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* Romeu /El País
* ELPAIS.com - 23-06-2007
"La Banca también es responsable de la situación de la vivienda en la Región de Murcia"
D.Delgado.- VegamediaPress/Entrevista* : "El profesor Israel Sancho, hombre joven inquieto y responsabilizado socialmente, ejemplo de intelectual comprometido con la justicia social, abordando la problemática del excesivo costo de la vivienda que la hace inaccesible, cada vez más, a considerables capas sociales. Es miembro de la Plataforma por una vivienda digna. Nos recibe en su despacho de la Facultad de Económicas de la Universidad de Murcia, de forma amable y acogedora, y nos muestra una serie de gráficas de estudios sobre la situación en la vivienda en la Región de Murcia.
- ¿Qué es la Plataforma por una vivienda digna?.
Es un movimiento que intenta crear conciencia entre todos los españoles, de un derecho que tenemos a una vivienda digna, tratando de analizar y difundir la situación de las viviendas de protección oficial en la Región de Murcia, más bien, lo poco que se ha hecho, y qué es lo que se habría de hacer estudiando y aprendiendo de otras Comunidades Autónomas y de otros países de la UE, para poder aplicarlo en la sociedad murciana, sobre todo en beneficio de los jóvenes.
¿Ha habido déficits de VPO en la Comunidad Autónoma de Murcia, sobre todo para jóvenes y colectivos necesitados socialmente?.
La promoción de VPO en Murcia ha sido un desastre, ya que desde 1996, cada vez se han construido menos. En 2006 se realizaron menos de 1000 viviendas de Protección Oficial. Si bien hemos de distinguir, dentro de la protección pública de vivienda, dos modalidades:
a) De promoción pública de las que sólo se construyeron 14 (modalidad que adjudica la Administración Pública).
b) De promoción privada (modalidad que vende el mismo promotor que las realiza).
¡Eso lo dice todo…!
¿En qué se ha quedado el art. 47 de la Constitución?.
En Murcia es papel mojado. Tenemos un derecho, pero hay que reivindicarlo, ya que “el que no llora, no mama”. Hay que ver lo realizado, ya que eso nos da mucha información, para ver qué es lo que se puede hacer.
¿Nos da a entender que los poderes públicos pudieran tener responsabilidad en este descenso de la construcción de viviendas de promoción pública?.
Los poderes públicos tienen una responsabilidad tremenda, que no la han sabido manejar.
Construir VPO es sencillo y relativamente barato, y con la nueva Ley del Suelo más.
Se podrían construir, razonablemente, viviendas de 90 m2 en Murcia, en torno a los 70.000€, de manera que a partir de ese precio, las diferencias se las va a llevar alguien (bien el propietario del terreno, o la empresa promotora, o ambos).
¿En esos 70.000€ entraría el coste del suelo?.
Sí. El coste del suelo actualmente está en un 35% del total del coste de una vivienda, pero eso no tiene por qué ser así, ya que el que “pone el sello” para que un suelo deje de ser rústico es el Ayuntamiento, luego tiene en su mano adquirir suelo rústico público económico, y después recalificarlo en urbano para construir VPO, siendo así que el coste de suelo sería muy bajo, y no habría de exceder del 5%.
¿Estos planteamientos se los ha puesto de manifiesto a algún Ayuntamiento o a la Comunidad Autónoma de Murcia?.
Este planteamiento se lo expusimos a los tres principales responsables de ordenación del territorio de los tres grandes partidos (PP, PSOE, e IU), y la respuesta ha sido positiva.
¿Qué ha causado el desajuste de precios en la vivienda?.
Intentando ser breve, hay que decir que ha habido un incremento de precios de vivienda a nivel mundial, y en España ese incremento ha sido mayor por diversos motivos (afluencia al mercado laboral de la generación del “baby boom”, fenómeno inmigratorio muy acusado, y las expectativas de revalorización en los precios de las viviendas) que han contribuido al incremento de la demanda de viviendas y por ello al de sus precios.
Como profesor de economía, ¿no le parece contradictorio que, pese al incremento del número de viviendas en la Región de Murcia, sigan creciendo los precios de las mismas?.
Efectivamente se llevan varios años creando más viviendas que hogares existentes, lo que provoca un desajuste entre oferta y demanda, que llevaría razonablemente a pensar en un ajuste de preciso a la baja, pero la creencia del incremento de precios –de valor de inversión y revalorización segura- lleva a que muchos especuladores sigan adquiriendo viviendas para la reventa. En el momento en que esas expectativas cambien, la predicción es que ese exceso de oferta de vivienda haga caer los precios de las mismas.
¿Qué soluciones plantea para propiciar políticas eficaces de ajustes del mercado inmobiliario?.
Desde luego, incidir en que es necesaria una promoción pública de viviendas, que no tiene por qué ser para la venta, sino también para el arrendamiento (que es más justo socialmente). Además establecer medidas que hagan que el sobreendeudamiento de las familias españolas por la adquisición de vivienda no vaya a más, y a ser posible, descienda. Hace poco IU propuso que se limitara el endeudamiento familiar al 15% del salario, o limitaran los plazos de los préstamos hipotecarios que no sean superiores a 15 ó 20 años. Ya que la facilidad crediticia también contribuye al alza de los precios.
¿De alguna manera, tambien la banca es responsable de esta situación?.
La banca está jugando un papel fundamental, está claro que tienen grandes intereses, ya que hacen los préstamos a los promotores de las viviendas y es una de las mayores interesadas en que las viviendas se vendan para lo cual facilita créditos a largo plazo, haciendo así doble negocio. Llegando a tener “sujeto” así a clientes durante 30 ó 40 años, con todos los servicios que eso implica.
¿Qué opinión le merece la nueva Ley de Suelo del Estado?.
Creo que es una ley positiva, pero depende como se aplique, si bien parece que puede acabar con la especulación del suelo rústico ya que posibilita que los Ayuntamientos puedan expropiar o comprar terrenos rústicos baratos para construir viviendas protegidas en beneficio de sectores necesitados de la sociedad.
¿Las “soluciones habitacionales” de la Ministra Trujillo han tenido alguna eficacia, o se quedaron en una ocurrencia?.
Algunas propuestas del Ministerio de la Vivienda han sido positivas, si bien, por parte de algún sector de prensa se ha hecho una dura crítica.
Lo cierto es que conozco amigos que viven en pequeños apartamentos por los que pagan mensualmente 500 ó 600€ en Murcia; luego, que se hagan estas propuestas por el Ministerio es muy positivo, como se hace en otros países europeos, y si se llegasen a construir sería muy positivo, y creo que la gente las acogería muy favorablemente.
¿Qué opinión le merecen otros proyectos como los de “vivienda joven” o la “Agencia Pública de Alquiler”?.
El alquiler de viviendas públicas en España está muy subdesarrollado en general, y en Murcia en particular, estando “años luz” de lo realizado en otros países europeos.
Para que el sistema de VPO funcionase bien tendría que existir un importante parque de viviendas públicas que se pudieran alquilar por precio no superior al 20% del sueldo del arrendatario, de manera que si ganara 1000€/mes pagaría a la sociedad pública de alquiler la cantidad de 200€/mes por la vivienda, si pasara a ganar 2000€/mes pagaría 400€/mes por dicho alquiler. De manera que paga más cuando su nivel de vida se incrementa. Y cuando pueda comprar una vivienda y decida hacerlo, la alquilada quedaría libre para que otra persona pudiera tener un techo en el que cobijarse, por ese procedimiento, siendo siempre propiedad pública.
¿Su colectivo ha obtenido algún tipo de promesa o compromiso de los partidos políticos, en ese periodo electoral?.
En campaña casi todos prometen el “oro y el moro”. Por parte del PSOE y de IU se han prometido gran cantidad de viviendas de protección oficial; por su parte el PP también, pero todos van en la misma línea, entonces cabe hacerse la pregunta de si lo cumplirán. Unos nos generan dudas (PSOE e IU), pero en el caso del PP no parece que vayan a cumplirlo, ya que lo que están haciendo no va ni mucho menos en la línea prometida. Con todo, nos cabe la esperanza que los otros lo puedan llegar a cumplir.
¿Cree que debería intervenirse en el mercado inmobiliario para hacer reformas o simples retoques?.
Retoques, no cabe duda que hay que hacerlos, que sean mayores o menores, es otra cuestión.
Los neoliberales dirían que hay que dejar el mercado a su evolución, yo también creo en el mercado, pero a veces hay externalidades que lo influyen indebidamente y hay que corregirlas. Y en ese sentido, en el mercado inmobiliario hay que hacer intervenciones que lo corrijan, como por ejemplo, intervenir en la gran cantidad de viviendas vacías que hay en la Región de Murcia (unas 100.000), cuando se están construyendo anualmente unas 30.000, resulta que hay una producción de 3 años que están vacías, lo cual es un despilfarro de recursos públicos y los poderes públicos deberían incentivar la salida de esas viviendas al mercado.
¿Considera adecuado, como solución a la “corrupción urbanística” que haya algún control sobre los Ayuntamientos en materia de planeamiento urbanístico y ordenación del territorio?.
Estoy totalmente de acuerdo con ello, ya que los Ayuntamientos tienen la última palabra, y no se les exige ningún tipo de responsabilidad y eso hace que en algunos Ayuntamientos se “pierdan los papeles”.
Si el sistema está mal montado, facilita la corrupción. No supone que unos políticos sean más o menos corruptos que otros, se trata de un sistema distorsionador que posibilita que algunos políticos –al no estar debidamente controlados- vayan contra el interés general. Debería existir algún tipo de coordinación entre las distintas Administraciones Públicas que garanticen que no se va a dar el flagrante abuso de poder que se está dando en algunos lugares de España.
El problema de la corrupción municipal de la que se habla en prensa, ¿entra por la vía del urbanismo?.
