PÚBLICO* : Castilla y León ha pasado a engrosar la nómina de gobiernos autonómicos del PP que supuestamente beneficiaron a la trama corrupta de Francisco Correa. Hasta ayer, en esa lista sólo figuraban Madrid y Valencia. Ahora, en un demoledor relato, el juez Baltasar Garzón expone en su último auto cómo la Consejería de Fomento de Castilla y León habría efectuado, a finales de 2002, la "adjudicación amañada" de una carretera la variante de Olleros de Alba de forma que acabase en manos de Teconsa, empresa de cuyos órganos de administración forma parte el imputado Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol.
Teconsa se alzó con el encargo público por 2,8 millones de euros a cambio de pagar un soborno de 73.650 euros. Por primera vez, aparecen comisiones ilegales cuantificadas mediante la aplicación de un porcentaje el 3% sobre el precio de la adjudicación sin IVA.
El auto sostiene que ese 3% fue "una parte" de lo que Teconsa abonó a Correa para su posterior distribución entre las personas que, "al parecer, hicieron posible la adjudicación". El tesorero del PP, Luis Bárcenas, aparece de nuevo aquí como uno de los beneficiarios directos del soborno.
Un fax acusador
Traducida a euros y a millones de pesetas, esa cifra del 3% figura "manuscrita" en un "fax de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León", cuya televisión autonómica está bajo control del también imputado José Luis Ulibarri. Como adelantó Público, en el municipio leonés de Ponferrada, Ulibarri obtuvo del PP permiso para construir 2.000 viviendas fuera de la ley.
Incautado en el domicilio de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama, el fax lleva fecha de recepción del 5 de diciembre de 2002. Su contenido da cuenta de la adjudicación definitiva, y su importe exacto, de la variante de Olleros de Alba a la Magdalena. La misiva llegó a su destino un mes antes de que la citada Consejería emitiera, el 10 de enero de 2003, la resolución oficial por la que se adjudicaba la obra de manera definitiva.
Participación activa
En esta adjudicación amañada, razona Garzón, "hubo una participación activa de la organización de Francisco Correa, así como de algún político que pudo influir en la decisión por parte de la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León de adjudicar la obra a Teconsa".
En total, esa operación generó presuntos pagos ilegales por 120.100 euros. De ellos, 24.000 como mínimo fueron a un tal T.O., cuya identidad es un misterio. Otras dos nuevas iniciales irrumpen en la vertiente castellano-leonesa de la trama: G., que percibió 16.400 euros, y J., que se embolsó 18.600. El auto concluye que Bárcenas cobró lo mismo: 18.600 euros.
No fue Teconsa la única empresa que pagó comisiones. De nuevo, como hizo en su auto del 5 de marzo, Garzón señala a Constructora Hispánica entre las empresas que practicaban el cohecho a cambio de lograr un trato ventajoso de las administraciones públicas del PP. Y, con la recurrencia que pone de manifiesto el auto, Bárcenas fue uno de los que, supuestamente, cobró a cambio de sus gestiones. Garzón narra cómo en la denominada cuenta "Caja X PC [iniciales de Francisco Correa] Caja Madrid" figura un apunte contable del 23 de diciembre de 2003 con una cantidad de 600.000 euros. ¿Su procedencia? "Visita Alfonso García Pozuelo", o sea,el presidente de Constructora Hispánica.
* Público - ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID - 30/03/2009
Foto: Parlamento autonómico - wikipedia.org
Castilla y León también benefició a la trama
Resolución del Parlamento Europeo sobre los abusos urbanísticos
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Parlamento Europeo acaba de dar un severo tirón de orejas al modelo urbanístico español. Ecologistas en Acción lleva años denunciando el crecimiento urbanístico de los últimos tiempos, denunciando que este ha sido un proceso especulativo de esferas empresariales y políticas que ha supuesto un encarecimiento artificial de la vivienda y la pérdida de zonas de alto valor medio ambiental.
El informe del Parlamento europeo viene a dar la razón a las tesis defendidas por Ecologistas en Acción y las diversas plataformas ciudadanas en que participa, al considerar insostenible un modelo que genera indiscutibles impactos ambientales, aumentando las presiones sobre recursos como el agua, generando fragmentación de los espacios naturales, provocando nuevos focos de vertidos y contaminación, contribuyendo a la desertificación por sellado de suelos, etc.
De los 4 millones de nuevas edificaciones construidos en Europa en los últimos 10 años, la mitad se construyeran en suelo Español. En la UE con un incremento de la población de la población del 3,5%, el crecimiento de la superficie urbanizada ha sido del 13,8%, en el Estado Español, con un crecimiento de la población del 4,3%, el aumento de la superficie urbanizada ha llegado hasta el 25,4%, casi del doble del crecimiento europeo. Nunca en la historia europea se ha realizado un uso tan extremo y devastador del territorio. El constante auge inmobiliario español ha favorecido que el urbanismo pierda su finalidad social, subordinada al interés general, para convertirse en un negocio. Ha dejado de ser una herramienta de regulación del uso del suelo de acuerdo a las necesidades colectivas, para convertirse en la clave de la financiación municipal, en unos casos, y del enriquecimiento rápido e ilícito en otros.
Además este modelo va de la mano de la construcción de nuevas infraestructuras de transporte que serán necesarias para acceder a estos nuevos desarrollos, que no hacen sino abundar en un modelo de movilidad también insostenible, siendo ya nuestro país el estado de la UE con un mayor número de kilómetros de autovía por habitante.
Ecologistas en Acción critica la posición de la mayoría de los europarlamentarios españoles, que han dado la espalda con su actitud al medio ambiente y los ciudadanos. Este tirón de orejas debería servir a las administraciones españolas para replantearse cual debe ser el camino hacia la sostenibilidad. Hasta ahora, las recetas del gobierno y los ayuntamientos han sido, sin embargo, ayudas públicas para más ladrillo, reforma de la Ley de Costas para legalizar las edificaciones ilegales, flexibilización de las evaluaciones de impacto ambiental, etc. Ecologistas en Acción exige un cambio radical en estas políticas.
* Área de Urbanismo de Ecologistas en Acción
Sanlúcar de Guadiana: El alcalde y su antecesor, citados como imputados por un caso urbanístico
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde Sanlúcar de Guadiana, José Manuel Ponce, y el teniente de alcalde de Urbanismo y ex regidor, Cándido Saldaña, están hoy citados a declarar en calidad de imputados ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ayamonte por la construcción de tres edificaciones a los pies del río, que podría ir en contra de la normativa urbanística.
La autoridad judicial, que inicialmente advirtió que los hechos podían ser constitutivos de una infracción penal, archivó las diligencias en octubre de 2008 pero la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, ante la que recurrieron los denunciantes -con la adhesión de la Fiscalía-, revocó dicha resolución y declaró la nulidad parcial de la misma, devolviendo la causa al juzgado, que ahora los ha llamado a declarar.
La denuncia inicial, presentada por una familia del municipio, apuntaba a un delito consumado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación funcionaria urbanística y señala como presuntos responsables a José Manuel Ponce y a Cándido Saldaña, que fue el que en su día otorgó la licencia.
Los propietarios de la vivienda recurrieron a la Justicia después de varios intentos fallidos de que el Ayuntamiento revisara el expediente de las nuevas construcciones y tomara medidas.
En una de las reuniones con el ex alcalde y el arquitecto municipal, el responsable municipal garantizó a los denunciantes que las edificaciones que se estaban levantando no afectarían en nada a su casa ya que en modo alguno rebasarían las dos plantas de altura.
Sin embargo, las obras continuaron y en agosto de 2008 la familia regresó de nuevo al Consistorio, obteniendo únicamente -afirman los propietarios- "evasivas y explicaciones poco técnicas".
La familia propietaria de la casa presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando la paralización de las obras y, poco después, el actual alcalde volvía a darle evasivas, emplazando a la familia y a su representación legal a una reunión "para llegar a un acuerdo".
