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ELPAÍS/Almería* : Vecinos del municipio almeriense de Roquetas de Mar integrantes del colectivo Manos Limpias por el Urbanismo denunciaron ayer un "pelotazo urbanístico" aprobado por el PP en un pleno municipal celebrado el pasado julio. Este acuerdo permite construir en una rambla contigua a unos terrenos de la empresa Mayfranktour y cuadruplica la edificabilidad del terreno inicial.
El Ayuntamiento también permitirá que el 30% de vivienda protegida correspondiente al sector sea trasladado a varios kilómetros, a un terreno ya consolidado. A cambio, la empresa ofrecerá al Ayuntamiento 21 millones de euros para el nuevo hospital, así como soterrar la rambla.
En los terrenos propiedad de Mayfranktour se construirán, previsiblemente, tres torres con una edificabilidad de 83.000 metros cuadrados, casi cuatro veces más de lo permitido. Uno de los portavoces de Manos Limpias, Jesús García, desveló "vinculaciones directas" entre esta empresa y otras como Predios del Sureste o Inmaculada Algaida, "relacionadas a su vez con familiares de Gabriel Amat, alcalde del municipio".
Los terrenos de Mayfranktour, de 30.000 metros cuadrados, pasan gracias al convenio a tener una edificabilidad de 1,3 metros cuadrados de techo por metro de superficie en lugar del 0,5. Además, el Ayuntamiento otorga edificabilidad a la rambla contigua.
Los denunciantes también advierten del peligro de cubrir la rambla, según un informe de la Agencia Andaluza del Agua. "Esta rambla se cataloga de riesgo grave porque lleva 497 metros cúbicos de agua por segundo. Los técnicos recomiendan en un informe que no se cierre de ninguna forma", indicaron.
En relación con la cuota que por ley debe ofrecer la parcela para vivienda protegida, Manos Limpias denunció el traslado de las 216 viviendas correspondientes hasta el edificio del mercado de abastos, a varios kilómetros de distancia. "Trasladan las VPO a otra parcela ya consolidada que no tendrá aparcamientos ni zonas verdes para esas nuevas familias y lo convertirán en un gueto", remacharon miembros del colectivo.
El convenio fue aprobado en pleno municipal el pasado julio con los votos favorables del PP. El PSOE se abstuvo e Indapa votó en contra. El delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Almería, Luis Caparrós, ya ha adelantado que desde su departamento no existe "ninguna atadura" en relación al convenio firmado entre Salud y el Consistorio para la construcción del hospital.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, firmaron en junio de 2005 un convenio para la construcción de un hospital de alta resolución que prestará servicio a 100.000 habitantes de la comarca. Tras la firma del convenio, el Ayuntamiento de Roquetas se comprometió a realizar los trámites y gestiones necesarios para disponer de unos terrenos que reuniesen las características técnicas "necesarias", y abordar la construcción y equipamiento del centro "según el plan funcional definido".
* ELPAIS.com - M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 25/09/2007
Foto: Roquetas de Mar (Almería) - aytoroquetas.org
Vecinos de Roquetas denuncian la aprobación de un "pelotazo"
Casas vacías
FRANCISCO J. LAPORTA* : Tras el proyecto de ley de vivienda de la Junta de Andalucía nos llega el programa de medidas de la nueva ministra de Vivienda. La buena noticia es que parece optar por animar el alquiler en lugar de incentivar la depredación constructora. La mala es que se centra obsesivamente en el mecanismo de la subvención. Su presentación ha sido, en efecto, un discurso que sonaba a aquellas viejas letanías de los vendedores ambulantes que ofrecían más y más. Todo un programa de incentivos y subsidios que incluye también alguna medida que afecta a los propietarios de todas esas casas vacías que parece haber en las grandes ciudades. Se pretende con ellas animarlos a que las pongan en venta o arrendamiento. La mentalidad que lo preside es, supongo, la misma que impulsó esas llamadas Sociedades Públicas de Alquiler cuyo objetivo era dinamizar el mercado y sacarlo de esa nueva especie de "manos muertas".
Hay, en efecto, cientos de casas vacías que los propietarios no se animan a alquilar, y con estos incentivos y otras medidas jurídicas varias que se improvisen aquí y allá, se pretende estimularlos a que lo hagan como un modo posible de paliar el problema de fondo. Afortunadamente no se han mencionado ahora cosas como impuestos especiales o expropiaciones dirigidas a amedrentar a los propietarios. Es mucho más un discurso de subsidios y garantías. Pero no voy a detenerme en esos pormenores porque me parecen ser irrelevantes. Lo que pretendo es simplemente recordar a nuestros bienintencionados gobernantes que su política no se centra en algo que es, sin embargo, fundamental, para la vivienda y para otras muchas cosas más, y que, sin embargo, tiende a ignorarse, y a lo que, en todo caso, no se dedican con la misma creatividad, alegría y fervor.
A cualquiera que haya pensado un poco en ello se le ocurre inmediatamente cuál puede ser la causa de que los propietarios de viviendas vacías, incluso aquellos que las han comprado como mera inversión, adopten un comportamiento tan estúpidamente antieconómico como el de tenerlas vacantes e improductivas, cargando además innecesariamente con todos los gastos que su tenencia y cuidado comportan. La causa es que el alquiler es una opción de alto riesgo en un país donde el cumplimiento de los contratos se protege por una organización que funciona lamentablemente. Esa organización es la administración de justicia y por lo que respecta a estos temas es un desastre. Si el arrendatario no paga la renta o destroza la vivienda no le pasa absolutamente nada. Se marcha tranquilamente y aquí paz y después gloria. Nuestra decrépita justicia, arrastrándose lentamente y con no pocas arbitrariedades y goteras, nos devolverá el inmueble tras un juicio verbal de esos "rápidos" que en las artríticas condiciones en que se mueve durará probablemente más de un año. A los perjuicios de no cobrar la renta anterior a la demanda se añaden por sus diligentes señorías los de no cobrarla quizás durante un año más.
No estoy exagerando. No hay más que espigar aleatoriamente en los juicios de desahucio de una gran ciudad, que es donde se da el problema, para cerciorarse de ello. Los términos y plazos que aparecen en la ley son puro papel mojado, porque con la ley en la mano un procedimiento de desahucio por falta de pago debería durar menos de dos meses, y la realidad es que llega fácilmente a un año.
Por si esto fuera poco hemos ideado novedades procesales que parecen calculadas para defraudar la confianza del ciudadano en la justicia. Llevando las garantías hasta extremos decididamente estúpidos, se produce en éstos y otros pleitos la siguiente situación perversa: como es obvio, el inquilino tramposo se marcha de la vivienda sin decir esta boca es mía, y, por supuesto, sin ser tan cándido como para dejar un domicilio para que le notifiquen y persigan. Y entonces empieza el festival de los despropósitos: citación aquí, citación allí, búsqueda en registros públicos, etc., todo se intenta antes de que el pobre demandado quede desamparado por la justicia. El casero, al parecer, no necesita tanto amparo, y ve cómo pasan por delante de él semanas y semanas hasta que el juez, agotados todos los recursos que exige el más esmerado de los garantismos, acaba citando por edictos. En todo este engorro se van fácilmente tres meses. Y por supuesto que no cita para mañana ni pasado. Dada la sobrecarga de trabajo bien puede citar para dentro de cuatro o cinco meses: el juicio verbal rápido sigue así su vertiginoso curso. Al fin se celebra la vista, a la que el demandado, como es obvio, no asiste. Y con ello se llega al fallo.
¿Creen ustedes que ahí acaba todo? Naturalmente que no. Hay que hacer las cosas bien. El demandante no puede ir así como así a un cerrajero y abrir la puerta. Eso sería poco jurídico. Hay que ejecutar la sentencia -lo que resulta ser ahora un nuevo pleito con nuevas minutas de abogado y procurador- y proceder después al lanzamiento. Lo contrario sería tomarse la justicia por su mano. Para empezar hay que publicar la sentencia en un boletín oficial porque no sabemos dónde notificársela al fugado, y aquí surge una nueva y sorprendente invención. No se sabe bien por qué, unos jueces ordenan la publicación de toda la sentencia, otros en cambio sólo del fallo. La diferencia puede ser de algunos cientos de euros que, naturalmente, tiene que pagar el demandante. La justicia, como se ve, es realmente ciega; todo depende del azar: según qué juzgado te toque te sale más caro o más barato el mismo asunto. Además, las páginas del tal boletín no están como para hacer las cosas de hoy para mañana; otro buen mesecito puede pasar hasta que salga publicada. Si se quiere acelerar hay que pagar el doble.
Pero con paciencia y dinerillo la justicia va adelante renqueando. Por fin sale. Ha llegado el ansiado momento del lanzamiento. Pero claro, hay mucho trabajo en todos lados, y no se pueden hacer las cosas tan corriendo. Se señala el lanzamiento, sí, pero se señala para algunos meses más tarde. Sigue el vértigo. En conclusión: como poco, un año entre la demanda y la recuperación del inmueble. Y puede que la cosa no pare ahí, pues cuando llega la comisión a desalojar el piso cabe la posibilidad de que se encuentren pertenencias sensibles que, dado que sólo se ha citado por edictos, no pueden dejarse en la calle o a la custodia de cualquiera, y tienen que trasladarse al depósito municipal; por supuesto, a costa del propietario. O una familia con niños, y entonces las cosas se complican aún más. Doce o catorce meses que no se cobran, mil desperfectos que no se reparan, y muchos euros en trámites kafkianos. He aquí cómo funciona la garantía judicial de los contratos en nuestro Estado de Derecho.
