%2C%2Bmontaje%2Burbanizaci%C3%B3n%2Ben%2Bcara%2Bnorte%2BLa%2BPicota%2B-%2BEA.jpg)
Como se ve el Urbanismo salvaje continúa asomándose por todas las zonas de país, aunque a veces pase desapercibido. En el Parque Natural de las dunas de Liencres (Cantabria) se pretenden construir 200 viviendas en La Picota, arrasando el paisaje de este lugar protegido. Ya hace unos años numerosas organizaciones ciudadanas consiguieron paralizar judicialmente otra urbanización en la cara sur, pero parece que no fue suficiente y los especuladores continúan buscando rendijas para edificar ilegalmente en las zonas protegidas, de mayor valor. Algo debería hacer el Gobierno cántabro para evitar este nuevo atentado territorial.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Una decena de organizaciones conservacionistas de Cantabria [1] piden la aprobación inmediata del PORN del Parque Natural de las Dunas de Liencres para evitar la construcción de 200 viviendas en La Picota. Una nueva y clara amenaza se cierne sobre el Parque Natural de Liencres, lugar que forma parte de la Red Natura 2000 y que alberga uno de los sistemas dunares más importantes del norte de España. Para las organizaciones conservacionistas de Cantabria, el expediente de Evaluación de Impacto Ambiental presentado en Agosto de 2013 por la Junta de Compensación del Sector 2 de Liencres para la construcción de 200 viviendas y que ahora está en tramitación en la Consejería de Medio Ambiente supone sin duda una amenaza real para el parque natural.
Vuelta al ladrillo
Pese a que en la cara Sur de la Picota los tribunales paralizaron y sentenciaron la urbanización del Cuco, hoy convertida en un monumento al afán constructor en la costa de Cantabria, no parece ser suficiente escarmiento para que se presente de nuevo un proyecto urbanizador aún más impactante sobre la cara norte de la Picota. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Dunas de Liencres iniciado por la Orden GAN/67, que data de Julio de 2.006 y que aún no ha sido aprobado, eliminaba cualquier actuación sobre el medio físico e incluía este sector en zona no urbanizable.
Los retrasos desprotegen el parque natural
En Septiembre de 2006, cuarenta Organizaciones no Gubernamentales de Cantabria firmaron un manifiesto sobre la necesidad de este PORN que extiende los límites del Parque Natural de Las Dunas de Liencres al monte la Picota dando cohesión a los ecosistemas y elementos geomorfológicos y paisajísticos que constituyen el patrimonio natural de espacio protegido. Sin embargo y tras nueve años de haberse cumplido holgadamente los trámites de desarrollo del Plan que han incluido consultas, exposición pública, estudio y contestación de alegaciones aún seguimos esperando su aprobación.
A juicio de las organizaciones conservacionistas estos retrasos, lejos de garantizar los derechos y garantías legales, lo único que consiguen es desproteger el parque natural y alimentar las ideas tóxicas entre los habitantes de la zona de identificar el PORN con un proceso general de expropiación de bienes y derechos o un perjuicio a las actividades agrícolas o ganaderas, ideas que en absoluto se ajustan a la realidad.
Actividades compatibles con la conservación
Para las organizaciones conservacionistas de Cantabria, las actividades agrícolas y ganaderas tienen cabida en el mantenimiento sostenible del entorno, y de hecho en la fase de alegaciones se ha asumido la construcción de estabulaciones que a ello favorezcan. Lo que sí que se ha considerado incompatible es la posibilidad de construir viviendas anexas, entre otras razones porque que ni las distancias lo exigen ni están permitidas por un instrumento anterior de mayor rango, que es el POL y que califica a toda la zona de la mies de Liencres como zona de Protección Litoral. Además existe suelo urbanizable de sobra en las cercanías, con lo cual no habría justificación para edificar ningún tipo de vivienda en la zona.
En definitiva, las organizaciones conservacionistas requerimos al Gobierno de Cantabria a que paralice la tramitación del expediente de urbanización del sector 2 de la Picota, y proceda sin más demora a la aprobación e implantación definitiva del PORN del Parque Natural de las Dunas de Liencres mediante su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria dentro de la actual legislatura.
Notas
[1] ARCA, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife, Mortera Verde, Asociación RIA, Red Cambera, Costa Quebrada, Fundación Oso Pardo, Fundación Naturaleza y Hombre.
* Ecologistas en Acción - 26.2.15
Foto: montaje de la nueva urbanización en Liencres - EA
Liencres.- No al proyecto de construcción de 200 viviendas en la cara norte de La Picota
Medio siglo para rentabilizar el ‘agujero’ de la Castellana
"ELPAÍS* : La parcela junto a las cuatro torres del paseo de la Castellana en la que el Ayuntamiento de Madrid planeaba construir un centro de convenciones, y que lleva desde 2010 abandonada, albergará un equipamiento que podrá tener fines educativos, culturales, sanitarios, sociales o religiosos. Lo gestionará una empresa privada, que podrá destinar una cuarta parte de la superficie disponible a usos comerciales y de ocio. A cambio de la explotación durante 75 años, la empresa deberá abonar un alquiler anual al Ayuntamiento de 1.935.749 euros.
Puesto que el Gobierno municipal ha invertido 82.764.619 euros en el frustrado centro de convenciones (en realidad, en sus cimientos, porque la obra no ha superado nunca la rasante), el canon no permitirá recuperar el dinero hasta dentro de 43 años. Eso, si encuentra alguna empresa interesada en hacerse cargo de la parcela y el concurso no queda desierto.
Además, está en litigio el pago de 13,4 millones de euros más por certificaciones de obra de la constructora del proyecto abortado, lo que elevaría a medio siglo el plazo para amortizar la inversión.
El pleno municipal (que se adelantó una semana) aprobó el pasado viernes el plan urbanístico que regulará los nuevos usos de la parcela. Y la Junta de Gobierno, presidida por Ana Botella (Partido Popular) y adelantada también tres días, autorizó ayer la licitación en concurso público del derecho de superficie durante 75 años.
La parcela ha sido calificada como equipamiento singular, por lo que la empresa que logre la adjudicación deberá construir allí un centro cultural, un polideportivo, un colegio o facultad, un hospital, una iglesia, una residencia de ancianos, etcétera. Pero, además, podrá destinar parte del suelo a pequeño o mediano comercio (no tiene cabida un hipermercado), o a usos de ocio y recreativos.
La parcela tiene 33.325 metros cuadrados de superficie y una edificabilidad de 70.000 metros cuadrados. Su explotación se limita al nivel de superficie y a varias plantas subterráneas (hay tres construidas). Los usos comerciales pueden ocupar hasta 17.500 metros cuadrados, es decir, la mitad por ejemplo del nivel a ras de suelo. Es la misma superficie que tiene, por ejemplo, el centro comercial Las Rozas Village, en el norte de la región, compuesto por pequeñas tiendas, en su mayoría de ropa. Bajo rasante, será obligatorio contar con un aparcamiento de entre 1.800 y 2.000 plazas.
El plan urbanístico aprobado definitivamente el pasado viernes ordena una superficie total de 66.973 metros cuadrados, porque incluye además una parcela aledaña de 33.647 metros cuadrados que mantiene su uso como zona verde; también corresponderá a la empresa adjudicataria convertir ese suelo en parque público.
En cuanto a los plazos, la concesionaria tendrá nueve meses para presentar el proyecto, una vez gane el concurso, y otros 32 meses más para las obras. El Gobierno municipal prevé que el ámbito esté desarrollado a finales de 2019, siempre y cuando el nuevo alcalde que salga de las urnas en mayo no altere ese proyecto.
Queda enterrado en cualquier caso para siempre “el nuevo icono arquitectónico de Madrid” que prometió el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP), un rascacielos circular de 120 metros de altura (“un gran sol artificial que iluminará la ciudad”). El proyecto de los arquitectos Emilio Tuñón, Matilde Peralta y Luis Mansilla, que ganaron el concurso de ideas en 2007, incluía un auditorio de hasta 4.000 espectadores y otros dos con capacidad para 1.500 más. En 2010, cuando se paralizaron las obras por falta de presupuesto, sólo estaban construidas las tres plantas subterráneas.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 24.2.15
Foto: Vista aérea de Las Cuatro Torres de Madrid y solar del Centro Internacional de Convenciones. / ÁLVARO GARCÍA
.................................... Leer más...
Fiscalía pide inhabilitar 12 años a cuatro ediles del PP de Orihuela
%2C%2Bprotesta%2Bplanta%2Bresiduos%2B-%2Bdiarioinformacion.com.jpg)
El caso 'Brugal' sobre la concesión ilegal de contratos de residuos urbanos en la Vega Baja alicantina sigue pendiente de un juicio que parece que no llega nunca. Están imputados el antiguo presidente de la Diputación provincial, José Joaquín Ripoll (PP), y tres alcaldes oriolanos también 'populares', entre otros altos cargos. Ahora la fiscalía pide inhabilitar a 4 nuevos ediles de Orihuela por beneficiar en contratos al empresario A.Fenoll, cabecilla de la trama y condenado a 35 años de cárcel por delito fiscal, pero pendiente de que se abra el juicio por delito medioambiental en los enterramientos ilegales de al menos un millón de toneladas de basura de la comarca (Brugal).
"ELPAÍS* : La fiscalía pidió el pasado 11 de febrero la apertura de juicio oral por un delito continuado de prevaricación administrativa durante el 2008 contra cuatro concejales del PP de Orihuela (Alicante): Manuel Abadía, Antonio Francisco Rodríguez, José Antonio Aniorte y Antonio Rodríguez Barberá (estos dos últimos continúan ejerciendo como ediles). Para cada uno de ellos pide 12 años y medio de inhabilitación de cargo público.
Entre los delitos descritos por el fiscal Pablo José Romero en su escrito al juzgado oriolano de instrucción número 3 destaca la aprobación de pagos de facturas que superan los 2,4 millones de euros pese al reparo del interventor municipal.
Abadía, Aniorte y Rodríguez Barberá, durante seis juntas de gobierno celebradas en un plazo de cinco meses, no se opusieron sino que propusieron los pagos de servicios prestados sin contratación o fiscalización alguna, sostiene Romero calificando estos actos como “flagrantemente ilegales”.
