Algo que parece evidente tras recorrer el litoral andaluz, el urbanismo salvaje apenas ha dejado resquicios en toda la zona costera. Las zonas protegidas son escasas y siempre están rodeadas de unos niveles contaminantes altísimos, lo que produce graves problemas en la población. En este sentido Andalucía no es demasiado diferente a toda la costa mediterránea, donde este fenómeno delictivo se repite Comunidad tras Comunidad. La voracidad del ladrillo y el dinero fácil, unido a una clase política de cortas miras y amplios bolsillos, han hecho el resto. Desde aquellos inicios turísticos timoratos de los años 50-60 en Torremolinos, se ha llegado al desastre urbanístico y medioambiental actual, donde solo una masiva demolición de lo construido (mal) podría solucionar el triste panorama costero andaluz.
"ELPAÍS* : El catedrático Juan Manuel Barragán propone un consejo costero o un foro para divulgar aspectos de interés del litoral. ¿Por qué la Dirección General de Costas ha decidido invertir miles de euros en aportar arena cada año a la playa de Fuentebravía en El Puerto de Santa María y no en recuperar el desecado río Roche de Conil? En ningún documento oficial habrá contestación a esa pregunta. Tampoco ningún técnico asumirá la respuesta. Porque no depende de él. Ésta y todas las demás cuestiones que afectan a la gestión de la costa española y andaluza dependen de decisiones políticas.
Es la conclusión que el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán (Cádiz, 1958), ha extraído tras un cuarto de siglo estudiando la gestión del litoral en el mundo.
“A diferencia de otros países, en España esas decisiones no se explican. Tampoco se coordinan o se buscan propuestas basadas en la cooperación. Y el problema es grave. El 50% de las costas está ya destruido”, sentencia el profesor citando datos del Ministerio de Medio Ambiente. Cree que hay medidas para conservar lo que tenemos e incluso recuperar parte de lo perdido. Y los Gobiernos tienen en su poder la decisión.
Barragán tiene tras de sí 25 años de trabajo en 20 países diferentes. En su libro Política y Gestión del litoral. Una nueva visión de la gestión integrada de áreas litorales (Editoral Tebar. 2014), presentado la semana pasada, ha querido resumir propuestas de cambio que sirvan para estudiantes, profesores, investigadores y políticos. Un manual de buenas prácticas. Porque cree que, sobre todo, en España faltan. “Cuando empecé a estudiar pensé que la gestión del litoral era algo científico y académico, que la dinámica natural era lo que marcaba la pauta y que después se tomaban decisiones políticas. Quizá todo era más sencillo y no había que esperar 25 años, pero ahora estoy convencido de que la lógica es la contraria. Son las decisiones políticas las que han marcado la evolución de nuestros ecosistemas”.
Son las políticas públicas, en palabras de Barragán, las que han cambiado las cosas y las que han venido a agravar la situación del litoral. Pero, “aunque ningún país es perfecto”, el catedrático está convencido de que en algunos estados sí se ha empezado a actuar de manera más efectiva para detener esta destrucción. “La gestión del litoral debe enfocarse a cómo se toman las decisiones. Si es algo político, ¿cómo se puede hacer para encontrar la mejor decisión?”. En su recorrido por el mundo descubrió los casos de Australia, Estados Unidos o Sudáfrica. Allí se han creado órganos de coordinación y cooperación. “El Gobierno central o federal se suele sentar en una misma mesa, en una especie de consejo costero, a todas las partes implicadas. Ahí están las regiones, los empresarios, los ecologistas. Y en ese marco se buscan soluciones y propuestas”.
Barragán destaca las políticas de transparencia de otros países donde las inversiones en la costa se explican y se publican para conocer por qué se actúa en unos proyectos y otros no. “En Estados Unidos el Gobierno federal financia las iniciativas cuando los estados presentan proyectos consensuados. Y, si decide acometer alguna inversión, pregunta a los estados qué les parece. Es una auténtica cultura federal. Y eso no existe en España aunque tengamos un sistema político similar”.
Barragán es muy crítico con la ley de Costas española y con su más reciente reforma. “No incluye ni un solo medio de coordinación, cooperación o transparencia”, lamenta. También cuestiona el papel de la comunidad andaluza porque recuerda que, junto a Cataluña, ya puede gestionar el dominio público marítimo terrestre, la zona posterior a la costa. “Andalucía debería asumir más responsabilidades. Cuenta con más de 20 agencias u organismos con competencias en el litoral pero no ha creado ni uno solo para coordinarlos”. El catedrático propone un consejo costero andaluz o un foro que permita divulgar aspectos de interés como la subida del nivel del mar.
Y la destrucción de la costa no es baladí. Lo resume en su libro recordando que el mar aporta gratuitamente servicios básicos de abastecimiento (alimentos, madera…), regulación (las dunas frenan la erosión, las praderas submarinas protegen de los efectos de las tormentas…) y cultura (las playas como zonas de ocio). Todo eso era gratis pero, al degradarse, los Gobiernos han tenido que invertir para compensar lo perdido. Barragán advierte de que la artificialidad de la costa no es rentable y puede agotarse el dinero. “Si acabamos con las playas, podemos construir piscinas. Si acabamos con los estuarios, podemos cultivar peces en piscifactorías. Pero vamos a pagar por lo que la naturaleza daba gratis”.
El catedrático recuerda que gran parte de la destrucción de la costa se hizo en pro del desarrollo y el empleo. “Un ejemplo. El litoral andaluz y español se llenó de apartamentos y casas a pie de playa para atraer millones de turistas. Y la conclusión es que medio siglo después la mitad de la costa está destruida y hay seis millones de parados”.
La opción de reinundar Las Aletas
El catedrático Juan Manuel Barragán cree que la situación de destrucción de la costa tiene solución si se aplican desde ya nuevas políticas que vayan más allá de detener el proceso de degradación del litoral. Y pone ejemplos concretos: en la bahía de Cádiz el Gobierno central y la Junta tienen proyectado en unas marismas desecadas de Puerto Real el que iba a ser el segundo parque logístico más importante de Andalucía, Las Aletas.
Diversas sentencias lo detuvieron por no justificarse convenientemente la ocupación de suelos de dominio marítimo terrestre. “En pro del desarrollo se puede plantear que en 300 o 400 hectáreas se quiera crear un polígono industrial para crear empleo. Pero, ¿alguien se ha planteado que también sería posible recuperar esas marismas? Además de esas hectáreas, hay otras 3.000 que podrían reinundarse y volver a dar recursos de forma gratuita”, propone. Ahora mismo Las Aletas es un terreno yermo junto a la autovía que la rodea. “Se desecó porque hace 50 años alguien pensó que allí se podía plantar arroz”, dice. Entonces quedó un desierto al que se quiere dar un uso industrial.
“Aquí se ha dicho que si viniera dinero europeo se podía plantear, además del parque logístico, un proyecto de reinundación. Es decir, que solo si viene dinero de fuera nos hacemos cargo de este problema”, cuestiona.
Barragán pone más ejemplos de malos planteamientos: el río Roche, en Conil, se terminó desecando por la construcción de un puerto pesquero. Se supone que esta infraestructura iba a ayudar al sector y, al final, le ha terminado perjudicando porque se ha eliminado un lugar rico de peces. “Si los pescadores lo hubiesen sabido no habrían querido ese puerto”, explica Barragán. Ahora la Diputación tiene un proyecto para mejorar ese estuario.
