La Plataforma por una Vivienda Digna* ha presentado un documento en el que valora la nueva ley del suelo aprobada por el Congreso de los Diputados que entra en vigor el 1 de julio. Las opiniones parten de un grupo de trabajo formado por integrantes de la plataforma de toda España.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna* hemos seguido con sumo interés el desarrollo de la nueva ley del suelo, por su capacidad de influencia en el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos una gran parte de los ciudadanos de este país. La opinión de consenso de la mayoría de miembros de en la Plataforma es que esta ley es objetivamente mejor que su predecesora. Sin embargo, una vez más no se abordan reformas de fondo, por lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han participado han dejado escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo. Un modelo que avance hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución.
Reservas de suelo protegido insuficientes.
La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.
Puerta abierta a una vivienda protegida “cara”.
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
Faltan medidas para evitar retrasos.
Otro problema que están sufriendo los demandantes y adjudicatarios de viviendas de protección oficial es la “pereza” de los promotores a la hora de construir este tipo de vivienda frente a la vivienda libre. Esto tiene como consecuencia retrasos de hasta más de 10 años en la entrega de la vivienda protegida. Desde la PVD llevamos tiempo reclamando la vinculación de permisos administrativos de construcción de vivienda libre al estado de las promociones de vivienda de protección oficial pertenecientes al mismo plan. Sin embargo la nueva ley del suelo no recoge este punto, que sí tienen en cuenta algunas leyes de suelo de carácter autonómico.
Coladeros legales para escapar a la obligatoriedad de crear vivienda protegida.
Es un paso atrás importante el hecho de que los artículos que fijan las reservas y los usos de los suelos que forman parte del patrimonio público del suelo permitan como alternativa a la construcción de vivienda protegida “otros fines de interés social”. A nuestro entender, esta excepción será un coladero que contribuirá al modelo actual de financiación de las administraciones públicas por medio del urbanismo, que como hemos venido denunciando, es un “tributo” sumamente injusto y desigual, que reposa en la necesidad vital de vivienda de las personas.
Deben primarse los espacios ya urbanizados.
En cuanto a la sostenibilidad que la ley pretende conseguir en los nuevos desarrollos, pensamos que también se han dado pasos adelante con los nuevos informes necesarios y la implicación de las administraciones involucradas. No obstante, la ley debería haber introducido alguna medida efectiva para discriminar positivamente la reutilización de espacios ya urbanizados sobre los nuevos desarrollos. Esta medida contribuiría también de forma notable a la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica.
Aspectos positivos
Nos parece positivo que queden regulados por siempre los precios de venta o alquiler de las viviendas de protección construidas en los patrimonios públicos de suelo, de forma que no se pierda nunca su estatus de vivienda protegida. Sin embargo nos preguntamos porqué no se ha extendido esta medida a la totalidad de la viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.
El hecho de que la totalidad de viviendas protegidas tengan esa calificación de forma permanente es fundamental para que siempre exista un parque extenso de vivienda de protección oficial, que contribuya a solucionar futuras situaciones de dificultad de acceso a la vivienda.
Sujeta al desarrollo de las Comunidades Autónomas
El resto de los puntos relevantes de esta ley son medidas que no podemos valorar desde la PVD ya que son herramientas que serán positivas o negativas en función de cómo sean desarrolladas por las comunidades autónomas. Se trata de puntos como la diferencia del derecho de superficie y de la propiedad del suelo y su regulación, el papel del agente urbanizador, o la nueva valoración del suelo en las expropiaciones, por ejemplo.
En cualquier caso, desde la Plataforma por una Vivienda Digna somos conscientes de que la principal responsabilidad de los problemas actuales de acceso a la vivienda en España es de los gobiernos de las comunidades autónomas, al estar transferidas la mayoría de las competencias sobre urbanismo y vivienda. Así, es lamentable que en la mayoría de comunidades autónomas, se siga apostando por un modelo que ignora el derecho a una vivienda digna y apoya la creación de más viviendas innecesarias, la especulación y el mantenimiento de la burbuja. La nueva ley hubiera debido también establecer mecanismos que aseguraran el cumplimiento de su espíritu también a nivel regional, pero no lo ha hecho suponemos que por evitar el riesgo de inconstitucionalidad. Seguiremos esperando a que nuestros gobernantes formalicen un pacto que separe al urbanismo de los intereses especulativos de manera uniforme en todo el Estado.
Por tanto, a partir de de la entrada en vigor de esta ley nacional, demandamos a los gobiernos de las comunidades autónomas el desarrollo de leyes del suelo que sigan el espíritu recogido en el artículo 47 de nuestra constitución y que sean la base de un mercado de vivienda asequible para todos, en lugar de buscar vías con las que apuntalar un modelo tan insostenible como el actual.
Tímidos avances, sin cambio de modelo
En resumen, lo deseable en esta nueva ley del suelo hubiera sido un cambio de paradigma en el que se pusiera al derecho humano a la vivienda como base inspiradora de las actuaciones de gestión del suelo, dejando en segundo plano la vocación exclusivamente seguidista del mercado que tienen las leyes actuales, algo en lo que ha puesto énfasis el relator de vivienda de la ONU en su contundente nota emitida recientemente. Sin embargo hay que decir que la nueva ley es objetivamente mejor que sus predecesoras y que por lo tanto, supone un avance.
Sin duda estos tímidos avances se están dando en parte por las manifestaciones y la presión de los movimientos sociales que buscamos una sociedad mejor y más justa en una materia fundamental como es la vivienda. Por ello animamos al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a seguir saliendo a la calle y tomando iniciativas para defender el cumplimiento de artículo 47 de la Constitución.
* www.viviendadigna.org
* Kaosenlared.net - 01.07.2007
La nueva ley del suelo. Un paso adelante, pero insuficiente
Entra en vigor la Ley de Suelo con la incógnita de si influirá o no en los precios de las casas
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J.F.LEAL.- El Mundo* : "Algo bueno tendrá esta Ley cuando no deja satisfechos del todo ni a promotores, ni a las administraciones autonómicas y municipales, ni a los colectivos de consumidores", afirmaba recientemente un agente de sector inmobiliario. ¿Útil o estéril? ¿Conflictiva o de consenso? La cuarta 'Ley de Suelo' dictada por un gobierno español en 50 años (1956,1975, 1998 y 2007) entra en vigor hoy, 2 de julio, en la práctica -legalmente lo hizo ayer domingo- tras años de debate, encuentros y desacuerdos. Polémico donde las haya, el texto aprobado en el Congreso el pasado 10 de mayo con la inesperada presencia de José Luis Rodríguez Zapatero marca un antes y un después en los objetivos fundacionales del Ministerio de Vivienda, del que se llegó a decir que desaparecería tras la puesta en marcha de la Ley.
Agentes urbanizadores, constructores y consumidores barajan las mismas preguntas –manidas ya– asociadas con el devenir de los precios de las casas y del suelo y el aumento del parque de vivienda protegida. Incógnitas que un potencial comprador de una casa resume en una sola: ¿Podré comprármela a un precio asequible?
Váyase olvidando, al menos en esta legislatura y parte de la siguiente. Las casas construidas sobre suelos comercializados al abrigo de esta ley no empezarán a venderse como poco hasta dentro de tres o cuatro años.
Durante los meses previos a su entrada en vigor, María Antonia Trujillo, ministra de Vivienda, no se ha cansado de cantar las bondades y el espíritu conciliador de una Ley que, ante todo, busca desincentivar la especulación salvaje, generar transparencia en el proceso urbanizador y aumentar la construcción de viviendas protegidas a un precio asequible. Todo, en la medida que puede una Ley estatal donde las políticas de suelo están en manos de los Ayuntamientos en primer lugar y de las comunidades autónomas en segundo orden.
Descontento general en el sector
Según una encuesta realizada el pasado mes de junio por el Instituto de Práctica Empresarial, el 80% del sector inmobiliario se muestra en desacuerdo con el texto y con la idea de que conseguirá bajar los precios de la vivienda.
En un recorrido parlamentario salpicado de críticas –especialmente las asociaciones de promotores y constructores–, el Partido Popular fue finalmente el único grupo político en ambas cámaras que se negó a aprobar la Ley. Fuera del ámbito político, numerosas voces se han alzado contra el sistema de expropiaciones que propone el texto, el cual prescribe que el suelo se debe vender por su valor real y no por el potencial que ofrece, pero no acota el margen especulador del comprador del terreno.
Otro de los puntos que ha generado mayor controversia es la obligación de reservar un 30% del suelo de los proyectos urbanísticos para vivienda protegida, un porcentaje insuficiente, para algunos, que ya superan muchas comunidades autónomas, como Madrid, que reserva el 40%.
Sus detractores también critican el punto que obliga a los promotores a ceder hasta el 20% del suelo a los ayuntamientos, ya que consideran que éstos tendrán que vender las casas más caras para amortizar sus inversiones.
Escepticismo entre los consumidores
Para los colectivos de consumidores, la ley está llena de buenas intenciones pero se ha quedado corta en su intento de frenar la especulación, pues "impide que el suelo se venda a los agentes urbanizadores a precios desorbitados pero no que estos puedan especular a la hora de comercializar las viviendas", señala Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
Para García, se trata de "una ley imperfecta, consciente de los problemas de base del suelo pero a los que difícilmente podrá hacerles frente".
Facua, por su parte, reivindica que se cumpla el principio de coordinación de las administraciones públicas y que se apliquen las medidas previstas en caso de incumplimiento de la ley, especialmente en lo que se refiere a las viviendas protegidas.
