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ELPAÍS/Pontevedra* : A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas. "Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.
Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".
El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.
A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.
En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.
De Portela a las ratas
Ni para alquilar, ni para comprar. A las familias gitanas de O Vao no las quieren en los municipios cercanos a Poio. El caso de Vilarchán, donde los vecinos estaban dispuestos a hipotecarse con tal de impedir que el clan de los Jiménez comprase una de las casas de la aldea, fue sólo el síntoma más evidente de una realidad que trae de cabeza al gobierno municipal de Poio.
La palabra racismo saltaba ayer de una boca a otra en O Vao, donde residen más de 80 familias, algunas desde hace casi 50 años. En 1972 el Ayuntamiento de Poio cedió un terreno municipal para construir viviendas para los gitanos. Fue entonces cuando se publicó un concurso de ideas que ganó el arquitecto pontevedrés César Portela. De aquel proyecto llaman hoy la atención la construcción de unas peculiares edificaciones con aire futurista en medio del asentamiento, donde la basura y las ratas forman parte del paisaje.
Precisamente por ello, el nacionalista Luciano Sobral, acompañado por otros miembros del gobierno en su visita al asentamiento gitano, se comprometió ayer a dotar la zona de contenedores e iniciar un plan de limpieza que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.
Y con vistas a una solución definitiva, el alcalde mantiene en vigor el proyecto de urbanizar los 4.000 metros cuadrados de terreno que recoge la construcción de un vial y 4 bloques de 41 viviendas.
* ELPAIS.com - LARA VARELA - Poio - 27/10/2007
Foto: Poio (Pontevedra), Combarro - orgaccmm.org
Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas
La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico
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ELPAÍS/Sevilla* : Cabañas de madera en la mitad del campo. Sin permiso. Sin licencia. Junto a torres eléctricas o en la mitad de la nada. La Fiscalía de Sevilla ha declarado la guerra a este nuevo fenómeno del urbanismo sin control. De momento, ha abierto medio centenar de diligencias contra los propietarios de las parcelas del paraje Clarevot, una zona rústica entre Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios.
El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha presentado este año una veintena de querellas por estimar que estas cabañas, de madera o chapa, atentan contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. También ha denunciado al supuesto "parcelador y urbanizador del terreno", Silverio Morilla.
"Es un escándalo. Y mantenemos el criterio de perseguir como delito urbanístico la ubicación de estas casas de madera o chapa en suelo rústico. Tienen vocación de permanencia y causan el mismo daño al suelo que una construcción de ladrillo", explica Rufino.
Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta un dato ofrecido por Francisco Jiménez, el alcalde de Utrera: "A nueve millones de euros ascienden las multas abiertas en el Ayuntamiento de Utrera por infracciones urbanísticas, la gran mayoría relacionadas con la parcelación y la construcción en terreno rústico".
"Los notarios, de alguna manera podría decirse que son partícipes de esta situación. Escrituran a 40 ó 50 personas que no tienen nada que ver entre sí y lo que están contribuyendo es a la parcelación ilegal", afirma Rafael Chacón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá. "Yo he visto carteles donde se dice: 'vendo parcela con escritura", cuenta Chacón.
Juan, un propietario que quiere guardar su anonimato usando este nombre, lamenta el "lío" en el que se halla inmerso. "Esto tiene tal apariencia de legalidad cuando llegas y ves el sitio, te confunden. Si lo llego a saber no me meto". Él es uno de los propietarios de las 139 parcelas en las que Morilla dividió 13 hectáreas de suelo no urbanizable.
"Nuestro objetivo es conseguir que se restaure la situación anterior, que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio y una doctrina que obligue a demoler las cabañas y a devolver el terreno a su estado original", subraya el fiscal. Rufino lamenta que el derecho penal no se pueda aplicar siempre a los parceladores. "Sólo si hacen alguna obra de urbanización o incipiente construcción y si además lo hacen en suelo rústico especialmente protegido podemos actuar", reflexiona.
De lo contrario el asunto puede quedarse en una simple sanción administrativa. En el caso del paraje de Clarevot, los tribunales también persiguen al supuesto impulsor de la urbanización porque además de parcelar, también hizo las obras de canalización de aguas a partir de dos pozos, delimitó la calle de acceso a la urbanización donde plantó 120 palmeras y valló con ladrillos, acero y malla todo el perímetro.
Sin embargo Morilla, en su declaración ante el juzgado, mantuvo que la urbanización la han montado los parcelistas y recordó que vendió el suelo en escritura pública como rústico.
Juan ha montado una caseta de madera de 60 milímetros de grosor a la que cuando llueve le entra agua por las esquinas. Y subraya: "No está anclada al suelo sino posada, pagué un IVA del 16% al comprarla con lo cual estoy pagando un bien mueble. Yo entiendo que esto no es una edificación. Se desmonta en tres o cuatro días".
La mayoría de las denuncias que han llegado a la fiscalía proceden del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A partir de ahí, la Guardia Civil tiene orden de la fiscalía de identificar a los propietarios , describir la "casa" y fotografiar la zona". "Precisamente el día que yo montaba mi casa llegó la Guardia Civil y no me ordenó para. Me dejaron seguir. Sólo me pidieron mis datos para identificarme", recuerda Juan, quien se gastó 3.000 euros en su parcela y se queja de que nadie le avisara del lío en que está metido.
* ELPAIS.com - MERCEDES DÍAZ - Sevilla - 27/10/2007
Foto: La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico- GARCÍA CORDERO (El País)
Martín Pallín propone que una agencia estatal fiscalice el urbanismo municipal
EUROPASUR* : El magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín admitió ayer en la ponencia Infracciones y delitos urbanísticos que el derecho administrativo ha fracasado en el control urbanístico de las ciudades. "Es cuando entra el derecho penal, el último remedio que se usa para tratar de encauzar la conducta desviada. El derecho penal hace lo que tiene que hacer. No podemos seguir con la técnica de corrección del daño".
Analizó esta cuestión, de plena actualidad y mucho más después del punto de inflexión que marcó el modelo urbanístico marbellí, y vaticinó que España se debate entre dos ejemplos: el de California o el de Miami. Al primero lo consideró el más inteligente por sus políticas racionales, por su entorno vivible y por el uso de las tecnologías limpias, mientras que el segundo tiene que ver con la masificación.
Apuntó en su charla, incluida en el seminario de Justicia y Derecho de los cursos internacionales de Otoño, que el Urbanismo se ha encarado con desidia y luego han llegado las consecuencias. "Cuando la dimensión alcanzó el disparate es cuando nos damos cuenta que el Urbanismo es demasiado importante para dejarlo en manos del Ayuntamiento. La encomienda al Consistorio ha sido un verdadero caos. Ha arrasado al medio ambiente y ha sido un foco de corrupción". "El predominio de la política fue el de pon el ladrillo y corre. Se juntaba un promotor audaz con un alcalde y funcionarios que caían en la corrupción. Fue el paso del cultivo de la naranja al del ladrillo y, claro, pasó lo que pasó", añadió.
El profesor explicó que desde el punto de vista administrativo la demolición de construcciones ilegales es obligatoria, "aunque tiene sus excepciones por su coste social o económico".
Cree que las comunidades autónomas deben ser también responsables y es partidario de crear una agencia estatal con funciones de fiscalización e información y que pueda dirigirse a la fiscalía del Medio Ambiente para poner en marcha las acciones judiciales.