* El País - Pedro Espinosa - 1.6.14
Foto: Benalmádena vistas 1956 - 2006 - 20minutos
“La mitad de la costa andaluza está destruida por decisiones políticas”
Venecia se ahoga con la corrupción en torno al proyecto que iba a salvarla del 'acqua alta'
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Ya sabemos que la corrupción urbanística no es única de España, aunque lo que llama la atención aquí es la impunidad en que se desenvuelve. En Italia es famoso el caso 'Tangentopoli' en los 90, que acabó con la antigua clase política. Ahora sale a la luz la enorme corrupción del proyecto 'Moisés' que permitiría dar un respiro al 'acqua alta' en la laguna veneciana. El propio alcalde de Venecia, junto a 34 altos cargos de la ciudad y la región de diferentes formaciones políticas, ha sido arrestado. Un suceso gravísimo, evidentemente, ya que se vuelve a hablar de una estructura mafiosa entre la casta política y el consorcio constructor de esta gran obra pública. A todos se les acusa de desvío de fondos en este superproyecto de esclusas móviles. Ya se verá al final si en Italia hay otra vara de medir judicial.
"ELCONFIDENCIAL* : Los flamencos han vuelto a Venecia. La noticia la daba el martes por la tarde el consorcio de empresas constructoras encargadas del proyecto Moisés, un sistema de diques móviles para proteger a esta ciudad patrimonio de la humanidad y a su laguna del acqua alta, las inundaciones que cada vez con mayor frecuencia e intensidad sufren los venecianos. El comunicado venía acompañado por unas imágenes en las que se veía a estas hermosas aves gozando en una marisma, mientras al fondo refulgía la torre del Campanile de la basílica de San Marcos.
Menos de doce horas después de que el consorcio Venezia Nuova diera la noticia, se sabía que los fotogénicos flamencos rosas no habían sido los únicos beneficiarios del proyecto Moisés antes incluso de que estuviera concluido. La Guardia de Finanzas, la policía financiera italiana, realizaba la pasada madrugada una gran operación en la que fueron detenidas 35 personas por ser supuestamente partícipes del sistema de corrupción surgido en torno a la gigantesca obra. El proyecto, completado en casi un 80%, cuesta más de 5.000 millones de euros y debería estar terminado antes de 2016.
Entre los detenidos está la cúpula del sistema político local y regional, sin distinciones políticas: hay dirigentes tanto del izquierdista Partido Democrático (PD), la formación del primer ministro, Matteo Renzi, como del derechista Forza Italia, la marca electoral de Silvio Berlusconi. Incluso está apresado un exgeneral de la Guardia de Finanzas, Vincenzo Spaciante, precisamente el cuerpo policial que llevaba tres años investigando el escándalo.
El alcalde de Venecia, un exministro…
Los detenidos más significativos son: el alcalde de Venecia, Giorgio Orsini, del PD, y Renato Chisso, miembro de FI y consejero de Transportes e Infraestructuras de la región del Veneto, cuya capital es Venecia. Se espera además la inmediata puesta a disposición judicial del diputado Giancarlo Galan, expresidente regional véneto y ministro de Agricultura durante el último Gobierno de Berlusconi. Los magistrados solicitaron al Parlamento la autorización para poder arrestarlo.
La mayoría de los sospechosos están acusados de corrupción, concusión, lavado de dinero negro y malversación de fondos públicos. “Cada uno de ellos, durante años, ha subordinado la función pública que debía tutelar a los intereses de un grupo económico criminal, logrando una serie impresionante de beneficios personales de todo tipo”, escribe el juez de instrucción preliminar que ordenó las detenciones. A los arrestados se les incautaron fondos y bienes por valor de 40 millones de euros. Según la Fiscalía, lo sucedido en Venecia es un caso similar a Tangentopoli, el escándalo de corrupción que acabó fulminando a los principales partidos políticos italianos en los años 90.
El paralelismo con aquel terremoto judicial y político, que dejó un vacío de poder aprovechado por Berlusconi, es muy acertado. Una parte de los 25 millones de euros que los acusados se habrían embolsado del consorcio constructor por medio de facturas falsas podría haber acabado en las cajas del PD y de FI. De hecho, el alcalde de Venecia sólo está acusado de financiación ilícita a su formación política por valor de 400.000 euros.
“Vemos implicados a exponentes políticos de primer plano”
Las cifras en torno a Galan son mucho más altas. El hombre de referencia del partido del líder derechista en la rica región del Véneto habría estado directamente a sueldo del consorcio. Según la acusación, recibió un millón de euros anuales desde 2005 hasta 2011. Además, le habría entregado otras cantidades adicionales y le habría pagado una reforma en su chalet valorada en 1,1 millones de euros. A cambio, aprobó normativas que beneficiaron a los constructores. También habría estado en nómina de Venezia Nuova un magistrado del Tribunal de Cuentas, quien recibió de 300.000 a 600.000 euros cada año. Tanto el exministro de Agricultura como el resto de sospechosos defendieron ayer su inocencia.
Roberto Papetti, director de Il Gazzettino, el principal diario veneciano, consideró “inquietante” que haya surgido este sistema de corrupción alrededor de una de las más grandes e innovadoras obras públicas del país. “La investigación muestra un cuadro preocupante porque vemos implicados a exponentes políticos de primer plano, como el exgobernador regional o el alcalde de Venecia, junto a financieros y a un general de la Guardia de finanzas”. Para Papetti resulta “desconcertante” que en Italia “no pueda hacerse ninguna gran obra pública sin que se registren episodios como este”.
Entre la cascada de reacciones que provocaron las detenciones por el escándalo del proyecto Moisés destacaron las que hizo el ministro del Interior, Angelino Alfano. Muestran a las claras cómo la corrupción se acepta como algo habitual e intrínseco del sistema y que lo único que importa para muchos es el poder. En lugar de denunciar el escándalo, Alfano subrayó que los partidos a los que pertenecen los detenidos “habían tenido el privilegio” de que la operación policial se realizara después de las elecciones.
“A otras fuerzas políticas no se les reservó el mismo privilegio a pocos días del voto”, se quejó, haciendo referencia al arresto en plena campaña de un dirigente de su formación, Nuevo Centroderecha, en la región sureña de Campania.
* El Confidencial - Darío Menor - 5.6.14
Foto: Varias personas caminan por las calles inundadas de Venecia tras unos días de fuertes lluvias en noviembre de 2012. (Reuters)
El Ministerio de Cultura desatiende el Patrimonio Mundial de la Unesco
No toda protección del Patrimonio histórico-artístico depende del capital invertido en él, pero una gran mayoría necesita como agua de lluvia unos recursos mínimos para su conservación y mantenimiento. Actualmente se ha reducido desde el 'popular' Ministerio de Cultura, con el incompetente ministro Wert al mando, un 76% de la inversión imprescindible en monumentos de primera línea, que están incluso en la lista del Patrimonio mundial de la Unesco. El disparate en esta cuestión es de inmensas proporciones ya que es mucho más sencilla la prevención y mantenimiento que no, luego, tener que acometer importantes obras de restauración. Esta es la verdadera 'Marca España' y todo lo que sea una reducción de las ayudas necesarias repercute negatívamente en esas obras arquitectónicas de primer orden, que son aplaudidas por todo el mundo... "Si las piedras hablaran".
"ELCONFIDENCIAL* : El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene la política de recorte sobre la conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, y así lo refleja el BOE: la inversión en esta partida que ayuda a las Administraciones locales y regionales en la preservación del legado reconocido por el organismo internacional ha caído hasta los 700.400 euros. En los últimos seis años la partida ha sido recortada un 76,6% (en 2008 se apoyaba con 3.000.0000 de euros), y desde 2012 un 65%, cuando se invirtieron 2.000.000 de euros.
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconocen la merma: "Naturalmente, en los últimos años ha sido necesaria hacer una disminución en los presupuestos destinados a patrimonio, pero se ha hecho disminuyendo la actividad en los aspectos menos importantes y manteniendo las necesidades básicas y las actuaciones urgentes". Es decir, se ha priorizado la urgencia sobre la prevención.
Añaden que los presupuestos destinados a la conservación son “mucho más amplios” que los recortados ahora. Efectivamente, las partidas en los Presupuestos Generales del Estado reflejan las inversiones de los departamentos que se encargan de estos asuntos y descubren la voluntad política sobre el patrimonio: si en 2010 se invirtieron 39.450.550 euros en la conservación y restauración de bienes culturales, cuatro años después se ha decidido dejarlo en 19.895.100 euros (de los cuales sólo 11 millones son inversiones reales), es decir, una dramática reducción del 49,5%.