Si los responsables de un Ayuntamiento estiman –en el caso de realizar alguna actividad ilícita- que la probabilidad que les pillen es mínima, y que la pena sería baja, evidentemente incentiva a la corrupción. Y es un escándalo que en muchos casos los responsables de urbanismo en los Ayuntamientos sean, o hayan sido, constructores o promotores inmobiliarios, ya que eso puede suponer que tengan una visión sesgada de la cuestión y “barran para casa”. Debería estar totalmente regulado, y no lo está.
¿Quizá habría que exigir un mayor rigor en las medidas de incompatibilidad frente a la frecuente figura del “edil constructor o promotor inmobiliario”?, ¿le consta que algún partido político haya planteado esta cuestión?.
Efectivamente debería existir un régimen de incompatibilidades más estricto. Quizá habría que asegurarles un sueldo mayor para exigírselo. Además de controlarse de de forma eficaz.
En cuanto a medidas de algún Partido, creo que el PSOE en su web aborda algo de esto. En cualquier caso, creo que la actitud de todos sea inicialmente receptiva, luego queda que verdaderamente haya interés en llevarlo a la práctica.
¿Porqué cree que no ponen mecanismos eficaces en marcha?.
En mi opinión se debe a que junto a los Partidos subsisten importantes “grupos de presión” que en el fondo son los que mueven los hilos, por lo que los Partidos a veces no tienen más remedio que tomar medidas que favorecen a esos grupos de presión aunque sea contra la mayoría.
¿Habría que implementar la participación ciudadana para corregir los mecanismos que inciden negativamente en el interés común?.
Hay grupos de presión que pesan mucho, por eso es muy necesario que los ciudadanos nos movilicemos para equilibrar la balanza de intereses. En Murcia se observa un cambio de tendencia a favor de la movilización social, lo cual es muy positivo, pero sigue siendo insuficiente, ya que necesitamos crecer como en Cataluña, evitando ser tan individualistas como somos y pasar a ser más participativos y solidarios.
Tal actitud tiene gran trascendencia, ya que por ejemplo, la determinación de que existan políticas de vivienda es política, pero nos afecta de lleno, ya que no es lo mismo que la vivienda tenga un precio razonable con una hipoteca a 15 años, que tenga un precio inflado con una hipoteca a 40 años, que va a condicionar mi vida, en cuanto a bienestar (menos posibilidades de adquisición de bienes, cultura, viajes, coches, etc.).
En el precio de las viviendas concurren diversos factores: suelo, construcción, promoción, e impuestos ¿no cree Vd. que también se deberían de bajar los impuestos que gravan la adquisición de las viviendas?.
Los impuestos vienen a representar poco más del 6%, pero no estoy de acuerdo con ese planteamiento, ya que si uno paga 5000€ menos de impuestos normalmente se trasladaría al precio de la vivienda ya que esa disponibilidad posiblemente acabara asumiendola en precio de compra. Por lo que el hecho de menor imposición tributaria sobre la adquisición de vivienda, no necesariamente representa bajada de precios de la misma, y lo mismo en relación con la desgravación fiscal.
Cada vez que se compra una vivienda podemos desgravarnos el 15% en el IRPF, y eso no ha supuesto menor precio de adquisición.
¿Ve justo y eficaz la implantación de un canon por vivienda deshabitada para sacar esas viviendas al mercado?.
Todo lo que suponga incentivar la salida de viviendas vacías al mercado, desde el punto de vista económico, es positivo ya que aumenta la eficacia, y ese dinero que se emplea en construir viviendas se invertiría otros sectores productivos (por ejemplo, el industrial). Ahora bien, ¿penalizarlas o incentivarlas?, es una cuestión política, no económica, y se pueden emplear incluso ambos mecanismos.
Las propuestas en la Región son diversas, ya que sólo IU propone la penalización, mientras PSOE y PP plantean la incentivación para que salgan al mercado.
¿Con hipotecas a 40, 50, e incluso 60 años, no cree que es una nueva forma de esclavitud de la sociedad moderna?.
Es una nueva forma de esclavitud, sin duda. Si bien no creo que en el futuro se generalicen estas hipotecas, pues ya en Japón sucedió en el año 1990/1991 y acabó generando una crisis económica que duró una década. No quisiera que nos pasara lo de Japón, pero llevamos todas las papeletas.
¿Hasta cuando cree Vd. que podrán aguantar las familias españolas con estos considerables endeudamientos?.
Los economistas no podemos dar plazos, sí previsiones.
De manera que muchos economistas pensamos que esta situación no es sostenible en el tiempo y ello llevará a un menor empleo, y muchas familias se van a ver con problemas económicos y sociales graves de difícil cálculo, que en Murcia puede ser bastante complicado; previendo que pueda suceder en un horizonte temporal de un par de años.
¿La economía murciana actualmente la mueve la construcción?.
El sector de la construcción en España y en Murcia tira mucho de la economía (actualmente representa el 18% del PIB, mientras en Europa está sobre el 8% del PIB). Trae progreso y crecimiento económico, pero no es tan positiva como la pintan (tiene efectos negativos de tipo medioambiental, el crecimiento del empleo generado es del 45% que ha sido cubierto mayoritariamente por inmigrantes, quiere decirse por tanto que no ha repercutido tanto en el empleo de los nativos, etc). Hay que buscar un equilibrio: ni cargarse la construcción como motor económico, ni hacer que la economía dependa de la construcción.
¿Habría peligro de crisis bancaria si se rompe la burbuja inmobiliaria?.
Es difícil, ya que la banca española es bastante eficaz, se supone que hay garantías bancarias en los préstamos. Pero otra cuestión son las Cajas de Ahorro (que dependen de decisiones políticas) y han entrado en proyectos urbanísticos excesivos en cuantía y riesgo.
¿No cree Vd. que las Cajas de Ahorro, por su propia finalidad social, deberían haber tenido una participación más activa no sólo en fomento de la vivienda social, sino también ofreciendo créditos blandos bonificados a sectores sociales necesitados?.
Me encanta que me haga esa pregunta. En Murcia, las dos principales Cajas de Ahorro regionales (Cajamurcia y la CAM) han participado en proyectos urbanísticos en el litoral con considerables beneficios económicos, y sin embargo ninguna parte de esos beneficios –que yo sepa- se han utilizado para la construcción de viviendas sociales, compensando sus extraordinarios beneficios con su condición de obra social.
* Vegamedia Press - 30/05/2007
El juez investiga una promoción de vivienda protegida en Mijas
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EFE/Málaga* : "El Juzgado de Instrucción número 3 de Fuengirola ha abierto diligencias para investigar un presunto delito urbanístico en una promoción de viviendas protegidas del Ayuntamiento de Mijas que se ubican supuestamente en una vía pecuaria, que es de dominio público. La juez ha decidido iniciar una investigación, porque considera que "los hechos presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Estos inmuebles se levantan a escasos metros de unos bloques de viviendas, cuyos vecinos denunciaron al Ayuntamiento por los desperfectos que estaban causando estas obras en sus casas.
El Juzgado de Primera Instancia 4 de Fuengirola acordó por sentencia firme paralizar los trabajos, aunque las viviendas están prácticas construidas.
El juzgado de instrucción de Fuengirola ha remitido el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y ha ordenado la práctica de diligencias para determinar los responsables de estos hechos.
Para ello, fuentes judiciales indicaron que los denunciantes pedirán que declaren en principio como testigos alrededor de veinte personas, entre ellos, el alcalde de Mijas, Agustín Moreno (PSOE), el arquitecto de los servicios urbanísticos del consistorio y responsables de la constructora Profasan.
Además del delito urbanístico, el juzgado investiga uno de estafa, ya que los denunciantes señalaron que la parcela donde se ubican las VPO no es la misma que la figuraba en el contrato de cesión de la finca firmado en abril de 2004 entre el Ayuntamiento y la constructora.
En dicho contrato, se cedía la finca con número registral 60.212 en la que se podía construir VPO, pero la realidad es que comenzó a edificarse en la parcela número 63.546 donde legalmente no se puede.
Asimismo, los vecinos del bloque colindante que han denunciado este caso sostienen que la promotora que les vendió los pisos les aseguró que en el solar contiguo se iba a construir un parque al ser terreno público, pero nunca viviendas.
* ELPAIS.com - 25/06/2007
Foto: Mijas (Málaga) /J.Rojas (ELPAIS.com)
Freno a la especulación urbanística
Angel B. Gómez Puerto* : "Como frontispicio de esta tribuna de opinión, vamos a recordar que el artículo 47 de nuestra actual Constitución de 1978, declara que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. El pasado 29 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado una importante norma, la nueva ley reguladora del suelo (Ley 8/2007), que tiene como fundamento constitucional el artículo antes señalado. El 1 de julio de 2007 entrará en vigor el contenido normativo de la nueva ley, según se indica en su última disposición. Es la respuesta contundente del legislador a tanto desorden y especulación urbanística desarrollados en los últimos años en nuestro Estado.
El objetivo que las Cortes Generales pretenden con la nueva ley es regular las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales relacionados con el suelo en todo el territorio estatal, así como establecer las nuevas bases económicas y medioambientales de su régimen jurídico, de su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en materia de suelo.
Entre los principios generales que informan el contenido global de la ley del suelo se encuentra el principio de desarrollo territorial y urbano sostenible, en base al cual, las políticas públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación, transformación y uso del suelo, tienen como fin común la utilización de este recurso conforme al interés general y según el principio de desarrollo sostenible.
Además, y en virtud del objetivo de desarrollo sostenible, todas esas políticas públicas han de propiciar el uso racional de los recursos naturales armonizando los requerimientos de la economía, el empleo, la cohesión social, la igualdad de trato y oportunidades de mujeres y hombres, la salud y seguridad de las personas, y la protección del medio ambiente.
Sistemáticamente, el texto legal recién aprobado se estructura en cinto títulos, a cual más importante. En los 36 artículos de la norma, se abordan elementos tan esenciales como los derechos y deberes de los ciudadanos en esta materia, su contenido y su modo de ejercicio, los criterios básicos de utilización del suelo, el régimen jurídico de las valoraciones del suelo, o la expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial.