De esos pagos se benefició el empresario local y condenado a 35 años de prisión por delito fiscal, Ángel Fenoll. Dos de sus empresas de residuos urbanos, Proambiente y Colsur, recibieron al menos 1,9 millones de euros por sus servicios de tratamiento y recogida de basuras
El nombre de Fenoll aparece en varias causas instruidas en los juzgados de la capital de La Vega Baja. Está pendiente de que se le abra juicio oral por delito medioambiental, supuestamente orquestó los enterramientos ilegales de al menos un millón de toneladas de basura. Está considerado por la policía y la Fiscalía Anticorrupción como el cabecilla del caso Brugal, investigación que dibuja una trama de intereses políticos y empresariales entorno a la gestión de residuos y por la que están imputados el antiguo presidente provincial, José Joaquín Ripoll, y tres alcaldes oriolanos, entre ellos la última alcaldesa popular, Mónica Lorente, a quien Fenoll también pudo haber aupado al poder mediante financiación ilegal.
En su escrito, la fiscalía recoge situaciones que muestran el fraccionamiento de contratos para esquivar las normas de contratación administrativa y abusar de la contratación negociada y sin publicidad eludiendo la concurrencia pública. A Antonio Francisco Rodríguez, antiguo concejal delegado de alumbrado público, se le acusa del fraccionamiento “absolutamente inadecuado” del contrato de cambio de alumbrado, que acabó en 8 acuerdos que sumaban más de 200.000 euros. Seis de estos recayeron sobre la misma empresa, a veces incluso consistirían en distintos servicios efectuados en un mismo barrio.
* El País - RUBÉN ESQUITINO - 27.2.15
Foto: Orihuela (Alicante), protesta planta residuos (archivo) - diarioinformacion.com
La plataforma contra la privatización del Canal de Isabel II denuncia que sus directivos están implicados en casos de corrupción
La privatización del Canal Isabel II que abastece a Madrid, además de polémica por sus fines especulativos, resulta inapropiada por los directivos corruptos encargados de su realización. El exgerente de Hispanagua, la empresa que se hizo cargo en 2012 de la gestión del Canal, está implicado en casos de adjudicación ilegal de contratos de obras, algo muy familiar en las filas 'populares'. La Plataforma ciudadana que se ha creado contra esta privatización absurda e injustificada ha denunciado estos casos de corrupción evidente, solo hay que esperar, como siempre, que la justicia sepa actuar con diligencia e imparcialidad, algo complicado actualmente.
"INFOLIBRE* : La Plataforma contra la Privatización del Canal de Isabel II ha denunciado la implicación de varios directivos de la empresa pública en casos de corrupción. En concreto se refieren a Gerardo Díaz García, exgerente de Hispanagua y actual gerente de Canal Gestión Lanzarote, implicado en la operación Tosca por supuesta corrupción en la adjudicación de contratos públicos. También mencionan a José Manuel Serra, encargado de la información financiera del Canal e implicado, desde diciembre, en el caso Bankia.
La denuncia por parte de la plataforma salta a los medios tras la detención y posterior puesta en libertad con cargos de Gerardo Díaz García el pasado 17 de febrero en Lanzarote.
Según la plataforma, Díaz estaría implicado en una trama de corrupción por concesión de contratos públicos en su etapa como director de Hispanagua, "una empresa participada al 100% por Canal Gestión [la sociedad anónima, de capital público, que en 2012 se hizo cargo de las funciones del ente público Canal de Isabel II]" cuyo objetivo es la construcción, mantenimiento y explotación de infraestructuras de gestión del agua.
La supuesta implicación de Díaz fue confirmada por Europa Press, a quien fuentes de la Guardia Civil afirmaron que su detención estaba relacionada "con unos negocios que tuvo en Melilla".
La Plataforma recalca que no es la primera vez que Hispanagua se ve envuelta en escándalos de este tipo. Ya en 2008 se conoció una actividad ilegal de facturas falsas que Hispanagua llevó a cabo y que provocó "un agujero de al menos 700.000 euros" al Canal de Isabel II.
El colectivo pone de manifiesto la "total falta de explicaciones sobre esta preocupante situación por parte de la dirección de la empresa, la opacidad y el clientelismo".
* InfoLibre - Marta Semitiel - 25.2.15
Foto: Una pancarta contra la privatización del Canal de Isabel II. MARTA SEMITIEL
El plan para instalar Ikea en Alicante se ampara en sospechosos beneficios
El Plan Rabassa en Alicante sigue vivo a pesar de las sentencias judiciales en su contra. El constructor especulador 'popular' E.Ortiz, inmerso en las tramas mafiosas Gürtel y Brugal, sigue detrás de él apoyado por el gobierno de la Comunidad con la instalación de la nueva superficie de Ikea, aunque ahora tratan de venderlo oportunistamente como proyecto social (para forrarse, claro). Caídos ya bajo la sentencia de corrupción los dos últimos alcaldes del PP, Alperi y Castedo, es difícil que el nuevo Plan modificado salga adelante, como ocurrió hace 10 años con la propuesta empresarial 'imposible' de 13.500 viviendas; ahora la protesta social es mayor en una ciudad que ha vivido inmersa en la especulación urbanística durante largos años sin mover un dedo para acabar con ella.
"ELPAÍS* : Crece el rechazo y las sospechas en la ciudad de Alicante en torno al segundo intento de urbanización del barrio de Rabassa, donde se pretende la instalación de la multinacional sueca Ikea. El proyecto, liderado por Enrique Ortiz, el único empresario de la Comunidad Valenciana envuelto a la vez en las tramas Gürtel y Brugal, ha sido asumido por la Generalitat Valenciana por los supuestos beneficios que traerá a la provincia una actuación que la policía considera heredera del Plan Rabassa, el primer intento de urbanización del barrio que actualmente se investiga en los tribunales. Y como ahora, aquel proyecto fue presentado como un plan social de gran valor para los ciudadanos.
El caramelo que Ortiz ha puesto en la boca de la Generalitat no tiene precio a los oídos políticos: casi 9.000 puestos de trabajo directos e indirectos sin contar los de los trabajadores que construyan todo el complejo planeado. En total son 2,2 millones de metros cuadrados en los que caben un parque metropolitano, uno industrial y un macrocentro comercial que tiene tanta dimensión como los otros cinco que ya existen en la ciudad. El dinero que generará en renta privada rozará los 11 millones de euros, según la propuesta. Las cifras económicas son muy cuantiosas.
Es difícil encontrar en Alicante a alguien que no quiera el primer Ikea de la provincia. “Lo que no queremos es el macrocentro que trae. No sabemos cómo hacen sus cálculos, hablarán de muchos empleos pero no de los negocios que destruirán en la comarca ni de la empresa auxiliar que arrastrarán”, explica Francisco Rovira, secretario de Facpyme (la federación provincial del comercio alicantino). Del mismo sentir son las asociaciones de comerciantes más representativas o los partidos en la oposición. Todos están a la espera de que la Generalitat saque a exposición pública esta actuación territorial estratégica (ATE) que pretende acelerar los trámites para la urbanización de un barrio por cuya planificación están imputados tanto Ortiz como la antigua alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, entre varios.
La música de la ATE de Ikea, como mediáticamente se ha llamado al Alicante Avanza Innovation Park & Shopping Center, suena parecida a la del plan Rabassa. El urbanizador del proyecto es el mismo. “Lo que ha cambiado es el discurso de necesidades”, explica Manuel Alcaraz, antiguo presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, la primera asociación que se levantó en contra del plan Rabassa. “Hoy, el gran beneficio son los puestos de trabajo, con el plan Rabassa la necesidad era la vivienda”, apostilla este profesor universitario y miembro de la ejecutiva de Compromís per Alacant.
Rabassa preveía la edificación de 13.500 viviendas junto a la tienda sueca. Era de tal magnitud que hubiera significado instalar en el término municipal de Alicante una ciudad algo más grande que Villena (39.000 habitantes). Ortiz necesitó de un enganche que le diera una aparente utilidad social a lo que a ojos de muchos resultaba un pelotazo urbanístico. La solución fue que 8.000 de esas viviendas fueran de protección oficial (VPO), idea a la que siguió una campaña en medios. El constructor, sin tener aprobado el plan, hasta montó en 2005 un puesto donde las familias podían acudir a reservar su futura vivienda. Unas 7.000 lo hicieron, según el informe policial del caso.
Un año después, durante el verano, Ortiz hasta les mandó a todas las familias un llavero con forma de trébol recordándoles su compromiso. Pero en noviembre de 2009, ante la posibilidad de que se anulara este plan parcial (lo que ocurrió en varias sentencias), le pidió a su abogado Rafael Ballester hacer lo posible por incluirlo en el plan general urbano de Alicante y que redujera hasta el 30% las VPO planificadas, dejándolas en casi la mitad. “Que, por lo menos las pérdidas que tenemos como urbanizador, como propietario las pueda compensar", le dijo a su letrado urbanista.
A Ortiz nunca le importó la necesidad social de vivienda, “uno de los argumentos esgrimidos con más vehemencia”, como desgrana la policía en su informe: la necesidad de que Ikea llegue a Alicante no es otra que la de Ortiz por que la multinacional sueca se instale en un suelo que previamente ya le ha vendido por más de 90 millones y donde la mercantil pretende gestionar los futuros alquileres comerciales de un macrocentro que nadie quiere, algo que negó ante un juez pero que no dudó en aseverar a su abogado Ballester: "Es que yo he vendido Rabassa y me han pagado un huevo de dinero que como me toque devolverlo, pues fíjate".
* El País - Ruben Esquitino - 22.2.15
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabasa - diarioinformacion.com
El Ayuntamiento de Santander paga más de 2,6 millones de euros en sobrecostes a un empresario del PP
Se sabe que en todas las ciudades del país, principalmente gobernadas por el PP, ocurren los mismos delitos urbanísticos. En Santander una de cada dos obras ejecutadas por Copsesa, constructora del 'popular' José Domingo San Emeterio, ha costado más de lo presupuestado. Como este constructor es amiguete de los gerifaltes políticos, tiene bastantes obras ejecutadas, así la cantidad total que ha supuesto el hecho delictivo de aumentar fuertemente el coste final para los habitantes de la ciudad es más de 2,6 millones. Algo inaudito que debía haber sido investigado con mayor dedicación por los encargados de velar por los intereses generales, si es que los hay, claro.
"ELDIARIO* : Con Íñigo de la Serna (PP) al frente del Ayuntamiento de Santander, la empresa Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), ha ingresado de las arcas municipales más de 13 millones de euros, de los cuales una quinta parte -2,6 millones- corresponden a modificados de obra, es decir, a incrementos del precio aprobados con posterioridad a la adjudicación del concurso público.
Estas cuantías corresponden a trece adjudicaciones y a siete modificados, lo que supone que más de la mitad de las obras ejecutadas por Copsesa en Santander conllevaron sobrecostes.