* El Mundo - Su Vivienda - 02/07/2007
Foto: Seseña (Toledo) macrourbanización /A.Heredia (El Mundo)
Hartos de autovías
Joaquín Arce Fernández* : "Los españoles y los asturianos estamos ya empachados, gordos y enfermos de consumir compulsivamente tantas autovías, suelo y energía. A estas alturas de la historia, y en nuestra situación económica actual, las autovías, la construcción y el derroche energético no son, ni de lejos, una buena alimentación para una sociedad que quiera vivir largo tiempo, tener un desarrollo sano y equilibrado y administrar bien los escasos presupuestos disponibles. El Plan Estratégico de Infraestructuras y Transportes, aprobado en 2005 por el Gobierno de España, ya señalaba que somos el país de Europa con más asfalto por habitante y nuestra dotación de autovías y autopistas es de las más altas de Europa: España es el segundo país de la UE con más kilómetros de autopistas (sólo superado por Alemania) y el primero en términos relativos con relación al número de kilómetros por vehículo o de kilómetros por habitante. Y no por eso estamos más desarrollados. También somos, según el Informe de 2006 del Observatorio para la Sostenibilidad, de los que peor usamos la energía en Europa y los que más suelo natural urbanizamos de forma irreversible.
Por eso mismo, el PEIT, aunque todavía contempla la construcción de 6.000 nuevos kilómetros de autovía en su periodo de vigencia hasta 2020, se fijó como objetivos principales mejorar las redes ferroviarias, fomentar la intermodalidad, realizar planes de movilidad sostenible y reducir los impactos ambientales del transporte.
Así, el PEIT, pese a sus limitaciones, denunciadas por las asociaciones ecologistas españolas, estableció como objetivos ambientales: limitar las emisiones de CO2, reducir los contaminantes atmosféricos, limitar el uso de los vehículos privados, evitar la fragmentación de ecosistemas y el efecto barrera para la fauna, etcétera.
Estos objetivos no son improvisados. Responden a la preocupación profunda de la Unión Europea, y quizás del propio Gobierno español, por los impactos ambientales y la sostenibilidad del transporte, sector muy relacionado con la crisis energética, el cambio climático, las enfermedades provocadas por la contaminación y la pérdida de biodiversidad.
En ese contexto, sorprende el gran retraso y desinterés con el que se plantean todas estas cuestiones en Asturias, tanto por parte de la sociedad como del propio Gobierno regional. Por una parte, se hacen pomposas declaraciones públicas sobre el desarrollo sostenible como objetivo de la acción del Gobierno regional, y se promocionan mascotas turísticas, como el oso Yogui, con las que se quiere dar una imagen externa de buena salud ambiental. Pero, por otra, se impulsan proyectos de infraestructuras agresivas como la nueva autovía-carretera La Espina-Ponferrada o el embalse de Caleao, actuaciones urbanísticas consumistas y desarrollistas como las que se proponen estos días para Llanera y Siero, y proyectos industriales-energéticos como el contaminante y peligroso tinglado de regasificadora-centrales térmicas de ciclo combinado-líneas de alta tensión o la macroincineradora de residuos de Cogersa, todos ellos ejemplos de manual de lo que no hay que hacer en estos tiempos, si se tiene una mínima sensibilidad ecológica y de sostenibilidad.
En una época en que en la UE y los países más desarrollados de nuestro entorno se promueven sobre todo el ahorro y la eficiencia energética, las energías renovables, el reciclaje, la educación y la investigación, el transporte público y la conservación de la naturaleza, y se lucha por la salud y contra el consumo y el cambio climático, aquí seguimos obcecados en fomentar el transporte por carretera, la construcción y las industrias contaminantes del siglo pasado.
Es difícil explicar por qué somos tan catetos. Sobre todo en un momento en la que la información se difunde libremente y llega a todas partes. Los gobernantes, por lo menos, no deberían tener excusas. Quizás la causa de este desfase temporal en nuestro modelo de desarrollo tenga que ver con la persistente mentalidad que se generó en la difícil época de la posguerra española y el franquismo, en la que se pasó hambre y todo escaseaba. Esa situación nos hizo insaciables. Sería la misma postura que la de los nuevos ricos. O la de aquellas madres que, a toda costa, querían que sus hijos comiesen y engordasen, ignorando que, alcanzado un nivel de vida como el actual, está más extendido el problema de la obesidad que el de la desnutrición infantil.
Con las autovías, los proyectos 'ilusionantes'de crecimiento urbanístico y la industria energética nos está pasando lo mismo. Nuestros gobernantes nos quieren 'fartucar', hasta que no podamos más y 'nos salgan por las orejas'. Porque una parte de la gente lo pide, es verdad (sin ser conscientes de los costes y las alternativas), pero también porque muchos de ellos tienen mentalidades anticuadas, de épocas pasadas (clientelismo e inauguraciones), y no conocen ni entienden otros modelos de desarrollo sostenibles y actuales.
Habría que sustituir a esos políticos por otros. O, como mínimo, enviarlos a un cursillo de 'nutrición pública para la sostenibilidad'. Para que aprendan a poner a régimen el Presupuesto: disminuir los proyectos desarrollistas, pesados e indigestos, con mucho colesterol malo, como las nuevas carreteras y las grandes infraestructuras, y aumentar los proyectos inteligentes, sanos, pequeños y variados, las frutas y verduras de la gestión pública, la I+D, la educación, la gestión eficiente y el mantenimiento adecuado de los recursos, infraestructuras e instalaciones ya existentes, el ahorro, etcétera.
Y para que vayan haciendo prácticas de lo que debe ser la movilidad sostenible y el consumo responsable, estaría bien que, cuanto antes, nuestros políticos regionales renunciasen al coche oficial y empezasen a ir andando a los sitios, o usando, aunque sólo fuera de vez en cuando, el transporte público. Así, además, igual se animaban a mejorarlo.
* JOAQUÍN ARCE FERNÁNDEZ/MIEMBRO DE LA MESA FEDERAL DE LOS VERDES DE ASTURIAS
* El Comercio Digital - 14 de marzo de 2007
Movilización contra la especulación inmobiliaria
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D.PLACER.- ElPeriódico/Barcelona* : "Unos 150 jóvenes marcharon ayer por varias calles del barrio de Sants para protestar contra los desalojos de siete inmuebles producidos esta semana y se esforzaron por dejar su rastro en cada rincón. Los contenedores de basura, las señales de tráfico, las vallas de las obras, las paredes, las aceras, los pasos de cebra y las agencias inmobiliarias no se pudieron salvar de la pintura de los manifestantes, en cuya limpieza deberán emplearse ahora a fondo los operarios municipales. "Contra la especulación, okupación", "Ningún desalojo sin resistencia" e "Inmobiliarias sanguijuelas fuera del barrio" fueron los lemas más repetidos durante la marcha que fue escoltada desde lejos por la Guardia Urbana.
Además, varias furgonetas de los Mossos aguardaban detrás de la estación de Sants.
Los okupas cortaron un sentido del paseo de Sant Antoni durante unos minutos, mientras pintaban y colgaban carteles. El momento de tensión de la jornada lo protagonizaron unos comerciales de la inmobiliaria Tecnocasa que intentaron impedir que su entrada fuera pintada por los manifestantes. Los empleados forcejearon con varios jóvenes y uno de ellos les arrojó un pote de pintura negra. La policía, que vigilaba de lejos, no intervino.
'REOKUPACIÓN' FUGAZ
La inmobiliaria Look&Find también sufrió la embestida de los manifestantes y en su entrada quedó reflejado el rechazo del colectivo a este tipo de empresas. La mayoría de los vecinos salieron a los balcones a contemplar la marcha. Algunos aplaudieron a rabiar.
Los jóvenes reokuparon por unos minutos las casas que fueron desalojadas en la calle de Miquel Àngel. Algunos recuperaron objetos personales que aún quedaban dentro de la nave La Breva, donde celebraban actos culturales, y prosiguieron la marcha hacia la plaza de Sants, punto de inicio de la protesta.
DENUNCIA AL JUZGADO
El colectivo okupa también denunció ayer que durante el desalojo del pasado miércoles se produjeron abusos policiales. Hibai Arbide, abogado de los okupas, presentó una denuncia al Juzgado de Guardia por la actuación de tres agentes que presuntamente agredieron a uno de los miembros más activos del movimiento.
El colectivo dijo que las autoridades estaban aplicando una nueva forma de desalojo más contundente y sin previo aviso. Arbide cree que fue "mucha casualidad" que dos procesos judiciales diferentes (uno civil y otro penal) tuvieron el desenlace final en el desalojo. Los okupas se quejaron de que la policía revisó sus cámaras de fotos, ordenadores y teléfonos móviles.
* El Periódico de Catalunya - 30/6/2007
Foto: protesta okupa barrio Sants (Barcelona) /A.Olivé (EFE)
Noticia relacionada: Centenares de okupas se manifiestan en Barcelona por los desalojos de la calle Miquel Àngel
Rebeldes mileuristas (quien llegue) sin casa
RAFAEL LEONISIO* : "El 15 de mayo se cumplió el primer aniversario de aquellas sentadas que, convocadas anónimamente por Internet, dieron el pistoletazo de salida a lo que se viene conociendo como movimiento por una vivienda digna. Éste agrupa fundamentalmente a dos colectivos: la Plataforma por una Vivienda Digna (PVD) y la red de Asambleas 'v' de vivienda. Ante la súbita aparición de un movimiento que parece surgir de la nada y que en menos de un año consigue movilizar a miles de jóvenes, a cualquiera pueden surgirle una serie de preguntas: ¿de dónde surge este movimiento? ¿Tiene detrás alguna fuerza o ideología política que lo impulsa? ¿Tan mala es la situación de la vivienda en España como para que la gente tenga que salir a la calle? ¿Son todos estos jóvenes unos vagos que quieren una casa a cambio de nada? Antes de contestar a todo esto repasemos acontecimientos.
A finales de marzo de 2006 empezó a circular un correo electrónico que convocaba a todos los jóvenes a un 'macrobotellón' en diferentes ciudades españolas. La reacción de la prensa fue unánime: dar una importante cobertura a la noticia y llegar a una misma conclusión, a saber, que los jóvenes de este país no piensan más que en su propia diversión y que es vergonzoso que con todos los problemas que hay en el mundo sólo se junten de manera masiva para emborracharse. Poco después se lanzó otro 'e-mail' en el que se instaba a la juventud a demostrar, ante la mala imagen que se había dado de ella, que también sabía movilizarse por otras causas. Se la convocaba a reclamar por medio de unas sentadas el incumplido derecho constitucional a una vivienda digna.
