LAVERDAD/Murcia* : El fiscal José Luis Díaz Manzanera considera que el alcalde de Torre Pacheco, Daniel García Madrid (PP), «ha inducido o autorizado» al arquitecto técnico Ramón Cabrera «a realizar claras ilegalidades», en relación a la operación de permuta de unos terrenos con la empresa Polaris que ha llevado a ambos a la cárcel.
Añade el fiscal que el alcalde también ha influido en otros funcionarios municipales con el fin «de que comentan graves ilegalidades para favorecer a otras personas».
Estas consideraciones se hayan en la base del escrito presentado por el fiscal ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial para oponerse a que García Madrid y ramón Cabrera salgan en libertad. En el escrito, al cual ha tenido acceso La Verdad, el fiscal del TSJ apunta que «gran parte de los delitos» imputados al alcalde y al arquitecto técnico corresponden a «conductas dirigidas a favorecer a empresas del grupo Polaris». En el caso del alcalde, José Luis Díaz Manzanera añade el delito de malversación de caudales públicos, que lleva aparejada penas de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta de 10 a 20 años. El alcalde y el arquitecto técnico están en prisión preventiva desde los pasados días 2 y 3 abril por orden del juez salvador Calero.
«Riesgo de reincidencia»
El Ministerio Fiscal sostiene que la operación de permuta de los terrenos (los dotacionales entregados por el Ayuntamiento frente a los rústicos que aportaba Polaris) causó un daño de 5 millones de euros a las arcas municipales. Considera que el alcalde inició la operación urbanística «de motu propio y sin expediente previo que acredite la necesidad de la permuta. Es él quien lleva personalmente las negociaciones cona la empresa privada», añade.
Para oponerse a la salida de la cárcel de ambos, Díaz Manzanera argumenta ante esta sección de la Audiencia con sede en Cartagena sobre el número de delitos que se imputan al alcalde en la totalidad del sumario. Añade que existen expedientes que se siguen analizando, de los que pueden surgir «más conductas delictivas», por lo que se pedirá más documentación al Ayuntamiento, que correría «el riesgo de ser alterada o inutilizada si cualquiera de los privados ahora de libertad gozasen de la misma».
Apunta que los dos detenidos tienen capacidad para acceder a las fuentes de prueba «y sobre todo para influir directamente en otros imputados, testigos e incluso peritos». Por último, el fiscal refiere que quedan actuaciones por practicar, que existe riego de reincidencia y que «no se puede permitir que los imputados vuelvan al lugar donde han estado cometiendo tales conductas».
Defiende sus peritajes
Díaz Manzanera dedica una parte importante de su escrito a defender «la objetividad e imparcialidad» de los dos informe periciales realizados, a petición de la Fiscalía, por una arquitecto y un ingeniero de la Administración del Estado, con el fin de rebatir las críticas sobre las diferentes valoraciones de los terrenos permutados.
El fiscal niega, por otra parte, que haya realizado una investigación paralela a la judicial, como ha denunciado uno de los abogados.
* La Verdad - M. BUITRAGO / R. FERNÁNDEZ - 18.04.2008
Foto: Torrepacheco_ayuntamiento - lomejordemurcia.com
Torre Pacheco: El fiscal cree que el alcalde ha inducido a funcionarios a cometer «graves ilegalidades»
Una trama de corrupción masiva en Mogán
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ELPAÍS/Gran Canaria* : La investigación de la trama corrupta de Mogán (municipio canario de 18.000 habitantes que gobierna el PP) arrancó en junio de 2006, provocó la detención de parte de la cúpula municipal en febrero de 2007 y ha revelado ahora, cuando se ha conocido parte del sumario, unas prácticas escandalosas del alcalde, que sigue en el cargo, y alguno de sus principales colaboradores.
La trama de corrupción abarcaba toda la gestión municipal y algo más: compra de votos por 30 euros, empadronamiento fraudulento, creación de inmobiliarias privadas con testaferros, arbitraria paralización de expedientes o de denuncias municipales, ocultación del vertido al mar de aguas sin depurar, retirada de multas de Tráfico, recalificaciones o contrataciones a la carta... Todo lo que está bajo el poder de un alcalde, Francisco González (PP) que, según el sumario, franquea los límites legales. La investigación empezó bajo la sospecha de que tanto el alcalde como algunos de sus ediles pactaban convenios urbanísticos con empresas inmobiliarias con las que tenían intereses. Se ordenaron pinchazos telefónicos y cada conversación grabada dio un apunte de un delito distinto, por críptico que fuera su lenguaje. Él y su equipo casi nunca hablaban de política, sino de negocios y favores tan privados como ilegales. La investigación sigue bajo secreto. Pero la parte del sumario liberada, 3.000 folios a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran decenas de charlas que sugerían prácticas delictivas. El regidor del PP tenía contactos con guardias civiles para intentar quitar multas de tráfico, hablaba con sus técnicos para mejorar la edificabilidad de parcelas propiedad de otros dirigentes del PP, o dilataba expedientes urbanísticos para evitar la demolición de edificios propiedad de amigos suyos.
* ELPAIS.com - 18/04/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria) 2007, registro domicilio del alcalde - EFE
"¿A cuánto está el voto?". "A 20 o 30 euros"
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ELPAÍS/Gran Canaria* : La investigación de la trama de corrupción descubierta en Mogán ha destapado numerosas prácticas delictivas en este ayuntamiento gobernado por el PP y cuyo alcalde, Francisco González, permanece en su cargo pese a estar imputado y recaer contra él pruebas contundentes de media docena de delitos. Las grabaciones telefónicas evidencian múltiples gestiones del alcalde y su edil Onalia Nieto para vulnerar la ley.
CORRUPCIÓN ECONÓMICA "Ponemos la sociedad a nombre de tu padre"
El 29 de junio de 2006, el alcalde pacta con la concejal Onalia Bueno crear una sociedad a nombre del padre de la segunda.
Paco: Nos hacemos una sociedad, a tu padre lo ponemos y tal, nada más que para la compra y el año que viene pues lo quitamos de eso...y nos ponemos nosotros.
Onalia: Vale, vale.
Su intermediario inmobiliario, Tato, le confirma al regidor un reparto: "Entonces cada uno va tener su propiedad, ella, tú y nosotros". El alcalde, tras oírlo, le urge a crear una sociedad. "Lo que tenemos que hacer ya es la sociedad".
TRATO DE FAVOR "Se lo haces, es de un diputado del PP"
El alcalde de Mogán habla con Marcelino Martín Artiles, jefe del departamento técnico y responsable de la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana. Éste le comunica que una inmobiliaria le ha solicitado mayor edificabilidad sin más precisión. "No se justifica la petición. No dicen ni por qué, ni cuánto, ni cómo". La respuesta del alcalde es concluyente: "No, ellos lo que dicen es que sea como la de al lado, que tiene el 0,20. Dales 0,50 porque van a hacer dúplex adosados". Su subordinado plantea que el promotor podría acogerse a un convenio, pero necesita que clarifique quién está detrás de tal proyecto. El alcalde ya lo sabe: "Esto es de un diputado del PP que me está llamando". Su orden final no admite dudas: "Se lo haces".