Martín Pallín concluyó su alocución con que la Justicia se enfrenta a un reto administrativo "para dar respuesta a algo que es prioritario a los individuos".
Considera que hay que tomar conciencia ya por lo avanzado del problema y por su capacidad de afectar a generalidades por encima de individualidades. "El bien jurídico protegido redunda en beneficio de la generalidad. Van a ser las políticas criminales del presente y del futuro".
Reseñó como un dato clave que más del 25 por ciento de los trabajos de los juzgados de guardia solventan conflictos de convivencia doméstica. "Hay que replantear los esfuerzos personales y procesales. Las mediación y las medidas alternativas tienen sentido en este conflicto".
Apuntó el conferenciante que la solución pasa por la fórmula de un desarrollo sostenible. "La materia urbanística se considera como bien jurídico protegido. La ordenación del territorio no debe ser incontrolado porque puede haber desarrollo insostenible en el marco legal". Dijo finalmente que las claves pasan por la ordenación del territorio y el desarrollo sostenible.
* Europa Sur - Algeciras - David Lendínez - 26 de Octubre de 2007
Imputado el alcalde de Moncofa por vender terreno a bajo precio
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ELPAÍS/Castellón* : El alcalde de Moncofa, el socialista José Vicente Isach, acudirá el próximo 19 de noviembre a declarar como imputado por un presunto delito de fraude por haber vendido terrenos municipales a bajo precio. El juzgado número 1 de Nules abrió las diligencias después de que el ex fiscal jefe de Castellón, Javier Arias, hiciera suya la denuncia presentada por un particular y ante la existencia de indicios de "posible infracción penal", según manifestaron fuentes del caso.
Además, el juzgado ha vuelto a llamar a declarar a los dos empresarios adjudicatarios del programa en el que está incluido el suelo vendido. Sin embargo, en esta ocasión, lo harán en calidad de imputados y no como testigos, condición bajo la que prestaron declaración el pasado mes de marzo.
Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Moncofa, aseguraron ayer que la providencia en la que se notifica la imputación del alcalde no ha sido notificada de momento. Las mismas fuentes indicaron que "en el caso de ser cierto, lo único que significará es que podrá acreditarse, con todas las garantías de la Ley, la adecuación de la actuación municipal, de su pleno y de su alcalde".
La denuncia llegó tras la adjudicación de un programa urbanístico: Belcaire. El alcalde vendió el aprovechamiento que los urbanizadores deben ceder a los consistorios a los mismos adjudicatarios, como suele ocurrir en la mayoría de los municipios. Según la denuncia, el precio de venta en 2005 fue de 140 euros el metro. Meses después su valor se multiplicó.
* ELPAIS.com - M.F. - 26/10/07
Foto: Moncofa (Castellón) - mma.es
Ávila: 'Connivencia de dos Consejerías'
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ÁVILARED* : El portavoz del colectivo ecologista Centaurea, Carlos Bravo, ha denunciado la "connivencia" entre las consejería de Medio Ambiente y Fomento de la Junta de Castilla y León, al "permitir" una urbanización de más de 2.000 viviendas en Santa María del Cubillo, pese a que "no había autorización para realizar las obras". Bravo efectuó estas declaraciones un día después de conocerse que la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón al Ayuntamiento de Ávila y ha suspendido la ejecución del Plan Especial de Saneamiento de Aguas Pluviales de este proyecto.
Se trata de una actuación en este municipio cercano a la ciudad, próximo al embalse de Serones, uno de los que abastece a la capital abulense, y situado en el espacio natural de 'Campo Azálvaro'.
El fallo, conocido el miércoles, suspende la vigencia del Plan Especial, que era el requisito previo para urbanizar en esta zona al este de Ávila. Para el portavoz de los ecologistas, esta sentencia "viene a dar la razón" tanto al Consistorio de la capital, como a Centaurea, que denunciaron la "ilegalidad de poner en marcha esa urbanización sin haberse aprobado los planes parciales y sin la autorización correspondiente". Por ello, denunció la "connivencia" de ambas consejerías de la Junta que "a pesar de que estaba claro que no había autorización para realizar estas obras, han permitido que la urbanización echara a andar".
Por otra parte, Carlos Bravo señaló que su colectivo denunció el pasado mes de agosto el inicio "ilegal" de las obras de urbanización de este proyecto. Los ecologistas trabajan en la actualidad en una "detallada" propuesta para que "Campo Azálvaro" sea dotado de "una figura de protección, dentro de la Red de Espacios Naturales de Castilla y León, para que todos estos proyectos urbanísticos que amenazan la zona, no puedan plantearse nunca más".
* ÁvilaRed - 25/10/07
Foto: Santa María del Cubillo (Ávila), campo-azalvaro - centaurea-ae.org
La Fiscalía investiga el proyecto de Novo Carthago, que prevé 7.000 viviendas en el Mar Menor
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LAVERDAD/Murcia* : Después de Puertomayor, Lo Poyo y La Zerrichera -cada uno por motivos diferentes- le ha llegado el turno a la urbanización Novo Carthago, proyectada junto al Mar Menor. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ha requerido a la Consejería de Desarrollo Sostenible la documentación relativa a este proyecto de 7.000 viviendas para comprobar si se produjo alguna ilegalidad en el proceso de recalificación de los terrenos.
Según ha podido confirmar La Verdad de fuentes del Gobierno regional, el primer oficio de la Fiscalía entró en la Consejería el 10 de julio pasado. El departamento de Benito Mercader respondió cuatro días después aportando la información requerida. Posteriormente, el mes pasado, la Consejería envió al fiscal nueva información sobre dicha urbanización. En su requerimiento, la Fiscalía hacía constar que había abierto diligencias informativas sobre Novo Carthago, aunque no especificaba qué delito persigue.
El proyecto de Novo Carthago se presentó públicamente en el verano del año 2002 por parte del grupo Hansa Urbana, sobre unos terrenos que suman 567 hectáreas junto al Mar Menor, dentro del municipio de Cartagena. Ocupará el enclave del antiguo monasterio de San Ginés de la Jara, en una de las pocas zonas vírgenes que quedan todavía junto a la laguna. La propiedad es colindante con la finca de Lo Poyo, donde se pretendía levantar otra gran urbanización hasta que el Gobierno regional decidió suspender el proyecto al verse salpicado este último por la operación Malaya destapada en Marbella.
Críticas del PSOE
Novo Carthago prevé la construcción de unas 7.000 viviendas, dos campos de golf de 18 hoyos y varios hoteles con una inversión aproximada de mil millones de euros. Se da la circunstancia de que una parte de los terrenos -alrededor de 40 hectáreas- pertenecían a tres empresarios vascos relacionados con el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, y a la Kutxa (Caja de Ahorros de Gipúzkoa). Hansa Urbana, no obstante, se los compró en octubre del año pasado. La Kutka además es propietaria de Los terrenos de Lo Poyo y del proyecto de La Zerrichera , este último paralizado por el Tribunal Superior de Justicia.