Aunque el encuentro entre las partes llegó a producirse, en la denuncia de los propietarios se señala que cuando la familia afectada llegó a la reunión, los responsables municipales se encontraban ya reunidos con los representantes de la promotora que estaba construyendo las nuevas edificaciones y que tanto el Ayuntamiento como la promotora esgrimieron los mismos argumentos para avalar la legalidad de la construcción.
Ponce y Saldaña volvieron a poner sobre la mesa, indica el texto, que lo mejor era llegar a un acuerdo con la empresa ya que, en caso contrario, "la construcción seguirá y será cuando tenga que dar el final de obras cuando se decida si la edificación tiene irregularidades o no", propuesta a la que la familia se negó.
Los propietarios consideran que se infringe la normativa vigentes en materia urbanística y la Fiscalía remitió el caso al juzgado, que ha retomado la causa de nuevo.
* Huelva Información - M. Rosa Font / HUELVA - 1.04.09
Foto: Vista de la localidad de Sanlúcar de Guadiana. - huelvainformacion.es
Aprueban la 'Operación Campamento' con 'bronca' contra los planes de Alcorcón
20MINUTOS/Madrid* : El Plan Parcial de Campamento y el convenio urbanístico entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento salieron adelante en el Pleno presidido por el vicealcalde, Manuel Cobo, con el voto favorable de todos los grupos municipales, pero con bronca contra Alcorcón.
La aprobación del plan se ha producido junto con el anuncio de que el municipio madrileño ha presentado un recurso contencioso administrativo contra la aprobación del desarrollo urbanístico Distrito Norte de Alcorcón, pues considera que los 90.000 futuros vecinos de ese barrio colapsarán la carretera de Extremadura a su paso por la capital.
Alcorcón pide que, en la segunda fase de la Operación Campamento, la Comunidad de Madrid prolongue la M-45 hacia la A-5 por suelo de la capital. El Ayuntamiento de Madrid estima que eso es "inviable" y supondrá "graves afecciones medioambientales" en los términos municipales de la capital y de Pozuelo.
Sin Plan de Movilidad
La delegada madrileña de Urbanismo, Pilar Martínez, ha informado de que el recurso fue presentado por el Ayuntamiento el pasado 27 de febrero, a la vista de que Alcorcón no presentó ningún Plan de Movilidad ni al aprobarse el proyecto ni al recibir el visto bueno por la Comunidad.
El Ayuntamiento de la capital teme que el peso de las 28.000 nuevas viviendas de Alcorcón recaiga en la A-5 y que la colapse.
"No voy a tolerarlo"
El alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, ha contestado que "no va a tolerar" que el Ayuntamiento de Madrid "ponga en peligro la política de vivienda y de empleo" del nuevo desarrollo urbanístico del Distrito Norte.
Ese desarrollo tiene 12 millones de metros cuadrados, casi la misma superficie urbanizada que posee en la actualidad, y se levantarán 18.000 viviendas públicas y 10.000 libres.
favorables".
Según Cascallana, es "falso" que Distrito Norte carezca de Plan de Movilidad y explicó que contará con conexiones a la M-40, M-50, M-45, M-511, M-501 y A-5, con un carril de autobuses, tranvía y comunicaciones con Cercanías y Metro.
"Oportunidad perdida"
Por su parte, la Asociación de Vecinos de Campamento consideró que Operación Campamento es una "oportunidad perdida de hacer un urbanismo diferente", que no respeta el espíritu con el que se ideó hace 15 años de una "macro intervención pública de difusión de la centralidad hacia el sur".
Las 10.700 viviendas de la primera fase, sumadas a las más de 11.000 de la segunda y añadidas las 28.000 de Alcorcón "convertirá a la zona en una de las más densamente pobladas de todo el país con una preocupante falta de dotaciones sociales", lamenta el presidente de la Asociación, Antonio Abueitah.
"El punto de partida era un concepto de ciudad que buscaba mejorar el equilibrio entre el centro y el sur, pero la realidad es que con el tiempo ese objetivo inicial ha sido olvidado para convertirse en una operación urbanística como tantas otras que se han desarrollado en la ciudad de Madrid en los últimos años, donde lo importante es construir el mayor número de viviendas posible", señala la Asociación de Vecinos de Aluche.
* 20 Minutos - AGENCIAS. 31.03.2009
Foto: Campamento - madridiario.es
Un documento contra la presión urbanística
ELPAÍS* : La Carta del riu Girona, firmada por científicos y asociaciones vecinales, vincula por primera vez las inundaciones con la presión urbanística y advierte de que las administraciones carecen de recursos para prevenirlas. Cuando en octubre de 2007 el desbordamiento del río Girona provocó las inundaciones que causaron la muerte de una persona y asolaron numerosas poblaciones de la Marina Alta, tanto la Generalitat como los ayuntamientos afectados aludieron a dos motivos para explicar los dramáticos efectos de la catástrofe: torrenciales lluvias de más de 200 litros/m2 que no volverían a repetirse durante décadas y un cauce sucio, repleto de cañas y obturado por los puentes.
Más de un año después, el análisis ha cambiado de forma radical: fueron la presión urbanística y los cambios producidos por el cambio climático los que agravaron las consecuencias de aquellas precipitaciones y demostraron que en la actualidad las administraciones carecen de los recursos necesarios para contrarrestarlas.
Así lo recoge la Carta del riu Girona, un documento histórico: porque es la primera vez que vecinos y colectivos científicos se unen para firmarla -es de esperar que también lo hagan las instituciones- y porque vincula este tipo de catástrofes a la "alteración de los ecosistemas, la reducción de la biodiversidad y las transformaciones del territorio, originadas por el cambio del paisaje y de los usos tradicionales del suelo, y de la atmósfera, debido al cambio climático". El documento advierte de que ambos elementos combinados "constituyen un riesgo para la población" que seguirá aumentado en el futuro, pese a que en la última década en España han muerto por culpa de las inundaciones unas 250 personas.
La carta hace así más caso a los científicos que a los responsables políticos. Hace caso, por ejemplo, al catedrático de Geografía de la Universidad de Alicante Jorge Olcina, que durante la celebración de la jornada técnica previa a su redacción ya esgrimió unas fotos áreas sobre la evolución de la geografía del Girona entre 1956 y 2000 que demostraban como en los últimos años han aumentado las urbanizaciones junto al río tanto en su interior: Beniarbeig, Ondara y El Verger; como en el litoral: Dénia y Els Poblets.
En cambio, insta a las administraciones a encontrar nuevos elementos para prever riadas en una zona como la provincia de Alicante considerada por la Red de Observatorios de la Planificación Espacial Europea (ESPON) de "elevado riesgo de inundaciones desde 2006". En este sentido, alude a una directiva de la Unión Europea promulgada sólo 11 días después de la catástrofe del Girona que obliga a delimitar los mapas de peligrosidad de cada unidad hidrográfica en función de su urbanización y de su concentración demográfica. Estos conceptos superan al actual Plan de Inundaciones de la Generalitat que se limitaba a establecer aquellas zonas más proclives a las riadas sólo por sus características naturales.
En sus conclusiones, la carta, que ya contó con el apoyo verbal del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, y que será también presentada a la Generalitat y a los consistorios, pide que se fomente la investigación sobre las consecuencias e implicaciones sociales del cambio climático y de la transformación del territorio, solicita mecanismos de vigilancia para que se cumpla la legislación vigente e insta a incrementar la coordinación para evitar víctimas personales y pérdidas de bienes materiales.
* ELPAIS.com - ARTURO RUIZ - Dénia - 30/03/2009
El TSJM se queda con el 'caso Gürtel' al ver indicios de delito en tres diputados del PP
MADRIDIARIO* : Baltasar Garzón deja de investigar la 'operación Gürtel', que pasa a manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alto Tribunal decidió este martes hacerse cargo de las pesquisas de la supuesta trama de adjudicaciones a cambio de favores o sobornos a las empresas de Francisco Correa, hoy en prisión preventiva.