Es muy importante destacar un derecho que se consagra al ciudadano: el de acceder a la información de que dispongan las Administraciones Públicas sobre la ordenación del territorio, la ordenación urbanística y su evaluación ambiental, así como a obtener copia o certificación de las disposiciones o actos administrativos adoptados. Por otra parte, se establece la obligación ciudadana de respetar y contribuir a preservar el medio ambiente, el patrimonio histórico y paisaje natural y urbano, absteniéndose en todo caso de realizar cualquier acto o desarrollar cualquier actividad no permitidos en la materia.
El último título, el quinto, se dedica a la cuestión más importante, al menos desde mi punto vista: la función social de la propiedad y la gestión del suelo. En este apartado, se dedica un capítulo propio a los patrimonios públicos de suelo, como instrumento jurídico de regulación de los mercados de terrenos, de obtención de reservas de suelo para actuaciones de iniciativa pública y como medio para facilitar la ejecución de la ordenación territorial y urbanística
En fin, esperemos que con la entrada en vigor de la nueva regulación se sienten las bases de un nuevo modo de entender el respeto a los bienes comunes, de una ordenación justa y racional del territorio, y del fin de la especulación urbanística. Que se tome conciencia de una vez que no caben atajos en los modelos de desarrollo económico de los territorios. Que no todo vale, que se puede y se debe crear actividad empresarial y empleo pero en el marco de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico. Que no existen “los salvadores de las ciudades” por que “crean mucho empleo y riqueza”. Recordemos siempre casos que no son admisibles como el del Pocero, en Seseña (Toledo). Y otros muchos.
(*) Ángel B. Gómez Puerto es Doctorado en Derecho Público por la Universidad de Córdoba.
* La República - Jueves, 21 de junio
La reforma de la ley hipotecaria es inaceptable, según " Vivienda Digna"
Para la Plataforma por una Vivienda Digna*, la reforma debería incluir medidas como la limitación de cuantías y plazos de las hipotecas y el aumento de la información que debe dar el banco sobre un préstamo. Según la plataforma, sería un grave error subvencionar la subida de tipos de interés.
El Congreso de los Diputados, y más concretamente su Comisión de Economía y Hacienda, se encuentra actualmente tramitando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Después de analizar dicho proyecto y las distintas enmiendas, desde la Plataforma por una Vivienda Digna encontramos que el texto se ha redactado a la medida de las entidades financieras, pasando por alto varios problemas graves de la sociedad española y que, en su conjunto, es inaceptable para alcanzar el objetivo de una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos.
La vivienda es una necesidad vital y en los últimos años, las características del mercado en España, con posibilidades de alquiler escasas y unas políticas de vivienda nefastas, han propiciado que muchos ciudadanos se hipotequen hasta el máximo que pueden pagar y en algunos casos más allá: hasta el máximo que una entidad financiera ha estado dispuesta a prestarle.
Esta cota ha superado para muchas familias lo razonable debido a varios factores, desde el hecho de que el inmueble es tasado al alza por una sociedad de tasación controlada por el banco (la mayoría de las tasadoras lo están), hasta la falta de información sobre la posible evolución de los tipos, pasando por una excesiva generosidad en las cuantías y plazos de las hipotecas.
En un escenario de crecimiento de los tipos de interés como el actual, las familias o los jóvenes que siguen endeudándose al máximo se convierten en auténticos “kamikazes hipotecarios”, con una alta probabilidad de impagos y desahucios en unos años.
Pero la generosidad interesada de los bancos a la hora de conceder créditos no sólo ha disparado el endeudamiento, sino que ha contribuido a la subida de precios, ya que a mayores posibilidades de financiación más fácil es que un ciudadano acepte el precio que se le pide, incluso a sabiendas de que está inflado. Recordemos la frase, acuñada por un conocido profesor universitario en una entrevista radiofónica: “las viviendas no cuestan lo que valen, cuestan lo máximo que la gente puede pagar por ellas”. Así, no es de extrañar que hoy un piso en el ensanche de Vallecas, en las afueras de Madrid, cueste casi el doble que uno similar en el centro de Berlín.
Aunque nos parece positiva la inclusión en el proyecto de medidas que buscan una mayor independencia de las tasadoras, para la PVD el texto llevado al Congreso es, sencillamente, inaceptable, ya que no encara los asuntos fundamentales. Entre éstos, algunos urgentes como el sobreendeudamiento, que puede convertirse en uno de los principales problemas sociales de nuestro país a corto plazo.
Limitación de cuantía y plazos de los créditos hipotecarios
Por estas razones demandamos a los legisladores y a los grupos con representación en el Parlamento que, en la nueva ley hipotecaria, se tengan en cuenta las enmiendas relativas a la limitación de la cuantía de los créditos, recordando que este tipo de medidas se aplican en otros países europeos como Francia y garantizan así, que nadie pueda hipotecarse más allá de sus posibilidades. Eso sí, esta medida no puede venir sola y ha de venir acompañada de una verdadera política de vivienda y fiscal enfocada hacia el alojamiento directo de los más necesitados y no en el fomento de la cultura de la propiedad como la actual.
Desde la Plataforma instamos también al gobierno y a la comisión económica del Congreso a limitar los crecientes plazos de las hipotecas (que llegan ya a los 50 años), porque ayudan a la compra de viviendas con sobreprecio y son una de las causas del mantenimiento de la actual burbuja inmobiliaria. Aunque a primera vista el alargamiento de los plazos puede parecer una solución concreta para algunas personas, en un análisis más detenido perjudica gravemente al conjunto de la sociedad y dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes (y de muchos no tan jóvenes) y de las generaciones futuras, apuntalando un modelo no sostenible.
Obligación de información previa en la contratación de hipotecas
El mayor riesgo de impago que existe actualmente por la subida de los tipos de referencia se debe a que muchos compradores de vivienda firmaron su hipoteca con una escasísima información. Desde la Plataforma demandamos a los legisladores que están actualmente revisando la ley hipotecaria que las entidades financieras tengan la obligación de ampliar la información que ofrecen sobre el crédito. Además de los datos del préstamo, el cliente debe saber, como mínimo, en qué situación están los tipos de interés con respecto a series históricas, y cómo afectarían a la cuota diferentes tipos de interés que puedan darse en el futuro.
No a las subvenciones a la compra
Reclamamos también que no prosperen aquellas enmiendas destinadas a paliar con subvenciones directas las sucesivas subidas de los tipos de interés. Esto sería ahondar aún más en el profundo error de subvencionar la propiedad de la vivienda y existen fórmulas mucho más razonables para ayudar a las familias que se han visto sorprendidas por este cambio de escenario económico. Estas ayudas, de materializarse, irían a parar en realidad a las entidades financieras. Nos parece un escándalo siquiera plantear que el dinero público se emplee para subvencionar, aunque sea indirectamente, a uno de los sectores económicos más beneficiados con la situación actual.
Control de la refinanciación
También nos merece especial atención que el anteproyecto incluya escasas medidas para el control de las empresas de refinanciación y las emisoras de créditos de alto riesgo, hipotecas con carencia, etc. Este tipo de empresas están provocando verdaderos dramas familiares en otros países occidentales y con ese ejemplo se debería legislar en este.
Reforma inútil e inaceptable
Estamos de acuerdo en que debe modificarse la ley hipotecaria, pero llama poderosamente la atención que se ponga en marcha precisamente ahora, en un cambio de ciclo del mercado. Nos parece de un descaro sin precedentes el que, con millones de jóvenes sin poder optar a una vivienda, millones de parejas que no pueden desarrollar su vida familiar al no poder optar a una vivienda mayor, y millones de familias al borde de la bancarrota, el grueso de la ley vaya dirigido a aumentar las garantías bancarias y a regular nuevos modelos como la hipoteca inversa, con la que las personas de avanzada edad pueden ceder su propiedad a cambio de una pensión vitalicia.
Aunque ayer hemos conocido la tardía intención del Gobierno de replantearse las desgravaciones fiscales y la hemos saludado positivamente a pesar de su inexplicable retraso, en el caso de este anteproyecto de Ley analizado, de ser aprobado tal y como está, se habrá perdido una oportunidad más de poner coto a los intereses especulativos que manejan el mercado de la vivienda en España y se habrá demostrado de nuevo hasta qué punto una gran parte de los políticos y legisladores de nuestro país, están al servicio de las grandes empresas, los bancos y los intereses inmobiliarios. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna exigimos los cambios en el proyecto reseñados anteriormente para elaborar una ley hipotecaria que piense en todos los ciudadanos, que sirva de instrumento a un mercado sostenible, y que ayude a avanzar hacia el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución para todas las generaciones.
Más información:
Contacto:
Correo-e: info@viviendadigna.org
Plataforma por una Vivienda Digna
Comité Interterritorial
http://www.viviendadigna.org
* ANIA - 21/06/2007
Contra la corrupción
ANTONIO PAPELL* : "El pasado martes, se producía la detención masiva de 18 constructores presuntamente vinculados a la trama de corrupción del municipio malagueño de Alhaurín el Grande. Antes de las elecciones del 27-M fueron detenidos el alcalde de la localidad y el concejal de Urbanismo, que están procesados y en libertad condicional bajo fianza; se difundió entonces una grabación en la que este último, condenado por cierto por maltrato psíquico a su ex pareja, exigía a un constructor 121.000 euros para no paralizar una obra de viviendas levantadas con una licencia irregular otorgada por decreto. Tras aquellas primeras detenciones, el alcalde en cuestión, perteneciente al PP (es irrelevante su filiación política, como resulta obvio, pero hay que especificarla para entender la trama), afirmó en declaraciones ampliamente difundidas no sólo su inocencia sino su convicción de que era víctima de una persecución política.
