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ELPAÍS/Alicante* : El juzgado número dos de La Vila Joiosa ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, ambos del PSPV, por los supuestos delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios derivados de la compraventa de un terreno rústico incluido luego en la masiva recalificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
La denuncia también se extiende al hermano de Olcina, ex dirigente socialista y, a su vez, cuñado del alcalde. El querellante basa la acusación en supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 y pendiente de la autorización definitiva por parte del Consell. El documento prevé 3.500 nuevas casas y un campo de golf.
La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950,39 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret Sellés, hermano del entonces concejal de Urbanismo, y a su vez cuñados del alcalde. Los cuatro compradores vendieron el terreno un año después, el 23 de julio de 2004, a la mercantil Balcón de la Florida, del constructor Vicente Pastor, presidente del Benidorm CD, por un precio casi cinco veces superior, 2.614.453 euros. El suelo continuaba siendo rústico. El precio inicial, sin embargo, estaba sometido a unas condiciones suspensivas -cláusulas de regularización- en las que se pactaba lo siguiente: En caso de aprobarse por el Ayuntamiento de Orxeta un instrumento urbanístico que clasificara la superficie de la finca como suelo urbanizable en los cinco años y medio siguientes se incrementaba el precio en 1.789.909 euros, a los que habría que sumar otros 681.241 si la edificabilidad mínima era de 193.000 metros cuadrados de techo, o 408.744 si fuera al menos la mitad.
Según relata la querella, previamente al otorgamiento de la escritura pública de la segunda compraventa, el alcalde firmó un convenio urbanístico con la mercantil Balcón de la Florida por el que acuerda reclasificar los terrenos. El convenio se firmó el 5 de mayo de 2004 y en él se reconoce que dicho suelo será objeto de reclasificación urbanística en el nuevo PGOU e incluso asigna las tipologías edificatorias. En el pleno municipal votaron a favor del convenio los dos ediles.
La querella añade otros elementos. El 19 de abril de 2004 el Ayuntamiento sometió a información pública la alternativa técnica presentada por la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L. (CVC) para el PAI Sur-5, en el que se encuentran los terrenos ahora propiedad de Balcón de Florida. CVC subrogó ese mismo año los derechos a Residencial Golf Orxeta S.L., creada ex profeso. En la querella se señala que esta sociedad se creó el 2 de julio de 2004, de forma paralela a la venta de los terrenos y el convenio urbanístico de Balcón de Florida. El PAI no se tramitó de forma independiente y se incorporó en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 con los votos del PSPV-PSOE, que gozaba entonces de mayoría absoluta. Tras las elecciones los socialistas perdieron la mayoría absoluta y José Olcina dejó el área de Urbanismo para gestionar la de Fiestas.
La querellante estima que los primeros compradores conocían que los terrenos "iban a ser objeto de reclasificación", por la "necesaria connivencia" del alcalde y el responsable de Urbanismo, José Olcina, que era hermano del comprador. El edil además "recibió un préstamo de CVC en paralelo a la tramitación de la alternativa presentada por ella", lo que "no le impidió intervenir y participar con su voto en los plenos municipales en los que se decidía la cuestión".
El alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, declinaron ofrecer su versión al desconocer el contenido de la querella y no haberles sido notificada su admisión, que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre. Llinares, enfrentado con el PSPV-PSOE de La Marina Baixa, manifestó que la tramitación se ha realizado "con absoluta transparencia" y "siguiendo los trámites marcados por el PGOU".
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 09/01/2008
Foto: Orxeta (Alicante) - Paisajes Españoles SA. - orxeta.org
El juez investiga al alcalde de Orxeta por una estafa urbanística
El TSJC anula otra licencia para un hotel de más de 900 habitaciones en Costa Teguise
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LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido anular otra licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Teguise en 1999 a la mercantil Dalmadu SL. La licencia era para un hotel, que no se ha llegado a construir, de 912 habitaciones en la avenida Islas Canarias en la parcela 244-F de Costa Teguise. La Sala, en una sentencia del pasado mes de noviembre, da la razón a la Fundación César Manrique, que fue la que interpuso el recurso, y anula la licencia que otorgó Juan Pedro Hernández cuando era alcalde de Teguise a la mercantil Dalmadu SL.
Además del Ayuntamiento, figuraba como codemandada la empresa Millenium Hoteles SL.
El Tribunal, en la sentencia, asegura que en la tramitación municipal "destaca la ausencia de estudio técnico y/o jurídico adecuado que certifique la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, el planeamiento aplicable a la licencia y los detalles del caso, en concreto si se habían comenzado las obras en el plazo otorgado para la licencia de 1998". Señala el Tribunal que "las cosas son lo que son y no lo que se las llame: por mucho que se llame al acto impugnado reformado de conjunto es en realidad el acto que posibilita la construcción de los apartamentos, dada la obsolescencia de las licencias anteriores".
Se destaca igualmente que no existe informe jurídico para otorgar la licencia y que ese trámite es preceptivo y se recuerda en el texto "la responsabilidad del secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico".
El Cabildo también se querelló contra el otorgamiento de la licencia para este hotel, que, de haberse construido, sería uno de los más grandes de Costa Teguise. Ese procedimiento aún no se ha resuelto.
Son ya más de 20 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias favorables tanto a la Fundación César Manrique como al Cabildo de Lanzarote anulando licencias otorgadas por los alcaldes de Yaiza y de Teguise, contra los que se sigue además un procedimiento penal.
Los magistrados, en esta sentencia, señalan que es innecesario examinar otros motivos de impugnación, en particular los referidos a la incompatibilidad de las licencias con las determinaciones del Plan Insular.
* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 09 de enero de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - lavozdelanzarote.com
Valencia: Fórmula Verda ve indicios de fraude de ley en la construcción del circuito
LEVANTE* : La Coordinadora Fórmula Verda estudia iniciar acciones judiciales para impedir la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula Uno, al considerar que hay "indicios suficientes de fraude de ley" que la Generalitat, según denuncian sus responsables, "está intentando borrar". Fórmula Verda, integrada por asociaciones vecinales, grupos ecologistas y organizaciones de defensa del territorio, estudia acudir a los tribunales tras haber llevado el caso ante la Sindicatura de Greuges y la Comisión Europea, que ya ha admitido a trámite su denuncia.
Según ha manifestado a EFE su portavoz Vicente Gallart, la plataforma "está trabajando en la presentación de denuncias judiciales" ante "las evidencias de que se está invadiendo la ley".
En primer lugar, denuncian que "no se ha presentado a información publica un proyecto global", sino que se ha dividido en varias fases e "intervenciones parciales" con las que, según Gallart, "se está camuflando todo" y generando una "falta de claridad".
En este sentido, ha indicado que el trazado del circuito "invade" catorce metros de suelo calificado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia del antiguo cauce del Túria, con el "agravante" de que se trata de un espacio de "desagüe fluvial".
"Están acelerando las obras sin modificar el PGOU", por lo que la coordinadora "intuye" que se está "ante un fraude de ley porque estaban eludiendo la presentación de un proyecto global".
Para Gallart, así se demostró en la visita de representantes de la coordinadora al Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP) para consultar los proyectos constructivos del circuito.
Según el portavoz de Fórmula Verda, fue "una visita muy frustrante" porque los responsables del ente público, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, impidieron a los representantes del colectivo obtener documentos ni fotocopias o fotografías de los mismos: "no nos dieron ni una sola hoja y se negaron a darnos ni un solo plano", lamenta.
Por contra, Gallart asegura que cuando un ciudadano solicita información a la Administración, ésta suele "grabar en un DVD todos los proyectos a cualquiera interesado en la información de un proyecto".
Así, critica, "se demuestra el interés de la Generalitat en hacer pública esa información", ya que es "consciente de que está vulnerando la ley".
Además, ha recordado que las obras del circuito se iniciaron el pasado octubre sin un estudio previo de impacto ambiental, motivo por el cual la Comisión Europea admitió a trámite el pasado 19 de diciembre una denuncia de la Federación Valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la Coordinadora Fórmula Verda.