Las rebajas se pagan
En la partida de la Protección del patrimonio histórico ocurre comprobamos la misma evolución: de los 11.529.880 a 4.874.470 euros, un 57,7% menos. Al compararlo con el resto de partidas presupuestarias bajo control de la Secretaría de Estado de Cultura, ninguna otra ha sufrido una rebaja tan acentuada y, según los especialistas de la conservación, “peligrosa”.
Jesús Serrano es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de 2013, galardón concedido por el Ministerio por la intervención que realizó, junto con Juan Carlos Pérez, en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, es tajante al hacer balance de las ayudas a la conservación del patrimonio: “La situación es caótica. Es algo realmente lamentable. Con estas inversiones el patrimonio no está asegurado, porque sólo se invierte en caso de emergencia. Y cuando menos se invierte, más se destruye. Pero esto es muy difícil que lo entienda un político, porque son necios interesados sólo en inaugurar glorietas y polideportivos”, explica.
En la entrevista que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, mantuvo con El Confidencial el pasado mes de abril, asegura que en 2015 el presupuesto de Cultura mejorará y con ello también la partida dedicada a patrimonio. “Creo que en estos dos años hemos sido capaces de salvaguardar la conservación de ese patrimonio y no se ve ni se ha visto amenazado”, añadió para despejar dudas.
"Con estos presupuestos no se puede asegurar el patrimonio”, habla Ana Laborde, miembro de la junta directiva del Grupo Español de Conservación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio. “La consecuencia de la retirada de apoyo del Estado supone un aumento del riesgo. Como las Administraciones locales dependen mucho de los recursos del Estado han dejado de invertir. Lo más grave es que cada vez se ponen en marcha menos proyectos de conservación preventiva, con lo que todo se deteriora más y recuperarlo será más caro”, sus palabras están avaladas por más de veinte años trabajando en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Sin inauguración, no hay dinero
Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura dan otra versión de los acontecimientos: “Hemos cambiado de estrategia de conservación, desarrollando aspectos como la conservación preventiva”. La intervención preventiva más conocida del momento es el estudio de las cuevas de Altamira.
Desde la cartera responsabilidad de José Ignacio Wert se indica a este periódico cuáles han sido las líneas de actuación en estos dos años, señalando la amenaza de la desaparición: “Nuestra prioridad ha sido mantener las instituciones culturales, cuya desaparición hubiera sido irreversible, y atender a las necesidades prioritarias”. En este sentido, continua la fuente del Ministerio, se ha hecho “una gran selección de las actuaciones, priorizando las necesidades más acuciantes”. Así que no queda muy claro si se invierte por urgencia o por prevención.
La presidenta de Hispania Nostra –organización que mantiene una lista roja sobre el patrimonio español en peligro– es Araceli Pereda, personalidad irremplazable en el desarrollo de la protección y conservación de los bienes de interés cultural de este país. Fue la directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y reconoce que con más dinero no se asegura la protección, porque cree en “el poder de la inteligencia”, es decir, en la eficiencia de las inversiones.
“El patrimonio forma parte de nuestra vida y es como nosotros, si te cuidas es más probable que no tengas necesidad de cuidarte. Con una buena planificación haría falta menos dinero para conseguir buenos objetivos, pero ¿tenemos un plan de priorización de las actuaciones que deje claro qué es lo más importante?”, se pregunta la experta. Y desvela con crudeza el porqué de la ausencia de las intervenciones que previenen más que curan: “No se inauguran. El mantenimiento sostenido no luce, no sale, no tiene foto. Los políticos no se dan cuenta de la importancia del patrimonio”.
Demagogia, el peor enemigo
Para Pereda la mayor amenaza del patrimonio es la demagogia, porque si algo genera empleo todo vale, incluso la destrucción. Desde el paisaje a los monumentos. “Debemos mantener los presupuestos para evitar el peligro y buscar la participación social”. De nuevo, llegamos a la frustrada Ley de Mecenazgo. Las Administraciones se retiran del apoyo a la conservación dando a entender que es el turno de las empresas, pero los mecenas parecen necesitar incentivos fiscales para concienciarse.
Precisamente, otro agujero negro en la conservación es ese, la conciencia. La sociedad debe asumir la protección de su legado. De esta manera se reduce la voracidad del mercado y la complicidad política sobre los bienes, que ya se ha podido comprobar en las destrucciones de Canalejas y próximamente –y si nada lo evita- el edificio de España, ambos en Madrid.
Uno de los objetivos de la partida mermada por el Ministerio de Cultura drásticamente es, entre otros, “apoyar aquellos proyectos que ayudan a fomentar la función social del patrimonio cultural”, así como “impulsar la difusión y conocimiento de los bienes declarados Patrimonio Mundial de España y la Convención de Patrimonio Mundial”. No parece que la conciencia esté en la hoja de ruta de la estrategia del Ministerio.
A los especialistas les preocupa el mensaje que se manda desde Cultura: el recorte sobre las ayudas al patrimonio es la única salida. “Un recorte de este tipo añade más amenaza a la situación del patrimonio español. Es una situación insostenible”, cuenta Charo Fernández, miembro del Grupo Español de Conservación.
De restauradores a albañiles
La restauradora recuerda que con la eliminación de la “baja temeraria” de los concursos públicos de restauración, las empresas sin cualificación –las constructoras recicladas– han entrado con rebajas insostenibles y sin competencia. El peligro es absoluto. Ana Laborde avisa que para frenar esta deriva se debe reforzar la supervisión de la calidad de la ejecución de los concursos. “Hay cosas que no las puede hacer un albañil”, dice.
Fuentes del IPCE denuncian que el máximo organismo de protección de este país vive un momento muy complicado porque la plantilla se ha reducido mucho. La estructura y supervivencia de la institución está en entredicho, a pesar de lo que el Ministerio asegura a este periódico: "En el IPCE se han adoptado diez medidas para afrontar esta reducción presupuestaria, como el incremento de las actuaciones de oficio, las financiaciones por otras entidades, mientras se reducen las grandes intervenciones o las publicaciones en un 20%". De la reducción de plantilla no se apunta nada.
Justo esta mañana la institución presenta la creación del Observatorio para la investigación en conservación, para promover la “transferencia de los conocimiento” y los resultados de las investigaciones entre instituciones, investigadores, empresas y sociedad. Una iniciativa que podría ayudar a perfeccionar la gestión de los recursos, cada vez más escasos.
Para especialistas como Charo Fernández, el legado histórico y artístico español debería cuidarse como se mima en otros países el desarrollo tecnológico. “La explotación y conservación del patrimonio es una fuente de ingresos, peo sobre todo una obligación”. Parece indestructible, y no lo es. “El recorte de ayudas amplia el deterioro”.
Las comunidades autónomas tampoco recogen el testigo de la conciencia política para la defensa contra la ruina. En la Comunidad de Madrid el recorte ha sido también muy sonado: de 15.270.366 euros (inversión real de 7.536.706 euros), en 2012, a 9.698.126 euros (3.359.388 euros de inversión real), en 2014.
En las inversiones se incluye la dedicación a la obra eclesiástica y al consejo evangélico por valor de 1.801.269 euros para este año. Lo más llamativo es el gasto en “Promoción cultural” de esta Administración: 36.369.650 euros esta temporada destinados a fiestas y actividades. La voluntad política queda patente en el reparto de los recursos. El lamento de Fernández resume la desesperación ante esta falta de visión política: “No tenemos otro valor. Los alemanes tienen la industria del motor y nosotros nuestro patrimonio”.