SANCIONES PARALIZADAS "Está todo parado. No te preocupes"
El alcalde habla con el empresario Luis Perdomo, quien teme unas sanciones para sus obras. El alcalde se las congelará:
"Las paré todas (...) Está todo parado y bloqueado. No te preocupes (...) No te preocupes por el resto de las sanciones. No te va a llegar ninguna (...) No te preocupes, que la demolición no va a llegar".
MULTAS DE TRÁFICO "No digas nada, mira para otro lado"
El alcalde llega a intervenir para quitar multas de tráfico. Tras recibir una llamada de alguien que teme perder cuatro puntos del carné, contacta con el teniente de la Guardia Civil en Arguineguín:
Paco: Yo te llamaba porque a un compañero le jincaron en Arguineguín, porque ahora se lo saben todo y son cuatro puntos. Fue la Guardia Civil de Tráfico.
Teniente: Sí era de los míos no tenemos problemas, porque con los míos lo arreglo yo, pero con Tráfico está jodío.
Ante una queja vecinal por una terraza ilegal en el puerto, el alcalde ordena a un agente lo siguiente: "No digas nada, simplemente, mira para otro lado". El municipal, horas después, tranquiliza al alcalde:
Juan: Hice un informe con lo que me dijiste.
Paco: ¿Hiciste un informe diciendo que yo te dije que lo hicieras?
Juan: Claro.
Paco: No me jodas, pues entonces rompe ese informe.
Juan: Pero está registrado.
Paco: Pues desregístralo.
Juan: Coño, pero hay una llamada, tengo que ir. Está registrada la llamada.
Paco: Pues cambia el contenido del informe.
Juan: ¿Se puede hacer eso?
Paco: Me vas a comprometer.
FRAUDE ELECTORAL "Hay que empadronar a mucha gente"
La concejal Onalia Nieto es la gran artífice del presunto fraude electoral detectado en esta investigación judicial. En una conversación telefónica insta a una funcionaria a un empadronamiento masivo: "Los voy a derivar a ti, empadronar gente que son de otros municipios, pero que me interesa que voten, que van a llevar un contratillo de nada que les estoy haciendo yo". El tráfico es de ida y vuelta. Le piden que enchufe a una persona en un hotel, ya que si no la admiten podría suponer "por lo menos treinta votos menos". Y Onalia la recomienda. Su brazo ejecutor, Manuel de León, May, le dice que ha captado siete votantes más, procedentes de Melilla. Ve un filón. "Y entonces los rifeños pueden votar, me va a conseguir un montón de gente". "Yo te voy a dar un censo para que tú tengas en cuenta toda la gente", le ofrece Onalia. "Y yo luego le apunto el número de teléfono, y su dirección para ir a buscarlo. Un montón de gente".
El fraude consiste en alojar y empadronar a foráneos durante un fin de semana en los apartamentos que maneja para votar al PP, amén de ayudas económicas a personas necesitadas, singularmente, los inmigrantes. May le detalla tal estrategia al alcalde.
May: El censo está corriendo de cojones. Ahora el primer concejal supone 400 y pico votos. Antes eran 317. Por eso me dice ella [Onalia, según la policía] que hay que empadronar gente. Hay que meter mucha gente. Si conoces amigos, amigas, primos, tráetelos. Vienen el domingo, votan y se van. Y el lunes se empadronan otra vez en Las Palmas, donde estaban ellos antes.
El alcalde no le pone ningún reparo legal. Sus "claro", "ok", "exacto, exacto" sellan tal plan.
May tasa el precio del voto captado en charla con Armando, colaborador en estas acciones.
Armando: Sí, pero el problema es de cuántos votos estamos hablando.
May: No, tú dime a cuánto está el voto y yo te digo cuántos tenemos.
Armando: Ponle de 20 a 30 euros.
May: ¿Entonces puedes conseguir por 30 euros cada voto?
Armando: Sí.
VERTIDOS ILEGALES "El agua se tira sin depurar". "No lo digas"
Un técnico informa a Onalia sobre un problema de una depuradora. "El agua se está tirando al mar sin depurar". La salida de Onalia es contundente: "Entonces eso no lo digas". El alcalde aprueba su criterio:
Onalia: Me dice que la depuradora de la playa está cerrada, pero adivina dónde está yendo el agua. Eso no lo sabes tú.
Paco: Pero no lo digas.
Onalia: Ah, mira que bien, y si la gente lo descubre.
Paco: No, no tiene. Lo que le importa a la gente es que no le esté llegando el olor.
* ELPAIS.com - FRANCISCO MERCADO - Madrid - 18/04/2008
Foto: Mogán (Gran Canaria), alcalde Francisco_Gonzalez - EFE
«¿Este hombre tiene que estar en prisión!»
SUR/Marbella* : Recién se posicionaba en la manifestación, espetaba Antonio Casares, de Las Albarizas, al encuentro con el informador: «Si no lo hace la justicia, seremos los vecinos de Marbella con este tipo de actos quienes evitemos que este hombre (refiriéndose a Juan Antonio Roca) viva tranquilamente aquí, como si nada, después de todo lo que ha pasado». Esta opinión contra la excarcelación del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento fue unánime.
«Claro que sí, y si la fuerza no es suficiente para presionar, pues tendremos que unirnos a la demanda gente de fuera, como yo, que vengo de Ojén; ¿Roca tiene que estar en la cárcel!», refería Olga Santos, una mujer de mediana edad que todavía ayer, tres días después de la salida de la cárcel de Roca, no había resuelto su indignación: «Es una situación increíble; todavía no me creo que este personaje descanse plácidamente en la calle».
Eso, indignación, era el sentimiento común que experimentaban los vecinos que se acercaron al punto neurálgico de la manifestación para airearla sin miramientos. Entendían que allí, justo en ese momento y a esa hora, en el mismo corazón de una ciudad «que todavía se duele del daño que le hicieron entre unos y otros, con un expolio protagonizado principalmente por Roca», definía Francisco Pérez, de la zona de Francisco Norte, debían elevar «juicios altos y claros, directos».
No todos respondieron de esta manera «porque persiste el miedo», admitía Francisco, pero la mayoría sí que emitió su veredicto: Emilio, Ramón o Silvia, entre muchos otros. Declaraciones casi idénticas, hasta en la entonación: «Si la justicia no encarcela a Roca, nosotros presionaremos para que lo haga».
«Mala de los nervios»
Rabia también, impotencia «por el desfalco que sufrió la ciudad», censuraba Pilar Llanos. «Es que es pensar que este hombre, por llamarlo de algún modo, sí, Roca, se llevó ese dinero que yo y el resto de vecinos pagamos a través de los impuestos y ponerme mala de los nervios; por eso estoy aquí, con mi marido y mis hijos, para denunciar su puesta en libertad y transmitir al juez, a quien sea, que debe regresar a la cárcel», opinaba mientras alentaba a su esposo a pronunciarse.
Una indignación que alcanza también los municipios limítrofes como Fuengirola. Desde allí se desplazó Juan Antonio Palacios para unirse al pueblo de Marbella. «Voy a ser muy claro: Roca no puede estar en la calle ni un minuto más; es una pena como dejaron la ciudad, muerta, destruida. Creo además que un episodio como el que vivió Marbella debe unir a toda la provincia», recomendaba. «¿Todos contra la libertad de Roca, sin descanso!», se esforzaba en exclamar con la intención de hacer cómplices del sobresalto al resto de compañeros, como Susana Ruiz, una universitaria que no dudó un segundo en abandonar Málaga capital para quejarse: «Y eso que soy estudiante de Derecho, pero es que la libertad de Roca es indignante».
