La Fiscalía advierte del aumento de denuncias sobre medio ambiente y urbanismo

EuropaPress* : "La Fiscalía General del Estado advirtió ayer que se ha producido «un notable incremento» de asuntos en medio ambiente en las Fiscalías españolas, a través del número de las diligencias de investigación penal y diligencias informativas abiertas a lo largo de 2006. La Memoria de la Fiscalía 2006 relativa a asuntos de medio ambiente y urbanismo, hecha publica ayer, señala que «las diligencias abiertas en medio ambiente y urbanismo superan, por lo general, en número y complejidad a las abiertas y tramitadas en el resto de tipos delictivos existentes en el Código Penal español».

La memoria recoge las actuaciones de la Fiscalía desde que el Fiscal de Sala Coordinador, Antonio Vercher, tomó posesión el 3 de abril de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006.

Sobre el número de diligencias, la Fiscalía abrió en 2006 en Valencia un 187 por cien más que el año anterior; en Asturias abrió 164 diligencias en medio ambiente, frente a las 90 del año previo, y en Huelva un 31% más, entre otras.
En conjunto, el número de diligencias abiertas por las Fiscalías del país en el 2006 asciende 1.634 en ordenación del territorio y urbanismo y 2.293 en medio ambiente, en las que se incorporan todos los aspectos ambientales, incendios forestales incluidos, que no sean ordenación del territorio.

Mayoritariamente dichos asuntos han versado sobre denuncias de irregularidades urbanísticas supuestamente constitutivas de delito, cometidas en distintas partes del territorio nacional aunque también llegaron denuncias por presuntos delitos contra el patrimonio histórico, vertidos tóxicos, talas indiscriminadas de arbolado, caza ilegal y uso de veneno para la misma y contaminación acústica, entre otros.
En materia de urbanismo, la Memoria destaca que en Málaga, por ejemplo, se observa que el modus operandi delictivo que se ha venido expresando en Marbella «ha acabado extendiéndose a otras localidades costeras de la provincia en las que el turismo representa su principal fuente de ingresos» . En el interior, sin embargo, también se vienen produciendo irregularidades urbanísticas de importancia, pero más bien relacionadas con particulares que proceden a realizar la construcción de una vivienda unifamiliar, siempre en suelo no urbanizable y, normalmente, en pleno monte, añade. «Pocos son los municipios de la provincia de Málaga que, por uno u otro motivo, no han sido denunciados e incoadas» , afirma la Fiscalía, debido, en gran parte, «a que el urbanismo se ha convertido en el mayor aporte financiero de los municipios .»
En Cádiz, las infracciones urbanísticas graves prescriben a los cuatro años, por lo que «algunos arquitectos técnicos y peritos han emitido informes o certificados falsos en los que dan cuenta -previa entrega de un precio pactado- de la supuesta antigüedad superior a cuatro años de edificaciones erigidas al margen de la legalidad urbanística, con objeto de posibilitar su acceso al registro de la propiedad y evitar el ejercicio de las facultades sancionadoras y de restablecimiento de la legalidad por parte del Ayuntamiento», relata la Fiscalía.




* Levante-EMV - Sábado, 02 de junio de 2007


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Los pisos ilegales en Marbella pasan de 30.000 a 752 con el nuevo Plan

A.Valenzuela.- MálagaHoy* : "La presentación del avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella sirvió ayer para calmar los ánimos del agrio debate que se ha mantenido en el último año sobre el número de viviendas ilegales que podrían ser demolidas. Finalmente, el documento urbanístico tutelado por la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía y la Oficina de Planeamiento regularizará algo más del 95 por ciento de las construcciones que se levantaron durante la era GIL al margen de la legalidad. En concreto, serán 18.000 las casas que podrán normalizarse siempre que los promotores compensen al Ayuntamiento con suelos para futuros equipamientos, zonas verdes y otras dotaciones, según explicó la consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez.

Pero a este indulto urbanístico no podrán acogerse un total de 752 viviendas y dos edificios hoteleros debido a que sus licencias ilegales son “incompatibles con el modelo de ciudad contemplado en el plan, por situarse en áreas estratégicas, ocupar el litoral o ubicarse en zonas de fuertes carencias dotacionales”, continuó la dirigente autonómica. Por tanto, serán los tribunales los que tengan que decidir el futuro de estas construcciones irregulares que se asientan sobre suelos que están destinados a espacios libres y equipamientos públicos en el nuevo PGOU.

Aunque la responsable de Obras Públicas eludió decir cuales son las 14 construcciones que no encuentran su lugar en el planeamiento, este periódico pudo saber que entre ellas destaca el complejo Banana Beach, símbolo durante estos años de las barbaridades cometidas desde el Consistorio; una promoción de viviendas situadas junto al Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y unos chalés construidos en las desembocaduras de Río Real y del arroyo Las Cañas. Sólo la mitad de esos 752 inmuebles están ocupados por sus propietarios.

En cuanto al aparente e importante descenso que ha experimentado el número final de construcciones ilegales consolidadas –durante meses Obras Públicas las cifró en más de 30.000– la responsable de la consejería lo justificó aclarando que 11.368 de las que estaban en el punto de mira nunca fueron finalizadas ni habitadas, “gracias a las impugnaciones de la Junta de Andalucía y a las suspensiones cautelares de los tribunales”. Gutiérrez destacó que de ese grupo de viviendas 3.953 fueron paralizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) o precintadas por la comisión gestora, mientras que en los casos de otras 7.415 ni tan siquiera se iniciaron las obras.
Pero el avance del PGOU no se queda anclado en el pasado. Una de las apuestas más fuertes que hace el documento, redactado por el arquitecto Manuel González Fustegueras, es la construcción de viviendas de bajo coste para los jóvenes, el colectivo que más dificultades tiene para acceder a los precios del mercado. Por este motivo, de las más de 27.000 casas que se contemplan en las previsiones del PGOU y del Plan de Ordenación del Territorio de la Costa del Sol Occidental (POT), 10.178 (que representan un 36,8 por ciento del total), deberán tener precios asequibles. Además, se recoge la rehabilitación de 8.802 inmuebles existentes a través de ayudas que ya están puestas en marcha.

La consejera de Obras Públicas apuntó que todas estas medidas se desarrollarán a través del Plan Municipal de la Vivienda, que debe elaborar el equipo de gobierno que presidirá Ángeles Muñoz (PP), para evitar así situaciones como las vividas durante los últimos años.
Otro aspecto interesante del nuevo PGOU hace referencia a que un 40,5 por ciento del término municipal (4.742 hectáreas) aparece como espacio protegido en distintas categorías, es decir, cuenta con la calificación de suelo no urbanizable por sus valores ecológicos o ambientales.

Gutiérrez, que estuvo acompañada en el acto de presentación por el presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes (PSOE), destacó que otra de las principales líneas de actuación del PGOU persigue corregir las desigualdades territoriales que existían a lo largo de la ciudad por la falta de sistemas de espacios libres y equipamientos. A ese respecto, el PGOU supervisado por Obras Públicas prevé una ratio de 60 metros cuadrados de suelo de espacios libres por habitante, lo que significa casi multiplicar por cinco los existentes. Si se consiguen finalmente estas cifras, Marbella sería comparable a una ciudad europea como Londres, aseguró la responsable autonómica, quien comentó que el municipio “recuperará zonas verdes en todos los barrios para que sus pulmones no se ahoguen”.

Algo similar está previsto con los equipamientos, que con un ratio de 20 metros cuadrados por habitante, sitúa a la ciudad cinco puntos por encima de la media europea. En concreto, 3.209.205 metros cuadrados para nuevos equipamientos, lo que supondrá multiplicar por cuatro los existentes.

A partir de ahora, el avance del PGOU deberá ser estudiado con detenimiento por la nueva corporación, a la que también se le devolverán las competencias urbanísticas el próximo 18 de junio. Gutiérrez recordó que el gobierno de Ángeles Muñoz tiene la potestad de aprobar el documento y mejorarlo, porque “no me cabe en la cabeza de que se pueda empeorar, ya que es el mejor plan para el futuro de Marbella”. No obstante, señaló que la aprobación definitiva depende de Obras Públicas, que estará pendiente de que el documento cumple la legalidad y de que los procesos de normalización de las viviendas ilegales se han cumplido conforme a ley.

Como muestra de que pretende enterrar el hacha de guerra que se utilizó contra el gobierno de Marisol Yagüe, la consejera ofreció públicamente a la alcaldesa electa que la Oficina de Planeamiento siga trabajando en la ciudad hasta septiembre.