La Fiscalía trata de determinar si se produjo alguna ilegalidad en la tramitación para recalificar los terrenos. La denuncia para actuar no procede del PSOE murciano, aunque sí ha sido este partido el que más crítico se ha mostrado hacia Novo Carthago, hasta el punto de que exigió que se paralizara al igual que se hizo con Lo Poyo. La diputada regional Teresa Rosique denunció que se produjo «una recalificación a la carta» en favor de la promotora inmobiliaria Hansa Urbana, para la que trabajó Carlos Valcárcel, abogado y hermano del presidente, según Rosique. Ésta añadió que durante la tramitación de la recalificación «se obviaron dos informes oficiales de las consejerías de Obras Públicas y de Agricultura que planteaban reparos al proyecto y se modificó el Plan de Recursos Naturales del Mar Menor que no permitía urbanizar el suelo de interés agrícola existente en la zona». Asimismo, señaló que hubo al parecer presiones desde el Gobierno regional a los técnicos que debían evaluar ambientalmente el proyecto, en un reunión celebrada en el palacio de San Esteban.
El presidente Ramón Luis Valcárcel anuncio en diciembre pasado que estaba dispuesto an enviar a la Fiscalía del TSJ todo el expediente para demostrar que no se cometió ninguna irregularidad.
Plan parcial
El plan parcial de Novo Carthago fue aprobado en marzo por el Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Abarca una superficie de unos 5,6 millones de metros cuadrados, de los que 654.000 serán residenciales y donde se podrán construir unas 7.000 viviendas. Otros 174.000 metros cuadrados serán para uso hotelero.
* La Verdad - M. Buitrago - 26/10/07
Foto: Vista parcial del Mar Menor con La Manga al fondo. Los terrenos de Novo Carthago están a la izquierda de la franja sin urbanizar, próximos a El Algar. / JOSÉ M. RODRÍGUEZ / AGM
Un imputado en el caso de La Zerrichera, nombrado gerente de Urbanismo de Lorca
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EFE/Murcia* : El ex director general de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo del Gobierno regional, Manuel Alfonso Guerrero, imputado por el escándalo urbanístico de La Zerrichera, juró hoy su cargo como gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, y dijo no querer valorar las críticas que ha despertado su nombramiento.
Guerrero tomó posesión de su cargo en un acto presidido por el alcalde de Lorca, Francisco Jódar, que se celebró en la alcaldía de protocolo del consistorio con representantes del equipo de Gobierno y técnicos de la Gerencia de Urbanismo y con ausencia de miembros de PSOE e IU, que en las últimas horas han criticado este nombramiento y votado en contra del mismo.
Jódar reconoció durante el acto que la designación de Guerrero "ha sido polémica" y reiteró sus argumentos de apoyo al nuevo gerente, al que dijo "conocer bien y poder avalar sus capacidades y su calidad humana", al tiempo que afirmó estar convencido de que "cumplirá con los objetivos le han sido encomendados".
Tras tomar posesión, Guerrero dijo a los periodistas no querer valorar las críticas de PSOE e IU sobre su nombramiento y explicó que durante su trayectoria profesional siempre ha procurado "colaborar con este municipio desde mis distintas responsabilidades y a partir de hoy todo mi esfuerzo, mi dedicación y mi ilusión irá destinada a trabajar por y para Lorca".
"Sobre el resto de manifestaciones que se hayan podido verter sobre mi persona", continuó Guerrero, "no voy a decir nada en este momento porque el tiempo, sin duda, quitará la razón a aquellos que lo manifestaron".
Guerrero abundó en que sus "retos inmediatos" son la aprobación definitiva del Plan Urbano de Lorca en los sectores de la zona litoral que aún están suspendidos y el desarrollo del proyecto de urbanismo residencial de Marina de Cope, que comparte el Ayuntamiento de Lorca con el de Águilas.
Tras su toma de posesión será contratado de forma eventual como funcionario con dedicación exclusiva al cargo por el que percibirá emolumentos anuales que suman más de 72.000 euros, aspecto que junto a su imputación en el caso La Zerrichera ha despertado las principales críticas de la oposición.
* 20 Minutos - 25.10.2007
Foto: Lorca (Murcia) - regmurcia.com
Detectadas licencias ilegales en El Puerto también en suelo urbano
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DIARIODECÁDIZ* : Hasta en suelo urbano. El escándalo urbanístico desatado a raíz de detectar el actual equipo de gobierno del Partido Popular en El Puerto un centenar largo de casos de Obra Nueva fraudulenta, perpetrados con certificados falsos de antigüedad expedidos por algunos de los profesionales imputados en la trama desmantelada en verano en Chiclana por la Guardia Civil, sigue engordando. Ya era sabido que en algunos casos, los propietarios de los inmuebles, construidos en su mayor parte en suelo no urbanizable, además habían conseguido la legalización a través de decretos firmados por el edil de Urbanismo de la anterior legislatura, Juan Carlos Rodríguez (Independientes Portuenses).
Unas legalizaciones que, al entender de los populares, "serían ilegales", entre otras cosas porque, como ya informó este periódico, se fundamentaron en el cambio de clasificación que podrían experimentar los suelos afectados en el futuro Plan General, aún no aprobado. De ahí que ya se hayan enviado a Fiscalía 16 casos, entre ellos, algunos con estas legalizaciones rubricadas por Rodríguez. Y ahora, este diario ha podido saber que también el PP ha detectado licencias dadas por IP en suelo urbano presuntamente ilegales.
Este periódico ha tenido acceso en concreto a la notificación de una licencia que otorgó en solitario el ex alcalde Hernán Díaz, al avocarse para sí las competencias que tiene delegadas la Junta de Gobierno Local (órgano que da las licencias), en noviembre de 2005 (el documento se reproduce en la página, junto al cartel que se colocó en la parcela) a una promotora de Chiclana para la construcción de cinco unifamiliares en La Caridad. Esta licencia, confirmó ayer a este diario el actual coordinador del Área de Urbanismo de El Puerto, José Galán, es "contraria a ley". Esto es debido a que estos terrenos están clasificados en el Plan General como suelo urbano no consolidado, donde no se puede otorgar licencias de parcelación y de edificación "hasta que no esté aprobado el proyecto de reparcelación", enfatizó Galán, trámite preceptivo que ni se había cumplimentado entonces ni hoy en día. Y en esta zona, desveló Galán, "se han dado más licencias".
Cuestionado por este caso concreto, Galán mostró su extrañeza porque Hernán se avocara las competencias para dar la licencia (si va a la Junta de Gobierno, debe ir con informe jurídico), algo que, dijo, "sólo se hace en asuntos de urgencia, y siempre que la urgencia se justifique". Desde que el PP se hizo con la Alcaldía, tras los comicios de mayo, sólo ha habido un caso de avocación: "para unas obras del CEEI Bahía de Cádiz, para aligerar y que no se perdiera una subvención de 900.000 euros", desveló el coordinador de Urbanismo. "La licencia para cinco chalés se puede dar un día o a la semana siguiente. No sé cuál sería la urgencia de Hernán", concluyó.
* Diario de Cádiz - Rosa Romero - 25/10/07
Foto: El Puerto de Santa María (Cadiz), ayuntamiento - wikipedia.org
Barcelona: Los vecinos rechazan el plan para el cuartel de la Verneda
ELPERIÓDICO* : Los vecinos de Sant Martí piden que se paralice la aprobación definitiva del plan urbanístico que concreta el uso del solar donde estaba el cuartel de la Verneda, prevista para este viernes, y se abra un periodo de dos meses de conversaciones con la Administración con el fin de llegar a un acuerdo tanto sobre los equipamientos que se construirán como acerca de los usos del recinto policial.