* SUR - JOSÉ ANTONIO GARCÍA - 18.04.2008
Foto: Protesta. Los manifestantes portaron pancartas en las que reclamaban justicia tras la puesta en libertad de Roca/ J-LANZA, diariosur.es
NOTICIA RELACIONADA: Más de 1.500 vecinos muestran en la calle su indignación por la excarcelación de Roca - SUR - 18.04.2008
Vivienda Digna exige 'bajadas inmediatas' en los precios de la vivienda protegida
EUROPAPRESS* : La Plataforma por una Vivienda Digna exigió hoy "bajadas inmediatas" en el precio de los módulos de la vivienda protegida y reclamó que se acuerden estas reducciones en el marco del pacto de Estado sobre vivienda propuesto por la nueva ministra del ramo, Beatriz Corredor.
Concretamente, la asociación hizo pública en un comunicado su "más absoluta indignación" por las recientes subidas de precio de la vivienda protegida en algunas comunidades autónomas como Madrid, Castilla-León o la Comunidad Valenciana.
Según argumentó la Plataforma, "las subidas son una auténtica provocación a millones de jóvenes y familias de escasos recursos y sólo tienen como finalidad proteger a los que hacen negocio con la promoción de viviendas de este tipo".
En este sentido, prosiguió señalando que "el beneficio de promotores y propietarios del suelo ya era muy elevado con los precios anteriores y que aún será mayor a partir de estas subidas".
En porcentajes, la subida media en Madrid será del 24% y llegará en algunas tipologías al 31%. En Castilla-León será del 15% y en la Comunidad Valenciana, de confirmarse el incremento, se dará el caso de que en varios municipios la vivienda protegida será más cara que la vivienda libre. La Plataforma está en contra también de las subidas anunciadas para el País Vasco, aunque en este caso son más moderadas, entre un 3% y un 6%.
Ante esta situación, la Plataforma aseguró que la gestión de la vivienda pública en dichas comunidades podría llevarse ante el Tribunal Constitucional, ya que "ahora es fácil demostrar que con la construcción de vivienda protegida se producen importantes plusvalías sobre las que no se ofrece ningún tipo de información, lo que vulnera distintos preceptos constitucionales".
Por otro lado, la asociación afirmó que recibe "positivamente, aunque con cautela", la idea de un pacto de Estado sobre vivienda anunciado por Corredor. En este sentido, solicitó a las administraciones que busquen "urgentemente" un modelo de financiación local "más equilibrado" y que fomenten un nuevo paradigma económico que no se base en "esquilmar a los jóvenes y endeudar a las familias".
En cualquier caso, la asociación concluyó apuntando que "con más de 3 millones de viviendas vacías, deberían buscarse fórmulas que supusieran su salida al mercado".
* Finanzas - Europa Press - 17/04/2008
Unas 2.000 personas se concentran en Marbella contra la excarcelación de Roca
TERRA* : Más de 2.000 personas, según fuentes municipales, se han concentrado hoy en el Parque de La Alameda de Marbella para protestar por la reciente excarcelación del presunto cerebro de la trama de corrupción municipal descubierta en la Operación Malaya, Juan Antonio Roca.
Al encuentro, convocado por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Marbella y San Pedro, han asistido los tres partidos políticos representados en el Ayuntamiento, PP, PSOE e IU, así como numerosos colectivos sociales del municipio y varios ciudadanos a título particular.
Además de la pancarta central en el que rezaba el lema de la concentración, 'Marbella indignada. Justicia ya', se han visto carteles por todo el Parque de La Alameda, en las que se leía 'Roca, ladrón, vuelve a prisión', 'Destierro', o 'Román y Roca, las dos personas non gratas son'.
El acto ha terminado con la lectura de un manifiesto a cargo del que fue concejal independiente por el PP en la anterior legislatura, Rafael de la Fuente, que ha centrado su alocución en la 'lucha indefensa que hemos tenido que afrontar'.
La lectura ha terminado aludiendo al 'precio que hemos pagado' que 'ha sido demasiado alto y demasiado injusto'.
'No podemos pactar con el silencio, con el dinero sucio ni con la burla' ha aseverado De la Fuente, quien ha terminado pidiendo 'justicia desde la dignidad'.
El presidente de la Federación de Vecinos de Marbella y San Pedro, Alejandro Dogan, ha enfatizado que Roca 'no es presunto' como tampoco lo son 'las carencias y necesidades' del municipio.
Ha anunciado además que ha pedido una 'orden de alejamiento' para el ex asesor urbanístico porque 'es el maltratador de Marbella'.
Por otra parte, el portavoz del gobierno municipal, Félix Romero (PP), ha destacado la asistencia 'masiva' al acto que significa 'claramente el sentir de la ciudadanía'.
En representación del PSOE, su recién elegida nueva portavoz municipal, Susana Radío, ha señalado que 'la imagen de Marbella no debe estar representada por este tipo de actos' y que 'hay que buscar mecanismos para mejorarla'.
El portavoz de IU, Enrique Monterroso, ha lamentado lo que para él ha sido una 'asistencia escasa' y ha aseverado que 'esperaba más y quiero más'.
Juan Antonio Roca abandonó el pasado lunes la prisión de Albolote (Granada) después de que su entorno abonara la fianza de un millón de euros que había fijado el 27 de marzo el juez del 'Caso Malaya', Oscar Pérez, para su puesta en libertad.
Roca, al que el instructor de la causa considera el presunto cerebro de la trama de corrupción investigada en el procedimiento judicial, ingresó el 31 de marzo de 2006, en el centro penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), donde permaneció hasta el 6 de octubre del mismo año, fecha en la que fue trasladado a la cárcel de Albolote.
El magistrado imputa a Roca los delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, cohecho, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y subastas públicas, malversación de caudales y contra la flora y fauna, entre otros.
* Terra Actualidad - EFE - 17-04-2008
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
Madrid: Los ayuntamientos no publican el planeamiento urbanístico en su web
Ecologistas en Acción* ha realizado un informe para conocer el grado de cumplimiento de la Ley de Suelo estatal en cuanto a acceso a la información en materia urbanística. A pesar de que la Ley de Suelo establece la obligación de publicar en la web el planeamiento en vigor, menos de un tercio de los municipios mayores de 5000 habitantes lo cumple. Para esta organización, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.
La Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción ha puesto en marcha una campaña para conseguir que los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid conozcan su obligación y permitan a sus ciudadanos ejercer su derecho de acceso, fácil y rápido, a la información urbanística. Para ello y, entre otras iniciativas se ha elaborado un informe que se centra en conocer qué municipios mayores de 5.000 habitantes de la Comunidad de Madrid cuentan en su página web con el contenido íntegro y actualizado del Plan General de Ordenación Urbana. De ellos se ha comprobado cuáles incorporan, además, la posibilidad de consultar de una manera sencilla los planos de clasificación de suelo del término municipal.
Con esta campaña, Ecologistas en Acción pretende seguir luchando por la transparencia y el derecho a la información de todos los ciudadanos en materia urbanística.
Los resultados del estudio muestran, que de 69 municipios consultados, que representan el 85% de la población total de la Comunidad de Madrid, tan sólo 21 (un 30%) tienen publicado en la página web del municipio el contenido del Plan General de Ordenación Urbana, mientras que 48 no lo hacen. Además, de ellos, tan sólo 10 disponen de planos a parte del documento de texto. Un resultado pobre, según Ecologistas en Acción, ya que hace más de seis meses que la Ley del Suelo Estatal entró en vigor y los municipios deberían haberse adaptado a lo dispuesto en esta norma.