* Malaga Hoy - Sábado, 2 de Junio de 2007
Foto: Marbella Ayuntamiento /UrbPatasArriba



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Más madera

Antonio CAMPILLO* : "Parecía que la especulación inmobiliaria y la corrupción política iban a pasar factura a los cargos locales y autonómicos más afectados por la contestación ciudadana y la investigación judicial, pero no ha sido así. Al menos, no en la mayoría de los casos. Han sido castigados los gobiernos de Canarias y Baleares, pero no los de Madrid, Valencia y Murcia, donde el PP ha salido reforzado. En cuanto a los cargos locales imputados por la justicia, algunos han sido castigados electoralmente, como el alcalde de San Javier, pero otros han obtenido mayoría absoluta, como el de Cieza. En general, la corrupción ha superado en España la prueba de las elecciones, así que el modelo de Marbella se ha extendido por muchas comunidades españolas.
El imputado Carlos Fabra es un ejemplo emblemático: tras revalidar su cargo como presidente de la diputación de Castellón, no ha tenido empacho en declarar que las elecciones han sido un «juicio popular» y le han «absuelto con sobresaliente». Como buen corrupto y mal demócrata, cree que el apoyo electoral obtenido le garantiza la impunidad y le sitúa por encima de la ley. No sabe lo que significa la separación de poderes entre el ejecutivo y el judicial, ni distingue tampoco entre intereses públicos y privados. Esperemos que los cargos electos de nuestra Región no incurran en el mismo error.



Los resultados electorales del 27-M han confirmado lo que anunciaban las encuestas: por cuarta vez consecutiva, el PP murciano ha obtenido mayoría absoluta en la Asamblea Regional (29 diputados sobre 45) y en dos tercios de los municipios (29 alcaldes sobre 45). Con su cuarta victoria, el PP supera el precedente del PSOE, que gobernó la Región de 1983 a 1995. Además, rompe su propio techo electoral y vuelve a ser el partido más votado, tanto en los parlamentos autonómicos (con el 58,49), como en las capitales de provincia (con el 61,28), si exceptuamos el caso de Ceuta (con el 65,18). De este modo, la Región de Murcia confirma la posición alcanzada en 2003 y se consolida como la comunidad autónoma más conservadora de toda España.

Hay varias razones para explicar la victoria del PP murciano. Tal vez la verdad se encuentre en una combinación de todas ellas, aunque es difícil determinar la proporción que corresponde a cada una. En primer lugar, la estrategia del PP de Rajoy, destinada a plantear estas elecciones como unas primarias de las generales, ha conseguido movilizar al electorado más conservador contra la política antiterrorista y las reformas sociales de Zapatero. Pero esta estrategia ha tenido efectos ambivalentes: ha mantenido y reforzado el poder del PP en las cinco comunidades donde ya gobierna (Madrid, Valencia, Murcia, Castilla-León y Rioja), pero a costa de retroceder o no avanzar en otras (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y todas las del norte, de Galicia a Cataluña). Además, le ha quitado el poder en muchas ciudades importantes y puede hacer que el PSOE acceda al gobierno en Navarra, Baleares y Canarias. Así, el partido que dice ser garante de la unidad de España está provocando no solo una gran crispación social, sino también una notable polarización territorial.

Una segunda razón es que las comunidades donde el PP ha crecido más (Madrid, Valencia y Murcia) están experimentando un fuerte aumento de la riqueza y el empleo, vinculado al sector de la construcción. Es un modelo de crecimiento insostenible, causante de graves impactos ambientales, basado en una mano de obra barata, precaria y poco cualificada (en la que abundan los inmigrantes, esos nuevos proletarios que trabajan y cotizan pero no votan), y vinculado al blanqueo de dinero, la evasión fiscal y la corrupción política. En Murcia, según el Sindicato de Técnicos de Hacienda, la cuarta parte del dinero circulante no paga impuestos. Además, es un modelo de crecimiento que tiene los días contados, y los propios promotores reconocen que ya se ha iniciado el declive del sector. Pero está claro que todo esto no ha preocupado a los votantes del PP. La especulación inmobiliaria y la corrupción política han hecho posible no solo grandes pelotazos sino también una cierta distribución de la riqueza, de la que muchos se han beneficiado. Vivimos en plena quimera del ladrillo, y quienes se mueven en la cresta de la ola no quieren saber lo que se esconde bajo la espuma, ni tampoco lo que va a suceder mañana. Se limitan a decir: «Dame pan y dime tonto», o bien: «Coge el dinero y corre».

Tal vez el «Agua para todos» ha seguido influyendo en Valencia y Murcia, a pesar de las grandes inversiones y las nuevas desaladoras del plan AGUA. Pero esta consigna-comodín se ha reconvertido, pues ya no pretende preservar el regadío sino reemplazarlo por el ladrillo. Y esto ha ocurrido con el clamoroso silencio, por no decir la complicidad abierta de las comunidades de regantes y las organizaciones agrarias, que se han plegado a la estrategia de los promotores inmobiliarios. El «Agua para todos» significa ahora algo muy distinto: «Pelotazo para todos». Este es el mensaje dominante del PP murciano, que parece haber calado profundamente en dos de cada tres murcianos.

Por último, están los errores de la oposición política, y en particular del PSOE, pues IU-LV ha mantenido e incluso mejorado ligeramente su base electoral y su poder local. El gran problema del PSOE es que la renovación emprendida por Saura se ha quedado a medio camino, sobre todo por la resistencia de la vieja guardia, atrincherada en los ayuntamientos donde gobernaba o ejercía una oposición débil y acomodaticia. Se ha dado una notable contradicción entre el discurso renovador de la ejecutiva regional y la política de muchos ediles socialistas, especialmente en urbanismo y participación ciudadana. Por eso, resulta patético que la vieja guardia, que ha desangrado a su partido desde 1995 y ha lastrado la renovación emprendida por la actual ejecutiva, pretenda ahora pedir cabezas. Sería muy grave para el PSOE murciano volver al cainismo del pasado. Al contrario, debería avanzar en la línea emprendida, renovar profundamente sus agrupaciones, fortalecer su organización interna y abrirse mucho más decididamente a la sociedad civil murciana.

A partir de ahora, vamos a encontrarnos con una situación paradójica. Por un lado, el éxito electoral del PP le llevará a seguir adelante con su política, basada en el ladrillo, la privatización de los servicios públicos, el control de los medios de comunicación y la confusión entre intereses públicos y privados. Por otro lado, esa política va a verse erosionada por la crisis del sector inmobiliario, las investigaciones judiciales en curso, la probable continuidad del gobierno Zapatero tras las elecciones de 2008 y la creciente contestación ciudadana que ha ido surgiendo en los últimos años. Mientras tanto, la Región de Murcia se asemeja al tren de Los hermanos Marx en el Oeste, en el que éstos deciden mantener la locomotora a toda máquina, a costa de quemar la madera de los asientos, las paredes y el suelo de los vagones donde viajan los pasajeros.


*Antonio Campillo es presidente del Foro Ciudadano.



* La Verdad - Viernes, 1 de junio de 2007



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La Guardia Civil investiga al Concello de O Grove por corrupción urbanística

X.Melchor S.Luaña.- LaVozdeGalicia* : "Muchas veces se ha comparado O Grove con Marbella por su urbanismo caótico y repleto de flagrantes ilegalidades a pie de playa que han destrozado una de las mejores costas de Galicia. La comparación gana ahora enteros, ya que el recién creado Grupo de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, formado tras el escándalo marbellí de la operación Malaya, se ha estrenado en la comunidad abriendo una investigación por presunta corrupción urbanística en el concello arousano. Agentes de esta nueva brigada policial irrumpieron el miércoles en el consistorio de O Grove y exigieron que se les entregara el expediente del caso Raeiros, una polémica urbanización cuya presunta ilegalidad ha sido reiteradamente denunciada por el Bloque Nacionalista Galego y cuyas obras fueron paralizadas en junio del 2006 por la Consellería de Política Territorial.


La investigación, que se centra en la oficina del aparejador municipal, continuó ayer en el Concello. Varios funcionarios de este departamento fueron interrogados sobre presuntas ilegalidades en la construcción de urbanizaciones como las de Raeiros o Borreiros y otros casos que han suscitado graves críticas de la oposición contra el grupo de gobierno, del PP.

La irrupción de los agentes provocó momentos de gran sorpresa y nerviosismo entre los trabajadores de la oficina del aparejador municipal. Ayer las preguntas no fueron sólo dirigidas a los funcionarios de este departamento del Ayuntamiento, sino también a otros empleados municipales, a los que se interrogó sobre sus compañeros y por determinadas obras ilegales existentes en el municipio.

En la investigación por corrupción urbanística abierta en el Concello de O Grove el caso Raeiros parece ser sólo la punta del iceberg. Éste es uno de los casos más llamativos de los existentes en el municipio arousano. Junto a la playa de Raeiros, en San Vicente do Mar, ha aparecido una mole de cemento que enseguida llamó la atención de vecinos y partidos políticos.

Las obras se construyeron con licencia para apartotel, aunque en la práctica se trata de 52 chalés individuales y con finca privada y en donde, de momento, no hay las zonas comunes características de los apartoteles.

Licencia de apartotel

Esta no es la primera vez que ocurre algo parecido en O Grove. En el lugar de Ameiros, también en San Vicente, la empresa Playa Espiño construyó seis chalés con licencia únicamente para apartotel. El caso llegó hasta el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que emitió sentencia firme de reposición de la legalidad vigente, es decir, de demolición de las viviendas.

Sin embargo, el Concello de O Grove no ha llegado jamás a ejecutar el mandato del alto tribunal, a pesar de que el asunto se remonta al año 1999.

