MÁLAGAHOY* : El magistrado José Godino dice que esta realidad, que trae de cabeza a las autoridades, afecta a muchas ciudades costeras. El blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico se encuentra con menos obstáculos en aquellas zonas donde el crecimiento urbanístico se ha saltado todos los controles que marca la ley.
Esta es una de las ideas que ayer expuso el presidente de la Sala Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, José Godino, durante su intervención en uno de los cursos de verano que la Universidad de Málaga (UMA) está impartiendo en el Palacio de Ferias y Congresos de Marbella.
El magistrado, que participó en el curso La drogodependencia y el narcotráfico: presente y futuro de un grave problema social y jurídico, señaló que el dinero que obtienen las redes de narcotraficantes logra camuflarse con "mayor facilidad" en zonas de litoral como la Costa del Sol, Valencia o Alicante, donde se ha construido de una forma "desmesurada" por los distintos problemas urbanísticos. Godino, que quiso dejar claro que se trata de una realidad que afecta a la mayoría de ciudades costeras, apuntó que en estos lugares "se puede comprar determinados bienes inmuebles a un precio muy alto, sin que se investigue la procedencia de ese dinero".
Por el contrario, el presidente de la Sala Primera no cree que la Costa del Sol se haya convertido en un refugio de narcotraficantes, ya que éstos se mueven con la misma facilidad que en otros puntos calientes del territorio español. En lo que está de acuerdo es que el delito de blanqueo de capitales ha cobrado especial relevancia en la zona debido a los casos de corrupción política que han quedado al descubierto en los últimos años.
De todos modos, José Godino quiso aprovechar su intervención para poner el acento en otro problema que trae de cabeza a las autoridades policiales y judiciales en la Costa del Sol: los asaltos a viviendas por parte de bandas extranjeras "muy peligrosas".
En su opinión, se trata de un fenómeno que provoca bastante temor porque sus miembros, procedentes de grupos paramilitares, emplean "una fuerza física inusual hasta ahora en España". "Antes estábamos acostumbrados a nuestros carteristas, hoy día ni los agentes policiales, ni los órganos jurisdiccionales estamos preparados para esta violencia inusitada que tiene lugar en nuestras casas", continuó el juez.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela / Marbella - 05.08.2008
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es
El narcotráfico se camufla mejor donde el urbanismo crece sin mucho control
El PP aprovecha agosto para iniciar las obras en Ribalta pese a tener cuatro dictámenes en contra
LEVANTE/Castelló* : La Generalitat Valenciana, respaldada por el gobierno del Ayuntamiento de Castelló (PP), aprovechó ayer el periodo vacacional de agosto para comenzar el vallado de las obras del bus guiado por el parque Ribalta en contra de cuatro dictámenes de organismos consultivos (el Consell Valencià de Cultura, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, la Universitat Politécnica de Valencia y la Universitat Jaume I).
La decisión del PP ha permitido que los primeros trabajos de la controvertida obra comiencen en pleno periodo vacacional y con la ausencia de muchos de los representantes de los más de 20 colectivos que han creado la Plataforma SOS Ribalta para exigir la salvaguarda del parque, protegido por ley como Bien de Interés Cultural (BIC) en su categoría de Conjunto Histórico Artístico.
Respecto a la naturaleza de los primeros trabajos, la Conselleria de Infraestructuras explicó que se está vallando la zona para iniciar las catas arqueológicas (lo cual no implica excavación arqueológica) en un plazo de una o dos semanas.
Una vez cumplido este trámite, la empresa responsable presentará un informe a la Conselleria de Cultura para que ésta emita la autorización de inicio de obras y, en su caso, determine la necesidad de medidas especiales, excavaciones arqueológicas e incluso la suspensión de obras si se pone en riesgo un patrimonio relevante.
Al margen del resultado de las catas arqueológicas, cuatro organismos consultivos ya han concluido que la obra genera un grave impacto sobre el patrimonio y demandan que tanto la Generalitat como el ayuntamiento busquen trazados alternativos.
El presidente de la plataforma, Vicent Martínez, atendió a este diario desde su destino vacacional en Austria para confirmar que el colectivo mantiene firme su intención de acudir a los tribunales al objeto de paralizar las obras.
A pesar de los inconvenientes del calendario veraniego, la plataforma ya está realizando gestiones para convocar una reunión urgente.
22 por 297 metros de hormigón
El proyecto prevé ocupar Ribalta con una plataforma de hormigón de 22 por 297 metros para el paso del trolebús (bautizado oficialmente como TRAM) y atravesar diariamente el emblemático parque con un transporte masivo que circulará con una periodicidad inferior a 10 minutos en doble sentido.
* Levante-EMV - Nacho Martín, Castelló - 05.08.2008
Foto: arbolado. La zona acotada deja hileras de arbolado dentro del espacio afectado por la actuación/ rocío gayoso, levante-emv.com
La crisis se convierte en antídoto para la corrupción urbanística
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COTIZALIA* : Si la bonanza económica ha propiciado los actos de corrupción urbanística entre cargos públicos y constructores y promotores, la crisis se está convirtiendo en aliada de aquellas organizaciones que se han visto perjudicadas por la especulación inmobiliaria, y que pretenden modificar la legislación actual, aprovechando los momentos de debilidad que atraviesa el sector.
Enrique Climent Laguarda es presidente de Abusos Urbanísticos NO, una asociación sin ánimo de lucro que representa a propietarios negativamente afectados por el desarrollo urbanístico en la Comunidad Valenciana. Climent es probablemente uno de los pocos españoles que contemplan a contrarreloj la crisis económica que atraviesa el país. “Tenemos que aprovechar el momento porque una crisis como esta no va a ser eterna”, dijo a El Confidencial. Climent estima que a partir del 2011 resurgirá de nuevo la actividad inmobiliaria y cuenta con este periodo de tiempo para llevar a cabo las reformas pertinentes de la vigente legislación urbanística.
Este lunes en el curso de verano de El Escorial, La transparencia como antídoto a la corrupción, Climent aseguró que se reduciría considerablemente el nivel de corrupción si el Gobierno Central recuperara las competencias de urbanismo que se cedieron en su día a las Autonomías y a los Ayuntamientos. “Tenemos a más de 7,000 municipios en España lo que multiplica por 7,000 las oportunidades de corrupción”, afirmó.
El antiguo auditor del Estado tiene preparado para septiembre el lanzamiento de una federación española que agrupará a un número de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos y a luchar contra los abusos urbanísticos y medioambientales. Una organización estatal con la que pretende conseguir que “la caja de resonancia sea mucho más ruidosa” de lo que ha sido hasta ahora su pequeña organización.
Pero no ha pasado desapercibida la labor que hasta la fecha ha realizado Abusos Urbanísticos NO. Su historia es una historia de perseverancia. Después de presentar sin mucho éxito sus quejas y denuncias ante los diferentes órganos de gobierno españoles, se dirigió a la Comisión Europea como último recurso. “Nos dimos cuenta de que era el único sitio que nos podía brindar una cierta ayuda”, dijo. Ante la Comisión la organización presentó alrededor de 15,000 quejas civiles, un gran porcentaje de las cuales provenían de jubilados extranjeros que viven en la costa mediterránea española. “Esto ayudó a que la Comisión se lo tomara realmente en serio”, dijo Climent. Y, efectivamente, el organismo europeo envió a España tres comisiones de investigación, concluyendo la tercera de ellas en la derogación de la Ley 6/1994 Reguladora de la Actividad Urbanística, que se sustituyó a finales del 2005 por la actual ley de 2006. A pesar del éxito, el proceso no estuvo exento de dificultades. “La reacción a las visitas europeas por parte de los cargos públicos autonómicos fue tan lamentable que en un artículo escribí que me avergonzaba de ser valenciano si serlo implicaba tener un gobierno como el que tenemos”.
Actualmente, la organización se mantiene a la espera de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo contra el gobierno de España por incumplimiento de Directivas Europeas en materia urbanística que podría implicar una sanción de elevada cuantía. Cuando un político valenciano, cuyo nombre no quiso citar, se enteró de la posibilidad de la sanción, Climent le escuchó comentar, “que nos pongan multas, al fin y al cabo España nunca paga las multas que le pone la Comunidad Europea”.
Climent atribuye el salvaje desarrollo urbanístico en parte a las ingentes cantidades de dinero que buscaban (y siguen buscando) en el sector inmobiliario un destino para sus inversiones. Dinero blanco procedente del estallido de la burbuja tecnológica se sumó al negro procedente del cambio de la moneda única, o de la delincuencia internacional. “Esto era el paraíso para cualquier delincuente donde el trinomio de robo, corrupción y blanqueo encajaba como el mecanismo de un reloj”, afirmó Climent. “Nos hemos enterado de la noche a la mañana que tenemos instaladas a pan y cuchillo a Mafias rusas, rumanas, kosovares, sicilianas, napolitanas y colombianas”.
El fenómeno de movilización social que Climent está llevando a cabo resulta poco frecuente en nuestro país. “La sociedad española es una sociedad muy manipulada”, dijo Climent a El Confidencial. “Hay una indiferencia que hace que se pierda el interés por cualquier cosa que pueda afectarnos”.
* Cotizalia - Elena Herrero-Beaumont.- - 05/08/2008
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
Greenpeace exige frenar en seco «la fiebre urbanizadora» que azota a Llanes
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LANUEVAESPAÑA* : El colectivo conservacionista Greenpeace, en su informe «Destrucción a toda costa» correspondiente a este año, señala a Llanes como el municipio costero asturiano que más se ha deteriorado en los últimos años y el que más peligro corre de seguir deteriorándose debido a la presión urbanística y a la «fiebre urbanizadora importada del litoral mediterráneo».