* El Confidencial - Peio H. Riaño - 5.6.14
Foto: El acueducto de Segovia, pendiente de corregir las humedades del canal de plomo. (EFE)
Liberbank dilapidó 47 millones en una operación urbanística ruinosa en Asturias
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Empiezan a conocerse con detalle los delitos urbanísticos acaecidos en los años del 'boom inmobiliario' y del salvajismo territorial. Es por todos conocido que las Cajas de Ahorro (controladas políticamente) fueron las primeras financieras y donde recayeron la mayoría de proyectos faraónicos que se hicieron fraudulentamente aquellos días de dispendio. En Asturias era Cajastur (ahora Liberbank) una de las principales actoras y pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes. El año pasado la finca, conocida como La Talá, se traspasó a SAREB, el llamado banco malo, por un valor de casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes. Un negocio ruinoso y delictivo, evidentemente.
"ELCONFIDENCIAL* : La Policía sospecha que Cajastur, una de las 4 cajas de ahorros integradas en Liberbank, pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes por los que desembolsó 47,5 millones de euros pese a "la situación jurídica de los mismos", ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costera, que preveía la construcción de viviendas y equipamientos comerciales en esa parcela, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) antes de que se cerrase la operación de compraventa.
Tras la ruinosa operación, Cajastur transfirió el pasado año la finca, conocida como La Talá, a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por un valor cercano a los 18 millones de euros. Es decir, casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes.
Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "llama la atención" que Cajastur "adquiriera unos terrenos por ese precio teniendo en cuenta la situación jurídica de los mismos, con varias sentencias denegatorias del PGOU de Llanes y supeditadas a una decisión del Tribunal Supremo respecto de los recursos presentados, cabiendo la posibilidad de que los mismos [terrenos] finalmente no pudieran ser utilizados para la construcción de las viviendas y equipamientos proyectados", como, en efecto, así ocurrió.
El Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, recurrió en casación la sentencia del TSJA, pero el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el plan urbanístico de La Talá el pasado mes de octubre. La sentencia del alto tribunal, contra la que no cabe recurso, sostiene que el plan parcial de La Talá, que preveía la construcción de más de 500 viviendas, no puede ser aprobado sin un PGOU que le dé cobertura jurídica; y el de Llanes fue anulado primero por el TSJA, en 2007, y más tarde por el propio Supremo, en 2011.
El informe de la Brigada de Delincuencia Económica fue entregado el pasado 22 de mayo al juez Ángel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que ordenó abrir una investigación contra el actual presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por un presunto delito societario y otro de falsedad documental. Las diligencias judiciales se incoaron a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que acusa a ambos directivos de haber amparado la operación urbanística de La Talá a sabiendas de que la recuperación de la inversión era inviable.
Préstamo hipotecario
La promotora Nozar Masaveu compró los terrenos en octubre de 2007 por 35 millones de euros al empresario asturiano Juan Antonio Pérez-Simón, que los había adquirido una década antes por 500 millones de pesetas (tres millones de euros). La compra de la finca se financió con un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó al grupo Nozar Masaveu, gravemente afectado por la crisis inmobiliaria, 47,5 millones de euros por una parcela sin apenas valor.
Según la denuncia formulada por la CSI, la dirección de Cajastur -encabezada entonces por Menéndez y Fernández- "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra". El juez Sorando envió el pasado 1 de abril una copia de la denuncia a la Policía "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".
El informe policial, que ha sido también remitido a la Fiscalía, asegura que "lo lógico habría sido la adquisición a la baja, es decir, protegiendo el importe total del crédito hipotecario suscrito con Nozar Masaveu, que ascendía, según informe de riesgos de la propia Cajastur, a la cantidad de 28 millones de euros, y no al alza, pagando más que lo que la mercantil les debía por unos terrenos sujetos a controversia jurídica, con el riesgo que ello conlleva".
* El Confidencial - José L. Lobo - 5.6.14
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com
Más de 3,4 millones de viviendas vacías en España... pero “hay que seguir construyendo”
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¡Más madera! parecen seguir pidiendo los mismos causantes del 'boom inmobiliario' que fue detonante de la crisis/estafa de los años pasados. Como si no se hubiera aprendido nada de esos errores ahora vuelven a la carga con las mismas falsas promesas y probablemente idéntica corrupción. El congreso ‘Solidaridad urbana’ celebrado en Bilbao ha profundizado en la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual, que suponen una paradoja frente a los más de 3,4 millones de inmuebles vacíos en España (otras fuentes mejor informadas llegan hasta los 5,5 millones). Hay una alarma por parte del poder central, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo, quizás para seguir enriqueciéndose personalmente y camuflar su pésima gestión urbanística, industrial o agrícola.
"ELDIARIO* : En 2013 existía en Euskadi un total de 91.008 viviendas vacías, de la cuales un 8,7% correspondía al parque inmobiliario, según señalan las últimas estadísticas elaboradas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Las viviendas deshabitadas en la CAV crecieron entre 2011 y 2013, y en el total del Estado suman los 3.443.365, un hecho que choca frontalmente con la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual.
Ambas cuestiones, vinculadas a las políticas de vivienda y un mejor aprovechamiento de los recursos, han sido discutidas esta semana en Bilbao dentro del congreso ‘Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna’, organizado por el grupo Ekiten-Thinking de la UPV, en el que se han planteado soluciones alternativas para una gestión pública que debe garantizar un bien de primera necesidad como es el derecho humano al hogar.
Para ello, el congreso ha contado con la intervención del jurista Juli Ponce de la Universidad de Barcelona quien ha incidido en que “el problema no está en la vivienda vacía, sino en que no hay vivienda asequible”. “Como estamos viendo estos años, el mercado produce externalidades y mucho sufrimiento que con una buena regulación de los desahucios y condiciones hipotecarias y una buena regulación de la actuación contra la vivienda vacía, como hacen los países de nuestro entorno, supone una vía razonable de actuar”, anunciaba. Y es que en Francia e Italia ya existen modelos fiscales que establecen medidas para la limitación del derecho a la propiedad y medidas de incentivación de la puesta del mercado en la vivienda vacía. “Porque contrariamente a lo que se piensa, aclara Ponce, el propietario no puede hacer lo que quiera con su propiedad”. “La vivienda asequible es un servicio de interés general, un servicio público”, sostenía.
En su intervención, el jurista recordaba que la vivienda está directamente vinculada con la ciudad y, por lo tanto, con el urbanismo. “En Cataluña el derecho a la vivienda se ha enmarcado dentro de un servicio de interés general”, ejemplificaba como se ha hecho también en otros países de la UE. Sin embargo, “pocas declaraciones de la vivienda como servicio de interés general, es decir público, he visto en España, creo que ninguna”, decía Ponce. Entre las medidas que actualmente están impulsándose en Tarrasa como posible solución al problema de los inmuebles vacíos, el jurista destacaba que “es posible sancionar con multas dinerarias, que en el caso del derecho a la vivienda están en 900.000 euros en Cataluña, o no dinerarias”. En este sentido, “Cataluña prevé otras sanciones que consisten en no poder inscribirse en determinados registros o no tener acceso a financiación pública”, explicaba. “Se puede expropiar y se puede llegar a perseguir penalmente como reconoce la doctrina penalista”, indicaba Ponce, quien instaba a declarar “la idea de que alguien está incumpliendo la función social de la propiedad públicamente” como un modo de desincentivo ensayado en otros países europeos.
700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía
Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, escenificaba la situación que se vive en su comunidad autónoma, que con ocho millones de habitantes “casi como un país”, el 35% de desempleo y 700.000 viviendas deshabitadas necesita nuevas políticas que contribuyan “a un cambio radical” en este sector. Para ello, Cortés ha explicado el plan que desde su consejería intenta cambiar lo que ella ha valorado como “las dos caras de una misma moneda: la burbuja de las viviendas y la burbuja de las infraestructuras innecesarias”. “Algo que hemos vivido prácticamente desde que estamos en democracia, aunque mucho más acelerado desde hace 20 años con el asalto al territorio, que tiene que ver con la alianza del bipartidismo con el capitalismo inmobiliario español”, aseguraba. En este sentido, Cortés defendía la vivienda como un derecho humano. “No es una mercancía; para especular uno puede comprar un lingote de oro pero no una vivienda, la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Por eso, la política de vivienda no es sectorial, es urbana”, argumentaba.