El alcalde de O Grove, Miguel Ángel Pérez, del Partido Popular, prefirió ayer no hacer declaraciones sobre este asunto cuando fue consultado por esta Redacción.




* La Voz de Galicia - 1 de Junio de 2007
Foto: O Grove /aedru.org


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Los jóvenes dedicaron el 69% de su salario para comprar una vivienda en 2006

EuropaPress* : "El esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más de 10 puntos por encima de los niveles alcanzados un año antes y más del doble del nivel recomendado (30%), debido a la progresiva subida de los tipos de interés, que no se vio compensada por la desaceleración de los precios de la vivienda, según la XVII edición del Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi) correspondiente al cuarto trimestre. El informe, editado por el Consejo de la Juventud de España (CJE), fue presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente del CJE, Mario Esteban, el vicepresidente de la organización, José Luis Arroyo, y el sociólogo y autor del trabajo, Joffre López.

Según se desprende del estudio, estos niveles de esfuerzo condicionaron que la tasa de emancipación de los jóvenes se situase al término del pasado año por debajo del 50%, en muchos casos, ante la negativa de las entidades financieras a conceder hipotecas en tales términos.

Esta situación fue aún peor entre los 18 y 24 años, cuyo esfuerzo teórico se eleva hasta el 93,4% de su salario. No obstante, en esta franja de edad la tasa de emancipación cae por debajo del 30%, como en el caso de los trabajadores entre 25 y 29 años, cuyo esfuerzo es del 71,7%, porcentaje que cae hasta el 58,6% entre los 30 y los 34 años. Además, el CJE destacó la relación directa que existe entre la tasa de temporalidad y el esfuerzo salarial. Así, subrayó que el menor esfuerzo salarial se produce entre los colectivos con mayor estabilidad laboral.

Según los datos aportados por el Observatorio, poco más del 35% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años cuentan con un empleo indefinido, mientras que el esfuerzo salarial que deben emplear para acceder a una vivienda es superior al 93%. Esta relación se observa también entre los 25 y 29 años (más del 50% y 71,7%, respectivamente), y de los 30 a los 34 años (más del 60% y 58,6%). Además, si se establece una relación entre el salario de una persona joven y el precio medio de una vivienda libre en España de 100 metros cuadrados, se observa, según el informe que los jóvenes han de dedicar el sueldo bruto de 12 años para adquirir una vivienda libre.

Sin embargo, es aún más significativo, según el CJE, que este plazo se haya incrementado en el cuarto trimestre de 2006 respecto al mismo periodo de 2005 en todas las comunidades autónomas, lo que se debe, en su opinión, a que, pese a la desaceleración de los precios de la vivienda (9,1% en 2006), estos siguieron creciendo por encima de los salarios (en torno a un 3% en el mismo año). Además, ante la idea de que comprar de un piso en pareja o con otras personas supone facilita el acceso a una vivienda, el estudio estima que el esfuerzo salarial en el caso de un hogar joven ascendió al 43,2%.

Por otro lado, la recomendación del CJE para aquellos que puedan acceder a una vivienda tipo por falta de presupuesto es optar a viviendas más pequeñas. Así, la superficie máxima a la que podía optar una persona joven en el periodo de referencia sin emplear más del 30% de sus ingresos (límite máximo de endeudamiento asumible), se situó en los 43,4 metros cuadrados, un 17,7% menos que en 2005.

Los mayores esfuerzos, en Madrid, País Vasco y Baleares

Por otro lado, la mayores tasas de emancipación se registraron allí donde los precios son mayores, según el CJE, con la Comunidad de Madrid, el País Vasco e Islas Baleares a la cabeza, donde el esfuerzo se situó por encima del 83% del salario individual, mientras que en el extremo opuesto se situaron, por debajo del 54%, Navarra y Extremadura.

Desde el punto de vista de la superficie máxima tolerable, el CJE alerta nuevamente de los casos de la Comunidad de Madrid, País Vasco e Islas Balares, donde una persona joven sólo podía aspirar a poco más de 35 metros cuadrados. Además, sólo en Extremadura esta superficie superó los 60 metros cuadrados, mientras que ligeramente por debajo de este margen se situaron Navarra y Castilla y León.

Mayor coordinación entre las administraciones

A la vista de estos datos, el CJE consideró que las condiciones de acceso de los jóvenes a la vivienda libre en propiedad son "muy preocupantes y graves", dado que son una claro ejemplo, a su juicio, de "exclusión residencial".

Por ello, instó a que los ejecutivos autonómicos y locales que queden constituidos tras las elecciones del pasado 27 de mayo, adquieran un mayor compromiso para solucionar este problema y tomen medidas de coordinación con el Estado en esta materia, ya que, señalaron, "no puede recaer todo el peso político de la vivienda sobre el Ministerio" dirigido por María Antonia Trujillo.

En este punto, la organización valoró positivamente las iniciativas ministeriales para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de la vivienda, especialmente, el Plan Vivienda Universitaria, si bien, consideró que estas viviendas deberían dirigirse a todos los jóvenes, no sólo a los universitarios.

Asimismo, consideró que, pese a que ha mejorado la ocupación estable de los jóvenes, estos siguen siendo los más castigados por la temporalidad. En este sentido, y tras valorar positivamente la última reforma laboral, consideraron necesario "intervenir" en el mercado de trabajo fomentando las actividades más productivas y otorgando menos protagonismo a aquellas de menor cualificación.

Por otro lado, demandaron un parque público de vivienda en alquiler, y estimaron que la fórmula del alquiler con derecho a compra supone una "trampa", ya que, a largo plazo, implica el posible uso especulativo de las viviendas. En esta misma línea, abogaron por incrementar el tiempo preceptivo previo a la venta de una VPO para establecerlo por encima de los 20 años. Por último, solicitaron establecer un porcentaje obligatorio de reserva del 40% para vivienda protegida en el suelo edificable, frente al 30% que establece la Ley de Suelo, que entrará en vigor a partir del 1 de julio.






* El Confidencial /EuropaPress - Madrid.- - 31/05/2007
Foto: manifestación Vivienda digna


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Mucho ruido y pocos votos

M.MORGADO.- El País* : "Los partidos verdes logran el respaldo ciudadano en sus denuncias para proteger el medioambiente pero, en las urnas, se quedan solos. La valoración que Los Verdes de Andalucía hacen de sus resultados electorales es que son "muy malos, sin paliativos". El portavoz de la formación y Diputado en el Congreso por el PSOE, Francisco Garrido, lamenta el promedio del 1,18% de los votos alcanzado en capitales de provincia. Según Garrido, es el momento de hacer autocrítica para buscar soluciones a su debacle electoral. "Pero el problema no es sólo de nuestros candidatos", dice. "Siempre rondamos las mismas cifras; el problema del modelo urbanístico no interesa de verdad". A Garrido lo que más pesar le causa es "que se vote a los corruptos". "Hay que avanzar en transparencia y sostenibilidad, si la especulación avanza, podemos pagarlo caro".


El mejor resultado lo han obtenido en Granada, con una media del 2,06%; el peor, en Jaén, con el 0,65%. En los anteriores comicios se presentaron a 45 municipios. Les votó el 1,35%. Este año, de las más de 60 candidaturas presentadas, han conseguido 10 concejales y una alcaldía en toda Andalucía. Garrido, que fue candidato de Granada, no oculta su "frustración" por estar "fuera de muchos ayuntamientos".

Los Verdes han pasado por varios vaivenes coalicionistas. Pese a que en las elecciones autonómicas y generales están integrados en las listas del PSOE -desde el año 2000-, a las locales se presentan por su cuenta. En 1999 acudieron junto a IU y el mal sabor de boca aún perdura; en 2003 abandonaron a su otro aliado, el PSOE, y concurrieron solos porque el partido les había relegado a "puestos testimoniales" en las listas.


Otro que no oculta su estupefacción ante los pocos votos que reciben las opciones verdes es Manuel Martínez Lorenzo, representante electoral de NIVA (Nueva Izquierda Verde de Andalucía). Su partido ha logrado siete concejales en la provincia de Sevilla: dos en Bollullos de la Mitación y cinco en Castilblanco de los Arroyos.

"Estos temas no se tienen en cuenta a la hora de votar", explica, "son más titulares de prensa que temas que la gente vea que les afectan directamente; el urbanismo focaliza el debate político, pero no preocupa tanto a los ciudadanos", dice. Y también critica la corrupción. "Es lamentable que grandes partidos mantengan como candidatos a personas con imputaciones detrás; no contribuye a que la política se sanee; así, va a continuar aumentando la abstención".

Pregunta obligada es en qué se distinguiría un Ayuntamiento verde de otro que no se rija exclusivamente por esta tabla. "Nosotros hemos crecido moderadamente, con respeto al medioambiente, hemos hecho sólo las viviendas que se necesitan y tenemos una depuradora de aguas fecales, que falta en muchos pueblos con más viviendas", responde Manuel Ruiz Lucas (NIVA), alcalde de Castilblanco de los Arroyos. "La sierra de Sevilla es afortunada, no hay muchos ladrillos y se vive bien".