Lo que ponen al descubierto esas políticas novedosas, con sus soluciones autóctonas y milagreras, es, ni más ni menos, que tenemos que prescindir de los jueces porque ya aceptamos tácitamente que es imposible reparar todos los boquetes y averías que tiene la justicia civil entre nosotros.
Por lo que respecta a los alquileres y su eficacia, los procedimientos judiciales no sirven, más bien generan efectos perversos que hay que tratar de corregir a golpe de impuestos o incentivos. El poder ejecutivo avanza una vez más hacia el proscenio para sustituir la desoladora impotencia del sistema judicial. Y así, nos disponemos a improvisar medidas en lugar de hacer lo que han hecho todos los países en los que este problema simplemente no existe: celeridad en los pleitos y un tipo de seguro privado para los propietarios, que aquí, naturalmente, no prospera por la que está cayendo en los tribunales.
Lamento haberme entretenido en minucias de procedimiento y lo que pueden parecer anécdotas forenses, pero sólo he querido expresar con un ejemplo lo que es un problema de Estado del que hemos renunciado ya hasta a hablar. Ese problema es la razón de fondo por la que cientos de propietarios de viviendas prefieren no alquilarlas, exigen avales gravosos o piden rentas excesivas. Y por eso es un escándalo que alguien sugiera, como alguna vez se ha hecho, que les van a cobrar más impuestos por tenerlas vacantes.
Tener una administración de justicia lenta y burocrática, conviene repetirlo una vez más, no es una cuestión de abogados y pleiteantes que no atañe a los demás. Se trata de una condición necesaria para el funcionamiento eficiente del sistema económico en su conjunto. El caso de la vivienda viene a mostrarlo una vez más. Y es crucial para incentivar el alquiler. Ahí es donde deben tomarse las grandes medidas.
* Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.
* ELPAIS.com - Opinión - 22/09/2007
Los tribunales suspenden la licencia del mayor complejo urbanístico promovido en Lanzarote
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EP/Canarias* : El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 5 de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha accedido a la petición del Cabildo de Lanzarote de aplicar medidas cautelares y ha suspendido la licencia otorgada por el Ayuntamiento de Yaiza a Costa Roja, S.L., para la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, en Playa Blanca. La licencia, ahora suspendida, amparaba la construcción de un núcleo de población con más habitantes que Tinajo, la mayor promoción en la historia de Lanzarote y, probablemente, de Canarias, a pesar de que su título consistía en un escueto "Conjunto Residencial".
El Juzgado de lo Contencioso reconoce la pretensión del Cabildo de suspender la mencionada licencia, dado que la misma "autoriza un proyecto que va en contra de los parámetros urbanísticos globales que para dicho suelo se establece en el Plan General, al prever una edificabilidad cuatro veces superior a la permitida, a lo que se suma el hecho de que dicha licencia autoriza un uso distinto al establecido (uso turístico) mientras que el proyecto autorizado lo es para uso residencial, todo ello en un suelo urbanizable que ni ha sido sectorizado ni cuenta con plan parcial que lo desarrolle". De lo que se deduce que la licencia suspendida violenta el propio Plan General de Yaiza.
La magistrada señala que "aparece, por un lado, el interés del Cabildo Insular de Lanzarote, que representa un interés supralocal o supramunicipal, de establecer una regulación regional del uso del suelo y ordenación del mismo, y del otro lado, está el interés del Ayuntamiento y del titular de la licencia de que se ejecuten las obras por ella autorizada".
En este sentido, la sala reconoce, una vez más y de manera clara y contundente, la capacidad de intervenir del Cabildo en su calidad de responsable de la ordenación insular, posibilidad ésta negada sistemáticamente por la defensa jurídica de los promotores y ayuntamientos infractores, contra los que la primera Corporación ha interpuesto diversos procedimientos judiciales.
En cuanto a los intereses en conflicto, el auto recoge que "frente a la alegación de que debe valorarse igualmente los beneficios de todos los vecinos, los cuales se verán favorecidos por la creación de puestos de trabajo y de riqueza, no se comparte dicha tesis, en el sentido de que la hipotética creación de riqueza deba erigirse en un interés más digno de protección que la legalidad urbanística; y ello porque la riqueza, como patrimonio de una sociedad determinada, no se mide sólo por el número de edificios destinados a vivienda que existan en un municipio, sino porque esa edificabilidad se alcance dentro de parámetros razonables de calidad, bienestar colectivo y respeto al medio físico o al entorno urbanístico".
La presidenta del Cabildo, Manuela Armas, manifestó la enorme satisfacción que le produce el presente auto y destacado la urgencia con que atendió este asunto, una vez ocupó la presidencia insular, dando instrucciones al letrado del Cabildo para que solicitara la suspensión cautelar. A su juicio, "se ha logrado paralizar la construcción de un proyecto delirante, mientras se avanza en el procedimiento contencioso-administrativo, impidiendo que se consolide la transformación del suelo por la vía de los hechos consumados".
La concesión de esta licencia supuso un verdadero escándalo público hace meses, toda vez que el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, ocultó la misma al Cabildo y a la propia corporación municipal.
* Yahoo Noticias - Europa Press, lunes, 24 de septiembre
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
"La situación urbanística en Cádiz, fuera de control"
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ELPAÍS* : En el apartado referido al urbanismo y la ordenación del territorio, la Fiscalía General del Estado se hacía eco de la "magnífica memoria" presentada por el fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez. Según este representante del ministerio público, los ataques a la legalidad urbanística son tantos y tan graves que "no resulta exagerado calificar la situación -que es enormemente preocupante- como de fuera de control". Núñez destaca que "todo sucede sin que las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística ejerciten de la forma que sería de desear las funciones que les atribuye el ordenamiento".
El fiscal subraya el incremento de investigaciones por supuestos de prevaricación urbanística en los que aparecen implicados autoridades y funcionarios públicos. Estos delitos se concretan en dar informes favorables o conceder licencias de obra contrarias al planeamiento vigente. Según Núñez, el planeamiento urbanístico se está convirtiendo en "un mero instrumento de regularización" de las infracciones ya cometidas.
El fiscal detecta la extensión de una práctica puesta en marcha por el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca. Se trata de la "torticera utilización del silencio administrativo como instrumento para conceder licencias manifiestamente ilegales".
Núñez cree que el hecho de que no se demuelan las construcciones ilegales "fomenta la convicción de que, una vez finalizada la construcción, se van a poder legalizar las irregularidades en todos los casos". Esta "sensación de impunidad" provoca dos efectos perversos: por un lado, los dueños de viviendas ilegales se han constituido en "grupo de presión" para obtener cambios en los planes urbanísticos que legitimen sus casas. Por otro, la falta de demoliciones produce un "efecto llamada para nuevas construcciones ilícitas".
La "ineficacia de la Administración" hace que muchos delitos no lleguen siquiera a conocimiento de la Fiscalía, lo que está generando "bolsas de impunidad", según Núñez. El fiscal reclama en su informe que los juzgados y tribunales decreten el derribo de las casas contrarias al planeamiento. "Si los tribunales penales no ordenan la demolición, vista la proverbial falta de eficacia de la Administración en el ejercicio de las competencias de disciplina urbanística, ¿no se está permitiendo que el infractor consolide definitivamente los efectos del delito?", se pregunta.
* ELPAIS.com - F. J. P. - Málaga - 24/09/2007
Foto: Cadiz, ayuntamiento - Falkue 03 (wikipedia.org)
Los concellos y la Xunta incumplen todos los plazos que dicta la legislación urbanística gallega
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LAVOZDEGALICIA* : A falta de un trimestre para que la Lei de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural 9/2002 cumpla su primer lustro, ni la Xunta ni la práctica totalidad de los concellos pueden presumir de cumplir con el calendario que se estableció en esa legislación para la puesta en marcha de las principales medidas diseñadas con el objetivo de preservar el paisaje del caos urbanístico. Pese a que todos los procesos están en marcha, con la previsión de que esas herramientas puedan aplicarse a corto o medio plazo, todos los plazos se han rebasado con holgura.
Directrices del territorio
Según la Lei 9/2002, las directrices deberían elaborarse en un año desde su entrada en vigor. Ese plazo finalizó el 1 de enero del 2004, pero el Gobierno anterior las dejó pendientes y Galicia sigue aún sin directrices de ordenación del territorio. La Xunta espera presentarlas y someterlas a aprobación antes de que finalice este año.
Ordenación del litoral
El plan integral para ordenar el desarrollo en la costa tendrá un recorrido paralelo a las directrices del territorio, si bien las expectativas para su aprobación se extienden en este caso al primer semestre del 2008. Si se cumple ese calendario, el plan del litoral comenzaría a aplicarse tres años después del plazo establecido en la Lei 9/2002, que remató en enero del 2005.
Planeamientos
Es la mayor incógnita. El plazo marcado por la ley autonómica finalizó en enero del 2006, pero sólo 17 concellos cuentan con planes adaptados. De ellos, solo dos costeros, A Pobra do Caramiñal y Zas, cuentan con planeamientos listos para recibir la aprobación definitiva.