Tras meses de negociaciones y cuatro años de reivindicación vecinal, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ministerio del Interior firmaron el pasado 12 de abril el convenio de cesión a la ciudad de unos 1.600 metros cuadrados del cuartel (de más de 9.000), ubicado entre la rambla de Guipúscoa y las calles del Treball, del Concili de Trento y de Selva de Mar. El pasado 12 de septiembre, finalizado un periodo de alegaciones que los vecinos denuncian que no les fue comunicado, fue aprobado el plan urbanístico en la comisión de gobierno del consistorio. El viernes el proceso dará su último paso al lograr luz verde del ayuntamiento y de la Generalitat en la Subcomisión de Urbanismo del municipio.
"El ayuntamiento ha actuado de mala fe al no habernos comunicado como parte afectada el periodo de alegaciones", denunció ayer el presidente de los vecinos de Sant Martí, Manuel Martínez. Y entre estas, enumeran su rechazo al cerramiento con vallas del recinto policial, la no inclusión de un párking público para los vecinos, como reivindicaron, y la ubicación del espacio destinado para equipamientos (entre Treball y Concili de Trento), ya que consideran que no quedarán integrados con el centro cívico, ubicado en la calle de Selva de Mar.
En lo referente al recinto policial, rechazan el nuevo uso de la comisaría que el Gobierno rehabilitará, donde se prevé centralizar brigadas ahora dispersas, como documentación y extranjería, ya que temen que el barrio se masifique y se invadan los espacios públicos con colas.
* El Periódico - ROSA MARI SANZ - 24/10/2007
Foto: En el centro, vista general del cuartel policial de la Verneda, el pasado mayo. - SERGIO LAINZ - elperiodico.com
Cinco detenidos más por corrupción en Santa Brígida
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REUTERS/Canarias* : Cinco personas más fueron detenidas el miércoles en el marco de una operación contra la corrupción urbanística en la localidad de Santa Brígida, en Gran Canarias, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Con estos ya son 12 los detenidos en la llamada "operación Brisan" tras los arrestos de ayer, entre los que se encontraban dos ex alcaldes del municipio del Partido Popular, un ex concejal y tres técnicos municipales.
Según la información del tribunal, Salvador Gil Dávila está acusado del delito de falsedad documental; Estaban Santana Santana, funcionario del ayuntamiento, de falsedad documental y malversación de caudales públicos; Rosa Troya Ramírez, administradora de una empresa del sector de la construcción, de falsedad documental, fraude, exacciones ilegales y malversación.
Santiago Alvarado Alonso, administrador de una empresa de Servicios hoteleros, es sospechoso de los delitos de falsedad documental, fraude y exacciones ilegales, y malversación; y por último Carmen Rosa Rodríguez Rodríguez, de falsedad documental y malversación.
Ayer por la noche, Pedro Morales Déniz, propietario de una ferretería, fue arrestado en el aeropuerto grancanario de Gando como sospechoso de haber cometido los delitos de fraude y exacciones ilegales, malversación, falsedad documental y tráfico de influencias.
Este empresario y los seis detenidos ayer quedaron en libertad con cargos tras declarar ante el TSJC y con la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.
Se trata de los ex alcaldes del PP Carmelo Vega Santana, y Antonio Díaz Hernández - que en la actualidad son concejales -, el ex concejal del mismo ayuntamiento Luis Manuel Troya Ramírez, y los técnicos municipales Santiago Hernández Álvarez, Antonio Ventura Rodríguez y Jacinto Hernández Álvarez.
Al igual que el empresario, han quedado imputados por prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad documental y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos.
La operación se inició tras la denuncia presentada hace unos meses por varios concejales de esta corporación municipal, según la cual algunos de los anteriores alcaldes habrían cometido diversas irregularidades relacionadas con el urbanismo, informó la Benemérita.
En junio se registró el consistorio por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas, y la documentación intervenida ha llevado a las detenciones.
Santa Brígida está situada en el interior de Gran Canaria y tiene una población de casi 20.000 habitantes.
* SwissInfo - 24 de octubre de 2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - canarias7.es
El Fiscal dice que Muñoz fue partícipe del ´urbanismo a la carta´ de Marbella
EFE* : La Fiscalía de Málaga pide la pena de veinte meses de prisión para el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz por un delito contra la ordenación del territorio al considerar que fue partícipe del conocido como "urbanismo a la carta", un fenómeno que "ha prevalecido durante bastante tiempo" en este Ayuntamiento. Los hechos enjuiciados se remontan a 1998 cuando Muñoz junto con otros seis ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) que conformaban la corporación municipal concedieron durante una Comisión de Gobierno una licencia de obra para la construcción de una vivienda unifamiliar en una parcela no urbanizable.
Durante la tercera sesión del juicio, celebrado hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, el Ministerio Público ha alegado que la corporación municipal con la aprobación de dicho permiso decidió "echarle un pulso al Estado de Derecho", con la única finalidad de "dejar una de las funciones públicas esenciales, como es el urbanismo, en base a unos intereses particulares".
Según el fiscal, esta conducta no es "aislada", sino que ha imperado en el consistorio marbellí durante muchos años y ha sido la que ha originado el denominado como "urbanismo a la carta".
Además, ha recordado que se otorga la licencia de obra a la sociedad Artola Inversiones para saldar una deuda que el consistorio mantenía con ésta y se hace todo un "esfuerzo" administrativo para desafectar la parcela.
En su alegato puso de manifiesto también que se acordó un permiso en base a un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) sometido a revisión y que, por consiguiente, no había sido aprobado por el organismo competente, que es la Junta de Andalucía.
Respecto al resto de ex concejales, también imputados en esta misma causa y que habían puesto en duda ante la juez su asistencia en aquellas Comisiones, ha señalado que no consta ninguna protesta por parte de alguno de los integrantes de la corporación de que se estuviera alterando la realidad de lo ocurrido.
Por su parte, la acusación eleva la pena de Julián Muñoz a 24 meses de prisión al entender que era perfectamente consciente de que el informe técnico que avalaba la concesión de la citada licencia urbanística contenía un error, y que a pesar de ello firmó el convenio con la entidad Artola Inversiones.
La defensa de Muñoz ha argumentado que aquel permiso cumplía con la normas de aplicación directa de la ley del suelo, cumple con el PGOU recientemente aprobado -en el que la parcela goza del mismo uso que en el del planeamiento en revisión en 1998- y que además su cliente se basó en un informe técnico favorable aportado por el entonces secretario general Leopoldo Barrante.
Entre los ex ediles acusados en este procedimiento también se encuentra el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, para el que Fiscal pide la pena de dieciocho meses de cárcel, así como un hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, Juan Antonio Yagüe, que se encuentra en busca y captura.
Julián Muñoz está encarcelado desde hace quince meses, cuando ingresó en prisión por el "Caso Malaya" sobre la corrupción en el consistorio marbellí; pesan sobre él dos condenas de un año de prisión cada una por causas urbanísticas y está a la espera de su clasificación penitenciaria para optar a beneficios carcelarios.
Las causas penales contra el ex alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas rondan el centenar, casos con penas que oscilan entre los dieciocho meses y los dos años de prisión, además de inhabilitación para empleo o cargo público entre ocho y diez años.
* La Opinión de Málaga - 24 de octubre de 2007
Foto: Marbella - costasur.com
La sospecha se extiende en los municipios del archipiélago
ELPAÍS/Canarias* : La corrupción corroe la política canaria. Los casos de información privilegiada, comisiones ilegales y pelotazos urbanísticos se han multiplicado durante los últimos años en municipios de Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. Algunos han tocado al Gobierno autónomo, como las irregularidades en un concurso para la construcción de parques eólicos en 2006. Los más recientes son éstos...