Ruiz Lucas lleva 28 años al mando del Consistorio. Vuelve a ser el más votado de su municipio, aunque ahora espera una posible coalición entre PSOE (con cuatro concejales) y PP (dos concejales) para formar gobierno. La valoración postelectoral del veterano alcalde es positiva, aunque recuerda que en casi todas partes predomina el ladrillo y la especulación urbanística. "Al verlo, la gente dice: 'Mi pueblo crece' y cree que es positivo para su municipio", se queja y asegura que el futuro de los partidos verdes es "imprescindible".

Entonces, ¿por qué les faltan votos? "Los ciudadanos, para que les defiendan, quieren un partido verde; pero para representarlos, quieren una corbata", dice Ruiz Lucas. En este punto coincide con Garrido y Martínez Lorenzo: los ciudadanos se sienten más seguros si es un partido "grande" el que lleva a cabo la gestión ante las administraciones. Y citan la dificultad de hacer llegar su mensaje sin apenas medios económicos.

La cuestión ecológica "viste mucho", dice Martínez Lorenzo, "pero luego no se le da el empujón que necesita". Ante esta perspectiva no cabe más que preguntarse si los partidos verdes tienen futuro. "Sin duda", afirma Ruiz Lucas, "aquí vamos a seguir: denunciando casos contra el medioambiente". Garrido le secunda: "Lo que no tiene futuro es la corrupción y especulación urbanística".





* ELPAIS.com - Sevilla - 31/05/2007


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El urbanismo monopoliza las quejas al Defensor del Pueblo en la Comunidad Valenciana

EuropaPress* : "Enrique Múgica, titular del Defensor del Pueblo, destacó ayer el «alto número» de quejas recibidas de ciudadanos de la Comunidad Valenciana en contra de la «proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras» en sus municipios. El informe del Defensor explica que las actuaciones objeto de reclamación suponen «duplicar e incluso triplicar» el número de habitantes de algunos municipios, crecimiento que «a todas luces parece incompatible con un desarrollo sostenible». Asimismo, pone como ejemplo el «alto número» de peticiones que se registraron en la consejería competente para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable. Esta situación lleva al Defensor del Pueblo a reclamar a las administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para garantizar un control «real y efectivo», de los procesos urbanizadores.


El mismo indicó que el crecimiento de las ciudades debe ser racional y equilibrado, para que las generaciones futuras puedan contar con espacios urbanos «saludables y aptos para la convivencia».

Por otra parte, criticó la «poca ambición» administrativa en aplicar algunas de las normas vigentes para proteger el litoral, y cita entre éstas las restricciones para construir cerca del mar.

Estas declaraciones tuvieron lugar ayer en la entrega de la memoria correspondiente al año 2006 a los presidentes del Congreso, Manuel Marín, y el Senado, Javier Rojo. Este informe será objeto de debate ante la Comisión Mixta Congreso y Senado del Defensor del Pueblo.

Puso de manifiesto la descoordinación entre los ayuntamientos y los servicios periféricos de Costas tanto en el control de los establecimientos de temporada como de actividades molestas en las playas o en zonas aledañas.

Múgica indicó: «Entre los problemas específicos que se han detectado en las zonas costeras, el informe apunta los derivados de la contaminación acústica y los retrasos en el saneamiento de las aguas residuales».

Un total 89.518 ciudadanos presentaron 31.443 quejas, entre individuales y colectivas, de las que 2.772 vinieron de la Comunidad Valenciana. Estas cifras suponen un 65 por ciento más de quejas que en el 2005.

Múgica también puso de manifiesto la situación «alarmante» que registran muchos órganos judiciales por la tardanza a la hora de resolver sus procedimientos. En concreto, en el año 2006, se recibieron numerosas quejas por demoras respecto al Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, de Las Palmas, y de San Vicente de Raspeig, en Alicante, cuyo personal tuvo que ser reforzado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), «aunque sigue arrastrando graves retrasos», según Múgica.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo criticó que el reparto de correo es «deficitario» por falta de personal y estima que hay una falta de 5.000 puestos de trabajo. El informe publicado ayer destaca como uno de los asuntos pendientes el reparto de once millones de envíos, de los que 1,2 millones pertenecen a Valencia.




* La Verdad - 30 de mayo de 2007
Foto: Alicante golf y chalés (recreación) /laverdad.es


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Urbanismo y vivienda, principales preocupaciones de los andaluces

CanalSur* : "El Defensor del Pueblo Andaluz contabilizó en 2006 un total de 5.510 quejas, un 5% más que el año anterior, y el urbanismo, la vivienda y las obras públicas aglutinaron el mayor número de reclamaciones, seguidas del personal del sector público, educación, medio ambiente y salud. Los datos vienen incluidos en el Informe Anual de 2006, que el titular de la institución, José Chamizo, presentó hoy a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Mar Moreno, en el que se pone de manifiesto que la principales preocupaciones de los andaluces a la hora de pedir la intervención del Defensor del Pueblo fueron los asuntos relacionados con el apartado vivienda (409 quejas), urbanismo (260) y las obras públicas (59), que en conjunto aportan 728 reclamaciones.


Los motivos están esencialmente centrados en la planificación territorial, la "presión" urbanística y la demanda de viviendas "dignas y a precio asequible", explicó en rueda de prensa José Chamizo, quien advirtió de que el nivel de construcción y la "especulación están impidiendo un planeamiento urbanístico público", aunque también llamó la atención sobre la inquietud de organizaciones y ciudadanos por el impacto en los espacios protegidos.

Criticó que los planes de ordenación urbana no estén publicados en internet para el acceso de los ciudadanos y alertó de que las quejas ponen en evidencia la percepción del "peligro" de que la presión urbanística del litoral se está trasladando el interior.

"Se necesita una planificación territorial y urbanística consensuada, política y socialmente, más viviendas de protección pública y que las que salen al mercado a precio libre sean asequibles para las clase media", advirtió.

El informe recoge, además, 690 quejas sobre el personal del sector público; 609 en educación; 480 en medio ambiente; 430 en salud; 342 en prisiones y otras 321 relacionadas con los menores.

Chamizo destacó igualmente las 245 reclamaciones relacionadas con los inmigrantes, fundamentalmente vinculadas a los visados o permisos de residencias, si bien en este capítulo alertó sobre los casos de malos tratos por parte de las policías locales, un asunto que está siendo investigado por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Las de salud se centran en la falta de acomodo de los enfermos mentales y toxicómanos con problemas de conducta en el sistema público, así como en la atención temprana dirigida a los niños con discapacidad, en la que "no se acaba de aplicar" un modelo de intervención, mientras en Educación uno de los grandes problemas, junto a la escolarización en la provincia de Sevilla, es el fracaso escolar, un asunto sobre el que Chamizo exigió medidas e "imaginación" a la administración andaluza y los profesionales.

En cuanto a las reclamaciones sobre las cárceles, relacionadas con los traslados, indultos o malos tratos a los presos, el Defensor lamentó que a algunas de estas situaciones se sumen problemas en la asistencia sanitaria en los centros penitenciarios.

El balance de gestión refleja, asimismo, que el Defensor del Pueblo Andaluz inicio en 2006 unas 259 quejas de oficio, sobre todo en materia de trabajo (accidentes laborales), menores (situaciones de riesgo) y asuntos relativos a la vivienda y el urbanismo.

Del total de quejas recibidas, el 32,58 por ciento fueron presentadas por internet en la Oficina del Defensor, que atendió el pasado año 6.810 consultas.





* CanalSur - 31/05/2007
Foto: Marbella viviendas Banana Beach /UrbPatasArriba


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Los casos de corrupción urbanística no han desgastado en Murcia

A.LÓPEZ.- La Verdad* : "Los resultados electorales del pasado domingo no han dejado indiferente a nadie. La Verdad se ha puesto en contacto con diferentes asociaciones y plataformas regionales para pedir una valoración de la decisión que los murcianos han tomado en las elecciones del domingo. El catedrático de Filosofía y presidente de Foro Ciudadano, Antonio Campillo, explicó que «los resultados fueron más o menos los que se esperaban, según los pronósticos de las encuestas publicadas». Manifestó que lo que se ha dejado ver en estos resultados es que «todas las denuncias vertidas sobre PP y PSOE, no ha supuesto un desgaste para el primero de ellos y ni los ciudadanos las han tenido en cuenta». A los populares, apuntó Antonio Campillo, «les ha valido su discurso de que Murcia va bien y que la economía crece. No les ha hecho ningún daño las críticas sobre corrupción urbanística que les habían salpicado durante los últimos cuatro años».

«Ahora con lo que nos encontramos -matizó Campillo- es con un problema de tolerancia por parte de los ciudadanos, lo que nos obligará a un mayor esfuerzo. Al parecer los ciudadanos toleran todos los casos de corrupción urbanística que han saltado a la palestra en la última legislatura».

Asimismo, apuntó que casos como el de la Zerrichera, «al parecer han pasado desadvertidos por los murcianos», a lo que agregó que «en la próxima legislatura habrá que ver cómo quedan los casos de corrupción y si siguen sin importar a los ciudadanos de esta Región».

A partir de ahora, explicó, «nos encontramos con la paradoja de que altos cargos se encuentran en proceso de imputación por estos casos y además están respaldados por los ciudadanos en las urnas».