El juez y el fiscal estaban, pues, prevaricando porque «en la república de Zapatero» las personas honradas van a la cárcel y los etarras salen a la calle. Aquellas manifestaciones manipuladoras surtieron efecto puesto que la lista del alcalde consiguió el pasado 27-M el 55,9% de los sufragios de los electores, víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo semejante al que padecían los votantes de Gil en Marbella. Ha hecho estragos aquella malsana teoría que consideraba inocua y aun beneficiosa la delincuencia urbanística porque, supuestamente, no sólo enriquece a quienes la gestionan sino también a toda la sociedad.
Hay docenas de investigaciones semejantes en marcha en prácticamente todo el territorio español, por lo que el caso de Alhaurín es simplemente paradigmático; en él se han dado, según fuentes de la investigación, las dos fórmulas más habituales de corrupción: el desvío de las entregas de los constructores para equipamiento público a bolsillos particulares y el cobro de cantidades en metálico por el silencio municipal ante las construcciones irregulares. Delitos difíciles de detectar por una Justicia mal dotada y por una Fiscalía que trabaja generalmente en precario. En cualquier caso, es inimaginable que jueces y fiscales desempeñen sistemáticamente su labor al dictado del Gobierno o de algún interés de partido; ni siquiera es creíble que se produzcan casos aislados de prevaricación, que serían muy fáciles de detectar.
El suceso de Alhaurín y la reacción social que lo arropa forman un escenario preocupante, tanto porque todo indica que no se ha extirpado todavía la profunda corrupción que invade el urbanismo de este país en el ámbito municipal cuanto porque queda de manifiesto que la sociedad no se ha percatado de la envergadura de la grave infección.
* Diario de León - 23 de Junio de 2007
La Fiscalía lleva al juez al alcalde de San Miguel de Salinas por prevaricación
S.N.- El País/Alicante* : "La Fiscalía de Alicante ha remitido al juzgado una denuncia contra el alcalde de San Miguel de Salinas, Ángel Sáez, del PP, y los ediles de la comisión de gobierno del anterior mandato por un supuesto delito de prevaricación derivado de la aprobación de un convenio urbanístico con los informes en contra de los técnicos de la corporación. El ministerio público "aprecia indicios de delitos" en la iniciativa. Sáez revalidó el cargo de alcalde el pasado 27 de mayo con mayoría absoluta. La denuncia fue presentada el 30 de abril por la asociación de vecinos San Miguel Arcángel tras la ratificación del acuerdo en el pleno.
En esa fecha, el Consistorio autorizó un convenio urbanístico con la mercantil Villamartín para urbanizar el sector denominado Entrenaranjos.
El proyecto contempla urbanizar un total de medio millón de metros cuadrados de suelo rústico, ubicados al sur del término. Sin embargo, el acuerdo contó los informes en contra de los técnicos municipales, en concreto del asesor de Urbanismo y el secretario de la corporación.
Los funcionarios mantienen que el plan parcial y su correspondiente recalificación está incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), documento pendiente de su aprobación definitiva.
* ELPAIS.com - 23/06/2007
Foto: La Vega baja no se Vende /nodo50.org
El fiscal Paz Rubio cree que 'ha fallado la justicia preventiva' en urbanismo
EuropaPress* : "El fiscal de sala del Tribunal Supremo José María Paz Rubio aseguró hoy que 'ha fallado la justicia preventiva' en el caso de la corrupción urbanística, lo que ha provocado 'el caos actual'. 'Han fallado los controles que podía hacer la llamada justicia preventiva de notarios y administradores' y 'los tribunales contenciosos no hemos podido acabar con esta lacra de irregularidades que se han producido', indicó el fiscal, quien además consideró que las sentencias de demolición 'hay que ejecutarlas'. Así lo afirmó Paz Rubio en una rueda de prensa con motivo de su participación en el encuentro 'Impactos colaterales del urbanismo descontrolado' de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
También participaron el magistrado emérito de la Sala I del Tribunal Supremo Clemente Auger, el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid Luciano Parejo, y el director encuentro, José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo.
Paz Rubio lamentó 'el fallo de los tribunales penales', que 'no han sabido perseguir la corrupción implícita y tampoco lograr la demolición de las construcciones ilegales'. 'Tenemos que hacer todos un mea culpa', señaló.
En este sentido, preguntado por las sentencias firmes de derribo que están sin ejecutar, tanto en Cantabria como en otras comunidades autónomas españolas, el fiscal del Tribunal Supremo defendió que 'si está acordada la demolición hay que ejecutarla'.
'Lo que pasa', explicó, es que los tribunales se encuentran 'a la hora de ordenar las demoliciones' con 'terceros perjudicados', los 'compradores de buena, o mala, fe'. '¿Qué hacemos?', se preguntó, refiriéndose al pago e las indemnizaciones y a quién correspondería abonarlas.
'Entonces se originan nuevos incidentes de ejecución muy complejos, con lo que se tarda muchísimo en ordenar la demolición y, de hecho, la excepción es que se demuela algo', añadió, recalcando que, con todo, 'cuando una sentencia ordena una demolición hay que ejecutarla'.
Por último, Paz Rubio se mostró partidario de 'potenciar' el Derecho Penal como 'herramienta' contra los corruptos. 'Si el derecho penal es la herramienta que temen los corruptos', entonces 'hay que potenciar esta herramienta', dijo, tal y como 'se pretende hacer en el proyecto del Código Penal, que está ahora en las Cortes'.
* Terra Actualidad - 21-06-2007
El Defensor del Pueblo alerta del alto número de quejas por el urbanismo
C.Vázquez /EFE* : "El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha manifestado en el último informe de la institución -presentado al Congreso de los Diputados- su preocupación por el "alto número de quejas" que se reciben de ciudadanos de la Comunidad Valenciana contra la "proliferación exagerada de actuaciones urbanísticas". Esta oficina pide a las administraciones públicas que garanticen el control de los procesos de urbanización. Hoy cuatro grupos políticos presentan al pleno del Parlamento Europeo una propuesta de resolución donde se condenan los macroproyectos insostenibles. El Defensor del Pueblo señala la necesidad, ante este escenario, de que las administraciones públicas "adopten cuantas medidas sean precisas para garantizar un control real y efectivo de los procesos urbanizadores que se llevan a cabo en casi todos los municipios", y no únicamente en los costeros.
Múgica alerta de que un año más se resalte "el alto número de quejas que se reciben de ciudadanos valencianos manifestando su oposición a la proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras", lo que, según el Defensor, parece "incompatible con un desarrollo sostenible". "Valgan como ejemplo de esta fiebre urbanizadora las 15.000 denuncias que se han recibido en la Comisión Europea de pequeños propietarios afectados por programas de actuación integrada", señala el informe, que resalta también "el alto número de peticiones que se han registrado en la Consejería competente en esta materia, para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable".
Múgica defiende la necesidad de que el crecimiento de las ciudades "esté precedido de una actividad planificadora racional que delimite los espacios de dicho crecimiento, equilibre las ciudades, social y territorialmente, y preserve para futuras generaciones, los bienes medioambientales, recuperando así espacios urbanos saludables y aptos para la convivencia".
Precisamente esta cuestión volverá a ser hoy objeto de debate en el Parlamento Europeo. Allí cuatro grupos parlamentarios -el PSE, ALDE, Verts/ALE y GUE/NGL- tienen previsto presentar una propuesta de resolución sobre el resultado de la visita de una delegación del Comité de Peticiones a la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid para investigar varias denuncias ciudadanas llegadas a Bruselas. Es la segunda que llega a la Eurocámara con la polémica urbanística de fondo. La primera, conocida como Informe Fourtou, se aprobó a finales de 2005.
El texto condena las prácticas extendidas en estas comunidades autónomas de obligar a ceder suelo a los promotores sin una compensación económica adecuada y obligando a los afectados por una urbanización a soportar costes "arbitrarios".
* ELPAIS.com - Valencia - 21/06/2007
Ben Magec ‘dibuja’ la corrupción urbanística en Canarias
J.Reyes.- LA GACETA* : "Ben Magec - Ecologistas en Acción no piensa dar tregua a los políticos canarios en el mandato que está a punto de comenzar. Así, ayer anunciaron ante los medios de comunicación, tanto en Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria, el inicio de la campaña "Ni un metro más de hormigón" en la que se recogen 27 casos de supuesta especulación urbanística. La idea es que esta iniciativa se convierta en herramienta de trabajo muy dinámica que irá creciendo en la medida que aumenten las irregularidades urbanísticas. Los interesados pueden consultar las fichas en la página web del colectivo "www.benmagec.org" donde se pueden conocer hasta 27 casos de especulación urbanística en todas las islas del Archipiélago salvo El Hierro.
Las principales afecciones al territorio están derivadas de la aplicación de los planes generales en los municipios, de ahí que, como apuntó ayer en rueda de prensa una de sus representantes, Yasmina Encinoso, la Administración local es en muchas ocasiones la promotora de casos de “delincuencia ambiental”.
En su opinión, esos documentos que han venido a regular el crecimiento urbanístico “han acabado legitimando un modelo de desarrollo contestado socialmente”, y puso como ejemplo que en la isla de Tenerife localidades como Tegueste, El Rosario o Candelaria han doblado el número de viviendas en los últimos años. La aplicación de estos planes, aparte de acabar con parte del suelo agrícola, también ha afectado notablemente a la conservación del patrimonio natural, histórico y cultural.
La campaña acaba de comenzar, pero el objetivo, a largo plazo, es que sea un documento de trabajo para especialistas en la materia que permita hacer, incluso, análisis de tipo estadístico.
Por ahora, la isla de Tenerife encabeza la clasificación con 10 casos. Los más destacados son el desarrollo del polígono comercial de Las Arenas (La Orotava), denunciado por el partido político Iniciativa por La Orotava (IpO) ante la Fiscalía Anticorrupción por el supuesto regalo de 37.000 metros cuadrados por parte del Ayuntamiento al promotor (Ambrosio Jiménez); la construcción de un puerto deportivo a cargo de José Ana Pérez Labajos en el espacio natural protegido de la costa de Acentejo (Tacoronte) o la extracción de áridos en la montaña Talavera de El Tablero que ha supuesto la destrucción del cono volcánico.
