Los concejos asturianos dedican el 58% de los ingresos del suelo a fines no previstos en la ley

ELCOMERCIODIGITAL* : Los ayuntamientos asturianos destinan el 58,5% de los ingresos obtenidos por la venta de suelo a fines no recogidos en la ley. Así consta en el informe que sobre la gestión del patrimonio municipal del suelo ha elaborado el Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso EL COMERCIO.

El documento, que toma datos de 2004, último ejercicio fiscalizado, destaca el alto porcentaje de fondos que los consistorios dedican a actividades «sobre las que no puede afirmarse que se encuentren dentro de las previstas en las correspondientes legislaciones autonómicas», y que en principio deberían invertirse en la construcción de vivienda pública o en otras iniciativas de interés social. La Comunidad Valenciana, Cataluña, Asturias y Castilla-La Mancha son las autonomías que más incurren en esta política, según constata el estudio aprobado en fechas recientes.
Bajo el título 'Fiscalización de la gestión y control de los recursos integrantes del patrimonio municipal del suelo en el ejercicio 2004', el Tribunal de Cuentas analiza a qué dedican los ayuntamientos españoles el suelo público o los ingresos que han obtenido de él. Y la conclusión principal es que una quinta parte de esos recursos -en concreto, el 18,4%- se gastan en actuaciones que las leyes autonómicas no contemplan, aunque eso no quiere decir que sean ilegales. En cualquier caso, el tribunal señala que buena parte de ese patrimonio, en lugar de dedicarse a la construcción de edificios protegidos o a fines sociales, se orienta hacia «inversiones generales, gastos de personal, gastos corrientes y gastos financieros».
Ese 18,4% antes mencionado corresponde a la media nacional, porque las diferencias entre comunidades autónomas son bastante significativas. En concreto, el informe identifica nueve regiones que destinan los ingresos de la venta de suelo a esos fines no previstos por la ley. A la cabeza está la Comunidad Valenciana, que dedica a estos gastos un 65,8% del dinero. Cataluña (61,9%), Asturias (58,5%), Castilla-La Mancha (51,8%) y Aragón (38,7%) lideran la estadística. Andalucía (24,4% de los ingresos), Murcia (23,1%), Galicia (16,9%) y La Rioja (0,1%) la completan.
Edificación
La radiografía del Tribunal de Cuentas, sobre una base de 144 ayuntamientos que acumulan el 48% de la población española, incide además en una cuestión especialmente relevante. Haciendo caso a la legislación vigente, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección debería ser el principal destino del patrimonio municipal del suelo. Los datos revelan que no es así. Del valor total de ese patrimonio, los ayuntamientos sólo orienta a la edificación de pisos públicos un 16,3%. El dato refleja una media nacional, porque también aquí, como en el caso de esos 'fines imprevistos', se aprecian destacadas diferencias.
En este capítulo, los ayuntamientos asturianos se sitúan en un estadio intermedio y destinan a la vivienda protegida un 31% de los recursos del patrimonio del suelo. No parece un mal dato, sobre todo si se compara con los casos de Madrid (8,1%), País Vasco (5,2%), Andalucía (4,5%), Galicia (3,9%) o Extremadura (1,3%). En el otro lado de la balanza están las autonomías que más priorizan en sus políticas la edificación pública: Aragón (44%), Castilla-La Mancha (42,7%) y La Rioja (42,7%).
El análisis del órgano fiscalizador precisa que la mayor parte de los recursos del patrimonio del suelo, un 35,8%, tuvieron como finalidad el apartado de «fines, usos y actividades de interés social». Se trata de una materia regulada de forma diferente por las distintas leyes autonómicas, lo que equivale a que en cada región se pueda destinar el suelo o los ingresos que se obtienen de él a iniciativas muy diversas. Aquí aparecen, por ejemplo, las obras de urbanización o la construcción de equipamientos públicos, así como la planificación urbanística, la mejora y conservación del patrimonio histórico y cultural o determinadas operaciones de promoción económica. Un marco, pues, enormemente amplio y con límites difusos.
La normativa asturiana, por ejemplo, ya recoge en este capítulo la construcción de vivienda protegida. Quizá sea esa la razón de que el Principado no ocupe un puesto especialmente relevante en la estadística de ayuntamientos que orientan el gasto hacia estos fines sociales. Para Canarias, Galicia, Navarra, País Vasco o Extremadura, por contra, se trata de algo prioritario en su política de suelo.
Conservación y gestión
Hay una última categoría a la que los ayuntamientos dedican una parte de sus ingresos. Es, quizás, la menos relevante, ya que concentra las actuaciones de conservación, gestión o ampliación del patrimonio. De hecho, en siete autonomías ninguno de sus municipios invirtió un solo euro. Curiosamente, Cantabria concentró aquí el 86,6% de su gasto. Castilla-La Mancha, por contra, el 0,6%.
El tribunal concluye su análisis del patrimonio municipal del suelo con un reproche final a los ayuntamientos. La mayoría de ellos, apunta, no cuenta con sistemas de control o seguimiento que permitan conocer en qué se ha empleado el suelo público o el dinero que se ha obtenido a través de él. Por tanto, el órgano fiscalizador asume que los datos facilitados por las corporaciones locales no pueden ser plenamente fiables.





* El Comercio Digital - 04.08.08 - Gijón, ANDRÉS SUÁREZ
Foto: Un edificio en construcción en el barrio gijonés de Tremañes. / E. C.