El TSJM ve indicios suficientes por delitos de cohecho y tráfico de influencias en tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que dimitió al verse imputado en la trama; el que fuera por unos días presidente de la 'comisión de los espías', Benjamín Martín Vasco; y Alfonso Bosch Tejedor, secretario de movilización del PP de Madrid y que compatibiliza su escaño con el puesto de gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Boadilla del Monte (EMSV), ayuntamiento cuyo alcalde hasta hace un mes era el también imputado Arturo González Panero.
Los alcaldes de Pozuelo y Arganda, Jesús Sepúlveda y Ginés López respectivamente, también han dimitido después de que hayan sido señalados por el juez.
De López Viejo, Martín Vasco y Bosch Tejedor, el PSOE ha exigido reiteradamente a Esperanza Aguirre que les haga entregar su acta de diputados, cosa que hasta el momento no se ha producido. El PSOE también ha demandado por escrito a la Asamblea que los consejeros de su Gobierno expliquen en la Cámara las adjudicaciones que prácticamente todas las áreas hicieron a las empresas de Francisco Correa entre 2004 y 2009, pero ninguno de ellos lo hará por ese tema ya que la mesa de la Asamblea rechazó este mismo martes las peticiones. Maru Menéndez, portavoz socialista, asegura que "si continúan las trabas, tendrá que ser la propia presidenta Esperanza Aguirre la que tenga que dar las explicaciones pertinentes, porque ha habido contrataciones con las empresas de Correa desde todas las consejerías, no sólo la de Deportes".
¿Quién investiga a Bárcenas?
Según el auto dictado este martes por el Alto Tribunal, el "entramado societario constituido por algunos de los imputados estaba dirigido a obtener irregularmente beneficios a través contratos logrados con distintas Administraciones Públicas".
A partir de ahora se hace cargo de la investigación el juez Antonio Pedreira, aunque queda por decidir si el TSJM recibe también los informes policiales que implicarían en la trama corrupta al senador por Cantabria y tesorero del Partido Popular nacional Luis Bárcenas. El juez Garzón ha pedido opinión a la Fiscalía para que el caso pase al Tribunal Supremo (estaría implicados aforados de varias comunidades autónomas, como Francisco Camps en el caso de Valencia), pero el Ministerio Público le ha respondido que debe ser el TSJM quien decida. De Bárcenas el propio Correa aseguraba en conversaciones intervenidas por la Policía que presionaba para conseguir determinado contratos públicos.
* Madridiario - 31-03-2009 - Ángel Calleja
Foto: madridiario.es
El TSJA declara nula la Revisión de las Normas Subsidiarias del Ayuntamiento de Rute
EUROPAPRESS/Córdoba* : La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado nula mediante una sentencia la Revisión de las Normas Subsidiarias (NNSS) del Ayuntamiento de Rute. La sentencia reconoce así el recurso presentado por la Asociación de Amigos del Camino de las Pozas contra el acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Córdoba, de fecha 24 de mayo de 2005, que aprobó definitivamente la Revisión de las NNSS de Planeamiento de Rute.
Esta asociación viene defendiendo desde hace años que los terrenos de la zona de Las Pozas no sean declarados industriales, como aparecen en las normas ahora anuladas, ya que esta zona se encuentra colindante con el casco urbano y en ella se asientan una treintena de viviendas, según ha reiterado en numerosas ocasiones este colectivo.
La resolución manifiesta que "el presente proceso ha perdido su objeto, ya que esta misma Sala, en el recurso 452/06, en el que se combatía la subsanación de deficiencias y aprobación del Texto Refundido de la Revisión de las NNSS, ya dictó sentencia dando la razón a la parte actora y examinando los mismos motivos que en éste se aducen para combatir la actuación administrativa".
De este modo, se remite a esa sentencia y reitera lo entonces dicho, tanto en cuanto estima que no se han respetado "los trámites legalmente previstos", por lo que determina su nulidad por "falta de legitimidad formal". Más adelante, la sentencia expone que "la simple relación de trámites pone en evidencia el desorden y las gravísimas irregularidades que se suceden en la tramitación de la revisión de las Normas Subsidiarias", tramitación que alcanza tal grado de "desbarajuste", que incluso se llega a "desconocer realmente qué texto es el que se saca a información pública, e incluso cuál es el que se va aprobando".
Es tal el cúmulo de "despropósitos", como explica la sentencia, que primero se aprueban inicialmente en el Pleno, pero sin mayoría absoluta, por lo que no tiene validez, posteriormente el Pleno pasa a respaldar estas normas de forma provisional, que es el segundo paso, pero sale adelante provisionalmente un texto que no había sido aprobado inicialmente. Especifica además que el 18 de diciembre de 2003, el Pleno municipal, por unanimidad, procede a una segunda aprobación inicial de las normas de urbanismo, pero el texto que sale adelante no había pasado por un periodo de información pública, como fija la ley. Pero es que además, indica, en esa fecha estaba ya en vigor una nueva ley urbanística, la LOUA, que no se aplicó.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA añade en la sentencia que "ha de reputar temeraria, a los efectos de la imposición de las costas, la postura procesal adoptada por la parte demandada, haciendo una lectura artificial y forzada de los trámites seguidos para la elaboración del instrumento que ocupa, cuando resulta de los propios términos de los informes obrantes, firmados por el propio alcalde, que en definitiva se buscaba un subterfugio imposible, un fraude legal, como se desprende de lo visto, para no tenerse que someter a la LOUA en la tramitación e incorporar las exigencias materiales previstas".
* Europa Press - CÓRDOBA, 31 Mar 2009
Foto: Rute - participaenandalucia.net
Santa Eulària: Un ayuntamiento en el banquillo
ÚLTIMAHORA/Ibiza* : El ex alcalde de Santa Eulària dijo ayer que siempre se fio de los informes jurídicos y técnicos para aprobar la urbanización de ses Torres. Según Guasch, esos terrenos eran urbanos según el Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), la herramienta urbanística vigente en ese momento, que sin embargo había sido considerado nulo en los fundamentos jurídicos de una sentencia el Tribunal Superior de Justicia.
Pese a esta consideración del tribunal, Vicent Guasch remarcó que el PDSU no era nulo. «Mis técnicos me decían que la sentencia no lo anulaba», explicó Guasch, que sostiene que sus asesores jurídicos siempre le dijeron que no podían parar de trabajar con el PDSU (que habían usado durante 12 años) porque de lo contrario se enfrentarían a importantes peticiones de indemnizaciones de personas que habían construido con permisos otorgados en base a esa normativa.
El ex primer edil reconoció ante la juez que no tenía conocimientos de urbanismo y por eso siempre se fiaba de lo que decían los técnicos. De hecho, a preguntas del abogado de la acusación particular, que ejerce Esquerra Unida, sobre si sabía lo que era un plan parcial Vicent Guasch respondió que no. El letrado le recordó que cuando aprobó ses Torres llevaba 23 años siendo alcalde y probablemente habría aprobado muchos planes parciales. «Siempre aprobaba lo que me decían los técnicos», reiteró el ex alcalde.
El alcalde sostuvo también ante la juez que el PDSU servía para delimitar los suelos urbanos y ampliarlos si procedía. De todas formas, defendió que aprobaron esta herramienta porque el Plan General era expansivo y el PDSU en cambio era más restrictivo y sólo dejaba hacer cuatro plantas en vez de ocho. Sin embargo, el abogado de la acusación particular le recordó que la figura del PDSU no permite la creación de nuevos suelos urbanos.
Respecto a los requerimientos que hizo el Consell para que dejara de aplicar el PDSU por ser considerado nulo en una sentencia, Guasch indicó que estos avisos llegaron directamente a los servicios jurídicos y no a él y que además fueron posteriores a la aprobación de ses Torres. También recordó que ellos no podían anular este plan y que en todo caso tenía que ser el Consell el que lo hiciera. «No lo hicieron porque no querían tener que pagar las responsabilidades patrimoniales, pienso yo», remarcó Guasch.