En el caso de Gran Canaria, por su parte, se han detectado ocho intervenciones en el territorio. La más destaca ha sido la construcción de la urbanización turística Anfi-Tauro que albergará 3.600 camas y un puerto deportivo con capacidad para casi 500 atraques. Si se lleva a cabo, la zona se degradará aún más y afectará un Lugar de Interés Comunitario (LIC), donde está el hábitat de las especies protegidas Tortuga Boba y Delfín Mular. Tampoco conviene perder de vista la construcción de un centro comercial en la costa de Telde a manos de Ambrosio Jiménez que ocupa suelo público-servidumbre de costa, un Espacio Natural Protegido y cauce público.
Rubicón
Lanzarote y Fuerteventura empatan a tres fichas cada uno con casos vinculados principalmente a la explotación turística. En la primera, quien mejor lo encarna es el puerto deportivo del Rubicón (entre Playa Blanca y la playa de Papagayo) con 400 atraques y una zona de expansión comercial con 600 viviendas. En la segunda, el Ayuntamiento de La Oliva ha querido promover un plan parcial en la zona de El Cotillo que permita construir seis hoteles con capacidad para unas 6.000 camas y un campo de golf. El proyecto ha sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia Canarias (TSJC).
En el caso de La Palma y La Gomera, es conveniente echar un vistazo al Plan de Ordenación del Litoral de Tazacorte que contempla un hotel de cinco estrellas en la zona de El Time, una marina comercial de unos 7.000 metros cuadrados y una urbanización de lujo con 350 viviendas. En la isla colombina, por su parte, se levanta un hotel en el parque natural de Enchereda que prohibe el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del paraje.
Los ecologistas esperan que esta campaña sirva de llamada de atención a políticos y ciudadanos para frenar las nefastas consecuencias que tiene para el equilibrio de los recursos naturales el actual modelo de desarrollo del Archipiélago.
* La Gaceta de Canarias - 20/06/2007
Foto: proyecto Anfi Tauro, Mogán (Gran Canaria) /Ecologistas en Acción
Corrupción urbanística: El silencio es grande en Alhaurín
F.J.Pérez.- El PAÍS* : "La epidemia que, transcurridos treinta años de democracia, hace que la gente no quiera expresar públicamente sus opiniones políticas se ha extendido con virulencia en Alhaurín el Grande (Málaga). Tras la detención el martes de 19 pequeños empresarios de la construcción en relación con la Operación Troya, la misma por la que fueron arrestados en enero el alcalde, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos del PP, el silencio se ha adueñado de los habitantes de la villa. Hasta los políticos parecen haber sucumbido al brote de mutismo, excepción hecha del regidor, cuyos excesos verbales están a medio camino entre lo legendario y lo proverbial. "Los periodistas, como las avispas".
Un joven alhaurino evita el contacto con los reporteros antes de que estos tengan ocasión de abrir la boca. ¿A qué obedece esta plaga de silencio que ha convertido una ciudad de 20.070 habitantes en una suerte de cartuja con comercios?. "Aquí hay mucho miedo", sentencia un empresario de la construcción bajo promesa de anonimato. "El alcalde controla todos los resortes para evitar que nadie se le desmande: incrementa la plantilla municipal, lo que hace que la gente piense que si no le vota no va a trabajar, subvenciona a las hermandades con las arcas municipales, y en el caso de la construcción, ha dejado trabajar a los que él ha querido, y mucha gente ha ganado mucho dinero aun pasando por el aro", asegura el promotor, que afirma haber tenido que "dejar de trabajar en el pueblo" por la "persecución".
Un concejal de la oposición define a Martín Serón como "una persona de apariencia suave y educada y muy trabajador, pero a la que no se puede llevar la contraria, porque puede llegar a perder los papeles". Desde su despacho con amplias vistas sobre el valle del Guadalhorce, el regidor domina "todos los temas" municipales. "Se sabe cuándo el alcalde está en su despacho por la actitud de los funcionarios hacia nosotros", asegura el edil, que pide permanecer oculto.
Uno de los pilares en los que se apoya la economía local -y el poder de Martín Serón- es el urbanismo. "La construcción ha sustituido casi por completo a la agricultura y casi todos los vecinos tienen por herencia parcelas, generalmente pequeñas, en las que pretenden hacer edificios", afirma un simpatizante de IU coetáneo de Martín Serón. "Me niego a creer que se haya quedado dinero para él", asegura. A su lado, un contertulio cercano al PSOE y jubilado afirma: "A mí también me costó creerlo, pero 19 detenidos ya es para replanteárselo. Si la han hecho que la pague". "¿Cómo se llaman ustedes?": "preferimos no decirlo".
Una simpatizante anónima del alcalde, que obtuvo el 55% de los votos el pasado 27 de mayo, asegura que el secreto de su éxito está en "haber hecho muchas cosas por el pueblo, como arreglar el centro, construir una piscina municipal de las mejores de Andalucía". A estos logros de gestión la simpatizante añade "la coyuntura favorable en el urbanismo, que ha permitido a mucha gente ganar dinero con el boom inmobiliario". Alrededor de 200 empresas relacionadas con todos los ámbitos de la construcción tienen su sede social en Alhaurín el Grande.
Los empresarios locales son otro de los resortes que maneja bien el alcalde. El presidente de la Asociación de Empresarios de Alhaurín, Antonio Rueda, fue interventor del PP en los pasados comicios. El pasado martes desde la asociación, con cerca de 250 afiliados, se impulsó la iniciativa de varios miembros que decidieron cerrar sus comercios en protesta por las detenciones de los pequeños promotores. Varios comerciantes aseguraron sentirse "coaccionados" para echar el cierre a sus establecimientos tras las llamadas de los impulsores del paro. "No ha habido presiones de ningún tipo. Pararon quienes quisieron", desmiente Rueda. El paro fue general en las calles del centro histórico pero casi irrelevante en los comercios más alejados de la calle Cruz.
Quienes si se han dejado oír desde el pasado martes han sido los familiares y amigos de los empresarios detenidos y puestos en libertad, diez de ellos bajo fianza de entre 20.000 y 50.000 euros. La tensión que han padecido les ha llevado a actitudes hostiles con los medios de comunicación, que han sido atajadas por Martín Serón, un hombre con fama de "alcalde-alcalde". Además de la preocupación por la situación de los detenidos, en el ambiente se palpaba la inquietud ante la previsible llegada de las vacas flacas asociada al fin del boom inmobiliario del último lustro. "Aunque en el valle la actividad sigue, la perspectiva comienza a ser de crisis", admite Antonio Rueda.
El único ámbito de Alhaurín en el que el silencio -silencio de la oposición, se entiende- desaparece es en Internet. El semianonimato de los foros del ciberespacio permite a un tal Jamacuco opinar: "Seamos serios, estamos ante un caso grave de presunta corrupción de cargos públicos que está ridiculizando a todos los alhaurinos, y dando una imagen pésima del pueblo. Es algo muy serio con una investigación de unidades de policía especializadas en crimen organizado. Esto no es un huevo que lo echan a freír cuatro dirigentes locales de un partido compinchados por un constructor despechado".
* ELPAIS.com -Málaga - 22/06/2007
La Eurocámara vuelve a censurar los abusos del urbanismo español
EFE/Bruselas* : "El Parlamento Europeo reiteró hoy su denuncia a los supuestos abusos de la construcción en España, particularmente en la Comunidad Valenciana y la "costa mediterránea", y alertó de la indefensión que sufren residentes españoles y europeos.
El pleno adoptó, por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones, una resolución que condena "los proyectos de urbanización masivos" que no responden a "necesidades reales" de las poblaciones y tienen "efectos desastrosos" medioambientales, históricos y culturales. El texto ha sido impulsado por el laborista británico Cashman, y suscrito también por los españoles Joan Calabuig y Carlos Carnero (PSOE), David Hammerstein (Los Verdes) y Willy Meyer (IU).
En el debate previo, celebrado el pasado martes, el eurodiputado del PP, Carlos Iturgaiz, rechazó el documento al considerar que "invade competencias" de las autoridades españolas y que las mayorías absolutas conseguidas por su partido en los comicios autonómicos de Madrid y Valencia deslegitiman las críticas.
La resolución parte de la visita que dos eurodiputados, el propio Cashman y el conservador polaco Marcin Libicki, realizaron en marzo a municipios de Madrid, la Comunidad Valenciana y Almería, para investigar denuncias urbanísticas, en gran parte procedentes de ciudadanos europeos residentes en España.
Lamenta los daños ambientales y culturales de los planes urbanísticos, pero se centra en la situación de indefensión que estarían sufriendo ciudadanos españoles y europeos que invierten en proyectos ilegales sin saberlo o que ven peligrar sus pequeñas propiedades engullidas por grandes promociones.
Así, advierte de que la obligación de ceder tales propiedades "sin un proceso y una compensación adecuada", o la de pagar "costes arbitrarios" por infraestructuras comunes, constituye una "violación de los derechos fundamentales".
Sostiene que estas prácticas están "extendidas en varias comunidades autónomas en España, en particular la valenciana y otras partes de la costa mediterránea, pero también, por ejemplo, en Madrid".
Y deplora "la aprobación tácita por algunos ayuntamientos" de proyectos que después son declarados ilegales en perjuicio de los "ciudadanos europeos" que han invertido en ellos de "buena fe".
El texto urge a las autoridades autonómicas y estatales, así como a la Comisión y al Consejo de la UE, a actuar para corregir tales abusos.
La Comisión Europea prevé denunciar el próximo miércoles la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE por entender que incumple la Directiva sobre contrataciones públicas.
La Eurocámara cuestionó hoy, sin citar a ninguna comunidad, "los métodos de designación y poderes a menudo excesivos que ciertas autoridades municipales otorgan a urbanizadores y promotores", y denunció que, en ocasiones, estos "interfieren" sobre el registro de propiedades para debilitar a los pequeños propietarios La resolución recomienda a las autoridades españolas que prevean mecanismos de arbitraje para este tipo de litigios y subraya que, cuando sean necesarias, las compensaciones deberán tener un montante adecuado tal como lo define la jurisprudencia europea.