La convocatoria fue un éxito, máxime si tenemos en cuenta que se hacía de forma anónima, por Internet y que los medios no le prestaron ni la mitad de atención que a la anterior. La asistencia fue muy desigual: unas pocas decenas en ciudades pequeñas y varios centenares en algunas más grandes. Sin embargo, en Barcelona y Madrid fueron varios miles, formándose en esta última una manifestación espontánea que acabó (más bien fue 'acabada' por la policía) en la puerta del Congreso de los Diputados. Por la forma en que había surgido todo parecía indicar que este movimiento de protesta acabaría ahí mismo, donde empezó, quedando relegado a mera anécdota de fin de semana. Sin embargo no fue eso lo que ocurrió. Siguieron convocándose sentadas todos los domingos siguientes a la primera y quienes acudían a ellas comenzaron a organizarse. Unos contactaron con la ya existente y hasta entonces inédita PVD mientras que en otros lugares se formaron asambleas que poco después formarían la red 'v' de vivienda. Estas organizaciones empezaron a convocar unas movilizaciones que fueron respaldadas de forma masiva por miles de ciudadanos. En septiembre más de 10.000 jóvenes se manifestaron en Barcelona y un mes después un número parecido lo hacía en Madrid. El 23 de diciembre miles de jóvenes se manifestaban simultáneamente en toda España, sucediendo lo mismo el pasado 24 de marzo. Lo mismo pero con más gente, porque una de las sorprendentes características de este movimiento es que no para de crecer.
Llegados a este punto conviene hacer un alto y preguntarse ¿tan mal está el acceso a la vivienda en España? 'Los jóvenes quieren que se lo den todo hecho, a nosotros también nos costó mucho esfuerzo comprar una casa', suele argumentar alguno ante estas movilizaciones. Pero sólo hay que remitirse a los datos. Hace veinte años las hipotecas eran a 10-15 años con un solo sueldo; hoy se necesitan dos salarios y el plazo de amortización no baja de los 30 años cuando no son 40 o 50. 'La juventud quiere un pisito gratis sin trabajar, y eso es tener mucha caradura'. Pues tampoco es eso. Nadie en todas las manifestaciones y demás acciones ha pedido que le regalen una casa. Tan solo se exige que se cumpla el artículo 47 de la Constitución, que reza lo siguiente: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación».
¿Tenemos todos los ciudadanos acceso a una vivienda digna y adecuada? Está claro que no. ¿Todo el que accede a una vivienda digna lo hace en condiciones dignas? Sólo si consideramos que una hipoteca a 50 años es un modo digno de acceder a una vivienda, lo cual es mucho considerar. ¿Promueven los poderes públicos las condiciones necesarias y establecen normas pertinentes para hacer efectivo este derecho? Aquí está la clave del asunto.
España es ya el país con la vivienda más cara del mundo en relación a los salarios, lo que por necesidad implica que los poderes públicos no lo están haciendo muy bien. Por acción u omisión algo de culpa tienen que tener. Las movilizaciones juveniles han apuntado una serie de medidas concretas que, inspiradas en países de nuestro entorno, podrían mitigar el efecto de la ya por todos llamada burbuja inmobiliaria. Pongamos como ejemplo la última manifestación convocada por la PVD de Euskadi, en la que se proponían a los poderes públicos tres medidas concretas: 1. Ley de Hipotecas, donde se impida que éstas superen un número concreto de años (15-20) para su amortización. Esto ocurre actualmente en Francia e impide la escandalosa escalada de precios (150% en 10 años) que tenemos en este país. 2. Gravar fiscalmente los pisos vacíos para así incentivar su venta o puesta en alquiler, como pasa en otros muchos países europeos. 3. Que toda la VPO sea para alquiler. La VPO en régimen de compra es un despropósito ya que con el dinero de todos los hipotecados se financia una vivienda asequible para muy pocos.
¿Quién está detrás de todo esto? Habrá quien sospeche que este movimiento está politizado y que responde a determinados intereses políticos. Nada más lejos de la realidad. Una de las características más sobresalientes de este movimiento es el apartidismo. Los partidos que llevan gestionando la democracia desde hace treinta años ni están ni se les espera y, aunque lo intentaran, les resultaría muy difícil hacer una OPA. Quienes se han manifestado profusamente durante este último año han venido dejando bien claro que reparten la culpa entre todas las fuerzas políticas. Unas con más responsabilidad que otras pero todas, al fin y al cabo, culpables, por acción u omisión, de este gravísimo problema que hoy tenemos en España. Problema además muy peligroso para nuestra economía, que posiblemente no aguante sin una crisis el estallido de la burbuja. ¿Pero estallará la burbuja? El futuro siempre es incierto, pero si nos fijamos en los casos de Japón y Estados Unidos (donde la burbuja estalló y de verdad) combinándolo con el 'que nadie se alarme' del Gobierno ante la crisis en bolsa de las inmobiliarias, la verdad es que es para echarse a temblar.
Una vez hechas las aclaraciones, ¿qué balance se puede hacer de este movimiento? Es evidente que no ha quedado en saco roto. Si miramos atrás podemos recordar cómo hace un año las noticias que hablaban del precio de la vivienda y, sobre todo, de la escasa posibilidad de los jóvenes de acceder a ella eran escasas. Hoy día cada dos por tres algún periódico, revista o programa de televisión incluye algún espacio para este tema. Por otro lado los políticos ya han empezado a competir por ver quién es el que hace la mejor promesa para resolver esta situación (ejemplos claros los tenemos en los gobiernos vasco y catalán, que ya han lanzado alguna propuesta en lo que respecta a los pisos vacíos; o en esta última campaña electoral, donde la idea de 'vivienda digna' ha aparecido por todas partes). Pero de momento estamos en eso, en la fase de las propuestas, y todavía nos quedará un tiempo para ver las soluciones (si es que llegan). En cualquier caso todo este movimiento básicamente juvenil ha demostrado que con la ayuda de las nuevas tecnologías (fundamentalmente Internet) es posible crear un movimiento exclusivamente ciudadano, y por tanto sin impulsos políticos, con capacidad para influir tanto en los poderes públicos como en la ciudadanía. Sin duda un paso adelante hacia una mayor democratización de una sociedad que, cuando se ha movido de manera masiva, lo ha hecho casi exclusivamente por el influjo de los grandes partidos políticos.
* RAFAEL LEONISIO /INVESTIGADOR DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIA POLÍTICA DE LA UPV-EHU
* El Correo Digital - 29 de mayo de 2007
La UE denuncia que el urbanismo de España «sobrepasa todos los límites»
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J.P.Manzano.- ElMundo* : "El modelo de desarrollo urbanístico «masivo» que se ha venido practicando en España en los últimos 15 años causa «estupor» en Bruselas, según reconoce una fuente de la Comisión Europea. Tanto el Ejecutivo comunitario como el Parlamento Europeo consideran que «se están cometiendo múltiples abusos» y que reciben «numerosas quejas en este sentido, tanto de ciudadanos españoles como no españoles». En especial, la Comisión considera que son los residentes del litoral mediterráneo los que, por este motivo, sufren «la mayor indefensión» de toda Europa de cara a las administraciones locales y que «se han sobrepasado todos los límites».
La situación actual ha llevado a las dos instituciones comunitarias a abrir un frente común para «poner coto» a los planes de estrategia urbanística desarrollados fundamentalmente en el litoral español, aunque existen otras zonas, como la Comunidad de Madrid, que también han sido colocadas en el punto de mira de la Comisión y el Parlamento, donde se admite que se desea «tomar el caso español como ejemplarizante para lanzar un mensaje de aviso al resto de países miembros».
Primeros avisos
Los dos primeros pasos ya se han dado. Por parte del Ejecutivo de la Unión, el comisario europeo de Mercado Interior, Charlei McCreevy, denunció ante el Tribunal de Justicia de la UE la Ley Urbanística Valenciana (LUV) por considerar que «vulnera la legislación comunitaria en materia de contratación pública». Y por parte del Europarlamento, la pasada semana se votó a favor de una resolución de condena contra el urbanismo en España.
Critica Bruselas especialmente «la forma» en que se conceden las licitaciones por parte de las autoridades locales y «las relaciones» que éstas mantienen con las empresas constructoras, al «carecer de las necesarias transparencia y publicidad que impone la normativa comunitaria» en materia de contratación pública. El Ejecutivo de la UE identifica en su denuncia «la situación de los promotores que piden el inicio de un plan de actuación integral, el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato y la posibilidad de modificar partes del mismo o del proyecto seleccionado después de su adjudicación». Estima además que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, a la que sustituyó en diciembre de 2005.
Hasta el momento, la vertiente legislativa que ofrece el PE ha sido la más combativa y, desde luego, la más dura en sus comentarios y calificativos. Según el documento aprobado en la Eurocámara, «a menudo» las promociones de proyectos urbanísticos se han realizado bajo la sombra de «casos de corrupción», que han terminado en la detención y condena de «funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales». Insiste además en que estos macroproyectos de urbanización masiva resultan «innecesarios» y «no responden» a las necesidades de los ciudadanos, además de resultar «insostenibles» en el plano medioambiental y tener un impacto «desastroso» en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas. Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de planes urbanísticos que luego son declarados ilegales.
En Bruselas se es consciente de que, a día de hoy, «poco o nada» se puede hacer para abortar las políticas urbanísticas en España desde el punto de vista de las leyes que regulan la compraventa y la regulación del suelo, porque estas competencias son exclusivas de las autoridades locales y no existe legislación posible que las abarque desde el ámbito comunitario. Sin embargo, «la estrategia ahora pasa por hacer una presión política desde el Parlamento y por abrir una nueva brecha judicial ateniéndonos a las repercusiones medioambientales y de defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos y a su derecho de propiedad, ámbitos en los que sí tienen competencias las instituciones comunitarias», señaló a EL MUNDO el eurodiputado Raúl Romeva.
