Mallorca: El juez ya ha interrogado a ocho testigos por el caso del Plan Territorial

DIARIODEMALLORCA* : El magistrado de instrucción 6 de Palma, Miquel Florit, ya ha tomado declaración, en calidad de testigos, a ocho personas por el llamado caso del Plan Territorial de Mallorca (PTM), un sumario que se abrió hace algunas meses tras una querella de la fiscalía anticorrupción de Balears y que pretende esclarecer si se produjo una trama de corrupción político-empresarial en torno a dicha norma urbanística.

Entre las personas que ya han comparecido en el juzgado se hallan un conocido empresario de la promoción inmobiliaria, varios expertos en urbanismo privados y del sector público, y algunos particulares.

La relación de testigos que ya han comparecido en el juzgado de instrucción número seis incluye a Antonio Ramis Ramos, que entre 1997 y 2003 fue decano del Colegio de Arquitectos de Balears y que también es licenciado en derecho; y Josep Antoni Giménez Serra, secretario de la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA), una instancia que, entre otros cometidos, debe velar por la adaptación de los proyectos urbanísticos a las prescripciones medioambientales del PTM.

Fausto Ferrero

Entre los empresarios que han sido oídos dentro del sumario destaca Fausto Ferrero, uno de los más importantes promotores inmobiliarios de Balears. Ferrero acudió al juzgado de instrucción 6 con su asesor Juan Buades. El promotor fue interrogado acerca de algunos proyectos urbanísticos que había emprendido en los últimos años. Ferrero explicó que había tenido desigual suerte con estas operaciones, puesto que algunas de los terrenos que había comprado pensando que eran suelo urbano, habían sido desclasificados posteriormente dando al traste con su negocio.

El listado de testigos incluye a varios particulares como Luis Campins Oliver o Cristina Arroyo Botana. También aparecen entre los citados Antonio Barceló Ventayol, Ana Bennasar Gallent y Luis Campins Oliver. Juan Llull Ribas es el último de los testigos que ha depuesto ante Florit y los fiscales anticorrupción.

Fuentes próximas al caso han señalado que la prueba testifical ha incidido sobre algunas operaciones urbanísticas desarrolladas en los municipios de Mallorca donde presuntamente, y con ocasión del proceso de elaboración y redacción del PTM, se produjeron pelotazos urbanísticos millonarios al comprarse fincas rústicas que pasaron después a ser urbanizables.

Anticorrupción intenta esclarecer si se produjo tráfico de información privilegiada entre políticos de Unió Mallorquina y el Partido Popular, que gobernaron en la pasada legislatura el Consell de Mallorca y el Goverm, con promotores o constructores para indicarles cuáles eran las áreas rústicas que iban a recalificarse en urbanizables.
La investigación se centra en cinco municipios de Mallorca y afectaría a un millón de metros cuadrados (mil hectáreas) de terrenos que cambiaron de calificación urbanística tras la aprobación de este plan. El pasado noviembre la Policía Judicial de la Guardia Civil acudió a los cinco ayuntamientos a solicitar información sobre determinados solares. Fue una actuación conjunta coordinada por la fiscalía. Se pidió documentación en los ayuntamientos de Campos, Marratxí, Sóller, Pollença y Alcúdia, que son las localidades de la isla donde se produjeron más cambios de calificación urbanística acordados.

Fuentes policiales indicaron que esta investigación pretende averiguar si poco antes de la aprobación del plan se han producido cambios de titularidad de terrenos que se habrían visto beneficiados con una nueva calificación urbanística. Se estaría averiguando si los propietarios que adquirieron estas fincas se habrían aprovechado de una información privilegiada sobre las directrices políticas que se seguían para aprobar este plan de ordenación. Este millón de metros cuadrados, que se conocen como las áreas territoriales de reconversión directas, habrían pasado de ser terrenos rústicos a urbanizables y, por tanto, su precio se habría multiplicado. En todo caso, no todos los propietarios que se han visto beneficiados con este plan urbanístico estarían bajo sospecha, sino sólo los que habrían comprado los solares poco antes de la aprobación de este plan urbanístico.
El fiscal ha actuado tras una denuncia presentada por el GOB. Esta denuncia fue presentada hace casi un año.






* Diario de Mallorca - FELIPE ARMENDÁRIZ. PALMA - 17 de abril de 2008
Foto: Un grupo de ecologistas protesta contra el Plan Territorial de Mallorca/ Sebastiá Llompart, diariodemallorca.es