Junto a la posibilidad de presentar una denuncia judicial, Fórmula Verda ha organizado una marcha ciclista por el jardín del Túria para el próximo día en protesta por las obras del circuito.
Para Gallart, los ciudadanos necesitan saber "cuánto cuesta, quién lo pagará y para qué servirá" el circuito, que, según dice, "se está saliendo del área prevista en el PGOU e invadiendo el cauce".
El colectivo ecologista se constituyó el pasado noviembre para reclamar a las Administraciones toda la información necesaria para que los ciudadanos conozcan los beneficios, costes y repercusiones del circuito, que acogerá el 24 de agosto de 2008 y, al menos, hasta 2014, el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno.
* Levante-EMV - EFE - 09 de enero de 2008
Foto>: El puente levadizo del puerto será trasladado para construir el circuito /Fernando Bustamante, levante-emv.com
Cantabria: La piqueta de la justicia no funciona
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ELPAÍS/Reportaje* : Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro. Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm.
El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.
El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.
Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.
La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.
El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".
Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.
Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.
"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.
Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.
Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.
El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.
Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".
* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 09/01/2008
Foto: Masificación en Castro Urdiales- SANTOS CIRILO, elpais.com
Los implicados en la 'Operación Guateque' aprovecharon la falta de controles del ayuntamiento
SER/Madrid* : Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la 'Operación Guateque' aseguran en un documento que los implicados aprovecharon la falta de controles en el Ayuntamiento de Madrid para montar una trama de cobro de comisiones ilegales. Los agentes entregaron este documento al juez el pasado mes de noviembre. En el informe dan por seguro que hay una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero.
Los funcionarios y los empresarios implicados conocían los complejos mecanismos administrativos para la concesión de licencias y además la certeza de que las penas que acarrean estos delitos no suponen un gran perjuicio para ellos. A pesar de todo, en el documento se subraya que no se ha tenido conocimiento de que las personas implicadas en la 'Operacion Guateque' ostenten algún cargo o tengan vinculaciones políticas.
El informe en el que se hacen todas estas afirmaciones está fechado el 6 de noviembre. Los agentes llevaban desde junio investigando e interviniendo comunicaciones y teléfonos de un caso que comenzó casi por casualidad. Cuando el propietario de una tienda de animales situada en pleno rastro de Madrid denunció ante el juez que alguien que se identificaba como gerente de urbanismo le había pedido 72.000 euros. Es el precio que los presuntos delincuentes habían puesto para evitar que el negocio de este comerciante fuera precintado por el ayuntamiento. Quien pedía esa cantidad de dinero resultó no ser el gerente de urbanismo, sino uno de los principales cabecillas de la trama, relacionado en su día con el ayuntamiento y que a los pocos días pasó su primera noche en la cárcel.
Últimas novedades
La Guardia Civil ha encontrado más de 100 mil euros en metálico en el registro del domicilio de Carmelo García, detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid. El juez Torres señala a García como el intermediario entre AC 93, principal empresa implicada en el caso, y el Ayuntamiento.
Los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en la vivienda de Carmelo García y la sede de la empresa AC 93 fueron prácticamente simultáneos. En casa de García, los agentes encontraron 101.405 euros en metálico ?más de 16 millones de las antiguas pesetas- y en la sede de la empresa AC 93, 275 billetes de 20 euros, es decir, 5.500 euros.
Tal y como les adelantó la Cadena SER el pasado viernes, el Juez Torres considera que Carmelo García era el intermediario entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa AC 93. Según el juez, García que fue funcionario de la Gerencia de Urbanismo hasta el año 2003, forma parte de una trama estructurada y organizada que cobraba comisiones a cambio de agilizar la concesión de licencias y que sobornaba a funcionarios para conseguir sus propósitos.
Más de 20 de los 187 expedientes que investiga el Juez Torres fueron tramitados por la empresa AC 93.
* CadenaSER - PEDRO JIMÉNEZ / 08-01-2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org
El TSJA mantiene la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla
ABC* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mantenido la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla, aunque ha admitido el recurso del Ayuntamiento y ha levantado dicha suspensión sobre otros 6 artículos inicialmente paralizados en noviembre pasado. La medida se ha dictado a petición de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (ADEPA) y, según fuentes de dicha entidad, la suspensión afecta a la casi totalidad del casco histórico sevillano que carece de un plan especial de protección.
El TSJA paralizó dichos artículos por entender que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no puede suplir a los planes especiales de protección en las zonas que aún carecen de este tipo de normativa.
Inicialmente el alto tribunal había suspendido 18 artículos del PGOU pero ahora ha admitido el recurso del Ayuntamiento y lo ha levantado respecto a 6 artículos, a la vez que ha rechazado la totalidad de las alegaciones de la consejería de Obras Públicas.
Cuatro sectores paralizados
El auto mantiene la paralización en lo referente a los sectores de Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y Calzada. Según las citadas fuentes, el TSJA cree que el Plan General "no puede entenderse que supla el planeamiento de especial protección" y por tanto "no puede afirmarse que los citados sectores cuenten con instrumentos urbanísticos de especial protección".
El alto tribunal suspende el articulo que determina la densidad de viviendas "y por ende establece la posibilidad de un aumento de edificabilidad", y el que permite obras de sustitución y nueva planta, pero autoriza el artículo que "habilita para la redacción de futuros planes especiales, que como tal no produce perjuicio".
También autoriza otros artículos que regulan las condiciones de uso de los garajes, las garantías de estudios previos de fachadas o la existencia de hueco de acceso en el edificio original, así como el artículo que permite excepcionalmente para usos de interés público las obras de reconstrucción y ampliación.
La sala de lo Contencioso del TSJA, por otra parte, rechaza la argumentación de la Gerencia de Urbanismo municipal de que no fue notificada oficialmente del trámite de alegaciones, y precisa que el escrito que recibió el 31 de julio de 2007 era una notificación y no un mero trámite informativo del plazo dado a la consejería de Obras Públicas.
* ABC - AGENCIAS. SEVILLA - 8 de enero de 2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
El juez imputa de nuevo por prevaricación al alcalde de Oropesa (Castellón)
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ELPAÍS* : El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003, durante la que Albert aún no era alcalde. Sin embargo, en agosto de 2005, el popular convocó un pleno urgente para cambiar la calificación del suelo y, de esta manera, legalizar la obra.
La convocatoria se realizó en un día en el que el edil del Bloc, Josep Lluís Romero, el único que ha mantenido una actitud crítica en el Ayuntamiento, no podía acudir al Consistorio, tal como había manifestado con anterioridad. Pese a ello, el pleno se celebró y el equipo de gobierno del PP aprobó la recalificación.
Poco después, Romero presentó alegaciones a la celebración del pleno pero no únicamente por la urgencia, no razonada, sino porque la propuesta de acuerdo no incluía los metros que cambiaban de calificación. Finalmente, el Ayuntamiento anuló el pleno al aceptar que la urgencia no estaba justificada pero no entró a valorar los otros defectos alegados por el concejal del Bloc. Para entonces, un particular ya había presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 4 de Castellón, en la que acusaba a la Corporación que gobernó entre 1999 y 20003 de un presunto delito de prevaricación. Tras más de un año de diligencias, el juez imputó al ex alcalde, el independiente Francisco Garrido, a tres ex concejales y el arquitecto municipal ante la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.
Bañuelos, pendiente
Ahora, ha extendido la imputación al actual alcalde de Oropesa, Rafael Albert, mientras está pendiente de que decida si acepta la solicitud realizada por la fiscalía de imputar también a los promotores y constructores del edificio, entre los que se encuentra el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos. Albert ya declaró por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries.
* ELPAIS.com - M. F. - Valencia - 08/01/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)
No es “renta básica”, no es “de emancipación”
JOSÉ MIGUEL SEBASTIÁN* : No es la primera vez que el establishment se apropia nominalmente de las reivindicaciones de los movimientos sociales alternativos, para vaciarles de contenido; basta recordar el uso y abuso que del término “desarrollo sostenible” hacen las corporaciones multinacionales más depredadoras del medio ambiente. O la denominación como Renta Básica de las rentas de inserción condicionadas que están vigentes en algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco o Asturias. No obstante, resulta muy llamativa la rimbombante denominación de “Renta de Básica de Emancipación” con que el Ministerio de la Vivienda ha bautizado a las ayudas a jóvenes para el alquiler...