Entre estos modificados se encuentran el Centro de Interpretación Arqueológica de la Plaza Velarde, incluido en el 'Anillo Cultural'. Esta obra fue licitada por 1.216.638 euros y adjudicada en julio del año 2012 por 677.910 euros con un plazo de ejecución de seis meses. Al final, la obra supuso para las arcas públicas 1.216.506 euros, apenas 100 euros menos del precio inicial de licitación y casi el doble del precio de adjudicación. En total, 538.596 euros de incremento.
Anteriormente, Copsesa había llevado a cabo la reforma de esta misma plaza. La obra se presupuestó en 2.283.062 euros, pero la empresa licitó en 1.872.110 euros y ganó el concurso. Pero el descuento del 18% entre el presupuesto y la cantidad comprometida por Copsesa quedó prácticamente en nada, ya que la firma propuso una modificación y ganó 373.687 euros más, con la que la diferencia entre licitación y el precio final de la obra se quedó en este caso en unos 37.000 euros.
A más de medio millón de euros también ascendieron los cambios aprobados por el equipo de Gobierno en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Menéndez Pelayo y en la peatonalización de la calle Juan de Herrera, cuyo presupuesto inicial fue ligeramente superior a dos millones de euros en ambos casos.
Precisamente, el encarecimiento en la primera de estas obras fue puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas al considerar que no estaba justificado. Los modificados tienen que llevar siempre aparejados un informe técnico, pero ello no quita que estén lo suficientemente motivados como para aprobar un incremento del coste inicialmente establecido en el contrato de adjudicación, como advirtió el Tribunal.
Igualmente, la empresa del dirigente del PP ingresó 329.000, 176.600 y 172.500 euros por las 'desviaciones' en las obras de renovación urbana del área San Simón-Entrehuertas, la urbanización del terreno en la calle Colombia-Justicia y el carril bici entre Pronillo y el Complejo de La Albericia, respectivamente.
Estos datos, a los que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, corresponden a obras ejecutadas entre los años 2007 y 2013, con lo que no está contabilizado el último año y medio de la presente legislatura, la segunda de De la Serna como alcalde de la capital cántabra. Tampoco están incluidas las obras licitadas por las sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento de Santander, como la Sociedad de Vivienda y Suelo o el Instituto Municipal de Deportes.
El caso Amparo
El encarecimiento en 220.000 euros conocido este lunes sobre el precio de adjudicación del nuevo vial que conectará la S-20 con la Avenida de los Castros -a cargo de la UTE formada por Copsesa e Isolux-Corsán- ha venido a echar más leña al fuego sobre una obra que ya se encontraba en el disparadero público, especialmente por la gestión del equipo de Gobierno en la expropiación y desalojo de Amparo Pérez.
Durante meses, el alcalde ha sostenido que pagar más de los 78.000 euros fijados por el justiprecio para la vivienda de esta mujer -de 90 metros cuadrados y 370 más de terreno- sería prevaricación, y apenas una semana después de su fallecimiento, el Ayuntamiento ha aprobado un modificado que conlleva un desembolso adicional de más de 200.000 euros, y ello sin dar explicación alguna más allá de apuntar que se ha debido a "causas geológicas y geotécnicas", lo que ha suscitado las críticas del resto de partidos.
El secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, ha destacado que esta forma de actuar del equipo de Gobierno "no es nueva" y que confirma la "falta de información" con que gestiona sus "macroproyectos de hormigón". El regionalista José María Fuentes Pila ha criticado el "despilfarro y la falta de sensibilidad" de la que ha "hecho gala" el alcalde, al tiempo que ha destacado que "la bajadas temerarias a las que siguen modificados" comienzan a ser "la norma" en la contratación del Consistorio.
Para Podemos, De la Serna ha demostrado que "sus intereses están muy alejados de las necesidades de los ciudadanos y muy cercanos a aquellos que están haciendo la obra pública". La Unión ha ido más allá y ha reclamado que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Otros incrementos
El modificado de las obras llevadas a cabo en Menéndez Pelayo no es el único que el Tribunal de Cuentas ha considerado como no justificado. Éste órgano, que se encarga de fiscalizar las cuentas de las Administraciones públicas, también ha puesto en cuestión, entre otros, el puente sobre la Vaguada de Las Llamas, conocido como el Puente Arenas, por un sobrecoste del 30% -1,3 millones de euros-.
Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus recelos sobre la restauración y rehabilitación del Palacio de Riva Herrera de Santander (Pronillo), que concluyó con un retraso de un año y medio sobre el plazo inicial y un incremento presupuestario del 26,5%.
También el Centro de Acogida en la Avenida Candina, donde se autorizó un modificado días antes de la finalización de las obras, en las que hubo una desviación temporal del 62% respecto a la fecha inicial y un incremento presupuestario del 32,2%.
Más recientemente, a finales de 2014, el equipo de Gobierno dio el visto bueno a un sobrecoste de 220.000 euros en la construcción de las 111 viviendas de protección oficial que ejecuta la empresa Ascan en La Albericia, tal y como denunció la portavoz socialista en el Consistorio, Judith Pérez Ezquerra.
* El Diario - Ruben Vivar - 24.2.15
Foto: El Ayuntamiento ha aprobado esta semana un modificado de 220.000 euros en la nueva conexión de la S-20 - eldiario
La nueva Ley de Montes permitirá recalificar zonas quemadas: "alienta la destrucción"
La modificación de la Ley de Montes ha pasado casi de puntillas por los medios y la opinión pública cuando de lo que se trata es de la máxima importancia en la Ordenación Territorial. Costó años que se aprobara en 2006 la Ley de Montes que prohibía la recalificación de los terrenos rústicos durante al menos 30 años, algo que era muy frecuente para urbanizar especulativamente el territorio. La mayoría de los numerosos incendios que se producían en el país tenían como finalidad la urbanización salvaje y delictiva. Ahora este Gobierno, que camina hacia atrás como los cangrejos, ha vuelto a cambiar la Ley, permitiendo estas actuaciones criminales bajo la burla política del 'interés general'. A pesar de la oposición de bastantes colectivos que lo han denunciado, la justicia 'no sabe no contesta'.
"RODRIGO CARRETERO* : El Gobierno aprovechó la semana pasada, en medio del revuelo por los atentados yihadistas en Francia, para aprobar la modificación de la Ley de Montes. Una controvertida norma que ha encendido a ecologistas y oposición a pesar de que quedó completamente eclipsada por los ataques de París. ¿El motivo de la polémica? Abre de nuevo la puerta a cambiar el uso de los terrenos quemados. Es decir, en determinadas circunstancias se podrá recalificar el suelo tras un incendio forestal.
Según informó la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, serán la Comunidades Autónomas las que podrán acordar, mediante una ley, el cambio de uso forestal de un monte quemado cuando “se den razones imperiosas de interés público de primer orden”. Una sola frase que cambia por completo la norma vigente desde 2006, impulsada por la ministra socialista Cristina Narbona, que prohibía construir en zonas afectadas por el fuego durante los 30 años posteriores al siniestro. De esta forma, se trataba de evitar fuegos provocados con fines especulativos.
Tejerina asegura que el cambio tiene como objetivo evitar que incendios provocados puedan “impedir actuaciones de interés general”. Por ejemplo, explicó la ministra, ahora podría darse el caso de que un propietario prendiera fuego a sus propios terrenos para evitar una expropiación para la construcción de una autovía que tendría que pasar por allí. Eso, según Tejerina, podría ocurrir con la antigua ley, aunque esa norma sí permitía construir si había trámites ya aprobados antes del incendio.
Los argumentos del Gobierno no han tranquilizado ni a la oposición ni a ecologistas. El PSOE se ha mostrado contrario al cambio y Juan López de Uralde, portavoz de Equo, considera que se trata de “una vuelta de tuerca más” en el “desmantelamiento” que, a su juicio, está realizando el PP de la legislación que protege el medio ambiente. Va en la línea, critica, de la nueva ley de costas o la aprobación del fracking.
"SE VOLVERÁ A LA SITUACIÓN ANTERIOR"
“Va a traer especulación y se va a volver a la situación anterior: en el momento en que había un proyecto urbanístico y surgía la más mínima voz de que no se podía urbanizar ahí porque tenía valor ecológico… lo siguiente que ocurría es que lo quemaban y se quitaban el problema”, recuerda López de Uralde en conversación con El Huffington Post. Eso, incide, es lo que llevó a cambiar en su día la ley de montes, que, según asegura, ha sido efectiva porque no se produjeron nuevas recalificaciones y consiguió eliminar una de las causas de incendios forestales.
La nueva ley, avisa, “alienta la destrucción y los incendios”: “Abierto el agujero, la problemática está creada. Están haciendo lo de siempre: cambian la ley, hacen el agujero y dicen que no va a ocurrir nada.”
El Colegio de Ingenieros de Montes, en cambio, se ha posicionado a favor de la nueva ley. Su decano, Carlos del Álamo, cree que no se puede generalizar la prohibición, como ocurre hasta ahora, sino que el cambio o no del uso del suelo tras un incendio debe obedecer a la sentencia de un juez.
Subraya que la normativa de 2006, que califica de “demagógica y poco eficaz”, se ha convertido en “un arma en manos de desaprensivos y delincuentes” que “hacen daño a otros sin posibilidad de defenderse”. “Imagínate que tú tienes una finca y yo tengo otra al lado. Y yo, para que no construyas, te quemo la finca”, pone de ejemplo. “Muchas veces el incendio no lo provoca el dueño del terreno y puede venir de lejos. Esos propietarios se ven condicionados o perjudicados por una situación ajena a su voluntad. Encima de cornudos, apaleados”, asegura.
"UN INCENDIO NO JUSTIFICA EL CAMBIO"
Del Álamo afirma, además, que con este debate se eleva de categoría algo “casi anecdótico” porque el cambio de uso del suelo no llega al 1% de las causas de incendios forestales. Theo Oberhuber, coordinador de Ecologistas en Acción, cree, en cambio, que ese es un argumento tramposo porque si esta es ahora “una causa mínima” de los incendios es gracias, precisamente, a la ley aprobada en 2006.
“Hasta ese momento sí era una causa importante. Además, independientemente del porcentaje, el objetivo principal de una zona quemada debe ser su recuperación y regeneración siempre manteniendo el uso forestal. Que una zona se haya incendiado no justifica en ningún caso que se tenga que dedicar a fines urbanísticos o de construcción”, advierte.
Tampoco le vale la razón de Del Álamo de que los propietarios pueden salir perdiendo en caso de incendio. “Si tienes un monte, se quema y se regenera, ¿en qué sales perjudicado? No es que salgas perjudicado, es que te quieres beneficiar”, critica.
Oberhuber cree, además, que como en pocas ocasiones se llega a saber realmente la causa del incendio, es muy fácil camuflar un fuego: “Si provocas una quema de rastrojos al lado y dejas que se te escape intencionadamente… Es difícil concretar si estamos hablando de un incendio intencionado o no. Por eso, la norma debe ser general para todos”.