- 'Caso Faycán'. Todos los miembros del gobierno local del PP en Telde (Gran Canaria), salvo un concejal, fueron detenidos y posteriormente dimitieron, a finales de 2006, por su implicación en una trama de favores urbanísticos a cambio de comisiones. El cerebro era la concejal de obras, Antonia Torres. "Cuando nos adjudicaron la obra, el asesor de la concejal nos dijo que debíamos abonarle 19.714 euros por haber sido adjudicatarios. Como no pagamos, dejaron de pagarnos las certificaciones de obras", declaró al juez un empresario extorsionado.
- 'Caso Mogán'. El juez ordenó el pasado febrero la detención del alcalde de Mogán, Francisco González (PP), por prevaricación, tráfico de influencias, omisión del deber de perseguir delitos, contra la ordenación del territorio, negociaciones prohibidas y malversación por firmar un convenio con un empresario por el que éste debía entregar al ayuntamiento tres parcelas que nunca cedió. La nómina de supuestos delitos de su primera teniente de alcalde, Onalia Bueno, se completaba con un fraude electoral por comprar supuestamente votos de turistas a los que lograba empadronar en el municipio. Bueno fue además acusada por la policía de espiar a la comisaria que investigó el caso.
- 'Caso Teresitas'. El fiscal presentó en diciembre una querella contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo (CC), tres concejales (uno de ellos del PSOE y otro del PP), varios técnicos municipales y dos empresarios por prevaricación y malversación. Los empresarios compraron suelo por 30 millones en los aledaños de la playa de Las Teresitas, revendieron un tercio por 53 millones al ayuntamiento, y el resto, recalificado, alcanzó un valor de 106 millones. El supuesto pelotazo ascendió a 129 millones de euros. Buena parte del suelo era público y el resto, un acantilado.
*ELPAIS.com - 24/10/2007
Foto: Tenerife, playa Teresitas - flickr.com
Las casas ilegales del aeropuerto de Córdoba se pagarán a precio de mercado
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ELPAÍS* : Construir ilegalmente sale a cuenta, al menos junto al aeropuerto de Córdoba. El Ayuntamiento de Córdoba y el Ministerio de Fomento insistieron ayer en pagar a precio de mercado la adquisición de las alrededor de 75 propiedades que deben desaparecer para ampliar el aeropuerto de la ciudad para que reciba vuelos comerciales. Las casas que hay en esos terrenos se levantaron ilegalmente y, pese a todo, hay algunos de esos propietarios que se oponen a la venta. El Ayuntamiento advirtió ayer de que, si no se llega a un acuerdo amistoso, se recurrirá a la expropiación forzosa y se pagará sólo el justiprecio.
"La ampliación no se supedita a que el propietario de los suelos esté de acuerdo o no", sostuvo Andrés Ocaña, responsable de Urbanismo en Córdoba.
AENA prevé que a mediados del mes de marzo tendrá el suelo necesario para la ampliación. El aeródromo multiplicará por tres su superficie hasta llegar a los 1.226.000. Cuando a mediados de 2009 se haya culminado la obra, habrá vuelos nacionales e internacionales. Ahora sólo pequeños aeroplanos lo utilizan.
El problema reside en que hay varias urbanizaciones de casas que se han levantado al margen del ordenamiento urbano cercando al aeropuerto. Hay parcelaciones, como Fontanar de Quintos, que están clasificadas como reconducibles, es decir, que podrán regularizarse en el futuro. Pero otras, como La Altea, nunca serán legales al estar en una zona inundable. En esta urbanización hay 29 casas. Se trata de viviendas unifamiliares con piscina y un terreno. Josefa Jiménez, de 52 años, lleva viviendo ahí desde 1995. Su casa, al igual que 18 más, desaparecerá. "Si se ha decidido así nos tendremos que aguantar", reconoció ayer. Jiménez vive con su marido, dos de sus hijas y un nieto. Al ser la presidenta de la asociación de vecinos, ha estado presente en las reuniones que se han celebrado ya con el Ayuntamiento y con AENA. En esos encuentros se ha dicho a los afectados que se pagarán sus casas a precio de mercado. Según un pequeño sondeo realizado por este diario, el precio medio en la zona ronda los 250.000 euros por una parcela de 1.500 metros cuadrados con una vivienda de 150. Pero las administraciones todavía no han dado a conocer ninguna cantidad concreta. Simplemente porque no tienen todavía la lista definitiva de propiedades afectadas. Fomento estima que en dos semanas estará ese listado.
Manuel Navarro, un hombre de 64 años que lleva 30 años viviendo al lado del aeropuerto, se quejaba ayer de la "falta de información". Dijo que todavía no le han confirmado oficialmente si tendrá que vender su casa y que lo sabe por lo que ha leído en los periódicos. También desconoce cuánto le pagarán por las tres viviendas y la nave industrial que tiene en su parcela.
Piso protegido sin sorteo
El Ayuntamiento de Córdoba está dando un buen número de salidas a los propietarios de las casas ilegales que deben desaparecer para que pueda ampliarse el aeropuerto. Andrés Ocaña (IU), responsable municipal de Urbanismo, indicó ayer que los afectados tienen derecho al realojo en una Vivienda de Protección Oficial sin sorteo, aunque deben cumplir unas condiciones.
Entre los requisitos que anunció ayer Ocaña está no ser propietario de otra vivienda, tener los niveles de renta máximos que se establecen para poder acceder a un piso protegido, estar empadronados en Córdoba y ofrecer la garantía de unos ingresos regulares.
Hay situaciones de todo tipo entre los alrededor de 75 afectados. Personas como Manuel Navarro, quien sí tiene otras propiedades, o como Josefa Jiménez, quien sólo dispone de la casa que tiene que desaparecer para que el aeropuerto cordobés pueda recibir vuelos comerciales.
El Ayuntamiento baraja que los vecinos que lo requieran puedan agruparse en forma de cooperativa y poder así recurrir a la forma legal de VPO. A lo que se ha negado el Ayuntamiento es a dar a los propietarios suelo para que puedan volver a levantarse chalés.
* ELPAIS.com - MANUEL PLANELLES - Córdoba - 24/10/2007
Foto: Córdoba, mezquita - Mats Halldin (wikipedia.org)
La Fiscalía pide 4,5 millones de multa por tres delitos de cohecho para dos ex ediles de Gondomar y un arquitecto
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EUROPAPRESS/Pontevedra* : La Fiscalía solicita tres penas de multa para el ex edil de Cultura de Gondomar (Pontevedra), José Luis Mosquera, y el ex concejal de Urbanismo, Alejandro Gómez Garrido, por cohecho y otras tantas para el arquitecto vigués Francisco Borja Ramilo Méndez, por un valor de 4,5 millones de euros tras ser detenidos en febrero acusados de corrupción urbanística.
En concreto, el escrito fiscal demanda para cada uno de los ex ediles una multa de 1,2 millones de euros, y dos de de 360.000; así como tres penas de suspensión de empleo y cargo público de dos años por cada una, pero no pide prisión.
Por su parte, para el arquitecto, como "coautor necesario", solicita tres penas de multa; una por 450.000 euros, otra de 135.000 euros y una tercera por más de 135.000 euros. Además, requiere la suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses, por cada uno de los tres delitos.
Para la que considera cómplice de sólo uno de los delitos, Belén Fernández Fernández, pareja sentimental del ex edil de Cultura, el fiscal Juan Carlos Aladro demanda la penda de 135.000 euros y la suspensión de empleo o cargo público durante tres meses.