* La Voz de Galicia - 24/9/2007
Foto: Santiago, pazo Raxoi, sede Xunta y Ayuntamiento - Vasco Roxo (wikipedia.org)
Noticia relacionada: La ley del litoral provoca la revisión de planes urbanísticos municipales /La Voz de Galicia
Los imputados en el caso Andratx declaran ante el juez por dar licencia a un edificio ‘ilegal’
ÚLTIMAHORA/Mallorca* : Los principales imputados en el ‘caso Andratx’, la supuesta trama de corrupción urbanística destapada con la ‘operación Voramar’, vuelven a comparecer hoy ante el juez instructor, Álvaro Latorre. El ex alcalde Eugenio Hidalgo, el ex jefe del Área de Urbanismo Jaume Massot y el celador municipal Jaume Gibert declararán sobre la pieza separada número 63 del sumario principal, relativo a un edificio de viviendas construido en unos terrenos de la Avenida Gabriel Roca del Port de Andratx, donde sólo estaba autorizado un aparcamiento público.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears ya se pronunció sobre la supuesta ilegalidad de ese inmueble, y en una sentencia dictada el pasado mes de marzo ordenó su «derribo inmediato», al tiempo que conminó al Ajuntament de Andratx a tramitar «con celeridad y urgencia el expediente administrativo de demolición». La pieza separada 63 del ‘caso Andratx’ puede ser el segundo en iniciar los trámites de apertura de juicio oral, tras la caseta de aperos que Hidalgo convirtió en un chalet. La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 1 y 10 años de cárcel para Hidalgo, Massot, Gibert y el abogado Ignaci Mir. A esa petición se ha adherido la acusación particular.
* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 18/09/07
Foto: andratx (Mallorca)- guides
El alquiler español, lejos de converger con Europa
EFE* : España está aún muy lejos de la mayoría de países de su entorno en lo que a fomento del alquiler se refiere, con un mercado que supone el 7,5 por ciento del total, frente a la media del 30 por ciento de la UE, y con un porcentaje de vivienda protegida arrendada del 1 por ciento frente al 18 por ciento europeo.
Esta situación es la que pretende corregir el Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero, que esta semana anunció las dos primeras medidas de un plan de apoyo a la emancipación e impulso del alquiler, que pretende no sólo ayudar a los demandantes sino también estimular la oferta, para dinamizar un mercado que tradicionalmente no ha tenido ni apoyo estatal ni financiero.
Según el Ministerio de Vivienda, a finales de 2006 el parque de viviendas en España ascendía a 23,9 millones, de los que sólo 1,8 millones (7,5 por ciento) eran inmuebles arrendados y menos de 240.000 (1 por ciento) viviendas protegidas en alquiler, unas cifras que distan mucho de la media europea de acuerdo con los datos del Observatorio Europeo de la Vivienda Social (CECODHAS).
La situación en Alemania, con un parque de alquiler del 57 por ciento del total, es consecuencia de la masiva construcción de vivienda protegida llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, si bien en la actualidad la vivienda pública en alquiler supone el 6 por ciento, mientras que el otro 51 por ciento está en manos del sector privado.
En total hay 2,27 millones de hogares germanos que perciben ayudas directas al alquiler, aunque la cantidad depende del número de personas que viven en la casa, de los ingresos familiares y del importe del arriendo. También reciben ayuda estatal los jóvenes que se trasladen de ciudad para estudiar.
A mediados de los años 90, el gobierno alemán fomentó la adquisición de casa propia, con ayudas que alcanzaban el uno por ciento del importe de la compra, pero que desde el 1 de enero de 2006 ya no se conceden.
En Holanda tiene mayor peso la vivienda en propiedad (53 por ciento), si bien es el país europeo con el mayor porcentaje de vivienda protegida en alquiler (35 por ciento), que es promovida por el gobierno central.
También en el Reino Unido la vivienda pública de alquiler ha tenido tradicionalmente un peso importante (en la actualidad, el 20 por ciento del total), situación que cambió cuando Margaret Thatcher llegó al poder en 1979 e introdujo el derecho de compra para aquellos inquilinos de viviendas sociales. Hoy día la vivienda en propiedad llega al 70 por ciento.
Ese mismo porcentaje de vivienda en propiedad es el que pretende alcanzar el gobierno de Nicolas Sarkozy en Francia, donde el 38 por ciento de las viviendas son alquiladas (21 por ciento público y 17 por ciento privado), y para lograrlo se permitirá a los inquilinos comprar las viviendas de protección oficial que ya disfrutan en alquiler.
En el país vecino la política fiscal en materia de vivienda está equilibrada entre compra y arrendamiento, y en lo que se refiere a alquiler social, la ley francesa obliga a los municipios a destinar un 20 por ciento del parque total a este propósito, si bien muchos ayuntamientos no cumplen la norma porque las sanciones no son disuasorias.
Pero el paso más audaz en materia de vivienda lo ha dado Francia con la aprobación de una ley que prevé la posibilidad de denunciar al Estado ante los tribunales cuando la demanda de una vivienda protegida en alquiler no se satisfaga en un determinado plazo.
Italia es el país con la situación más parecida a la española, con el 81 por ciento de la vivienda en propiedad y el 19 por ciento en alquiler, la mayoría en manos del sector privado.
Al igual que en España, el Gobierno italiano está promoviendo un plan nacional (aún no aprobado) para facilitar el alquiler a las familias con rentas más bajas, que incluirá la supresión del impuesto sobre bienes inmuebles y mayores facilidades para los jóvenes.
* La Vanguardia - 23/09/2007
Foto: Se alquila - ladrillos, PD.
Ladrillos rotos
MIQUEL ALBEROLA* : Astroc y Llanera son dos torres gemelas cuyo derrumbe económico remacha el fin de la aceleración urbanística valenciana. Su caída es la persiana que echa el cierre a un modo de hacer negocios que fue de cero a cien sin pausas y que contagió a muchas economías familiares, cuyos bolsillos ahora empiezan a resentirse. El ciclo pasó como una exhalación, como si se tratara de tiempo geológico, sin embargo, en apenas unos años ha transformado sustancialmente, para bien y para mal, buena parte de la mentalidad de la sociedad valenciana. El territorio adquirió rango de recurso y, por tanto, se volvió escaso, consumible y codiciable, pero también más apreciado como patrimonio. Nos modificó el vocabulario y dio lugar a una nueva casta que ha tenido mayor capacidad de influencia que las oligarquías en su momento de esplendor.
Y en esa aventura trepidante, que arruinó no pocos paisajes y convulsionó a las cajas de ahorros, algunos concejales y alcaldes rectos viajaron hasta el lado oscuro en BMW y se quedaron colgados de la cola del cometa para siempre. Sin embargo, la aceleración urbanística también tuvo otros efectos no tan negativos sobre la economía, puesto que se produjo en un momento en el que los sectores tradicionales empezaron a manifestar síntomas de agotamiento a causa de la globalización del mercado y la irrupción de productos asiáticos. Entonces, la promoción de viviendas no sólo amortiguó la caída que se estaba produciendo sino que espoleó a todos los sectores que arrastra esa locomotora y generalizó sus rentas entre la población. Esa locura también fue un síntoma de vitalidad de una sociedad en un momento de dificultades (otras no lo tuvieron y lo copiaron con posterioridad), así como una profunda lección de adaptabilidad social, que propició radicales cambios de oficio.
El problema es que muchos industriales de los sectores denominados maduros, lejos de reinvertir los beneficios logrados a través del ladrillo en otros sectores emergentes y en investigación y desarrollo, se entregaron por completo a la adquisición de solares y al rentismo, cegando las posibilidades de continuidad de las empresas. El tejido industrial se ha resentido más si cabe en todos estos años, poniendo en grave riesgo el equilibrio de la diversidad económica que ha sustentado la vida de los valencianos en el último siglo. Ahora, la caída de la actividad de la construcción sitúa de nuevo a la economía valenciana ante su propio drama y convierte en más acuciantes sus retos.
* ELPAIS.com - Comunidad Valenciana - 24/09/2007
La Fiscalía del Estado alerta de la propagación del 'efecto Marbella' por el urbanismo andaluz
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ELPAÍS* : Recalificaciones irregulares de parcelas, permutas de terrenos municipales a la baja, licencias de obras en fincas no urbanizables. El desorden urbanístico que ha caracterizado a Marbella se ha extendido a otras localidades costeras y del interior de Málaga, según la Fiscalía General del Estado, hasta el punto de que 20 alcaldes malagueños tienen al menos una denuncia por delitos contra la ordenación territorial. La última memoria del ministerio público alerta de que el "efecto Marbella" se ha extendido a otras provincias como Cádiz, donde las casas ilegales sirven para blanquear dinero del narcotráfico y donde se ha constatado un "significativo aumento" de los delitos de prevaricación urbanística por parte de autoridades y funcionarios municipales.
En los despachos de los fiscales de Málaga se amontonan carpetas sobre irregularidades que siguen "más o menos la forma de operar que es conocida en Marbella" y que implican "una importante variedad de sujetos delictivos", según la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2006. Estas causas se refieren principalmente a localidades costeras en las que el turismo es la principal fuente de ingresos.
La Fiscalía de Málaga tramitó en 2006 un total de 243 denuncias por delitos urbanísticos. El ministerio público subraya el protagonismo de la administración local en el desorden urbanístico. Veinte de los 100 alcaldes de la provincia de Málaga han sido denunciados al menos una vez por infracciones contra la ordenación del territorio. Además, de las 243 denuncias presentadas en 2006 en Málaga, 66 se dirigían contra Ayuntamientos, según la Fiscalía. Manilva, la última localidad costera, limítrofe con Cádiz, encabeza esta clasificación con diez denuncias, seguida de Marbella, con siete. También figuran otras localidades costeras como Estepona, Torremolinos, Rincón de la Victoria o la propia Málaga capital, que suma tres denuncias. La mayoría de estas denuncias se refieren a supuestos casos de prevaricación urbanística.