Greenpeace llama a las administraciones públicas a «frenar en seco, antes de que sea demasiado tarde», la presión urbanizadora, propiciada en gran medida por el avance de la Autovía del Cantábrico.
Greenpeace destaca que la primera franja costera de Asturias está en muchos tramos a salvo del ladrillo y el hormigón, pero insiste en que la zona más deteriorada y vulnerada es la costa de la zona oriental, donde los planes urbanísticos en vigor y en redacción prevén construir un número de viviendas mayor que el de habitantes actuales.
El estudio concluye con un dictamen en el que Greenpeace señala seis puntos negros en la costa de Asturias: dos en el concejo de Llanes (La Talá, en la villa, y Borizu, en Celoriu), Gijón (zona portuaria contaminación industrial severa), el puerto de Avilés (destrucción marismas de Recastrón), la ría de Avilés (contaminación industrial) y el estuario del Navia (contaminación industrial y urbana severa).
Llanes es el concejo más criticado por los ecologistas, que advierten de que puede convertirse en un futuro inmediato en la «próxima pieza a cobrar por las constructoras y promotoras urbanísticas», más aun teniendo en cuenta que el área mediterránea está «agotada» por la saturación urbanística.
«La Autovía del Cantábrico viene generando desde hace años una presión urbanística sin precedentes en todo el litoral cantábrico», señala el colectivo. En el panorama urbanístico asturiano destaca Greenpeace las previsiones o las modificaciones de los planes urbanos en Colunga, Caravia, Ribadedeva, Ribadesella y Llanes.
Los ecologistas aseguran que los planes urbanos de los concejos de la franja oriental asturiana prevén la construcción de más viviendas que habitantes tienen actualmente. Así, Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Caravia y Colunga, según los cálculos de Greenpeace, pretenden levantar en los próximos años más de 30.000 nuevas viviendas, cuando en la actualidad suman menos de 26.000 vecinos. Además de esta crítica global a la situación del urbanismo en la comarca, Greenpeace compara en su informe a Llanes con la zona más urbanizada del Mediterráneo. El estudio subraya que el concejo llanisco destaca por ser el municipio que más ha urbanizado en Asturias en los últimos años.
«La actividad urbanística desarrollada bajo el mandato del alcalde Antonio Trevín y continuada por su sucesora en el cargo, Dolores Álvarez Campillo, ha sido objeto de numerosas denuncias», señala Greenpeace. Los ecologistas recuerdan que tras hacer público el informe «Destrucción a toda costa 2007», hace ahora un año, la Alcaldesa afirmó que «el urbanismo en su concejo es respetuoso y sostenible». Pero «aunque el Ayuntamiento de Llanes presume de su plan urbano, el Gobierno regional ha tenido que intervenir en varias ocasiones. Así, en abril de 2008 el departamento de Disciplina Urbanística paralizaba por segunda vez la construcción de dos viales de grandes dimensiones dentro de los 200 metros de protección de costas en La Talá, donde se están construyendo medio millar de viviendas a menos de 500 metros de la línea de costa (algo que prohíbe el Plan de Ordenación del Litoral de Asturias, según Greenpeace).
Los conservacionistas señalan a La Talá como «un paraje de gran valor paisajístico y ornitológico, integrado en la red Natura 2000 europea». La principal finca de La Talá fue adquirida la semana pasada en 74,56 millones por Cajastur. Además, apuntan a la isla de Borizu como zona en peligro, por la propuesta de construir un puerto deportivo. Pero esta propuesta ya ha cosechado un frontal rechazo por parte de las administraciones públicas.
* La Nueva España - Bárbara MORÁN, Ribadesella - 05.08.2008
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com
El TSJM ve "desvío de poder" y "actuación ilícita" en el urbanismo de Los Molinos
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MADRIDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido parcialmente el recurso contencioso administrativo presentado por la organización Ecologistas en Acción contra la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Los Molinos por la construcción de viviendas en suelo protegido.
La sentencia del TSJM dictamina que la Comunidad de Madrid ha incurrido en "desvío de poder y actuado ilícitamente" al no reconocer -por estar obsoletas, argumentaron- y negarse a publicar las normas de planeamiento de Los Molinos de 1991.
"La no publicación de esas normas permitió al Consejo de Gobierno aprobar, en 2007, unas Normas Transitorias que permiten construir en suelo protegido más de 1.000 viviendas", subraya Ecologistas, puesto que en Los Molinos, desde 1991, existía un planeamiento que limitaba la nueva urbanización a los sectores más próximos al casco para proteger el piedemonte serrano y el entorno del río Guadarrama.
Según la organización, la Comunidad de Madrid quería declarar urbanizables el piedemonte -lugar donde nace la montaña- de la Sierra, en concreto la ladera de La Peñota, en plena Sierra de Guadarrama, así como los terrenos de pastizal situados al norte del casco y próximos al río Guadarrama.
Recurso a la orden
En febrero de 2006, Ecologistas en Acción recurrió la Orden del consejero de Medio Ambiente (en ese momento Mariano Zabía) por la que se declaraba vigente el plan general de 1969 y se iniciaba la tramitación de unas nuevas Normas Transitorias basadas en ese planeamiento. La organización solicitaba, en su recurso, la anulación de la mencionada Orden y que se consideraran válidas y de aplicación las Normas de Planeamiento de 1991.
De este modo, de acuerdo al artículo 70 de la Ley del Suelo de la Comunidad, el Tribunal reclama a ambas administraciones la publicación de las Normas de planeamiento de 1991.
"Fuerte varapalo"
Ecologistas en Acción valora esta sentencia muy positivamente, pues a su juicio "supone un fuerte varapalo a la política especuladora del Gobierno regional, en la Sierra de Guadarrama".
Por ello, solicita a la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Ana Isabel Mariño, que reconduzca a la legalidad y al respeto al medio ambiente, la actividad de la Consejería que dirige.
La Comunidad de Madrid negó que esté construyendo viviendas en suelo protegido en Los Molinos y anunció que presentará un recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anula las Normas Transitorias aprobadas en el 2007.
El Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre aseguró a través de un comunicado que las Normas Transitorias del municipio de Los Molinos, aprobadas por el Consejo de Gobierno en 2007, "garantizan la protección por razones medioambientales de más del 85 por ciento del territorio municipal". Desde la Comunidad de Madrid explicaron que, aplicando el artículo 70.3 de la Ley del Suelo y a solicitud del Ayuntamiento de Los Molinos, puso en marcha en el año 2005 la elaboración de las Normas Transitorias para este municipio con el fin de dotarlo de la protección necesaria de la que carecía el Plan General de 1969.
Vacío legal
"La Comunidad evitaba de esta manera el vacío legal provocado por la anulación del plan urbanístico municipal por parte de los tribunales mientras el Ayuntamiento elabora un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) municipal", señalaron. Las mismas fuentes recordaron que las Normas Subsidiarias de Los Molinos, aprobadas en 1991, fueron anuladas por el TSJM en una sentencia de diciembre de 2002 por no ajustarse a derecho, quedando en vigor la antigua normativa urbanística de 1969, "cuyos criterios de calificación de suelos no coinciden con los actuales". "Igualmente, los niveles de protección medioambiental de la antigua normativa no se adaptan a los exigidos hoy en día", añadieron.
Ante esta situación de vacío legal, la consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio redactó unas Normas Urbanísticas Transitorias que "garantizasen un desarrollo urbanístico sostenible". Éstas "reducen considerablemente el número de viviendas que se podrán construir en la localidad ya que mientras que en el Plan de 1969 estaba prevista la construcción de 2.025 viviendas, con las Normas aprobadas en 2007 el número se reduce a 128, de las que el 70 por ciento serán protegidas". El Plan de 1991 preveía 646 viviendas de nueva construcción.
Respeto al planeamiento
El Ejecutivo regional negó tajantemente las acusaciones de Ecologistas en Acción al afirmar que no está construyendo ninguna vivienda en suelo protegido del término municipal de Los Molinos. "Las Normas Transitorias respetan las calificaciones del planeamiento de 1991, restringiendo su desarrollo dado que suspende todo su suelo urbanizable y únicamente admite el desarrollo del suelo urbano existente y el Suelo Urbano no consolidado de La Marina, que ya estaba calificado en los dos planeamientos anteriores", especificaron.
En cuanto a las afirmaciones de Ecologistas en Acción en las que se dijo que la Comunidad de Madrid pretendía declarar ciertas zonas urbanizable, como el piedemonte de la Sierra, las mismas fuentes regionales tacharon de "absolutamente falsas" las declaraciones porque "no hay suelo urbanizable aprobado".
* Madridiario - 04-08-2008 - MDO/EP
Foto: Los Molinos (Madrid), ayuntamiento - madridiario.es
Varios colectivos ciudadanos pedirán a la justicia que paralice el POTLA
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IDEAL/Almería* : Las asociaciones de la Red Almeriense en Defensa del Territorio están dispuestas a acudir a los tribunales para paralizar el Plan de Ordenación del Levante Almeriense-POTLA si el Gobierno regional no tiene en cuenta sus alegaciones y permite que se construya en suelo protegido y se masifique la comarca.
Varios colectivos ciudadanos integrados en dicha red están dispuestos a recurrir en la vía contencioso-administrativa dicho plan, al igual que han hecho con los planes de ordenación y uso y gestión del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
Los afectados aseguran que en el proceso de elaboración del Plan de Ordenación del Levante Almeriense no se les convocó a participar, algo que consideran antidemocrático, «teniendo en cuenta que hemos presentado numerosas alegaciones y ni siquiera han sido contestadas».