HECHOS.
El fiscal considera que los ex ediles decidieron, "con el ánimo de enriquecerse" y "sirviéndose de la ventaja que les proporcionaban sus cargos oficiales", cobrar unas cantidades de dinero a cambio de favorecer con sus votos la incorporación, en unos casos, y el desarrollo, en otros, de proyectos de urbanización que deberían ser incorporados al Plan General de Ordenación Urbana de la localidad.
Para ello, según el fiscal, se pusieron en contacto con el arquitecto que intervendría en los mismos, Francisco Borja Ramilo Méndez, que ejercía "de intermediario idóneo", ya que, por sus conocimientos técnicos y relaciones con propietarios y promotores, "era el mejor de los interlocutores".
Según destaca Aladro, los concejales trasladaron al arquitecto sus peticiones económicas sobre tres convenios. El primero en relación a la ordenación de la parcela SUZDR5 de la depuradora. Por su aprobación y desarrollo decidieron solicitar 600.000 euros.
El segundo se refería a una finca ubicada en el polígono 10, sobre el paraje de las Canasterías, con el que se pretendía la modificación de la edificabilidad, que se pedía que fuera similar a otra finca vecina del mismo que poseía una superior a la fijada. Para esta actuación los ediles pedían 180.000 euros.
El tercero de los convenios fue realizado con la sociedad A Pousa. Para su aprobación, desarrollo y ejecución solicitaron inicialmente la cantidad de 240.000 euros, que finalmente quedó reducida a 180.000 euros.
Entre enero y febrero de este año, los ediles se pusieron en varias ocasiones en contacto con el arquitecto para hacer efectivo el cobro de las citadas cantidades. En concreto, el fiscal destaca que el 7 de febrero se realizó una reunión con el representante de la sociedad A Pousa, con una cantidad de 60.000 euros en la aprobación definitiva y otros 60.0000 euros cuando superara la aprobación del órgano supervisor de la Xunta de Galicia.
Las detenciones fueron practicas el 14 de febrero cuando decidieron hacer efectiva la primera entrega del soborno en un estudio de arquitectura en la calle Colón de Vigo. Así, a las 21.00 horas acudieron el ex edil de Cultura y su novia al lugar, que fue cambiado finalmente a la cafetería del Hotel Galicia, situada en las proximidades del punto inicial.
* Europa Press - SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Oct
Foto: Gondomar (Pontevedra) - valminor.info
Detenidos por corrupción dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida
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EFE/LasPalmas* : La Guardia Civil ha detenido esta mañana a dos antiguos alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida, Carmelo Vega y Antonio Díaz (ambos del Partido Popular), por un presunto caso de corrupción. También han sido arrestados el ex primer teniente de alcalde Luis Troya (que en alguna ocasión fue regidor accidental), también del PP, y tres técnicos municipales -Santiago y Antonio Hernández Ávarez y Antonio Ventura Rodríguez-.
Fuentes de la investigación sospechan que los imputados contrataban los servicios de empresas en las que ellos mismos tenían intereses. Han sido detenidos por irregularidades urbanísticas que implican seis delitos (fraude y exacciones ilegales, malversación de caudales públicos, falsificación documental, prevaricación, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios público), cometidos durante su gestión al frente del Ayuntamiento de la localidad canaria (de 20.000 habitantes) a partir de 2003.
Vega y Díaz siguen siendo concejales del grupo mixto del ayuntamiento, que ahora gobierna el PP en alianza con Los Verdes. Fue precisamente esta última formación la que denunció las supuestas irregularidades en Ayuntamiento a la Audiencia de Cuentas durante el mandato de Vega, que comenzó en 2003.
A Vega le sustituyó al frente de la alcaldía Díaz. Luego sería edil accidental Troya, que además era concejal de Urbanismo (en la anterior legislatura lo había sido de Vías y Obras; a las elecciones de 2003 se presentó como candidato de Coalición Canaria, pero luego se afilió al PP).
Desde hace más de un año, el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas de Gran Canaria investigaba el caso tras una denuncia de varios concejales. El pasado 20 de junio, la Guardia Civil registró el consistorio por orden del juez ante la negativa del Ayuntamiento a remitir unos documentos.
Sin embargo, la denuncia ante la Audiencia de Cuentas, presentada con anterioridad, no había prosperado. Los técnicos de tribunal tramitaron la documentación que ilustraba las presuntas irregularidades, pero el presidente, Rafael Medina Jaber, y el resto de consejeros no lo transmitieron a la vía penal.
La cuarta macrooperación
Las detenciones efectuadas hoy en el municipio grancanario de Santa Brígida forman parte de la denominada operación Brisán, la cuarta operación contra la corrupción municipal en la isla después de que en marzo de 2006 se destapara el caso Faycán en Telde.La primera fue la operación Faycán, que arrancó el 1 de marzo de 2006, contra una supuesta trama de corrupción por el cobro de comisiones ilegales por parte del Ayuntamiento de Telde, el tercer municipio más poblado de Gran Canaria, con 97.525 habitantes.Entre los casi cuarenta imputados en esta operación figuran el que fuera alcalde del municipio, Francisco Valido (PP), que tuvo que dimitir por su implicación en el caso, varios concejales de su partido, empresarios y empleados municipales.El ex alcalde Francisco Valido, así como otros cinco concejales del PP renunciaron a sus cargos el 24 de noviembre del año pasado.A Faycán le siguió, en enero de 2007, la operación "Góndola", desarrollada en el municipio grancanario de Mogán, uno de los núcleos turísticos más importantes de la isla que tiene 16.569 habitantes.Tras "Góndola", este verano una nueva operación anticorrupción llamada Paraíso y desarrollada en el principal municipio turístico de la isla, San Bartolomé de Tirajana, con casi 48.000 habitantes, provocó nuevas detenciones de ediles.
* ELPAIS.com - Las Palmas de Gran Canaria - 23/10/2007
Foto: Santa Brígida (gran Canaria), ayuntamiento - A.Medina, EFE
Madrid encabeza la lista de las comunidades más contaminantes
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MDO/EUROPAPRESS* : Madrid encabeza la lista de comunidades autónomas más contaminantes, al consumir y generar una contaminación de casi veinte veces (19,9) la capacidad de recarga de los recursos naturales (biocapacidad) de su territorio, mientras que la tasa global de España es de 2,6 veces. Así se desprende del informe 'La huella ecológica como elemento de valoración integrada de la sostenibilidad del desarrollo', que ha sido presentado este lunes por el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad, Antonio Serrano, durante la inauguración de un seminario, organizado por la Fundación Biodiversidad.
El informe, primero de estas características que se realiza en España, ha sido elaborado por un equipo de expertos, según ha explicado la presidenta de esa Fundación, María Artola.
La huella ecológica, cuyos primeros cálculos datan de finales de los años 90, es un indicador de carácter global que fija la superficie (en hectáreas) necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos producidos por una población determinada.
Este indicador en España en el año 2005 era de 6,4, lo que significa que cada español necesita 6,4 hectáreas para que produzca todo lo que consume y pueda integrar en la naturaleza la contaminación que genera.
El informe determina también la biocapacidad (capacidad de carga) del territorio, que en el caso de España es de 2,43, por lo que la relación huella/biocapacidad es de 2,6.