Santiago Arévalo, presidente de la Red Española de Municipios Forestales y alcalde de Enguera, en Valencia (PP), afirma que esa prohibición general trae perjuicios a los pueblos. Pone como ejemplo el caso del municipio de Cotes, que tuvo la oportunidad de albergar una central solar “con una inversión importante". “Resulta que esos terrenos se habían quemado hacía 17 años. Ni el alcalde lo sabía. Y por eso se vino abajo un proyecto que podía haber sido la salvación económica del pueblo”, afirma.
"NO HAY ESPECULACIÓN URBANÍSTICA"
Arévalo se queja de que “quienes van sólo los fines de semana” a los espacios forestales quieran ser “los adalides de la preservación de los paisajes” y defiende que en los municipios forestales de interior “no hay especulación urbanística y nunca la ha habido”. “En mi pueblo en el año 1900 vivían 7.500 personas. Ahora viven 5.000. ¿Dónde ha habido esa construcción y especulación desmesurada?”, cuestiona.
Llama, además, a confiar en las instituciones para que éstas decidan qué es interés general y qué no. “La legislación lo marca y tiene que estar avalado por una serie de informes y ni un promotor ni un particular pueden modificarlo. Interés general no es decir: voy a construir una mole de viviendas, sino levantar un hospital en unos terrenos que igual se quemaron hace 20 años”, reflexiona.
Pero a Theo Oberhuber, de Ecologistas en Acción, no le valen esos argumentos. “Sabemos por experiencia que se consideran de interés general obras de todo tipo, no solo cosas que podamos pensar que son esenciales o importantes”, recuerda.
Y concluye que esta ley, “como casi todos los cambios normativos de esta legislatura”, va encaminada a beneficiar a determinados sectores o personas “bien relacionadas con el PP”. “Ya había intereses concretos y nos tememos que no solo se trate de intereses políticos, sino pensando en un proyecto y amigos concretos”.
* El Huffington Post - RC - 17.1.15
Foto: Bosque público - publico
Víctimas del AVE a Santiago denuncian ante el Congreso las “mentiras” del Gobierno
Otro asunto verdaderamente sangrante es que, a estas alturas, no se sepa toda la verdad del accidente del AVE a Santiago (Alvia) ni haya habido comisiones de investigación para depurar las responsabilidades políticas, no solo las técnicas. La línea del AVE a Galicia fue otro proyecto faraónico del entonces ministro de Fomento 'popular', A.Cascos, e inaugurada precipitadamente por su sucesor J.Blanco. Se sabe que los políticos prometen de todo ante unas elecciones, pero lo que no puede haber es impunidad ante los delitos y fracasos evidentes. Aquí la justicia debería haber actuado 'de oficio', pero ya se sabe la complicidad existente entre ambos poderes estatales. Vergonzoso.
"INFOLIBRE* : La Plataforma Víctimas del Alvia 04155 entregó este martes en el Congreso de los Diputados más de 100.000 firmas recogidas a través de la página web Change.org para exigir la apertura de una comisión de investigación del accidente de Angrois, en el que murieron 81 personas y resultaron heridas más de 140, que “depure responsabilidades políticas”.
Así, medio centenar de personas se concentraron en los alrededores del Congreso para asistir a la entrega de las firmas y a la lectura de un manifiesto en el que reivindicaron el "derecho" de las víctimas "a conocer todos los datos y a todos los responsables de seguridad" de un accidente "evitable", el "derecho a exigir responsabiliades políticas" tanto al Gobierno del PP como del PSOE y el deber de ambos de "pedir perdón por las negliencias cometidas".
El Gobierno "oculta lo que pasó"
El portavoz de la plataforma, Jesús Domínguez, denunció en declaraciones a infoLibre que el Gobierno de Mariano Rajoy “lleva un año y medio mirando a otro lado y ocultando lo que pasó” debido, a su juicio, a la “gravedad de las negligencias” que se produjeron en torno al accidente. “Hubo un engaño claro a los ciudadanos. Nos vendieron que íbamos con un sistema de frenado automático que costó 164 millones de euros que estaba desconectado”, recordó Domínguez, quien quiso añadir que “los peritos ya han confirmado que con este sistema no se habría producido el accidente”.
Según Domínguez, “lo que más indigna a las víctimas es que los responsables políticos han sido premiados, cuando en cualquier otro país habrían dimitido”. “Aquí, al presidente de Renfe le tenemos de secretario de Infraestructuras, y el que ostentaba ese cargo, Rafael Catalá, ahora es el ministro de Justicia”, criticó Domínguez, quien no dejó de recordar que el PSOE también debería “responder” ante las víctimas. Y es que, a juicio de la plataforma, José Blanco, que actualmente ostenta un escaño de eurodiputado en el Parlamento Europeo por el PSOE, inauguró la línea “deprisa y corriendo” de manera “chapucera”.
Sobre la subcomisión sobre la mejora del sistema ferroviario creada en el Congreso y que ha concluido recientemente la fase de comparecencias, Domínguez sólo tiene una opinión: “fue el primer engaño de este Gobierno”. “Cuando le pedimos la comisión de investigación a la ministra de Fomento Ana Pastor, nos habló de que se iba a hacer una subcomisión y nos dijo que podíamos incluso participar en ella. Pero, más tarde, nos dimos cuenta de que era una subcomisión a puerta cerrada y además que no trataba el accidente", lamentó el portavoz de la plataforma.
Dominguez insistió en que "fue un engaño" para, a su juicio, ganar tiempo, "igual que están haciendo ocultando información y tardando en mandarla al Juzgado, como ya ha reclamado el juez Lago Louro y, anteriormente, el juez Aláez", el actual magistrado que lleva el caso Alvia y en el que ya se han entregado los informes periciales definitivos, algunos de ellos, como el del perito independiente César Mariñas, "demoledores", según Domínguez, quien señaló que es una "actitud bochornosa que el propio Ministerio sea el que está poniendo trabas a la justicia".
"Nos sentimos maltratados"
Laura del Moral tiene 37 años y vivió en primera persona el accidente de Angrois. No quiso perderse la concentración de este martes para reclamar una "verdadera" comisión de investigación. "Semejante catástrofe, con tal cantidad de fallecidos y de vidas destrozadas, creo que merece qué menos que una investigación y una depuración de responsabilidades políticas", comentó.
"Lo único que pedimos los superviviente y las familias es que, al menos, se sepa la verdad de las causas", señaló, al mismo tiempo que añadió que se sienten "maltratados" por parte de las autoridades del Gobierno.
Para Laura, la razón del "ocultamiento" de lo que ocurrió hace año y medio se debe a que "no interesa ni a los negocios de alta velocidad ni a los políticos, que la utilizan para hacer campaña electoral, como hizo José Blanco cuando inauguró la línea". "Íbamos totalmente vendidos. Fue un accidente que se podría haber evitado", lamentó.
* InfoLibre - ANDREA SÁNCHEZ - 24.2.15
Foto: Santiago de Compostela, curva accidente - EFE
Un juez pone en jaque el plan de Fomento para el rescate de las autopistas
El despilfarro delictivo de las nuevas autopistas (radiales y alguna más) trae como consecuencia que, una vez más, los paganos de una decisión política arbitraria sean los ciudadanos, sin que, por el momento, hayan sido imputados los responsables de semejante disparate en infraestructuras de transporte. El rescate por el Estado de las autopistas en quiebra que diseñaron Aznar, Cascos y Aguirre costará unos 6.000 millones nada menos. Además, por si fuera poco, un juez considera ahora que la propuesta que el Ministerio de Fomento ha presentado como convenio de acreedores presenta "defectos de ilegalidad".
"PÚBLICO* : El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Madrid ha abierto la fase de liquidación de una de las ocho autopistas en quiebra, la AP-36 Ocaña-La Roda, tras rechazar el plan de rescate que el Ministerio de Fomento ha presentado como propuesta de convenio de acreedores de estas vías por considerar que presenta "defectos de legalidad".
Así consta en el auto emitido por el juez titular de este Juzgado, Andrés Sánchez Magro, en el que apunta que la propuesta de Fomento "adolece de una serie de defectos que hacen inviable su admisión a trámite", pese a reconocer que algunos son "subsanables".
Entre estos fallos, apunta que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros, ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías que el Ministerio pretende asumir.
En su auto, con fecha del pasado 24 de febrero, el juez anula así la junta de acreedores de esta autopista, que estaba convocada para el próximo miércoles, 4 de marzo. No obstante, contra la sentencia cabe presentar un recurso de apelación en un plazo de veinte días.
Con la apertura de la fase de liquidación de la sociedad concesionaria de esta vía, controlada por Ferrovial y Sacyr, se activará la responsabilidad administrativa que el Estado tiene ante el contrato de concesión de la infraestructura. En el supuesto de que todas las ocho vías se liquiden, el sector y Fomento calculan que el Estado debería afrontar un monto total de 4.500 millones de euros por responsabilidad patrimonial.
Asimismo, la liquidación de una autopista podría hacer peligrar la viabilidad del propio plan de rescate diseñado por el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda. El proyecto pasa por integrar las autopistas en una empresa pública, tras reestructurar su deuda de 3.500 millones de euros aplicando una quita del 50% y titulizando el pasivo restante en un bono a treinta años.
La viabilidad de esta futura nueva empresa nacional de autopistas está calculada a partir de la inclusión de las ocho autopistas, y en el caso de excluir una, podría incumpliría con los parámetros de cobertura de costes y deuda con ingresos que exige la UE.
En su rechazo a este plan de Fomento, el juez también apunta a que realiza una modificación del listado de acreedores "sin tener competencia para ello". Asimismo, estima que se basa en "una serie de renuncias de los acreedores y de la firma concursa" que se "escapan a la facultad de disposición" del Ministerio, que además no aporta garantías de la financiación con que contará.
Mejorar el plan
En paralelo, el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5, también ha detectado defectos en el plan de rescate presentado por Fomento como convenio de acreedores, si bien en este caso ha dado al Ministerio un plazo de un mes para que lo subsane.
Este Juzgado coincide con el Mercantil número 2 al reclamar al Ministerio que su plan incluya autorización del Consejo de Ministros para que la sociedad pública Seittsa se quede con las autopistas quebradas, titulice en un bono la deuda con la que se quedarán las vías tras la quita del 50% prevista, y explote las infraestructuras, tal como adelanta el diario 'Expansión'.
Así lo indica el auto de requerimiento de subsanación emitido por este Juzgado, con fecha del 19 de febrero, casi en paralelo al dictado por el del Mercantil 2 en el que se rechaza el plan de Fomento y se insta a liquidar la vía Ocaña-La Roda.