El acceso a la información ha sido siempre uno de los principales problemas para el ciudadano en materia urbanística, especialmente acusado en la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes el pasado mes de Julio. Para Ecologistas en Acción, la aprobación de esta Ley ha supuesto un obstáculo en el acceso a la información, ya que exime a los municipios de la obligación de publicar por vía telemática el contenido de los instrumentos urbanísticos. Obligación que sí contempla la Ley del Suelo Estatal. Por lo tanto, a juicio de la organización ecologista, la transparencia y la información pública en el urbanismo sigue siendo una asignatura pendiente para la Comunidad de Madrid.
* Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid - 17 de abril 2008
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google
Mallorca: El juez ya ha interrogado a ocho testigos por el caso del Plan Territorial
DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ya ha tomado declaración, en calidad de testigos, a ocho personas por el llamado caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM), un sumario que se abrió hace algunas meses tras una querella de la fiscalía anticorrupción de Balears y que pretende esclarecer si se produjo una trama de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma urbanística.
Entre las personas que ya han comparecido en el juzgado se hallan un conocido empresario de la promoción inmobiliaria, varios expertos en urbanismo privados y del sector público, y algunos particulares.
La relación de testigos que ya han comparecido en el juzgado de instrucción número seis incluye a Antonio Ramis Ramos, que entre 1997 y 2003 fue decano del Colegio de Arquitectos de Balears y que también es licenciado en derecho; y Josep Antoni Giménez Serra, secretario de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), una instancia que, entre otros cometidos, debe velar por la adaptación de los proyectos urbanísticos a las prescripciones medioambientales del PTM.
Fausto Ferrero
Entre los empresarios que han sido oídos dentro del sumario destaca Fausto Ferrero, uno de los más importantes promotores inmobiliarios de Balears. Ferrero acudió al juzgado de instrucción 6 con su asesor Juan Buades. El promotor fue interrogado acerca de algunos proyectos urbanísticos que había emprendido en los últimos años. Ferrero explicó que había tenido desigual suerte con estas operaciones, puesto que algunas de los terrenos que había comprado pensando que eran suelo urbano, habían sido desclasificados posteriormente dando al traste con su negocio.
El listado de testigos incluye a varios particulares como Luis Campins Oliver o Cristina Arroyo Botana. También aparecen entre los citados Antonio Barceló Ventayol, Ana Bennasar Gallent y Luis Campins Oliver. Juan Llull Ribas es el último de los testigos que ha depuesto ante Florit y los fiscales anticorrupción.
Fuentes próximas al caso han señalado que la prueba testifical ha incidido sobre algunas operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Mallorca donde presuntamente, y con ocasión del proceso de elaboración y redacción del PTM, se produjeron pelotazos urbanísticos millonarios al comprarse fincas rústicas que pasaron después a ser urbanizables.
Anticorrupción intenta esclarecer si se produjo tráfico de información privilegiada entre políticos de Unió Mallorquina y el Partido Popular, que gobernaron en la pasada legislatura el Consell de Mallorca y el Goverm, con promotores o constructores para indicarles cuáles eran las áreas rústicas que iban a recalificarse en urbanizables.
La investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado noviembre la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados.
Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.
El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año.
* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 17 de abril de 2008
Foto: Un grupo de ecologistas protesta contra el Plan Territorial de Mallorca/ Sebastiá Llompart, diariodemallorca.es
El TSJC anula el plan de carreteras del Norte de Gran Canaria
CANARIAS7* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha estimado el recurso interpuesto por la Comunidad de Regantes El Chorro Alto y la Comunidad de Regantes 'Las Ñameras' en contra del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias del norte-centro de Gran Canaria.
El recurso solicitaba que se anulase la decisión de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (COTMAC) del Gobierno de Canarias, del 25 de febrero de 2003, que aprobaba definitivamente y de forma parcial ese plan, con excepción de la zona entre San Andrés y Guía.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC ha estimado ese recurso por considerar que tal decisión no se ajusta a derecho, según establece el fallo.
El Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria fue aprobado definitivamente y de forma parcial por la COTMAC el 25 de febrero de 2003, excepto en el área afectada por el Tramo III, entre San Andrés y Guía, que se suspendió hasta que se realizasen nuevos estudios que analizasen las afecciones ese tramo de costa, tanto en lo referente al Parque Rural de Doramas y al Barranco de Azuaje, como al entorno del litoral, y se reconocieron varias alternativas a los tramos I y II propuestos.
El TSJC fundamenta su decisión en el incumplimiento de diversos requisitos administrativos previstos en el planeamiento imprescindibles para la aprobación del Plan Territorial Especial de Infraestructuras Viarias de la Zona Norte central de Gran Canaria, como la necesidad de contar con una declaración de impacto medioambiental o que un Plan Territorial cuente con un anteproyecto diferenciado del propio plan, entre otros requisitos administrativos que la COTMAC incumplió.
* Canarias 7 - EFE - 17 abril 2008
Foto: Gran Canaria, futura carretera del Norte en Bañaderos - P.L.Mateos, laprovincia.es
Nuevo juicio en Cantabria por un delito urbanístico
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PÚBLICO* : El alcalde de Castro Urdiales (Cantabria), Fernando Muguruza, se sentó ayer en el banquillo como imputado por un presunto delito de prevaricación en la adjudicación de una obra pública en la anterior legislatura, y afirmó ante el juez que desconocía que el gerente de la empresa beneficiada fuera el hermano de uno de sus socios de gobierno.
El juicio tiene lugar a raíz de una querella presentada por la Fiscalía contra el equipo de gobierno, en 2004, por haber adjudicado presuntamente "a dedo" las obras del túnel de Mioño a la empresa del hermano de Jaime Díez Muro, edil del Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Muguruza descargó la responsabilidad del gobierno anterior sobre el entonces edil de Obras, Salvador Hierro (IU) -hoy en la oposición-, al afirmar que la Junta se limitó a dar "el visto bueno" a la adjudicación pues daba "por hecho" que el titular del ramo había "realizado bien su trabajo".
En su declaración ante el juez, Salvador Hierro manifestó, por su parte, que la adjudicación de la obra del túnel de Mioño fue "perfectamente correcta". En cualquier caso, también trató de echar balones fuera, pero no contra sus antiguos socios de gobierno, sino contra los servicios técnicos municipales. Según dijo, un edil "no está cualificado" para saber cuáles son las exigencias legales que debe cumplir un proyecto.
Preguntado si conocía la relación familiar entre el gerente de la compañía Izeta y Jaime Díaz Muro, contestó que esa firma era "una más de tantas y tantas" que se presentan a las adjudicaciones.Durante la sesión, también declararon ante el juez de Instrucción número 2 de Castro Urdiales los ediles del PP José Miguel Rodríguez y Concepción Carranza, los ex concejales del PRC Tomás Molinero y Jaime Díaz Muro, así como el hermano de este último, Ignacio Díaz Muro, gerente de la empresa adjudicataria. También prestó declaración el ex concejal de IU Santiago Vélez.