Ésta es la importancia de la condena del Parlamento y de la denuncia del comisario McCreevy. Si finalmente el Tribunal europeo da la razón a la Comisión se crearía jurisprudencia y se sentaría un precedente que podría ser esgrimido en otros casos por Bruselas para oponerse a proyectos urbanísticos planteados en estados miembros.
* El Mundo - Su Vivienda - 29 de junio de 2007
Foto: Benidorm /Morell (EFE)
El precio de los pisos nuevos sigue subiendo mucho más que el IPC
L.O.- El País* : "El precio de los pisos sigue subiendo por encima de la inflación, aunque más moderadamente que en los últimos años, una tendencia que confirma el estudio publicado ayer por la Sociedad de Tasación. El aumento medio se situó en el primer semestre del año en el 4%, por encima del registrado a finales de 2006 (3,3%). Con las viviendas ya impagables para la mayoría de los ciudadanos en las grandes ciudades, los mayores incrementos se registran en las localidades de menos de 50.000 habitantes (un 5,4% este año). Sólo en Vitoria se puede hablar de un tendencia a la bajada de precios.
El precio de las viviendas sigue subiendo por encima de la inflación en la inmensa mayoría de las zonas analizadas por la Sociedad de Tasación. Si los últimos datos oficiales del IPC lo situaban en el 2,3% internanual en mayo, el aumento de los nuevos pisos en las capitales de provincia fue del 7,4% respecto a junio de 2006, 4,5 puntos por debajo del registrado hace un año (11,9%). En cambio, si se toma el dato semestral, es peor en los primeros seis meses de 2007 que en los últimos del pasado año (el 4% frente al 3,3%).
Un piso de 100 metros cuadrados de nueva construcción cuesta de media 287.400 euros en las capitales de provincia, según los datos del estudio, que analiza 6.500 promociones inmobiliarias con 95.000 viviendas.
El incremento medio de los precios en las ciudades no capitales de más de 100.000 habitantes fue algo mayor (7,9% interanual), mientras que en las localidades más pequeñas, donde también los precios suelen ser más bajos, la subida tiene más recorrido y siguen creciendo por encima de los dos dígitos (10,8% anual) en las 200 poblaciones analizadas de menos de 25.000 residentes.
Las razones de la "ralentización de la demanda" en general son, a juicio de la Sociedad de Tasación, la subida de los tipos de interés y la estabilidad de la inflación, si bien los autores del estudio advierten de que no se ha trasladado totalmente su efecto a los precios.
Ligeras bajadas coyunturales
Los ligeros descensos muy localizados (en las ciudades de Segovia y Vitoria y en algunos distritos céntricos de Madrid y Barcelona) se atribuyen en general a una situación coyuntural, que depende de la ubicación de las promociones analizadas en el estudio, según explica el director del Área de Mercados de la Sociedad de Tasación, César Hernández.
En siete distritos de Madrid (Salamanca, Chamberí, Chamartín, Usera, Moratalaz y Fuencarral-El Pardo) y dos de Barcelona (Ciutat Vella y Les Corts), el crecimiento de los precios es negativo en el primer semestre de 2007, pero Hernández señala que no hay que tener el dato muy en cuenta mientras no se confirme como tendencia. Con todo, en los casos con mayores bajadas registradas (los distritos de Salamanca, con una bajada del 8,7%, y Retiro, con un descenso del 8,1%), los precios son tan altos que es "lógico que se produzca un ajuste", asume Hernández.
En el caso de Segovia, hay que tener en cuenta la escasa oferta en el casco urbano, casi todo protegido, y sólo en Vitoria "hay una línea descendente clara", que Hernández atribuye a la promoción de 14.000 viviendas protegidas en una población de unos 100.000 habitantes.
* ELPAIS.com - Madrid - 30/06/2007
Manifestación por la okupación en Madrid
x La Plataforma* : "El pasado 29 de junio entre 700 y 1000 personas se manifestaron en favor de la okupación : Tras los últimos desalojos y represión producidos en Madrid (C.S.O. KBO, Facultad Ocupada Autogestionada, C.S.O. La Ramona…) se decidió dar una respuesta en la calle. En todo momento la manifestación tuvo una actitud combativa, y transcurrió entre cánticos que llamaban a hacer frente a los desalojos y al capital. En general la acogida del barrio fue positiva, y la asistencia fue mayor de la esperada. Al finalizar la manifestación se dio lectura a un comunicado, desconvocándose la movilización que terminó sin incidentes.
Comunicado de la Asamblea:
¿Por qué ocupamos? Porque sentimos, lloramos, reímos, nos abrazamos, nos golpeamos, soñamos nuestros propios sueños y nos los creemos, hasta el punto de luchar por ellos. No queremos malgastar nuestra vida trabajando para pagar una hipoteca porque nos apasiona vivirla. Somos conscientes de que la única forma de conseguirlo es escapar de la muerte programada, del día a día ya vivido, del despertarse para hacer algo que no queremos y que al final del día nos demos cuenta de que nos hemos dejado engañar de nuevo, de mil formas, resignándonos, empuñando de nuevo la pistola contra nosotras mismas y apretando el gatillo.
El bien y el mal, en esta sociedad viene medido por la ley impuesta por unos pocos, no ha resquicio para la duda, una casa vacía es propiedad de alguien y tú no tienes derecho a disfrutarla. El juego continúa y millones de obreros construyen casas que nunca podrán disfrutar. Asume tu función y créetela, si no estás jodido, salva tu culo, aposéntalo sobre tu nuevo y lujoso coche comprado a cómodos plazos y claro, atropella al de al lado. Compite, engorda al banco, no pienses, madruga para mover la máquina, trabaja para otros hasta la extenuación, por un sueldo mísero, pero no muevas un dedo por nadie, ni siquiera por ti misma. ¿Cómo te vas a valorar? Estás acostumbrado al desprecio de tus superiores, jefas, políticos, policías, jueces. Ellas dictan y ordenan y nosotros, convertidos en monos de repetición, ansiamos su limosna, queremos ser buenas chicas, que nos den sus trabajos, que nos toquen sus casas de protección. En sus manos estamos atados por el MIEDO a que nos falte un poco de pienso en el plato y tengamos que aprender a dar mejor la pata, o a hacer el pino, por absurdo que sea su nuevo requisito, nos esforzaremos para hacerles felices, ellos se lo merecen…
¿Entiendes por qué ocupamos? Pues porque en éste mundo, que nos separa y nos individualiza, nos hacen creer que las cosas suceden porque sí, no hay historia, no hay pasado, no hay causas ni culpables, sólo presente, y promesas de futuro que dan más miedo que esperanza, por eso ha llegado la hora de posicionarnos. ¿Necesidad? Sí, necesitamos espacios donde habitar, donde desarrollar nuestros propios proyectos, encontrarnos, hablar, conocernos y amarnos, pero sobre todo necesitamos acabar con esa realidad diseñada a imagen semejanza del dinero, donde cada vez estamos más incómodas, hemos reconocido a nuestros enemigos, los de siempre: políticos, empresarias, especuladoras, policías y los nuevos: educadoras, periodistas, publicistas… que intentan sostener con sus mentiras un Mundo que lleva demasiado tiempo agonizando en sus manos y que, en éste momento y en éste lugar, lo exigimos como nuestro.
¿QUÉ Y POR QUÉ OCUPAMOS? PORQUE QUEREMOS EL MUNDO, LA LUNA Y EL UNIVERSO, PERO SOBRE TODO PORQUE EXIGIMOS VIVIR NUESTRA VIDA.
P.D. Para banqueros y especuladores: sabemos que nos teméis porque hemos decidido desobedeceros, NO os seguiremos engordando, vuestro negocio explotará. Nosotros seguiremos ocupando. ¿Y tú?
* La Haine - 30.06.07
Foto por el Colectivo La Plataforma ( www.la-plataforma.net )
El magistrado Martín Pallín emplaza al derribo de las construcciones ilegales
V.EZA.- DiariodeMallorca* : "José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo, consideró ayer en Palma que aquellas construcciones sobre las que "se ha comprobado la ilegalidad administrativa o penal" deben ser objeto de "demolición, tal y como establece la ley". Martín Pallín ofreció una conferencia en el Colegio de Abogados de Balears sobre ´Secreto profesional y blanqueo de capitales´. Antes de su disertación, consideró que contra la corrupción urbanística es "más eficaz una actuación rápida y preventiva que una sanción dura". Resaltó que el urbanismo ilegal está alcanzando "caracteres dramáticos" en España, en donde "se mira hacia otro lado" mientras el Parlamento Europeo denuncia los abusos en especial en Valencia y la costa mediterránea.
Añadió que ante casos como el de Andratx, los ciudadanos deberían vigilar las decisiones que se adoptan acudiendo a los plenos para frenar estas situaciones.
Junto a ello, defendió la ´Operación Relámpago´ ya que "una vez que el juez estima pertinente" un registro, "si se va a la búsqueda de documentación compleja no se puede actuar con la candidez propia de quien busca un bolígrafo", sino con "precauciones para que no desaparezca la documentación".
Afirmó que el blanqueo de capitales es "una preocupación universal" y que "gran parte del dinero de la criminalidad organizada" se intenta "hacer aflorar a través de operaciones que tengan apariencia de legalidad". En cuanto al conflicto entre el secreto profesional de los abogados en estos casos, destacó que la directiva de la UE establece restricciones cuando los abogados "tienen información que puede ser interesante para la investigación".
* Diario de Mallorca - 30 de junio de 2007
SuperVivienda obliga a interrumplir el pleno municipal en Terrassa
SuperVivienda* ha irrumpido este jueves en el pleno municipal de Terrassa ante el incumplimiento reiterado de la clase política al derecho a una vivienda digna. Ante la inoperancia de la clase política, SuperVivienda ha estado llamado a desenmascarar a las fuerzas malignas que durante la campaña electoral han hecho un uso electoralista de un derecho fundamental, como es el de la vivienda. Ante el grito de "La vivienda, fuera del mercado, como la sanidad y la educación!", ha querido evidenciar que esta ciudad, que dice llamarse de "las personas" no está hecha para l@s ciudadan@s que la habitan, si no para las constructoras y las inmobiliarias.