Los ecologistas y otros ciudadanos que luchan por la defensa medioambiental del Levante aseguran que el plan de ordenación de esta comarca «es un plan de desorden territorial y un instrumento para la especulación masiva al servicio de las promotoras inmobiliarias y sus intereses y que atenta contra los intereses básicos de los ciudadanos».
Aseguran que dicho plan «supone una barbarie medioambiental y urbanística sin precedentes que integra varias irregularidades de extrema gravedad, como la pretensión de construir en suelo protegido» y el desarrollo de un plan urbanístico en Carboneras «en los terrenos protegidos de Torre del Rayo y la construcción de una macrociudad de 5.300 hectáreas que abarca siete municipios, que podría albergar 400.000 personas; así como tres campos de golf nuevos».
Denuncian que «no se pone freno alguno a las pretensiones de urbanizar todo el territorio de municipios como Vera y se ignoran o niegan deliberadamente las necesidades urgentes de renovación total de infraestructuras de saneamiento en toda la comarca».
Peor calidad de vida
Dicen que si el Gobierno regional permite que este plan se lleve adelante tal y como está, sin incluir las alegaciones de los ecologistas, «los ciudadanos se exponen a que su calidad de vida se encarezca y se vea disminuida, al tiempo que se masifica el último espacio alternativo a la masificación del litoral español y se destruye de forma irreversible su medioambiente». Critican que el delegado de Vivienda y Ordenación del Territorio, Luis Caparrós, «no haya mencionado ninguna de nuestras alegaciones» y que su reciente intervención pública «se halla centrado en satisfacer los intereses de unos ayuntamientos que sólo defienden un desarrollo especulativo insostenible y destructivo, que dejará devastado nuestro litoral».
* Ideal - 03.08.08 -ROGER DÍAZ
Foto: Mojácar (Almería), golf Macenas - salvemosmojacar.org
Los concejos asturianos dedican el 58% de los ingresos del suelo a fines no previstos en la ley
ELCOMERCIODIGITAL* : Los ayuntamientos asturianos destinan el 58,5% de los ingresos obtenidos por la venta de suelo a fines no recogidos en la ley. Así consta en el informe que sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo ha elaborado el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.
El documento, que toma datos de 2004, último ejercicio fiscalizado, destaca el alto porcentaje de fondos que los consistorios dedican a actividades «sobre las que no puede afirmarse que se encuentren dentro de las previstas en las correspondientes legislaciones autonómicas», y que en principio deberían invertirse en la construcción de vivienda pública o en otras iniciativas de interés social. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha son las autonomías que más incurren en esta política, según constata el estudio aprobado en fechas recientes.
Bajo el título 'Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo en el ejercicio 2004', el Tribunal de Cuentas analiza a qué dedican los ayuntamientos españoles el suelo público o los ingresos que han obtenido de él. Y la conclusión principal es que una quinta parte de esos recursos -en concreto, el 18,4%- se gastan en actuaciones que las leyes autonómicas no contemplan, aunque eso no quiere decir que sean ilegales. En cualquier caso, el tribunal señala que buena parte de ese patrimonio, en lugar de dedicarse a la construcción de edificios protegidos o a fines sociales, se orienta hacia «inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros».
Ese 18,4% antes mencionado corresponde a la media nacional, porque las diferencias entre comunidades autónomas son bastante significativas. En concreto, el informe identifica nueve regiones que destinan los ingresos de la venta de suelo a esos fines no previstos por la ley. A la cabeza está la Comunidad Valenciana, que dedica a estos gastos un 65,8% del dinero. Cataluña (61,9%), Asturias (58,5%), Castilla-La Mancha (51,8%) y Aragón (38,7%) lideran la estadística. Andalucía (24,4% de los ingresos), Murcia (23,1%), Galicia (16,9%) y La Rioja (0,1%) la completan.
Edificación
La radiografía del Tribunal de Cuentas, sobre una base de 144 ayuntamientos que acumulan el 48% de la población española, incide además en una cuestión especialmente relevante. Haciendo caso a la legislación vigente, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección debería ser el principal destino del patrimonio municipal del suelo. Los datos revelan que no es así. Del valor total de ese patrimonio, los ayuntamientos sólo orienta a la edificación de pisos públicos un 16,3%. El dato refleja una media nacional, porque también aquí, como en el caso de esos 'fines imprevistos', se aprecian destacadas diferencias.
En este capítulo, los ayuntamientos asturianos se sitúan en un estadio intermedio y destinan a la vivienda protegida un 31% de los recursos del patrimonio del suelo. No parece un mal dato, sobre todo si se compara con los casos de Madrid (8,1%), País Vasco (5,2%), Andalucía (4,5%), Galicia (3,9%) o Extremadura (1,3%). En el otro lado de la balanza están las autonomías que más priorizan en sus políticas la edificación pública: Aragón (44%), Castilla-La Mancha (42,7%) y La Rioja (42,7%).
El análisis del órgano fiscalizador precisa que la mayor parte de los recursos del patrimonio del suelo, un 35,8%, tuvieron como finalidad el apartado de «fines, usos y actividades de interés social». Se trata de una materia regulada de forma diferente por las distintas leyes autonómicas, lo que equivale a que en cada región se pueda destinar el suelo o los ingresos que se obtienen de él a iniciativas muy diversas. Aquí aparecen, por ejemplo, las obras de urbanización o la construcción de equipamientos públicos, así como la planificación urbanística, la mejora y conservación del patrimonio histórico y cultural o determinadas operaciones de promoción económica. Un marco, pues, enormemente amplio y con límites difusos.
La normativa asturiana, por ejemplo, ya recoge en este capítulo la construcción de vivienda protegida. Quizá sea esa la razón de que el Principado no ocupe un puesto especialmente relevante en la estadística de ayuntamientos que orientan el gasto hacia estos fines sociales. Para Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco o Extremadura, por contra, se trata de algo prioritario en su política de suelo.
Conservación y gestión
Hay una última categoría a la que los ayuntamientos dedican una parte de sus ingresos. Es, quizás, la menos relevante, ya que concentra las actuaciones de conservación, gestión o ampliación del patrimonio. De hecho, en siete autonomías ninguno de sus municipios invirtió un solo euro. Curiosamente, Cantabria concentró aquí el 86,6% de su gasto. Castilla-La Mancha, por contra, el 0,6%.
El tribunal concluye su análisis del patrimonio municipal del suelo con un reproche final a los ayuntamientos. La mayoría de ellos, apunta, no cuenta con sistemas de control o seguimiento que permitan conocer en qué se ha empleado el suelo público o el dinero que se ha obtenido a través de él. Por tanto, el órgano fiscalizador asume que los datos facilitados por las corporaciones locales no pueden ser plenamente fiables.
* El Comercio Digital - 04.08.08 - Gijón, ANDRÉS SUÁREZ
Foto: Un edificio en construcción en el barrio gijonés de Tremañes. / E. C.
Roca empieza a tirar de la manta
ELPAÍS/Marbella* : "Señoría, he decidido decir la verdad en contra del consejo de mi abogado". Si prosigue la confesión, el cambio de estrategia del supuesto cerebro de la Operación Malaya, Juan Antonio Roca, será pura dinamita procesal. Tras esa frase mágica, Roca confesó hace dos semanas haber sobornado al juez Francisco Javier de Urquía con 73.800 euros "en dos sobres".
Al día siguiente reconoció un delito de tráfico de influencias y aceptó nueve meses de cárcel por licencias irregulares en el caso Belmonsa. De Urquía será la primera de las víctimas del arranque de sinceridad del ex asesor de Urbanismo de Marbella. Hay otros 85 imputados que habrán padecido malas digestiones: políticos, empresarios, promotores, abogados, marchantes de arte, policías...
El nuevo horizonte es consecuencia de los 848 días que Roca, de 55 años, lleva en prisión. Y es que su calvario pasa por más de 40 procesos pendientes. Hace sólo dos meses alegó ante el juez que sus meticulosas anotaciones, identificadas por los investigadores como sobornos, "podían o no ser reales, y en todo caso no eran cantidades para torcer voluntades". La reflexión veraniega ha dejado estas declaraciones, en las que negaba todo, en papel mojado.
En su último encuentro con los ex concejales marbellíes, les resumió elocuente su espectacular giro: "A todo el mundo le va a llegar su momento y hora". De momento, la próxima gran parada de sus comparecencias judiciales será en septiembre en la Audiencia Nacional por el caso Saqueo Ien el que está acusado junto a otros cinco imputados del supuesto desvío de 26,7 millones de euros del consistorio andaluz a empresas privadas entre 1991 y 1995.
La pasada semana, Roca logró una gran rentabilidad de su confesión, y tras el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, el fiscal rebajó su petición de tres años de prisión a uno al aplicar un supuesto de cohecho más leve, estipulado para cuando se comete "a petición de un funcionario público". Sin embargo, para De Urquía y su amigo común, Arnaud Fabrice Albouhair, la fiscalía aún pide tres años.
La primera revelación de Roca cogió por sorpresa a todos, incluido su abogado. "Estoy parcialmente de acuerdo respecto del cohecho", dijo. La presidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, le pidió que se acercara al micrófono. "Mi cliente no tiene muchos conocimientos jurídicos", excusó a Roca su abogado, José Aníbal Álvarez, ante el desconcierto de la juez. "Para mí no es fácil declarar hoy lo que estoy declarando", añadió. Y dejó boquiabiertos a todos.