... aprobadas por Real Decreto 1472/2007 de 2 de noviembre que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, más cuando hace escasamente tres meses el PSOE votó en el Congreso en contra de la toma en consideración de las proposiciones de ley de ERC e IU-ICV para la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía.
En realidad, poco tiene que ver la medida del Gobierno con la Renta Básica. Y es que, sin ánimo de atribuir a nadie en exclusiva el copyright sobre el concepto, con arreglo a la definición de la Basic Income Earth Network (BIEN), la Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.
La Renta Básica, como el derecho de sufragio, se caracteriza por su universalidad, mientras que el subsidio a los arrendatarios jóvenes aprobado por el Gobierno únicamente afecta a los ciudadanos entre 22 y 30 años.
La Renta Básica se define igualmente por su incondicionalidad, mientras que en la presunta renta de emancipación se exige que sus perceptores sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual, estén al corriente en el pago del alquiler, tengan de unos ingresos regulares o un patrimonio, en todo caso inferiores a 22.000 euros y no dispongan del uso o disfrute de una vivienda de la que sean titulares.
La Renta Básica se propone como un derecho subjetivo individual, mientras que este auxilio económico habrá de dividirse entre los titulares del contrato de arrendamiento en el caso de ser varios.
La Renta Básica se plantea, en principio, como un derecho “vitalicio”, esto es, va unida a la condición de ciudadano o residente legal, mientras que esta ayuda se recibirá por un máximo de cuatro años.
En suma, el Gobierno pretende dar respuesta al problema de la emancipación de los jóvenes y el derecho a la vivienda desde una posición asistencialista, en vez desde la perspectiva de los derechos sociales. Estamos ante un subsidio condicionado más, que no permitirá a sus perceptores desarrollar de forma efectiva sus respectivos planes de vida por su escaso importe y que, incluso, puede provocar cierta espiral de dependencia en muchos de sus beneficiarios, ya que el mantenimiento del mismo exige que persistan los requisitos que habilitan para su reconocimiento. Y en cualquier caso, supondrá un incremento del gasto burocrático al requerir más medios humanos y materiales para su tramitación y control y, probablemente, fomentará la picaresca asociada a este tipo de ayudas.
Por el contrario, una Renta Básica Universal de Ciudadanía, en cuantía suficiente para permitir cubrir las necesidades básicas, generalizaría un nivel razonable de independencia económica de todos los ciudadanos y aumentaría su libertad para vivir su vida con dignidad y respeto, especialmente para los sectores más vulnerables, entre los que se hallan los jóvenes “mileuristas” a los que va destinada la medida electoralista del Ministerio de la Vivienda contenida en el Real decreto 1472/2007.
El desempleo y la precariedad laboral afectan más directamente a los jóvenes que a cualquier otro sector de la población. Una Renta Básica Universal, por tanto, beneficiaria a los ciudadanos jóvenes, puesto que les permitiría rechazar contratos laborales, en condiciones desfavorables de trabajo o remuneración, que actualmente muchos se ven obligados a aceptar y, al mismo tiempo, incrementaría, su poder de negociación, individual y colectivo, a la hora de negociar con los empleadores, al dotarles de una autonomía económica que les permitiría oponerse a acuerdos desfavorables. Por el mismo motivo, les facilitaría la posibilidad de emanciparse de la vivienda paterna.
Pero, para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda, como la del resto de derechos sociales constitucionalmente reconocidos, un ingreso ciudadano universal es garantía necesaria, pero no suficiente por sí solo. Es imprescindible que vaya acompañada de políticas públicas que preserven el contenido mínimo de los derechos sociales y que defiendan a los ciudadanos titulares de esos derechos frente a la especulación y los intereses de los prestadores privados de los recursos y servicios que constituyen el objeto de los mismos En el caso del derecho a la vivienda, los propietarios de suelo o viviendas, constructores y promotores.
Por ello, una decidida política de promoción pública de la vivienda social en alquiler, unida a un incremento severo del I.B.I. a los propietarios de viviendas desocupadas y, en general, un mayor control público del mercado inmobiliario, junto a una Renta Básica de Ciudadanía medianamente generosa, garantizaría más eficazmente el acceso de los jóvenes al disfrute de una vivienda digna, fomentado una más temprana emancipación y, por ende, el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos.
* José Miguel Sebastián es colaborador del Observatorio de Renta Básica de Attac-Madrid
* Rebelión - 08-01-2008
Una sentencia del Supremo pone coto al ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca
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ÚLTIMAHORA* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado de plano un recurso presentado por un ciudadano de Balears para que se clasificara como suelo urbano unos terrenos lindantes con Cala Gat, en Capdepera, debido a «la ausencia de motivos de casación propiamente dichos», según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.
En lo que supone un freno al denominado ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca, la resolución, de la que fue ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, se pronuncia en los mismos términos de una sentencia anterior dictada por el TSJB. El Ajuntament de Capdepera se personó en el recurso.
Tanto los magistrado del TSJB como los del Supremo dieron validez al informe pericial elaborado por un arquitecto de la Isla, y que concluyó que «los terrenos del actor no pueden considerarse como suelo urbano, sino como suelo urbanizable de carácter forestal, ocupado por una masa arbórea que constituye un elemento básico en la caracterización del paisaje». El recurrente alegó que sus terrenos comunicaban con la «vía más importante de la zona (Cala Gat)», y por ello solicitaba el cambio de uso a urbanizables, pero la sentencia del Supremo le corrige al afirmar que «(los terrenos) lindan con lo que cabría considerar más como un camino que una calle con carácter urbano». Y añade: «En definitiva, no de ja de tener razón la parte recurrida (la sentencia del TSJB) cuando inicia su escrito de oposición afirmando que el planteamiento del recurso de casación es incompatible con las exigencias que la ley jurisdiccional requiere para la fundamentación de aquél».
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 8 de enero de 2008
Foto: Capdepera (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com
El Consell 'ahorró' 727.000 euros en el ruinoso instituto de Rojales
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ELPAÍS/Alicante* : La Generalitat invirtió 727.00 euros menos de los exigibles en el Instituto de Educación Secundaria (IES) L'Encantà de Rojales (Alicante) que ayer se vino abajo por cuarta vez desde su inauguración en 1999. Una parte del techo de escayola de un pasillo se desplomó a las 8,45 de la mañana. Los tres anteriores desmoronamientos ocurrieron por las caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas.
En julio de hace nueve años los socialistas formularon dos preguntas consecutivas sobre el IES de Rojales. En la primera se interesaban por la inversión necesaria para construir el instituto y en la segunda por la consignación presupuestaria real. Francisco Camps, por aquel entonces consejero de Educación, contestó el 9 de julio de 1998 que la inversión global del centro prevista era de 3,9 millones. Un día después, reconocía que la consignación real era de 3,17. Una diferencia a la baja de 727.000 euros. Algo más de 120 millones de pesetas de la época, Jesús Cañizares, profesor jubilado del centro, asegura: "esa es la cantidad que nos escatimaron".
El ahorro se podía observar ayer en las doce placas de escayola, dos cristales y algunos hierros que se encontraban hechos añico en un pasillo de la segunda planta de este centro de 800 alumnos. No hubo heridos, por fortuna.
La suerte no evitó el susto entre el alumnado más cercano al lugar de los hechos. Hubo gritos, lágrimas y carreras escaleras abajo. Aunque no faltó quien se lo tomó con una cierta resignación. "No me ha extrañado, ya había pasado antes", explicaba Melani, estudiante de primero de bachillerato que vio caer el techo.
Pero los padres no se lo tomaron con tanta frialdad. "Se me ponen los pelos de punta de pensar lo que podría haber pasado", reconocía Loli Penalva, miembro de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que manifestó su preocupación por la nueva pérdida de clases de los alumnos.
Este nuevo accidente se debió a un defecto de obra. Los tres anteriores ocurrieron por caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas. La empresa constructora Necso optó por quitar las bovedillas que tenían para evitar más siniestros, pero ayer "falló el anclaje del falso techo", según José Antonio Fabrega, director del centro, quien reclamó una solución inmediata.