Porqué no podemos seguir pagando los alquileres abusivos que nos piden!
Porqué no queremos dedicar el 60% de nuestro sueldo a una hipoteca que nos ahoga!
Porqué se está incumpliendo un derecho fundamental, según el artículo 47 de la Constitución Española!
Y ustedes, nuestros representantes políticos (a pesar del 50% de abstención en las últimas elecciones municipales) son los principales responsables de esta situación, por ceder a los intereses del sector inmobiliario y no a los de la ciudadanía. Porqué prefieren continuar devastando el territorio, construyendo y construyendo, mientras en Terrassa hay censadas 8000 viviendas vacías!
Y ya basta de prometer viviendas de protección oficial, promesas que se incumplen de forma reiterada, que son insuficientes e inaccesibles para la mayor parte de los ciudadanos.
Pero vigilen, porque esto está cambiando. La ciudadanía está empezando a rebelarse ante esta situación y SuperVivienda ya está a su lado.
Por el derecho a una vivienda digna... los precari@s del mundo se rebelan!!
Solo faltas tú. Pero aún estas a tiempo, en septiembre...NO TE PIERDAS LA SENTADA!
* SuperVivienda Terrassa - 28 de junio de 2007
500 euros de alquiler por 10 metros cuadrados
N.CANO.- El País* : "Unos 7,20 euros por metro cuadrado y mes. Ése fue el dato medio que salió de la primera "Estadística de la Vivienda en Alquiler en España" presentado el miércoles por el Ministerio de Vivienda. Es decir, que por un piso de unos 70 metros se pagarían unos 500 euros al mes. Pero la realidad del mercado muestra ejemplos muy alejados de esas cifras. Sólo en el portal inmobiliario Idealista.com, se ofrecen tres estudios en Madrid por los que piden más de 500 euros al mes y que miden menos de 20 metros cuadrados. En Barcelona, se oferta un estudio de 24 metros por el que se cobran 1.200 euros de alquiler. El caso más llamativo es el de un estudio en el madrileño barrio de Chamberí. Un cuarto sin ascensor de 10 metros cuadrados construidos por el que piden 500 euros al mes: 50 por cada metro. Una 'ganga' que está hoy en la portada del sitio de noticias Menéame y que ha despertado el estupor de los internautas.
Tal y como describen en el anuncio, se trata "de un estudio pequeño, ideal para una persona y con reforma de diseño". Añaden que está en "muy buena zona y muy bien comunicado". La inmobiliaria que lo anuncia no da datos sobre el tiempo que lleva alquilado o el número de personas que lo ha visitado. "Se ha levantado algo de revuelo con el tema y el propietario no quiere que se den más detalles", han explicado a ELPAIS.com. Poco después, el anuncio ya no estaba en Idealista. Según explican desde el portal, el anuncio no se ha renovado. "Ha sido algo curioso, es un anuncio que ha recibido más de 90 mensajes, cuando como mucho se reciben cinco, y ha tenido un número exagerado de visitas", añaden.
Ofertas parecidas
En Barcelona, en el barrio gótico, se oferta un estudio de 24 metros construidos, también es un cuarto sin ascensor, que se alquila sólo por meses a estudiantes o turistas. Por él piden 1.200 euros, es decir 50 euros por cada uno de sus 24 metros. En el anuncio especifica que los suministros (luz, agua, etcétera) están incluidos.
En la capital hay dos más que, aunque bajan el precio por metro, siguen mostrando una proporción entre metros y precio desorbitada. El primero, también situado en el céntrico barrio de Chamberí, tiene quince metros cuadrados más y es un primero interior. "Estudio amueblado, reformado hace un año. Edificio de 25 años" se lee en la oferta. Por él piden una renta de 550 euros al mes. Es decir, 36,7 euros por metro cuadrado y mes.
El segundo es un ático de 15 metros cuadrados "construidos" en la zona de Prosperidad, al norte de la ciudad, por el que se pagarían 500 euros al mes, unos 33 euros por cada metro cuadrado. En la descripción del anuncio recomiendan que sea para una sola persona. "Estudio ático amueblado para una sola persona, 15 metros cuadrados más cinco metros de terraza".
Según Vivienda, del total de pisos en alquiler en España, el 58,1% se concentra en tan sólo tres comunidades autónomas: Cataluña con el 25,7%, la Comunidad de Madrid con el 18,5% y Andalucía el 13,9%. En tan sólo dos provincias, Barcelona y Madrid, está el 39,8% de las viviendas en alquiler.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/06/2007
Un informe denuncia los casos más relevantes de corrupción urbanística en Baleares
EuropaPress* : " Alrededor de 15 casos de corrupción e irregularidades urbanísticas cometidas en el archipiélago han sido denunciadas en los últimos años por los medios de comunicación, grupos de ciudadanos y la Fiscalía Anticorrupción de Baleares, según revela el informe ‘Mapa de Presuntas Irregularidades y Actos de corrupción urbanística 200-2007′, elaborado por la Fundación Alternativas. La mayoría de las denuncias han sido presentadas por particulares, plataformas ciudadanas y, sobre todo, por el Grupo Balear de Ornitología (GOB). Los episodios más escandalosos que denuncia el informe son el ‘caso Andratx’ -que llevó a la cárcel al ex alcalde, Eugenio Hidalgo-, los delitos de corrupción relacionados con la construcción de la Urbanización de Ses Torres (Ibiza) y los múltiples recursos presentados para exigir la demolición de los apartamentos ilegales de Ses Covetes.
En cuanto a las actuaciones municipales o instituciones insulares o autonómicas, el informe, al que tuvo acceso Europa Press, destaca las “presiones” efectuadas desde el Consejo de Mallorca contra la concesión de licencias de construcción de los apartamentos de Ses Covetes o las protestas manifestadas por el Ayuntamiento de Palma tras la venta por parte de la Institución Insular del solar de Can Domenge a un precio muy inferior tasado.
A parte de estos dos casos puntuales, el informe subraya que “no se registran” reacciones importantes de las instituciones en torno a los casos de corrupción denunciados en la Comunidad. También se mencionen otras noticias denunciadas en prensa como el denominado caso ‘Becker’, en referencia a la polémica surgida en torno a la vivienda del ex tenista alemán.
El informe comprende, asimismo, denuncias de actuaciones irregulares o delictivas relacionadas con reclasificaciones de suelo no urbanizable, eliminación de zonas verdes, gestión urbanística de proyectos y reparcelaciones, concesión de licencias irregulares o venta del aprovechamiento del suelo.
Ausencia de corrupción en Menorca
Una de las conclusiones de este informe es la “casi ausencia” de casos de corrupción en Menorca, si bien precisa como uno de los más relevantes la querella que presentó la Fiscalía ante las denuncias de tráfico de influencias y abuso de la función pública contra el Teniente de Alcalde de Ciutadella, Avelino Casasnovas (PP).
El documento también recoge el recurso presentado por el Ayuntamiento de Sant Antoni (Ibiza) contra una sentencia del Tribunal Supremo de Baleares en la que ordena el derrumbe de una casa del productor Michel Cretú en base a una licencia municipal de edificación declarada ilegal.
En contraposición con Menorca, en la isla de Mallorca es donde se registran mayores denuncias o casos de corrupción, con la ‘Operación Voramar’ como el más notorio de todos.
Además, se enumera el presunto caso de corrupción en Ses Salines, en el que se vio involucrado el ex alcalde del municipio, Sebastià Vidal; las causas interpuestas a la ex alcaldesa del PSOE en Calvià, Margarita Nájera; o los casos Ses Covetes y de Can Domenge.
En relación al último caso, la actual presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar, deberá dar testimonio sobre la autorización de la venta de un solar por un precio de 30 millones a una promotora, reza el informe.
Ibiza es, según el informe, la segunda isla donde han traslucido más denuncias de corrupción, donde aparte del caso ‘Eivissa centre’, que implica a miembros del PSOE en el cobro de presuntas comisiones ilegales, figuran la denuncias por la urbanización de Ses Torres.
En este sentido, el informe destaca especialmente la repercusión mediática y las protestas generadas por la construcción de autopistas en Ibiza, impulsadas por el PP de la mano del ex primer ministro Abel Matutes.
Andratx, ejemplo de corrupción
El periodista de investigación Antonio Limongi, autor de la recopilación de las ‘corruptelas’ que han golpeado a Baleares, sostiene que el caso ‘Andratx’ supone “un perfecto ejemplo” de lo que supone la corrupción urbanística, al englobarse varios de los delitos asociados a estas prácticas como prevaricación, blanqueo de capitales y delitos contra el territorio.
Además, especifica que el partido con más miembros implicados, vinculados o acusados es el PP, si bien las sospechas o denuncias de irregularidades se extienden al resto del partido, destacando los casos contra los ex alcaldes socialistas de Calvià y a Unió Mallorquina.
El estudio también asegura que “el tráfico de influencias es un motor esencial del urbanismo balear” aunque “resulte muy aventurado relacionarlo con la corrupción”, señala. No obstante, asevera que “la percepción de estos casos en la ciudadanía balear es que la corrupción urbanística está fuertemente enraizada en las instituciones”.
* Libertad Balear - 27 Junio 2007
Sobrevivir a la corrupción urbanística
EL PAÍS* : "Los municipios salpicados por casos de corrupción encaran el nuevo mandato surgido de las elecciones del 27 de mayo con ansias de regresar a la normalidad. Algunos alcaldes y concejales implicados en escándalos urbanísticos siguen en el poder, otros han pasado a la oposición y hay quien ha desaparecido del mapa político tras someterse al dictamen de las urnas.
Alhaurín el Grande, Camas, Marbella, Andratx, Ciempozuelos...
ALHAURÍN EL GRANDE
La población malagueña, de 22.000 habitantes, vive días de convulsión tras la detención de 19 empresarios imputados por cohecho e inducción a la prevaricación. Supuestamente, habrían pagado comisiones al alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón, del PP, a cambio de mejoras en licencias urbanísticas. Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en enero y quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros. En el mapa político de la ciudad, sin embargo, nada ha cambiado. La lista del PP, encabezada por Martín Serón y con Gregorio Guerra como número 3 de la lista, arrasó. Con el 55,93% de los votos, los populares sumaron 12 concejales de un total de 21.