En palabras de la consejera, ”entregar la vivienda al mercado ha hecho que la función social de la vivienda no exista o se cuestione”. En Andalucía cuentan con 108.000 personas inscritas en los registros oficiales como demandantes de viviendas, algo que frente a las 700.000 viviendas desocupadas parece sencillo resolver, pero no lo es tanto, puesto que el 60% de los demandantes cobra menos de un IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y la Junta no tiene constancia de la ubicación y situación de dichos inmuebles. “Es absolutamente increíble que un poder público que se supone que tiene que garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda desconozca por qué no se dotó de herramientas necesarias para saber la ubicación y situación de las mismas”. Además, pese a su abultada población, en Andalucía solo existen 80.000 viviendas de parque público, “que es como si la ciudad de Granada fuera parque público”, compara Cortés que suma también a la complejidad de la situación “el drama de la infravivienda”.
Ante esta situación, la consejería de Fomento lanzó un plan para identificar las viviendas sin uso por más de seis meses y sancionar al propietario en caso de que no se pusieran en alquiler. Asimismo, las entidades financieras que se han quedado con VPO tenían la obligación de comunicarlo y ponerlas a disposición del registro de los demandantes de hogar. Sin embargo, el presidente del Gobierno, arguyendo que esto último provocaría un caos financiero, presentó un recurso ante el TC, que por el momento ha suspendido cautelarmente la ley. De modo que la Junta de Andalucía trata ahora de conseguir que no se construyan más viviendas, “salvo que esté acreditado en la orden de planes municipales”, porque según los últimos estudios, la comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida como para 75 años. Sin embargo, “hay una alarma por parte del poder central, señala Cortés, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo”.
Críticas a la cultura de la propiedad
En la misma ponencia, la activista antidesahucios Ada Colau culpaba a los expertos de viviendas de “usar un lenguaje que el ciudadano no entiende”. “Se puede ser riguroso y compresible porque la lucha por los derechos es una lucha por definir la realidad”, reclamaba. Colau también condenaba la negación de la burbuja inmobiliaria por parte de los gobiernos que califica como una “estafa”. “Y no solo eso, indicaba la activista, nos hemos encontrado también con una recomendación a la población de que lo mejor que podía hacer era comprarse una vivienda porque era la mejor de las inversiones, la acción más segura y más prudente que podía hacer un ciudadano de este país”. Así criticaba Colau que se dijera que “la cultura de la propiedad la llevábamos en la sangre”. Una culpa también, en su opinión, de los medios de comunicación que reproducían ese mensaje. Sin embargo, “cuando nada invitaba, la ciudadanía se anticipó, denunció esa burbuja inmobiliaria y gracias a esto pudo también anticipar el estallido”, señaló Colau. “Y todo ello sin recursos, sin medios de comunicación, sin gabinetes económicos ni juristas, solo con el sentido común de la ciudadanía que hasta hoy sigue liberando la respuesta más efectiva”, sentenciaba.
* EL Diario - Laura Murillo Rubio - 1.6.2014
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
El TSJCV tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón por la anulación del Plan General
El Plan Mestrets era y es importante para el futuro de Castellón, pero las chapuzas delictivas que han ido sucediéndose desde 2003 con su desarrollo han terminado por hacerlo inviable en estas condiciones. La lucha vecinal ha acabado venciendo contra el PAI. El Ayuntamiento y la Generalitat infringieron "el principio de equidistribución de beneficios y cargas", según sentencia judicial de 2008, luego revocada por otra contraria del Supremo en 2012. Ahora, finalmente, el TSJCV lo vuelve a rechazar al considerar que el Plan General municipal donde pretende integrarse está anulado también. Como se ve una serie infinita de despropósitos y corruptelas que vienen de la etapa en que A.Fabra, ahora presidente de la Comunidad Valenciana, era alcalde de Castellón, lo que da más relevancia al problema.
"RADIOCASTELLÓN* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón al considerar que la actuación no puede incluirse en el Plan General de Ordenación Urbana porque está anulado. Los vecinos afectados aplauden la decisión judicial tras once años de litigio y esperan que el proceso no se dilate más.
El Ayuntamiento de Castellón anunció en 2003 uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad: el Programa de Actuación Integrada Mestrets. En él se preveía construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU, el polideportivo Chencho y la Ronda de Circunvalación, además de 6.000 viviendas, la mitad de ellas, públicas. Se trataba de buena parte de los compromisos electorales del PP, algunos de los cuales, con la crisis, han quedado en el cajón.
Para llevar a cabo la actuación debían derribarse unas cuarenta viviendas y algunos de los vecinos decidieron recurrir a los tribunales. El TSJ valenciano les dio la razón al considerar que se repercutían en el PAI proyectos generales y dotaciones públicas de toda la ciudad, es decir, que las cargas urbanísticas a Els Mestrets eran excesivas. La decisión fue recurrida al Tribunal Supremo por la Generalitat, el ayuntamiento y una asociación vecinal. El alto tribunal anuló la sentencia y ordenó reiniciar el proceso de nuevo en el TSJ. De allí es de donde viene ahora la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Castellón.
La sala de lo contencioso-administrativo estima la demanda de los vecinos afectados, por lo que anula la resolución de 2005 en la que se modificaba el Plan General de Ordenación Urbana para incluir el PAI. Y es que, según recuerda la sentencia, el PGOU de Castellón está anulado, por lo que, asegura, "sobre lo inexistente no pueden realizarse modificaciones". Ahora, la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón podrán recurrir el fallo del juez.
La portavoz de la Asociación Mestrets-Borriolenc, Ángela Salax, ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que llega tras una larga batalla en los tribunales. "Es tarde porque llevamos once años con peleas judiciales, estas cosas se deberían resolver antes porque por el camino siempre hay gente que enferma y que lo pasa muy mal", ha lamentado Salax. Sin embargo, el final del proceso se antoja aún largo. Y es que los tribunales aún tienen que resolver la propia aprobación del PAI, que se aborda por separado.
REACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, ha mostrado prudencia sobre la sentencia del TSJ que invalida el PAI Mestrets, pero ha señalado que cree que no afectará al urbanismo de la ciudad. Pese a ello, Mulet ha declarado que el equipo de Gobierno local no tomará ninguna decisión hasta tener los informes de los técnicos municipales.
* Radio Castellón - 28.5.14
Foto: Castelló, protesta vecinal PAI Mestrets - levante-emv.com
Otra edil de Santiago dimite y se suma a sus siete compañeros condenados
Galicia se ha convertido en uno de los principales focos de corrupción urbanística en el país. La trama mafiosa Pokémon, todavía no finalizada, se ha llevado por delante a numerosos miembros del PP gallego, muy cercanos al propio presidente de la Xunta, Feijóo, como estos concejales del Ayuntamiento de Santiago que tomaron la decisión de pagar con dinero público la defensa del entonces concejal A.Varela, imputado también en Pokémon. Este fallo judicial cae sobre mojado ya que el gobierno del PP en Santiago, durante tres años de mandato, ya ha perdido a su anterior alcalde, G.Conde Roa y a otros concejales por graves delitos de corrupción. Mientras tanto no se entiende que el propio Feijóo permanezca al margen judicial de toda esta trama mafiosa y no haya sido ya imputado.
"ELPAÍS* : Un mero acto administrativo derivado de los múltiples sumarios en que está inmerso —la decisión de pagar con dinero público la defensa del entonces concejal Adrián Varela, imputado en la trama Pokémon— ha hecho saltar por los aires al gobierno municipal de Santiago. Toda la Junta de Gobierno del PP, los siete ediles que ratificaron esa decisión el 30 de mayo de 2013, dimitieron a media tarde de ayer solo unas horas después de recibir una condena de inhabilitación para ejercer cargo público durante nueve años.