El líder de AxC, Rufino Díaz, que la anterior legislatura estaba en la oposición y hoy forma parte del gobierno municipal, negó ante el juez que él hubiera presentado una denuncia contra el alcalde y otros seis ediles.
* Público - GUILLERMO MALAINA - Bilbao - 16/04/2008
Foto: Castro Urdiales (Cantabria) - flickr
El Ayuntamiento de Granada pagará 18 millones por una expropiación ilegal
ELPAÍS* : El Tribunal Supremo ha dictaminado que la expropiación de unos terrenos en el Campus de la Salud por parte del Ayuntamiento de Granada, llevada a cabo en 1998 cuando era alcalde Gabriel Díaz-Berbel (PP), fue ilegal. Este fallo firme supondrá, una década después, que el consistorio deberá abonar ahora 18 millones de euros o devolver los terrenos expropiados.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que consideró en 2007 ilegal la expropiación, y no ha admitido a trámite el recurso presentado por el Ayuntamiento. El auto obliga al consistorio a pagar los costos del prolongado proceso y a negociar una cantidad, que en última estancia fijará un juez, pero que ha sido calculada en 18 millones como compensación por haber cambiado el Ayuntamiento el uso de los terrenos, de rústicos a urbanos.
Los hechos se produjeron en 1998 tras la aprobación del pleno municipal para delimitar los terrenos que se iban a expropiar para construir el Campus de la Salud. Tras solventarse todos los trámites, los dueños del suelo vieron cómo en sus terrenos, además de erigirse parte del campus, se construían viviendas, pese a que el Ayuntamiento no fijó el pago de su suelo como residencial, sino como rústico. La sentencia del alto tribunal andaluz valoraba que permitir la expropiación supondría "un uso libérrimo y excesivo de una posibilidad (expropiar) que tiene una justificación legal muy clara y precisa".
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), confirmó ayer que negociará con los propietarios de los terrenos para ver "cómo y en qué plazo" afronta el consistorio las expropiaciones. A pesar de afirmar que la disposición de ambas partes es "buena", el regidor reconoció que el pago supondrá "un quebranto" para las arcas municipales, y no descartó la devolución de los terrenos. "Es la parte que tenemos que negociar", señaló.
Mientras, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Torres Vela, estimó que la sentencia supone "el fracaso absoluto" de la manera de gestionar el urbanismo del PP. "El PP es el responsable de utilizar el urbanismo como principal fuente de ingresos municipal a cuenta del patrimonio del suelo", criticó.
* ELPAIS.com - Granada - 17/04/2008
Foto: Granada, ayuntamiento - picasaweb.google.com
Urbanismo, problemas de gobernabilidad
MANU FERNÁNDEZ/OIHANE MACÍAS* : En un artículo anterior repasábamos algunas de las causas que han generado un proceso urbanizador con enormes impactos económicos, sociales y ambientales, y señalábamos algunas respuestas legislativas e institucionales que se están dando en la actualidad en el contexto español. No abordábamos, sin embargo, el fenómeno de la corrupción y las relaciones clientelares entre los actores económicos del desarrollo urbano y las instituciones públicas locales. Aunque sea de forma breve, en el presente artículo queremos abordar esta situación desde la perspectiva de la gobernabilidad en tres aspectos.
LAS CONDICIONES SOCIALES Y CULTURALES PARA UNA BUENA GOBERNANZA
Podríamos entender, por un lado, que el fenómeno de la corrupción se aprovecha de los resortes sociales que promocionan y dignifican actitudes de ostentación, de gusto por determinada concepción de la modernidad basada en las infraestructuras y los mega-proyectos, de falta de consideración a los valores ambientales y de promoción social de determinado tipo de inversores y empresarios. En muchos casos, la corrupción urbanística es un delito socialmente consentido, por lo que es necesaria una sociedad fuerte, con una cultura del territorio a largo plazo, una sociedad capaz de reprobar colectivamente las formas de degradación urbana y los procesos más oscuros de intervención urbanística.
LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO DE DECISIONES PÚBLICAS
Otra vertiente de análisis sería la falta de transparencia, información y participación social en las decisiones del proceso urbanístico, entendiendo que un mayor control y una mejor integración de todos los intereses en juego en el desarrollo municipal pueden asegurar mejor no sólo la legalidad del proceso sino también la adecuación de los resultados al interés general. En este ámbito sí tenemos ejemplos de legislaciones que han querido avanzar en este aspecto como vía de profundización democrática y de establecimiento de mecanismos de control de la corrupción. Así, la legislación más innovadora en el tiempo en esta materia fue la catalana, que en 2002 abrió la posibilidad a que cualquier municipio creara un Consejo Asesor Urbanístico y apruebe un Programa de Participación Ciudadana. Planteamientos similares ha incorporado la ley vasca de 2006. Por su parte, la recientemente aprobada legislación estatal, destaca, en cambio, la significación que se le da a la ciudadanía como sujeto de derechos y obligaciones en materia de urbanismo, ofreciendo así un estatuto subjetivo al interés general en el proceso urbanístico. En este caso, la legislación estatal apuesta por reforzar el derecho de información, al incidir en las diferentes vías de puesta a disposición de los ciudadanos de la información relacionada con los procedimientos urbanísticos, una condición necesaria para poder ejercer de manera efectiva el derecho de participación.
El tiempo dirá si estos mecanismos son suficientes, si bien los procesos de participación necesitan de ciertas condiciones sociales, nuevamente (por ejemplo, una mayor cultura de participación) para que puedan desarrollarse con cierto éxito.
LA ACTUACIÓN INDIVIDUAL (Y EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE SE DESARROLLA ESTA ACTUACIÓN) DE LOS RESPONSABLES PÚBLICOS DE NIVEL TÉCNICO Y POLÍTICO
En tercer lugar, otro aspecto de la gobernabilidad de las políticas urbanísticas tiene que ver con los propios resortes institucionales de control de la actuación de las instituciones. Aquí, en el ámbito municipal, la figura clave es la de los/as interventores/as municipales, que son los funcionarios públicos encargados de velar por el correcto uso de los fondos públicos (función de control y fiscalización interna de la gestión económico-administrativa y presupuestaria).
Sin entrar en muchos detalles, sería conveniente reforzar, por ejemplo, la figura del interventor municipal, independiente del propio Ayuntamiento, de los cargos políticos municipales a los que debe controlar. La falta de precisión en su encaje institucional con el resto de organismos encargados del control de los presupuestos públicos (por ejemplo, los tribunales de cuentas) y la falta de reconocimiento por parte de la sociedad de su función, son obstáculos que una vez salvados podrían reforzar la actividad de la intervención municipal. Tenemos, por tanto, una materia que puede parecer fácil de corregir con medidas legislativas, pero que, tiene mucho más que ver con la independencia de los funcionarios públicos, con la concepción de los cargos políticos, con el concepto social de ilegalidad, etc., elementos que tampoco pueden resolverse únicamente a base de legislación.
En definitiva, tres elementos sobre los que consideramos necesario actuar para asegurar una mejor gestión del territorio en clave de gobernabilidad, sin olvidar que, en los tres casos, se requiere un cambio más profundo que el que pueden ofrecer nuevos marcos legislativos. Avanzar hacia un Contrato Social por el Territorio, que aúne estos elementos -y otros- con compromisos a corto y largo plazo por parte de los agentes implicados podría ser un buen vehículo.