Ahora, el letrado empieza a asimilar el viraje de su cliente. "La pelea es divertida, pero son sus huesos los que están en la cárcel", recuerda. "Si eres dentista y el paciente te dice que le quites la muela, aunque quieras empastar... se la quitas. No puedes desobedecer a tu cliente", se excusa. Álvarez enumera las razones del cansancio de Roca: el tiempo en la cárcel, el ser un preso "perseguido" que a los diez días de estar en libertad regresó a prisión con tres millones de fianza, la detención de su hija y de su mujer, y la intervención judicial de su patrimonio.
La sospecha de un pacto con la fiscalía es rechazada de momento. "Que tire de la manta y ratifique la contabilidad de pagos de Maras Asesores , la madre del cordero, es muy importante, pero aún debe ratificarse caso por caso", apuntan fuentes de la Fiscalía del Estado. Para un acuerdo, Roca debe reconocer su culpabilidad. Está imputado por delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias, entre otros. "No queremos ser un instrumento en manos de un imputado. No hay pacto, y si alguien quiere moverse somos todo oídos", reiteran desde la Fiscalía Anticorrupción de Málaga con cierto enfado ante los insistentes rumores.
Las defensas del resto de imputados están convencidas del acuerdo. "Aunque la fiscalía lo niegue, la única lógica jurídica sería un pacto global. La confesión no tiene sentido a cambio de nada. Es una estrategia de quien lleva mucho en prisión", opina Ernesto Osuna, abogado de Marisol Yagüe. La estrategia de la práctica totalidad de los acusados para salir airosos (nadie inculpa a Roca y el ex asesor tampoco carga contra nadie), parece desmoronarse porque la carta más valiosa ya no lo ve claro. Hasta ahora, el agujero de 500 millones en el Ayuntamiento marbellí y los convenios con constructores que devoraron colegios, zonas verdes y centros de salud, habían sido sólo "negocios urbanísticos".
El protagonismo de Roca en el caso es indudable. Su apellido aparece en el auto en 2.770 ocasiones. Hace un año, el consejero de la Presidencia andaluza, Gaspar Zarrías, retó a Roca "a tirar de la manta, de la colcha o de la sábana". Está por ver si el máximo imputado recogerá el guante.
* ELPAIS.com - JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla - 04/08/2008
Foto: Marbella, entrada - confidencial
La tradición del alquiler manda en Alemania
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ELMUNDO* : Tratar de explicar a un alemán que comprar un piso en Madrid resulta más caro que hacerlo en Múnich o Fráncfort debido a la “burbuja inmobiliaria” que ha sufrido España en los últimos años puede convertir al que habla en una especie de personaje llegado de Marte mientras que el teutón, sobre todo si no es de Berlín, formará en su boca una inevitable “o” de asombro.
Para que un lector español lo comprenda, los precios de la vivienda en Alemania han bajado de media un 3% en los últimos diez años, según la asesora inmobiliaria Global Property Guide. Más en concreto, sólo en 2007 se ha reducido un 0,87%. Actualmente el metro cuadrado de una residencia en Múnich queda en 3.658 euros, frente a los 2.958 de Fráncfort y los 2.395 de Berlín. Madrid se situaría hoy en 3.671 euros, frente a los 4.033 de hace un año.
Esa estabilidad en los precios de la última década ha provocado que la oferta de pisos para vender sea reducida y que la construcción de nuevas plantas se encuentre en mínimos históricos desde la II Guerra Mundial. Según los datos oficiales, en 2006 se elevaron 250.000 viviendas, para 2010 serán 278.000, 208.000 en 2011 y 191.300 en 2016.
De cualquier forma, y a pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos alemanes (ayudas del 1%) para impulsar la compra de viviendas entre sus ciudadanos desde principios de los años noventa, el germano medio sigue prefiriendo la tradicional opción del alquiler, sobre todo por las leyes que benefician al inquilino frente al arrendador y que convierten la firma del contrato en una suerte de “examen vital” del postulante. Así, esta posibilidad es elegida por el 57% de todas las unidades familiares (sólo 40,5% de propietarios), frente al 7,5% de España y el 30% de media europea.
Además, la posibilidad de alquiler se refuerza dada la situación de crisis financiera. Ésta ha llevado a los bancos a no prestar más de un 60% en condiciones draconianas, a lo que debe sumarse casi un 10% en gastos adicionales, según confirman a EL MUNDO desde una agencia inmobiliaria berlinesa.
También en el mercado del alquiler las diferencias según la ciudad alemana de que se trate son abismales. Y aunque la media en Múnich es de 12 euros por metro cuadrado y en Berlín 8,5, por poner dos ejemplos extremos, la realidad es que en la “carísima” capital de Baviera resulta imposible alquilar un piso de 60-70 metros cuadrados en barrios céntricos como Maxvorstadt o Schwabing por menos de 1.200-1.400 euros. Por ello muchos muniqueses optan por abandonar la rica urbe del sur para vivir en localidades cercanas como la bella Augsburgo, distante unos 50 kilómetros o media hora en tren.
En la capital de la Alemania Unificada en 1990, sin embargo, en barrios como Prenzlauer Berg o Mitte no es difícil encontrar la misma vivienda individual por 700-800 euros. Pero quizás la respuesta es que la ciudad de Berlín, preparada para albergar hasta siete millones de habitantes, acoge en la actualidad en torno a unos cuatro millones. La falta de trabajo ante la escasa presencia de la industria ha llevado a muchos berlineses a buscarse la vida en poblaciones del oeste del país. Y como muestra de las diferencias entre el este y el oeste, en el primero la media de un alquiler se sitúa en 335 euros frente a los 445 del segundo.
Otro fenómeno reseñable en Berlín es la compra de viviendas por parte de extranjeros. En los últimos años los precios más bajos de esta ciudad han atraído a compradores de todo el planeta y no es raro ver en los principales aeropuertos, en las colas que esperan para embarcar hacia la capital alemana, cómo agentes inmobiliarios preguntan a los pasajeros si están interesados en adquirir allí viviendas. Y más de un español residente ya se ha animado.
* El Mundo - CARLOS ÁLVARO ROLDÁN (Corresponsal)- 01/08/2008
Foto: Una parte del skyline de Frankfurt, una de las principales ciudades alemanas. (Foto: AP)
El Campello: Vecinos denuncian irregularidades en las obras de un edificio en la Coveta Fumà
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INFORMACIÓN/Alicante* : Los vecinos de la Coveta Fumà cercanos a la construcción del edificio Moro Blanc, en El Campello, denuncian que las obras que se han iniciado no cuentan con los permisos necesarios y exigen su paralización inmediata. Afirman que "son ilegales porque no cuentan con el informe favorable del organismo titular de Costas, que es imprescindible para que los trabajos se puedan llevar a cabo".
Por su parte, el Ayuntamiento insiste en que tiene el visto bueno del Ministerio, de Costas y de la Generalitat desde 2007 y que las obras son legales, aunque un informe firmado por el edil de Urbanismo el 19 de febrero de este año reconocía que entonces aún no constaba el permiso de Costas. En cambio, la constructora Hercesa dice que Costas le informó en un documento de que el edificio no entraba en la zona de costa y que por lo tanto no tenían que aportar ningún informe.
Este edificio empezó a construirse hace 30 años, pero los trabajos se paralizaron cuando sólo estaba finalizada la estructura por quiebra de la empresa, y desde entonces ha permanecido en las mismas condiciones. Tras estar en manos de varios constructores, la promotora Hercesa Inmobiliaria SA obtuvo la propiedad en 2000 y presentó un proyecto de construcción-terminación de 42 casas en la estructura ya existente.
El 30 de mayo de 2005 el Ayuntamiento concedió a Hercesa una licencia de obra mayor que le permitía comenzar las obras con la condición de que el organismo titular de Costas aportara un informe favorable sobre el proyecto. Los vecinos de la zona, un centenar de residentes, se han movilizado ante esta situación e insisten en que Costas no ha presentado este informe y que por lo tanto, "las obras son ilegales y se deben paralizar lo antes posible". Por ello han presentado casi una decena de denuncias ante el Ayuntamiento, que explica que los trabajos que ahora se están realizando son "sólo de limpieza y de desescombro del solar".
Los trabajos de demolición de una parte de la estructura, paso previo necesario para continuar con la obra, comenzaron hace una semana y han provocado temblores en el edificio colindante, según afirman sus habitantes. Además, parte de los escombros han ido a parar a su terreno y han caído en la zona de aparcamiento, sin provocar daños. El encargado delegado de las obras de Hercesa defiende que "la demolición se ha hecho desde el interior al exterior y garantizo que no han caído cascotes de escombro. Además no estamos trasladando una vibración más allá de lo normal ya que hemos ido triturando en el lugar".
Los vecinos de esta zona de la Coveta también protestan por la gran cantidad de polvo que han tenido que soportar durante estos días ya que "contiene amianto, dada la antigüedad de la construcción, y es muy peligroso para los pulmones y para nuestra salud". Alegan que el Ayuntamiento no ha hecho nada al respecto y que no ha habido ninguna medida de seguridad durante el derribo.
Según la promotora la próxima semana comenzarán los trabajos de construcción, que deberán ajustarse a la estructura existente sin incrementar el volumen, tal como exige el PGOU, aunque los vecinos hacen hincapié en que "los dos áticos que tienen previstos construir suponen añadir una planta y por lo tanto suponen un aumento ilegal".