Además, pide que la actuación de la Comisión no se ciña al área de las licitaciones, sino que evalúe también el cumplimiento de las normativas ambientales, del agua y consumo.
* ABC.es - 21 de junio de 2007
Foto: Benidorm /abc.es
La operación contra la trama urbanística de Chiclana se cobra el quinto arresto de un promotor
S.Tubio.- LA VOZ/Cádiz* : "Las investigaciones en torno a una trama que operaba en Chiclana y que se dedicaba a falsificar documentos para inscribir viviendas en el Registro de la Propiedad, garantizando una antigüedad superior a los cuatro años, se han cobrado el quinto arresto. Al igual que en las anteriores detenciones, se trata de un promotor que ha quedado en libertad con cargos por su supuesta autoría en delitos contra la ordenación del territorio y falsedad documental. Además, hay otras dos personas implicadas. La operación, bautizada con el nombre Obra Nueva, está en pleno desarrollo y según fuentes cercanas al caso «aún queda muchísima tela que cortar», ya que se encuentra en una fase muy primigenia.
Pese a que se espera que el operativo suponga un serio ataque a la construcción de viviendas fuera de la legalidad en un municipio como el de Chiclana; lo que también ha venido a demostrar es que existe una práctica habitual como es la parcelación de terrenos que en un futuro inmediato serán urbanizables a todos los efectos -suelo urbano no consolidado- para la inscripción de inmuebles con una falsa antigüedad. Con estas triquiñuelas se pretende eludir cualquier responsabilidad al prescribir la infracción urbanística a los cuatro años y obtener una legalización por la puerta de atrás.
Así lo afirmaba la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz en su última memoria, haciendo referencia a las denuncias que había interpuesto contra arquitectos técnicos y peritos que falseando certificados que acreditaban antigüedades falsas. Un tipo de denuncia que ya se había formulado en anteriores años.
Abanico de profesiones
Pero el caso que lleva entre manos el nuevo Equipo contra la Delincuencia Urbanística, integrado en la Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz, pretende desentrañar las conexiones que existían entre distintos profesionales para construir viviendas ilegales. El abanico de posibles implicados, que habrían cobrado a cambio de sus servicios, es muy grande y como ya se apuntaba en la edición de ayer abarca desde arquitectos técnicos, corredores de fincas e incluso directores de banco. A estos últimos se les investiga por la concesión de determinados créditos hipotecarios para la edificación de inmuebles que debían estar ya levantados hace más de cuatro años.
La operación de la Guardia Civil nace de la denuncia de un particular que otorgó un poder notarial a un corredor inmobiliario que le prometió la venta de una finca suya en el término municipal de Chiclana. Este dueño se dio cuenta de que habían falsificado datos sobre su propiedad, como la división en cuatro fincas y la existencia de cuatro viviendas, cuando no había tales inmuebles. El Instituto Armado también ha extendido sus investigaciones hacia los propietarios de los terrenos para descubrir si los implicados actuaban a sus espaldas o en connivencia.
Desde la Fiscalía de Cádiz se insiste en subrayar el importante número de casos que se están denunciando por construcciones ilegales, independientemente de la fórmula empleada para bordear la ley y no ser descubierto. Fuentes del Ministerio Público apuntaban ayer a este medio que existe una tramitación semanal de «varias denuncias».
* La Voz Digital - 21 de junio de 2007
Foto: Vista general de la zona de El Marquesado. / LA VOZ
El fiscal Vercher denuncia que algunas CCAA legislan en urbanismo en contra del Código Penal
EFE /Santander* : "El fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, denunció ayer que algunas comunidades autónomas, que no citó, están dictando normas en materia de urbanismo que contravienen el Código Penal para permitirse legalizar construcciones declaradas ilegales o para evitar su derribo. En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander dedicado a examinar los excesos urbanísticos, Vercher recordó que, aunque el Tribunal Constitucional sentenció en 1997 que esta materia es básicamente competencia de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, hay determinadas actuaciones que constituyen delito y que están reguladas en el Código Penal. Y suele "olvidarse", continuó, que el Código Penal es una ley orgánica de rango constitucional, que se define a sí misma en su preámbulo como "la Constitución en negativo" y que no puede ser enmendada por una ley autonómica, por una norma administrativa ni por un decisión discrecional de una autoridad pública.
La Fiscalía de Medio Ambiente ha encontrado al menos dos normas autonómicas sobre urbanismo que infringen el Código Penal, algo que Vercher achaca al "desconocimiento" o a "la complejidad del tema", porque su condición de fiscal le obliga a presuponer que "todo el mundo actúa de buena fe salvo que se demuestre lo contrario".
El Código Penal, explicó, castiga con hasta tres años de cárcel a quien construya sin autorización en suelos destinados a viales, zonas verdes, zonas de dominio público o lugares que tengan legal o administrativamente reconocido su valor paisajístico, ecológico, artístico, histórico o cultural. Y en esos casos, concede además al juez la facultad de ordenar el derribo de lo edificado.
En el primero de los dos ejemplos citados por Vercher, la comunidad en cuestión dispone que, aunque el juez haya ordenado la demolición, el derribo no se ejecutará si afecta a un propietario que no tiene ningún otro tipo de bien, si es una persona joven o si la construcción no supera determinada superficie.
"¿Pero qué me está diciendo? Si es el Código Penal el que deja esto en manos del juez. Y, si es un delito, ¿cómo va a ser la Administración, mediante una norma administrativa, la que va a dejar sin efecto el contenido del Código Penal?", replicó el fiscal.
En el segundo de los ejemplos, otra comunidad autónoma dice que si una construcción ilegal se puede legalizar, se legalizará, y si no es posible, la Administración decidirá qué hacer guiada por un criterio de "proporcionalidad".
Esa norma, a juicio de Vercher, es una suerte de imitación de las 'Leyes del jefe': "Artículo uno, el jefe tiene siempre la razón. Artículo dos, si no la tiene, se aplica el artículo primero".
"Eso no puede ser. Si una construcción es ilegal, es ilegal. Lo que no podemos hacer es decir que la ilegalidad desaparece si hay determinados intereses que valorará la Administración con el principio de proporcionalidad", añadió.
Durante su conferencia, el fiscal de Medio Ambiente se declaró partidario de aplicar la medida de demolición que prevé el Código Penal para los delitos contra la ordenación del territorio.
Vercher reconoció que "está costando" introducir ese principio en España, "porque tradicionalmente no se ha demolido", pero también argumentó que hay determinadas conductas que "empiezan a ser un problema para la paz pública y para la convivencia" y que requieren recurrir a ese tipo de medidas para atajarlas.
Explicó así que, en la circular sobre urbanismo que ha enviado a los distintos fiscales autonómicos, les instruye para que pidan que sólo se conceda a un condenado por este tipo de delitos la suspensión de la pena de cárcel cuando haya derribado lo construido.
* La Ley, diario de noticias - [21/06/07]
Las Navas, en la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente
M.Cuenca.- ÁvilaDigital : "Antonio Vercher, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, que ordenó la paralización de las talas en Las Navas, considera que en Castilla y León son pocas las irregularidades urbanísticas que llegan a las fiscalías, pero sí resalta la gravedad de las mismas. Y sobre la resolución de los asuntos, manifiesta que los tribunales de la región “tienen a resolver los temas penales en materia de urbanismo aplicando el principio de intervención mínima y absolviendo”. El escándalo de la Ciudad del Golf y la tala de cientos de pinos, una vez conocida la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anulaba la clasificación de los terrenos como suelo urbano, merece, según el fiscal coordinador del área, Antonio Vercher, “ser reflejado de modo singular” en la memoria.
Al respecto, relata que “el 8 de octubre de 2006, y a través de informaciones periodísticas, se tuvo conocimiento por el Fiscal de Sala Coordinador de la realización de una tala masiva de pinos en una zona de gran valor ecológico, reconocido legalmente dicho valor tanto a nivel estatal, como autonómico y europeo”, al tratarse de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC).
Paralización de la tala en Las Navas
Vercher destaca que “la tala se comenzó a realizar los días 6, 7 y 9 de octubre por parte de una empresa encargada del proyecto urbanizador” y que “dicha actuación parecía dar inicio al proceso de urbanización del lugar”, cuando se acababa de conocer una sentencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, “dictada el 29 de septiembre y notificada el 4 de octubre de 2006”.
A juicio del fiscal, “la anulación debía impedir la tala de árboles y demás actuaciones urbanizadoras practicadas en ese paraje, dado precisamente el gran valor ecológico que presentaba el mismo”. “A la vista de la gravedad y urgencia de la situación planteada”, Vercher decidió dirigirse “de forma inmediata” al alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez.
En la memoria, asegura que “se remitió el escrito por fax ese mismo día 9 de octubre, a la vez que se enviaba por correo ordinario”, y que “en el oficio dirigido al alcalde se solicitaba que ordenase la paralización de la tala que se estaba llevando a cabo, teniendo en cuenta que, independientemente de que dicha sentencia fuese susceptible de recurso, el comienzo o la continuación de las obras de urbanización haría de imposible cumplimiento la misma”. “Dicha solicitud fue atendida y las talas fueron detenidas el propio día 9 de octubre”, se indica en el documento.
También se señala que ese mismo día varias organizaciones y asociaciones ecologistas presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, que “ofició al Seprona el 10 de octubre interesándole se pusiera en su conocimiento la existencia de algún reinicio de la tala”.
Este es el único asunto que en Ávila se ha trasladado a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Ávila. En total, se atendieron 98 casos en el conjunto nacional, la mayoría sobre ordenación del territorio (62) y delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (22).
Más escándalos urbanísticos
Vercher destaca también que “se ha producido un notable incremento de asuntos en medio ambiente” en todas las fiscalías: 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente. Además, “las diligencias abiertas superan en número y complejidad a las tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal”.