Además de estas dos vías, también están en riesgo de quiebra las otras dos radiales de Madrid (R-2 y R-4), la que une la capital con el aeropuerto, la Madrid-Toledo y la Cartagena-Vera. Los sobrecostes que las concesionarias de las vías afrontaron a la hora de expropiar los terrenos en los que se construyeron y el desplome del tráfico durante la crisis constituyen los principales factores de su desequilibrio financiero.
El Ministerio de Fomento ha señalado que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Madrid el auto del Juzgado Mercantil número 2, pues considera que los motivos que argumenta el juez no justifican la decisión de liquidar la autopista, al entender que los defectos que señala en el plan de rescate son subsanables, según fuentes del Departamento de Ana Pastor.
Fomento cree que aspectos señalados en el auto, como que el plan no cuenta con "refrendo o aprobación" por parte del Consejo de Ministros ni con la "necesaria audiencia con los representantes de los trabajadores" de las vías, se pueden subsanar, al igual que atenderá a todas la subsanaciones que en paralelo pide al plan el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, el encargado del proceso concursal de otras dos autopistas en concurso, las radiales R-3 y R-5.
* Público - EP - 26.2.15
Foto: Autopista de peaje Ocaña_LaRoda en quiebra - eldiario
Empresas de la 'Púnica' dejan sin casa y con una deuda total de 21 millones a 120 familias de Pinto
%2Bcooperativistas%2Bprotestando%2B-%2BJ.Paris.jpg)
La trama de corrupción urbanística conocida como 'Púnica' afecta a numerosas municipios de Madrid y consistía básicamente en el amaño de contratos públicos que eran concedidos fraudulentamente a empresas amigas, mediando comisiones para ello. F.Granados, el capo y nº2 de E.Aguirre en la Comunidad sigue en la cárcel, pero las ramificaciones de esta mafia corrupta continúan asombrando y parecen no tener fin, así en Pinto empresas relacionadas con la trama han dejado sin vivienda y en la ruina a 120 familias, que ahora reclaman en los juzgados. Veremos si la débil justicia es capaz de hacerles caso.
"20MINUTOS* : La operación 'Púnica' no solo es la adjudicación irregular de contratos públicos a cambio de comisiones (caso que lleva la Audiencia Nacional, que ha imputado a más de 50 personas). Los tentáculos de la trama también han estrangulado con fuerza los bolsillos y las ilusiones de 120 familias de Pinto (municipio del sur de Madrid). Varias empresas de la 'Púnica', todas investigadas por la Guardia Civil, han dejado sin vivienda y sin sus ahorros a estas familias, que reclaman deudas por valor de 21 millones de euros en un juzgado de lo mercantil.
Algunas de estas familias han decidido denunciar individualmente a las empresas que les han engañado. Otras han optado por unirse, formar la asociación de afectados por la cooperativa Hydra, y presentar una denuncia ante la Fiscalía. José Antonio Barrios, 38 años, casado y con una hija, presentó una denuncia en octubre del año pasado en el juzgado número 4 de Parla por lo delitos de estafa, doble venta inmobiliaria y apropiación indebida contra los socios que fundaron la cooperativa y contra el administrador de la empresa a la que la cooperativa contrató para llevar todos los trámites. Y un mes después, en diciembre, ya formando parte de la asociación de afectados, denunció los mismos hechos ante la Fiscalía. "Quería comprar un piso de tres dormitorios por 176.000 euros". José Antonio se apuntó en mayo de 2008 en la cooperativa, pero se tuvo que dar de baja en el año 2010 por una grave enfermedad (tuvo un tumor), y porque su mujer empezó a tener problemas económicos en el trabajo. "Cumplía los requisitos para poder darme de baja. Pero no me devuelven lo que aporté, 55.000 euros".
Los abogados de los cooperativistas han tenido que investigar mucho para desenmarañar la madeja societaria que rodea a la cooperativa Hydra. Esta fue creada el 22 de septiembre de 2006 por cuatro socios, entre los que destaca el tesorero Carlos de Santiago del Castillo. En marzo de 2007, la cooperativa contrató a la empresa Gestión y Técnicas de Ordenación Urbana (GTO) para que llevara el día a día. GTO es en la actualidad una de las 142 empresas investigadas por la Guardia Civil dentro de la 'Púnica'. Curiosamente, de Santiago también era director del departamento jurídico de GTO. El apoderado de GTO es Antonio Serrano Soldado, aunque según el registro mercantil, GTO pertenece a dos empresas representadas por David Marjaliza y José Luis Capita. Serrano y Marjaliza fueron detenidos dentro de la 'Púnica': el primero está libre con cargos tras pagar 100.000 euros de fianza; el segundo sigue en prisión, ya que es el principal empresario de la trama.
Unos terrenos por encima del precio de mercado
El objetivo de la cooperativa era construir 235 pisos protegidos en el sector 8 de La Tenería II, un nuevo barrio que se ha levantado en el norte de Pinto. Los terrenos fueron adquiridos por la empresa Estudio de Patrimonios y Gestión Urbana (EPGU), otra sociedad de Marjaliza y Capita (también investigada en la 'Púnica'). Marjaliza pagó 7,8 millones por el suelo y se lo vendió a la cooperativa en abril de 2007 por 11,5 millones, un beneficio de 3,7 millones. "Este incremento del precio ya hacía inviable el proyecto", señala el abogado de José Antonio Barrios. Los cooperativistas saben ahora, gracias a un informe que encargaron, que el suelo no debería haber costado más de 7 millones de euros. "En la causa hemos aportado los costes de otras promociones de pisos protegidos en el mismo barrio. Una de 102 viviendas salía por 6,2 millones; otra de 172 por 10,2 millones. A Hydra el suelo solo ya le salió por 11,5 millones, que con los costes de edificación ya se iba a más de 30 millones", explica el letrado en base a un informe de la sociedad de tasación Tinsa.
Para financiarse, mientras iba captando las aportaciones iniciales de los socios, la cooperativa, gestionada por GTO, no solo recurrió a los bancos, sino a un préstamo que le concedió otra empresa de Marjaliza, de nombre Vancouver Gestión (también investigada en la 'Púnica'). El 1 de septiembre, Vancouver prestó 3,2 millones a la cooperativa. Y GTO, la gestora, prestó otros 600.000 euros. El libro de cuentas de la cooperativa de 2011 refleja que Vancouver Gestión ya ha recuperado el préstamo de 3,2 millones, y que ha recibido incluso 49.416 euros de más. Vancouver Gestión no solo está en el sumario de la 'Púnica', también en el de la 'Gürtel', por otra operación urbanística valorada en 12 millones de euros en Valdemoro, según adelantó Infolibre.
Como demuestra la relación de empresas y nombres, todo se movía en las mismas manos. EPGU, es decir, Marjaliza, compró el suelo. Lo vendió a la cooperativa, que se financió en parte a través de Vancouver Gestión, es decir, Marjaliza. Luego la gestión de la cooperativa la lleva GTO, es decir, Marjaliza. ¿Quién captó a los cooperativistas? TPC Red inmobiliaria, otra empresa de la 'Púnica' también de Marjaliza. "Todos estos datos, unidos a la falta de documentación contable, la inexactitud comprobada de determinados apuntes y la falta de auditoría de la cooperativa a partir del año 2012, hacen deducir a los afectados que el proyecto de construcción nunca fue viable y que su finalidad no fue otra que beneficiar al entramado societario de Marjaliza y sus socios", señala la asociación de afectados.
En concurso de acreedores
Las cuentas no cuadraban. La cooperativa entró en concurso de acreedores en octubre de 2013, decretado por el juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid. "Nos encontramos con activos sobrevalorados, para simular una situación patrimonial ficticia, con objeto de defraudar a los cooperativistas. También se crearon y vincularon operaciones de crédito con empresas afines a la gestora con objeto de defraudar a los cooperativistas", reza el incidente concursal al crédito de la gestora que obra en el juzgado de lo Mercantil. La promoción se ha quedado a medias. Solo se construyeron 117 pisos, en los que apenas viven unas 50 familias. Quedan por levantar otras 118 casas, pero no hay dinero. En el concurso de acreedores hay 127 personas inscritas, que reclaman 21,8 millones. Más de 120 son familias. Como acreedor también está la comunidad de vecinos, que reclama 8.500 euros.
"Cada cooperativista entregó entre 30.000 y 50.000 euros de adelanto, dinero que no han recuperado. Luego hay que sumar la hipoteca que cada uno de ellos pidió para pagar el piso, entre 140.000 y 170.000 euros por cabeza", señala el abogado. Pedro Torrubias, 36 años, está en el paro. Le adjudicaron un piso en el segundo bloque, en el que no está construido. "Entré en la cooperativa en abril de 2008. Me captó la inmobiliaria TPC [dentro de la trama 'Púnica']. A los pocos meses me dicen que el piso ha subido de precio, 50.000 euros más. Yo estoy solo y había optado por un piso de un dormitorio, pero me subieron el precio. De 150.000 euros a 190.000 euros. Tuve que dejarlo porque el banco no me financiaba una hipoteca de 190.000 euros. Me di de baja con justificación y me deben 39.000 euros". El punto 13 A.3 de los estatutos de la cooperativa refleja como baja justificada "la exigencia de nuevas aportaciones obligatorias al capital".
José Antonio Barrios tuvo incluso que firmar un contrato en mayo de 2008 para que le reservaran una plaza en la cooperativa. Abonó 9.000 euros en metálico. "La factura ha desaparecido. Fue como una especie de comisión que se han repartido entre varios". Lo firmó con la inmobiliaria Inmocentro. Su representante también está denunciado. "Me llegaron incluso a adjudicar dos pisos, primero uno y luego otro. No me han devuelto el dinero y encima esos pisos se han vendido a otros cooperativistas. Esto es una estafa por doble venta", concluye.
Claudio Duro, 31 años, fue de los primeros en denunciar. Lo hizo a principios de 2012 tras haber entregado a la cooperativa en los tres años anteriores unos 43.000 euros. "Quería comprarme un piso de dos habitaciones, dos baños, y garaje, por unos 170.000 euros. Pero no cumplieron los plazos de entrega del piso y un día recibo un mail, seguido de un burofax, exigiéndome que vaya a escriturar. Yo les contesté que en esos momentos me venía mal escriturar porque tenía problemas en conseguir la hipoteca, que prefería esperar un poco. No esperaron. Me dieron de baja y exigí mi dinero. Eso fue a finales de 2011. Aún sigo esperando. No me lo quieren dar. Vivo de alquiler y les he dado los ahorros de mi vida. A mi hermano también le deben unos 30.000 euros".