* Naider - 24/05/2007
Anulan la autorización para construir una pista de esquí en Tordesillas
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ELNORTE/Valladolid* : El Juez de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid ha anulado el Acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tordesillas que autorizaba la construcción de la pista de esquí seco de Villavieja del Cerro, en la que constituye la primera de las sentencias judiciales sobre la polémica instalación promovida por la Diputación Provincial de Valladolid a través de la Sociedad Provincial de Desarrollo.
La sentencia entiende que "en la tramitación del expediente administrativo no se ha respetado el trámite de información pública", faltando "datos relativos a la superficie y ocupación de la parcela, alturas, materiales, dotación de servicios necesarios, justificación de las circunstancias de interés público", que o no fueron aportados por el promotor o se facilitaron con posterioridad a la exposición pública, impidiendo "el previo debate social".
Tampoco se respetó el procedimiento administrativo al otorgar la autorización de uso de suelo rústico dos meses antes de la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental favorable al proyecto, invirtiendo el orden legal de los permisos.
Respecto al fondo del asunto, el juez constata que "se está ante un uso incompatible con las categorías de Suelo Rústico con Protección Natural Forestal y Paisajística" que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Tordesillas adjudica al emplazamiento elegido para la construcción de la pista de esquí. Asimismo, confirma que los terrenos objeto de intervención sufrieron un incendio en 1999, y que la Ley de Montes prohíbe el cambio de su uso forestal al menos durante 30 años, circunstancia que ya motivó la suspensión judicial de las licencias ambiental y de obras en septiembre del 2007.
Finalmente, la sentencia señala que no se ha acreditado la existencia de un interés público en la obra, que faculte para su implantación en suelo rústico con protección. La sentencia es contundente en este aspecto al señalar que "no puede considerarse que el proyecto vaya a redundar en beneficio de todos los administrados, sino que este beneficio podrá entenderse producido para las personas que puedan obtener un puesto de trabajo". El supuesto interés general queda así reducido a un mero interés de parte, que no justifica los daños ambientales producidos.
* El Norte de Castilla - 16.04.08
Foto: Obras de la pista de esqui de Villavieja del Cerro / Fran Jiménez, nortecastilla.es
El ex alcalde de Yaiza dio otra licencia a Costa Roja después de que el Cabildo recurriera la inicial
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes concedió a la mercantil Residencial Costa Roja S.L. la licencia para el proyecto de ejecución del proyecto de 1.012 viviendas, 2.559 garajes y 228 locales en Playa Blanca después de que el Cabildo interpusiera recurso contencioso administrativo contra la licencia de construcción otorgada para el proyecto básico de esa misma urbanización.
Reyes dio esa segunda licencia después de que se hicieran públicos dos informes, uno encargado por el Cabildo y otro por la Oficina del Plan Insular que resultaron contrarios a la concesión de la licencia para el proyecto básico. Incluso el pleno del Cabildo, en febrero de 2007, acordó por unanimidad ejercer todas las acciones a su alcance para cumplir la legalidad.
Esta licencia se concedió el 8 de junio de 2007, en un periodo en que Reyes se mantenía como alcalde en funciones tras las elecciones del 27 de mayo, que había vuelto a ganar, aunque no sabía si acabaría gobernando. En diciembre de 2006 había concedido licencia para el proyecto básico de esa gran urbanización y el Cabildo, tras conocer que se había otorgado ese permiso, decidió recurrirla en los tribunales. Posteriormente, en julio, solicitó la paralización cautelar de las obras y en septiembre el Juzgado número 5 de Las Palmas estimó esa paralización.
El consejero del Cabildo Carlos Espino presentó una querella criminal el 16 de abril contra Reyes, el jefe de la Oficina Técnica, Antonio Lorenzo, y el secretario municipal, Víctor Bartolomé Fuentes.
Precisamente, estos dos funcionarios firman sendos informes relativos a la licencia para el proyecto de ejecución el mismo día que se otorgó, el 8 de junio. Los informes, muy breves (tan sólo un folio cada uno), no hacen mención ni al informe negativo de compatibilidad con el PIO ni al informe, también negativo, encargado por el Cabildo al abogado Agustín Domingo Acosta. En la licencia municipal se hace referencia a un dictamen encargado al catedrático de Derecho Administrativo Rafael Entrena Cuesta, fechado el 23 de mayo, relativo a la conformidad a Derecho de las actuaciones municipales respecto a ese expediente.
INDEFINICIÓN. Los informes no dicen que sean favorables a la concesión de dicha licencia y tampoco dicen lo contrario. El del secretario se limita a dejar constancia de que no han variado las circunstancias urbanísticas del expediente respecto a la aprobación del proyecto básico y que tampoco han variado las de la parcela. Se remite a su anterior informe, en el que, por cierto, se advertía la necesidad de contar con informe de compatibilidad del PIO, que cuando se emite, antes de junio, resulta ser negativo.
En el informe del jefe de la Oficina Técnica se indica que en el proyecto de ejecución no se realizan modificaciones sustanciales con respecto al proyecto básico y que la situación urbanística no ha variado. Señala Lorenzo en su informe que la parcela no se encuentra dentro de la delimitación de suelo urbano del Plan General de Yaiza "vigente en la actualidad ni en el posterior PERI de Playa Blanca". También reconoce que no hay ordenación pormenorizada de la parcela. Pese a estas circunstancias, sorprendentemente, no dice que el informe sea desfavorable a la concesión de la licencia en ese suelo.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA - ARRECIFE - 16 de abril de 2008
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
Tarjeta roja: esta Liga es un ladrillo
ELECONOMISTA* : La crisis inmobiliaria no deja títere con cabeza y cada vez son más los sectores que se ven perjudicados por el estallido de la burbuja. La vinculación de los clubes de fútbol con pequeñas y grandes compañías dedicadas al mercado de la vivienda se empieza a notar y a más de uno le han enseñado ya la tarjeta roja.
Promotoras, constructoras, empresas de materiales de obra... doce de los veinte equipos que conforman la primera división del Campeonato Nacional de Liga podrían cambiar la pelota de fútbol por la calculadora. La crisis amenaza no sólo a las empresas que participan directamente en su capital, sino también a la principal fuente de ingresos de sus dueños.
Sociedades anónimas
Con la transformación en 1992 de los clubes deportivos en sociedades anónimas, los activos de los diferentes equipos, a excepción del Real Madrid, Barça, Athletic de Bilbao y Osasuna, pasaron a ser manejados por accionistas con intereses particulares.
El caso más grave tal vez sea el del Racing de Santander que, a pesar de estar jugando una de las mejores temporadas de su historia, ha visto cómo su máximo accionista, la constructora Seops, se veía obligada a acudir a un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos.
A pesar de ello, el equipo asegura en su página web que la situación de su dueña no le va a perjudicar especialmente. Los cántabros han sido los primeros en verse afectados por la crisis inmobiliaria, pero hay otros clubes que deberían empezar a preocuparse.
Un golazo imprevisto
Real Zaragoza, Betis, Atlético de Madrid, Murcia, Mallorca, Levante, Almería, Sevilla, Valencia y Villareal podrían correr en un futuro la misma suerte que el Racing. Evidentemente, la caída dependerá más que de los resultados deportivos, de la capacidad de sus accionistas para sobreponerse al estallido de la burbuja inmobiliaria.