Tanto la fiscal como el abogado de EU le preguntaron también sobre las reuniones mantenidas con el promotor de ses Torres, Germán Vázquez, consejero delegado de la empresa Lloma Talamanca. Guasch explicó que las reuniones que mantuvo con él siempre fueron en el Ayuntamiento para concretar la cesión que habían hecho los anteriores propietarios de 13.000 m2 en cumplimiento del plan parcial. El ex alcalde asegura que nunca hubo un pacto para calificar parte del terreno, que era rústico, como urbano. En la escritura de los terrenos que donó Vázquez entregó unos metros más de lo que le correspondía. Asimismo, el ex primer edil aseguró que no conocía de nada al promotor.
El ex alcalde paró de responder a las preguntas de la acusación particular cuando el abogado comenzó a preguntarle por otro dictamen jurídico que habría solicitado el alcalde y que era desfavorable a la tesis del Ayuntamiento.
El ex teniente de alcalde de Santa Eulària, Vicent Riera, aseguró ayer que nunca fue concejal de urbanismo y que sólo era teniente de alcalde y presidía la comisión preparatoria de los plenos, en la que se trataban todo tipo de temas y no sólo permisos urbanísticos. Riera eludió cualquier responsabilidad en el tema de ses Torres y aseguró que no conocía la sentencia del TSJ que consideraba nulo el PDSU. El concejal aseguró que en la comisión preparatoria de la aprobación del proyecto de ses Torres la oposición no puso ninguna objeción y acudió la entonces arquitecta municipal, Raquel García Palerm, para explicar su informe. «Dos días después leí el informe literalmente de la arquitecta en el pleno», añadió Riera.
Tanto Vicent Guasch como Vicent Riera aseguraron que nunca influyeron a los técnicos en su trabajo.
El aparejador del Ayuntamiento de Santa Eulària, Vicent Marí, aseguró que estuvo presente en alguna reunión con el promotor de ses Torres. Pese a que éste tenía la aspiración de que en el futuro una parte de suelo rústico se convirtiera en urbano, Marí asegura que «no hubo compromiso» por parte del Ayuntamiento con el promotor.
Respecto al PDSU, Marí defendió que el suelo de ses Torres pasó de ser parte rústico y parte urbanizable en el antiguo PGOU a urbano en el PDSU porque pese a que ses Torres en sí no tenía consolidación suficiente sí que formaba parte de un sector mucho más amplio que sí lo estaba. Marí emitió un informe favorable al proyecto de urbanización de ses Torres.
El ex alcalde también reconoció en su declaración que la zona de la urbanización ses Torres no tenía ni luz ni agua cuando se tramitó el permiso.
* Última Hora Digital - C. ROIG - 31.03.09
Foto: El ex alcalde de Santa Eulària llegó acompañado de su hijo, el conseller del PP Diego Guasch. - GERMÁN G. LAMA, ultimahora.es
Múgica achaca a la "mala planificación urbanística" que miles de ciudadanos sufran contaminación acústica
EUROPAPRESS* : El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en un escrito enviado a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo de la que forma parte Zaragoza, resalta que "la mala planificación urbanística y aeroportuaria ha provocado que miles de ciudadanos sufran de contaminación acústica y ambiental".
Desde la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo señalan que en el ecrito de Múgica se recoge el esfuerzo de la Institución que preside como consecuencia de "las injusticias derivadas de una planificación, urbanística y aeroportuaria, deficiente y alejada de una visión completa de las cuestiones atinentes a la implantación, mejora, conservación, reforma y explotación ordinaria y extraordinario de los aeropuertos".
El pasado mes de enero la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo fue recibida por el Defensor del Pueblo. En dicha reunión se le informó de los objetivos de la misma y se le hizo partícipe de la situación de los afectados por la contaminación acústica y química producida por el tráfico aéreo.
Esta institución reconoce que el problema ·es de tal magnitud que no es ilógico pensar, en ocasiones, que deviene prácticamente en insoluble sin que se realicen importantes y costosas acciones de reparación de daños y perjuicios", sostiene la Asociación en un comunicado.
El nacimiento de esta Asociación es considerado por el Defensor del Pueblo "un síntoma de la magnitud del problema". La oficina del Defensor confía en que "la instauración de un canal de comunicación más estable contribuya a simplificar y, simultáneamente, fortalecer los esfuerzos en procura del bienestar de quienes padecen las consecuencias de la actividad aeroportuaria" y considera a la Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo como "canal privilegiado de exposición y solicitud de medidas correctoras de los impactos".
La Asociación Nacional, desde que surgió a finales de 2008, ha mantenido encuentros con las principales instituciones de nuestro país, como el Defensor del Pueblo, la presidenta de AENA, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Ministerio de Sanidad, el Partido Popular, el Partido Socialista , alcaldes de los municipios afectados, entre otros colectivos.
En todos los encuentros, el presidente de la Asociación, Luis Ramírez Vera, ha hecho entrega del Manifiesto fundacional, donde se recogen los objetivos y reivindicaciones que los afectados tienen, como es la solicitud de que los ciudadanos tengan una mayor participación en los organismos de toma de decisiones en los procesos de cambios de rutas o creación de otras nuevas por la ampliación de los aeropuertos. La Asociación considera que el modelo actual de gestión aeroportuaria "no se ajusta a los requisitos de transparencia que rigen en Europa a la hora de planificar y decidir las rutas áreas y su impacto ambiental, primando, en ciertos casos, intereses urbanísticos antes que los de la población afectada".
La Asociación Nacional de Afectados por el Impacto del Tráfico Aéreo cuenta con asociaciones que representan a más de 150.000 afectados en los municipios del entorno de los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Zaragoza y Alicante.
* Europa Press - ZARAGOZA, 30 Mar 2009
Vecinos de La Nucía crean una asociación contra los abusos urbanísticos
INFORMACIÓN/Alicante* : Vecinos de La Nucía afectados por diferentes planes parciales del término municipal han constituido una asociación "para luchar contra los abusos urbanísticos y personales" que están sufriendo ante lo que consideran un "desarrollo insostenible" que "no respeta el derecho a la propiedad privada", según destacó ayer la presidenta de este nuevo colectivo que se constituyó el pasado 13 de marzo, Marie Schorreels.
"Veïns de La Nucía" cuenta ya con más de 120 asociados -"aunque todavía se están haciendo inscripciones", precisaron- de diferentes nacionalidades, principalmente españoles, holandeses, belgas, ingleses y alemanes. Uno de sus principales objetivos es unirse para denunciar en los tribunales los PAI que les afectan como asociación. "Hasta ahora cada vecino estaba pagando su propio abogado, cada uno por su lado", la idea es "unirnos para tener más fuerza".
Entre estos planes está La Serreta, que proyecta más de 3.800 viviendas, así como un campo de golf e instalaciones turísticas y comerciales sobre una superficie de unos 2,7 millones de metros cuadrados de la zona de la huerta y que afecta a 300 propietarios. Como ejemplo de lo que están sufriendo, Schorreels pone su propio caso: "Mi marido y yo tenemos 5.500 m2 con una casita legal. Tenemos que pagar casi 300.000 euros de cuota de urbanización y además hemos de dejar nuestra casa y nuestra propiedad. A cambio nos darán en un futuro lejano una parcelita sin casa. Cuántos metros y dónde, aún lo desconocemos".
La asociación considera este PAI "un abuso urbanístico total" que "pone en riesgo la completa estructura de La Nucía, donde se duplicará la población sin los servicios adecuados. Ni siquiera se puede garantizar el suministro de los recursos hídricos necesarios para un campo de golf, ni para abastecer el aumento poblacional", añaden.
La presidenta del colectivo señala que el proyecto es "una muestra de irresponsabilidad" y lo califica de "ilegal". En este sentido, Marie Schorreels destaca que "se ha elaborado muy rápido para poder aprovecharse de LRAU, que beneficia a los urbanizadores pero vulnera los derechos de los propietarios y siempre ha sido condenada por el Parlamento Europeo". Asimismo, pide que se aclare "por qué el PAI ha sido aprobado sin informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar", motivo por el que el TSJ ya paralizó el plan en 2007. Después y "con un silencio absoluto sobre cómo se levantó esta suspensión, los propietarios recibimos las cuotas de urbanización para nuestra sorpresa".