GTO quiere cobrar todavía 933.000 euros
Los cooperativistas han dado un primer paso. En una primera sentencia, de septiembre de 2014, el juzgado de lo mercantil número 6 ha dictaminado que GTO es el administrador de hecho de la cooperativa, no un simple gestor, lo que en un principio garantizaría las posibles responsabilidades de la gestora. El juzgado califica además de crédito subordinado los 933.000 euros que GTO quiere, después de todo lo que ha pasado, cobrar de la cooperativa Hydra por sus trabajos de gestión, lo que significa que GTO no cobrará hasta que lo hagan el resto de acreedores. GTO ni siquiera ha podido recurrir la sentencia, ya que no tiene los 50 euros de las tasas judiciales porque sus cuentas han sido bloqueadas por el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional.
Otros vecinos están negociando con la aseguradora el pago de las cantidades que dieron a la cooperativa y han preferido no acudir a la vía judicial. Jose Antonio y Pedro, por ejemplo, también solicitan un poco de ayuda por parte del Ayuntamiento de Pinto. Un portavoz del Consistorio asegura que es un tema privado y que se han reunido con los afectados para que, "dentro de sus funciones y competencias, colaborar en los que podamos y puedan necesitar. Se les va a facilitar el acceso al expediente de concesión de la licencia oportuna, por si eso les pudiera servir de ayuda en su reclamación".
La cooperativa es también una de las 142 empresas investigadas en la trama ‘Púnica’. De esas 142 empresas, 46 tienen su sede en Pinto. Y de estas 46 sociedades, 41 están radicadas en una misma dirección: el edificio Éboli. Tanto David Marjaliza (en prisión incondicional sin fianza)como José Luis Capita (no imputado) aparecen conjuntamente, a título individual o por medio de otras sociedades interpuestas, como socios, administradores y representantes de estas empresas.
* 20 Minutos - David Fernández - 23.2.15
Foto: Pinto (Madrid), cooperativistas protestando - J.Paris
Ronda.- Quieren permitir la urbanización en un paraje singular
%2C%2Bcornisas%2Bdel%2BTajo%2B-%2BEA.jpg)
De nuevo se pretende cometer un atentado urbanístico de importante repercusión en Ronda, el gobierno 'popular' municipal pretende modificar el Plan General para permitir urbanizar un paraje protegido paisajísticamente como el conocido de 'Cornisas del Tajo'. En 2008 la cómplice Comisión provincial de Urbanismo malagueña aprobó el Plan Parcial, basándose en una sentencia judicial ambigua. Es decir que, de nuevo, estamos ante un caso flagrante de especulación urbanística donde actúan negativamente todos los poderes del Estado. Unos por otros, al final son los ciudadanos rondeños, y los miles de visitantes que acuden allí, los perdedores de esta acción criminal contra el Territorio.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Desde Ecologistas en Acción - Serranía de Ronda anunciamos que se van a retomar acciones judiciales contundentes para parar de una vez la desmesurada urbanización de 17 hectáreas del mejor territorio paisajístico con el que cuenta Ronda, en la zona popularmente conocida como Cornisas de la Hoya del Tajo. El objetivo es reintegrar a los rondeños cada metro cuadrado del espacio denominado “Parque Sur”, para su uso y disfrute, como preveía el PGOU de Ronda aprobado antes de la sentencia del Supremo.
Para esta asociación, todos los implicados - promotores, políticos y técnicos - se escudan en una supuesta y aparente “ejecución” de una sentencia del Tribunal Supremo para justificar el atropello frontal de toda la normativa y políticas vigentes en materia urbanística, desarrollo rural, turismo sostenible, patrimonio cultural y medio ambiente.
Fue la Comisión Provincial de Urbanismo la que, en una clara desviación de poder, acordó ejecutar la sentencia y aprobar de forma definitiva el plan parcial en 2008. Sin embargo, un reciente informe de la Jefa del Servicio de Urbanismo provincial, Carmen Marzo Solís, deja patente que ese acuerdo de la Comisión Provincial pudo ser objeto de recurso sin que ningún ente público lo hiciera.
En la sentencia de instancia, confirmada por el Supremo, el Presidente del TSJA, Joaquín García Bernaldo de Quirós, reprochó a ambas administraciones su inactividad en defensa del uso público de la zona y de su valor paisajístico, y decía textualmente:
“Por último, añadiremos que llama extraordinariamente la atención a esta Sala la escasa oposición que la Consejería de Obras Públicas de la Junta de Andalucía ha realizado en el presente Recurso a los alegatos [del promotor], así como que el Ayuntamiento de Ronda no se haya personado tampoco en autos.”
La modificación del PGOU que el equipo de gobierno del Ayuntamiento quiere ahora perpetrar, aunque afortunadamente con la oposición de otros partidos, supone poner la administración municipal al servicio de un simple interés privado, se fundamenta en una supuesta inevitabilidad, y está marcada en el tiempo por la bulla de los propietarios para vender los terrenos a un tercero, que los necesita como inversión especulativa.
Frente a ello, la ciudadanía debe saber que el proyecto no cuenta con abastecimiento de agua ni cumple la normativa internacional en materia de protección del paisaje: se encuentra en el interior de la Reserva de la Biosfera Intercontinental. Además, existen alternativas para proteger la zona sin coste alguno para el Ayuntamiento y los contribuyentes, que el equipo de gobierno no quiere utilizar, para que los propietarios puedan obtener una rentabilidad que de otra manera no obtendrían de ningún modo.
Desde Ecologistas en Acción entendemos que este nuevo proyecto (gran hotel de súper-lujo, “estilo Villa Padierna”) no está conforme con las políticas turísticas aplicables a Ronda, tal como sostienen los promotores y algún que otro político. Es todo lo contrario.
El Plan de Turismo de Ronda se fundamenta en el hecho de que “conviene marcar límites al crecimiento y control del modelo (hoteles y restaurantes pequeños y con encanto)… La oferta de alojamientos ha de crecer fundamentalmente en los niveles más altos, tres y cuatro estrellas, en la línea de los actuales hoteles con encanto de Ronda, con un ritmo anual de crecimiento lento que permita mantener y subir los actuales grados de ocupación, captar las demandas adecuadas y planificar el territorio debidamente.” La última cifra oficial de ocupación hotelera en Ronda es del 46,7%.
Según la alcaldesa de Ronda, Mª Paz Fernández, “asumir cualquier pago sería imposible… el Ayuntamiento no podría indemnizar de ninguna forma. No queda ninguna otra posibilidad que permitir la construcción”. Para Ecologistas en Acción, la Alcaldesa dio en la clave con estas declaraciones hechas después del Pleno de diciembre 2014. Defendiendo el interés de los promotores, quiere hacer creer que impedir la construcción requeriría indemnizar a los propietarios, por lo que se ha “vendido” a la opinión pública una ejecución aparente de la sentencia de los tribunales.
Lo que no quiere, sin embargo, es usar alternativas que requieren “pensar”: basta con aplicar el artículo 7.2 del Texto Refundido de la Ley de Suelo, y cambiar el planeamiento o promover permuta con los propietarios. Pero eso sería defender el interés público, y queda claro que el único interés que le “interesa” es el privado.
* Ecologistas en Acción - 18.2.15
Foto: Ronda (Málaga), cornisas del Tajo - EA
El urbanismo que crispa a los grovenses
El municipio pontevedrés de O Grove tiene un grave problema urbanístico desde que se suspendieran las Normas de 1996 en 2002 por la Consellería. A falta de un Plan General municipal ha ido creciendo desordenadamente y ya hace 8 años el alcalde 'popular' M.Pérez desistió de hacerlo tras la rebelión de los vecinos. Ahora el Ayuntamiento lo va a intentar de nuevo, pero los ánimos están muy crispados ya que los vecinos consideran que no se ha contado con ellos (el eterno problema del urbanismo actual), con lo que los altercados públicos y las disensiones están garantizadas de antemano.
"LAVOZDEGALICIA* : «¿Quen matou ao meco?», preguntaba uno de los asistentes al pleno del pasado miércoles. «Fumos todos», respondió una voz de entre el público. La tradicional leyenda grovense se ha convertido estos días en la amenaza velada que lanzan los vecinos cada vez que tienen ocasión. Lo hacen para advertir al Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). De hecho, ya hay quien lo ha dibujado colgado de la famosa higuera de A Siradella. No es esta la primera vez que los grovenses declaran la guerra a un documento urbanístico y la ganan. Pero nunca antes habían demostrado esa virulencia.
En el pleno del pasado miércoles hubo insultos -muchos y subidos de tono- y hasta agresiones. Los vecinos están enfadados y parece que ya da igual lo que haga o diga el tripartito. Aunque esto sea atender sus reivindicaciones.
¿Por qué en O Grove urge más una normativa urbanística que en otros municipios?
Porque la localidad meca tiene suspendidas por la Xunta las normas subsidiarias del año 96. Fue en el 2002 cuando el entonces conselleiro, Xosé Cuíña, intervino la normativa e instó al Concello a redactar un plan urbanístico. Desde entonces, la localidad carece de una regulación que le permita desarrollarse. Hace ocho años el alcalde, Miguel Pérez, intentó sacar adelante un planeamiento. Pero debido a la presión popular tuvo que desistir y este quedó olvidado en el fondo de un cajón. Entonces también hubo malestar y protestas, pero estas no alcanzaron las cuotas de indignación que se están registrando actualmente.
¿Qué ha pasado para que los vecinos estén tan enfadados?
El Plan Xeral de O Grove sale a exposición pública a mediados de octubre. Y enseguida se ve el interés que este despierta en los vecinos. La casa de cultura se queda pequeña para acoger las consultas y es preciso trasladar los planos a la Casa Azul. El técnico contratado no da abasto para atender las peticiones de información de los vecinos. A mediados de noviembre se decide incluso contratar a un segundo técnico, pues el primero resulta insuficiente. En este tiempo, el alcalde y dos de sus concejales se van de viaje oficial a Argentina. Cuando regresan, la oposición ya se ha encargado de dar su visión del plan a los vecinos. También se encuentran con la plataforma de afectados por el documento, que nace con el objetivo de lograr que se amplíe el plazo de exposición pública en un mes más y con el fin de facilitar información a los vecinos. El tripartito decide entonces tomar cartas en el asunto. Convoca las primeras charlas informativas y en ellas puede comprobar que ya hay muchos vecinos crispados por el documento. En todas hay exaltados que los increpan.
¿Cuáles son las principales quejas de los vecinos?