Los casos de localidades del interior están ligados a particulares que construyen viviendas unifamiliares en zonas no urbanizables, normalmente en pleno monte. En estos supuestos la Fiscalía malagueña tiene la impresión de que los Ayuntamientos "no ejercen con la debida diligencia sus facultades inspectoras a nivel urbanístico". De esta apreciación se libra el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, del que la Fiscalía destaca "la cantidad de denuncias realizadas"
Además, en numerosas poblaciones se han producido denuncias contra corporaciones municipales enteras por la concesión de licencias municipales de obras contra los informes de sus propios técnicos y por el acuerdo entre responsables políticos y técnicos. La Fiscalía destaca los casos de Archidona, Villanueva del Trabuco, Istán, Alhaurín de la Torre, Casares o Tolox. En este último municipio, de 2.336 habitantes, el juez ha paralizado la construcción de 15 promociones con 2.000 viviendas y ha imputado un delito contra la ordenación del territorio a su alcalde, el andalucista Juan Vera.
"Son pocos los municipios que por un motivo u otro no han sido denunciados, lo que da una idea de la magnitud y complejidad del problema que está desarrollando el problema urbanístico, en particular en la provincia de Málaga", concluye la memoria. Una de las razones que se esgrimen para explicar estos comportamientos es que "el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios".
La Fiscalía de Cádiz, que el año pasado abrió 77 diligencias de investigación, siete más que en 2005, por supuestos delitos contra la ordenación del territorio, también vislumbra el efecto Marbella en su provincia. De hecho, en todos los partidos judiciales gaditanos se han registrado denuncias por delitos contra la ordenación territorial. En 2006 ha comenzado a detectar la construcción de promociones ilegales para blanquear dinero procedente del narcotráfico, confiados en que estas conductas queden impunes. Otra forma de delincuencia detectada en Cádiz ha sido la entrada en juego de algunos arquitectos técnicos y peritos que han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un dinero pactado- que una obra tiene más de cuatro años de antigüedad para que las irregularidades prescriban.
En Sevilla, las investigaciones abiertas por delitos contra la ordenación del territorio se han triplicado en el último año. De las 100 diligencias incoadas en 2005, se ha pasado a 353 durante 2006. Pese a que los desmanes urbanísticos del Aljarafe son los que más trascienden a la opinión pública, el mayor número de diligencias en Sevilla se concentran en la Sierra Norte y la Sierra Sur, también por construcción en suelo no urbanizable.
En Granada, se han abierto 56 diligencias de investigación penal, la mayoría de ellas por construcciones ilegales, sobre todo en la turística costa de Almuñécar y en el partido judicial de Motril.
* ELPAIS.com - JUANA VIÚDEZ - Marbella - 24/09/2007
Foto: Viviendas en construcción en Benalmádena - JULIÁN ROJAS (ELPAIS.com)
Alcanalí prevé construir un geriátrico con 400 apartamentos en una zona virgen
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EFE/Alicante* : El colectivo ecologista Vall de Pop denunció ayer que el Ayuntamiento de Alcanalí y una empresa constructora, con sede en Madrid, han presentado un proyecto conjunto para recalificar una zona virgen catalogada como «agrícola protegida» para convertirla en una urbanización de lujo. Según el colectivo, con el nombre de «Ciudad Geriátrica Rosalba Alcalalí», quieren construir 400 apartamentos y una zona con servicios de cafetería, restaurantes y salones, en un proyecto con una capacidad total para mil plazas que supondría duplicar la población del municipio.
La presentación del proyecto tuvo lugar ayer y en el transcurso de la misma la mercantil repartió una hoja informativa con el logotipo del ayuntamiento. Según los ecologistas, la empresa planteó la iniciativa como la «solución laboral» para los vecinos del municipio. No obstante, el colectivo señaló que la propia mercantil admitió que destinará el complejo a clientes extranjeros de alto poder adquisitivo por lo que «la mano de obra también será extranjera y requerirá hablar perfectamente el inglés». Los ecologistas apuntaron que la empresa destacó que es una construcción «respetuosa con el medio ambiente» y que «favorece la integración social de las personas mayores» , mientras que para el colectivo supondrá «un gran impacto visual», debido a que se ubicará en una colina catalogada como «zona agrícola de especial protección» por las normas subsidiarias de 1992 y en ningún caso favorecerá esa integración de los mayores «ya que los terrenos se encuentran a más de un kilómetro del casco urbano» .
Según el colectivo Vall de Pop, la empresa presentó el proyecto como la solución de futuro para Alcanalí «porque en la actualidad en este pueblo no hay nada» . Aunque la mercantil ya tiene 80.000 m 2 para habilitar las instalaciones, según el relato de los ecologistas, se mostró abierta a «otras posibilidades como un campo de golf» . El colectivo denunció además la «connivencia» del alcalde de la población, José Vicente Marcó, quien se habría encargado de presentar el acto y de ofrecer para ello a la mercantil el cine parroquial.
Vall de Pop recordó que para sacar adelante este proyecto sería necesario redactar un PGOU «que se realizaría a medida de la empresa» . Y subrayó su extrañeza por las palabras del alcalde, quien dijo que «sería el pueblo el que decidiría sobre el complejo cuando comience a rodar la agenda local 21 pese a presentar un proyecto con todos los detalles» .
* Levante-EMV - A. Ruiz/Efe, Alcanalí - 24 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de la zona virgen donde se proyecta el complejo geriátrico /levante-emv.com
El Pocero saca pecho ante miles de clientes
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ELPAÍS* : Los clientes de Francisco Hernando, Paco el Pocero, agradecen que el constructor peleara contra el Ayuntamiento de Seseña para levantar su urbanización de 13.500 casas en este secarral de Toledo. Ayer, Hernando les correspondió con una macrofiesta a la que asistieron miles de personas y en la que anunció su nuevo plan: construir un millón de viviendas cerca de Madrid. De los 13.500 de Seseña, sólo 2.000 pisos tienen garantizado el agua y el resto de servicios básicos.
En la macrociudad de El Quiñón todo huele a El Pocero. Empezando por el nombre de la urbanización, que el constructor ha querido dedicar a Francisco Hernando, esto es, a sí mismo. Sus dimensiones, 13.506 viviendas repartidas en 280 bloques de 10 plantas, al estilo faraónico que tanto gusta al magnate, son el puro reflejo de su trayectoria empresarial: un complejo residencial levantado en medio de un secarral manchego, en Seseña.
Así construyó Hernando su imperio: desde la nada, erigiéndose en la versión celtibérica del sueño americano. Y, para celebrar la inauguración de su obra, anoche montó una fiesta gigantesca, con barra libre, en la que no faltó de nada. Como plato fuerte, las actuaciones del dúo gaditano Andy y Lucas y de la estrella del flamenco Falete, que le cantó a El Pocero Tengo miedo de quererte y le dio las gracias por ser "como es".
La celebración, que Hernando organizó en homenaje a los 3.000 propietarios y compradores que hasta ahora han confiado en su proyecto, denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción por IU, también sirvió para que los nuevos inquilinos rindieran pleitesía a El Pocero. A falta de políticos -ni el alcalde, Manuel Fuentes (IU), ni la Junta de Castilla-La Mancha aceptaron la invitación-, los jardines de la urbanización se llenaron de clientes encantados de dar las gracias al constructor por proporcionarles una vivienda pese a la hostilidad municipal. La mayoría viene de Madrid atraída por el precio de los pisos, mucho más baratos que en la capital.
El Pocero esperaba que acudieran 8.000 personas. Quizá no fueran tantas, pero en los aparcamientos se agolparon miles de coches y en los alrededores del complejo se formaron largas colas.
Hernando, rodeado de cámaras y guardaespaldas, aguardaba frente al escenario a que comenzara la función. El encargado de abrir fuego fue Jorge, uno de los primeros compradores de El Quiñón. Se definió como un "tío feliz", porque ha cumplido su sueño: "Por fin ha terminado el culebrón y duermo todas las noches con mi novia".
"Un ejemplo para Europa"
La portavoz de la asociación de vecinos, Lluvia Villar, prosiguió los discursos alabando a El Pocero y atacando a la prensa: "Somos un ejemplo para España y para Europa, un paraíso en la meseta castellana". Villar anunció que pedirán al Ayuntamiento que otorgue al constructor el título de Hijo Predilecto de Seseña. Acto seguido, El Pocero subió al escenario para recoger una placa de agradecimiento. "Dales caña", gritaron desde el público.
El empresario no quiso aclarar cuánto le ha costado montar la macrofiesta: "El dinero en estas ocasiones no tiene la menor importancia. Es uno de los días más felices de mi vida", dijo. Sobre la ausencia de autoridades, afirmó que la fiesta no era para los políticos, sino para su gente. Y tras recordar que cuando hace un proyecto siempre lo acaba, aunque lo llamen "loco", avanzó que ahora se dispone a construir un millón de viviendas en las inmediaciones de Madrid.