El colectivo no entiende "por qué la política urbanística está tan alejada de las necesidades del pueblo" y aseguran no querer "más casas vacías". "Queremos un desarollo sostenible, sin corrupción, que garantice el suministro de los recursos hídricos necesarios pensando en el medio ambiente y respetando el derecho a la propiedad".
* Información - B.G. - 30.03.09
Foto: La Nucía - mediaticfestival.com
Protesta vecinal en la calle contra el 'mini-Vaticano' de Las Vistillas
ELPAÍS/Madrid* : Paco Castejón, con sotana y alzacuellos, dice que no. Que hoy no quiere bendecir a nadie. Y se hace el despistado. "¿Pero esto no era la marcha contra el aborto?". En realidad, Paco, de 47 años, no es cura. "Ni ganas", añade con recochineo. Es uno más de los miles de vecinos (6.000, según cálculos de EL PAÍS; cerca de 8.000, según los convocantes) que ayer a mediodía se manifestaron contra el proyecto del arzobispado en la cornisa del parque de las Vistillas.
Se juntaron padres, hijos, abuelos, músicos de la orquesta de Vallecas, famosos, políticos (del PSOE) y en general, defensores del parque de la Cornisa para gritar "no" al bautizado como mini-Vaticano.
El proyecto fue aprobado por el pleno de febrero del Ayuntamiento de Madrid. Incluye 25.000 metros cuadrados de edificabilidad donde el arzobispado planea construir un centro de mayores, una residencia de sacerdotes, un edificio de oficinas y un aparcamiento de 200 plazas. A cambio, devuelven unos terrenos que les cedió el Ayuntamiento para una escuela infantil y un polideportivo. Pero a muchos vecinos del barrio de Palacio (con 23.723 residentes) la idea no les hace ninguna gracia. Y ayer lo dejaron claro con una marcha que cortó la calle de Bailén y terminó con un concierto en el parque.
"Madrid respira en la cornisa", "Los parajes de Goya son del pueblo de Madrid" o "Mirad al cielo y roban al suelo" fueron algunos de los eslóganes que lucían en sus pancartas. "Es mi barrio de siempre, no quiero que lo fastidien", protestaba Gloria Nosti, una vecina de 65 años cubierta con un gorro gris con una flor. Le preocupa "el ruido y la contaminación" que cree que conlleva el nuevo proyecto. Por eso su pancarta (que casi se lleva el viento) denunciaba ayer que el plan del arzobispado "es un atentado contra la salud de los vecinos". "Van a destrozar las vistas recogidas en cuadros históricos", apuntaba a su lado Susana Consuegra, vecina "de toda la vida" de la calle de Toledo. "Ya se han cargado el Manzanares con la M-30, que no lo hagan aquí también", añadió.Otros, como Luis González, acudieron en familia. Junto a su hija y su mujer, el vecino reclamaba que se pare el plan parcial "para no perder las vistas que llegan hasta la Casa de Campo ni los árboles". Pero el hombre, de 57 años y más de 40 de vecino, parecía descreído. "No vamos a conseguir nada, esto es sólo un pataleo". David Jiménez, portavoz de la Asociación de Amigos de la Cornisa-Vistillas, no estaba de acuerdo. La manifestación, que cortó la calle de Bailén, le pareció "mucho más concurrida" de lo que esperaban. "Esto es un balón de oxígeno, el inicio de hasta dónde estamos dispuestos a llegar", aseguró.
La asociación lleva una década intentando frenar la propuesta del arzobispado. Han presentado dos recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (el último hace dos años, aunque ninguno está aún resuelto). Pidieron ayuda a la Unesco y se han apoyado en los partidos de la oposición (PSOE e IU), que tampoco aprueban el proyecto. Encabezando la marcha de ayer había varios representantes del PSOE, como el concejal Pedro Zerolo o el jefe de la oposición socialista, David Lucas, que reclamó al alcalde "que escuche a los ciudadanos". Su partido ha promovido un recurso contencioso administrativo para exigir que se redacte una declaración de impacto ambiental. Y lo han llevado a la Comisión Europea. El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que también se manifestó ayer, confió en que la respuesta europea llegue antes de que se empiece a construir.
"Rouco y Gallardón, especulación", gritaron algunos manifestantes al alcanzar la catedral de la Almudena, cuya puerta custodiaban tres policías nacionales. También se oyeron voces que definían la religión como "invento para vivir del cuento" o pedían la "beatificación" del alcalde, además de "menos sermones y más condones". Con la calle cortada y algo de viento y frío, la cabecera tomó la esquina de la basílica de San Francisco el Grande para volver a la explanada del parque, donde habían montado un escenario para discursos y conciertos. Entre los asistentes, hubo algunos famosos, como los actores Guillermo Toledo e Iñaki Miramón (que llevaba una camiseta con el eslogan "No más cemento en mi barrio" o la modelo Martina Klein.
Hubo canciones, batucada y refrescos para acabar la jornada de protesta. El Gran Wyoming se subió al escenario para interpretar un par de canciones. "A ver qué se puede hacer para que la gente siga disfrutando de este parque", deseó el presentador. La primera propuesta le llegó al instante. "¡Llama a Tita Cervera para que se encadene!", le sugirieron desde el público.
* ELPAIS.com - PILAR ÁLVAREZ - Madrid - 30/03/2009
Foto: Cabeza de la manifestación contra el plan del Ayuntamiento- CARLOS ROSILLO, elpais.com
La superficie construida en la costa aumentó un 44% en seis años
ELPAÍS* : La construcción "tiene que seguir siendo la locomotora fundamental de la economía", según afirma el presidente del Consell, Francisco Camps. La máquina ha perdido fuelle con la crisis, pero ha viajado a toda velocidad por la costa valenciana en los últimos años. Lo certifican los datos preliminares de imágenes de satélite realizadas entre 2000 y 2005, tiempos de vorágine urbanística, para el estudio europeo Corine Land Cover.
Como adelantó EL PAÍS el pasado lunes, la Comunidad Valenciana construyó en esa etapa el 10,66% de la franja de los primeros dos kilómetros de litoral. El incremento de la superficie artificial fue especialmente intenso en la provincia de Valencia, donde aumentó un 53,5%. En Alicante, el crecimiento de la zona sellada alcanzó el 37,4% y en Castellón el 25,7%. En los tres casos, claramente por encima del 22% de toda España.
Pero el cemento no sólo avanzó deprisa en la primera línea de costa. También invadió la franja de dos a cinco kilómetros, según los datos provisionales acumulados por el Observatorio de la Sostenibilidad de España, que depende del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá de Henares. El organismo aún no ha emitido un informe -sí realizó el estudio del programa europeo Corine Land Cover de 1987 a 2000-, pero las imágenes por satélite revelan que en esos primeros cinco kilómetros las construcciones se incrementaron un 44,7% y ocuparon 52.567 hectáreas nuevas de suelo. La extensión de ese cordón litoral de cinco kilómetros es de 193.248 hectáreas, con lo que el suelo artificial ya supone el 27,2%.
La aprobación de numerosos planes en los años del auge de la construcción han salpicado la costa de nuevas urbanizaciones, además de infraestructuras e industrias que también consumen territorio. Si el aumento de la edificación en los dos primeros kilómetros de costa fue del 38,93% en el periodo estudiado, en la segunda franja, entre los dos y cinco kilómetros, los promotores pisaron el acelerador e incrementaron la ocupación de suelo un 52,6%. En el caso de Alicante, el aumento de ocupación de terreno alcanzó incluso un 59,3% -4.773 hectáreas en seis años-. Valencia se conformó con un 45,8% más -2.328 hectáreas nuevas- y Castellón tuvo una subida del 43,5% -946 hectáreas-.
No obstante, es más intensa la ocupación de la primera línea, donde está cubierto ya el 38% del suelo disponible en los dos primeros kilómetros, frente al 20% en la franja de dos a cinco kilómetros.