Y en cuanto a los incendios, Vercher insiste en la prevención y resalta que “se ha observado una disminución en el número de incendios, con la paradoja de que han afectado a una mayor extensión de terreno”.
* Ávila Digital - 21 Junio de 2007
Foto: Navas del Marqués, tala árboles Ciudad del Golf /aviladigital.com
El juez acusa de inducir a la prevaricación urbanística a 14 de los detenidos en Alhaurín
M.Herreros.- MálagaHoy* : "Catorce de los 19 detenidos en la segunda fase de la operación Troya contra la corrupción en Alhaurín el Grande quedaron ayer en libertad con cargos y ocho de ellos tuvieron que pagar una fianza de entre 25.000 y 50.000 euros para poder eludir la prisión. Todos están imputados por presunto cohecho y un delito de inducción a la prevaricación urbanística, según fuentes judiciales, que informaron de que los otros cinco detenidos, que permanecen en las dependencias de la Comisaría Provincial, pasarán hoy a disposición del Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Coín.
Las declaraciones de ayer se produjeron en dos tandas. Los primeros ocho detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana para prestar declaración ante el juez Carlos Peinado, que dirige esta investigación. Llegaron a los juzgados a las 7.45. Cuando los furgones policiales con los arrestados alcanzaron la nave que, con carácter provisional, alberga los órganos judiciales del Guadalhorce, ya se había reunido en las puertas un centenar de vecinos liderados por el alcalde de Alhaurín, Juan Martín Serón (PP) y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, ambos imputados en la operación Troya y en libertad bajo fianza de 100.000 euros cada uno. Estaba la práctica totalidad de sus compañeros del equipo de gobierno.
A las 13.00, el juez decretó la libertad bajo fianza de las primeras cinco personas a las que interrogó, entre las que estaba el empresario Rafael T. En concreto, impuso una fianza de 50.000 euros para cuatro de los promotores, que podrían ser socios de una misma empresa, y 30.000 euros para el quinto. Antes de las tres de la tarde, los otros tres detenidos abandonaron los juzgados tras quedar en libertad sin fianza y con cargos.
Los interrogatorios continuaron por la tarde. Cinco de los arrestados fueron trasladados a Coín en un furgón policial desde la Comisaría Provincial, ubicada en la capital malagueña, y uno llegó por su propio pie acompañado de su abogado. Según las fuentes, esta persona padece claustrofobia y, tras presentar los informes médicos oportunos, evitó tener que dormir en los calabozos la noche del martes, cuando se desplegó la segunda fase de la operación Troya. Había sido citado por el juez a las 16.00 y fue el último en abandonar las dependencias judiciales de Coín.
De este grupo, tres eludieron la prisión tras abonar una fianza de 25.000 euros cada uno y otros tres quedaron en libertad con cargos. Las fuentes añadieron que uno de los empresarios que declaró como imputado llegó por la mañana procedente de Alemania y fue llevado a la Comisaría por la Policía que lo estaba esperando a pie de avión.
Los detenidos, según se desprende de las investigaciones, podrían haber pagado dinero para que les permitieran levantar construcciones que excedían el volumen edificable permitido. También se apunta que en otros casos pudieron entregar dinero negro procedente de aprovechamientos urbanísticos tasados a la baja o por permitir que se legalizaran por silencio administrativo irregularidades urbanísticas.
La segunda fase de la operación Troya se desplegó el martes a las 8.30. En Alhaurín el Grande fueron arrestadas diez personas, mientras que el resto fue localizada por la Policía en Málaga capital y en otros municipios próximos a Alhaurín. Se practicaron media docena de registros en viviendas y empresas, en los que se intervino documentación relacionada con la investigación. Ese caso se inició en enero con la detención del alcalde de Alhaurín el Grande y de su edil de Urbanismo.
* Málaga Hoy - 21 de Junio de 2007
¿Se puede vivir en 10 metros cuadradros?
T.Carvajal.- ADN* : "Pese a que la mayoría de la gente respondería a esta pregunta con un ‘no’ rotundo, sólo hay que darse un paseo por varias agencias o portales inmobiliarios para darse cuenta de que no todo el mundo piensa así. Viviendas de 12 metros en Madrid por 102.000 euros, de 11 metros cuadrados a 87.500 euros en Barcelona, o de 10 a 36.000 euros en Burgos, son algunos de los ejemplos de que existen viviendas de un tamaño similar al de una plaza de aparcamiento. El problema surge en que el Gobierno Central no tiene autoridad para controlar el mínimo de metros de una vivienda, ya que las competencias están cedidas a las Comunidades Autónomas, que regulan los requisitos para que un espacio sea considerado vivienda; y a los ayuntamientos que son los que conceden las cédulas de habitabilidad y tienen potestad para decidir, a partir de qué superficie un inmueble reúne las condiciones mínimas de habitabilidad.
El Consistorio de Madrid, por ejemplo, ha estipulado en su plan general de ordenación urbana de 1.997 un mínimo de 25 metros.
Ahora mismo sólo Navarra, La Rioja, País Vasco, Canarias y Murcia especifican que para que una vivienda pueda ser considerada como tal ha de tener al menos 30 metros cuadrados. A pesar de ello, con un simple vistazo a algunos portales inmobiliarios vemos que la ley no se cumple en los edificios antiguos y podemos encontrar estudios en Bilbao de 27 metros cuadrados por 216.000 euros o de 28 por 135.000. Desde el Colegio de Registradores de la propiedad y mercantiles de España explican que esto sucede ya que “una casa nunca puede dejar de ser una casa y si fue registrada con anterioridad a la entrada en vigor de la ley no puede dejar de serlo”.
En la web idealista.com podemos encontrar que sólo en la Comunidad de Madrid hay hasta 102 anuncios de pisos en venta que no superan los 30 metros cuadrados, a pesar de que en varias ocasiones el ministerio de la Vivienda ha pedido que se extremen las medidas para que no se pongan en el mercado este tipo de viviendas. Desde el Colegio de Arquitectos de Madrid, Luis Jurado señala que “cada municipio establece sus propias normas urbanísticas y en caso de que no haya una normativa específica se usa la orden de año 1944 que sólo exige “una condiciones higiénicas mínimas”.
Vivir en Contenedores
La última gran idea con respecto a la vivienda ha partido del consistorio del municipio catalán de Mataró, como explica el diario Eleconomista. Su concejal de vivienda, Francesc Teixidó, viajó hasta Londres para interesarse por unos proyectos que usaban contenedores marítimos como viviendas.
El uso de estos contenedores marítimos, que ya funcionan como viviendas, centros cívicos o guarderías en otros países europeos, permite acceder a la vivienda a un coste más bajo del habitual de manera "rápida, innovadora y sostenible". El ayuntamiento asegura que es la única manera de hacer frente al "encarecimiento de los pisos y a la falta de espacio" y su montaje es cuestión de días. Según explica el economista, tendría una superficie media de 60 metros cuadrados y serían alquilados por entre 200 y 250 euros al mes.
* Diario ADN - 20 de junio de 2007
Viñeta: EL ROTO /ELPAIS.com
Una juez busca durante siete horas delitos urbanísticos en Torre Pacheco
T.Calleja.- EL PAÍS/Murcia* : "La titular del Juzgado número 4 de San Javier (Murcia), Aránzazu Moreno, permaneció ayer desde las 10.30 hasta las cinco de la tarde en el Ayuntamiento de Torre Pacheco recopilando todos los expedientes urbanísticos realizados desde 2003. De esta forma, esta magistrada da un paso más en la investigación iniciada a raíz de una denuncia presentada por el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, sobre presuntas irregularidades, y que se ha tenido que acelerar en los últimos días tras comprobar posibles filtraciones de la investigación, según confirmaron fuentes del caso, que detectaron cambios bruscos en los comportamientos de los investigados.
La magistrada encabezó la delegación del juzgado en la que también participaron miembros de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Región de Murcia, que intervino la documentación relacionada con la gestión del consistorio desde 2004, año en el que accedió al poder el actual alcalde, Daniel García Madrid, del PP, hasta la fecha. Fuentes del caso no descartan que haya arrestos en las próximas horas, siendo los principales sospechosos todos los miembros de la corporación municipal y varios empresarios locales.
Documentación requisada
La documentación requerida por el juzgado se refiere a planes parciales, expedientes sancionadores, así como a proyectos de urbanización realizados en el término municipal, uno de los más codiciados por las promotoras, que están construyendo al menos 20.000 viviendas en un municipio de 24.000 habitantes.
Precisamente, las pesquisas apuntan a que uno de los empresarios más conocidos en Torre Pacheco y en la comunidad, Facundo Armero Madrid, que vendió sus participaciones al frente de la principal empresa de Murcia, la promotora Polaris World, podría aparecer entre los empresarios. Esta promotora murciana fue denunciada en varias ocasiones por el propio Ayuntamiento por iniciar sus viviendas sin los permisos necesarios, aunque estos expedientes finalizaron en multas de baja cuantía, lo que provocó enormes críticas de la oposición socialista, que no fueron escuchadas.
Los ayuntamientos de Alhama, Mazarrón, Fuente Álamo, Torre Pacheco y Murcia, todos gobernados por alcaldes del PP, han recalificado o están en pleno proceso de recalificación de unos 25 millones de metros cuadrados de suelo rústico, propiedad de la empresa Polaris World, que estaría en disposición de construir 58.000 viviendas. La aprobación de los convenios urbanísticos debe tener el visto bueno final de la Consejería de Obras Públicas, cuyo titular es Joaquín Bascuñana, miembro de la junta directiva nacional del PP.