«Que me levan a terra». Así responden la mayoría de los afectados cuando se les pregunta qué mal tiene el plan general. Sus críticas se centran en los suelos de desarrollo, tanto en el rural como en el suelo urbano, en las carreteras y rotondas y en las viviendas que quedan fuera de ordenación. Sobre los primeros se quejan de que no les compensan, pues la mayoría son tierras pequeñas que tendrían unos elevados costes de urbanización que no compensarían nunca lo que van a recibir a cambio. De los viales y rotondas dicen que son desproporcionados y, literalmente, «que nós non precisamos carreteras tan grandes». Y sobre el fuera de ordenación argumentan que esa figura urbanística les impediría reconstruir sus viviendas en caso de incendio o derrumbe.
¿Incluye el documento grandes aberraciones?
En esta ocasión el equipo de gobierno ha optado por reducir drásticamente el número de nuevas viviendas que incluye el documento, en relación con el primer intento de PXOM. De hecho, el plan cuenta con los informes favorables de la Xunta. Las grandes carreteras, de las que se quejan los vecinos, tienen anchos de 16 metros. Una medida que, según ha repetido el tripartito hasta la saciedad, es la que obliga la ley. En cuanto a las viviendas fuera de ordenación lo cierto es que muchas de ellas ya lo están desde que se redactaron las normas subsidiarias del año 96. Lo que pasa es que los vecinos ignoraban esta situación. De hecho, aunque el PXOM no entre en vigor estos edificios seguirán estando afectados. Sobre las figuras de desarrollo previstas, el tripartito ya se ha ofrecido a introducir cambios, porque parece que algunas no se han ubicado en las zonas más adecuadas (entornos formados por las huertas de las viviendas que perderían construcciones anexas como garajes y piscinas para ganar suelo urbanizable).
¿Qué pide la plataforma y qué ha dado el tripartito?
La plataforma de afectados comenzó hace unas semanas una segunda recogida de firmas con el objetivo de lograr una segunda exposición pública del documento. Pero pronto incorporó más reivindicaciones a la misma. Ahora rechazan por completo este plan, que consideran que no se puede usar de base para redactar otro más acorde con las exigencias de los vecinos. Quieren que se cambie de equipo redactor, que se celebre una segunda exposición pública y que se devuelva el dinero de las alegaciones. También, responsabilidades políticas. Todo ello mientras insisten en que O Grove precisa de una normativa urbanística, pero una más acorde con el municipio. A casi todo ello ha accedido el tripartito. Ha anunciado el despido del redactor, ha prometido una segunda exposición pública y rehacer de nuevo el plan, con nueva planimetría, y utilizando las alegaciones de los vecinos como base. Pero nada de eso parece haber satisfecho a los afectados.
¿En qué situación se está ahora?
A falta de conocer los próximos pasos de la plataforma, el tripartito ha iniciado el proceso para rescindir el contrato con el equipo redactor. En breve, debería iniciar la contratación de uno nuevo. El futuro urbanístico de O Grove quedará en manos de la próxima corporación.
* La Voz de Galicia - M.Alfonso - 1.2.15
Foto: O Grove, protesta PXOM - M.Irago
Ciudadanos contra la corrupción
Cada vez es más frecuente la pérdida del miedo de los ciudadanos ante la corrupción generalizada que atenaza las distintas administraciones públicas. Son bastantes los ejemplos de personas anónimas que se han arriesgado a sufrir las consecuencias de una denuncia ante la justicia contra los clanes mafiosos que existen tanto en las pequeñas o medianas poblaciones. Desde este mismo blog, que lleva ya 8 años denunciando la corrupción urbanística, podemos dar fe de las presiones existentes ante noticias y hechos que atentan contra la Ordenación del Territorio. Pero hay casos que se pierden en el tiempo ya que los propios medios no les dan la importancia debida (son interesados), o que la justicia es cómplice también retrasando oportunistamente las más que posibles sentencias condenatorias.
"LAMAREA*: Un asaltante entró por la fuerza en casa de Itziar González el 30 de abril 2009, la destrozó y robó sus ordenadores personales. El chico cumplió pena de cárcel, pero, por miedo, nunca llegó a reconocer quién le había contratado. Meses después, las amenazas de muerte llegaron al buzón de González. Antes de estos episodios, simplemente era una arquitecta de 39 años, reconocida por su mediación en conflictos entre vecinos y la administración barcelonesa por las polémicas obras de la Plaza Lesseps. Por su talante, el PSC la había incluido en la novena plaza, como independiente, de su lista en las municipales de 2007.
González cerró su estudio de arquitectura, indemnizó a los trabajadores y, tras las elecciones, fue nombrada concejala del distrito Ciutat Vella, donde prescindió de los altos cargos que los partidos tenían colocados y puso en su lugar a un equipo de técnicos. Sus denuncias contra las irregularidades y la corrupción que encontró –desde su cargo público participó activamente en la demanda del caso Palau, entre otras– le supusieron una seria factura personal: tuvo que pasar un año y medio con escolta y, tras dimitir en 2010, cuatro años sin trabajo ni paro. “Todavía siguen sin contratarme las administraciones públicas porque temen que les pueda dar problemas”, reflexiona la arquitecta, a la que algunos implicados en la trama de corrupción hacían referencia –según las grabaciones policiales– como “la puta concejal que nos para todas”.
Como ella, detrás de decenas de escándalos de corrupción hay ciudadanos que, desde administraciones públicas estatales, autonómicas o municipales, decidieron dar el paso y denunciar. “Pero están totalmente desprotegidos”, critica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que recuerda que, aunque existe “un estatuto especial para las víctimas de los delitos, falta protección para los denunciantes de corrupción”.
González y Villarejo forman parte del elenco de ciudadanos y expertos que protagonizan el documental Corrupción: El organismo nocivo, que tiene como objetivo reconocer la labor de estos denunciantes. El filme narra las experiencias de diversos profesionales de la administración: desde interventores municipales como Fernando Urruticoechea o Maite Carol, hasta el inspector de cursos de formación Carlos Martínez o el ex director del Institut Municipal Promoció Econòmica Mataró Jaume Llansó. El director del documental, Albert Sanfeliu, destaca los puntos en común que tienen todos ellos: son personas con una “fortísima integridad moral” y que “conocen el sistema muy bien desde dentro”. Sin embargo, se sienten “solos” social y jurídicamente.
Incumplimientos del Gobierno
La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en noviembre de 2012 un informe sobre anticorrupción, en el que recomendaba, entre otras medidas, “establecer una clara legislación y un eficaz marco institucional que proteja de actuación discriminatoria o disciplinaria a los empleados que revelan a las autoridades, de buena fe y sobre bases razonablemente ciertas, actos sospechosos de inmoralidad o corrupción”.
Tras su publicación, España se comprometió a adoptar medidas para proteger a los denunciantes en un plazo de dos años. Sin embargo, el Gobierno ha incumplido su promesa y todavía carecen de garantías. En Europa, apenas un puñado de países –Luxemburgo, Rumanía, Eslovenia y Reino Unido, a la cabeza– cuentan con estatutos de protección para denunciantes. A pesar de ello, los casos de corrupción judicializados tuvieron un repunte en España en 2014, que se cerró con más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos y varias macrocausas a punto de llegar a juicio. Entre ellas destacan sobre todo parte de la trama Gürtel y los casos Nóos, Campeón y Pretoria.
En este último, las dos personas clave que advirtieron de las irregularidades del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) fueron el ex director gerente de planificación Albert Gadea y la interventora Maite Carol. Tras la denuncia, ambos perdieron su puesto de trabajo. El primero aportó al juez importante documentación relacionada con la financiación ilegal de partidos, que implicaba a reconocidos cargos institucionales y políticos. Debido a las presiones posteriores que recibió, Gadea llegó a presentar una querella criminal por mobbing, pero fue sobreseída tres años después. Aun así, el Ayuntamiento terminó readmitiendo a Gadea en agosto de 2014, aunque no en el mismo puesto de trabajo. Carol ve difícil su reincorporación a la función pública.
Las demandas por corrupción están ligadas frecuentemente a tramas urbanísticas en medianos y pequeños municipios. Pero no todas terminan en grandes escándalos. Fernando Urruticoechea es uno de los interventores que más casos ha denunciado, en los siete ayuntamientos en los que ha trabajado (Galdakao, Sestao, Laredo, Ermua, Leganés, Castro Urdiales y Crevillent). En Crevillent, donde vive ahora, la gente ve a Urruticoechea como una amenaza, alguien que puede desmontar el chiringuito, en lugar de velar por el dinero público de los ciudadanos. “Las presiones son fortísimas, pero es mi trabajo”, explica el funcionario. Además, Urruticoechea denuncia que, cuando sus informes de fiscalización son críticos, pueden terminar en la papelera del despacho del alcalde sin que ninguna instancia superior los llegue a conocer, debido a la falta de un mecanismo de denuncia eficaz. En el gremio, “o estamos comprados o a nuestros informes no se les hace ningún caso”.
Al igual que la arquitecta González, él también ha sufrido graves amenazas. De hecho, sus estancias en los ayuntamientos suelen oscilar entre los dos y los cuatro años. Transcurrido ese tiempo, ha tenido que hacer las maletas varias veces para evitar la visita de “sicarios”.
Los informativos de televisión batieron en 2014 el récord de horas de emisión de noticias sobre corrupción, el tema estrella, impulsados por el tirón mediático de casos que afectaban a la infanta Cristina, el ex president de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, la tonadillera Isabel Pantoja, los exministros Rodrigo Rato y Jaume Matas, los expresidentes de clubes de fútbol José María del Nido y Josep Lluís Núñez y el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra, entre otros.
Lejos de poner el foco en los acusados, el director del documental, Albert Sanfeliu, reflexiona sobre cómo tratan los medios de comunicación la corrupción: “Echo en falta que se dé más voz a las personas que denuncian los casos”. Éste fue uno de los motivos que le llevó a rodar el filme: promover el ejemplo de quienes hacen posible la apertura de las investigaciones, a través de su narración. “Hablan de cara, para empatizar y que la ciudanía se sume. Queremos transmitir que sí puede”.
Por su osadía, Sanfeliu tiene asumido que no logrará ayudas públicas para su documental –el rodaje lo financiaron 451 mecenas a través de crowdfunding– y que, probablemente, encontrará problemas para proyectarlo en los cines. Por ello, busca ahora patrocinadores para los bolos y salas alternativas donde presentar el proyecto en todas las ciudades posibles.