Por provincias, Alicante es la que más terreno ha entregado a la construcción en los dos primeros kilómetros de costa. Las edificaciones o infraestructuras ya ocupan el 52% de esa franja. Le sigue Valencia con un 33%, y en Castellón, donde están por desarrollar millones de metros cuadrados en macroplanes como el de Mundo Ilusión, la superficie artificial supone ya el 21% en primera línea de playa.
La ocupación de la segunda línea de costa es menos intensa, pero el desarrollo urbanístico no ha dejado de comer espacio. El análisis de los datos de las últimas décadas muestra que en los primeros cinco kilómetros desde la línea de playa hacia el interior la superficie artificial ha pasado de suponer el 14,7% en 1987, a incrementarse al 18,8% en 2000 y al 27,2% seis años después.
La consejería de Medio Ambiente y Urbanismo tiene datos propios sobre el proyecto de imágenes por satélite Corine Land Cover para el periodo estudiado y en otras franjas de terreno. Destaca así que el crecimiento del suelo sellado en la costa en los primeros 500 metros fue del 8%, y en la línea de un kilómetro del 10%. Medio Ambiente se fija también en la franja de los 10 kilómetros, donde el aumento de suelo cimentado es del 13%, y en la zona de entre 10 y 20 kilómetros, en la que subió un 21%. "El mayor crecimiento no se produce en primera línea de costa, sino en esa franja intermedia", afirma.
El aumento de terreno ocupado por edificaciones, infraestructuras e industrias en el conjunto de la Comunidad Valenciana ha sido del 23%. La consejería apunta que globalmente no es la edificación, con un 8,71%, la que más suelo ha consumido, sino la industria y las actividades terciarias, con un 40%. Mientras, las zonas verdes urbanas registraron, según sus datos, un incremento del 37% en ese periodo.
* ELPAIS.com - SARA VELERT - Valencia - 30/03/2009
Foto: Benidorm - google.es
La fiscalía investiga 120 denuncias urbanísticas en veinte pueblos valencianos
LEVANTE* : La iniciativa de la Fiscalía de medio ambiente va dando sus frutos. Desde que se requirió a los 263 ayuntamientos valencianos para que remitieran los expedientes urbanísticos abiertos en sus términos municipales, como establece la Ley de Urbanismo Valenciana (LUV), se han podido sumar un total de 120 denuncias en la Fiscalía, de las que destacan unas diligencias de investigación penal en Venta del Moro.
Los municipios con denuncias son Alginet (1), Bellús (1), Bétera (1), Carcaixent (1), Chiva (59), Cullera (3), Godella (1), Godelleta (1), Guadassuar (1), la Font d'En Carròs (1), la Pobla de Vallbona (1), Llíria (33), Moncada (1), Ontinyent (1), Pedralba (1), Picassent (8), Rocafort (1), Silla (1), Simat de la Valldigna (1), Vilamarxant (1), Xirivella (1).
La Fiscalía de medio ambiente requirió a finales de noviembre de 2008 a los municipios valencianos información sobre las irregularidades urbanísticas y los expedientes sancionadores abiertos, advirtiendo de que podrían incurrir en prevaricación urbanística u omisiva si no denunciaban las infracciones sobre el territorio, ya que éstas podían ser objeto de delito.
Hasta el momento, dos tercios de los 263 municipios de la provincia de Valencia han remitido contestación y el resto siguen sin contestar.
Sin expediente sancionador
De los que ya han dado respuesta, casi un tercio, unas 66 localidades, han comunicado a la Fiscalía que no tienen ningún expediente sancionador abierto, lo que supondría que no se ha cometido ninguna irregularidad. Destacan pueblos residenciales tan importantes como Alberic, la Pobla de Farnals, L'Eliana, Rocafort, Siete Aguas o Xeraco.
Lo que se está haciendo ahora con estos pueblos es comprobar, a través del programa de vuelo virtual del catastro, si ello se ajusta a la realidad. El fiscal coordinador de medio ambiente, Joaquín Baños, explicaba que se trata de un proceso muy costoso ya que debe hacerse "pueblo por pueblo y, además, con el catastro actualizado, ya que aparecían muchas construcciones antiguas en suelo rústico, cuya infracción ya ha prescrito".
Nombre del promotor
Del resto, de los que sí han remitido los expedientes de infracción abiertos por el ayuntamiento, la Fiscalía ya ha pedido el testimonio de una decena de expedientes, con el nombre del promotor, el número de la parcela y la licencia de la promoción, en caso de una urbanización. No obstante, "seguimos sin respuesta de estos ayuntamientos a los que hemos pedido los testimonios", comentaba Baños.
Por último, de las poblaciones con más expedientes abiertos de "motu propio", destacan Barx, Barxeta, Benicull de Xúquer, Benigànim, Bétera, Canals, Carcaixent, Chiva, Corbera, Cullera, Godelleta, Llíria, Montserrat, Oliva, Olocau, Ontinyent, Picassent, Rafelguaraf, Riba-roja, San Antonio de Benagéber, Simat de la Valldigna, Sueca y Turís.
Destaca entre los anteriores la localidad de Zarra, pero por lo contrario, con sólo dos expedientes abiertos. Hay que recordar que el alcalde y su hijo están imputados por construir en suelo rústico.
* Levante-EMV - Regina Laguna, Valencia - 29.03.09
Foto: Zarra - todopueblos.com
Costas continúa sin derribar el edificio El Timón de la playa de La Garita
LAPROVINCIA/Gran Canaria* : A la hora de dejar diáfana la playa de La Garita, en el municipio de Telde, no se sabe cuál es la institución que lleva el timón. Las competencias y las iniciativas de tres administraciones suponen, de forma indirecta, el principal escollo para lograr la desaparición de un inmueble similar al que ocupa, desde hace décadas, el vértice norte de la playa de Melenara, esto es, el edificio La Tortuga.
El Timón lleva más de 35 años sobre la arena de la playa de La Garita. Las cinco plantas que componen el edificio a escasísimos metros de donde la marea rompe, se han convertido, junto con el edificio de La Tortuga, en la playa de Melenara, en un icono de la ocupación anómala del litoral.
Mientras la Demarcación de Costas en Canarias tiene en su punto de mira desde hace años al segundo de estos inmuebles -de hecho, dispone ya de un proyecto de demolición aprobado y cree que harán falta 240.000 euros para no tener que usar explosivos con el objeto de su derribo- no se puede decir lo mismo de la otra construcción.
Esta circunstancia, que deja perplejos a propios y extraños, se debe tanto al interés compartido como a las distintas competencias que se reparten varias administraciones.
Tirar El Timón sería, a día de hoy, un asunto de la Agencia para la Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias. Y lo es porque el bloque está situado sobre zona de servidumbre de protección, un espacio donde es el Ejecutivo autonómico el que toma las medidas oportunas.
Ahora bien, este hecho puede cambiar con sólo producirse una modificación del actual deslinde, que es esa famosa frontera que se fija tomando como punto de medición el punto al que llega el agua con la marea alta. Esa revisión está ahora mismo entre las previsiones de la demarcación de Costas de Canarias, si bien otra cosa es saber cuándo la llevará definitivamente a la práctica.
* la Provincia - ANTONIO J. FERNÁNDEZ - 28.03.09
Foto: El edificio El Timón destaca sobre la playa de La Garita, en el municipio de Telde. SANTI BLANCO, laprovincia.es
Un joven debe destinar el 87,6% de su salario para comprar una casa
ELMUNDO* : Un joven debe ganar como mínimo 3.537 euros mensuales para poder acceder a una vivienda en el mercado libre, según un estudio del Observatorio Joven de Vivienda en España (OBJOVI). Muchos ya emancipados han tenido que 'recular y volver a sus hogares' por la crisis.
El presidente el Consejo de la Juventud de España, Daniel Lostao, ha dado a conocer estos datos, relativos al tercer trimestre de 2008, en una rueda de prensa celebrada en Oviedo.
Lostao ha explicado que se han conseguido estas cifras teniendo en cuenta que Una persona joven debe destinar en torno al 87,6% de su salario para poder comprar una vivienda .