Por su parte, la coordinadora de la plataforma la Región de Murcia no se vende no quiso hacer ningún tipo de declaración a este respecto. Su portavoz, Héctor Quijada, explicó a La Verdad que hasta que no estudien con total detenimiento los resultados del pasado domingo no se pronunciaran al respecto ya que les gustaría medir muy bien sus palabras.

Cambio de política

El presidente de la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE), Pedro García, también realizó ayer declaraciones en relación a los resultados electorales y explicó que quiere ver en esta nueva victoria de Valcárcel «como un giro hacia políticas de protección del medio ambiente»

García explicó que los ciudadanos de Murcia han respaldado a una formación política que «está en contra de nuestros ideales», pero además «supone una oportunidad para que el gobierno cumpla muchas de las promesas que hizo hace cuatro años y que ha incumplido reiteradamente». Dijo que tal vez sea el momento de pedir, entre otras muchas cosas, la protección del Mar Menor y la regeneración de la bahía de Portmán y seguiremos reuniéndonos con Válcarcel para tratar estos temas».

El portavoz ecologista apuntó que la asociación a la que representa «seguirá trabajando en la misma línea para sensibilizar a los ciudadanos de que hay que cuidar el medio ambiente. Nuestro papel con esta sociedad debe continuar como en los últimos años, luchando por lo que verdaderamente merece».




* La Verdad - 29 de mayo de 2007
Foto: La Zerrichera (Murcia) /ecologistasenaccion.org


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Muchas veces, peor

FERNANDO DELGADO.- Levante* : "Si en el municipio grancanario de Mogán los votantes premiaron el domingo un escándalo urbanístico y otro de compra de votos, en el malagueño Alhaurín el Grande las comisiones ilegales no le han quitado la alcaldía a su regidor. Los mallorquines de Andratx no ignoran el gran protagonismo que la corrupción urbanística ha tenido allí, pero sus protagonistas han ganado votos, lo cual demuestra el innegable atractivo de la corrupción. Para construir urbanizaciones ilegales, el alcalde abulense de Navas del Marqués permitió la tala de 35.000 pinos de gran valor; pues bien, sus habitantes se lo han recompensado incrementándole el número de concejales. Y seguramente en agradecimiento a que el nombre de Castellón resonara en todo el país por los prodigios de un hombre que, entre otras cosas, aumentó grandemente su patrimonio en cinco años, y encima Hacienda le devolvió lo que ni a usted ni a mí, por no hablar de los negocios de su número dos, el partido al que pertenece ha aumentado su número de votos. Y en Alicante ha pasado otro tanto, y lo mismo en sus localidades de Orihuela y Torrevieja.


Según esta tendencia, se entiende bien que el actual president de la Generalitat Valenciana, que como máximo responsable de su partido ha apoyado incondicionalmente a los protagonistas de esos escándalos, haya incrementado sus votos. Son muchos más los ejemplos. Pero esta obviedad que señalo, ese voto a la corrupción, suponía uno que no habría dejado de llamar la atención a muchos ciudadanos y, sin embargo, con ser llamativa esa realidad, no es lo peor; lo peor es que no cunde el asombro: la corrupción no pierde las elecciones y llega a parecer cosa normal y hasta motivo de alarde. De modo que no sé si Gaspar Llamazares, que ha venido clamando por un acuerdo de todos contra la corrupción, habrá pensado en retirarse de la política o si algunos que tomaron la denuncia de la corrupción como arma electoral habrán decidido ya promover a sus corruptos a las primeras posiciones de sus partidos para ganar elecciones.

Me acordé la noche del domingo de las tres clases de ingratos que establecía Ramón y Cajal: «Los que callan el favor, los que lo cobran y los que lo vengan». No seré yo quien entre en calificaciones, pero si el futuro que nos prometen algunos de los ganadores de las elecciones del domingo va a seguir esos derroteros morales, no cabe la menor duda de que ésta es una sociedad enferma y que además la salud de su ética importa un pepino. Eso, que para algunos significa que maldita falta hace la decencia, puede suponer para otros la necesidad de buscarse con urgencia otro modelo de sociedad. Aunque también es verdad que no todos los que llegan a esa conclusión están dispuestos a molestarse. Ahora bien, el domingo, además de acordarme de Ramón y Cajal, quise olvidarme de lo que decía Pío Baroja del hombre -«Un milímetro por encima del mono, cuando no un centímetro por debajo del cerdo»- y preferí acordarme de Cervantes: «Cada uno es como Dios lo ha hecho y, muchas veces, peor.»




* Levante-EMV - 29 de mayo de 2007


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Resultados encuesta: ¿Cuál va a ser tu posición frente al Ladrillo en las próximas elecciones?

Ver nueva encuesta: "Tras las elecciones, ¿qué pasará con el ladrillazo?"
Resultados encuesta mes de Mayo: ¿Cuál va a ser tu posición frente al Ladrillo en las próximas elecciones?

Los porcentajes lo dicen todo: Un 30% iba a abstenerse en las elecciones, mientras un 22% votaría en blanco. Más de la mitad de los encuestados.
¿Castigo electoral frente al ladrillazo?



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Los arquitectos insisten en que la corrupción urbanística acabará "pasando factura en las urnas"

Bottup* : "El presidente del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández Pezzi, advirtió hoy de que la corrupción urbanística "se acabará pagando en las urnas" y atribuyó al hecho de que los procesos judiciales de los casos más recientes estén todavía en ciernes el que no se haya notado en estas elecciones municipales y autonómicas. Hernández Pezzi hizo un llamamiento a las nuevas corporaciones para que "entablen una lucha radical contra el desarrollismo que ha imperado en los últimos años". Asimismo, hizo hincapié en la necesidad de que se produzca un cambio cultural y de voluntad política, ya que "sólo con la ley del suelo no se podrá acabar con la corrupción".

"El freno a la corrupción es inexorable, pese a lo que ha salido en las urnas, porque la sociedad lo demanda", prosiguió el representante de los arquitectos, quien concluyó que "el modelo basado en las irregularidades se acabará".

La realidad, por otro camino

Pese a las esperanzas de los arquitectos, la realidad que ha arrojado el sufragio popular dista mucho de parecerse en algo al horizonte que dibuja Hernandez Pezzi. O al menos eso ocurre si nos centramos en el Partido Popular.

En la gran mayoría de los municipios populares acusados de corrupción urbanística aguantan los candidatos de este partido, con casos tan sorprendentes como el de Carlos Fabra, que, lejos de verse afectado por sus problemas con la justicia, resiste en Castellón. El presidente de la Diputación castellonense ha llegado a declarar tras conocer los resultados que éstos son "el verdadero juicio popular, que me absuelve de todos los cargos con 'Cum Laude'". Además en otros municipios como Andratx, Alhaurín el Grande, Las Navas del Marqués o Mogán, el partido comandado por Mariano Rajoy ha sido el más votado.

Más se acercan los pronósticos de Hernández Pezzi si los miramos con cristal socialista. El PSOE ha pagado en las urnas las denuncias de corrupción de Seseña, Ciempozuelos o Níjar, aunque no les ha afectado en otros municipios como Los Alcázares o Carboneras. El caso más curioso ha sido el de Marbella que, una vez disuelto el corrupto GIL, ve como los ciudadanos han elegido por abrumadora mayoría a la candidata del PP, Ángeles Muñoz.




* Bottup - 28 de mayo de 2007



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Acción de gracias ladrillera




Viñeta de FORGES - 20070529 /ELPAIS.com


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Corrupción sin escándalo

TEODORO LEÓN GROSS* : "La noche electoral del 27-M el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, detenido hace cinco meses en Marbella y en libertad bajo fianza, celebró una rotunda victoria electoral tras haber ampliado su mayoría absoluta. Ocurrió lo mismo en Alicante, en Andratx, en Castellón, en Vall d'Alba, en Las Navas del Marqués, en decenas de topónimos asociados a la venalidad. Las sospechas de corrupción no han devuelto a casa a sus rostros más conspicuos; de hecho, incluso les ha premiado. Probablemente se habían sobrevalorado las expectativas de regeneración a través de las urnas. Pero la hipótesis del voto higiénico está lejos de confirmarse. En un artículo sobre la repercusión electoral de los escándalos políticos publicado en la Revista Española de Ciencia Política, el profesor Jiménez Sánchez, un acreditado experto en la materia, concluía que «los escándalos tienen cierta influencia sobre el voto, pero su impacto no suele ser pronunciado y, en muchas ocasiones, no da lugar a la derrota del candidato o el partido afectado».

Su escrutinio se extendía a Estados Unidos, Francia, Japón, México o Grecia, además de España. El efecto del escándalo en el voto requiere, según esa tesis, seis factores: conocimiento del votante; evaluación negativa de la acción; atribución de responsabilidad al candidato o partido; atribución de relevancia al caso; visualización de una alternativa para votar a otro partido; y consistencia del paquete de factores previos. Esto no es fácil en ningún lugar. Desde luego no en España, donde los triunfadores a pesar de las sombras de corrupción parecen beneficiarse de dos cromosomas políticos muy característicos del código genético nacional: una cultura democrática de escasa musculatura ética y una flexibilidad muy limitada del electorado para reorientar su voto.

