Comienzan los derribos en Poio sin realojo definitivo para los chabolistas

ELPAÍS/Pontevedra* : A una semana de que finalice el plazo decretado por el juzgado de Pontevedra para derribar nueve chabolas de O Vao declaradas ilegales, ayer se consumó la demolición de dos de ellas sin que el Ayuntamiento de Poio haya podido ofrecer una alternativa seria a las familias afectadas. "Está complicado", reconocía a pie de poblado el alcalde de la villa, el nacionalista Luciano Sobral. Por ahora y de forma "temporal" están realojados en viviendas del mismo asentamiento, donde la indignación resulta palpable: "Si no podemos alquilar ni comprar, ¿adónde quieren que vayamos? Que nos dejen vivir aquí, que no molestamos a nadie", decía Melisa Salazar, hija de uno de los afectados.

Sobral confía en poder resolver la situación sin abrir un conflicto social gracias a un convenio con la Consellería de Vivenda que firmará la próxima semana. El documento "permitirá la financiación de nueve viviendas", a las que la Xunta aportará 700.000 euros y el Ayuntamiento y las familias otros 300.000. No obstante, los interesados no se fían. Alguno afirma incluso estar "muy lejos de llegar a un acuerdo", a pesar de admitir la voluntad de diálogo del propio regidor, del que dicen se "está portando muy bien".

El pasado jueves, Sobral solicitó al juez que lleva el caso un aplazamiento que, según informó, le fue denegado. Han pasado siete años desde que se inició el proceso judicial y cinco desde que se decretase la ilegalidad de once viviendas, dos de las cuales fueron derribadas el pasado mes de abril. Y en todo este tiempo la Asociación de Vecinos de O Vao ha tenido un papel protagonista en la consumación de la sentencia, ratificada por el Tribunal Superior de Xustiza. De ahí que las críticas de los gitanos tuvieran ayer en el punto de mira a la presidenta del colectivo, Carmen Esperón, que lleva 20 años denunciando los casos de marginalidad que se producen a unos metros de su domicilio. Contra ella, y no es la primera vez, profirieron graves amenazas.

A pesar de que el objetivo ayer era derruir tres chabolas, sólo dos fueron tiradas abajo en presencia de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que no tuvieron que intervenir. La primera fue la que más revuelo levantó, en el poblado de arriba, donde las caras aún maquilladas de las mujeres recordaban los festejos nupciales del día anterior. Allí, el patriarca Adolfo Casal manifestó su desacuerdo con que se derribase ahora una casa que lleva 20 años en pie. "Si es ilegal, ¿por qué no lo hicieron cuando se estaban levantando las paredes", se preguntaba tras advertir: "Yo sé que aquí se vende droga, no le voy a decir que no, pero el gitano tiene nombre, hay muchos que viven de su trabajo". Además, la situación viene agravada porque los afectados son un viudo y su hija adolescente, quienes aseguraron que no tenían adónde ir y que no habían llegado a un acuerdo con el alcalde, en contra de lo que éste dijo después. La grúa apenas tardó 20 minutos en echar abajo la casa y los más pequeños encontraron en los escombros un nuevo parque de juegos.

En el poblado de abajo la demolición se hizo a mano, ante la imposibilidad de que la maquinaria pesada accediese a una construcción de reducidas dimensiones, tanto que cuesta hacerse a la idea de cómo Enrique Jiménez, su mujer y sus tres hijos podían vivir en ese espacio. La tercera vivienda, que finalmente no fue derribada por no alcanzar un acuerdo con los propietarios, es la de mayores dimensiones. Se trata de un caso peculiar, ya que únicamente pesa sobre la nave central la orden de derribo. Desde que se abrieron los expedientes, en el año 1993, los hijos de los propietarios se han casado y se han establecido en los laterales de la casa original, así como en una segunda planta. "Ahí vive el patriarca, mi suegro, y saben que si se va él nosotros nos vamos detrás", explicaba uno de sus ocho habitantes, dispuestos a pagar una multa para legalizar su situación.


De Portela a las ratas

Ni para alquilar, ni para comprar. A las familias gitanas de O Vao no las quieren en los municipios cercanos a Poio. El caso de Vilarchán, donde los vecinos estaban dispuestos a hipotecarse con tal de impedir que el clan de los Jiménez comprase una de las casas de la aldea, fue sólo el síntoma más evidente de una realidad que trae de cabeza al gobierno municipal de Poio.

La palabra racismo saltaba ayer de una boca a otra en O Vao, donde residen más de 80 familias, algunas desde hace casi 50 años. En 1972 el Ayuntamiento de Poio cedió un terreno municipal para construir viviendas para los gitanos. Fue entonces cuando se publicó un concurso de ideas que ganó el arquitecto pontevedrés César Portela. De aquel proyecto llaman hoy la atención la construcción de unas peculiares edificaciones con aire futurista en medio del asentamiento, donde la basura y las ratas forman parte del paisaje.

Precisamente por ello, el nacionalista Luciano Sobral, acompañado por otros miembros del gobierno en su visita al asentamiento gitano, se comprometió ayer a dotar la zona de contenedores e iniciar un plan de limpieza que mejore las condiciones de vida de sus habitantes.

Y con vistas a una solución definitiva, el alcalde mantiene en vigor el proyecto de urbanizar los 4.000 metros cuadrados de terreno que recoge la construcción de un vial y 4 bloques de 41 viviendas.







* ELPAIS.com - LARA VARELA - Poio - 27/10/2007
Foto: Poio (Pontevedra), Combarro - orgaccmm.org