Este mediodía otra concejala popular, imputada en el caso Pokémon pero no condenada aún en ninguna causa, se unió a las renuncias de sus compañeros. La marcha de Rebeca Domínguez, responsable de Xuventude e Normalización Lingüística, complica todavía más la recomposición del gobierno local al elevar a nueve las vacantes, una cifra en la que se incluyen los siete miembros del ejecutivo dimitidos ayer y Adrián Varela, que entregó el acta la semana pasada al acumular su segunda imputación judicial. El alcalde, Ángel Currás, ya ha anunciado esta mañana que tendrá que recurrir a concejales no electos.
Los siete ediles condenados por prevaricación anunciaron hoy que recurrirán la sentencia. Admitieron que su dimisión, que hicieron pública ayer a las ocho de la tarde tras una reunión con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, les fue impuesta "por imperativo legal". El juez sustituto Jesús Leal, que está al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, ha impuesto a los siete concejales la pena que reclamaba la fiscalía y les considera culpables de haber dictado una resolución arbitraria a sabiendas cuando decidieron cargar a las arcas municipales la minuta del abogado de su compañero siguiendo a pies juntillas la petición del concejal afectado. El alcalde de la ciudad, Ángel Currás, que siempre ha defendido la inocencia de sus compañeros, a los que acompañó en el pesado trámite del banquillo, que duró casi seis horas el pasado 19 de mayo, aseguró tras conocer el fallo que lo iba a estudiar y anticipó una solución “en cuestión de horas”. El presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien también ha respaldado a sus ediles en la capital gallega, se encontraba de visita institucional en Japón.
En las últimas semanas había cundido el pesimismo en el partido y entre el círculo más próximo al presidente Feijóo. Incluso la teniente alcalde, Reyes Leis, la única edil que empezó la legislatura y no está imputada por un juez, admitió que se ultimaba un plan B por si la sentencia salía cruz. El fallo de ayer es el último revés judicial que sufre el gobierno del PP en Santiago, que durante tres años de mandato ya había perdido a su anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, condenado por fraude fiscal y a los concejales Albino Vázquez Aldrey y Adrián Varela, acusados de graves delitos de corrupción en la trama Pokémon, igual que el anterior jefe de gabinete de la alcaldía, Ángel Espadas, encarcelado durante un mes por este mismo caso y actualmente en libertad condicional.
Precisamente el sumario Pokémon, que instruye la juez de Lugo Pilar de Lara e indaga sobre el presunto amaño de contratos en distintas instituciones, está en el origen de la inhabilitación de la Junta de Gobierno de Santiago. La defensa de los ediles alegó en el juicio celebrado hace unas semanas que todos actuaron siguiendo los informes del secretario municipal cuando aprobaron —tal y como les había llegado la propuesta del entonces edil Adrián Varela— que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los honorarios de su letrado, el exjuez decano de Santiago Javier Míguez Poza. Y defendió también que el acuerdo municipal adoptado aquel 30 de mayo de 2013 no conllevaba gasto alguno para el presupuesto público sino que requería de otro acto posterior para autorizar el pago de la minuta.
La fiscal del caso, Arancha Sanjosé, alegó justo lo contrario: que el gobierno local sabía, porque así constaba en el informe técnico del secretario municipal y asesor jurídico, que la defensa del edil solo podía costearse con dinero público cuando se diesen los supuestos establecidos en su día por el Tribunal Supremo. Es decir, que el imputado resultase absuelto, que la inculpación tuviese su origen en una actuación administrativa o de otra índole en el cumplimiento de sus funciones como edil y que dicha intervención no implicase desviación de poder. En su durísima sentencia, el juez concluye que “los acusados fueron plenamente conscientes del contenido de dicho informe [del secretario] y sabedores de que en las circunstancias de su compañero municipal y miembro de su propio partido no concurrían los requisitos informados por la asesoría jurídica, pues conocían perfectamente que Adrián Varela estaba imputado por varios delitos de corrupción en el marco de unas diligencias penales abiertas en su contra”.
La sentencia desacredita la declaración de varios de los concejales en el juicio, donde alegaron que desconocían o sabían vagamente por la prensa los delitos que se le atribuían a su compañero de Corporación. “Estas declaraciones son fácilmente refutables y poco creíbles”, según el juez, “primero, por la contradicción que existe entre los propios acusados, algunos de los cuales manifestaron que sí tenían conocimiento de esta circunstancia y, segundo, porque es un hecho fácilmente verificable en las hemerotecas”. En el relato de hechos probados, el fallo sostiene que los ediles “acordaron comprometer al presupuesto municipal el pago de una representación letrada, sobre la defensa de un concejal imputado por actividades presuntamente delictivas en contra del propio ente administrativo”. Y recuerda que en la designación del letrado de Varela nunca intervino la corporación local sino que fue una elección personal del edil imputado.
El juez también sostiene que la propuesta aprobada con carácter urgente solo un par de horas después de que entrase por registro la petición del concejal imputado “estableció un vínculo obligacional entre el Ayuntamiento y el abogado designado para la representación del concejal”. “De dicho vínculo se podría reclamar en un futuro la cantidad objeto de la correspondiente minuta que emitiese el letrado”, concluye el juez. La sentencia desbarata además la estrategia de la defensa de los ediles, que subrayó que la moción aprobada incluía una coletilla que, según los ediles, condicionaba el pago de los honorarios del abogado a un informe posterior del interventor municipal. La defensa se basaba en la frase que figura en el acta del acuerdo: “Sin perjuicio de la posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes”. Pero el fallo sostiene que dicha frase pivota sobre “un punto incierto y escasamente probable y que entra dentro de lo aleatorio y lo casual”. Y añade: “Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral. Esta posterior fiscalización que se podría derivar de las minutas correspondientes es una circunstancia futura y contingente que en modo alguno afecta a la legalidad del acuerdo adoptado”.
* El País - JOSÉ PRECEDO / SONIA VIZOSO - 3.6.14
Foto: Los concejales de la Junta de Gobierno, durante el juicio / ÓSCAR CORRAL
Condenado a un año de prisión el alcalde de Tolox por delito urbanístico
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"SER* : La sentencia condena a otras nueve personas a seis meses de prisión, también por delito urbanístico y obliga a demoler cuatro viviendas que fueron construidas en suelo no urbanizable con licencia para almacén de aperos. En cuatro de los siete hechos juzgados se trata de construcciones en parcelas que el mismo alcalde, Juan Vera (CA), había vendido a clientes extranjeros, firmado la licencia para almacén de aperos y, en algunos supuestos, abierto expediente administrativo por infracción urbanística.
Condenado a un año de cárcel al alcalde de Tolox, Juan Vera, de Convergencia Andaluza, por un delito contra la ordenación del territorio tras solicitar licencia para construir en una parcela de su propiedad en suelo no urbanizable.
La fiscalía había solicitado para el primer edil una condena de doce años de prisión al considerar que se sirvió de su cargo público para conceder siete licencias urbanísticas irregulares, cuatro de ellas, a clientes que compraron una parcela en terrenos de su propiedad.
Una condena menor pues, teniendo en cuenta que en el fallo el tribunal señala que es sospechosa la coincidencia entre la venta de las fincas por parte de Juan Vera, la construcción en las mismas y la firma de la licencias por parte del primer edil aunque, eso sí, señala, para un almacén de aperos, pese a todo, dice el tribunal, no hay pruebas. También exonera de responsabilidad al alcalde porque, en algunos casos, abrió expediente administrativo contra las licencias irregulares, eso sí, hasta cuatro años tardó en enviar a los técnicos municipales y ello cuando el proceso judicial ya estaba iniciado.