La indisposición al voto alternativo obedece a preferencias fuertemente partidarias, claro está, pero también a la convicción de que un cierto grado de corrupción forma parte del sistema. Un votante en la Costa del Sol puede fijarse en localidades colindantes del PP y del PSOE sin observar sustanciales diferencias. No hay una caracterización ideológica del urbanismo. Y la condena social se atenúa al considerar que el urbanismo nutre la mitad de la deficiente financiación municipal. En un ciclo expansivo, supone un incremento de las inversiones y del bienestar, por lo que pocos parecen dispuestos a renunciar a ello, convencidos de que hacerlo sólo trasladaría los beneficios a las localidades vecinas.

Ante esa indulgencia social, los partidos parecen haber renunciado a asumir ellos la tarea de limpieza. Como sostiene José María Maravall en El control de los políticos, el electorado «recompensa a los malos agentes que tengan un partido disciplinado», porque la disciplina interna, la fortaleza de la organización, es un valor central en el aprecio del electorado, y viceversa. Esto parece confirmarse con los casos de alcaldes expulsados por el PSOE en Ciempozuelos o Catral, localidades donde los socialistas han perdido, siendo además despojados de votos por los nuevos partidos creados por esos ex militantes. Por el contrario, el PP ha logrado mantener todas sus plazas bajo sospecha mediante una estrategia defensiva. Quedaba patente en la respuesta de Zaplana al reciente escándalo de la mano derecha de Fabra en Vall d'Alba: lejos de mostrar preocupación y comprometerse a investigar, elogió a una «excelente persona» y gran «hombre de partido» descartando sin más cualquier polémica. Francisco Martínez ha conservado, en las urnas del 27-M, más de dos tercios del voto. Queda claro que el electorado premia la consistencia de la organización antes que otros valores.

Puede haber corrupción, pero no hay escándalo. El escándalo requiere que haya indignación social ante la violación de la confianza otorgada, y es exactamente lo que parece faltar a juzgar por los resultados electorales. No hay que descartar, además, un cierto efecto bumerán por el tratamiento de determinados episodios. El caso de Marbella, de hecho, ha proyectado una imagen tan histriónica, tan llena de excesos al borde permanente de la astracanada, que más que servir de acicate a la conciencia colectiva, quizá ha terminado por narcotizar el sentido crítico. La forma de visibilidad mediática es un factor esencial en la naturaleza del escándalo, como sostiene John B. Thompson. La Operación Malaya parece alejarse de una respuesta ética porque el homo videns -que según Sartori ha reemplazado al homo sapiens frente al televisor- pierde la inteligencia moral, contempla todo esto como un espectáculo antes que como un tumor en la cultura democrática.



* Teodoro León Gross es profesor titular de Ciencia de la Comunicación de la Universidad de Málaga.



* La Verdad - 29 de mayo de 2007


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El urbanismo salvaje en la costa de la Marina

S.CASTILLO.- El País* /Alicante : "La nítida victoria del PP en las municipales en Alicante presenta una significativa sombra que abarca todo el tramo del litoral de la Marina. En esta área los populares han perdido, salvo en Benidorm, su hegemónica mayoría absoluta y, de prosperar los pactos, los gobiernos locales pasarán a manos de la izquierda. El urbanismo salvaje, punta de lanza de la denuncia del colectivo Abusos Urbanístico No -entidad constituida en 2004 en Benissa-, subyace como la clave de esta pérdida de poder de los populares. Mientras, en La Vega Baja, también afectada por el caos urbanístico, el PP ha salido indemne.


Casi todos los pronósticos han fallado en La Marina Baixa y las principales ciudades han cambiado de signo político, con la excepción de Benidorm. Contra todo pronóstico el candidato del PP, Manuel Pérez Fenoll, ha superado en 1.359 votos y un concejal al PSPV, haciendo frente a la situación de enfrentamiento interno y a la etiqueta de no haber realizado nada y haber heredado el cargo gracias al fallecimiento del anterior primer edil Vicente Pérez Devesa. Pérez Fenoll además ha vencido con una lista hecha a su medida, con Gema Amor como única licencia al zaplanismo. De nada ha servido el despliegue de ministros y altos cargos que han visitado durante la campaña la ciudad de la mano de la secretaria de estado de Cooperación, Leire Pajín, o los fichajes de referentes sociales en calidad de independientes en la lista socialista. El candidato socialista, Agustín Navarro, ha manifestado que no repetirá como candidato y que quiere dejar la portavocía del grupo dentro de unos meses. El PSPV celebrará una asamblea en las próximas semanas en las que probablemente se pidan explicaciones a la secretaria general, Maite Iraola, de lo sucedido. La desolación de los socialistas era ayer total, después de confirmar la pérdida de Finestrat por 18 votos, bastión socialista de una comarca donde el PP lleva dos décadas de hegemonía. También en Callosa d'en Sarrià y en Tàrbena ganó el PP con mayoría absoluta. En Bolulla se produjo un hecho insólito, ya que con 118 votos PP y 118 votos PSOE, mañana se celebrará previsiblemente en la Junta Electoral el sorteo en el que se decidirá quién gobernará. También tendrán problemas los socialistas en Orxeta, donde ha irrumpido con fuerza el Bloc que le ha quitado la mayoría absoluta y tiene la llave de gobierno. Su condición es la retirada del PGOU, un documento que ha marcado estas elecciones.

Por el contrario, los socialistas conquistaron el bastión popular de Castell de Guadalest, donde votó el 100% de los 164 electores. Eso permitirá a la ex diputada Trini Amorós ser alcaldesa al obtener cuatro concejales y el PP uno. También ganaron en L'Alfàs del Pi, pero aquí tiene la llave el partido Ciudadanos Europeos, liderado por la que fue número 2 del PP en 2003 y hasta hace poco primer teniente de alcalde, Isabel Davó. El enfrentamiento de Davó con el líder del PP permitirá al PSOE gobernar sin problemas. En Altea y La Vila Joiosa el PP ha perdido sendas mayorías absolutas contra todo pronóstico. En La Vila las elecciones también han estado marcadas por el PGOU en redacción. La llave la tiene Pedro Lloret, de Iniciativa Independiente, que con dos concejales ha puesto como condición para negociar asumir él la alcaldía. Las malas relaciones del Bloc con Esquerra Unida dificultarían el funcionamiento del cuatripartito. Lloret podría acceder a apoyar al PP sin ser alcalde si éste le otorgara las principales competencias municipales, como Urbanismo y Hacienda, opción más factible.

No le ha ido mejor al PP en el tramo norte del litoral de La Marina. En Calp y Benissa, municipios salpicados por escándalos urbanísticos, los populares han perdido la mayoría y los Ayuntamientos pasarán a manos de la izquierda.

Mientras, en Xàbia y Dénia, la apuesta de los gobierno locales de izquierda durante este mandato por un urbanismo más racional y participativo ha tenido su refrendo en las urnas con el apoyo mayoritario de los ciudadanos. Así, la socialista Francisca Viciano, seguirá al frente de la alcaldía de Dénia y tampoco tendrá problemas para ser reelegido regidor Eduardo Monfort, del Bloc-Centristes, en Xàbia.

Sin embargo, en otra comarca también afectada por un caótico desarrollo urbanístico como La Vega Baja, el PP no ha perdido poder, sino que lo ha incrementado. El PSPV ha caído en las localidades como Albatera, Benejúzar, Catral y Benijófar. No obstante, en esta comarca el PP ha exprimido el mensaje del agua y del trasvase del Ebro para apuntalar su victoria.

En la comarca de L'Alacantí el mapa municipal apenas registra cambios significativos respecto a 2003, con la excepción de Xixona. Aquí, los populares han perdido la mayoría absoluta en beneficio del PSPV. El urbanismo, y en concreto dos macrourbanizaciones proyectadas en suelo rústico, han marcado el veredicto de las urnas. Los socialistas mantienen el gobierno en Sant Joan d'Alacant y el PP hace lo propio en Sant Vicent del Raspeig y El Campello.




* ELPAIS.com - Benidorm / Alicante - 29/05/2007
Foto: Benidorm /losgenoveses


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Finalizó la larga acampada de la Asamblea Contra la Precariedad y Por la Vivienda Digna

MadridDigital* : "La Asamblea Contra la Precariedad y Por la Vivienda Digna desmontó ayer su campamento de Ciudad Universitaria, aclarando que la acampada “no fue el principio del movimiento por la vivienda digna” por lo que “ahora irnos no es el final de nada”. “Esta acampada se planteó como un paso más en la lucha por la vivienda digna. Esta vez, pensamos, en vez de una manifestación masiva de un par de horas deberíamos intentar una acción continuada de dos semanas, una acampada con un principio y un fin que coincidieran con las elecciones, que tanto hablan de vivienda y que tan pocas soluciones han aportado”, indica la Asamblea en un documento.

Recuerdan que también tenían unos objetivos concretos que cumplir: “intervenir en la campaña electoral, realizar acciones por el centro de Madrid, organizar charlas-debates donde discutir alternativas y, sobre todo, seguir construyendo el movimiento por la vivienda digna desde abajo entre todos y todas”.