El informe señala que los ingresos anuales de un joven que pretende estar emancipado deben superar los 42.000 euros para comprar una vivienda sin ningún tipo de protección que alcanza un valor medio en el mercado libre de 206.000 euros.
Una persona joven debe destinar en torno al 87,6% de su salario para poder comprar una vivienda y el 56,3% si pretende acceder a ella en régimen de alquiler.
Los ingresos anuales de un joven que pretende comprar una casa en el mercado libre deben superar los 42.000 euros
Los jóvenes de las provincias de Guipúzcoa, Vizcaya, Madrid, Málaga y de las Islas Baleares tienen que realizar "un mayor esfuerzo" económico que los de Teruel, Cáceres, Ciudad Real y Cuenca a la hora de pretender adquirir una vivienda, ha subrayado Lostao.
La superficie máxima de una vivienda a la que podría acceder un joven destinando para ello el 30% de su salario es de 34 metros cuadrados en el caso de adquirirla y 41 metros cuadrados en caso de alquilarla.
'Cifras escalofriantes'
"Cifras escalofriantes", ha subrayado Lostao, que ha asegurado que se está generando "la imposibilidad de los jóvenes para poder independizarse al no haber muchos pisos de estas características".
No obstante, ha indicado que ha habido un aumento del 2% en la emancipación de los jóvenes durante este periodo, aunque este número ha descendido cuatro puntos en el margen de edades comprendidas entre los 18 y 25 años.
Ha achacado esta situación al momento de crisis que se agudizó a finales del año pasado, que trajo la destrucción de empleo sobre el trabajo temporal, que suele ser el que ocupan los jóvenes, lo que está provocando que muchos de ellos hayan tenido que "recular, volver a sus hogares y buscar otras metas en su vida".
Al respecto, el secretario de Juventud de CCOO de Asturias, Adrián Redondo, ha observado que estos datos están ya "fuera de contexto" y que la situación será mucho peor ya que la crisis es más profunda en el momento actual.
Lostao ha instado a las administraciones públicas a que "de verdad y de manera real se dejen de partidismo y hagan una política que permita a los jóvenes acceder a una vivienda en condiciones de dignidad".
Ha indicado que esta política de vivienda debe conllevar la consecución de "empleos de calidad que evidentemente no pueden ser temporales y precarios" como en la actualidad.
También ha pedido que se desarrolle un "verdadero" parque público de vivienda social en régimen de alquiler y ha criticado la política "devoradora" de algunos ayuntamientos en materia de suelo y vivienda.
* El Mundo - EFE - 27.03.09
Foto: Un joven consulta documentación a la salida de un banco. | B. Cordón, elmundo.es
Un millón de viviendas ilegales
ELCORREO* : El desmedido 'boom' del ladrillo de los últimos años en España no sólo ha pasado al final una cruda factura económica, sino que también se puede considerar responsable de un desastre ambiental cuya magnitud sólo se conocerá con el tiempo. La construcción sin escrúpulos en la costa ha dejado más de un millón de viviendas en presunta situación ilegal o, cuando menos, bajo sospecha, según fuentes de colectivos ecologistas.
Sólo en Canarias se han tramitado ya 29.000 expedientes por residencias construidas en la franja de costa protegida. En Marbella, el número se estimó en 30.000. Murcia, Almería, el resto de la Costa del Sol, la Comunidad Valenciana y Cataluña son otras zonas donde la construcción desaforada ha dejado el litoral amenazado y miles de viviendas en primera línea de costa en situación dudosa de acuerdo a la nueva legislación. Y no sólo se trata de viviendas, sino también de hoteles y complejos turísticos. El más conocido es el Algarrobico, en Carboneras (Almería), el hotel de 441 habitaciones levantado en una zona protegida que ahora debe ser demolido, después de que las obras se paralizaran hace casi tres años y de que los ecologistas hayan hecho de él un icono en la lucha contra el urbanismo salvaje en España.
El informe 'Destrucción a toda costa' elaborado por Greenpeace ya anticipaba en 2006 que existían planes para edificar cerca de 1,5 millones de viviendas en el litoral español. En 2007, antes del parón inmobiliaria, los proyectos alcanzaban los 3 millones, además de centenares de campos de golf y amarres portuarios. Greenpeace también ponía el acento sobre la connivencia de los poderes políticos. Recopiló en un solo año 67 casos de corrupción, con 527 implicados de los que 180 era cargos públicos.
* El Correo Digital - 27.03.09 -
A. A.| BILBAO
El urbanismo valenciano en la picota
LEVANTE* : Informe Auken. El documento analiza el urbanismo salvaje español, aunque más de la mitad de las reclamaciones son por actuaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana. Es la tercera vez en cinco años que la Eurocámara arremete contra el modelo urbanístico valenciano, aunque ahora ha ido un paso más lejos al condicionar los fondos europeos al fin de los abusos.
El dictamen recuerda que el primer informe de 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. La ponente del informe, la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, asegura que durante la investigación "algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era responsable de la pérdida de inversiones en la Comunitat Valenciana". Margrete sostiene en el documento que "en el transcurso de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia (del Consell) alcanzó su punto álgido cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la imaginación colectiva de la comisión".
El documento se basa en una avalancha de denuncias de afectados por los proyectos urbanísticos desarrollados en los últimos años en Valencia, Alicante y Castelló. El informe detalla 85 reclamaciones de propietarios y de plataformas ecologistas y vecinales de la Comunitat.
El documento recomienda a las autoridades que se declare una moratoria de los planes que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y social. Además, recuerda que la Ley Urbanística Valenciana se encuentra recurrida en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Falta de agua
El informe Auken incide en que la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han obtenido un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales. Parte de los 250 proyectos cuestionados se encuentran en la Comunitat Valenciana y el resto en Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia.
Uno de los apoyos fundamentales del documento aprobado por la Eurocámara es la posición adoptada por la anterior Síndica de Greuges, Emilia Caballero. "Las conclusiones de la Síndica de Greuges " reflejan "que los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas", recoge el documento.
El informe elogia la actuación del departamento de la Sindicatura de Greuges, "así como a los fiscales más diligentes, quienes recientemente han realizado considerables esfuerzos para restablecer la aplicación de los procedimientos correctos a estos asuntos por parte de algunas de las instituciones afectadas".
El dictamen Auken insiste en que miles de ciudadanos europeos han sido víctimas de un "un sistema de urbanización masiva" que en muchas ocasiones "ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral".
Críticas al Consell
El documento critica que las autoridades valencianas se hayan limitado a defender sus actuaciones "mientras que las víctimas -en referencia a los propietarios de viviendas y suelo- se cuentan por miles" y "la Comisión Europa ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunitat Valenciana".
El documento concluye recordando el fracaso urbanístico español que se ha visto abocado al "desastre" con la actual crisis financiera y advirtiendo de la "corrupción" generada en los últimos años, aunque no cita casos concretos.
* Levante-EMV - Ramón Ferrando, Valencia - 28.03.09
Foto: examen. Los eurodiputados durante una visita a Parcent en 2007, que dio lugar a uno de los informes sobre los abusos urbanísticos. levante-emv
Garzón imputa a otras diez personas en el 'caso Gürtel' y comienza la intervención de las empresas de la trama
EUROPAPRESS* : El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón imputó hoy a otras diez personas en el denominado 'caso Gürtel', en el que investiga una presunta trama de corrupción que habría concedido "dádivas y sobornos" a autoridades y funcionarios de administraciones del PP en Madrid y Valencia a cambio de la adjudicación de contratos, informaron hoy a Europa Press fuentes jurídicas.
Los nuevos imputados son Alicia Mingues Chacón, José Luis Díez Berrerdo, Luciano Gallego Porro, Rafael de León Cebrero, Francisco Jurado, Verónica Casas Castañé, Cristina Colmán González, Luis Agramont, Eduardo Jaussi y Eduardo Eraso.
El juez levantó parcialmente el secreto el pasado día 17 para notificar a las partes las nuevas imputaciones, según informaron fuentes jurídicas a Europa Press.