La sentencia también condena a otras 9 personas a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
Sobre Juan Vera pesan, a día de hoy, condenas que superan los siete años y medio de prisión por distintos delitos relacionados con el urbanismo. Ninguna de esas sentencias es firme aún.
* Cadena Ser - IGNACIO SAN MARTÍN - 21-05-2014
Foto: Tolox (Málaga) - laopiniondemalaga.es
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El fiscal le pide ocho años y medio de cárcel por el caso Aljaraque
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Otra vez lo de siempre: el pago/cobro de comisiones ilegales por convenios o licencias urbanísticas para obtener un beneficio, tanto para el empresario que las da como para el político que las recibe. En la provincia de Huelva se han dado ya varios casos semejantes y en el municipio de Aljaraque (18.500 hab) se trata del concejal de Urbanismo, para el que solicita el fiscal 8 años y medio de cárcel. Veremos al final en qué queda esto, vista la benevolencia de la justicia con la corrupción urbanística. En vez de ser ejemplar, la justicia de este país parece ser cómplice de esta vergonzosa situación a la que se ha llegado.
"HUELVAINFORMACIÓN* : El asunto del presunto pufo detectado en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Huelva no es el único quebradero de cabeza para su ex secretario, Casto Pino. El que fuera concejal de Urbanismo en Aljaraque entre 2003 y 2007 se enfrenta a una petición de condena de ocho años y medio de prisión por el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de convenios urbanísticos y licencias de obra, un asunto por el que también se sentarán en el banquillo de los acusados el ex alcalde popular Juan Manuel Orta y un socio de éste en la empresa Taller de Finanzas SL, A.G.V.
El fiscal del caso considera a Pino autor de un delito de cohecho por el que exige que cumpla tres años de cárcel y pague una multa de 4.500 euros. Solicita para él en su escrito de acusación otros cuatro años por dos delitos fiscales, que conllevan la solicitud del abono de gravámenes por importe de 500.000 y 300.000 euros, respectivamente. Por último, el Ministerio Público estima que debe imponérsele otra condena de un año y seis meses de prisión por blanqueo de capitales y sancionársele con 600.000 euros de multa. En total, ocho años y medio de reclusión y 1,4 millones de euros en multas.
Afirma la Fiscalía que el ex edil estuvo al frente de la Delegación de Urbanismo "coincidiendo con una intensa e irreversible urbanización del término municipal" aljaraqueño. A principios de 2007 se entrevistó presuntamente con el empresario Rafael Barroso en su despacho municipal, quien tenía entre manos un proyecto de edificación de apartamentos turísticos en la localidad.
Entonces Casto Pino "procedió a solicitarle 300.000 euros para interesarse por la licencia de obras y proceder a reactivarla". La operación no llegó a buen término y el empresario (ex militante del PP) denunció el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de iniciativas urbanísticas ante la Fiscalía Anticorrupción. Barroso abrió la caja de Pandora y, tras 14 meses de investigación, el trío y la mujer de Pino, A.S.N., fueron detenidos en abril de 2008.
El fiscal observa cómo en el ejercicio 2003 Casto Pino obtuvo "incrementos patrimoniales no justificados de 430.596,8 euros". Estimando que esta cantidad no fue declarada por el ex concejal de Urbanismo, la Fiscalía calcula que defraudó a la Hacienda Pública 193.768,6 euros, cantidad que asciende a 378.604 euros "dado que las ganancias patrimoniales de su pareja, A.S.N., han de serle imputadas por desconocimiento o ignorancia" de la mujer.
De hecho, recalca el Ministerio Público, en 2003 ella obtuvo ganancias patrimoniales injustificadas por valor de 410.746,9 euros, con partidas de ingresos en efectivo en su cuenta de 90 billetes de 200 euros (18.000 euros, del 6 de febrero); otra de marzo de 50 billetes de 200 euros (10.000 euros), y una más en mayo todavía más significativa de 86.600 euros distribuidos en "ocho billetes de 500, seis billetes de 200, 357 billetes de 100 euros y 914 de 50 euros". Entiende el fiscal en este caso que tales beneficios corresponden a "bases imponibles ocultas en concepto de ganancias patrimoniales no justificadas pertenecientes realmente a Casto Pino". Es decir, que el patrimonio ilícito ascendería a 841.343,7 euros, defraudando a Hacienda 378.604,7 euros.
En 2005 la historia se repite. Observa que nuevamente Casto Pino ocultó al erario público 118.062 euros, alcanzando los 133.902 al agregarle los ingresos injustificados de su esposa. Llama la atención de la acusación pública que durante ese ejercicio el ex edil "entró en posesión, de modo que se ignora, de una considerable cantidad de dinero en metálico en billetes de gran cuantía de escaso uso en el tráfico económico y comercial, regularizando su tenencia al hacer uso de los mismos para ingresarlos en cuentas de su disposición y transferir luego desde la misma ciertas cantidades en concepto de pago de deudas a proveedores". De ahí que le atribuya el delito de blanqueo de capitales.
Para muestra, un botón. Pino era administrador único de la empresa Transportes Colombinos SL, en cuya cuenta ingresó entre marzo y abril de 2005 173.750 euros "usando enormes cantidades de billetes de 500 y 200 euros". Hasta 175 de los llamados Bin Laden. El engaño se perpetúa, supuestamente, en años sucesivos.
* Huelva Información - R.Rendón - 30.5.14
Foto: Aljaraque - sobrehuelva
Santa Cruz.- El alcalde da un ultimátum al edil de Urbanismo para que se calle
El urbanismo en Santa Cruz de Tenerife sigue revuelto, el actual alcalde JM.Bermúdez, de CC, continuador de la línea del imputado M.Zerolo, manda callar a todos aquellos que pretendan desvelar el lamentable pasado urbanístico de la ciudad. Todavía colea la sentencia que condenaba a varios concejales por el caso de la playa de Las Teresitas, antes de la cual ya hubo otras condenatorias por comisiones en el caso Fórum Filatélico o en el del Plan General municipal. Lo de mandar callar al edil de Urbanismo, sabedor de oculta información, demuestra a las claras la corrupción urbanística que sigue existiendo en el Ayuntamiento.
"ELDÍA* : El órdago lanzado por la Corriente de Pensamiento del Taller Secundino Delgado avisando de que 22 miembros del comité local de Coalición Canaria tienen previsto solicitar formalmente el martes el cese del concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, ya ha tenido su primera consecuencia, puesto que el alcalde, que también es el presidente de la formación nacionalista en la capital, ha dado un ultimátum a su socio de gobierno advirtiéndole de que si sigue opinando de mandatos anteriores no dudará en destituirlo, según han confirmado fuentes cercanas al alcalde, José Manuel Bermúdez.
Estas mismas fuentes aseguran que el alcalde aconsejó hace meses a Martín que dejara de desprestigiar a sus antecesores o acabaría teniendo problemas con él. Sin embargo, cuando se hizo pública la sentencia que condenaba a seis exconcejales por diferentes motivos urbanísticos en el denominado caso Mamotreto, Martín hizo caso omiso a las advertencias del primer edil y no solo no esperó a realizar una declaración conjunta sino que, acompañado de José Fernando López Aguilar, pidió la dimisión del exalcalde Miguel Zerolo.
El entorno de Bermúdez confirma que este ya ha hablado con el que aún es su concejal de Urbanismo advirtiéndole de que "por esta vez" no le va destituir, pero que a la próxima no le temblará la mano.
"Hablar del pasado es traspasar una línea roja y si vuelve a hablarse en términos de agresión, el cese es un hecho. O te callas o te ceso, y si se rompe el pacto que se rompa", son las palabras literales que Martín escuchó de boca del alcalde, que, con este movimiento, lo que busca es evitar "más follones" en el seno de su partido.
Y parece haberlo conseguido porque a Hilario Rodríguez (y por ende a la corriente que lidera) parece bastarle "de momento".