“Creemos que, efectivamente, todos los objetivos los hemos cumplido y aquí estamos, mas fuertes que antes de la acampada y con muchas ganas de seguir trabajando. Igual que no fue el principio del movimiento por la vivienda digna cuando acampamos, ahora irnos no es el final de nada”, destacó la Asamblea.

Entre las tareas emprendidas durante estos días, enumeran que “nos hemos valido de este espacio para conocernos entre nosotros y para que mucha otra gente nos conozca. Se han intervenido en su campaña electoral denunciando la política ladrillera y que cualquier solución para el problema de la vivienda pasa por asumirla como derecho para todos y todas. Se han realizado acciones como la realizada frente al Monumento de la Constitución,donde denunciamos que los derechos sólo son derechos si se hacen efectivos. Se han organizado charlas sobre los programas de los partidos políticos sobre la vivienda, sobre desobediencia civil, la operación campamento, la precariedad laboral o el concepto de vivienda digna”.

“Tan bien se ha desarrollado esta acampada, a pesar del acoso policial primero y del climático después, que hay gente que están planteando quedarse con el espacio para continuar manteniéndolo como punto de encuentro, información y resistencia. Continuar, en ese sentido, con la idea que habíamos empezado mas allá de donde desde esta asamblea habíamos pensado”, añaden.

Finalmente, la Asamblea recuerda que “ahora comienza el Salón Inmobiliario, donde los políticos, las inmobiliarias y las constructoras hacen ostentación pública y vergonzante de hasta qué punto han convertido en su negocio particular un derecho fundamental como es la vivienda”. Y advierte que “también existen otras acciones, otros proyectos, con los que seguir construyendo VdeVivienda. Y en eso estamos... en eso seguimos”.




* MadridDigital - 29/05/2007
Foto: acampada Vivienda digna /madriddigital


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Los PAI más polémicos dan la mayoría absoluta a los gobiernos que los promueven

Levante-EMV* /Comunitat Valenciana : "Los PAI han ganado en las urnas. Salvo contadas excepciones los partidos que han aprobado o impulsado megaurbanizaciones la pasada legislatura han encontrado en los programas de actuación integrada un talismán. A la vista de los resultados electorales municipales quien tiene un PAI tiene un tesoro. Y un caladero de votos. El tsunami urbanístico y la amenaza de que el territorio acabe cimentado más que un revulsivo ha sido un acicate para afianzar gobiernos. Los PAI son riqueza y progreso, han pensado los votantes, así que bienvenida la mayoría absoluta para que se apruebe el PAI en paz. Eso sí, «sostenible», advierten los propietarios de terrenos satisfechos con las reparcelaciones y a la espera de hacer el negocio redondo.


En Cabanes y Orpesa, el Parque Temático de Mundo Ilusión que ocupará una superficie aproximada de doce millones de metros cuadrados pero que aún ha sido aprobado definitivamente, ha permitido mantener la mayoría absoluta al PP en Cabanes (seis ediles) y en Orpesa (donde el PP sube de cinco a 7 regidores). En Moncofa, donde se han reclasificado 2 millones de metros cuadrados y se aspira a reclasificar otros 3 millones más para alcanzar una población de más de 100.000, cuando ahora apenas supera los 5.000 habitantes, el socialista José Vicente Isacha ha aumentado su mayoría absoluta al pasar de 6 a 8 concejales. Moncofa estuvo la pasada semana en el punto de mira ya que el conseller Esteban González Pons amenazó con retirar las competencias urbanísticas al ayuntamiento socialista por presuntas irregularidades que se podrían haber cometido.

La provincia de Valencia no le ha ido a la zaga en refrendo masivo de proyectos envueltos en la polémica. En Cullera y Riba-roja, el PP ha arrasado gracias, en parte, a la baza electoral del «progreso urbanístico». En Riba-roja, el alcalde Francisco Tarazona tildaba a la izquierda de «cavernícola» y pregonaba como mensaje electoral que «votar al PP es votar a Porxinos» (en referencia a la Ciudad Deportiva del Valencia CF (2.800 viviendas) a la que sumarán otros cuatro planes urbanísticos en el mismo valle que podrían alcanzar las 9.000 nuevas casas. El resultado: Tarazona ha aumentado de 9 a 10 concejales.
En Cullera, Ernesto Sanjuan, también ha consolidado a la formación popular (ha pasado de 10 a 15 ediles. Hasta ahora gobernaba en minoría) por lo que podrá desarrollar el proyecto del Manhattan del Xúquer , donde se prevén 4.500 viviendas en 33 torres de 25 alturas, y los programas que prevén reclasificar diez millones de metros en el Marenyet y el Brosquil para construir 13.000 viviendas, si la sillita de pensar en la que el conseller de Territorio había colocado el Manhattan no lo impide.
El PAI de la Baronía Golf Resort también ha ratificado el gobierno de los tres ayuntamientos implicados en este proyecto, que prevé reclasificar 5,3 millones de metros cuadrados, como el de Estivella (PSPV, ahora en minoría), Algimia de Alfara (mayoría absoluta del PSPV que pasa de 6 a 8 ediles) y Torres Torres (mayoría del PP).

Orihuela o Torrevieja son ejemplos claros de que el ladrillo ha podido pesar más en el voto que la corrupción que se investiga en los tribunales. En Orihuela que tramitaba cuatro reclasificaciones de suelo, la zaplanista Mónica Lorente ha logrado la mayoría absoluta a pesar de las imputaciones de su sucesor. En Torrevieja, el alcalde Pedro Hernández Mateo, también ha revalidado la mayoría absoluta.



* L. Ballester/T. Albendín/R. Pardo, Valencia/Alzira/Castelló


* Levante/EMV - 29 de mayo de 2007
Foto: valle de porxinos. «Votar PP es votar Porxinos», decía el PP de Riba-roja /levante-emv.com


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El urbanismo como solución, no como problema

ANDRÉS H. DE SÁ.- Levante* : "La denunciada depredación del territorio se presentaba como uno de los factores que más podían influir en los resultados de las elecciones municipales del pasado domingo. Y, en efecto, así ha sido. Pero en sentido justamente inverso al que movimientos, plataformas y asociaciones varias pretendían. Los alcaldes cuyos municipios han estado en el ojo del huracán por planes urbanísticos -los cada vez más conocidos PAI- han salido airosos e incluso reforzados de su cita con las urnas. Sus votantes ven el desarrollo urbanístico como una solución y no como un problema. «Ponga, por favor, un PAI en mi huerto».

La política se nutre en gran parte de percepciones y expectativas. Y la expectativa de poder trocar un campo ruinoso en un solar cotizadísimo ha pesado más en el ánimo de esos votantes que la conservación del territorio o si eso es pan para hoy y hambre para mañana. Cuidando, en definitiva, su legítimo interés particular. Por eso han optado por el alcalde que les abre las puertas de un buen negocio que por quienes hacen bandera de cerrarlas.

El debate sobre el territorio ha olvidado que no sólo hacen negocio los agentes urbanizadores y los intermediarios, sino que también se benefician, en menor medida, obviamente, los propietarios del terreno. La construcción masiva y la expectativa de que se extienda como una mancha de aceite han provocado, por ejemplo, que la tierra de cultivo haya alcanzado precios desorbitados en atención, precisamente, a que un día más o menos lejano pueda convertirse en terreno urbanizable.

Perder de vista esta legítima aspiración al enriquecimiento de los ciudadanos ha sido un grave error a la hora de plan­tear una oposición cerrada y frontal al actual modelo urbanístico. Lo mismo que es un error olvidarla a la hora de valorar la actitud del grueso de clases medias que configura el cuerpo electoral en los grandes núcleos urbanos. Hoy incluso lo que tradicionalmente se considera clase trabajadora, tiende a autocalificarse como clase media, aunque sea media-baja. Y, como tal, considera que en tiempos de bonanza merece su respaldo quien mayores posibilidades de enriquecerse le ofrece. En esas condiciones, además, no hace falta (?) redistribuir la riqueza o los recursos...

Pero aun aceptando estas premisas, ¿qué ocurre con unos electores que incluso premian a los corruptos, como ha ocurrido en la Comunitat este domingo? Parece que no hemos sido capaces de escarmentar en cabeza ajena con el caso de Marbella. Queda aún recorrido para llegar a la catarsis.





* Levante/EMV - 29 de mayo de 2007


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El ladrillazo no ha sido suficientemente castigado en las urnas

JOSÉ GARCÍA ABAD* : "El ladrillazo apenas ha sido castigado en las urnas o al menos lo ha sido muy selectivamente. En efecto, la corrupción urbanística ha golpeado con más rigor a los ayuntamientos del PSOE incriminados que a los gobernados por el Partido Popular, un hecho que tiene una doble lectura, una buena y otra mala. La buena es que el ciudadano da por supuesto que la izquierda debe ser ejemplar y castiga a esta con más rigor cuando sus representantes se venden. La mala indica una manga demasiado ancha de los ciudadanos ante el enriquecimiento ilícito o al menos una insuficiente sensibilidad ante el poder corruptor del ladrillo.