De las 13.506 viviendas programadas de Seseña, sólo 2.000 tienen licencia. Las 3.000 que están en fase de construcción carecen del permiso municipal porque no tienen garantizados los servicios mínimos, según el alcalde. Como siempre, Hernando lo niega y acusa a Fuentes de actuar por manías personales. Con la llegada de los primeros vecinos, El Quiñón ha dejado de ser una ciudad espectral. Pero eso no significa que haya logrado ahuyentar los fantasmas.
* ELPAIS.com - LLORENÇ MARTÍNEZ - Seseña - 22/09/2007
Foto: "Pocerolandia" - Jesús Carvajal/Efe
Europa también ayuda al alquiler
ELPERIÓDICO* : La iniciativa de la ministra de la Vivienda, Carme Chacón, de ofrecer ayudas directas a los jóvenes para que puedan pagar un alquiler y se emancipen no es nueva en Europa ni en otros países desarrollados. Aunque la situación dista de ser uniforme en todos los territorios, existen ideas comunes en las democracias más próximas, como la subvención a la compra de la primera vivienda y las ayudas a los jóvenes en mayor o menor cuantía, así como a los desfavorecidos.
FRANCIA
El país que fomenta la prestación
En el país de las subvenciones y los subsidios, hay numerosas ayudas tanto para la compra de la residencia principal como para el alquiler de la vivienda, que representaron en el 2006 un total de 14.000 millones de euros. Hay al menos ocho tipos de subvenciones diferentes, desde ayudas para compra y alquiler hasta para rehabilitar la vivienda e incluso para cambiar de domicilio, con cuantías que dependen de distintas variables. Si el demandante es menor de 25 años, puede recibir la ayuda para la vivienda, pero entonces sus padres pierden la ayuda familiar por hijo, por lo que la Caja de Ayudas Familiares (CAF) recomienda calcular cuál es la más beneficiosa.
Además, hay ayudas específicas para el acceso de los estudiantes a la vivienda. Este año, la subvención llamada de instalación es de 300 euros, concedidos por la CAF en el inicio del curso. Para recibir otro tipo de ayudas, los estudiantes becarios no deben superar los 5.500 euros de ingresos anuales. El tope sube a los 6.900 euros para los que no tienen beca. Un becario que pague en París 400 euros mensuales de alquiler en un piso recibe 234 euros. JOSÉ ANTONIO SOROLLA
BÉLGICA
Préstamos para facilitar el acceso
El coste de las hipotecas para comprar la vivienda habitual tiene en Bélgica una deducción fiscal en el impuesto sobre la renta. Los contribuyentes pueden deducir de sus ingresos netos una cantidad máxima, que en la declaración de este año ascendía a 2.560 euros.
En Bélgica no existen deducciones en el impuesto sobre la renta por el alquiler de viviendas, sino que cada región federal --Bruselas, Flandes y Valonia-- tienen una serie de medidas sociales para subvencionar el alquiler o incluso para facilitar la compra de una vivienda, si los ingresos son modestos, además de una subvención de hasta el 90% para la fianza.
Los gobiernos regionales ofrecen también préstamos hipotecarios a tipos de interés bajos a las personas de menos de 35 años con ingresos modestos para la adquisición de su vivienda, con unos topes. Los tipos están en función de los ingresos, de la edad y del número de personas a su cargo. Los préstamos especiales para parejas jóvenes tienen un tipo de interés del 2%, pero son sólo complementarios, porque cubren el 20% del valor de la vivienda y tienen una duración máxima de 10 años. ELISEO OLIVERAS
ALEMANIA
Según los ingresos paternos
Los jóvenes alemanes lo tienen más fácil que los españoles a la hora de independizarse de los padres y, en la práctica, la mayoría de ellos lo hace cuanto antes, si bien cada vez son más los que prefieren seguir viviendo en el hotel mamá, como se le llama en broma. Si los padres no disponen de muchos recursos pueden solicitar ayuda para financiar la vivienda, en el caso de que esta sea alquilada. En todo caso, funciona la regla gubernamental que basa cualquier tipo de ayuda en los ingresos paternos.
Si un joven no dispone de recursos y la vida con sus padres se ha vuelto imposible, puede independizarse con ayuda social, que cubre una determinada cantidad, según el Estado federado, entre un 80% y un 100% del total del alquiler y los gastos comunes, y una ayuda del Estado para sobrevivir, si no tiene un trabajo. El 20% de la población, de unos 82 millones de habitantes son jóvenes, entre 20 y 29 años.
Las desgravaciones por compra de vivienda solo existen si el piso está destinado a ser alquilado, pero no en caso de que se destine a residencia habitual, y las rebajas por alquiler se destinan a los más desfavorecidos. GONZALO CÁCERES
GRAN BRETAÑA
Excluidos los menores de 25 años
En el Reino Unido, el gobierno a través de las autoridades locales proporciona ayuda a la vivienda a quienes tengan salarios muy bajos o ningún tipo de ingresos. Para otorgar esas ayudas se tiene en cuenta el dinero, ahorros y otras ayudas de quien lo pide y de su pareja, en caso de haberla, y están expresamente excluidos los menores de 25 años si no son madres solteras. También se indaga en las circunstancias personales, como edad, situación laboral, cargas familiares, etc. La cantidad de las ayudas son proporcionales al precio de la renta y las necesidades de quienes lo soliciten. Sirven para el alquiler de un piso o una habitación en una pensión. El dinero se paga directamente al interesado o al propietario de la vivienda. BEGOÑA ARCE
ITALIA
Solo un plan en los últimos 30 años
Actualmente no existen subvenciones públicas para que los jóvenes compren una casa. En los últimos 30 años, solo un gobierno destinó un presupuesto específico para los jóvenes. Desde 1982, existen facilidades fiscales para la compra de la primera vivienda, sujetas a varias condiciones: que se trate de la primera que compra una persona, que no sea vendida antes de cinco años y que a los tres años Hacienda realice un control del cumplimento de las condiciones.
Entre las ventajas figuran la reducción fiscal (3% en lugar del 7%) y un importe fijo como tasas catastrales e hipotecarias (168,00 euros). Si la compra-venta se realiza entre una empresa y un privado, el IVA queda al 4%, si es primera vivienda. ROSSEND DOMÈNECH
ESTADOS UNIDOS
Los recortes de la Administración Bush
Housing choice voucher es el nombre del programa federal estadounidense de ayudas al alquiler en el mercado privado para familias de bajos ingresos, ancianos y discapacitados. Ellos mismos pueden elegir la casa, siempre que cumpla con los requisitos. Pueden solicitar la ayuda (que varía según el número de miembros) las familias cuyos ingresos no excedan el 50% de la media de ingresos del condado o el área metropolitana donde viven. Y se da preferencia a las familias sin hogar, a las que dedican más del 50% de sus ingresos al alquiler o a los desplazados involuntariamente. Desde su llegada a la Casa Blanca, el gobierno de Bush ha recortado estos programas que ayudan a casi dos millones de familias en el país. NOELIA SASTRE
* El Periódico - 23/9/2007
Foto: Se alquila - elmundo.es
Madrid: Un 'falso' Día sin Coches
ELPAÍS* : Madrid se apuntó ayer al Día Internacional sin Coches, una iniciativa integrada en la Semana Europea de la Movilidad, en la que participan 1.300 ciudades del 16 al 22 de septiembre. Dejar el coche en casa es un acto voluntario que en Madrid se convierte en necesario. Por sus calles circulan a diario 1,5 millones de vehículos. El tráfico produce las tres cuartas partes de la contaminación de la capital, según datos municipales. Pero la iniciativa de ayer sirvió de poco. Primero, por elegir un sábado, cuando el tráfico es mucho menos intenso que el resto de la semana. Además, la medida no surtió efecto.
-¿Cómo va ese Día sin Coches?
El conductor del taxi, que lleva toda la mañana trasladando a gente por Madrid, hace una mueca de rechazo y mira a la pasajera desde el retrovisor delantero.
-¡Qué Día sin Coches ni qué leche! Si es sábado y la mitad de la gente no lo sabía...
El tráfico aumentó ayer por la mañana un 2% respecto a un sábado ordinario de septiembre en las entradas a Madrid por el oeste (calle de la Reina Victoria) y por el este (Doctor Esquerdo), según datos del área de Seguridad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid; disminuyó entre el 4% y el 5% en el centro, en la Castellana y en la Gran Vía.
La convocatoria "ha perdido empuje y contenido", según denunció Ecologistas en Acción. La asociación considera que existen "contradicciones" entre los discursos sobre movilidad sostenible y las políticas reales, "que siguen apostando por facilitar el uso del coche en las ciudades". El transporte privado ha superado al público en Madrid, como recordó ayer el diputado regional Modesto Nolla (PSOE). "A pesar de que se han invertido muchos millones de euros en infraestructuras del transporte por parte de el Gobierno regional, no se ha invertido bien", señala Nolla.
El lema elegido este año para la semana de la movilidad es Las calles, para la gente. Eso es lo que reivindicaba ayer un acto convocado por A Pie, una asociación de viandantes con 200 socios. Miembros de A Pie y vecinos se juntaron en un solar en la calle de Goiri (Tetuán). Es un terreno lleno de coches aparcados y otros abandonados en el que los vecinos reclaman una plaza desde hace más de quince años. Ayer plantaron un árbol en medio, colorearon árboles de cartón y celebraron un concierto.