Este valor, aunque elevado, es inferior, no obstante, al de otros países como Estados Unidos (9,7) o Japón (4,7), e incluso a la media europea (4,7).
Para ilustrar todos estos datos Serrano utilizó el símil de un vehículo que se conduce por encima de la línea roja de sus revoluciones, lo que a nivel mundial significa que se está utilizando el planeta "con una sobre-revolución".
Lo más preocupante, según el director general, es que los incrementos en la huella ecológica son "tremendamente elevados" y en algunos países los niveles son "absolutamente inaceptables".
La tala de bosques, el agua potable y las emisiones de CO2 asociadas al consumo energético son las principales razones de esa insostenibilidad.
En cuanto a la distribución regional de la huella ecológica, los niveles más altos se registran en las comunidades autónomas con fuertes procesos de urbanización y las que siguen teniendo suelos potencialmente urbanizables.
Así, la Comunidad de Madrid encabeza la clasificación, ya que consume y genera una contaminación de casi veinte veces (19,9) la biocapacidad de su territorio, seguida de Canarias (10,4) y Comunidad Valenciana (7,2), además de Ceuta (41,9) y Melilla (38,7).
Por el contrario, las regiones mejor situadas desde el punto de vista de la sostenibilidad son Castilla y León (0,7) y Castilla-La Mancha y Extremadura (0,8 en ambos casos), por lo que tienen biocapacidad excedentaria.
Serrano aseguró que España está creciendo a una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea, mientras que desde una perspectiva medioambiental aún se está lejos de converger.
Explico, asimismo, que la huella ecológica va a seguir aumentando de manera significativa de aquí al año 2020, de tal forma que con las políticas puestas en marcha y suponiendo que se cumplan el 80 por ciento de los objetivos, ese valor permanecerá constante pero no mejorará respecto a los niveles de 2004.
* Madridiario - 22 de Octubre de 2007
Foto: Madrid, contaminación M-40 - J.París (20minutos.es)
La Isla de La Toja enladrillada hasta el exceso
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ELPAÍS* : La Illa da Toxa (Isla de la Toja) en Pontevedra, frente a O Grove, paraíso del marisco, se está convirtiendo en una pura urbanización. La parte norte de esta isla está ocupada por un hotel de lujo y un campo de golf. La isla está dividida en su centro por una carretera que te lleva al balneario y a otro hotel, aparte de a un área comercial, mejor dicho, a dos, todo en la parte sur. Pues bien, toda la parte sur de la isla es una gran urbanización.
Estas viviendas que se ven en la foto han llegado al mismo balneario, ya no se puede construir más; está el mar.
* ELPAIS.com - Yo Periodista - RAFAEL GORGOJO - La Toja (Galicia) - 19/10/2007
Foto: La Toja - elpais.com
Notas para el debate sobre la vivienda
ANÍBAL BAGAUDA* : Una vez que el tándem Zapatero-Chacón presentó públicamente su “plan estrella” sobre vivienda, gran parte del debate ha girado en torno a si éste es (y/o en qué medida) copia del establecido en 2004 siendo Trujillo ministra del ramo. Esa falsa discusión no hace sino obviar el meollo del asunto y dificultar la observación del hecho de que dichas medidas dejan intacto el fondo del problema, ya que éste no es superestructural, que se pueda arreglar con dos o tres leyes o con un paquete de disposiciones, sino estructural, que exige un cambio de raíz de la política de vivienda, junto con el de política fiscal, presupuestaria y económica, cambio que sería inasumible por el Régimen dada su naturaleza.
Veamos. Las estrellas del plan que dicen lucir más son:
a) ayuda de 210 euros a jóvenes de entre 22 y 30 años con unos ingresos máximos de 22.000 euros y durante un máximo de 4 años;
b) deducción de un 10.05 % en la cuota estatal del IRPF para el inquilino arrendatario, sin límite de edad, con unos ingresos máximos de 24.000 euros netos;
c) deducción fiscal para los propietarios de pisos que los pongan en alquiler a menores de 35 años: 100 % de exención para los ingresos obtenidos por ello.
Las tres medidas tienen como objetivo, apunta el Ministerio, promover el alquiler. Las dos primeras actúan sobre el inquilino; la tercera sobre el propietario.
Habría mucho que comentar, mas el objeto de estas notas es centrarse en lo que creemos esencial. Lo primero que se pone en evidencia es que si van a dar ayudas, bien directas (“a”), bien indirectas (“b”), es porque el alquiler va a seguir estando alto (el alquiler medio, ahora, es de 720 euros/mes).
Es más, las ayudas directas posiblemente lo encarezcan (todos sabemos lo que pasa en un pueblo o ciudad cuando toca la lotería), lo que resulta harto jugoso para los propietarios, que a su vez, hemos visto, van a tener exenciones fiscales. No sólo se siguen enriqueciéndose los mismos a costa de las clases populares sino que lo harán en mayor cuantía, y esto a costa del erario público (se calcula que sólo la primera medida citada supondrá unos 68.385 millones de pesetas).
En modo alguno, por lo tanto, cumple el objetivo señalado y sí el de fomentar la especulación de grandes y pequeños propietarios. Fomentar realmente el alquiler implicaría muy especialmente crear un potente parque público de viviendas alquilándolas la administración a unos precios asequibles para las familias trabajadoras, nunca superiores al 15-20 % de su salario, lo que atacaría directamente a la especulación. Tampoco podemos olvidar que hay en España 3 millones de viviendas vacías y otros 3 millones semivacías. La vivienda como bien y servicio público, que debiera ser, exige que todo este parque inmobiliario se ponga a disposición de los ciudadanos y para ello debe hacerse lo contrario de lo que se quiere: gravar todas esas viviendas, de forma que la carga impositiva sea mayor cuanto mayor sea el número de viviendas vacías en posesión.
Ayer anunciaban los medios de comunicación (¿?) que el Euribor sube en septiembre al 4.72 %. Y con él, de nuevo, las letras a pagar por las hipotecas. ¿Este “plan estrella” va a impedir esto? ¿Va a solucionar el endeudamiento generalizado de los ciudadanos (88 % del PIB); va a romper las cadenas que nos atan a los bancos? ¿Se va a impedir que la gran burguesía haga recaer la crisis financiera en ciernes, que ya actúa sobre ese Euribor (1), sobre las espaldas de los trabajadores? La respuesta a las tres cuestiones es que no.
Ahora bien, ¿podría el Ejecutivo de Zapatero dar solución a estos problemas? La respuesta sigue siendo negativa. Y lo es porque con nuestro endeudamiento los bancos ganan mucho dinero y ya sabemos lo amigos que son los señores Botín (nunca mejor nombre para un usurero) y el talentoso Zapatero; porque el modelo económico asentado por los distintos gobiernos de la Monarquía es altamente especulativo y no productivo lo que le hace más sensible a esta crisis, producto del sistema capitalista, que deja sentir ya sus efectos sobre el aumento del Euribor; porque “Es una crisis avivada y consentida por los bancos centrales” “Y es una crisis de las que podrían evitarse con otras políticas y con otros objetivos sociales” (2). Estas otras políticas y objetivos sociales pasan por que la vivienda sea de hecho un bien social y por la intervención sin complejos de la administración en la economía, de manera que tenga un importante control sobre los medios de producción en lo que a viviendas se refiere: disposición y control, en primer lugar, del suelo (3) y de toda suerte de infraestructuras, entre ellas de empresas públicas de vivienda, que permitan construir, por ejemplo, el parque de viviendas en alquiler mencionado arriba. Pasa también por hacer del Banco de España y, en general, de la banca unos servidores de los ciudadanos y no al revés como se viene haciendo.