Algo ha dicho el electorado pero no parece suficiente: En las filas del PP, Carlos Fabra el incombustible cacique de Castellón, se crece; Francisco González aumenta su mayoría en Mogán, el municipio de Gran Canarias salpicado por el escándalo urbanístico donde el PP consigue un concejal más; Andratx parecía que iba a tumbar al presidente balear Jaume Matas pero los populares cosecharon tres concejalías más; en Alhaurín el Grande los conservadores consiguen mejorar sus resultados; en las Navas del Marqués el popular Gerardo Pérez continuará como alcalde a pesar de sus desmanes contra aquel entorno paradisíaco. En cambio en Ciempozuelos el PSOE pierde dos regidores; en Seseña en la que se reafirma Izquierda Unida el PSOE perdió un edil, y prácticamente han sido barridos de Marbella.

Parece como si el pueblo soberano, siguiendo las indicaciones de Guizot el primer ministro de Felipe de Orleáns hubiera ordenado a sus representantes: “¡Enriqueceos!. La voz del pueblo es la voz de Dios pero en algunas localidades la conciencia popular aparece un tanto narcotizada y alguien debería sacudirla convenientemente. Al menos el Gobierno central no debería caer en laxitud ante la constatación puesta de manifiesto el pasado domingo de que la corrupción urbanística tiene un coste electoral cercano al cero. Incluso empiezo a convencerme de que en estos asuntos de recalificaciones y permisos para matar el paisaje determinadas decisiones deberían tomarse desde el Estado Central. El argumento de acercar la Administración a los administrados parece saludable salvo en los casos en que semejante proximidad alcanza el contubernio.

El diario El País del pasado 23 de mayo abría su primera página con una foto cuyo pie rezaba: “El desastre urbanístico de la Costa del Sol, visto desde el aire”. Mi primera impresión fue que aquella imagen en la que se veía una gigantesca muralla de edificios que tapaban el mar y hasta la montaña no era en realidad una foto sino una maqueta tremendista de lo que nos podría ocurrir si no hacíamos algo para evitarlo. Pero no, aquello, está ya allí: la costa malagueña está enterrada por 300.000 viviendas construidas en menos de una década.

Solo el Estado puede tomar las riendas de este asunto y me da la impresión de que la nueva Ley del Suelo que entrará en vigor el próximo 1 de julio no es suficientemente disuasoria. Sin embargo peor es no hacer nada y al menos la nueva norma aumentará la transparencia en el sector, los terrenos serán valorados conforme a su naturaleza y no por las expectativas de futuras reclasificaciones y se reserva el 30 por cien del suelo nuevo a viviendas de protección social. Se ha presentado como una vacuna contra la corrupción pero la experiencia demuestra que la delincuencia, siempre innovadora, camina varios pasos por delante de la norma y de la represión. Quizás, de momento no se pueda ir mas lejos ya que el Tribunal Constitucional sentenció en su día que no se pueden arrebatar competencias urbanísticas a las comunidades autónomas. Quizás la solución se encuentre en buscar un consenso entre las distintas administraciones y los partidos políticos en liza. En todo caso el liderazgo corresponde al Gobierno de la nación que debe marcar caminos éticos y mostrar las consecuencias morales de la corrupción y las secuelas de la destrucción del medio ambiente. Nos jugamos la calidad de vida de los ciudadanos y el mundo de nuestros hijos.





* El Plural - 29/05/2007


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Los votantes castigan en las urnas a las corporaciones salpicadas por los escándalos de corrupción urbanística

Efe* : "La corrupción urbanística ha sido una de las grandes protagonistas políticas del último año y las urnas no han sido ajenas a este fenómeno. El sangrante caso del consistorio marbellí, en manos de una gestora desde el pasado año, ha sido significativo. Los populares, única fuerza que no resultó directamente salpicada por el escándalo, han obtenido una amplia mayoría absoluta, mientras el municipio madrileño de Ciempozuelos, cuyo alcalde socialista resultó implicado en un caso de corrupción, ha otorgado una contundente victoria al PP.
Victoria sin garantías de IU en Seseña. El PP gana en Andratx.


El PP ha obtenido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Marbella con el cien por cien de los votos escrutados, al conseguir dieciséis de los veintisiete concejales de la corporación, lo que situará a la popular Ángeles Muñoz como alcaldesa. Por su parte, la candidatura del PSOE, encabezada por el ex consejero andaluz de Turismo, Comercio y Deporte Paulino Plata, ha llegado hasta los diez ediles, y la de IU, con Enrique Monterroso como cabeza de lista, un representante.

Tras conocer los resultados, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Marbella, Ángeles Muñoz, aseguró que "hoy ha vuelto la legalidad a Marbella". Muñoz, que con el 99 por ciento de los votos escrutados había obtenido 16 de los 27 concejales en juego, dijo que lo que hoy se ha votado es "la coherencia, el sentido común, la ética, la honestidad, y la honradez".

En la fiesta celebrada en el antiguo mercado municipal, a la que asistieron miles de simpatizantes, la futura alcaldesa afirmó que gobernará "desde el consenso y con mucha seriedad". En declaraciones a los periodistas, admitió estar "muy contenta" porque los marbellíes han reconocido "el trabajo bien hecho y la honradez" de los populares en los últimos años. "Queda trabajar cuatro años y empezaremos desde mañana mismo", añadió Muñoz.

A su juicio, Marbella ha elegido "los valores" y ha votado a quien considera más eficaz, por lo que definió como un honor ser la ganadora tras lo ocurrido en la localidad en los últimos años. Al 99 por ciento de los votos escrutados, el PP obtiene 16 ediles, por diez del PSOE y uno de Izquierda Unida.

Otra localidad salpicada por los escándalos vinculados con la corrupción urbanística, el municipio madrileño de Ciempozuelos, también ha salddado en las urnas su descontento. Así, el PP sustituye al PSOE como fuerza política más votada para el Ayuntamiento de Ciempozuelos, al obtener la candidatura socialista dos concejales menos que en el 2003, tras el escándalo urbanístico que afecta al anterior alcalde del PSM-PSOE, Pedro Torrejón, actualmente en libertad bajo fianza.

El PSOE, encabezado en estas elecciones por la actual alcaldesa, Susana León, ve reducida su presencia a cuatro concejales, mientras el PP, cuya lista encabeza María Ángeles Herrera, aumenta su representación de cuatro a seis ediles.

IU, con Gemma Fornell como candidato, obtiene 3 concejales, los mismos que en las elecciones municipales de 2003, y el Partido Independiente de Ciempozuelos (PIC), con Francisco José de Oro, disminuye su presencia de cuatro a dos ediles.

Ciudadanos por Ciempozuelos (CPC), formación creada tras su expulsión del PSOE por el ex alcalde Pedro Torrejón -imputado por cohecho y blanqueo de capitales- logra dos concejales.

El PP gana en Andratx

Un caso muy distinto es el del municipio mallorquín de Anddratx, salpicado por la supuesta trama de corrupción urbanística por la que fue detenido el ex alcalde del PP Eugenio Hidalgo. El caso no ha pasado factura al partido, sino todo lo contrario, ya que ha sido la fuerza más votada, al obtener siete de los 17 ediles en disputa.

La lista del PP encabezada por Jaume Porsell ha obtenido tres concejales más que los pasados comicios, cuando logró cuatro. Todo parece indicar que el partido ha absorbido los tres concejales que logró la Agrupación Liberal de Andratx, el partido que fundó Hidalgo y que se integró en el PP durante el pasado mandato.

En esta cita electoral, Andratx escogía a 17 concejales, cuatro más que en mayo del 2003, debido al aumento de la población, que ahora se sitúa en unos 10.750 ciudadanos. El segundo partido más votado en la localidad mallorquina ha sido el PSOE, con cinco ediles, dos más que hace cuatro años; y el tercero, Unió Mallorquina, con tres, con lo que gana uno. Los nacionalistas del PSM-EN se mantienen en la cuarta posición, a pesar de ganar un edil, hasta sumar dos.

Victoria sin garantías de IU en Seseña

Por otra parte, en el municipio toledano de Seseña, Izquierda Unida ha logrado la mayoría relativa con siete concejales, dos más que en el 2003, en un nuevo ayuntamiento con diecisiete concejales por el aumento de población, aunque no obtiene el respaldo que le de garantías de gobierno.

Así, el actual alcalde de IU, Manuel Fuentes, es el candidato más votado, pero, sin garantía de que vuelva a ser el regidor, al estar el municipio sujeto a eventuales pactos, según los datos del escrutinio al 100%.

El PP, con seis concejales y con Fernando Esquivias Vera a la cabeza, sería la segunda fuerza política y tendría un concejal más, mientras que el PSOE perdería un concejal y se queda en tres ediles con José Luis Domínguez en la cabeza de lista.

En el Ayuntamiento de Seseña entra una nueva formación política, la de la Unión de Ciudadanos Independientes de Toledo (UCIT), que encabeza María Soledad Vozmediano, dirigente vecinal.




* Estrella Digital/Efe - 28 - 05 - 2007
Foto: Seseña (Toledo)


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