La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico

ELPAÍS/Sevilla* : Cabañas de madera en la mitad del campo. Sin permiso. Sin licencia. Junto a torres eléctricas o en la mitad de la nada. La Fiscalía de Sevilla ha declarado la guerra a este nuevo fenómeno del urbanismo sin control. De momento, ha abierto medio centenar de diligencias contra los propietarios de las parcelas del paraje Clarevot, una zona rústica entre Utrera, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra y Los Palacios.


El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha presentado este año una veintena de querellas por estimar que estas cabañas, de madera o chapa, atentan contra el medio ambiente y la ordenación del territorio. También ha denunciado al supuesto "parcelador y urbanizador del terreno", Silverio Morilla.

"Es un escándalo. Y mantenemos el criterio de perseguir como delito urbanístico la ubicación de estas casas de madera o chapa en suelo rústico. Tienen vocación de permanencia y causan el mismo daño al suelo que una construcción de ladrillo", explica Rufino.

Para hacerse una idea de la magnitud del problema basta un dato ofrecido por Francisco Jiménez, el alcalde de Utrera: "A nueve millones de euros ascienden las multas abiertas en el Ayuntamiento de Utrera por infracciones urbanísticas, la gran mayoría relacionadas con la parcelación y la construcción en terreno rústico".

"Los notarios, de alguna manera podría decirse que son partícipes de esta situación. Escrituran a 40 ó 50 personas que no tienen nada que ver entre sí y lo que están contribuyendo es a la parcelación ilegal", afirma Rafael Chacón, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Alcalá. "Yo he visto carteles donde se dice: 'vendo parcela con escritura", cuenta Chacón.

Juan, un propietario que quiere guardar su anonimato usando este nombre, lamenta el "lío" en el que se halla inmerso. "Esto tiene tal apariencia de legalidad cuando llegas y ves el sitio, te confunden. Si lo llego a saber no me meto". Él es uno de los propietarios de las 139 parcelas en las que Morilla dividió 13 hectáreas de suelo no urbanizable.

"Nuestro objetivo es conseguir que se restaure la situación anterior, que la Audiencia de Sevilla consolide un criterio y una doctrina que obligue a demoler las cabañas y a devolver el terreno a su estado original", subraya el fiscal. Rufino lamenta que el derecho penal no se pueda aplicar siempre a los parceladores. "Sólo si hacen alguna obra de urbanización o incipiente construcción y si además lo hacen en suelo rústico especialmente protegido podemos actuar", reflexiona.

De lo contrario el asunto puede quedarse en una simple sanción administrativa. En el caso del paraje de Clarevot, los tribunales también persiguen al supuesto impulsor de la urbanización porque además de parcelar, también hizo las obras de canalización de aguas a partir de dos pozos, delimitó la calle de acceso a la urbanización donde plantó 120 palmeras y valló con ladrillos, acero y malla todo el perímetro.

Sin embargo Morilla, en su declaración ante el juzgado, mantuvo que la urbanización la han montado los parcelistas y recordó que vendió el suelo en escritura pública como rústico.

Juan ha montado una caseta de madera de 60 milímetros de grosor a la que cuando llueve le entra agua por las esquinas. Y subraya: "No está anclada al suelo sino posada, pagué un IVA del 16% al comprarla con lo cual estoy pagando un bien mueble. Yo entiendo que esto no es una edificación. Se desmonta en tres o cuatro días".

La mayoría de las denuncias que han llegado a la fiscalía proceden del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. A partir de ahí, la Guardia Civil tiene orden de la fiscalía de identificar a los propietarios , describir la "casa" y fotografiar la zona". "Precisamente el día que yo montaba mi casa llegó la Guardia Civil y no me ordenó para. Me dejaron seguir. Sólo me pidieron mis datos para identificarme", recuerda Juan, quien se gastó 3.000 euros en su parcela y se queja de que nadie le avisara del lío en que está metido.






* ELPAIS.com - MERCEDES DÍAZ - Sevilla - 27/10/2007
Foto: La fiscalía declara la guerra a las cabañas de madera en suelo rústico- GARCÍA CORDERO (El País)