La crisis amenaza especialmente a los tres equipos valencianos. El caso más significativo es, sin duda, el del Valencia, controlado por el promotor Juan Bautista Soler, que ha llevado a cabo bajo su gestión dos operaciones urbanísticas ahora en entredicho.
La primera es la del nuevo estadio en la ciudad, para la que logró antes que el Ayuntamiento recalificara el suelo del actual Mestalla en la avenida de Aragón y permitiera la construcción de viviendas. Los ingresos estimados para el club por la operación se elevaban a 300 millones de euros, pero las cosas no han sido totalmente como él pensaba.
El Valencia y la venta de suelo
El Valencia inició el año pasado la venta del suelo con la subasta de una primera parcela, de un total de cinco, por 90 millones. El problema es que esa primera subasta no logró atraer a ningún comprador y fue el propio Soler el que tuvo que asumir la compra.
La otra gran operación es la de la futura ciudad deportiva de Ribarroja, que el propio Soler ha calificado de "pelotazo". Aquí compró suelo rústico por 36 millones, según se publicó en la prensa valenciana, y luego obtuvo la recalificación, vendiendo la parte residencial a Nozar.
La jugada se completaría si lograra la recalificación del suelo de la actual ciudad deportiva de Paterna para uso residencial y comercial, pero de eso no se sabe nada y el proyecto está ahora mismo paralizado.
Algo mejor parece la situación del Villarreal, aunque su principal accionista sea Fernando Roig, dueño de la azulejera Pamesa. Hasta ahora, esta empresa es una de las pocas que ha sabido mantenerse frente a la crisis a pesar de las dificultades por las que atraviesa el mercado.
El peor parado, sin embargo es el Levante, último de la Liga, y con una grave crisis financiera. Su anterior accionista era el promotor Pedro Villaroel, que ha vendido el club a Julio Romero Salvador, relacionado también con el mundo de la construcción a través de la empresa Trover.
Pelotazos urbanísticos
La avalancha de suspensiones de pagos y quiebras que vive el sector inmobiliario no augura nada bueno, pero es cierto también que en el pasado los clubes han sacado también tajada de la especulación urbanística. La venta estadios y la posterior recalificación de los terrenos que ocupaban han sido algunas de las tretas utilizadas por más de un equipo.
Gracias a la colaboración que han obtenido de los Ayuntamientos, y en algún caso de la Comunidad Autónoma respectiva, la mayoría ha conseguido gracias al cambio del uso legal del suelo sanear sus maltrechas cuentas.
Según un estudio del profesor Jordi Blasco, publicado por la Universidad de Barcelona, en los últimos cinco años los clubes de fútbol han ingresado más de 1.000 millones de euros por el incremento del precio del metro cuadrado del suelo que ocupaban sus estadios.
Aunque en un principio se encontraban en las afueras de las ciudades, con el aumento de población los campos han acabado en el centro y, tal y como ha ocurrido en otros países de Europa, muchos han optado por un cambio de localización.
El Real Madrid gana
La operación que más beneficios ha reportado hasta ahora a un club, ha sido la venta de los terrenos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid, por la que según Blasco, se calcula que el club ingresará, una vez urbanizados los 150.000 metros cuadrados, una cantidad cercana a los 600 millones de euros.
Pero el auténtico pelotazo vendrá de la jubilación del Santiago Bernabeu, en pleno centro del Paseo de Castellana. Esta operación, sin embargo, está aparcada y es difícil que se pueda rescatar, salvo que la capital sea elegida como sede de unos Juegos Olímpicos o que el club se encuentra al borde de una axfisia económica.
El Atlético cedería su campo
El primero que ha intentado sacar partido de las Olimpiadas, se celebren o no en la capital española, ha sido el Atlético. Los colchoneros llegaron a un acuerdo con el Ayuntamiento por el que el estadio Vicente Calderón será demolido y en su lugar se levantará un parque de 30.000 metros cuadrados frente a la ribera del Manzanares.
A cambio, el Atlético se trasladará a La Peineta, que será suyo a partir de 2016, año en el que se espera que se disputen en Madrid los Juegos Olímpicos. La familia Gil valoró el estadio en 226 millones de euros, pero el Ayuntamiento fijó el precio finalmente en casi 80 millones. El problema es que el club tendrá que invertir 160 millones de euros para acometer la reforma de La Peineta, para eliminar las pistas de atletismo y crear las nuevas gradas.
A la espera también de las obras están el Athletic de Bilbao, que trasladará el viejo San Mamés sólo unos metros, y el Zaragoza, que transformará La Romareda aprovechando la Expo 2008 y levantará un centro comercial adjunto.
* El Economista - Alejandra Ramón / Javier Romera - 15/04/2008
Foto: Madrid, inicio nuevas torres en la ciudad deportiva Real Madrid- 20minutos.es
NOTICIA RELACIONADA: Los clubes de fútbol afectados por la crisis - El Economista - 15/04/2008
El alcalde de Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro
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ELPAÍS/Lugo* : El ayuntamiento lucense de Cervo, que preside Alfonso Villares, del PP, otorgó tres licencias para levantar 82 viviendas sobre el castro de A Atalaia, en la localidad de San Cibrao. El castro se encuentra en estos momentos parcialmente destruido por los trabajos de excavación que se iniciaron sobre una superficie de 1.000 metros cuadrados en una de las tres parcelas a edificar.
Los vecinos de Porto de Arriba, que habitan en las inmediaciones, se oponen a la construcción y ayer entregaron más de 300 firmas para solicitar la paralización de las obras. Además, cuentan con la colaboración de la asociación Lugo Patrimonio y de Adega. Las agrupaciones intentan preservar los restos que pudieran existir bajo los 2.000 metros cuadrados que ocupan las parcelas sobre las que aún no se inició ningún trabajo y que excavan los arqueólogos, supervisados por la Consellería de Cultura.
Patrimonio paralizó las primeras excavaciones de obra durante el tiempo máximo que permite la ley, un mes, pero los trabajos continuaron al disponer el promotor de licencia municipal. Aun así, Cultura incluyó este castro en el inventario de yacimientos arqueológicos. Fuentes de la consellería confirmaron que se presentó una denuncia ante el juzgado de Viveiro al comprobar que se realizaron "destrozos importantes" de restos arqueológicos. El director general de Patrimonio, Felipe Arias, confirmó que en las excavaciones que se realizan actualmente están apareciendo "restos castrexos y galaico-romanos". Pero los vecinos, Lugo Patrimonio y Adega exigen mayor concreción en las resoluciones oficiales.
* ELPAIS.com - ARCADIO SILVOSA - Lugo - 16/04/2008
Foto: Cervo autoriza 82 viviendas sobre un castro - elpais.com
Estepona: Derriban 14 años después una casa construida sobre una zona verde
MÁLAGAHOY* : A escasos días de que desaparezca por completo del paisaje de Estepona el edificio de Prasa cuyo derribo está sufragando la Demarcación de Costas, ayer era la Junta de Andalucía la que metía la piqueta nuevamente en el municipio.
Pasado el mediodía se procedía a la demolición de una vivienda unifamiliar con piscina ubicada en el entorno de la urbanización Arena Beach. Según explicó el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), "la casa se levantaba sobre zona verde y fue denunciada por la comunidad de propietarios de Arena Beach en 1994". En aquel momento se celebró el juicio y se dictaminó su demolición que no se hizo efectiva hasta ayer, 14 años después.
