Contra la corrupción

ANTONIO PAPELL* : "El pasado martes, se producía la detención masiva de 18 constructores presuntamente vinculados a la trama de corrupción del municipio malagueño de Alhaurín el Grande. Antes de las elecciones del 27-M fueron detenidos el alcalde de la localidad y el concejal de Urbanismo, que están procesados y en libertad condicional bajo fianza; se difundió entonces una grabación en la que este último, condenado por cierto por maltrato psíquico a su ex pareja, exigía a un constructor 121.000 euros para no paralizar una obra de viviendas levantadas con una licencia irregular otorgada por decreto. Tras aquellas primeras detenciones, el alcalde en cuestión, perteneciente al PP (es irrelevante su filiación política, como resulta obvio, pero hay que especificarla para entender la trama), afirmó en declaraciones ampliamente difundidas no sólo su inocencia sino su convicción de que era víctima de una persecución política.

El juez y el fiscal estaban, pues, prevaricando porque «en la república de Zapatero» las personas honradas van a la cárcel y los etarras salen a la calle. Aquellas manifestaciones manipuladoras surtieron efecto puesto que la lista del alcalde consiguió el pasado 27-M el 55,9% de los sufragios de los electores, víctimas de una especie de síndrome de Estocolmo semejante al que padecían los votantes de Gil en Marbella. Ha hecho estragos aquella malsana teoría que consideraba inocua y aun beneficiosa la delincuencia urbanística porque, supuestamente, no sólo enriquece a quienes la gestionan sino también a toda la sociedad.

Hay docenas de investigaciones semejantes en marcha en prácticamente todo el territorio español, por lo que el caso de Alhaurín es simplemente paradigmático; en él se han dado, según fuentes de la investigación, las dos fórmulas más habituales de corrupción: el desvío de las entregas de los constructores para equipamiento público a bolsillos particulares y el cobro de cantidades en metálico por el silencio municipal ante las construcciones irregulares. Delitos difíciles de detectar por una Justicia mal dotada y por una Fiscalía que trabaja generalmente en precario. En cualquier caso, es inimaginable que jueces y fiscales desempeñen sistemáticamente su labor al dictado del Gobierno o de algún interés de partido; ni siquiera es creíble que se produzcan casos aislados de prevaricación, que serían muy fáciles de detectar.

El suceso de Alhaurín y la reacción social que lo arropa forman un escenario preocupante, tanto porque todo indica que no se ha extirpado todavía la profunda corrupción que invade el urbanismo de este país en el ámbito municipal cuanto porque queda de manifiesto que la sociedad no se ha percatado de la envergadura de la grave infección.




* Diario de León - 23 de Junio de 2007