POLÉMICA
El informe "fantasma" del Servicio de Costas
El informe que debía emitir el Servicio de Costas de Alicante es el origen de la polémica, ya que es una condiciones para la concesión de la licencia de obras. Desde el equipo de gobierno afirman que en el Ayuntamiento no está el informe, ya que Costas lo mandó directamente al promotor, pero que está todo en regla desde el año pasado. Pero un informe municipal de febrero de 2008 dice que no constaba aún el documento de Costas. Mientras, desde la constructora se asegura que tienen un informe de Costas que señala que la obra no afecta a zona de su ámbito, destacando que el Ayuntamiento dispone de una copia del mismo. Desde la promotora explicaron que no estaban autorizados a facilitar a este medio el documento y por su parte Costas declinó pronunciarse. Así pues, los vecinos toman estas respuestas para concluir que "el informe no existe, o no se ha emitido todavía", y piden que el Ayuntamiento dé respuestas y actúe en el caso de ilegalidad.
* Información - LAURA MILLÁN - 03.08.2008
Foto: Imagen de la estructura sobre la que se van a levantar las casas, tras derribar una parte de la misma, con un edificio de viviendas muy cercano a la izquierda. GERBEN MARIUS EGGINK, diarioinformacion.com
Galicia tiene ya casi 1.300 núcleos de población sin un solo habitante
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LAVOZDEGALICIA* : La población gallega abandona el rural para asentarse en torno a los tres grandes ejes de comunicación de la comunidad: la autopista Ferrol-Vigo, la A-6 y la autovía de las Rías Baixas. Los últimos datos de población ponen de relieve un crecimiento concentrado en esos polos y un abandono de los pequeños núcleos de población, los lugares en los que se ha conformado históricamente Galicia y que técnicamente se denominan «entidades singulares».
Esos puntos abandonados son ya 1.261, conforme a los últimos datos de población que acaba de presentar el Instituto Galego de Estatística (IGE), con fecha del 2007. Son un 15% más que a inicios de siglo. En el 2000 apenas superaban el millar.
El incremento se va acentuando año tras año. De hecho, entre el 2006 y el último ejercicio que tiene cerrado el IGE, al censo de lugares abandonados se les sumaron otros 78, un 6,5% en apenas 12 meses.
Esos lugares vacíos suponen el 4% del total de núcleos de población de la comunidad, que son algo más de 30.000 repartidos en 315 ayuntamientos. La dispersión geográfica sigue siendo una evidencia palmaria a la que no se ha puesto coto; es un fenómeno exclusivo de Galicia que provoca, además, problemas para poder llevar servicios básicos a todos esos lugares, tan apartados unos de otros. Agrupados, forman lo que comúnmente se denomina parroquia, recuerda el IGE. Conforme a ese último estudio de población, en Galicia hay 93,7 personas por cada kilómetro cuadrado. La diferencia con otras comunidades españolas es abismal: 689 en Madrid, 297 en el País Vasco. Solo es comparable al caso de Andalucía o La Rioja.
Esa despoblación es más acuciante en las provincias de A Coruña y Lugo, que absorben el 80% de todos esos lugares ya sin almas. Solo en la de Lugo, Estatística ha contabilizado 524 núcleos sin presencia vecinal, el 5,3% de todas las entidades singulares. Hasta seis municipios lucenses tienen una veintena de sitios, con cientos de casas sin habitante alguno.
En la provincia de A Coruña hay ejemplos de municipios con hasta 70 y 90 lugares vacíos. En este caso, el movimiento demográfico se ha acentuado porque una gran parte de la población se concentra en el eje ártabro A Coruña-Ferrol o en Santiago y su área metropolitana. Porcentualmente, esos diminutos pueblos vacíos suponen el 4,8% del total.
Curiosamente, Ourense, que lleva años presentando un preocupante balance demográfico a la baja, es la provincia que agrupa un menor número de lugares abandonados, 111 repartidos por una treintena de ayuntamientos, apenas un tercio de los 92 concellos.
En Pontevedra hay contabilizados otros 120 lugares vacíos, si bien esta provincia es la única en el que se incluye una ciudad, la capital, entre las que cuentan con un mayor número de núcleos sin vida. Sin embargo, es la zona que presenta una mejor ratio de entidades singulares abandonadas: apenas suponen un 2% del total.
Otros 1.700 con dos vecinos
El informe poblacional del IGE pone de manifiesto el aumento de núcleos abandonados en la comunidad y también los que apenas cuentan con uno o dos vecinos. De entre los primeros hay 700 lugares; de los que cuentan con tres empadronados, algo más de un millar. Es decir, hay otros 1.700 entornos de población en la comunidad en los que residen apenas una media de dos ciudadanos.
Con todo, no hay una equivalencia exacta de que si en un municipio hay más lugares abandonados, entonces se pierde población: puede darse el caso de una concentración en otros puntos del concello, más poblados.
* La Voz de Galicia - Rubén Santamarta - 8-7-2008
Foto: La aldea de Os Muíños, en el concello ourensano de Barbadás, lleva abandonada más de diez años - lavozdegalicia.es
Farolillos rojos en transparencia
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ELPAÍS/Alicante* : Los ayuntamientos de Torrevieja y Orihuela, en la Vega Baja, son el farolillos rojos en el Índice de Transparencia de los Ayuntamiento (ITA) elaborado por la organización Transparencia Internacional. Como correlato, son líderes en la corrupción política relacionada con su gestión urbanística y contable, si se observa el número de cargos públicos que tienen problemas con la Justicia.
En conjunto, un ex alcalde encarcelado y tres imputados. El estudio de ITA incluye otros seis municipios valencianos entre los 100 españoles de mayor tamaño. Elche es el mejor valorado de ellos, en el puesto 22.
El informe de ITA, el primero de estas características, ha analizado, a través de 80 indicadores distribuidos en cinco grandes bloques, la transparencia en la gestión de los 100 mayores ayuntamientos de España. Tanto en la evaluación global como en los exámenes parciales, Orihuela y Torrevieja están a la cola. En la global, Torrevieja ocupa el puesto 99, con 15,0 puntos, y Orihuela, el último con sólo 12,5.
Las áreas de la gestión a examen en el estudio de ITA son las siguientes: información sobre la corporación municipal; relaciones con los ciudadanos y la sociedad; transparencia económico-financiera; transparencia en las contrataciones de servicios y, por último, transparencia en materia de urbanismo y obras públicas. En el primer apartado, Orihuela ocupa el puesto 94 y Torrevieja, el 99; en el segundo, Torrevieja el 96 y Orihuela, el 99; en el tercero, ambas están empatadas en el puesto 92; en el cuarto, se mantiene el empate, en el número 91; y en el quinto, Torrevieja es la 94, y Orihuela la penúltima.
De las otras seis grandes ciudades de la Comunidad Valenciana incluidas en el estudio, la que mejor parada sale en la valoración global es Elche, en el puesto 22. Alicante está unos puestos más abajo, en el 35; Castellón se sitúa en la zona intermedia, en el número 52, seguida de cerca por Torrent, en el 55; Gandia y Valencia están en la parte baja de la lista, en los puestos 74 y 76, respectivamente -la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch, criticó ayer la "opacidad" del Consistorio-.
Por áreas de transparencia, Elche ocupa el primer lugar, en el puesto 16, en cuanto a información sobre la corporación municipal. Y la ciudad encabeza las otras dos clasificaciones, mientras que Alicante lidera el apartado de contrataciones de servicios, en el puesto 11, y Torrent, el de urbanismo y obras públicas, en el número 20.
Para la oposición en Orihuela y Torrevieja el informe de ITA responde a la realidad de los modos de los equipos de gobierno del PP. "Sólo informa de lo que quiere a los ciudadanos", señala en el caso de Orihuela Joaquín Escurra, portavoz del Centro liberal Renovador. "La información que llega al ciudadano es la que ellos quieren y como ellos quieren", apostilla Carlos Bascuñana, concejal socialista. En la vecina Torrevieja, la opinión de la oposición es similar: "El informe de ITA plasma la imagen caciquil y antidemocrática del gobierno del PP", asegura José Manuel Dolón, portavoz de Los Verdes.
El Ayuntamiento de Orihuela, a través del concejal de Contratación y Modernización de las Administraciones, David Costa, resta importancia al monumental suspenso que le otorga ITA. "El estudio se apoya en una encuesta que no contestó el Ayuntamiento, y no se ha preocupado de venir y ver el proceso de transformación organizativa", asegura. "Me importa poco el estudio. Nosotros trabajamos para que el ciudadano sea el protagonista de su gestión y, para ello, hemos destinado 800.000 euros a la modernización de la administración local".
El equipo de gobierno del PP de Torrevieja no ha realizado ningún comentario sobre el estudio. El varapalo al gobierno que preside Pedro Ángel Hernández Mateo tiene consuelo, por el contrario, en el constante halago del presidente del Consell, Francisco Camps, al municipio. Camps ha elevado en varias ocasiones a la categoría de referente nacional la gestión urbanística de Torrevieja.
El presidente de ITA, Jesús Lizcano, asegura que la "transparencia es el mejor antídoto para la corrupción, porque ayuda a combatirla". En el caso de Orihuela y Torrevieja el informe corrobora en todos sus extremos esa máxima: los ayuntamientos más opacos acumulan más casos de corrupción. Torrevieja y Orihuela, en manos del PP desde mediados de los ochenta, fueron los primeros feudos electorales de los conservadores valencianos salpicados por supuestas prácticas de corrupción. Al cabo de más de dos décadas en el poder con mayoría absoluta, los cuatro regidores que han pasado por las alcaldías están imputados por corrupción. Uno de ellos, Luis Fernando Cartagena, a su vez ex consejero del Gobierno valenciano en la época de Eduardo Zaplana, acaba de ingresar en la cárcel para cumplir una condena de cuatro años por quedarse con 49.000 euros donados por unas religiosas al Ayuntamiento oriolano.