La Consejería de Educación suspendió las clases hasta que se garantice la seguridad, y estudia "emprender acciones legales" contra la dirección facultativa de la obra o la empresa Necso-Acciona. El malestar cundió entre padres y profesores, que hoy se concentrarán. "Es la cuarta vez que ocurre. No queremos que se haga otro parche", reclamaba una de las docentes.
Las chapuzas de las subcontratas
Construir decenas de centros escolares a destajo tiene sus consecuencias. Los sindicatos coincidieron ayer en el mismo diagnóstico al achacar a las "prisas del sistema de contrata y subcontrata las chapuzas surgidas en este instituto de Rojales. Los padres suscribían esta tesis. Loli Penalva, miembro del AMPA del IES de Rojales, admitió que el centro "se construyó muy rápido" y cree que tal vez el material no fuera "el más adecuado". Para los sindicalistas no se trata de un caso aislado. "Cuando se adjudica una obra a un grupo de empresas y estas a su vez delegan en otras firmas se pierde el control", admitía Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, quien recordaba que también se han detectado deficiencias en otros centros nuevos como el IES el Pla de Alicante. Manuel Picó, de CC OO, dijo: "Es un problema de las contratas y de los plazos, es necesario mayor control". Los sindicatos también alertaron que el frenesí de nuevas construcciones está "olvidando algunas necesidades básicas de mantenimiento" de otros centros existentes. Fuentes de la Consejería de Educación rechazaron estas críticas y recordaron que el programa Millora Escola prevé hasta el año 2010 obras de reforma o mejora en 66 centros educativos, y que se invertirán 13,3 millones de euros para colegios y 4,3 millones en institutos.
Manuel Menargues, sindicalista del STE en la zona, apuntó otro detalle: "La Vega Baja es el paradigma de las mayores necesidades educativas". La población residente se ha disparado. En Rojales pasaron de 7.000 habitantes censados en 1998 a los 16.000 del año pasado. Ahora en este centro profesores y alumnos "no se fían" y exigen garantías de que "el techo no se vuelva a caer". El malestar de padres, alumnos, docentes y sindicalistas contrastó con el absentismo político del PSPV, incapaz de facilitar un dato.
* ELPAIS.com - ROSA BIOT / EZEQUIEL MOLTÓ - Rojales / Alicante - 08/01/2008
Foto: antena3.com
Proliferación de bloques de pisos en Sierra de Grazalema
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ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado sendas denuncias ante la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema y ante la Consejería de Obras Públicas por la construcción de unos bloques de apartamentos claramente ilegales en la localidad de Benaocaz, edificios que nada tienen que ver con la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural, tipología que se protegen las Normas Subsidiarias (NNSS) de dicho municipio y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido.
En concreto hemos denunciado la construcción de un edificio de cuatro plantas en la zona de San Antón, utilizando una serie de subterfugios para vulnerar las normas que prohíben construcciones de más de dos plantas: se ha levantado una primera planta sin acceso visible desde la fachada trasera, y se ha levantado una cuarta planta con cierto retranqueo para hacerla menos patente. Pero lo más grave es la construcción en la calle Laderas del Parral de un enorme bloque de pisos de seis plantas, escalonando dichas plantas para que parezcan independientes. Este bloque es el de mayores dimensiones del pueblo y está ocasionando un enorme impacto paisajístico.
Ecologistas en Acción vienen advirtiendo del impacto irreversible que está suponiendo en algunos pueblos del Parque Natural la ruptura de la tipología tradicional -conformada por casas de una o dos plantas con teja árabe a dos aguas y patios o huertas traseras-, que está siendo sustituida por bloques de apartamentos que multiplican la edificabilidad de forma claramente fraudulenta. De poco han servido nuestras reiteradas denuncias ante los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que vienen permitiendo, cuando no apoyando de forma clara, este tipo de atentados urbanísticos. Ya hay pueblos, como El Bosque o Benaocaz, en los que se ha destruido de forma irreversible su tipología de “pueblo blanco”, que era uno de sus atractivos turísticos
También hemos denunciado estos hechos ante el Presidente de la Junta Rectora, que viene oponiéndose a la elaboración de un informe sobre las ilegalidades urbanísticas que vienen proliferando en el Parque Natural, a pesar de que el Decreto 239/1997 por el que se regula la constitución y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, estipula que “Las Juntas Rectoras tendrán funciones de control, vigilancia y participación y, así mismo, velarán por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, propondrán normas para una eficaz defensa de sus valores ecológicos, promoverán el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural y realizarán cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para el espacio natural...” Es, decir analizar los impactos que está causando la especulación urbanística en los pueblos del Parque Natural es una clara competencia que tiene la Junta Rectora; realizar propuestas para garantizar el desarrollo sostenible en los municipios del Parque y su entorno no es sólo un derecho, sino una obligación de la Junta Rectora.
Ecologistas en Acción ha solicitado a estos organismos que tomen las medidas oportunas para paralizar estas construcciones e impedir que vuelvan a levantarse edificios que vulneran la legalidad urbanística y la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural. Caso contrario emprenderemos acciones legales contra todos estos responsables públicos.
* Ecologistas en Acción de Cádiz - 4 de enero 2008
Foto: Benaocaz (Cádiz), bloques - ecologistasenaccion.org
Última oportunidad
MEDINA - publico.es
Viñeta de Medina - publico.es
Asturias: Una costa salvada hasta ahora de los predadores
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ELPAÍS/Reportaje* : Fue de las primeras autonomías en proteger el litoral. Tal madrugón legislativo le permite presumir ahora de ser una de las comunidades que mejor conserva su zona costera, lo que la convierte en una codiciada presa para los predadores urbanísticos. La costa asturiana afronta su momento más delicado. La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian planes para 60.000 nuevas viviendas.
Asturias tiene la franja costera mejor conservada y menos urbanizada de España. Es el mismo diagnóstico del trabajo Destrucción a toda costa (2007), de la organización ecologista Greenpeace; del informe Sostenibilidad en España 2006, del Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE), y del estudio Perfil ambiental 2005, del Ministerio de Medio Ambiente. Es también, lo que el geógrafo Fermín Rodríguez, director del Centro de Cooperación y Desarrollo Territorial de la Universidad de Oviedo, ha denominado "el excepcionalismo asturiano".
Pero lejos de ser un motivo de tranquilidad, el dato es causa de inquietud ante el temor de que Asturias sea la próxima pieza a cobrar por los buscadores de oportunidades, precisamente por la mayor preservación de su litoral y por haber logrado eludir, hasta ahora, la amenaza del urbanismo despiadado que ya ha dañado de forma irreversible otras zonas de la costa española.
La presión ya ha comenzado. Los ecologistas denuncian que hay planes para edificar 60.000 nuevas viviendas en la franja marítima asturiana. Los ayuntamientos reducen esa cifra a 25.000 y aseguran que son planes para los próximos 10 años.
Entre los sectores conservacionistas asturianos existe el convencimiento de que el Principado es el próximo objetivo del afán predador de quienes, en la creencia de que el modelo mediterráneo está agotado por saturación, han visto en la costa cantábrica y, en particular en Asturias, por su alto grado de conservación e imagen de calidad ambiental, la próxima zona de expansión de la construcción residencial para segundas viviendas en el litoral.
El Gobierno asturiano ( PSOE)intenta lanzar un mensaje tranquilizador y asegura que en ningún caso va a tolerar la destrucción de costa. Asturias ha sido pionera en prohibir (desde 1993 mediante directrices de ordenación territorial y por ley desde 2002) la construcción a menos de 500 metros del mar, salvo núcleos urbanos preexistentes.
El Plan de Ordenación del Litoral Asturiano (POLA), de mayo de 2005, impulsado por el Gobierno, entonces de coalición entre los socialistas e Izquierda Unida, reforzó aún más esa cautela, y señala las 16.568 hectáreas donde no se puede construir: toda la zona costera fuera de cascos urbanos en esa franja de 500 metros. Además, el plan incluye actuaciones sobre 981.500 metros cuadrados a lo largo de la costa donde habría que regenerar "puntos negros", mediante la expropiación o la remodelación de zonas para atenuar impactos negativos.