El propietario de la vivienda, Manuel Carmona, estuvo presente en el momento del derribo y se lamentó de que su casa "tenga que ir abajo mientras que las 70 viviendas que componen la urbanización Los Rosales", próxima a su vivienda, "son igualmente ilegales y sin embargo van a ser regularizadas".
Por su parte el concejal de Urbanismo, señaló que en la zona "no hay edificaciones tan clamorosamente irregulares como este caso" si bien puntualizó que la urbanización denunciada por Carmona "se comenzó a construir antes de que entrara en vigor el PGOU de 1994 y se hizo sin tener en cuenta que la zona no estaba en condiciones de asumir esas obras de edificación".
A favor del propietario, Duarte señaló el hecho de que en 1994 "se podían haber planteado las cosas de otra manera y haberse regularizado esa vivienda, sin embargo, en aquel momento hubo un cambio de ordenación y el terreno pasó a considerarse como zona verde".
Después de esto, además, "se dictó una sentencia firme de demolición, por lo que el Ayuntamiento, ahora mismo, tiene muy poco margen para actuar". Por este motivo, según el citado concejal, "se encomendó el caso a la dirección general de inspección de la consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía", que es la que acometió ayer el derribo.
* Málaga Hoy - Encarna Jerez / Estepona - 15.04.2008
Foto: Estepona, momento en el que se procedía al derribo de la vivienda - diariosur.es
La especulación no puede ser una profesión
LUISA GARCÍA GIL* : Ruedan estos días las opiniones sobre la crisis del sector inmobiliario, especialmente por boca de los no profesionales de la construcción. Se quejan de la normativa para hacerla responsable de su irresponsabilidad, de su imprevisión y de su falta de conocimientos. Otros, al calor de las ascuas del caos de la amenaza del paro por la crisis del sector, intentan sacar tajada del tema, intentando crear un clima de culpabilidad en la Administración, que, a su vez, intenta parchear la falta de previsión de lo que se le venía encima.
Estos últimos años, la bonanza económica propició el nacimiento de numerosas empresas promotoras no profesionales atraídas por las mieles del dinero fácil y rápido. Estas empresas, nacidas en muchos casos de la asociación temporal de inversores con ganas de probar fortuna, inundaron el sector con el único fin de hacer dinero y rápido, y el más tonto se puso a promover la huerta de la abuela.
Han sido sociedades sin conocimientos del mundo de la promoción, a las que poco importaba el producto que ponían en el mercado o lo que arrasaban a su paso con tal de vender y recuperar con creces su inversión. Llegaron como plagas a los últimos rincones de la costa o del interior, solo hacía falta detectar el más mínimo interés de movimiento del mercado para que se movilizaran y extendieran su vuelo en la zona.
Una inmobiliaria profesional y solvente es la que analiza el producto que le ofrecen a la venta, analiza su legalidad, su solvencia como inversión y la calidad de aquello en lo que intermedia; es decir, que sirve para abrir los ojos del comprador, que no tiene por qué entender de construcción ni normativa, pero sí el primero, que debe conocer al dedillo los pros y contras del terreno, casa o piso que vende, porque para eso cobra su porcentaje.
Los ayuntamientos, en numerosos casos, aspiraron los aires delirantes del cuerno de la abundancia de las licencias y tragaron con ruedas de molino; por su parte, la banca, más generosa que nunca, se cegó prestando a quien no tenía ni posibles para comprar el solar ni luces para promover. Todos se dejaron querer mientras que el territorio se quejaba del abuso.
Las empresas promotoras surgidas y crecidas al calor del oportunismo del momento, nada tienen que ver con las empresas profesionales del sector, que las hay y muy buenas. Las empresas promotoras profesionales no queman el territorio tras su paso, como hacían los bárbaros en las invasiones de territorio, lo miman y ordenan para poder tener una estabilidad en la zona, van construyendo según la demanda real.
Los otros, los oportunistas, dieron en muchos casos con compradores también oportunistas que adelantaban cantidades para revender rápidamente sin escriturar y, así, ganar en unos meses lo que con su sueldo no verían en toda la vida. Éstos, auténticos especuladores, son los que ahora dejan colgadas a las promotoras porque no pueden ni quieren escriturar, porque no son solventes. Éstos son también en gran parte los responsables de llamada burbuja inmobiliaria, porque ellos, con su especulación, han inflado los precios al crear una demanda inexistente.
* LUISA GARCÍA GIL ARQUITECTA
* El Correo Gallego - Opinión - 14.04.2008
Piden cárcel para el alcalde y el ex regidor de Morón por prevaricación urbanística
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DIARIODESEVILLA* : La acusación particular ha pedido cuatro años de cárcel para el alcalde de Morón de la Frontera (Sevilla), Manuel Morilla (PP), y dos años para su antecesor, José Párraga (PSOE), por un delito de prevaricación urbanística al permitir la instalación de varias industrias en un solar rústico no urbanizable.
Fuentes del caso han dicho a Efe que la acusación particular que ejercen los vecinos afectados ha pedido además 7 años de inhabilitación para cualquier cargo o empleo público para ambos, a los que acusan de haber permitido la instalación, en un terreno rústico, de un aparcamiento de camiones y varias industrias relacionadas con esa actividad.
Para Morilla, la acusación particular solicita un año de cárcel por cada uno de los tres delitos de prevaricación urbanística que le imputa y otro año de cárcel por un delito contra el medio ambiente.
Para Párraga, el letrado de la acusación, Francisco Vega, solicita un año de cárcel por un delito de prevaricación urbanística y otro año de prisión por un delito contra el medio ambiente.
El juzgado de instrucción 1 de Morón procesó a ambos alcaldes porque existen indicios de que "durante sus respectivos mandatos y en el ejercicio de sus cargos, habrían estado autorizando actividades contrarias a la normativa urbanística, mediante la concesión de licencias", según un auto al que tuvo acceso Efe.
En concreto, el juez les imputa haber autorizado un aparcamiento de camiones, un taller de tapicería y dos naves de reparación de neumáticos, pese a los informes negativos que les elevaron el arquitecto técnico municipal y la secretaria del Ayuntamiento.
Tras la calificación de la acusación que ejerce la asociación de vecinos "La Alameda", el fiscal especial de Medio Ambiente de Sevilla presentará su escrito de calificación, aunque las citadas fuentes recordaron a Efe que este proceso fue impulsado por denuncia de dicha Fiscalía.
Morilla es el actual alcalde de Morón, cargo para el que fue reelegido en mayo de 2007, y Párraga fue alcalde entre 1991 y 2003.
En su declaración como imputados, realizada en mayo de 2007, ambos dijeron desconocer los hechos por los que están imputados y que no recordar nada sobre su licencia.
Morilla y Párraga indicaron al juez que simplemente se dedicaban a firmar los documentos relativos a la concesión de licencias, sin conocer su contenido, y que no los confeccionaban.
La denuncia de los vecinos se dividió en dos procedimientos, el dirigido contra los alcaldes y otro contra los propietarios del aparcamiento, que en junio de 2006 fueron condenados a seis meses de cárcel por delito urbanístico.
La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, en una sentencia a la que entonces tuvo acceso Efe, dijo que "lo que primitivamente era un secadero de algodón" se había convertido en "un polígono industrial donde se ha instalado un establecimiento de engrase de vehículos, un taller de reparación de neumáticos y una industria de tapicería".
* Diario de Sevilla - EFE - 15.04.2008
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