"Esto aparece como espacio público en el plan de urbanismo, y eso es lo que queremos, una plaza de calidad con zonas verdes y bancos", pidió Carmen Míguez, presidenta de la asociación de vecinos Tetuán Cuatro Caminos. Su casa da al solar donde asegura que cada noche se oyen las peleas de gente que duerme en los coches y que hace sus necesidades en el solar.
"Los espacios públicos son secundarios para el Ayuntamiento, son el desecho de la especulación", añade Daniel Álvarez, edil de IU, que participó en el acto.
Por otra parte, Madrid acoge hoy la última etapa de la Vuelta Ciclista a España. El acto provocará cortes de tráfico a lo largo del día en los paseos del Prado, de Recoletos y la Castellana, entre otras vías.
* ELPAIS.com - P. ÁLVAREZ /AGENCIAS - Madrid - 23/09/2007
Foto: Acto reivindicativo para pedir una plaza en un solar abandonado de la calle de Goiri - P.A. - ELPAIS.com
364 días con coches
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El sábado 22 de septiembre se celebra, como es de rigor, el Día sin Coches. Se trata de una convocatoria de ámbito internacional aunque donde más repercusión y participación tiene es en la Unión Europea, ya que desde el año 2000 goza del apoyo institucional de la Comisión. A pesar de sus cercanos comienzos, el Día sin Coches ya ha perdido empuje y contenido en manos de unos gobiernos municipales que, en su gran mayoría, continúan desarrollando cada día una política de movilidad destinada a favorecer la circulación de coches como principal modo de transporte urbano.
Es cierto que todos hablan de movilidad sostenible, pero no es menos verdad que por cada euro que se invierte en movilidad alternativa muchos más se gastan en favorecer el uso del automóvil. El resultado: cada día utilizamos más veces el coche y menos el transporte público o los desplazamientos a pie o en bicicleta, como acaba de revelar el último informe del Observatorio de la Movilidad Metropolitana.
A causa de este escaso interés, la mayor parte de los Ayuntamientos improvisan actividades, que luego no se traducen en la adopción de medidas permanentes, sin apenas cortes de tráfico (verdadero núcleo de la campaña), sin dar prioridad al transporte público ni a peatones y ciclistas, con escasa o nula implicación de las organizaciones ciudadanas, a las que no se da la oportunidad de participar, e inexistencia de campañas de información a la ciudadanía.
Ecologistas en Acción quiere transmitir a nuestras corporaciones locales su preocupación por la gravedad de los problemas ambientales que la expansión del automóvil provoca en la ciudad: degradación y ocupación del territorio, contaminación atmosférica y acústica, siniestralidad y destrucción de la vida urbana, emisiones de CO2 (la mitad de las emisiones del transporte causantes del cambio climático se producen en las ciudades)…
Y recordarles que el éxito o el fracaso del Día sin Coches es el resultado de las políticas de movilidad llevadas a cabo todos los días del año. Hace tiempo ya que llegó la hora de los planes de movilidad sostenible, de democratizar la calle, dándole prioridad a sus principales usuarios, los peatones, y reduciendo el abusivo espacio ocupado por el automóvil, para permitir la expansión de otros modos de transporte más racionales, eficaces, seguros y sostenibles. Hasta el momento, parece que nuestros administradores no se han enterado.
* Ecologistas en Acción - Transporte, 22 de septiembre
Nuevas medidas del gobierno en materia de vivienda
QUEDALAPALABRA* : Me recuerda al alcalde de mi pueblo (Jaén) o el de muchos pueblos de este estado que antes de las elecciones hacen obras en toda la ciudad y arregla los jardines para que los ciudadanos, viendo la superficie "bonita" no se fijen en el fondo que está podrido. Muchos albañiles encierran la basura bajo los escombros y cimentan los edificios porque piensan que la basura no se verá jamás; pero la basura está ahí, bajo los bloques de pisos, petrificada, y algún día se podrá volver a ver. La basura que el PsoE encierra, tras unas aparentes medidas populistas es una mierda tan grande que apesta y llega hasta nuestros torpes olfatos: Gastará 784 millones en medidas de alquiler y no tocará a los intactos especuladores de guante blanco (amigos siempre fieles de su creída magnifica política).
Por eso, porque son amigos, y porque seguramente a ellos les deben, muchos políticos aferrados al gobierno de los ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno central el que éstos puedan construirse sus "hermosos" chalets y se enriquezcan de paso a una proporción importante de colegas en el juego inmobiliario, empezando por los banqueros y continuando con la financiación ilegal de los partidos y de algunos de sus corruptos políticos, como se sabe que se hace en la gran mayoría de los ayuntamientos.
Pero ellos dependen de nosotras/os, no lo olvidéis. Por eso tenemos la obligación de protestar y ante unas medidas que sin duda pueden favorecer a los jóvenes entre 22 y 30 años (que deben estar ocupados y con más de cuatro años de residencia legal en España) d ebemos quedarnos muy insatisfechos ya que son la gran minoría de la población y por ejemplo, si comparáis, los propietarios de los pisos podrán seguir igualmente "felices" ya que también a partir del 1 de enero de 2008 "conseguirán una deducción fiscal de las rentas obtenidas por el alquiler: 100% de exención para los ingresos derivados de contratos con jóvenes menores de 35 años". Es decir, que los alquileres podrán seguir subiendo y favoreciendo a los que más capital tienen: Clara medida capitalista y fascista.
Por eso, de "propuesta social" no tiene nada. ¿Qué me decís de los ancianos que no les llega la pensión para pagar el alquiler? ¿Qué me decís de las familias monoparentales como por ejemplo las mujeres con cargas familiares divorciadas por malos tratos? ¿Qué pensáis de las familias con hijos y padres en paro mayores de 35 años? ¿Qué hacer con los miles de inmigrantes sin permiso de residencia o sin permiso de trabajo?. No son los 361.000 jóvenes (como dice la noticia más abajo), los únicos ciudadanos de este país, en realidad son la minoría; en España hay 45.116.894 habitantes (http://www.ine.es/inebase/cgi/axi) y según los datos que hemos encontrado de hace un año "un 20% de los españoles viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, casi 8.500.000 españoles no alcanzarían la renta bruta por persona y año de 10.578 €, por encima de la que, en teoría, no existirían problemas para un nivel de vida digno" (ADN: 29/11/2006) (http://www.inspecciontributarialocal.org/web/index.php?option=com_content&task=view&id=203&Itemid=212〈=), cifra que según varias consultas, incluso se ha ampliado en este año. Debajo de la noticia sobre las nuevas medidas de alquiler tenéis un artículo relacionado digno de leer ,con el que podéis comparar las noticias para poder ser auténticamente críticos con la falsa política de este gobierno*.
Nos negamos al engaño político y los abusos de poder de este gobierno que se dice socialista cuando obedece a las órdenes y dictámenes del capital por encima de todo. Nos negamos a cerrar los ojos ante la realidad y seguiremos desde la Acampada contra la Precariedad y por una Vivienda Digna, que llevamos acampados ya más de cuatro meses en los jardines de la Complutense de Madrid, resistiendo junto a otras organizaciones de base; continuaremos reivindicando el Derecho a una Vivienda Digna junto a otros movimientos con auténticas "medidas" más claras y más fuertes cada día.
El robo para el enriquecimiento de unos pocos a costa de la grave precariedad de las personas es un delito que no se puede ocultar con unas cuantas medidas evidentemente electoralistas y completamente inútiles para atajar el problema del acceso a una vivienda en España, medidas, por otro parte, que se han tomado sin consultar a las organizaciones sociales que tenemos mucho que decir en esto; pero claro, se descubrirían sus "vergüenzas" si estos politiquillos del tres al cuarto se sentarán a dialogar con cualquier persona que trabaja en el mundo social sin estar vendida a las subvenciones y que fuera minimamente coherente.
* Colectivo Queda la Palabra
* Rebelión - 22-09-2007
Se cierra la brecha entre alquiler y compra
ELPAÍS* : Alquilar no es tirar el dinero. Al menos ahora, cuando la subida de los tipos de interés ha pillado a quienes firmaron su hipoteca en pleno boom inmobiliario. La brecha entre el pago mensual del préstamo y el del alquiler se ha estrechado desde diciembre de 2005, en que empezó a subir el precio del dinero. El pago mensual de la hipoteca asciende ya a 896 euros de media, según se desprende de los datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la renta media por un piso en España es de 536 euros, de acuerdo con el Ministerio de Vivienda.
Las cifras bailan, y mucho, dependiendo de la ciudad, pero un informe publicado por la Fundación de la Caja de Ahorros demuestra que la compra sólo es ventajosa frente al alquiler cuando el tipo aplicado a la hipoteca (la suma del Euribor y el diferencial, que suele estar entre el 0,25% y el 1%) es inferior al 7%. Con el Euribor actual a 12 meses, del 4,71%, el coste de la propiedad y el alquiler se aproximan.
Sin embargo, José GarcíaMontalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra afirma que uno de los principales errores que comete el consumidor es "comparar cuánto cuesta comprar y cuánto alquilar, y no cuánto cuesta vivir". Es decir, al hacer números hay que valorar tanto el precio del piso como las cargas asociadas.
La abogada del despacho CMS Albiñana Ana Jiménez Requena recuerda que "la compra de una casa supone un mayor esfuerzo inversor que el arrendamiento". No sólo por los impuestos indirectos que no se aplican al alquiler, sino también por los gastos registrales y notariales.
