según numerosas y diversas voces. Por eso, las alegaciones de grupos políticos y asociaciones han reunido casi 9.000 suscripciones individuales y la asociación Vega Baja Viva, creada para la ocasión, ha logrado 14.000 firmas.
En este punto todos los ayuntamientos, vecinos, plataformas ecologistas, la Cámara de Comercio, los juzgados de aguas o sindicatos agrarios se han posicionado en contra de la autopista. Unos subrayan que afectará a un millar de conducciones de agua para riego o a 1.200 tahúllas de huerta fértil y otros reclaman que rompe el sistema de carreteras secundarias, mientras casi todos recuerdan las inundaciones de 1987 y se preguntan cómo afrontar una situación similar si se construyen los viaductos y terraplenes de más de 15 metros de altura previstos para sortear por arriba, por ejemplo, los tubos del trasvase.
En el rechazo a la autopista están de acuerdo, pero no en cómo contestar a Fomento para que cambie de idea. Callosa de Segura, Almoradí o La Vega Baja No Se Vende rechazan de plano la carretera. Los ayuntamientos de Orihuela, Bigastro o el Juzgado de Aguas de Orihuela e incluso la Diputación de Alicante no la quieren, pero aceptarán que vaya por el sur, entre Bigastro y Jacarilla si se solapa en algunos tramos con otras vías que van paralelas.
Rechazo con firmas
En este punto reaparece, además, el proyecto de la CV-91 (la autovía "eje del Segura"), rechazada en 2006 con miles de firmas. La Generalitat plantea ahora un nuevo proyecto básico que discurre paralelo hasta en siete kilómetros al dibujo que ha hecho Fomento para la AP-37, evidencia de descoordinación entre administraciones. El antiguo tramo entre Jacarilla y Benejúzar desaparece y la autovía pasa, en esta propuesta, entre Correntías y Molins, donde cruza dos veces el Segura. "Un extraño viraje" para la portavoz socialista en Orihuela, Antonia Moreno, que ha acusado al equipo de gobierno (PP) de no avisar ni informar sobre esta vía (de la Generalitat), que supone perjuicios al mismo nivel que la AP-37. La alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, ha prometido a sus vecinos que les librará de esta carretera, pero periódicamente reaparece la sospecha de que los políticos de la comarca "llegan tarde", como con el Ave, con sus alegaciones, según subrayaron desde Vega Baja Viva.
Mientras tanto, los socialistas reclaman al Consell que desdoble y convierta en autovía la CV-95 (de Orihuela a la costa), una vía con mucho tráfico y siniestros, prometida para 2010 y licitada hace ya dos años, pero sin comenzar porque la adjudicataria no tiene financiación o porque no encuentra rentable la explotación del peaje en sombra, según las fuentes.
En unos años, cuando se construyan estos polémicos proyectos, la Vega Baja contará con cinco autovías y autopistas en todas las direcciones, aunque no se sabe con cuántas parcelas de huerta.
* Información - ELISA G. BROTONS - 12.07.09
Foto: E. D. G. / LOINO