Parece que a Martín Serón le ha funcionado presentar las acusaciones contra él como una maniobra política del PSOE y el Gobierno, un argumento que repitió en el pleno de su investidura. Fue algo así como un intento de proclamar que el asunto quedaba cerrado con su triunfo en las urnas, ignorando que hay una investigación judicial en marcha que le apunta como tejedor de un entramado de cobro de comisiones, como indican los arrestos practicados tres días después.
CAMAS
Tampoco ha cambiado el panorama en Camas (Sevilla), donde IU y PP han reeditado el pacto de hace cuatro años que se encuentra bajo sospecha. Sí ha habido un cambio de alcalde: Agustín Pavón, para quien la fiscalía solicita año y medio de prisión y otro de inhabilitación por el supuesto soborno a una concejal del PP para que apoyara una operación urbanística, no se presentó a la sucesión. Le ha reemplazado su compañero en IU Juan Pazos, quien, tras tomar la vara de mando en la sesión de investidura, se la ofreció simbólicamente a Pavón en un claro gesto de que todo sigue igual.
MARBELLA
La nueva alcaldesa, Ángeles Muñoz, intenta abrir una nueva etapa en Marbella y sacar al Ayuntamiento de la ruina en la que la dejaron los saqueos de los gobiernos del GIL. Los ciudadanos han dado la espalda a los partidos independientes -que presentaron 14 listas, una de ellas encabezada por un ex concejal del GIL- y han confiado su futuro a los partidos nacionales (16 escaños para el PP, 10 para el PSOE y uno para IU).
ANDRATX
El nuevo alcalde socialista de Andratx (Mallorca), Xisco Femenias, quiere "un cambio de formas" y "recuperar el buen nombre e imagen del municipio". La antigua oposición (PSOE, UM y PSM) ha formado una mayoría de centro izquierda para intentar superar el escándalo urbanístico.
El PP quedó golpeado el 27 de noviembre de 2006, al ser detenido y encarcelado el que era su alcalde y candidato, Eugenio Hidalgo. Con éste cayeron el vigilante de obras y el ex jefe de Urbanismo, también imputados en una extensa trama en la que están implicados, supuestamente, técnicos y juristas que asesoraban al Ayuntamiento. El departamento de Urbanismo quedó sin estructura interna y fue bloqueado por los registros judiciales.
Femenias, policía municipal, repartirá el mandato con Isabel Alemany, abogada, de UM. Las arcas locales están vacías y con deudas a pequeños proveedores. Las licencias de obras, gran caudal financiero, quedaron ralentizadas. Sin celador de obras, las construcciones ilegales crecían. "Hemos contratado ya un celador y cubierto las vacantes", aclara el alcalde, que agrega: "La nueva mayoría no es un pacto de todos contra uno como dijo el PP, sino una consecuencia de su uno contra todos". El PSOE logró el 25,48% y 5 concejales; Unió Mallorquina (UM), el 16,51% y 3 ediles y el Partit Socialista de Mallorca (PSM) el 11,09 % y 2 ediles. El grupo más votado, el PP, queda en la oposición, con el 38,05% de los votos y 7 concejales. Nadie quiso pactar con la derecha.
CIEMPOZUELOS
Pedro Torrejón, que fue alcalde socialista del municipio madrileño de Ciempozuelos (18.000 habitantes) hasta que se destapó su supuesta implicación en una trama de blanqueo de capitales, seguirá otros cuatro años en el Ayuntamiento. Con su nuevo partido, Ciudadanos por Ciempozuelos (CPC), ha logrado 812 votos y dos concejales. Pero Torrejón tendrá muy difícil mantener el protagonismo de antaño. Sus antiguos compañeros del PSOE ya han avanzado que echarán una mano a la nueva alcaldesa, la popular María Ángeles Herrera, en los ejes fundamentales de la política municipal.
Los seis concejales del PP, la fuerza más votada el 27-M, no alcanzan la mayoría absoluta de nueve, por lo que necesitará acuerdos puntuales con los cuatro ediles socialistas o los tres de IU para poder gobernar. Otro partido independiente, el PIC, ha obtenido dos representantes.
El PP no ha firmado ningún pacto con la izquierda para asegurarse su respaldo. Tampoco existe una voluntad explícita de mantener a raya a Torrejón. Pero los partidos de ámbito nacional parecen decididos a evitar que las grandes cuestiones, como los presupuestos, dependan de los votos de CPC. "Negociaremos con PSOE e IU", subrayan desde el gobierno local, que confía en que relegar a Torrejón a un papel secundario servirá para que Ciempozuelos mejore su imagen. El ahora líder de CPC y otro ex alcalde socialista, Joaquín Tejeiro, están imputados por depositar, presuntamente, más de un millón de euros en un banco de Andorra, y pactar con una inmobiliaria el pago de 40 millones a cambio de recalificaciones.
La candidata del PSOE, Susana León, ya avisó en el pleno de investidura de que no aceptaría los votos de CPC para ganar la alcaldía. Los socialistas han perdido tres ediles al recibir 946 votos menos que en 2003, una cifra cercana a los que obtuvo CPC.
Torrejón, que sigue defendiendo su inocencia, afirma no guardar ningún rencor hacia sus ex compañeros. Y niega ser el responsable del bajón socialista, porque en política, "que es una realidad poliédrica", las matemáticas no bastan para explicarlo todo.
* Información elaborada por Diego Narváez, Andreu Manresa y Llorenç Martínez.
* ELPAIS.com - Madrid - 29/06/2007
Foto: Andratx, cala Llamp /Reuters
Burbuja que revienta
Camilo José Cela Conde* : "Durante años, hemos estado hablando y oyendo hablar de la burbuja inmobiliaria, entendida ésta como una operación especulativa en la que el precio de las viviendas subía y subía sin freno. Ya fuese por las ingentes cantidades de dinero negro que debían aflorar de forma inevitable por la puesta en marcha del euro, ya se tratara del deseo de media Europa de contar con una casa en el sur, o de la necesidad que tiene toda nueva familia de meterse en algún sitio, lo cierto es que la presión del mercado al alza llevó con rapidez los precios de solares, chalets, fincas y pisos hasta ponerlos a la altura de los rascacielos de diseño que toda ciudad postmoderna anhela lucir. Las consecuencias en términos de picaresca recalificando terrenos y obteniendo licencias de construcción tardaron mucho más en ser, no ya de dominio público (pocos ciudadanos ignoraban el origen de según qué repentinas fortunas) sino de intervención judicial.
Pero los policías, los fiscales y los jueces terminaron por cerrar las operaciones de mayor escándalo. Como por jugoso que sea un negocio llega siempre a tocar techo, las noticias acerca de tramas de delincuencia urbanística, destapadas sobre todo en las costas del Reino, coincidieron con los primeros signos de que la burbuja perdía aire. Desplomes en la Bolsa y campanadas de medianoche para algunos próceres a los que las carrozas se les volvían calabazas de golpe anticiparon lo que todo el mundo, de nuevo, veía venir: que las operaciones de multiplicación del capital en cuestión de meses siempre que se dedique éste a construir tienen sus días contados. Jamás dejarán de ser un espléndido negocio pero, al menos, volverán a sujetarse a las leyes no sólo del mercado sino de los códigos urbanísticos y penales.
En ésas estábamos cuando se ha hecho público que un alto funcionario de la ONU es autor de un informe en el que se alerta a España ante la aparición de una grave e inminente crisis inmobiliaria. Al leer los titulares de la noticia, pensé que se trataba de más de lo mismo: del susto ante un posible desplome súbito del negocio de la construcción. Pero no. De lo que nos advierte la institución internacional de mayor rango es acerca de la situación de asfixia de los españoles de a pie, de quienes han de pagar cerca del 40% de su salario en hipotecas. El relator de la ONU, que así se llama su cargo, Miloon Kothari no hace predicciones macroeconómicas -no sólo eso- sino que entra en lo más doloroso de la situación. En sus mismas palabras, la dificultad de acceso a la vivienda de muchos españoles puede impedirles el disfrute de derechos humanos como son los de educación, alimentación o vestido.
No se trata sólo, pues, de tener que resignarse a un verano sin vacaciones. Lo que el señor Kothari nos dice es que en este país de los milagros económicos, del crecimiento sostenido por encima del europeo y de la bonanza empresarial hay una cantidad inmensa de ciudadanos sobre quienes pende la amenaza de que el sueldo no les dé para educar a sus hijos, para comer con arreglo a lo deseable y para vestirse de manera adecuada.
A ver si van a ser ésas las verdaderas razones para el debate político y no la educación para la ciudadanía, el derecho a la autodeterminación de alguna esquina de la península, la memoria histórica o la manera como hay que tratar -de tú, de usted- a Fidel Castro.
* La Opinión de Málaga - VIERNES 29 JUNIO 2007
Informe Greenpeace 2007: ‘Destrucción a toda costa’
F.Martín.-ElConfidencial* : "Cada día se construye en el litoral español el equivalente a tres campos de fútbol, según la organización ecologista Greenpeace, que denunció que los ayuntamientos costeros planean la construcción de tres millones de viviendas nuevas. Greenpeace presentó este martes simultáneamente en Madrid y Barcelona el informe Destrucción a toda costa, un estudio sobre la situación del litoral español que la organización ecologista elabora desde el año 2001. El director de Greenpeace España, Juan López de Uralde, consideró que el "urbanismo desaforado" en el que están inmersos los ayuntamientos supone de hecho un "trasvase del patrimonio común a manos privadas", y aseguró que el mar ha comenzado ya a enviar signos de "saturación", y citó el caso de las medusas que proliferan por el aumento de la temperatura del agua y de los vertidos.
Uralde citó el caso de Marbella como paradigma de los escándalos judiciales ligados al urbanismo, el hotel del Algarrobico en Carboneras (Almería) como paradigma de los "atropellos" urbanísticos, y La Marina de Cope en Águilas (Murcia) como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para propiciar el avance de la construcción.
