El urbanismo valenciano en la picota

LEVANTE* : Informe Auken. El documento analiza el urbanismo salvaje español, aunque más de la mitad de las reclamaciones son por actuaciones urbanísticas en la Comunitat Valenciana. Es la tercera vez en cinco años que la Eurocámara arremete contra el modelo urbanístico valenciano, aunque ahora ha ido un paso más lejos al condicionar los fondos europeos al fin de los abusos.

El dictamen recuerda que el primer informe de 2004 ya describía con detalles lo que estaba ocurriendo y sus repercusiones. La ponente del informe, la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken, asegura que durante la investigación "algunos políticos y promotores, sentados codo con codo en la misma sala de reuniones como para enfatizar su apoyo umbilical, llegaron incluso a culpar de la situación a la Comisión de Peticiones, afirmando que era responsable de la pérdida de inversiones en la Comunitat Valenciana". Margrete sostiene en el documento que "en el transcurso de la tercera misión en Valencia, que tuvo lugar en 2007, la arrogancia (del Consell) alcanzó su punto álgido cuando se dijo a los miembros de la delegación que las peticiones recibidas eran producto de la imaginación colectiva de la comisión".
El documento se basa en una avalancha de denuncias de afectados por los proyectos urbanísticos desarrollados en los últimos años en Valencia, Alicante y Castelló. El informe detalla 85 reclamaciones de propietarios y de plataformas ecologistas y vecinales de la Comunitat.
El documento recomienda a las autoridades que se declare una moratoria de los planes que no respeten los criterios de sostenibilidad medioambiental y social. Además, recuerda que la Ley Urbanística Valenciana se encuentra recurrida en Luxemburgo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Falta de agua
El informe Auken incide en que la Comisión Europea ha abierto una investigación sobre más de 250 proyectos urbanísticos que han obtenido un dictamen negativo por parte de las autoridades competentes en materia de agua y de cuencas fluviales. Parte de los 250 proyectos cuestionados se encuentran en la Comunitat Valenciana y el resto en Andalucía, Castilla La Mancha y Murcia.
Uno de los apoyos fundamentales del documento aprobado por la Eurocámara es la posición adoptada por la anterior Síndica de Greuges, Emilia Caballero. "Las conclusiones de la Síndica de Greuges " reflejan "que los derechos de los propietarios se han podido ver afectados, bien por haber sido infravalorados por el agente urbanizador, bien por tener que asumir unas cargas de urbanización impuestas unilateralmente por el mismo y a veces excesivas", recoge el documento.
El informe elogia la actuación del departamento de la Sindicatura de Greuges, "así como a los fiscales más diligentes, quienes recientemente han realizado considerables esfuerzos para restablecer la aplicación de los procedimientos correctos a estos asuntos por parte de algunas de las instituciones afectadas".
El dictamen Auken insiste en que miles de ciudadanos europeos han sido víctimas de un "un sistema de urbanización masiva" que en muchas ocasiones "ha ignorado sus derechos legítimos como propietarios, al tiempo que ha destruido el medio ambiente costero mediterráneo y los frágiles ecosistemas en muchas zonas del litoral".
Críticas al Consell
El documento critica que las autoridades valencianas se hayan limitado a defender sus actuaciones "mientras que las víctimas -en referencia a los propietarios de viviendas y suelo- se cuentan por miles" y "la Comisión Europa ha abierto un caso de infracción contra España, directamente relacionado con la urbanización en la Comunitat Valenciana".
El documento concluye recordando el fracaso urbanístico español que se ha visto abocado al "desastre" con la actual crisis financiera y advirtiendo de la "corrupción" generada en los últimos años, aunque no cita casos concretos.






* Levante-EMV - Ramón Ferrando, Valencia - 28.03.09
Foto: examen. Los eurodiputados durante una visita a Parcent en 2007, que dio lugar a uno de los informes sobre los abusos urbanísticos. levante-emv

1 comentarios :

Anónimo dijo...

El informe es tibio y consideramos que no se han tomado las medidas adecuadas para frenar y detener los numerosos delitos cometidos contra el paisaje, el patrimonio, el medio ambiente.

Estoy convencido que las instituciones públicas no tienen verdadero interés en velar por la defensa de los derechos civiles, de los Derechos Humanos.

La Justicia es lenta, demasiado lenta y parcial, muy parcial. Es el momento de cuestionar de manera firme y abierta si realmente hay o no independencia judicial.

Los jueces no son Dios y deben ser cuestionados y criticados de forma pública y abierta por las personas afectadas y los colectivos.

La gran cantidad de atropellos, abusos, lentitudes y atentados urbanísticos, financieros, sociales, culturales, ambientales... cometidos en España, han sido realizados gracias a la pasividad de los jueces, del poder político y de la administración.

Todos somos culpables, pero también lo son los jueces por no castigar con mayor severidad a los que cometen delitos urbanísticos y ambientales.

El actual sistema de gobierno en España merece una completa reforma, pues tiene muchos comportamientos totalitarios e indeseables, pues permite la comisión de todo tipo de grandes delitos y la gente humilde no puede acceder a la justicia por carecer de medios suficientes para poder abonar las altas tarifas que cobran abogados, procuradores, notarios...

Lo siento, pero tengo que afirmar que en España no vivimos todavía en una democracia plena.

Antonio Marín Segovia