El alcalde de la localidad, Daniel García Madrid, quien confirmó en declaraciones a Efe esta intervención judicial, afirmó desconocer el motivo de la misma, al tiempo que mostró su disposición a colaborar con la Justicia. García Madrid se mostró "sorprendido" por la actuación judicial desarrollada en el Ayuntamiento, y mostró su "absoluta certeza" de que todos los expedientes urbanísticos se ajustan a la legalidad vigente.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: torrepacheco_ayuntamiento /lomejordemurcia.com
Los tribunales anulan dos urbanizaciones en Sada
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P.Obelleiro.- EL PAIS/A Coruña* : "Los tribunales acaban de echar abajo proyectos de grandes urbanizaciones que tenía en marcha el ex alcalde de Sada, Ramón Rodríguez Ares, en contra del criterio de la Xunta de Galicia. Los recursos del Gobierno gallego ante la Justicia dieron sus frutos, aunque en algún caso tarde, dado que el auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por el que se suspende la licencia municipal de 24 viviendas en la parroquia de Meirás se emitió el pasado 8 de junio, sólo 20 días después de que el anterior regidor concediese permiso para ocupar unas edificaciones ya construidas y a la venta.
Esos cuatro bloques de pisos ahora suspendidos judicialmente forman parte de un proyecto de urbanización de un total de 154 viviendas en un núcleo rural de Meirás que también fue anulado por los jueces en resoluciones anteriores, antes de que se edificasen. El problema con estas 24 viviendas es que ya están construidas, "lo que incrementa la dificultad de restaurar la legalidad urbanística y aumenta los prejuicios que se pueda causar a los adquirientes de los inmuebles", destaca el alto tribunal gallego en su auto.
Otra de las decisiones judiciales dadas a conocer ayer por el nuevo gobierno municipal de Sada, que encabeza Abel López Soto, del BNG, afecta de lleno a uno de los más ambiciosos proyectos de urbanización del ex alcalde Rodríguez Ares como es la construcción de unas 300 viviendas en la zona de las lagunas de As Brañas. Haciendo caso omiso a una resolución de la Consellería de Política Territorial contra ese plan de urbanización, Rodríguez Ares había iniciado, mediante decretos de la alcaldía, los trámites para reparcelar los terrenos y permitir su edificación. El juzgado del contencioso-administrativo número " de A Coruña estimó el recurso interpuesto por la Xunta y anuló esos instrumentos de gestión urbanística del ex alcalde para urbanizar As Brañas.
El firme rechazo del BNG local a edificar en una zona de humedal catalogada dio al traste la semana pasada con las negociaciones para formar gobierno con el edil independiente David Brandariz, partidario del proyecto de urbanización del ex alcalde.
La sentencia judicial que anula los trámites en marcha refuerzan al nuevo gobierno bipartito de Sada -BNG y PSOE- en su intención de pedir la protección ambiental de las lagunas de As Brañas para evitar cualquier construcción futura. Brandariz, único concejal elegido por la Agrupación Sada Unida (ASU) permitió finalmente con su abstención la investidura del nuevo alcalde nacionalista.
* ELPAIS.com - 20/06/2007
Foto: sada (a coruña) /udc.es
La CE denunciará la ley urbanística valenciana ante el Tribunal de Luxemburgo
EuropaPress* : "El comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció hoy que tiene previsto denunciar la ley urbanística valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TUE) por infringir la normativa comunitaria en materia de contratación pública. Su portavoz, Oliver Drewes, explicó que la denuncia se presentará el próximo miércoles 27 de junio. En una comparecencia ante el pleno de la Eurocámara, McCreevy explicó que la LUV no remedia las infracciones detectadas en la polémica Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), a la que sustituyó en diciembre de 2005, y sigue sin respetar las exigencias de publicidad y transparencia que marca la normativa europea de contratación pública.
"La nueva ley no corrige algunas de estas infracciones, que se refieren a avisos de licitaciones, información requerida en los avisos de licitaciones y a la confusa definición del objeto de los contratos", destacó el comisario de Mercado Interior. Insistió en que las alegaciones enviadas a la Comisión por parte de las "autoridades competentes" para responder a estas preocupaciones son "poco convincentes". "Por ello, tengo la intención de proponer a la Comisión llevar este caso ante el Tribunal de Justicia", recalcó.
McCreevy reiteró que la aprobación de planes de actuación integrada (PAI), tal y como está contemplada en la LUV, supone la concesión de contratos de obras públicas y de servicios, y por tanto está sujeta al derecho comunitario. El Ejecutivo comunitario lanzó un procedimiento de infracción contra la LUV el 4 de abril de 2006 y un ultimátum final el 12 de octubre de ese mismo año.
DERECHOS FUNDAMENTALES Y MEDIO AMBIENTE
En cuanto a las denuncias de que la LUV vulnera el derecho a la propiedad, McCreevy dejó claro que la Comisión Europea "no puede intervenir" en esta materia porque no tiene competencias. "Las supuestas vulneraciones de los derechos de propiedad no afectan a ninguna disposición de la legislación comunitaria", aseguró.
Finalmente, en materia medioambiental, el comisario de Mercado Interior indicó que Bruselas sólo puede adoptar acciones legales cuando se vulnera la normativa comunitaria con algún plan de urbanización. "La Comisión seguirá vigilando que las autoridades competentes españolas respeten las reglas medioambientales comunitarias al desarrollar planes urbanísticos", dijo.
Recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha actuado cuando algún plan urbanístico infringía la normativa europea sobre evaluación de impacto, hábitats o agua y así lo seguirá haciendo en el futuro.
McCreevy intervino ante el Parlamento en respuesta a una pregunta sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana, Madrid y Andalucía planteada por los dos eurodiputados que participaron en la misión que visitó España a finales de febrero para investigar estas denuncias, el conservador polaco Marcin Libicki y el laborista británico Michael Cashman. Ambos han presentado una resolución sobre esta cuestión apoyada por todos los grupos políticos salvo el PP que se votará este jueves.
Cashman denunció que en España, miles de ciudadanos europeos que "compraron una propiedad de buena fe" se han visto expropiados "sin el procedimiento legal debido" para desarrollos urbanísticos que no desean. "Esto sólo puede describirse en el mejor de los casos como incompetencia administrativa, o en el peor de los casos como negligencia criminal y corrupción", dijo.
El eurodiputado laborista criticó especialmente el caso de la Comunidad Valenciana, y destacó que pese a las tres misiones que ya ha enviado allí la Eurocámara en los últimos años y a la aprobación de un informe crítico en diciembre de 2005, las autoridades regionales sólo han introducido "cambios menores" en la ley urbanística que "no abordan los problemas clave". Además, denunció que se aceleraron los proyectos antes de la entrada en vigor de la LUV para aprovechar las "lagunas" de la LRAU.
Finalmente, lamentó los "vergonzosos ataques" que recibió la última misión parlamentaria a la Comunidad Valenciana por parte del PP, que a su juicio afectan a la "integridad de la Eurocámara". Por ello, criticó que su presidente, el democristiano alemán Hans-Gert Poettering, no haya reaccionado.
A su juicio, la Eurocámara ya ha hecho todo lo que podía en este caso, y el problema sólo lo podrá resolver el Tribunal de Justicia de Luxemburgo o el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo "para vergüenza del PP en España".
MAYORÍA DEL PP
Durante el debate que siguió a la intervención de McCreevy, el representante del Partido Popular, Carlos Iturgáiz, destacó que los ciudadanos se han pronunciado sobre el urbanismo dando "mayorías absolutas a los Gobiernos del PP tanto en Madrid como en Valencia" pese a los augurios previos de que los populares "serían castigados" en las urnas.
Iturgaiz insistió en que la Eurocámara, al abordar el urbanismo de la Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, está "invadiendo competencias nacionales". "Ustedes quieren sustituir a decisiones de parlamentos autonómicos, quieren sustituir a decisiones de parlamentos nacionales, quieren sustituir al propio Tribunal Constitucional", espetó a los parlamentarios. Pidió por ello a los servicios jurídicos de la Eurocámara que aclaren si "aquí se puede votar absolutamente todo".
El representante del grupo de los Verdes, David Hammerstein, respondió a Iturgaiz que "el haber ganado unas elecciones no da permiso para obviar la legislación europea". Hammerstein reclamó a la Comisión Europea que "actúe con energía y urgencia" ante las vulneraciones "flagrantes" de la legislación comunitaria. "Muchas de las 750.000 viviendas construidas en España el año pasado, más que Francia y Alemania juntas, no han respetado el derecho comunitario. ¿A qué espera la Comisión para actuar?", espetó.
Por su parte, el eurodiputado socialista valenciano, Joan Calabuig, dijo que, tras las elecciones autonómicas, es un buen momento para iniciar una "nueva etapa" que permita "rectificar", reconocer el problema y "abandonar la arrogancia".
"El partido socialista tiende otra vez su mano para contribuir a la solución de este problema y por ello reitera en el caso de la región de Valencia la necesidad de un amplio apoyo político y social que incluya a todos los afectados, que tiene que tener como premisa la reforma de la LUV para su adecuación a los Tratados, y para incrementar la seguridad jurídica", destacó. Reclamó también el establecimiento de mecanismos de arbitraje para compensar a los afectados por abusos urbanísticos.
El también parlamentario socialista, Carlos Carnero, dijo que tanto en Valencia como en Madrid los Gobiernos autonómicos "están agrediendo el medio ambiente, agrediendo la sostenibilidad de la vida de la ciudadanía y por tanto violando los derechos individuales y colectivos". En este sentido, Carnero denunció que el Gobierno madrileño pretende seguir actuando de esta manera, con proyectos como la carretera M-61 "que quiere destruir el monte del Pardo, un lugar de una importancia ecológica fundamental".
En la resolución que votará la Eurocámara el jueves, que cuenta con el respaldo de socialistas, liberales, Izquierda Unitaria y verdes, se condenan las expropiaciones de tierras sin el procedimiento legal debido, una práctica "extendida" en la Comunidad Valenciana y otras regiones costeras, así como en Madrid. También se critican los "proyectos de urbanización masivos" que no se ajustan a las necesidades de la población local, son medioambientalmente insostenibles y tienen un "impacto desastroso" en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas.
* EUROPA PRESS - ESTRASBURGO, 19 Jun.
Foto: banderas europeas
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