Según los datos facilitados por Greenpeace, el suelo urbanizable en la actualidad triplica la superficie de suelo ya construido, por lo que Uralde incidió en que la solución ya no pasa por frenar el urbanismo sino por desclasificar suelo urbanizable. El informe incide además en los impactos negativos asociados al urbanismo, entre ellos la construcción de más infraestructuras como puertos deportivos, el consumo masivo de recursos naturales como el agua o la multiplicación de los vertidos.
El director de Greenpeace consideró que la construcción de puertos deportivos supone "privatizar el mar", y denunció la proliferación de este tipo de instalaciones y de puntos de amarre para que los propietarios de los barcos utilicen éstos entre dos y tres días al año.
Casi un centenar de viviendas ilegales
Según los datos recopilados en el informe, el número de viviendas proyectadas en planes urbanísticos o territoriales roza los tres millones; se han detectado 99.519 viviendas ilegales; 89 casos de corrupción urbanística investigados y 354 implicados (entre ellos varios alcaldes).
Apunta además que existen 316 nuevos proyectos para construir campos de golf; 202.250 plazas hoteleras; 112 nuevos puertos deportivos o ampliaciones de éstos para 38.389 amarres; y 350 municipios depuran mal las aguas o sus vertidos son ilegales. La autora del informe, María José Caballero, criticó el progresivo incremento del número de plazas hoteleras, sobre todo en Andalucía y en Murcia, a pesar de que la industria turística acumula un constante descenso de ingresos (del 2,8% el pasado año).
La construcción masiva de segundas residencias en la costa y la consecuente destrucción de la belleza del litoral son las principales causas de la mala racha del turismo, según Greenpeace, que ha insistido en que la protección del litoral está ligada al buen desarrollo del turismo.
Caballero advirtió además que los informes sobre impactos del cambio climático apuntan que en el año 2050 el mar habrá subido 35 centímetros en Galicia, Islas Canarias y el litoral cantábrico, y 20 centímetros en el mediterráneo, y que cada metro de subida supone un retroceso de un metro de la línea de costa, y consideró por ello "imprescindible" incorporar esas previsiones en todos los planeamientos.
Los responsables de Greenpeace fueron también críticos con los planes de Medio Ambiente en la costa, denunciaron los presupuestos "ridículamente bajos" y citaron varios ejemplos de obras insostenibles que a su juicio ponen de relieve la falta de voluntad real del Gobierno para proteger la costa. Entre estas obras, se refirieron la iniciativa del Ministerio de construir quince diques que convertirán las playas urbanas de Barcelona en "piscinas estancadas" de agua salada o la destrucción y privatización de un tramo de la marisma de Puerto Real (Cádiz).
* El Confidencial - 27/06/2007
Foto: Litoral /elconfidencial.com
La Fundación Alternativas traza el mapa de la corrupción urbanística
EUROPA PRESS* : " La Fundación Alternativas ha publicado un informe titulado 'Urbanismo y democracia. Alternativas para evitar la corrupción', en el que hace un exhaustivo análisis de 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia que se han publicado en medios españoles desde el año 2000, analiza las causas de este fenómeno y sus efectos en el sistema democrático, y propone un total de 54 medidas para acabar con él, entre otras la creación de un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas. El informe fue presentado hoy en el Congreso de los Diputados porque, según explicaron sus creadores, aspira a ser un revulsivo para que los legisladores tomen conciencia de este problema e impulsen la puesta en marcha de, al menos, algunas de las medidas que contiene.
El vicepresidente de la fundación, Nicolás Sartorius, quien alertó de que España está "al borde de una pandemia" de corrupción, fue el encargado de desgranar estas propuestas, entre las que destacó la necesidad de buscar fórmulas que aumenten el poder de intervención de la Administración General del Estado en materia urbanística.
AGENCIA ESTATAL DE SUPERVISIÓN.
En concreto, el informe aboga por crear agencias de disciplina urbanística en todas las comunidades autónomas, así como una agencia estatal de supervisión urbanística que haga un seguimiento de los planes urbanísticos e investigue denuncias.
También plantea que la Agencia Tributaria tenga conocimiento detallado de los grandes proyectos urbanísticos, que los equipamientos de los mismos se gestionen antes o al mismo tiempo en que se produce la edificación y gravar con impuestos la retención especulativa del suelo.
El catedrático Felipe Iglesias, director del informe, hizo especial hincapié en la necesidad de reforzar el papel de los secretarios de los ayuntamientos para que "no les tiemble el pulso" a la hora de frenar proyectos irregulares. A su juicio, hay que poner fin a la sensación que se ha instalado en la ciudadanía de que los delitos urbanísticos "salen gratis" y la mejor manera de hacerlo es demoler directamente todas las construcciones irregulares.
Asimismo, señaló que "no tiene sentido" que haya 17 normas autonómicas sobre esta materia y defendió la conveniencia de armonizar la legislación.
LA SOCIEDAD ES "COMPLICE".
José Juan Toharia, catedrático de Sociología, explicó que al no percibirse claramente a la víctima de este tipo de delitos, la sociedad considera incluso que la corrupción beneficia a la comunidad porque crea empleo y riqueza, se convierte en cómplice de la misma e incluso "persigue" al que denuncia.
Esta permisividad social, por un lado, y la percepción de que corromper sale gratis, por otro, son factores que influyen, según estos expertos, en los cada vez más altos niveles de abstención que se dan en España y en la reelección de políticos presuntamente implicados en tramas urbanísticas.
Para acabar con esta última situación, proponen prohibir por ley que los imputados puedan presentarse a los comicios y en la misma línea, reclaman medidas contra el transfuguismo como la "pérdida inmediata del acta de concejal de tránsfuga".
* Europa Press - 27 de Junio
El alquiler vuela bajo
LUIS DONCEL.- El País* : "España era, y sigue siendo, un país de propietarios. A pesar de que el Gobierno se ha marcado el objetivo de fomentar la vivienda en alquiler, su peso se ha mantenido casi inalterado en los últimos cinco años. Si en 2001 un 11,4% de las familias vivían arrendadas, el año pasado eran el 11,25% de todos los hogares. Los precios tampoco han sufrido variaciones importantes. Por una vivienda de 100 metros cuadrados, los inquilinos pagaron de media cada mes 536 euros. Entre los extremos, un abismo: los madrileños se dejaron 811 euros y los de Extremadura tres veces menos. El Ministerio de Vivienda presentó ayer una encuesta que ofrece por primera vez una foto de las familias que vivían en 2006 alquiladas en su residencia habitual.
La ministra María Antonia Trujillo presentó como un éxito político el que desde 2004 se hayan firmado 421.000 contratos de arrendamiento, un 23% del total. Pero el hecho es que en los últimos cinco años la proporción de inquilinos continúa en torno a un raquítico 11%, muy lejos de la media del 38% de la UE.
Si en 2001 las familias de inquilinos eran 1,6 millones, el año pasado llegaron a casi 1,8. Pero el peso del alquiler sobre la propiedad no sólo no ha aumentado, sino que ha disminuido ligeramente. Ahora está en el 11,25% de los 16 millones de hogares contabilizados en 2006.
El imparable aumento de los precios de la vivienda de los últimos años no se ha repartido de forma homogénea en la geografía española. Los habitantes de las zonas en las que la escalada ha sido mayor se han refugiado más en el alquiler. Así, las provincias de Madrid y Barcelona concentran el 40% de los arrendamientos, a pesar de que sólo representan el 25% de la población.
Los inquilinos eligen mayoritariamente pisos sin muebles. Hay buenos motivos para que un 70% se decante por esta modalidad: es casi un 40% más barata que alquilar viviendas en las que el sofá y la cama vienen incluidos. La diferencia sería de 6,7 euros mensuales por metro cuadrado frente a 4,8 por cada metro sin amueblar.
Estas cifras, que pueden parecer muy bajas a los que hayan firmado recientemente un contrato de alquiler, incluyen todas las viviendas en las que el año pasado residía un inquilino de forma habitual. Se incluyen, por tanto, las rentas antiguas, lo que tira a la baja las cifras.
Y es que los alquileres con más de 10 años son mayoría, con un 43,3% del total. Y los mayores, que son los que suelen habitar pisos con renta antigua, forman una parte importante del pastel en el que se reparte el alquiler. Casi el 20% de todos los inquilinos tienen más de 65 años, y el 23% está jubilado.
Si sólo se contaran los arrendamientos con un año de antigüedad, el piso de 100 metros costaría unos 720 euros mensuales. Así, los madrileños que alquilaron en los últimos 12 meses pagaron más de 1.100 euros frente a los menos de 400 que desembolsaron gallegos y extremeños.
Para ese 89% de familias que han elegido la propiedad en lugar del alquiler, las noticias sobre el impacto de los tipos de interés en las hipotecas son bastante descorazonadoras. El mensaje negativo del día vino ayer del presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Gregorio Mayayo advirtió de que las tensiones en los presupuestos familiares que comenzaron a aflorar en 2006 por la subida de los tipos se generalizarán en 2008 a toda la cartera de préstamos hipotecarios a tipo variable, informa Efe.
Así lo señaló en su informe anual ante la AHE, donde también dio motivos de optimismo. A su juicio, la prudencia con la que han actuado las entidades financieras en la gestión del riesgo permitirá que estas tensiones sean "asumibles" por la mayor parte de las familias.
Por otra parte, el Instituto Nacional de Estadística aportó ayer nuevas cifras acerca de las hipotecas sobre viviendas que se constituyeron el pasado mes de abril. Su importe medio fue de 148.622 euros, un 6,95% más que en el mismo mes de 2006 y un 0,9% superior respecto al mes de marzo.