Pero el temor sigue. En los 19 municipios marítimos asturianos la sociedad civil ha empezado a movilizarse y se multiplican los colectivos, plataformas y movimientos ciudadanos para oponerse a los proyectos de nuevas urbanizaciones Por unas u otras razones, una multinacional estadounidense, Landmark, que pretendía acometer un gran proyecto residencial en Cudillero para turistas de alto poder adquisitivo, acaba de desistir.
El PP asturiano ha sostenido en este tiempo que no hay "ninguna amenaza" y que los mecanismos de protección existentes pueden ser incluso "excesivos".
El temor a que Asturias haya sido elegida como la próxima presa de la concupiscencia urbanizadora se fundamenta, en primer lugar, en sus ventajosas condiciones de conservación, muy atractivas para los demandantes de segunda vivienda (sobre todo vascos y madrileños) que huyen del modelo masificado. También en los proyectos que han ido emergiendo a medida que avanzan las obras de construcción de la Autovía del Cantábrico a lo largo de la fachada marítima. Y además, en la convicción de que existe un creciente segmento de turistas que vuelven su mirada hacia el veraneo norteño, que desde el último tercio de siglo XIX y hasta los años 60 había sido la referencia del asueto de las clases dirigentes y pudientes españolas. Entonces el detonante fue el ferrocarril y ahora, las autovías, y, en el futuro, el AVE.
Con unos 500 kilómetros de perímetro costero (unos 236 kilómetros en línea recta), Asturias es, tras La Coruña y Tenerife, la tercera provincia española con más litoral, y ello es otro acicate para alentar un creciente número de proyectos inmobiliarios. La región ofrece en su fachada marítima 192 playas, zonas de dunas, seis rías, numerosos tramos de abruptos acantilados y el segundo mayor número de puertos de España (por detrás de la provincia de Pontevedra) en muchos de los cuales han ido desarrollándose puertos deportivos.
A ese potencial se suma una singularidad insólita en Europa: la gran cercanía entre la alta montaña (Picos de Europa y Cordillera Cantábrica) y el mar, lo que permite conciliar, en muy cortos desplazamientos, dos ofertas de ocio y paisaje muy diferenciados.
No obstante, que en la comparativa con otras comunidades Asturias salga victoriosa en la protección de su costa no implica que no se hayan perpetrado excesos durante el desarrollismo de los 60 y primeros 70 que hoy no se permitirían.
Este año, Greenpeace alertó de la existencia de 14 "puntos negros" o situaciones de riesgo en 13 concejos del litoral asturiano (Ribadedeva, Llanes, Ribadesella, Villaviciosa, Gijón, Carreño, Gozón, Avilés, Soto del Barco, Cudillero, Valdés, Tapia de Casariego y Castropol) en casi todos los casos por proyectos urbanísticos vinculados a campos de golf. Izquierda Unida denunció en 2006 que sobre el litoral asturiano pesa la amenaza de 60.000 futuras viviendas en proyecto para una comunidad con poco más de un millón de habitantes. La Coordinadora Ecologista las cuantifica en 66.200. Según estas fuentes, los 19 ayuntamientos costeros de la región podrían ingresar por estas licencias del orden de 667 millones de euros. Y Greenpeace habla de 40.300 (15.000 de ellas en un solo municipio: Llanes, y entre 5.000 y 9.000 en Ribadesella).
Los ayuntamientos, agrupados en la Federación Asturiana de Concejos (FACC) lo niegan. Aseguran que lo previsto está en torno a las 25.000 viviendas en todo el litoral de la comunidad y en un plazo de diez años. El Principado y el PSOE aducen que una cosa es lo que quieran hacer los promotores y los ayuntamientos y otra lo que se les vaya a permitir.
El Gobierno asturiano (PSOE) está ahora en medio de dos fuerzas de presión de sentido inverso y ambas muy fuertes. Por un lado, la de quienes se oponen a nuevos desarrollos residenciales -IU, grupos ecologistas, movimientos vecinales y colectivos de veraneantes, tanto asturianos como foráneos, que ya disponen de segunda residencia en la costa y no quieren que se les masifique el entorno- y, por el otro, promotores y constructores que consideran que Asturias es la última gran oportunidad de territorio relativamente virgen, y también los ayuntamientos, que ven en el turismo y las licencias de construcción una pujante fuente de ingresos.
"No vean lo que cuesta aguantar el tipo ante la presión urbanística sobre la costa. Muchas veces debemos decir no a proyectos que crean empleo", admitió el presidente asturiano, el socialista Vicente Álvarez Areces. Las autoridades regionales aseguran que en el Principado no se repetirá el modelo urbanístico del Mediterráneo ni el de otras zonas del Cantábrico, en las que el daño es ya es irreparable. El consejero de Ordenación del Territorio, Francisco González Buendía, reconoció hace un año que los grandes inversores del ladrillo "miran ahora hacia el Cantábrico" pero que el Principado estará "vigilante" y no permitirá un desarrollo urbanístico "insensato".
El presidente de la patronal asturiana de empresas constructoras (CAC), Serafín Abilio Martínez asegura: "Hemos apostado por el plan de ordenación del litoral que nos planteó el Gobierno porque queremos hacerlo bien y abordar un crecimiento sostenido de la segunda vivienda". La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) considera que la economía asturiana precisa un desarrollo urbanístico y residencial de la costa y que es posible hacerlo sin perpetrar ni los errores ni los abusos edificatorios de otras franjas costeras españolas.
* ELPAIS.com - JAVIER CUARTAS - Oviedo - 08/01/2008
Foto: Playa de San Lorenzo (Gijón), donde se están “maquillando” las fachadas de los edificios más altos para que sean menos agresivos. Más abajo, urbanización y hormigón para el futuro puerto deportivo de Luanco / Santos Cirilo, elpais.com
Denuncia por irregularidades urbanísticas en Torrevieja (Alicante)
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TORREVIEJA.com* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana tramitará la causa contra el Alcalde de Torrevieja y otros cargos públicos y funcionarios promovida por los Concejales del Grupo Municipal de Los Verdes por las graves irregularidades cometidas en la ejecución de las obras del edificio sito en la esquina de la Calle Clemente Gosálvez con Paseo Vista Alegre, propiedad de la familia de D. Pascual Ortíz Roche, Teniente de Alcalde y Concejal de Hacienda durante los mandatos municipales de 1995/1999, 1999/2003 y 2003/2007.
La denuncia penal fue presentada en su día por el Portavoz Municipal de Los Verdes tras “constatar que se consintieron, permitieron y consumaron graves irregularidades administrativas para no tramitar la denuncia presentada contra esta grave infracción e ilegalidad urbanística, permitiendo que caducara el expediente de disciplina urbanística y que prescribieran las sanciones económicas y la obligación de restituir la legalidad urbanística, no teniendo que proceder a demoler el exceso de obra, lo que también originó un enriquecimiento ilícito de los infractores”.
José Manuel Dolón afirma que “toda la ingeniería administrativa utilizada para hacer prescribir el expediente de disciplina urbanística y la infracción ejecutada fue detectada por el Defensor del Pueblo, quien en un amplio informe comunicó una resolución en la que advertía al Ayuntamiento de Torrevieja de las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas en beneficio de la familia del entonces Concejal y Teniente de Alcalde, Sr. Ortíz Roche.”
Los Verdes esperan “que su denuncia llegue a buen término, y que los responsables sean declarados por la Sala de lo Penal del T.S.J.C.V. culpables de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsificación de documento oficial.”
* Torrevieja.com - 07 de Enero de 2008
Foto: Torrevieja (Alicante), edificio - torrevieja.com
Málaga pagará 11,4 millones para evitar la recalificación de zonas verdes
ELPAÍS* : La Comisión Provincial de Valoraciones de Málaga ha fijado unos justiprecios que suman 11,4 millones de euros por cuatro parcelas que el Ayuntamiento de la capital tiene que expropiar para mantenerlas como zonas verde en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en los montes Gibralfaro y El Morlaco. Uno de los pleitos afecta a una parcela de unos 18.000 metros cuadrados del presidente de la polémica promotora Aifos, Jesús Ruiz Casado, imputado por cohecho en el caso Malaya por el presunto pago de más de 30 millones de euros en comisiones al Ayuntamiento de Marbella por la obtención de un trato favorable en varias promociones urbanísticas.