Se entenderá fácilmente que este tipo de políticas no caben en el angosto Régimen monárquico.
El problema, pues, persiste (pero claro, hay que hacer gestos populistas; lanzar medidas electoralistas). Con el plan estrella la vivienda sigue siendo una mercancía con la que obtener plusvalías. Mientras la vivienda, bien en compra, bien en alquiler, esté sometida al mercado, a la ganancia rápida, a la especulación inmobiliaria (promovida por las distintas administraciones, constructoras y bancos), que se enseñorea por las tierras de España, este problema crónico de nuestra sociedad tendrá difícil solución. No olvidemos tampoco la corrupción, consubstancial a aquélla, que como cáncer tiene metástasis por todos los territorios del Estado (4). ¿La erradicará el plan de la ministra?
Ya para terminar traemos aquí el anuncio de la señora Chacón de un segundo paquete de medidas encaminadas a desahuciar a los inquilinos morosos, que aparte de injustas (una resolución, a sabiendas, de manifiesta injusticia por parte de empleados públicos el diccionario lo define como prevaricación), pues la morosidad no es, en general, una cuestión subjetiva de impago voluntario para fastidiar al propietario sino una cuestión objetiva de falta de poder adquisitivo, supondrán una burocratización mayor de la administración con los costes de ello derivados. Este desahucio, por lo expuesto hasta aquí, sería bien recibido por nuestra parte si recayera sobre los inquilinos de la Zarzuela, de la Moncloa y de esos magníficos y bonitos edificios que son los bancos.
La vivienda, como muchas otras, en definitiva es una cuestión de clase, y convenimos con Engels en que “Para acabar con esta escasez de vivienda (digna y asequible) no hay más que un medio: abolir la explotación y la opresión de las clases laboriosas por la clase dominante” (5).
Notas:
(1) “Esa diferencia tan grande (entre los tipos de interés -4%- y el Euribor -4.72 %) no responde tanto a las expectativas de nuevas subidas de tipos como a las tensiones de liquidez que han sacudido el mercado financiero” (EL País, 27/9/07).
(2) Juan Torres López, “Diez ideas para entender la crisis financiera”.
(3) Torres López (id.) apunta que “Se calcula, por ejemplo, que los bancos han adquirido la mitad del suelo urbanizable puesto a la venta en España en los últimos quince años”.
(4) El País de fecha 24 de septiembre del presente se despachaba en primera plana con este titular: “El fiscal alerta de que la corrupción se expande por la costa andaluza”.
(5) F. Engels, “El problema de la vivienda”. El paréntesis es nuestro.
http://www.pceml.info
* Rebelión - 20-10-2007
Interior pone a la venta un cuartel en Segovia que sólo puede tener uso militar
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ABC* : El Ministerio de Interior ha sacado a subasta pública la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de la localidad de Valverde del Majano (Segovia), aunque las normas urbanísticas no permiten para este inmueble otro uso que el militar. Tiene un precio de licitación para la primera subasta, que se celebrará el próximo 27 de noviembre, de 346.000 euros. Si la primera cita quedara desierta, se celebraría una segunda subasta en la que el precio de licitación se rebajaría hasta llegar a los 311.400 euros, informa Ical.
El anuncio de la licitación se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 12 de octubre, precisamente el día de la festividad de la patrona de la Guardia Civil, según las mismas fuentes.
Cedido por la Guardia Civil
Aunque en principio podría pujar cualquier persona, lo cierto es que el edificio no podría tener otro uso que el destinado a seguridad, detalle no especificado en el anuncio y que lo publicita como de uso residencial o talleres.
El inmueble fue cedido en su día a la Guardia Civil para destinarlo a casa cuartel.
Tras haberlo ocupado unos años, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad (Giese) del Ministerio del Interior lo ha puesto a la venta.
El edificio se ubica en el número 29 de la calle Iglesia, en plena travesía de la localidad. Cuenta con tres plantas y, desde que quedó abandonado, su aspecto se ha ido degradando hasta el punto de que en algunas ocasiones ha recibido quejas vecinales por la existencia de ratas en el interior.
La propia web del Ministerio del Interior, a través de la Giese, informa de que el inmueble cuenta con 678 metros cuadrados de superficie sobre un solar de 1.700 metros cuadrados.
Junto a este anuncio de subasta, el Ministerio también publica en el BOE la enajenación de otros inmuebles similares como la antigua casa cuartel de la Guardia Civil de Cañete de las Torres (Albacete) por 481.250 euros. El cuartel de Salvaleón, en la provincia de Badajoz, se anuncia por un precio base de 227.526 euros, y otro de Valverde de Fresno (Cáceres) sale a subasta por 24.624 euros.
En todos los casos las ofertas para optar a su propiedad deben presentarse hasta el próximo día 6 de noviembre.
* ABC - SEGOVIA - 22 de octubre de 2007
Foto: Segovia, acueducto - Manuel González Olaechea y Franco (wikipedia.org)
Una marcha de 200 personas protesta ante la zona devastada en la Sierra Escalona
INFORMACIÓN/Alicante* : Cerca de 200 personas desafiaron ayer las condiciones meteorológicas para sumarse a la marcha convocada por la asociación Amigos de Sierra Escalona (ASE) contra la urbanización de 2.286 viviendas de lujo en la zona perteneciene al término municipal de Orihuela de Sierra Escalona. Con la marcha, los participantes pudieron acceder a la zona de la sierra devastada por las obras de urbanización del PAU-21, y que sorprendieron a muchos de los asistentes, según reconocieron.
La protesta reivindicaba la suspensión del plan urbanístico (aprobado por el Ayuntamiento de Orihuela con el visto bueno de la Generalitat Valenciana) y la ocupación por parte de la empresa urbanizadora de la Cañada Real, cerrada al público y ayer, día de la protesta, abierta «por sorpresa hasta la subida a la zona donde se está construyendo el PAU-21», indicó el presidente de ASE, Miguel Ángel Pavón.
La marcha, que contó con el respaldo de distintas formaciones políticas, se efectuó por un recorrido de 3,5 kilómetros, caminando por la vereda del Camino Real en término de San Miguel de Salinas, desde la urbanización Los Carteros, hasta la zona de las obras del PAU-21.
Los participantes encontraron carteles de «Prohibido el paso» en la intersección con caminos privados «que nos indicaban muy bien que sólo podíamos ir por la zona de la vereda y no salirnos de ahí», indicó Pavón. Durante el trayecto, los asistentes pudieron comprobar in situ los destrozos efectuados en el interior de la sierra así como los desmontes y talas provocados por las obras. Pavón denunció los destrozos sufridos debido a estas obras en el barranco de la Cañada del Espartal, ocasionados por la construcción de un puente.
El presidente de ASE y otros asistentes recalcaron la presencia de cuatro personas que vigilaron el recorrido de la marcha «y que seguramente pertenecen a una empresa de seguridad privada contratada por la urbanizadora».
El acceso público a la zona del PAU-21, vendida comercialmente como Las Colinas, está vetado desde el inicio de los trabajos de movimientos de tierras por miembros de una empresa de vigilancia privada contratada por la urbanizadora.
* Diario Información - S.LL. - 22 de octubre de 2007
Foto: Participantes en la marcha por Sierra Escalona durante el recorrido ayer - diarioinformacion.com