Una parte de ellos han declarado durante esta semana ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 por su presunta relación con las actividades que investiga el juez, mientras que el resto está previsto que lo haga en los próximos días.
ADMINISTRADORES JUDICIALES
Por otra parte, el juez ha iniciado los trámites para nombrar administradores judiciales en 12 empresas presuntamente vinculadas a la trama de corrupción supuestamente liderada por el empresario Francisco Correa.
El magistrado, que citó hoy a los responsables de estas sociedades, ha comenzado el procedimiento en relación con cuatro de las sociedades investigadas, entre las que se encuentran Good and Better, Easy Concept y Diseño Asimétrico, según explicaron a Europa Press fuentes cercanas a la causa.
Además, en las últimas horas volvieron a comparecer ante el juez otros dos imputados: el ex vicepresidente de Repsol-YPF, Ramón Blanco Balín; y el que fue director genreal de Gestión Urbanística y Consumo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Tomás Martín Morales.
Con respecto al resto, las diligencias de Garzón se dirigen por el momento a aclarar quiénes son los responsables de estas firmas y si éstas siguen teniendo actividad para llevar a cabo en ellas este mismo procedimiento judicial.
Según las resoluciones dictadas por el juez, el conglomerado del presunto líder de la trama estaría formado por las siguientes empresas: Parque Logístico Montalbo SL, Intermedia Eja Comunicaciones Intergrales SL, Easy Concept Comunicación SL, FCS Formación Comunicación y Servicios SA --actualmente sin actividad-- Orange Market SL, Good and Better, Diseño Asimétrico, Servi Madrid, Pasadena Viajes, Special Events, Osiris Patrimonial SL, Cresva SL, Caroki SL, Proyectos Financieros Fillmores SL, Inversiones Kintamani SL, Hator Consulting SL, Odisea Servicios 2001 SL, Rialgrenn SL, TCM SL, Forever Travel Group SL, Estudios Vesubio SL, Welldone SL y Castaño Corporate SL.
La trama empresarial disponía, además, de una estructura internacional integrada por sociedades constituidas en Inglaterra y Holanda.
IMPUTADOS EN LA CAUSA
Con el nuevo auto de Garzón se encuentran imputadas en la causa casi 60 personas, entre los que figuran los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Majadahonda, todos ellos del PP.
El instructor se inhibió el pasado 5 de marzo en favor de los Tribunales Superiores de Justicia de Valencia (TSJCV) y Madrid (TSJM) al encontrar indiciones de responsabilidad penal en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, y los diputados regionales madrileños Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch Tejedor.
* Europa Press - 27.03.09
Foto: telecinco.es
Piden 8 años para el alcalde de La Vall de Laguar por falsear documentos
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ELMUNDO* : La Fiscalía de Alicante solicita penas que suman ocho años de prisión para el alcalde de La Vall de Laguar, Juan José Puchol Riera (PSPV-PSOE), por haber falseado un documento público para modificar parcialmente el trazado del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en su beneficio.
Según la calificación del fiscal, el 5 de octubre de 1995, el regidor, en nombre de la corporación municipal, remitió a la Dirección General de Urbanismo y Ordenación del Territorio unos documentos con los que reclamaba determinados cambios en el PGOU que no habían sido aprobados en pleno.
La modificación solicitada por Puchol consistía en eliminar "un vial que discurría por una parcela propiedad del propio alcalde" en la partida Peña Lisa, y crear "un vial por encima de la vivienda, el garaje y unas naves comerciales propiedad de Juan Lorenzo Puchol Oliver, con quien tenía una enemistad manifiesta", destaca el ministerio público.
El fiscal añade que, en julio de 1998, el regidor "autorizó diversas licencias de obra a sabiendas que no se ajustaban a la normativa vigente", una de ellas en la zona de La Casota, declarada como Bien de Interés Cultural (BIC).
Además, durante este tiempo, "impidió de manera sistemática el acceso a la información urbanística" a los concejales del PP, "vulnerando sus derechos a participar en los asuntos públicos".
Por estos hechos, el fiscal pide para el alcalde penas que suman ocho años cárcel, por dos delitos de falsesdad documental. Además, la Fiscalía reclama otros 12 años de inahabilitación, por un delito continuado contra la ordenación urbana, así como una multa de 19.440 euros y su inhabilitación especial para empleo o cargo público.
El ministerio público también acusa al secretario del Ayuntamiento, José María Verdeguer, ya fallecido, de un delito de falsificación en documento oficial por redactar un certificado en el que, de forma engañosa, manifestaba no tener constancia de un acuerdo adoptado en pleno. El juicio por esta causa comienza el próximo miércoles en la sección Tercera de la Audiencia de Alicante.
* EL Mundo - EFE - 27.03.09
Foto: La Vall de Laguar (Alicante), Campell - wikipedia.org
El juez mantiene las imputaciones a Xoán Gato y al actual alcalde de Narón por el centro comercial Odeón
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LAVOZ/A Coruña* : El juez mantuvo ayer las imputaciones por delito de prevaricación urbanística contra el ex alcalde de Narón Xoán Gato, líder de Terra Galega, y Xosé Manuel Blanco, su sustituto. Ambos declararon ayer ante el instructor de la causa por el caso Odeón, el complejo comercial instalado en la parte naronesa del polígono de A Gándara.
Un informe de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística deja al descubierto numerosas irregularidades en exceso de volúmenes, ocupación de espacio público y viales más estrechos (estaban previstos de 20 metros y se quedaron solo en 16), o tipologías edificables fuera de las ordenanzas. Señalan como ejemplo que solo en la avenida de Cataluña lo construido sobrepasa en cuatro metros la alineación.
El primero en entrar en la sala a declarar fue Xoán Gato, que permaneció cerca de dos horas. El magistrado Morán Llordén, que instruye la causa, realizó cerca de 35 preguntas. Otras fueron formuladas por la acusación popular, que ejerce un letrado designado por el BNG. El fiscal, para sorpresa de algunos presentes, no estuvo presente, a pesar de que es parte acusadora. El segundo en entrar fue el actual alcalde, que fue más parco en sus respuestas. Ambos estuvieron acompañados por su abogado. Al término, el juez les comunicó que mantenía los cargos en contra de ellos, si bien su letrado resaltó que «no se adoptó medida personal o patrimonial alguna».
Xoán Gato, al filo de la una y media de la tarde -su comparecencia había comenzado a las diez de la mañana en el Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol- comentó en una rueda de prensa improvisada en los pasillos de la sede judicial que los permisos y «convenios de urbanización, non urbanísticos» concedidos para el centro comercial y hotel Odeón se habían hecho lo mismo que otros proyectos importantes que llegaban a la alcaldía. Siempre se buscó, dijo, agilidad y encaje en el planeamiento para facilitar inversiones. «Narón non deu ningún trato de favor a Odeón», insistió. Quiso dejar claro también que los proyectos fueron aprobados con los informes técnicos y legales favorables, «incluso con asesoría externa ao concello».
Cargó reiteradamente contra los denunciantes. En primer lugar un vecino, que fue condenado por amenazas reiteradas al alcalde porque no clausuraba un taller al que los tribunales ordenaron cerrar por el ruido. Este vecino, que vive al lado de la empresa ruidosa, tuvo una orden de alejamiento del regidor.
Intención política
En segundo lugar, contra el BNG, porque, dijo, sus ediles, que compartieron en algún momento gobierno con él, aprobaron en todos los trámites administrativos realizados (comisión informativa, comisión de gobierno y pleno) los proyectos de Odeón. Por eso vio intencionalidad política en la acción penal. Incluso en el ritmo de la tramitación porque los informes técnicos de la Xunta se fueron conociendo «sempre», insistió, al socaire del calendario político.
«Temos a conciencia tranquila», resumió. Por su parte, Xosé Manuel Blanco, al ser preguntado, respondió que se remitía a las palabras de su predecesor en el cargo y que no tenía «máis que dicir».
* La Voz de Galicia - F.?V. - 28/3/2009
Foto: Narón (A Coruña) - wikipedia.org