Adulto, licenciado y con pareja
Hasta ayer, el perfil de los inquilinos flotaba en una nebulosa. Con la encuesta que se hizo a casi 27.000 hogares en 2006, sus contornos ya están más claros. El inquilino medio tiene entre 36 y 50 años, ha ido a la universidad y vive con otra persona.Los datos presentados ayer también acotan las características de su vivienda: está en Madrid o Barcelona, tiene entre 60 y 90 metros cuadrados y el contrato de alquiler tiene más de 10 años.La aplastante mayoria de alquileres afecta a viviendas en bloque, dejando a las casas unifamiliares en una posición marginal, cercana al 15%. Los inquilinos suelen vivir en pisos medianos. Dos de cada tres tienen entre 60 y 120 metros cuadrados, y sólo el 9% tiene más de 120 metros.Los extranjeros viven más en alquiler que los españoles. Un 13% de los 1,8 millones de contratos están firmados por personas nacidas fuera de España, mientras que su peso en la población autóctona total es de tan sólo el 9%.A pesar de que el colectivo más representado es el de universitarios, el nivel de estudios de los inquilinos es inferior al de la población total. Mientras que un 61% de los españoles tiene el bachiller superior o estudios universitarios, entre los que viven de alquiler este porcentaje baja hasta el 46%.Por números de personas, casi un tercio de los hogares está formado por dos inquilinos. En el 22% viven tres personas, y en el 19% cuatro. La gran mayoría de las personas principales de cada vivienda están ocupadas, mientras que los jubilados llegan al 23% del total. Sólo el 4,5% de los inquilinos declaró estar en paro.
* ELPAIS.com - Madrid - 28/06/2007
Seis detenidos por una trama de corrupción urbanística en San Bartolomé de Tirajana
EFE/GranCanaria* : "Un concejal nacionalista (CCN), el secretario municipal y cuatro empresarios han sido detenidos hoy por su presunta implicación en una trama de corrupción en el ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la zona turística más importante del sur de Gran Canaria. El principal imputado en esta "operación Paraíso" es el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que en la anterior legislatura municipal fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él.
Además de Guedes, a quien se le imputan delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, han sido detenidos el secretario municipal, Antonio Muñiz González, y cuatro empresarios: Jonás Guedes López (hijo del concejal de CCN), Antonio Hernández Rodríguez, Antonio Esteban Hernández Perera y Alejandro Navarro Miñón, de la empresa Mazotti e imputado en el "caso Faycán", sobre presunta corrupción en Telde.
Tanto el secretario municipal como los cuatro empresarios son acusados de cohecho por la juez que instruye el caso, la titular del juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana, si bien "no se descartan nuevas imputaciones a los actuales detenidos y nuevos imputados", según fuentes judiciales.
Durante la operación policial, que comenzó esta madrugada, la policía judicial cerró las oficinas municipales del ayuntamiento situadas en el denominado Campo Internacional de Maspalomas y no dejó entrar a concejales y funcionarios, salvo a varios que colaboraron con la autoridad judicial.
Entre ellos se encontraba la propia alcaldesa del municipio, Maria Pino Mari Pino Torres (Nueva Canarias), y los tres técnicos municipales encargados de las áreas de vías y obras, urbanismo y contratación.
Mientras tanto, en las afueras de las oficinas se congregaron vecinos de San Bartolomé de Tirajana que acudían a las dependencias municipales para efectuar pagos y trámites, quienes se mostraron sorprendidos por el despliegue policial y porque no les dejaran entrar.
Otros vecinos se desplazaron a las dependencias municipales preocupados por la situación de familiares que trabajan en ellas y, en general, alarmados por las noticias sobre la operación judicial.
Entre los registros practicados por la policía figuró la vivienda del concejal Francisco Guedes, quien fue informado esta mañana por un efectivo policial que se trasladó a su vivienda, en la pedanía de Castillo del Romeral.
La detención de Francisco Guedes, conocido como "Pacuco", era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria, ya que el concejal había sido denunciado en varias ocasiones por su polémica gestión municipal, que le costó el cargo de primer teniente de alcalde y su expulsión del partido socialista.
* TERRA - 28-06-2007
Foto: San Bartolomé de Tirajana, playa Maspalomas /mma.es
La Policía registra la gestoría de la mujer del alcalde en Alhaurín
Almoguera/Herreros.- MálagaHoy* : "La presunta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande escribió ayer un nuevo capítulo. Con un gran sigilo, agentes de la Policía Nacional desarrollaron en la tarde de ayer la tercera fase de la operación Troya con la realización de al menos tres registros a inmuebles de empresarios, en los que se incautó documentación para proseguir las pesquisas. Al cierre de esta edición, fuentes policiales informaron de la detención, por un presunto delito de cohecho, del gerente de la empresa Conextran S.L. y del registro durante más de seis horas de la asesoría propiedad de la mujer del alcalde del municipio, Juan Martín Serón (PP).
La tercera fase de la operación Troya se inició a las 16.00. La orden expresa de los superiores era actuar con el mayor sigilo posible para evitar que se volviesen a producir altercados o enfrentamientos con los ciudadanos partidarios de Martín Serón. Al filo de la medianoche un centenar de vecinos, parte del equipo de gobierno municipal y algunos empresarios detenidos la semana pasada estaban concentrados frente a la sede de la empresa de la esposa del alcalde.
No hubo incidentes. En previsión, los efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) esperaban en el exterior del pueblo para que los ánimos no se caldeasen con la presencia de uniformados. Mientras tanto, investigadores del Grupo III de Blanqueo se desplazaron en coches camuflados hacia tres inmuebles, al menos, la sede de la empresa Conextran S.L., el domicilio del gerente de la misma y la asesoría propiedad de la mujer de Martín Serón.
Los agentes los registraron y, según las citadas fuentes, se incautaron de diversa documentación cuyo examen podría aportar nuevas pruebas y abrir otras líneas de investigación en el caso.
El empresario detenido fue identificado como M. M., gerente de la empresa Conextran S.L., compañía relacionada con la construcción y cuyo nombre ha estado vinculado a otras fases de la operación. Estaría acusado de un delito de cohecho.
Las fuentes explicaron que los agentes inspeccionaron desde las 18.30 la sede de la gestoría Martín Santos S.L., que pertenece a la esposa del alcalde, ubicada en una primera planta de la calle Virgen del Rosario, donde se examinaron documentos, algunos de los cuales fueron trasladados a la Comisaría Provincial para su estudio. María Teresa Santos salió con su marido poco antes de la medianoche y compareció ante los periodistas para explicar su versión de lo acontecido.
Durante el transcurso de la segunda fase, que se llevó a cabo el pasado día 18 y en la que fueron arrestados 19 empresarios, se informó de la posible implicación en la trama de un despacho profesional y ya se apuntó a la supuesta implicación de esta gestoría. En el mes de enero, cuando estalló el caso, los investigadores encontraron 69.000 euros en los registros efectuados en casa de Serón, que fue detenido por cohecho junto al concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, y en un despacho del Ayuntamiento.
La mujer del alcalde declaró entonces que de ese dinero 62.000 euros eran provisiones de fondos para el pago de impuestos de los clientes de su despacho profesional. Los otros 7.000 euros eran una provisión del fondos del alcalde para gastos en la feria de turismo Fitur, según indicó entonces el alcalde.
La operación Troya investiga una presunta trama de corrupción urbanística a través de la cual los constructores imputados presuntamente pagaron a Serón y Guerra para obtener beneficios de la administración local. Los empresarios están vinculados con obras privadas y públicas realizadas en el pueblo y supuestamente inflaban los precios de esos trabajos para camuflar las entregas de dinero. El caso se conoció a raíz de la denuncia de un promotor que avisó de que el Consistorio presuntamente le había pedido dinero para no pararle una obra.
* Málaga Hoy - 28 de Junio de 2007
Foto: Alhaurín el Grande - juntadeandalucia.es
Bruselas denuncia la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
EUROPA PRESS* : "La Comisión Europea denunció hoy la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) al considerar que infringe la normativa comunitaria en materia de contratación pública. El Ejecutivo comunitario cree que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que impone la normativa europea de contratación pública. "Aunque simplifica el procedimiento de selección de los agentes urbanizadores, la LUV sigue incumpliendo las directivas sobre contratación pública de la UE en varios aspectos", aseguró la Comisión a través de un comunicado.
Entre las infracciones detectadas, Bruselas menciona "la situación de los promotores que piden el inicio de un plan de actuación integrada (PAI), el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato, y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación".
El Ejecutivo comunitario denunció además que las autoridades españolas "no han cumplido las obligaciones que les impone el derecho comunitario, al no haber adoptado medidas para impedir que se adjudiquen contratos infringiendo la legislación de la UE".
Finalmente, la Comisión constata que existe una "discrepancia" de interpretación sobre la "cuestión fundamental" de "si los PAI son contratos públicos sometidos a las normas de contratación pública de la UE". "Las autoridades españolas mantienen que los PAI no son contratos públicos y que, por consiguiente, ni la LRAU ni la LUV infringen las directivas de la UE. La Comisión mantiene la opinión contraria", señala.
La actuación de Bruselas contra la legislación urbanística valenciana se inició en marzo de 2005 con una carta de emplazamiento en la que se cuestionaba la compatibilidad de la LRAU con el derecho comunitario. Tras recibir un dictamen motivado, la Comunidad Valenciana derogó la LRAU y la sustituyó por la LUV en diciembre de 2005. Sin embargo, la Comisión consideró que la nueva norma seguía vulnerando el derecho europeo y lanzó un nuevo expediente el 4 de abril de 2006 que acaba este miércoles ante el TUE.
MACROPROYECTOS DE URBANIZACIÓN
También la Eurocámara ha tratado en varias ocasiones la cuestión del urbanismo valenciano tras haber recibido 15.000 peticiones de ciudadanos afectados por abusos. En los últimos años, ha enviado tres misiones de eurodiputados y ha aprobado en pleno dos informes muy críticos con el Gobierno de la Generalitat.
El último informe fue refrendado por la Eurocámara el pasado jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, y en él se expresa la "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".
Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
El texto se elaboró a raíz de la última misión, formada por el laborista británico Michael Cashman y el conservador británico Marcin Libicki, que visitó la Comunidad Valenciana, Madrid y Almería a finales de febrero.
* EUROPA PRESS - 27 de Junio
Foto: Tribunal de Justicia de Luxemburgo /lb:User:Cornischong /wikimedia.org