"Hay que tener en cuenta que el coste financiero de los préstamos hipotecarios y la situación de los precios en el mercado suponen que una misma cantidad, aplicada al pago del alquiler o de la hipoteca, cunda más en el caso del alquiler", afirma.
El portal Idealista.com, por ejemplo, calcula que la opción de alquilar en España resulta un 46% más barata que la compra. Compara el precio de alquiler y adquisición de sus viviendas anunciadas, con el supuesto de que el comprador pide con un préstamo de euribor más 0,50% a 30 años y sin tener en cuenta posibles ahorros iniciales y los gastos de compra. Pues bien, en Madrid alquilar resulta un 51,7% más barato, mientras que en Barcelona supone un ahorro del 48,4%.
Otro aliciente de la compra se está viendo también mermado. Se trata de la revalorización del inmueble, que en los últimos años ha avanzado a un ritmo de dos dígitos y que, sin embargo, ahora ya pierde fuelle. Las previsiones más optimistas señalan que este año habrá una subida cercana al IPC, mientras que las más pesimistas apuntan a que el valor de los pisos ya está cayendo.
El director del Máster en Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos, recomienda optar por el alquiler y, en caso de querer comprar, tomarse "tranquilamente" entre dos y tres años para hacerlo. No obstante, la fiscalidad todavía premia al comprador con una deducción anual del 15% sobre el importe de las cantidades que se destinen a sufragar la vivienda (hasta un máximo de 9.015 euros), mientras que la normativa estatal todavía no prevé ninguna deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para el alquiler.
Sí lo aplican algunas comunidades, como la de Madrid y Cataluña, y el proyecto que esta semana ha presentado el Gobierno central fija que los inquilinos que ganen menos de 24.000 euros brutos se podrán deducir el 10,05% en el IRPF en 2008.
El economista Julio Rodríguez sostiene que la medida no supone "la equiparación plena" entre la compra y el alquiler y opina que se limitará a favorecer fiscalmente a las familias con menores ingresos. García Montalvo coincide. Es más, opina que las desgravaciones para la compra de viviendas "no tienen sentido", puesto que las considera regresivas.
La otra medida que ha anunciado el Ministerio de Vivienda, la ayuda de 210 euros para los trabajadores de entre 22 y 30 años con unos ingresos máximos de 22.000 euros brutos al año tampoco ha caído en gracia entre la mayoría del sector inmobiliario. Primero, porque estas ayudas ya se concedían a través de las partidas que gestionaban las comunidades o que bien iban a cargo de éstas.
La Generalitat catalana lleva tres años concediendo ayudas de 240 euros (30 más que las del plan de la ministra Carme Chacón) a quienes ingresen menos de 22.000 euros al año. La secretaria de Vivienda, Carme Trilla, afirma que la intención del departamento es que sean una prestación, por lo que se dan de forma indefinida hasta que mejore la situación económica del destinatario.
La Comunidad de Madrid tiene un plan para que los jóvenes hasta 35 años puedan alquilar un piso a un precio un 40% inferior al de mercado con opción a compra a los siete años. Ambas comunidades ya prevén, además, desgravaciones fiscales al alquiler en sus tramos autonómicos del IRPF, pero menos generosas que el tope deducible de 906 euros que fija Chacón.
Plan ineficaz
Todos los expertos coinciden en que el plan será ineficaz porque sólo incentiva la demanda, no la oferta. Y el problema, sostienen, es que en España el parque de vivienda en alquiler es muy exiguo, y el público, casi inexistente. "Se actúa sobre la demanda, cuando el problema es la oferta. Este dinero irá todo al propietario. Y lo mismo ocurre con las desgravaciones", señala Bernardos.
De igual forma opina el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, que señala que el impacto del plan de Chacón será limitado porque hay pocos pisos en alquiler.
El sociólogo Jesús Leal considera que, más que ayudas o desgravaciones, se debe crear un parque público para personas con bajos ingresos que no pueden acceder a la vivienda de otra forma. Porque paradójicamente, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid hay más pisos en alquiler en el caro norte de la región (Majadahonda y Las Rozas) que en el sur (Getafe y Leganés), mucho más asequible. La explicación: el demandante de pisos de alquiler lo conforma un grupo bastante heterogéneo, desde los menos favorecidos económicamente, que no pueden pagarse una casa, hasta profesionales con gran movilidad laboral, pasando por los jóvenes que aún no han definido su proyecto vital.
Promotores e intermediarios insisten en mejorar la fiscalidad de los particulares que sacan sus pisos al mercado, aunque García Montalvo recuerda que la nueva ley del IRPF ya exime del 50% de este tributo a los que arrienden y del 100% a los que alquilen a menores de 35 años.
* Esta información ha sido elaborada por Lluís Pellicer, Carmen Sánchez-Silva, Sandra López Letón, Clara Blanchar y Eva Ruiz-Hidalgo
* ELPAIS.com - PROPIEDADES - Madrid - 21/09/2007
Foto: Planes de alquiler - PROPIEDADES - ELPAIS.com
Las cuentas de la lechera
ALBINO PRADA BLANCO* : Si lo que está pasando en Estados Unidos con los mercados hipotecarios de alto riesgo se asume que afectará a Europa, temo que para España las cosas se presenten especialmente feas. Baste recordar que nuestro notable crecimiento económico descansó estos años en el ladrillo (no se basó ni en nuestro saldo comercial, ni tampoco en nuestra competitividad turística) y en todas las actividades que viven y trabajan para él. Fuimos así campeones europeos en el consumo de cemento, se empezaban aquí más viviendas que en ninguna otra parte, se enladrilló el litoral y se revalorizaban los metros cuadrados (de viviendas, de solares) como la espuma.
Creamos una respetable burbuja que a muchos alegraba la vida y que sólo al Banco de España parecía preocupar de forma casi rutinaria, mientras los gobiernos de turno miraban para otro lado y anotaban éxitos de PIB y empleo. A este entusiasmo edificatorio no sólo contribuían los que decidían la compra de vivienda para vivir en ella sino, sobre todo, los que invertían en un activo de valor creciente. Incluso salió muy rentable endeudarse para invertir; comprar sobre un plano y vender con pingües beneficios antes de que la obra finalizase. Ahora sabemos que la deuda de los españoles creció más que en ningún otro país... y que el riesgo es creciente -con un euríbor que se duplicó en dos años- para muchos endeudados.
Algo de todo esto debían barruntar algunos constructores españoles cuando decidieron hacer caja y reinvertir en el sector del contador (electricidad, gas, carburantes... ) compartiendo o desbancando el tradicional poder de los bancos. Bancos que, aunque no con hipotecas basura a la americana, siguieron facilitando créditos para el explosivo precio de lo comprado por porcentajes crecientes de los ingresos familiares, operaciones con las que acumularon un negocio crediticio nunca antes visto. Así, entre el 2001 y el 2006, el crédito a la vivienda pasó en España de 250 a 600 millardos de euros y ya supone 43 de cada 100 euros prestados por los bancos.
Es éste un panorama en el que, de pronto, algunos parecen haber despertado sorprendidos como damiselas al comprobar las dificultades que para jóvenes y familias con empleos precarios supone acceder a una vivienda y pagar sus créditos. No falta tampoco quien sostenga que España se ha preparado adecuadamente para salir de este lío. Aunque ya empiezan a oírse voces en el sentido de que la situación no es alarmante... siempre que se siga creando o, al menos, manteniendo el empleo. Como nuestros datos de agosto de la Seguridad Social, con una caída de 254.000 cotizantes (60.000 más de pérdida que en agosto de los dos últimos años) superan en bastante a los 4.000 empleos perdidos en Estados Unidos en ese mismo mes, no sé si la lechera del cuento estará perdiendo el equilibrio.
* La Voz de Galicia - Opinión - 15 de septiembre de 2007
Los delitos urbanísticos disparan las denuncias por corrupción
CINCODÍAS* : Las denuncias interpuestas por particulares, colectivos y organismos de diversa índole ante la Fiscalía Anticorrupción se han multiplicado por cuatro en un solo año. Las causas judiciales en trámite por este órgano crecieron un 40,2% en 2006 respecto al ejercicio anterior, bajo el paraguas de la corrupción urbanística. El trabajo se agolpa en la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos Relacionados con la Corrupción. Hasta 446 escritos de denuncias han llegado a sus despachos en un sólo año según los datos que acaba de agrupar la Fiscalía General del Estado en su memoria de 2006, frente a los 107 del periodo anterior.
Aunque parte de estos escritos (154) corresponden con causas que 'no tienen relevancia penal', según se adjunta en la memoria, la Fiscalía reconoce el aumento exponencial de la carga de trabajo, que ha provocado que las causas judiciales en trámite por Anticorrupción aumenten un 40,2% (hasta las 178), en un sólo año y que los procedimientos penales en los que interviene la Fiscalía se hayan multiplicado por tres.
A ello se suman los informes-denuncias del Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Dinero (Sepblac) del Banco de España (284) remitidas a Anticorrupción.
Buena parte de esta mayor carga se debe, según la Fiscalía, al aumento de los casos de corrupción urbanística en todo el territorio nacional, algunos de especial relevancia como la Operación Malaya. Otra buena parte se debe al aumento de investigaciones en tramas organizadas de fraude de IVA, en los que la Agencia Tributaria es colaboradora esencial (remitió 93 informes a petición propia o por requerimiento de los juzgados). De hecho, la Fiscalía destaca cómo la coordinación entre el juez el fiscal, la policía judicial y Hacienda es esencial para prolongar en los próximos años estos buenos resultados y que ha hecho posible en 206 recoger información sobre 482 grupos criminales a los que se les imputa 1.074 delitos (2,2 por cada grupo investigado).