Transparencia
- Elche. Puesto 22 (sobre 100) y 64,1 puntos (de 1 a 100).
- Alicante. Puesto 35 y 59,4 puntos.
- Castellón. Puesto 52 y 52,2 puntos.
- Torrent. Puesto 55 y 50,0 puntos.
- Gandia. Puesto 74 y 43,1 puntos.
- Valencia. Puesto 76 y 40,0 puntos.
- Torrevieja. Puesto 99 y 15,0 puntos.
- Orihuela. Puesto 100 y 12,5 puntos.
* ELPAIS.com - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 03/08/2008
Foto: Torrevieja - Deran (Wikimedia.org)
Don Benito tiene el metro cuadrado más barato de España por inercia
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ELMUNDO* : Don Benito, en Badajoz, está de moda. Los datos ofrecidos hace unas semanas por el Ministerio de Vivienda señalaron a esta ciudad extremeña de 34.540 habitantes como el lugar de España donde se encuentra el metro cuadrado más barato con un precio de 1.000,6 euros.
Cifra que contrasta con San Sebastián, donde está la superficie de oro española (4.050,5 euros/metro). Pero, ¿por qué Don Benito es el enclave inmobiliario más asequible del país? La baja demanda y el hecho de pertenecer a la región más pobre de España, algo asumido por los diferentes agentes sociales del municipio, las dos principales razones.
Esta noticia no ha pillado por sorpresa en el sector del ladrillo donbenitense. "Extremadura siempre ha estado por debajo de la media en lo que se refiere a precios", comenta Nieves Morcillo comercial de la inmobiliaria Alfa de esta localidad de la Comarca de Vegas Altas. Parece que no le falta razón. La renta per capita en esta zona es de 16.080 euros por habitante, la más baja de todo el país, mientras que en Donosti cuenta con la más elevada llegando a 30.599 euros. En este caso, el nivel de riqueza coincide 100% con la cuantía de los precios del metro cuadrado.
A pesar de su entorno rural, Don Benito ha experimentado grandes cambios en los últimos años. "Nuestra zona es una de las pocas de Extremadura que tiene un índice de crecimiento poblacional de aproximadamente un 6%. Ello implica que el crecimiento urbanístico-residencial vaya en función, al menos, de ese crecimiento poblacional", señala Mariano Gallego, alcalde de la ciudad.
El desarrollo que ha experimentado viene dado, en buena medida, por el interés que ha puesto el ejecutivo municipal en la construcción de suelo industrial, lo que inevitablemente ha provocado que el número de viviendas se haya visto incrementado. Ante este nuevo panorama, las inmobiliarias de la zona supieron sacar partido y proliferaron muy rápidamente.
Pero ahora, el 'boom' de la construcción se ha parado en seco en toda España y, como no podría ser de otro modo, Don Benito también lo está padeciendo. "Estaba creciendo mucho, pero ahora mismo sí que hay obras paradas. Se encuentran muchas dificultades pare vender las viviendas de nueva construcción. En este momento, el mercado es la usada está más activo", comenta Agustina Morcillo dueña de la inmobiliaria Donbenitense.
Aunque la crisis ya está dando sus primeros coletazos, en el municipio extremeño se tiene la esperanza de que los efectos que se deriven de la misma no sean demasiado graves. "Tal vez la prudencia, tanto en la gestión como en las inversiones, y cierta previsión procurando nivelar oferta y demanda antes del comienzo de algunas importantes operaciones urbanísticas han hecho que en estos momentos el riesgo de una repercusión muy grave de la crisis económica sea inferior a otras localidades de similar población", explica Gallego.
Un metro cuadrado barato, labrado también sobre una escasez de demanda, favorece que las gangas afloren en la localidad. Así, en Don Benito podemos encontrar un piso de 120 metros cuadrados con buhardilla en el centro de la ciudad por 93.000 euros. Pero éste no es el único inmueble de la zona a un coste muy reducido. "Hay pisos por 10.000.000 de las antiguas pesetas aunque antiguos, pero también hay casas nuevas muy bien acondicionadas por 17.000.000 ó 18.000.000", argumenta Agustina Morcillo.
Precios que posteriormente se ven reflejados en las hipotecas. Los extremeños son los españoles que menos pagan de media por su préstamo bancario para vivienda. Este esfuerzo económico, según el Instituto Nacional de Estadística, se sitúa en 113.894 euros. Ceuta, con 120.603 euros; y Valencia, con 122.039, le siguen. Y como no podía ser de otra forma, donde más dinero se gastan para poder adquirir una vivienda propia es en San Sebastián: 186.830 euros.
Ante este panorama, parece que Don Benito se está amoldando a las nuevas circunstancias inmobiliarias antes que nadie. Aquí, no hay lugar para la especulación y el reajuste de precios no es tal porque estos han vivido casi al margen del 'boom'. Hecho que ha provocado que las ventas sigan sus cauces normales sin grandes desplomes. De esta manera, Don Benito puede presumir de tener el metro cuadrado más barato del país. Honor que le ha arrebatado a Ontenyente, Alicante.
* EL Mundo - LAURA SANZ - 01.08.2008
Foto: Vista aérea de Don Benito. ELMUNDO.ES
Murcia: Critican la demagogia del Ayuntamiento en cuanto a movilidad
Ecologistas en Acción* ha criticado ante el Ayuntamiento de Murcia el anuncio de un plan de movilidad urbana sin contar con las opiniones y el concurso de los agentes sociales en el municipio (usuarios, vecinos, ecologistas, sindicatos, colectivos de ciclistas, asociaciones culturales etc,).
Es un intento del Alcalde, Miguel Ángel Cámara, de ocultar la incapacidad de su gobierno municipal de resolver el grave colapso del tráfico en nuestra ciudad y de desvia la atención del significativo aumento, a partir de septiembre, del billete sencillo de autobús del 17’6%, y menor número de viajes para los usuarios del bono bus.
Este tipo de anuncios pone en evidencia la política sobre el transporte público del consistorio murciano, que con este aumento de precios disuade y pone trabas al uso del transporte público.
La realidad de la apuesta de la Alcaldía, en la práctica, es la potenciación del uso del vehículo privado, mientras se habla con una retórica vacía de movilidad sostenible y control de emisiones, y la ciudad de Murcia se instala en varios colapsos de tráfico diarios, se mantienen proyectos como los aparcamientos de La Libertad y San Esteban , que aumentarán el efecto llamada y el colapso del tráfico en el centro, aumentan las emisiones de gases contaminantes y partículas, crece de la contaminación acústica y se deteriora de la calidad de vida de los murcianos.
Ecologistas en Acción viene demandando desde hace diez años la elaboración de un Plan de Movilidad Sostenible que implique una profunda reforma de la orientación insostenible desarrollada desde hace muchos años por el Ayuntamiento de Murcia sobre el transporte en nuestra ciudad. Este Plan de Movilidad Sostenible para Murcia es necesario y urgente; con el concurso de todos los agentes sociales implicados y que, a juicio de esta organización medioambiental, debe reflejar algunos elementos principales:
- Invertir la tendencia de incremento en el uso del automóvil. Potenciar el transporte público.
- Mayor desarrollo de la flota de autobuses con un mayor número, mayor frecuencia de paso y mejoras técnicas en la accesibilidad a determinados colectivos.
- Una mayor conectividad pedanías- casco histórico
- Trasvasar automovilistas a los medios de transporte públicos y a la bicicleta.
- Disuasión del uso generalizado del vehículo privado en el casco histórico para no residentes.
- Reducir la necesidad de desplazarse en vehículo.
- Reducción de la velocidad de entrada a la ciudad.
- Extensión y aumento de las líneas Rayo y desarrollo de éstas en pedanías.
- Sistema integrado de carril bici con conexión pedanías-centro y nodos de transporte (estación de tren y autobuses). Plan de potenciación del uso de la bicicleta en colectivos de jóvenes y mayores especialmente.
- Mayor peatonalización del centro de la ciudad y de los centros de pedanías.
- Aparcamientos disuasorios, en superficie, en la periferia de la ciudad con conexión de autobús con el centro.
- Estudio de un tren de cercanías en la costera sur, usando las vías de RENFE.
Estas medidas, junto a otras propuestas, están dirigidas a una pacificación del tráfico y al desarrollo de la ventaja comparativa del transporte público sobre el uso insostenible del vehículo privado. El gobierno municipal debe decidirse en seguir en ese doble y contradictorio discurso o avanzar a un futuro de una movilidad sostenible, austera y no contaminante en nuestra Murcia y pedanías.
* Ecologistas en Acción de la Región Murciana - 31.07.2008
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
El Campello: El pleno aprueba recalificar suelo público para un colegio privado en L´Amerador
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INFORMACIÓN/Alicante* : El pleno de El Campello rechazó ayer las 3.100 alegaciones presentadas por la plataforma ciudadana contra la recalificación de un terreno municipal en la zona de L'Amerador para que allí se instale un colegio privado.
Los votos del gobierno popular sacaron adelante en el pleno del jueves la aprobación de la modificación del PGOU para su cambio de uso a educativo privado y desestimó los recursos del colectivo creado contra esta medida, que afecta a una parcela de 55.000 m2 en la zona norte.