Además de la falta de protección para los denunciantes, existen numerosos factores que lastran o bloquean los procesos contra la corrupción. El papel de los tribunales, por ejemplo, ha sido determinante para cubrir con el manto de la impunidad decenas de escándalos, desde el primer proceso que se abrió en España contra la delincuencia económica organizada –los llamados de cuello blanco–: la quiebra de Banca Catalana. A mediados de los años 80, Jiménez Villarejo fue quien dirigió la querella presentada por la Fiscalía General del Estado en 1984 contra 18 exconsejeros de Banca Catalana. El caso tomó un tinte político porque uno de ellos era Jordi Pujol, directivo de la entidad en los años 70 y president de la Generalitat cuando se destapó el escándalo.
Los fiscales Villarejo y José María Mena pidieron el procesamiento de los 18 por presuntos delitos de apropiación indebida, falsedad en documento público y mercantil y maquinación para alterar precios. Sin embargo, a pesar de la solidez de la acusación, el pleno de la Audiencia de Barcelona lo cerró en falso y no se procesó a los acusados de quebrar la banca. “El tribunal procedió con criterios conservadores. Muchos eran simpatizantes de la dictadura, otros tenían connivencia con el pujolismo y el conservadurismo, y otros actuaron con cobardía y falta de civismo”, denuncia Villarejo, que asegura que estas prácticas continúan en la actualidad.
Una justicia sin recursos
Además de la responsabilidad del Gobierno de proteger a los denunciantes anónimos, el ex fiscal anticorrupción sigue señalando en la actualidad a jueces y magistrados: “Están formados para robos y pequeños delitos, no para tramas complejas en las que influyen elementos económicos o políticos. Hace falta formación, recursos y esfuerzo. Falta capacidad, fuerza y voluntad”.
Los problemas siguen a día de hoy. Otro protagonista del documental, Carlos Martínez, también ha vivido la frustración de que sus denuncias no trascendieran tras llegar al tribunal. Era inspector de cursos de formación ocupacional desde 1986 y, en 2007, presentó una demanda ante la Fiscalía porque 10 centros tenían irregularidades en la distribución del dinero, lo que habría perjudicado notablemente al salario de los formadores. En algunos casos, la entidad habría recibido subvenciones de 50 euros por hora de clase para cada formador, pero estos habrían aceptado cobrar apenas 10 euros, aunque en su contrato figurasen, formalmente, los 50 euros. Los restantes, se los quedaba la empresa.
La demanda de Martínez fue archivada y reducido el incumplimiento a simples “errores administrativos”. No obstante, él sigue denunciando la corruptela a través de varias plataformas, con el objetivo de que la Fiscalía acepte una demanda colectiva. Para lograrlo, anima a los profesores afectados a unirse a su causa. ¿Cuál es el problema? El miedo a ser incluidos en una lista negra y a que la ley cargue después contra ellos por haber firmado un documento falso que, en realidad, beneficiaba a terceros.
_ La Marea - Daniel Ayllón - 23.2.15
Foto: Corrupción, viñeta
'El urbanista del PP' sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que controla Génova
La corrupción urbanística en los ayuntamientos 'populares' continúa, según se ve en esta noticia. En los alrededores de Madrid es tristemente famoso el arquitecto del PP, L.Arnáiz, vinculado a Gürtel y acusado en diferentes casos, que se ha hecho de oro a costa de especular con la Ordenación del Territorio en numerosos municipios donde ha dejado su nefasta impronta. Como siempre, los paganos de semejantes tropelías urbanas han sido los habitantes de esos lugares que han visto como se volatilizaba su dinero y su territorio de cara al futuro. La lista de ayuntamientos especuladores es larga y se debe sumar a ellos también el de Guadalix de la Sierra.
"PÚBLICO* : El urbanista preferido del Partido Popular, Leopoldo Arnaiz, sigue haciendo negocios con los ayuntamientos que gobierna el partido en la Comunidad de Madrid. A la larga lista de adjudicaciones recibidas por consistorios conservadores, que incluye municipios como Boadilla del Monte, Colmenar Viejo o Soto del Real, se suma ahora San Agustín de Guadalix.
Poco o nada importa que el empresario y arquitecto esté acusado de blanqueo de capitales en el juzgado número 35 de Madrid; que esté imputado por estafa e incumplimiento de contrato en el número 8 tras no saldar una deuda de 8,7 millones con una exsocia; y que un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía vinculara al empresario con la trama delictiva de Gürtel. Todo da igual. Es el urbanista de referencia.
Esta vez ha sido el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix, gobernado por el Partido Popular con una holgada mayoría absoluta, el que ha concedido una adjudicación por valor de 6.179.861,78 euros para la construcción de un espacio deportivo de pádel, centro comercial incluido, y su posterior explotación. La empresa que se encargará de construir este complejo, según la documentación aportada al Pleno del Ayuntamiento para aprobar el contrato de concesión, es Terralia Construcciones, S.A., sociedad cuyo administrador único fue Juan Arnaiz (hermano de Leopoldo) y cuya sede está en el número 56 de la calle Méndez Álvaro, dirección de las oficinas centrales de Arnaiz Consultores, que contactados por este medio aseguran que Terralia es "sólo un partner" y rechazan realizar cualquier tipo de valoración sobre esta adjudicación aunque advierten de que la noticia, una vez publicada, será evaluada "por el equipo jurídico de la compañía".
De esta manera, la adjudicación de una proyecto de más de 6 millones de euros para el diseño y construcción de estas instalaciones deportivas en San Agustín de Guadalix puede repercutir en el entorno empresarial de Leopoldo Arnaiz, de quien fuentes políticas han llegado a señalar que "tiene más poder que el mismo Francisco Correa" y que "el tiempo lo demostrará". Prueba de ello, aseguran estas fuentes, es que Arnaiz es responsable del diseño de los desarrollos urbanísticos de más de 40 municipios de la Comunidad de Madrid y controla una amplia red de empresas y testaferros que han realizado negocios urbanísticos en esos ayuntamientos.
El negocio ha llegado a Terralia Construcciones, S.A. a través de la empresa adjudicataria Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix S.L, una empresa sin trabajadores que se constituyó el 30 de julio de 2014, justo un día después de que el Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix presentara las condiciones del pliego para optar al concurso y un día antes de que las bases del concurso fueran publicadas en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
A pesar de la reciente constitución de Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix y, por tanto, del incumplimiento de los pliegos del concurso que exigían "obras ejecutadas en los últimos cinco años", "trabajos realizados en servicios deportivos en los últimos tres años" o "técnicos o unidades técnicas de ejecución de obras", entre otros requisitos, el despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. otorgó a la oferta presentada por Ocio y Deporte de San Agustín del Guadalix una calificación de 100 sobre 100 mientras que la otra empresa que competía, Aira Wellnes, se tuvo que conformar con una nota de 33.89 sobre 100.
"Lo único que puedo decir es que la oferta que presentamos aportaba la solvencia técnica de Aira Wellness y su experiencia en el sector, que es lo que exigía el concurso. Sin entrar en el fondo de la cuestión, parece que una empresa de reciente creación carece de los criterios necesarios para poder garantizar solvencia técnica", explica a Público Luis Muñoz, que ha sido el responsable de llevar la participación en el concurso de la empresa perdedora en este caso: Aira Wellness.
El informe técnico del despacho de arquitectos Cervera y Pioz S.L. levantó, de inmediato, sospechas entre los concejales del PSOE de San Agustín de Guadalix, que preguntaron si este informe había sido avalado por los técnicos arquitectos del Ayuntamiento. El Consistorio alegó, entonces, que el tema era demasiado complejo para la capacidad de valoración de los técnicos. Posteriormente, la oposición al completo pidió la anulación de la adjudicación ya que en el proceso se habían producido "gravísimas anomalías y errores" por lo que solicitaba la exclusión del concurso de las dos empresas concurrentes.
"No es concebible desde la sensatez y el sentido común que una empresa constituida un día después del anuncio en el BOCM de la licitación, sin personal contratado, sin administrativos que le pudieran preparar documentación ni para el concurso, sin capital, con apenas 4.000 euros, sin experiencia propia en el sector, pueda hacerse cargo de un proyecto de construcción de dos complejos deportivos, con parking, centro comercial, piscina cubierta-fitnes y centro de raqueta y padel y además de su explotación", asegura en declaraciones a Público Carmen Timon, concejal del PSOE en la localidad.
Sin avales
Las dudas sobre el proceso se incrementaron en la oposición cuando la empresa adjudicataria fue incapaz de presentar los avales necesarios para demostrar que tiene el suficiente músculo financiero para acometer un encargo que supera los 6 millones de euros. De hecho, fue Terralia S.A., la constructora cercana a Arnaiz, quien aportó en primera instancia los avales necesarios aunque, tras la negativa del Ayuntamiento a aceptarlo, Ocio y Deporte San Agustín S.L. consiguió un aval del Banco Popular.
La punta del iceberg
Fue la aparición de David Encinar como administrador único de la empresa adjudicataria el primer indicador que hizo saltar las alarmas de la oposición en este caso. El nombre de David Encinar apareció en la declaración judicial que realizó el expolicía implicado en el caso de los GAL José Amedo Fouce. Según su testimonio en sede judicial, Leopoldo Gómez Gutiérrez, ingeniero municipal de Pozuelo, con la ayuda de David Encinar, que facilitó los datos, intentaron utilizar a Amedo para cobrar una deuda de 1,8 millones de euros contraída por Alfonso García, dueño de Constructora Hispánica. De telón de fondo de esta historia se encontraba el 'caso Gürtel'.
El empresario Leopoldo Arnaiz comenzó a estar bajo los focos de la opinión pública en 2003 tras declarar durante cinco horas en la comisión de investigación del conocido como 'Tamayazo', que significó la espantada de dos diputados socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, impidiendo la investidura de Rafael Simancas en 2003, y a la postre, abriendo el camino a Esperanza Aguirre. Entonces, Arnaiz fue absuelto tras explicar sus vínculos con los constructores Francisco Bravo y Francisco Vázquez, quienes hospedaron a Tamayo y Sáez durante los días en que arruinaron la victoria de Simancas en las urnas.
Desde entonces, el nombre de Leopoldo Arnaiz ha saltado a la prensa de manera más o menos periódica sobre todo tras la denuncia presentada en 2010 ante la Justicia por una exsocia suya que en el texto remitido a la Justicia muestra con todo lujo de detalles una maraña de 33 empresas administradas por "testaferros y funcionando todas ellas con caja única", según refleja la denuncia.
El abogado de la denunciante explicó al juez que "Leopoldo Arnaiz es arquitecto y redactor de los planes urbanísticos de muchas de las localidades de los alrededores de Madrid" y como él mismo "no puede aparecer como socio por incompatibilidad legal busca testaferros que aparecen como socios constituyentes".
* Público - ALEJANDRO TORRÚS - 18.2.15
Foto: Leopoldo Arnáiz, arquitecto PP - A.Navarrete