Los precios fijados por la Comisión de Valoraciones de Málaga rebajan sustancialmente las peticiones de los propietarios de los suelos que se expropiarán, que pretendían obtener en conjunto más de 55 millones de euros. Esta cifra es considerada excesiva por el consistorio que preside Francisco de la Torre, que ha presentado los correspondientes recursos contenciosos-administrativos. El Ayuntamiento ya impugnó sin éxito las cantidades fijadas ante la Comisión.
Los suelos en cuestión están calificados como sistema general de áreas libres para zona verde en el actual PGOU, tipificación que obliga al Ayuntamiento a pagar una compensación a sus propietarios y a obtener los suelos mediante expropiación.
En todos los casos, el organismo de valoraciones propuso inicialmente unas indemnizaciones mucho menores, 3,7 millones en total, porque sólo consideró el valor catastral de las fincas. Al final estimó parcialmente las alegaciones de los afectados y resolvió elevar las cuantías de expropiación por "el aprovechamiento urbanístico de la parcela que no se ha podido materializar".Tanto el monte Gibralfaro como El Morlaco están entre las zonas con las viviendas más caras de Málaga.
El documento de aprobación inicial del PGOU de Málaga incluía la recalificación del suelo del propietario de Aifos en el monte Gibralfaro, que al pasar a urbanizable le permitía la construcción de 22 chalet. Inicialmente, el equipo de gobierno del PP consideró que era la mejor opción para la ciudad porque si se mantenía la calificación de suelo no urbanizable obligaría al consistorio a unas compensaciones elevadísimas al presidente de Aifos por un suelo que además no era apto para el uso público por la fuerte pendiente y su ubicación. Ruiz Casado ha valorado el terreno expropiable en 21 millones de euros. La recalificación del suelo provocó una fuerte contestación ciudadana para preservar Gibralfaro como pulmón verde de la ciudad.
El pasado 22 de febrero, por acuerdo de todos los grupos, el pleno del Ayuntamiento decidió "proteger nuestro paraje urbano más emblemático mediante la elaboración de un plan de ordenación que lo garantice". De esta forma, no se permitirán construcciones ni recalificaciones de suelo en el paraje.
La Comisión Provincial de Valoraciones ha establecido una indemnización de 2,5 millones de euros para el presidente de Aifos por la expropiación. En el mismo monte Gibralfaro serán expropiadas otras dos parcelas de suelo por 957.402 euros y 2.342.766 euros, respectivamente. Por el suelo de El Morlaco, la comisión ha fijado un justiprecio de 5.566.949 euros.
* ELPAIS.com - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 07/01/2008
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu
¿Cuánto se tarda en aprobar un Plan General de Ordenación Urbana?
FERNANDO SERRANO MAESTRE* : Se tarda lo que tardan los políticos de dicho ayuntamiento en vender la información de la que disponen sobre dicho plan general de ordenación urbana. Es un sistema perfecto, y sigue las pautas del popular refrán “ yo me lo guiso y yo me lo como”. Los responsables de urbanismo del ayuntamiento, comandados por el alcalde diseñan el plan general de ordenación urbana. Antes de este diseño ya reciben la primera recaudación en forma de comisiones que provienen de los promotores inmobiliarios que pagan primas a los concejales y alcaldes para que declaren sus terrenos rústicos en edificables. Una vez “ guisado” el plan general de ordenación urbana hay que comerlo.
Los concejales y alcalde conocen que parcelas del pgou van destinadas a viviendas adosadas, a bloques de pisos o a equipamientos públicos. Conocedores de esta información, la venden a inversores, promotores, amigos para que compren terrenos rústicos a bajo precio sabiendo de antemano que van a multiplicar su precio en cuanto se apruebe el pgou.
No contentos con esto, llegan mas lejos. Mantienen el plan general de ordenación urbana sin la aprobación definitiva. De manera que aguantan el pgou hasta que se hacen con la mayoría de los terrenos destinados a vivienda comprándolos a bajo precio a los propietarios legítimos aburridos de esperar una aprobación del pgou que no llega nunca.
La prueba más legitima de todo lo expuesto aquí, esta en los propios ayuntamientos. Los legítimos propietarios para intentar vender sus terrenos a un digno precio, pues intuyen que su parcela por su proximidad a zonas urbanas o por su buena situación va destinada a vivienda, piden información a su gerencia de urbanismo correspondiente, y pese a a estar el pgou totalmente diseñado, con un año pasado desde su aprobación inicial, siguen diciendo que sus terrenos son rústicos, para que vendan sus terrenos a los promotores que compran dicha información a los concejales y al alcalde.
Un ejemplo claro de este tipo de corrupción urbanística en los que se cometen los delitos de: trafico de influencias, cohecho y prevaricación, lo tenemos en el ayuntamiento de San Javier.
Un pueblo que se a expandido en la ultima década más que en toda su historia todavía no tiene un plan general de ordenación urbana aprobado.
Los gobiernos anteriores del ayuntamiento, se han ido aprovechando de la aprobación de innumerables planes parciales previo pago de innumerables comisiones, que nadie ve, pero que todo el pueblo conoce. Por esta razón pese a la gran expansión de dicho pueblo no tiene un pgou aprobado.
Pero ya se a terminado el pastel de los planes parciales, de hay la salida del poder del Partido Popular. Ya no quedaba otra para este pueblo, solo la de aprobar un pgou.
En las ultimas elecciones municipales, gano el PSOE que formo gobierno con el grupo independiente. Es destino o casualidad que la entrada en el poder del PSOE-g.independiente coincida con la aprobación inicial del plan general de ordenación urbana de San Javier.
Pasado 10 meses de la aprobación inicial del pgou de San Javier, el PSOE y el grupo independiente se divorcian, dejando al ayuntamiento de San Javier de 20.000 habitantes en manos de 7 concejales y un alcalde.
El porqué de esta ruptura estriba en el desacuerdo en el reparto de comisiones por la aprobación definitiva del pgou de San Javier. Como los independientes no obtenian la parte del pastel que deseaban, abandonaron el barco de manera que el Plan general de ordenación urbana no podria ser aprobado sin su voto.
La versión oficial del grupo independiente apela a la indignación por posibles irregularidades por parte del PSOE en la aprobación de dicho pgou. Pero salta a la vista, que abandonan porque no les han dado la parte que ellos querian.
Esta es la realidad del urbanismo en España y quien no sepa nada de esto aquí expuesto que tire la primera piedra.
* FERNANDO SERRANO MAESTRE, joselico9@hotmail.com | SAN JAVIER
* La Verdad - Murcia - 05/01/2008
Talavera: El crecimiento urbanístico y especulativo de Madrid obliga a buscar agua
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DIARIOCRÍTICO* : La asociación ecologista Ardeidas, de Talavera de la Reina (Toledo), considera que el proyecto del Gobierno de modernizar los regadíos del Canal Bajo del Alberche supone "la usurpación definitiva" de las aguas del río para abastecer a Madrid y es "un desprecio absoluto" hacia Talavera.
Mediante una nota de prensa, Ardeidas alude al proyecto de modernización del Canal Bajo del río Alberche que promueve el Ministerio de Medio Ambiente y que afecta a los regadíos y abastecimiento de Talavera de la Reina y su entorno.
"El auténtico objetivo del proyecto es la usurpación definitiva de las aguas del Alberche para abastecer a Madrid", indica Ardeidas, que añade que el crecimiento urbanístico y "especulativo" de Madrid y su entorno obliga a buscar agua.
Esta agua necesaria quieren obtenerla de "los lugares menos conflictivos, donde la población es más condescendiente o donde se aceptan sin más los dictados de Madrid", como es el caso del Alberche que abastece a Talavera de la Reina, la segunda ciudad de Castilla-la Mancha.