Otro factor positivo ha sido el trabajo de los fiscales delegados. De hecho, en 2006 se han incorporado seis fiscales delegados y otros cuatro nuevos fiscales.
En cambio, se ha recortado la plantilla de los miembros de la Unidad de Policía Judicial, algo que 'no resulta positivo', según reconoce la Fiscalía, por lo que ha solicitado un aumento del número de funcionarios. Esta reivindicación es importante, teniendo en cuenta la 'dificultad de reclutar voluntarios' para ocupar vacantes y que, según el organismo, los miembros más expertos de la secciones 'son objeto del deseo de despachos profesionales privados'.
Otra reivindicación es la puesta en funcionamiento, 'que se hace cada vez más apremiante', de la futura nueva sede la a Fiscalía, 'dado que la actual ha dejado de reunir las condiciones mínimas para poder alojar una plantilla cada vez más numerosa'.
Pide investigadores en régimen de exclusividad
Durante el año pasado la Fiscalía continuó con el proceso de implantación de secciones especializadas de delitos económicos en aquellos lugares donde todavía no existían pese a requerirlo el volumen de trabajo existente.
La implantación de estas secciones hace oportuno, según Anticorrupción, que sus componentes 'deban estar adscritos a un régimen de exclusividad' y con competencia para el conocimiento de los asuntos asignados,' desde su entrada en Fiscalía hasta su finalización'. Tal sugerencia es 'vital' para resolver con eficacia casos de compleja ingeniería financiero-fiscal como lo suponen los delitos relacionados contra el blanqueo de capitales. A veces se da el caso de que un fiscal inicia un procedimiento pero lo remite posteriormente a un compañero para que continúe la investigación.
La presencia de más especialistas no jurídicos en materias anexas (contabilidad, tributos...) 'también sería deseable' en todas las secciones delegadas, tal y como se ha implantado en Barcelona en el último año.
Aunque la Fiscalía reconoce el esfuerzo presupuestario hecho en medios materiales durante los últimos años, no oculta la necesidad de más apoyo, sobre todo en material informático en algunas capitales de provincia.
Por último, el organismo espera con impaciencia la puesta en marcha de la reforma del Código Penal (en trámite parlamentario) en donde se recogen importantes novedades para la lucha contra las tramas organizadas. Entre ellas, la reforma de la figura del delito fiscal (se amplía a 10 años el plazo de prescripción) y la tipificación de nuevos delitos relacionados con la estafa societaria y el enriquecimiento ilícito.
Casos más sobresalientes: Cohecho, estafas y prevaricación
• Marbella. Diligencias en virtud de la querella por los convenios celebrados por el ayuntamiento, a tenor del informe del Tribunal de Cuentas, contra el ex alcalde y un asesor.
• Andratx. Querella del fiscal delegado de Baleares por delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricaciones urbanísticas.
• Ciempozuelos. Diligencias practicadas tras el escrito del Sepblac por delitos de cohecho y blanqueo de capitales.
• Canarias. Procedimiento contra el alcalde de Santa Cruz de Tenerife por malversación de caudales públicos.
• Afinsa y Fórum. Procedimiento por delito de estafa y falsedad en cuentas anuales.
* Cinco Días - Bernardo Díaz / MADRID (21-09-2007)
210 euros mensuales es el precio de cada voto joven según el gobierno
JOAN S. SORRIBES* : 210 euros mensuales durante cuatro años. El anuncio lo hacía la ministra Chacón y desvelaba así la espectacular medida de ayuda a los jóvenes comprometida por Zapatero ante las Juventudes Socialistas sólo unas semanas antes. Subvencionar con dinero público el alquiler de viviendas, destinar una partida de más de 8.000 millones d’euros a incentivar el mercado de la vivienda de alquiler, puesto que la propiedad de la vivienda, el derecho a tener una casa que consagra la Constitución española del 78, está fuera del alcance para una amplia mayoría de la población. A pocos meses de unas elecciones en las que los socialistas se juegan el todo o la nada por unas cuantas legislaturas más, la medida no puede ocultar su vocación electoralista: el gobierno de Zapatero ha dejado claro que el precio por cada voto será en marzo de 2008 de 210 euros al mes durante cuatro años.
Pero, como bien reflexionaba un contertulio de una de las aburridísimas tertulias televisivas “que hagan mucho electoralismo, que se gasten todo el superávit de que disfruta hoy el Estado español haciendo políticas sociales, destinando el dinero a los más necesidades…”. Ahora bien, estando de acuerdo con el deseo, tengo mis dudas sobre la bondad de la subvención y todavía también sobre su supuesto carácter “social”.
En primer lugar, destinar una partida de 8 mil millones al menester no significa que se gastan en el asunto de marras porque si la medida no acaba por incentivar el mercado de alquiler el dinero quedarán en la caja de los presupuestos: no es igual repartir 8.000 millones de euros efectivamente que dejarlos disponibles por si el personal se pone a alquilar a partir de enero.
En segundo lugar, Aún con la importancia del dinero previsto para la medida, es una parte mínima de lo que el mismo gobierno socialista ha dedicado en los últimos tres meses, por ejemplo, a estabilizar el mercado financiero garantizando su liquidez, frente a las alertas de crisis motivadas por el hundimiento inmobiliario en los Estados Unidos, y estos sí son dineros públicos que ya han pasado a manos privadas, y no un apunte de previsión en los Presupuestos del Estado del año que viene.
En tercer lugar, está por ver si la medida no acabará provocando otro aumento de los precios de la vivienda de alquiler (ya se sabe que en la lógica del “libre mercado” si hay disponibilidad de un recurso la tendencia “normal” es a explotar el recurso, a agotarlo, lo que significa que podemos subir el precio del alquiler porque, a fin de cuentas, desde 1 de enero próximo habrá 210 euros más disponibles para hacerlo).
En cuarto lugar, la medida no entra ni sale en el meollo de la cuestión: que hoy a un ciudadano le es imposible con sus ingresos acceder a una vivienda, es decir, ejercer el derecho que le reconoce la misma Constitución española como inalienable. Ni siquiera por la vía de hipotecarse hoy toda su familia ya de por vida y mañana quizás por generaciones.
En quinto lugar, la medida no toca los temas capitales relacionados con el problema de la vivienda, y ni de lejos se relaciona con un toque de atención a quienes han causado el actual estado de cosas: las grandes corporaciones bancarias y de la construcción. Mucho menos todavía con una regulación más social de los grandes negocios de la construcción y de las finanzas, ni siquiera con el propio mercado inmobiliario.
En sexto lugar, y por si las cosas van mal dadas en el futuro próximo…, cosa no absolutamente imposible dados los avisos de los últimos meses sobre una posible crisis económica global, porque este espaldarazo con 210 euros mensuales para alquilar y no una protección y ayuda a quienes tienen su vivienda hipotecada y deben dedicar el 60% o más de los ingresos familiares a devolverle los dineros al banco de turno (durante la mitad del periodo como mínimo sin amortizar capital y pagando sólo intereses, que si alguien quiere hacer los números ya me explicará si no estamos dentro de aquello que legalmente se califica de usura).
En séptimo lugar, y la fiscalidad? porque vamos a ver, la vivienda es a la vez un derecho a un bien de primerísima necesidad (y si no prueban ustedes a dormir bajo un puente como algunos inmigrantes en nuestro país…) y un “patrimonio”, es decir, una forma de tener invertida “la riqueza”…, pero con centenares de miles de viviendas vacías en nuestras ciudades, la fiscalidad no hace ninguna diferencia sustancial entre la vivienda “dónde se vive” y la vivienda “que se posee”, y menos aún “castiga” mantener viviendas vacías y sin uso.
En octavo lugar, y si se quiere incentivar el mercado de alquiler aunque sea de forma transitoria hacia la propiedad, porque no incluir modificaciones de la legislación en el sentido de proporcionar mayor seguridad a los propietarios que alquilan (vía un seguro universal y avalada por la administración), vía castigar el “alquiler irregular” (fuera de contrato), vía la regulación de los precios de venta y alquiler (ay, el “libre mercado”, que se me escapa…)?.
En noveno lugar, cómo es posible mantener que el precio del suelo es el elemento capital de los precios desorbitados de las viviendas y empecinarse a no considerar el suelo como un bien público, a interponer medidas que impidan la especulación, y a mantener un estado de cosas en el que edificar en cualquier lugar y a cualquier precio es un negocio redondo no por satisfacer una demanda social (miren ustedes sino la diferencia que hay entre la construcción de VPOs y el resto de viviendas, o dónde se construyen las nuevas zonas residenciales…) sino porque ruede la rueda mientras no quede ni un palmo de litoral ni un paraje natural sin hormigón?.
Y en décimo lugar, y por no extenderme en una lista interminable de dudas y una mucho más corta de certezas, qué pasará dentro de cuatro años, cuando se les acabe la subvención a quienes la pidan en enero y tampoco puedan pagar con su sueldo y su precariedad no ya una vivienda en propiedad sino la misma en alquiler?
Quizás para la última cuestión tengo una respuesta aproximada: en cuatro años más, volverán a haber elecciones.
* Joan S. Sorribes de Utopia Valencia
http://utopiavalencia.blogspot.com/
* KaosenlaRed - 20.09.2007