Tanto PSOE como Bloc y EU rechazaron la propuesta y votaron en contra. Desde el grupo socialista su portavoz Pepe Varó recordó que "en este momento hay cuatro parcelas calificadas de equipamiento escolar de 17.000, 13.000, 6.000 y 5.000 m2 en la zona norte. No es que pensemos que no se cumple con los parámetros, sino que de todas, la mejor situada, entre Amerador y Coveta, es la que quieren para un equipamiento escolar privado de 55.000, mientras las otras cuatro suman 42.000 m2. Es de una total falta de sensibilidad pretender adjudicar una parcela con tan buenas comunicaciones y dimensiones y, sobre todo situación, a la iniciativa privada, cuando lo lógico sería un buen destino escolar y otros usos que también caben en este enclave, pero públicos".
El PSOE recalca que el PP "va a convertir un equipamiento público en un equipamiento privado y eso es un riesgo que en este momento no hay argumentos que lo justifiquen. Lo que sí es cierto es que el municipio tiene graves carencias educativas, debidas fundamentalmente a la falta de inversión, y por lo tanto capacidad de gestión durante años de la Generalitat, de su mismo signo político", criticando que con la medida El Campello pierde patrimonio público.
Desde el Bloc denunciaron las graves carencias de la educación pública en El Campello, recordando que "no dudamos que haya demanda de plazas privadas, pero también la hay y mucho de plazas de colegio públicas". Su portavoz Mario Alberola preguntó al equipo de gobierno si allí se va a levantar un colegio nuevo o por el contrario se trata de un traslado de instalaciones desde otro lugar, advirtiendo que desde cierto centro educativo le han dicho que se trasladan a El Campello. El alcalde le dijo que "en un principio" sería de nueva construcción, no un traslado, pero que no había nada de nada y que se adjudicará por concurso. La edil de EU Erundina Gutiérrez reiteró que "se está favoreciendo a lo privado y mientras se cede una parcela de 9.000 m2 para un colegio público en Fabraquer para uno privado destinan 55.000 m2".
Las alegaciones rechazadas advertían de que la medida supone una pérdida de patrimonio público, que el PGOU no garantiza suficientes dotaciones educativas, que no se ha constatado la demanda de plazas privadas y que en la zona será necesario en el futuro construir un colegio, por lo que exigían que se desestimara la recalificación. La Conselleria ha dado el visto bueno al considerar que hay suficientes dotaciones previstas en el PGOU.
El PP reitera que trabaja "para los dos tipos de enseñanza"
Desde el PP su portavoz Juan José Berenguer afirmó que "nosotros trabajamos para los dos tipos de enseñanza, tanto la pública como la privada", recordando se trata de un proyecto de futuro y en ningún caso el municipio pierde patrimonio. Recordó las actuaciones en marcha en materia educativa pública y destacó que los colegios públicos se instalan en zonas de gran densidad de población, donde hay más demanda, y en L'Amerador la densidad es baja por el tipo de construcciones unifamiliares.
* Información - J. A. RICO - 02 de agosto de 2008
Foto: La parcela pública de L'Amerador tiene 55.000 m2 y acogerá un colegio privado J. A. R. - diarioinformacion.com
Malaga: Sólo tres distritos de la capital tienen las zonas verdes que recomienda la UE
SUR* : La concentración de habitantes no va acompañada en Málaga por una mayor disposición de plazas y jardines en los que poder disfrutar de un rato de charla con los vecinos o llevar a los niños para que jueguen. Así lo demuestran al menos los datos del informe sobre zonas verdes que se incluye en el documento de la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Este análisis pormenorizado de las zonas verdes y espacios libres de los que pueden hacer uso los ciudadanos revela que los sectores más poblados de la capital son los que arrojan un menor índice de jardines por habitante.
Así, Carretera de Cádiz, los barrios junto a la prolongación de la Alameda Principal, es decir, Cruz del Humilladero, Carranque y Los Corazones, y el sector Rosaleda (Trinidad, Carlinda y Miraflores de los Ángeles) registran los menores ratios de verde por ciudadano con 4,9, 2,7 y 3,4 metros cuadrados por vecino, respectivamente. Estos valores distan bastante de los 20 metros cuadrados de jardines por habitante que recomienda la Unión Europea.
En el caso de los barrios de la prolongación de la Alameda, pese a la baja proporción de jardines por vecino, el informe indica que su dispersión hace que casi todas las zonas de estas barriadas tengan cerca alguno de ellos, algo que también se detecta en Carretera de Cádiz. Peor diagnóstico ofrece el sector de Rosaleda, «que es uno de los más deficitarios en espacios libres», según señala el estudio.
El documento llama la atención sobre una deficiente cobertura de las necesidades de ocio y esparcimiento de los malagueños en sectores que, pese a superar el ratio de 20 metros cuadrados de zonas verdes por habitante que marca la UE, presentan problemas por una mala distribución de los jardines. Es el caso de Teatinos, donde las zonas verdes se concentran en exceso en la parte oriental del territorio, y del Guadalhorce, sector en el que predominan las zonas industriales y empresariales y en el que los espacios libres cumplen una función más de pantalla paisajística que de lugar de esparcimiento.
Plazas
A nivel global, Málaga tiene una proporción de 9,2 metros cuadrados de espacios verdes por habitante, la mitad de lo recomendado por las directivas comunitarias. De ellos, la mayor parte (un 53%) son zonas con menos de 1.500 metros cuadrados, es decir, plazas y plazuelas que estructuran y confieren identidad propia a las barriadas. Un 19% de los sectores libres son de mediano tamaño -entre 1.500 y 3.000 metros cuadrados- y un 30% corresponden a grandes parques y paseos con una superficie superior a 3.000 metros cuadrados.
En el lado opuesto a los barrios con más concentración de bloques y menos de jardines se sitúan distritos como Campanillas, Churriana, Puerto de la Torre y el litoral Este, en los que la proporción de espacios verdes se aproxima a los valores recomendados e incluso los supera, como es el caso de los barrios de la costa oriental del municipio, que alcanzan los 30 metros cuadrados por vecino. En el Centro, el ratio es de 13 metros.
El estudio recomienda elegir bien el emplazamiento de nuevos jardines para compensar a las zonas que carecen de ellos.
ZONAS VERDES
Distribución de zonas verdes por sectores de la capital:
1. Guadalmar
Habitantes: 5.089.
Superficie verde (m2): 34.899.
Superficie verde por habitante: 6,8 metros cuadrados.
2. Campanillas
Habitantes: 13.549.
Superficie verde (m2): 237.378.
Superficie verde por habitante: 17,5 metros cuadrados.
3. Centro Histórico
Habitantes: 18.845.
Superficie verde (m2): 253.520.
Superficie verde por habitante: 13,4 metros cuadrados.
4. Churriana
Habitantes: 9.584.
Superficie verde (m2): 167.719.
Superficie verde por habitante: 17,5 metros cuadrados.
5. Guadalhorce (polígonos)
Habitantes: 6.711.
Superficie verde (m2): 443.152.
Superficie verde por habitante: 66 metros cuadrados.
6. Litoral este
Habitantes: 65.921.
Superficie verde (m2): 2.001.132.
Superficie verde por habitante: 30,3 metros cuadrados.
7. Carretera de Cádiz
Habitantes: 107.959.
Superficie verde (m2): 539.185.
Superficie verde por habitante: 4,9 metros cuadrados.
8. Prolongación de la Alameda
Habitantes: 93.482.
Superficie verde (m2): 261.000.
Superficie verde por habitante: 2,7 metros cuadrados.
9. Ciudad Jardín
Habitantes: 61.877.
Superficie verde (m2): 489.440.
Superficie verde por habitante: 7,9 metros cuadrados.
10. Puerto de la Torre
Habitantes: 17.991.
Superficie verde (m2): 223.166.
Superficie verde por habitante: 12,4 metros cuadrados.
11. Rosaleda
Habitantes: 98.673.
Superficie verde: 338.064.
Superficie verde por habitante: 3,4 metros cuadrados.
12. Teatinos
Habitantes: 23.823.
Superficie verde (m2): 758.320.
Superficie verde por habitante: 31,8 metros cuadrados.
* SUR - 02.08.08 -JESÚS HINOJOSA
Foto: Málaga, ayuntamiento desde Gibralfaro - wikimedia.org
Asturias: Los ecologistas advierten de la «mediterranización» urbanística del Occidente
ELCOMERCIODIGITAL* : El barco velero de Ecoloxistes n'Aición, 'Diosa Maat' arribó ayer al Occidente asturiano para iniciar su campaña anual 'Banderas negras'. El objetivo de la misma es poner en conocimiento de la población los problemas medioambientales que afectan al litoral asturiano, tanto los marinos como los costeros.
El programa de actividades comenzó ayer en Tapia con la visita del velero 'Diosa Maat', que atracará hoy por la tarde en el puerto de Navia.
La elección de esta zona como lugar para el desarrollo de las actividades es fruto del apoyo que desde la organización ecologista se pretende dar a los grupos de la zona sensibilizados con el medio ambiente -Aderna y Salter Navia- y a la especial situación de la ría de Navia, identificada como uno de los tres puntos negros de contaminación en aguas de Asturias, junto con la ría de Avilés y el puerto de Gijón.
Urbanización masiva
No es sólo el problema de la contaminación del agua lo que para el grupo Ecoloxistes n'Aición acecha al Occidente asturiano, si no, también la presión urbanística. En este punto, advierten de que la crisis en el sector de la construcción en el Levante español «pueda traer consigo la meditarranización del Occidente». Es decir, «una construcción masiva y desordenada», explicó Paco Ramos, portavoz del citado grupo ecologista.