Ardeidas critica al Gobierno por presentar este plan y sostiene que el río Alberche, afluente del Tajo, en cuyo cauce desemboca en Talavera de la Reina es "el mejor ejemplo de insostenibilidad" y un ejemplo de cómo no debe gestionarse un río.
El colectivo naturalista concluye que todos los habitantes de la comarca talaverana se verán afectados por la medida "de manera negativa" porque tendrán que recurrir al agua del río Tajo que es de peor calidad que la del Alberche.
* Diario Crítico - Agencias - 02-01-2008
Foto: Talavera de la Reina (Toledo), río_Tajo - VioletadeCresilo, wikipedia.org
Galicia: La costa más virgen, la más amenazada
ELPAÍS/Reportaje* : Al final del puente, un guardia jurado y una barrera impiden el acceso al islote de Toralla, junto a una de las mayores playas de Vigo. Sólo los residentes y sus invitados pueden entrar en ese vestigio del desarrollismo de los años sesenta, constituido por una torre de 70 metros cimentada en la misma ría y 30 selectos chalés que llegan hasta donde rompen las olas. En Toralla no hay dominio público, servidumbre de paso ni zarandajas, sino una comunidad de propietarios y una sociedad, Toralla, S.A., con una concesión sobre la isla hasta 2064.
Hasta finales de los años noventa, el guardia y su barrera custodiaban esta franja de tierra de no más de cinco hectáreas, pero una sentencia del Tribunal Supremo obligó a retrasar el puesto de control y a permitir el acceso público a las dos pequeñas playas de la isla.
Se trata en realidad de un único arenal dividido por el propio puente, un ejemplo más del daño que el urbanismo ha infligido a uno de los lugares de mayor belleza natural del litoral. Con las islas Cíes como telón de fondo, la brutal torre de 21 plantas tiñe el paisaje de hormigón.
Toralla era un caso asilado en Galicia, que tiene casi la tercera parte de la costa peninsular española, y que había permanecido intacta a la fiebre de urbanizaciones turísticas. Hasta ahora. En los 86 municipios de la costa gallega se han construido, en toda la historia, 816.000 viviendas. Los ayuntamientos están ahora recalificando hasta la tierra de las macetas para poder edificar 680.000 en sólo 13 años; más que las previstas, por ejemplo, en la Costa del Sol.
La tramitación de macrourbanizaciones (de entre 1.000 y 5.000 viviendas) costeras trasladan a las rías gallegas el modelo mediterráneo: apartamentos, adosados, campos de golf y marinas en primera línea de playa, zonas en las que hasta ahora sólo se podía construir vivienda aislada. Incluso están siendo tramitadas por inmobiliarias levantinas, como Lábaro o Pedro J. Pedrajas.
El mejor ejemplo de la importación del método Mediterráneo es Miño, un bello municipio en la ría de Betanzos en el que se están construyendo 1.300 viviendas con campo de golf y hotel, sin depuradora ni red propia de abastecimiento de aguas. El Ayuntamiento expropió más de un millón de metros cuadrados de suelo forestal para darle la concesión a la inmobiliaria Fadesa. Es la primera expropiación que se realiza en Galicia para acometer una urbanización privada con venta obligatoria del suelo a seis euros el metro cuadrado. Fadesa los vende ahora entre 2.000 y 6.000.
"Es una presión inmobiliaria que nos deshace el país de arriba abajo y por eso queremos parar el golpe", asegura el presidente socialista de la Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño. El 16 de mayo de 2007, el Gobierno gallego publicó la denominada Ley de los 500 metros, un documento de medidas urgentes para suspender todas las edificaciones a menos de 500 metros del mar. "Aún estamos a tiempo", opinan en la Consellería de Política Territorial, indicando que su objetivo es tratar de evitar la marbellización de la costa gallega.
"El problema de la costa gallega es que está sin ordenar. A nosotros nos da igual edificar a 500 que a 3.000 metros de la costa, lo que pedimos es que se nos diga dónde, con transparencia y con planes urbanísticos aprobados", subraya el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Galicia, Javier Garrido Valenzuela.
La peculiaridad del litoral gallego, y lo que ha generado mayor contestación social al urbanismo que en otras zonas de España, es que nunca ha vivido del turismo. La economía costera gallega sigue basándose en la pesca, el marisqueo y la industria asociada al mar (astilleros, conserveras, cetáreas, frigoríficos, piscifactorías), y no en pelotazos inmobiliarios.
La otra peculiaridad es que la costa gallega tiene una elavada densidad de población, pero la mayoría del litoral está exento de macrourbanizaciones. Eso no quiere decir que la costa esté desocupada, si no que predomina la vivienda aislada (legal o ilegal). Según los datos del Ministerio de Medio Ambiente, el 15% del primer kilómetro de costa gallego ya está artificialmente ocupado. Es una ocupación mayor a la de Baleares o Canarias, que tienen una longitud de costa similar a Galicia pero una explotación turística muchísimo mayor. En la franja marítima gallega hay unos 300 núcleos de población, todos con puerto marinero y casco urbano históricamente construido ante el mar. "Hasta ahora la costa gallega sólo disponía de demanda de edificación local, para el veraneo de la Galicia urbana, y ahora hay una fuerte demanda nacional e internacional", dice el presidente de los promotores.
Debido a su malas comunicaciones y a la maldición climática, Galicia salió casi intacta de la fiebre inmobiliaria de los años 80 y 90 que destrozó otras zonas del litoral. Pero en 2001 se detectaron los primeros desembarcos inmobiliarios a gran escala. Las grandes inmobiliarias (Metrovacesa, Vallehermoso, ACS, OHL, Urbis...) que hasta entonces no operaban en Galicia iniciaron la compra de grandes extensiones de suelo rústico en la costa. Fuentes del sector calculan que los grandes jugadores han comprado unos 30 millones de metros cuadrados de litoral con la intención de lograr su recalificación y construir. La oleada de convenios urbanísticos con ayuntamientos fue tan voluminosa que incluso empezaron a publicarse anuncios en los periódicos gallegos demandando abogados expertos en urbanismo.
En 2002, la Xunta (entonces gobernada por el PP) aprobó la Ley del Suelo de Galicia y obligó a todos los municipios a adaptar su urbanismo en un plazo máximo de tres años. La norma era más restrictiva, aunque abría la puerta a recalificar suelo mediante convenios específicos.
Dos años después, los ayuntamientos informaron de que tenían sobre la mesa 45 convenios para edificar 35.000 apartamentos y 17 campos de golf en zonas en donde no estaba autorizado construir. Ninguno adaptó su planeamiento a la nueva ley, pero aprovecharon el plazo de tres años que tenían para adaptarse a la ley para seguir dando licencias, muchas de dudosa legalidad. En los mejores lugares de la costa (Rías Bajas, Costa da Morte, Mariña de Lugo) afloraron urbanizaciones de cuño mediterráneo. La situación reventó a finales de 2006. La Xunta empezó a suspender las normas urbanísticas en varios ayuntamientos o a rechazar los nuevos planes con inflación recalificadora.
Al mismo tiempo, el presidente gallego anunció la redacción de una ley urgente para proteger la costa, que establece una moratoria de dos años para construir a menos de 500 metros del mar en los municipios sin planeamientro adaptado a la ley. Hoy están suspendidos los planes de urbanismo de cinco municipios costeros (Tui, Sada, Viveiro, Barreiros y O Grove) y la Xunta ordenó reelaborar planes tan importantes como el de Vigo.
Sólo uno de los 86 alcaldes de la costa ha adaptado su urbanismo a la Ley de Suelo de 2002 y por ello queda eximido de la suspensión de construir a menos de 500 metros del mar. Se trata de Isaac Maceiras (PP) regidor de A Pobra do Caramiñal en la ría de Arousa. Su nuevo plan aumenta la edificabilidad en un 297%, una constatación de lo que está por llegar a la costa gallega. "A Pobra es un pueblo que nació bonito, es bonito y mientras yo sea alcalde seguirá siendo bonito", asegura Maceiras.
La suerte que ha tenido el nuevo Gobierno gallego (PSOE- BNG) es que urbanísticamente aún estaba todo por hacer, con lo que ha podido parar el golpe. A excepción de A Pobra do Caramiñal, el resto del litoral gallego (85 ayuntamientos) están en situación urbanística de alegalidad, al no haber adaptado antes de 2006 sus planes a la nueva Ley del Suelo de Galicia. Esto es lo que ha permitido a la Xunta aplicar la suspensión de edificaciones a 500 metros del mar a toda la fachada marítima, desde Ribadeo hasta A Guarda.
La medida cautelar afecta a una franja de 60.000 hectáreas, que representa el 13% del suelo de los municipios costeros, la banda más deseada por las constructoras. La Ley de los 500 metros ya ha bloqueado, de hecho, un total de 30 millones de metros cuadrados que, estando a menos de medio kilómetro del mar, ya habían sido recalificados como urbanizables.
Además, los fiscales iniciaron en 2006 la imputación de alcaldes, concejales, arquitectos y promotores por supuesta corrupción urbanística. Galicia es, tras Andalucía, la autonomía con más casos de corrupción abiertos por las nuevas Unidades de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil en los últimos seis meses. Hay en marcha 14 operaciones por prevaricación, malversación de fondos públicos, cohecho o incumplimiento manifiesto de la legalidad urbanística. A ellos se añaden otros diez casos en curso abiertos antes de marzo de este año.
El pelotazo está en el tejado. La mayoría de los ayuntamientos costeros han contratado consultoras urbanísticas privadas y tienen casi elaborados planes para duplicar su edificabilidad. El caso más inminente es Vigo (del PP pasó en mayo al PSOE y BNG) donde se mantiene una edificabilidad un 101% superior a la actual, con más de 110.000 viviendas nuevas.
La presión que está ejerciendo sobre la Xunta y los ayuntamientos el sector inmobiliario y buena parte del mundo empresarial gallego, es enorme. Hablan de inversiones de más de 84.000 millones de euros, casi diez veces el presupuesto de la Xunta. Las hectáreas que han comprado en Galicia son la mayor amenaza para la más extensa de las costas de la España peninsular.
* ELPAIS.com - MANUEL V. SOLA / PABLO LÓPEZ - Vigo - 07/01/2008
Foto: Vigo, isla de Toralla con edificio polémico - farodevigo.es
Si las piedras hablaran
PACO MARISCAL* : Las piedras del graderío tenían el sabor añejo de lo que fue a comienzos de nuestra era un teatro romano recién estrenado. Quizás se representaron tragedias o espectáculos que dejaron boquiabiertos a los saguntinos de entonces. Los gobernantes y mandamases que les enviaba Roma les darían a entender de tal guisa las ventajas culturales que comportaba el vivir bajo el amparo de las águilas imperiales y la protección de legionarios vistosamente uniformados. Desconocemos si la construcción originaria del Teatro Romano de Sagunto comportó algún tipo de electoralismo partidista en los fastos inaugurales.
Los sillares de la cávea saguntina, desgastados y envejecidos por siglos de abandono e ignorancia, eran hace unas décadas testigos mudos de mucha historia con golpes de estado incluidos. Pero poseían el gusto nostálgico y romántico de todas las ruinas: crecía la humilde hierba entre las piedras, y por ellas se paseaba los días soleados la pícara lagartija a la busca del insecto. Por eso, una vez cubiertas las viejas piedras con las piedras nuevas, a algunos nos produjo una cierta tristeza el recuerdo de la imagen perdida. Las reformas del Teatro de Sagunto eran tema mayor en manos de entendidos como Grassi y Portaceli, y tenían el beneplácito de los próceres culturales y gobernantes políticos. Y si los responsables y expertos en materia arqueológica y arquitectónica estaban a favor del proyecto y su bondad, la nostalgia por la vieja imagen desempeñaba un papel secundario.
Aunque las viejas piedras con otra imagen, la reconstrucción o proyecto de Grassi y Portaceli que se llevó a cabo, no finalizaron con las obras su recorrido. Hubo una campaña política, muy bien orquestada, por la oposición de derechas de ayer contra la actuación en el Teatro, promovida por el gobierno socialdemócrata de la Generalitat también de ayer. La racionalidad brilló por su ausencia. Si hoy se sacasen a la luz los textos publicados en determinada prensa ultraconservadora, la vergüenza cubriría de colores más de un rostro de quienes hoy detentan el poder autonómico. Los grandes defensores de la anterior imagen del Teatro Romano, eran aventajados en la lucha por mantener los viejos sillares, convertidos en santo y seña de su amor entrañable a la patria larga y estrecha valenciana; una patria con tantas agresiones y olvidos en su patrimonio, paisajístico y costero por ejemplo, que se silencian religiosamente o se justifican enarbolando la bandera del desarrollo o desarrollismo. Era una campaña feroz contra el proyecto con tintes nefastos y cargados de medias verdades como la campaña de hoy mismo a favor de los trasvases.
La cávea de Sagunto no supo entonces de leyes de protección del patrimonio. Leyes que cambian y se renuevan con mayor rapidez que unas ruinas románticas. Y las leyes y las sentencias y los tribunales y los jueces togados acabaron por darle la razón a quienes enarbolaron la bandera de la defensa de los viejos sillares con lagartija. Es curioso, por cierto, el que la definitiva sentencia del Tribunal Supremo se base única y exclusivamente en el texto de cuanto se indica en las leyes de protección del patrimonio. Ni los jueces ni las piedras entran en la polémica que giró en torno a la bondad o inadecuación de las reformas o reconstrucción del viejo teatro saguntino. La cuestión carece ya de importancia: los detractores no pueden utilizar el tema como arma electoral o electoralista; los defensores encogen los hombros y hablan de que es prácticamente imposible recuperar la romántica imagen con la lagartija. Los perjudicados, como casi siempre, van a ser los contribuyentes con cuyos impuestos se ha de llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia en torno a un tema tan teatral.
* ELPAIS.com - Opinión - Comunidad Valenciana - 07/01/2008
Gran Scala: Los opositores al proyecto salen a la calle
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ELPERIÓDICO/Aragón* : La plataforma de grupos opositores a la instalación del complejo de casinos y parques temáticos Gran Scala en Los Monegros está barajando la posibilidad de utilizar el lema "No con mis impuestos" como frase central de la campaña de rechazo al proyecto. El eslogan será presentado en la asamblea de entidades críticas con la iniciativa que se celebrará el próximo 19 de enero en el Paseo Barrón de Fraga. Paralelamente, la plataforma, cuyos miembros destacan la "amplia unidad de criterios entre la gente y las organizaciones asistentes", baraja dos nombres para identificarse: "Otra scala" y "Otra Scala es posible".
Entre otras iniciativas, la plataforma tiene previsto promover la elaboración de un manifiesto de rechazo al proyecto del parque de juego y ocio para el que reclamarán el apoyo de sectores de la cultura, la enseñanza, el sindicalismo y el deporte. Al mismo tiempo, proyectan llevar a cabo "una masiva recogida de firmas".
El colectivo de opositores al proyecto, que prevé iniciar la "acción de calle" con el carnaval alternativo y la Cincomarzada, exigirá al Gobierno "que cese cualquier tipo de gestión (relacionada con Gran Scala) hasta que un comité científico-técnico independiente haya elaborado informes sobre la viabilidad económica, urbanística, presupuestaria y del impacto social, en la infancia, laboral y medioambiental" del complejo.
Dos días antes del encuentro de Fraga, el día 17, la plataforma de oposición a Gran Scala celebrará una nueva asamblea en el centro cívico Laín Entralgo, en el Paseo de la Mina de Zaragoza.
Por último, el colectivo ha iniciado una ronda de entrevistas con representantes de las siguientes entidades: Izquierda Unida, PP, PSOE, JAC, CHA, CCOO, UGT, UAGA, Cáritas, Federación de Asociaciones de Barrios y Vecinos de Zaragoza, Proyecto Hombre y Azajer.
Por otro lado, la Fundación Ecología y Desarrollo pide participación en el proceso de debate público sobre el proyecto que está promoviendo.
* El Periódico de Aragón - 05/01/2008
Foto: Los Monegros (Aragón), torre proyecto Gran Scala - elperiodicodearagon.com