Sin embargo, la «desacelaración urbanística» en otras comarcas de Asturias, la crisis de la construcción y la modificación de las corporaciones locales «ha atenuado levemente el problema», matizó Ramos.
El velero 'Diosa Maat', con seis tripulantes abordo, realizará un recorrido por la ría de Navia desde el emisario de Ence, donde vierte sus residuos la papelera en la desembocadura de la ría, hasta el meandro de Porto, en la zona donde vierte los residuos la empresa Ilas-Reny Picot.
Desde la organización ecologista afirman que estas dos empresas «superan anualmente las 2.000 toneladas cada una» de vertidos de carbono orgánico, parámetro utilizado para valorar la calidad de las aguas de un determinado lugar. «Si bien es cierto que no existe conocimiento de que la emisión de este desecho provoque efectos adversos sobre la salud humana, se sabe que elevadas concentraciones del mismo inciden en la cantidad de oxígeno de las aguas, causando la pérdida de biodiversidad marina», explicó Ramos.
Por otro lado, en el caso de la papelera naviega «también vierte» a la ría de Navia otros metales «como níquel, plomo o cromo, los cuales tienen una alta persistencia en el medio ambiente y se acumulan en los tejidos de los seres vivos», advierte Paco Ramos.
También reivindican desde la asociación Ecoloxistes n'Aición que Ence es una fuente importante de contaminación atmosférica debido a las emisiones de dióxodo de carbono que liberan y que inciden directamente en el efecto invernadero, «además de otros gases contaminantes como óxidos de nitrógeno y de azufre», explica el portavoz del colectivo.
Puntos Negros: la ría de Avilés, la de Navia y el puerto de Gijón son tres de los puntos con mayor contaminación de sus aguas.
Vertidos: Ence-Navia e Industrias Lácteas Asturianas superan las 2.000 toneladas anuales cada una de vertidos de carbónico orgánico total a la ría naviega.
Problemas: como el macro depósito de Arbón, la política de trasvases y su relación con el urbanismo y los efectos de la autovía en el territorio han sido también denunciados por Ecoloxistes n'Aición.
* El Comercio Digital - 02.08.08 - C. RODRÍGUEZ, Navia
Foto: Un grupo de niños participan en los juegos organizados por Ecoloxistes n'Aición para advertir de los peligros que afronta el litoral. / C. R., elcomerciodigital.com
Las Teresitas y su gestión urbanística
ELDÍA/Tenerife* : Las Teresitas apesta. Es decir, que más allá del asunto de la compra de los terrenos del frente de la playa por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el entorno se encuentra en un estado que se podría calificar de lamentable para cualquier vecino que lo visita y al que no son ajenas las cuestiones legales.
Cuantiosas inversiones del Estado para adecentar la playa, sin ir más lejos, están a la espera de que se resuelva la situación jurídica en torno a la propiedad del frente de playa.
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias anuló -o consideró anulable, según las diversas interpretaciones- la compra de los terrenos por parte del ayuntamiento y obligó a retrotraer la operación, dejando en el "limbo" la situación actual de las parcelas. Este hecho llevó al Gobierno central a paralizar la ejecución de las obras en la playa hasta que se aclare a quién pertenecen realmente los terrenos. Otras obras se encuentran abandonadas, entre ellas las del aparcamiento en la zona de acceso por no cumplir con la legalidad vigente en materia de costas, lo que contribuye a dar un aspecto hasta ahora desconocido de abandono. La falta de servicios, la suciedad y los malos olores son serios problemas para el bienestar de quienes visitan Las Teresitas, la playa de los chicharreros.
... ¿Quién es el principal responsable de esta situación? Sin duda habría que mirar hacia el Ayuntamiento capitalino. Los problemas legales derivados de una operación urbanística que ha ido siendo desmontada por los tribunales son en buena parte responsables del mal estado de la playa. Y hasta ahora la corporación no se ha destacado precisamente por su interés en desenredar el asunto para clarificarlo cuanto antes y encontrar una solución definitiva. La ambigüedad legal en la que se encuentra la propiedad de los terrenos, además, imposibilita una actuación decidida por parte de la Dirección General de Costas, toda vez que no está claro a quién pertenecen realmente los terrenos.
... Por último, mucho se podría añadir sobre los servicios en la playa. Claramente insuficientes, se limitan a un conjunto de duchas y baños que no dan abasto para la afluencia numerosa que registra Las Teresitas, sobre todo durante los meses de verano. Cuestión aparte es la suciedad que se aprecia en la arena y el agua y los malos olores procedentes de un inexistente o muy deficiente sistema de alcantarillado. Pero esto último no es nuevo y es criticado año tras año sin que la corporación municipal haya hecho algo efectivo al respecto. Lo dicho, que Las Teresitas apesta.
* El Día - Roger - 02.08.2008
Foto: Santa Cruz de Tenerife, playa Las Teresitas - mma.es
Marbella: Vecinos denunciarán al Ayuntamiento si regulariza las viviendas ilegales
MÁLAGAHOY* : Diez comunidades de propietarios ya han mostrado su intención de hacerlo. Los vecinos afectados por las viviendas ilegales de la era GIL están en pie de guerra tras saber que el Ayuntamiento de Marbella pretende regularizarlas antes de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Por este motivo, diez comunidades de propietarios, que acudieron en su día a los tribunales para denunciar los inmuebles irregulares que se construían en sus proximidades, ya se han mostrado dispuestas a iniciar acciones legales contra el Consistorio en caso de que éstos se vean inmersos en el proceso de normalización. La abogada de estas comunidades de propietarios, Inmaculada Gálvez, explicó ayer que está elaborando un escrito que dirigirá al Ayuntamiento para hacerle saber que sus representados deben tener conocimiento inmediato de los expedientes de legalización que se abran a alguna de estas diez obras irregulares, ya que son partes afectadas en la causa. Una vez conozcan los trámites iniciados, los vecinos perjudicados por las tropelías urbanísticas del GIL los impugnarán por la vía contencioso-administrativa para evitar que las polémicas obras encuentren acomodo en el nuevo PGOU.
Entre las comunidades de propietarios dispuestas a emprender acciones legales contra el Consistorio se encuentran las de Los Monteros, Casablanca, Lomas de Marbella, La Carolina, Artola, Gran Marbella o Don Gonzalo.
Por otra parte, la plataforma en contra de los derribos de viviendas ilegales, integrada por más de 120 comunidades de propietarios, anunció ayer que van a presentar los escritos pertinentes para que sus inmuebles puedan regularizarse en los próximos meses. A pesar de que en el colectivo se encuentran vecinos de complejos residenciales como Banana Beach o Río Real que, a priori, no podrían acogerse a la legalización porque cuentan con sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anula sus licencias, el portavoz de los afectados, José Ortiz, apuntó que lo van a intentar al igual que otras construcciones ilegales tan emblemáticas como el hotel Senator. En cuanto a quién debe realizar las compensaciones que se tienen que hacer para regularizar las casas, Ortiz cree que las responsabilidades deben recaer en los promotores o en los políticos que concedieron las licencias.
Asimismo, el PSOE denunció ayer que se están realizando unas obras de remozamiento en el hotel ilegal que se construyó junto al Hospital Costa del Sol, cuya licencia fue denunciada porque la parcela donde se levantó está calificada como parques y jardines en el nuevo PGOU.
* Málaga Hoy - Adolfo Valenzuela - 31.07.2008
Foto: Marbella Ayuntamiento - UrbanismoPatasArriba
Gondomar: Una trama dedicada al cobro de comisiones
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LAVOZ/Pontevedra* : La polémica urbanística en Gondomar estalló en el mes de febrero del año pasado, cuando la Guardia Civil detuvo a los antiguos concejales del gobierno local José Luis Mosquera y Alejandro Gómez, y al arquitecto vigués Borja Ramilo. Los tres estaban siendo seguidos desde hacía varios meses al resultar sospechosos de integrar una trama que cobraba comisiones a cambio de regularizar y agilizar licencias urbanísticas.
Un promotor se prestó para actuar de cebo y permitir a los agentes obtener pruebas con las que poder inculparlos. El empresario se presentó a una cita en la cafetería de un hotel del centro de Vigo con José Luis Mosquera para proceder al pago de un soborno a cambio de una recalificación urbanística en el Plan Xeral. Le habían exigido 270.000 euros a cambio de la operación urbanística.
Todo fue grabado con una microcámara oculta en la chaqueta del promotor. Durante la conversación, José Luis Mosquera le garantizó que la corporación no pondría trabas.
Extorsiones
Las declaraciones efectuadas por los cuatro imputados ante la jueza, y las pruebas documentales aportadas, principalmente la conocida grabación en vídeo hecha de manera secreta al concejal de Cultura, hacen concluir que parte de los protagonistas del caso habrían mantenido conversaciones con tres grupos de promotores distintos, a los que presuntamente les reclamaron en total un millón de euros.
Además de los 270.000 euros solicitados al autor de la denuncia, que finalmente fueron rebajados hasta 210.000, a los implicados se les imputaría la petición de otros 600.000 euros por modificar la calificación de una segunda parcela de grandes dimensiones, y 210.000 más por hacer la misma operación en una tercera finca.
Tras su detención, Mosquera pidió perdón y aseguró que el dinero era para la campaña electoral.
* La Voz de Galicia - 1/8/2008
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
NOTICIA RELACIONADA: La oposición de Gondomar recupera un PXOM bajo sospecha de corrupción - La Voz de Galicia - 1.08.2008