* El Día - G. Maestre - 9.5.14
Foto: Santa Cruz de Tenerife, alcalde Bermúdez - eldia
Barcelona.- Así comenzó la reconstrucción de Can Vies
La batalla que llevan librando durante más de una semana los vecinos del barrio barcelonés de Sants es otro ejemplo más de la oposición ciudadana a decisiones urbanísticas autoritarias, en este caso del Ayuntamiento, que se salta todas las normas de participación y convivencia. Al igual que sucediera en el barrio burgalés del Gamonal o en el valenciano del Cabanyal, una grave decisión urbanística es capaz de generar toda una revolución en un barrio ya de por sí castigado u olvidado municipalmente. Como en los otros casos, la lucha de los vecinos de Can Vies ha logrado detener la demolición de este Centro público y así poner en entredicho la política del todopoderoso alcalde de CiU, X.Trías, que ahora está contra las cuerdas. Actualmente comienza la reconstrucción vecinal de lo derribado anteriormente.
"DIAGONAL* : Manos, picos, palas y mucha ilusión por volver a levantar Can Vies. Así comenzó la mañana del sábado la jornada de rehabilitación del edificio, que tuvo su punto de partida en Can Batlló , donde más de 300 personas equipadas con todo tipo de material de obra hicieron un pasacalles hasta la calle Jocs Florals. Tres agentes de seguridad de TMB que llevaban perros con bozal abandonaron la valla de perímetro del inmueble así como también lo hicieron dos agentes de la Guardia Urbana en el momento de la llegada de la comitiva reconstructiva.
Un chico equipado con un megáfono explicó cuáles serían los protocolos de actuación : "primero entrará un equipo de arquitectos y aparejadores para estudiar la situación del edificio, después comenzamos a desescombrar y proteger las dependencias que puedan ser rehabilitadas". Todo se ha hecho con un alto nivel organizativo, donde todo el mundo iba equipado con casco amarillo y guantes .
Cadenas humanas trasladaron los escombros hasta el exterior del solar, donde se separaron y limpiaron todos aquellos ladrillos que se podían reciclar. El resto querdó apilado en el lateral del edificio, a modo de terraplén. La grúa ha quedado convertida en una gran jardinera de flores y plantas. Mientras tanto, tres escaladores equipados con sierras radiales han cortado las estructuras dañadas que podían desprenderse.
La frenética actividad, que a mediodía sumaba más de un millar de personas, se redondeó con una cadena humana --de más de 500 personas-- que transportó escombros desde Can Vies hasta la puerta de la sede del Distrito de Sants: allí depositaron cientos de trozos de ladrillo, al tiempo que colgaron dos pancartas y varios carteles en las rejas y la fachada mientras los agentes de la Guardia Urbana lo miraban desde la distancia. Muchos de los participantes en la Feria de Entidades, que paralelamente se hacía en la Carretera de Sants, aplaudían la iniciativa. Una vez finalizada la protesta volvieron frente al edificio en reconstrucción, donde un mural de colores hecho por niños y una comida popular fueron las actividades lúdicas que completaron la jornada. Hacia las cinco de la tarde, y cuando empezaba a llover, se habían retirado hasta dos metros de escombros de algunas de las dependencias, con un volumen total de más de cuarenta toneladas de desechos fruto de la actuación ordenada por el Ayuntamiento de Barcelona el pasado martes.
Los trabajos de rehabilitación también consistieron en tapar todos los agujeros en techos y suelos, así como en minimizar cualquier riesgo de desprendimiento . En lo alto del tejado vuelve a ondear un banderín de Can Vies . La última actividad de la tarde, antes de marchar en columna hasta la plaza Universidad [donde se convocó una manifestación de apoyo al centro social a la que acudieron cerca de 20.000 personas, según La Directa, N,. del E], ha sido un pilar de 4 levantado por los Castellers de Sants.
* Diagonal - Jesús Rodríguez, la Directa - 1.6.2014
Foto: Barcelona, CanVies reconstrucción - Victor Serri
El TSXG obliga a derribar el edificio multiusos de Melón
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El urbanismo en la provincia de Ourense continúa sumido en el caciquismo recalcitrante. El municipio de Melón es un ejemplo más: el alcalde A.Pardellas, del PP, ya fue condenado a ocho años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación al construir un polideportivo en la zona de influencia del monasterio de Santa María, bien de interés cultural (BIC), sin disponer de los permisos de Política Territorial y de Patrimonio. Ahora otra sentencia obliga a derribar el nuevo edificio multiusos municipal al considerar que las obras se están realizando ilegalmente en suelo clasificado en el PXOM como urbanizable delimitado.
"LAREGIÓN* : Una sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) obliga al Concello de Melón a derribar el pabellón multiusos Cruceiro Gordo, en el que se han invertido en torno a un millón y medio de euros en los últimos siete años. El Alto tribunal gallego desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº2 de Ourense en noviembre de 2013, a raíz del contencioso promovido por J.López Ferro, vecino del municipio, por infracción urbanística grave.
El fallo, contra el que no cabe recurso ordinario, se basa en las conclusiones de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, señalando que las obras se están realizando en un suelo clasificado en el PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) como urbanizable delimitado, por cuyo motivo el Concello había aprobado un plan parcial para convertirlo en dotaciopnal, pero cuya ejecutabilidad fue suspendida por esta misma sala judicial en auto firme del 30 de julio de 2012, sin que se hubiese procedido a la aprobación definitiva del correspondiente proyecto de urbanización, por lo que no existen ni los viales ni las infraestructuras contempladas en el PXOM. Este plan parcial se encuentra pendiente de la resolución de un recurso de casación interpuesto por el Concello, después de haber sido denunciado por varios vecinos en el 2011.
El pabellón todavía no está acabado, aunque ya funciona el servicio de guardería, estando pendientes de concluir obras o completar equipamientos de una piscina climatizada, una biblioteca, pista de padel y un centro de día.
La alcaldesa de Melón, Cristina Francisco, declaraba que se construyó el edificio porque "no tenemos ningún informe desfavorable de que no se pudiera seguir edificando", asegurando que "ha sido un error administrativo y estamos iniciando todos los trámites necesarios para solucionar el problema e intentar evitar el derribo". La regidora culpa a la oposición de no colaborar, "no es constructiva, sólo pretende perjudicar".
* La Región - Sabela Pinal - 27.5.14
Foto: Melón (Ourense), edificio multiusos ilegal - farodevigo
Málaga.- Detenidos dos empleados de Urbanismo y un policía local en un caso de blanqueo
SUR* : Agentes de la Guardia Civil han detenido a al menos ocho personas en una operación en la que se investigan, entre otros, supuestos delitos de blanqueo de capitales y contra la ordenación del territorio. Entre los arrestados hay dos empleados de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga y un funcionario de la Policía Local, que han quedado en libertad tras prestar declaración ante la jueza que instruye el caso.
La investigación, en la que trabajan agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y del Equipo contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, comenzó hace aproximadamente un año. Fuentes municipales consultadas al respecto confirmaron que la Gerencia de Urbanismo viene colaborando desde entonces con la Benemérita, «facilitándole toda la información y documentación que ha requerido».
La redada se llevó a cabo hace dos fines de semana. Las detenciones se realizaron en la capital -en la barriada de Churriana- y en los municipios de Alhaurín de la Torre y Rincón de la Victoria, según informaron las fuentes consultadas.
Entre los registros de la operación, se realizó uno en la propia Gerencia de Urbanismo, y más concretamente en los puestos de trabajo de los dos funcionarios detenidos, que han desempeñado su labor en el Servicio de Inspección Urbanística, aunque uno de ellos ya no se encontraba actualmente en este departamento porque solicitó su traslado. Tras declarar ante la jueza, ambos quedaron en libertad. Al margen de la instrucción judicial, el Ayuntamiento les ha abierto un expediente disciplinario y, por el momento, no han vuelto a sus puestos de trabajo.
Por su parte, el agente detenido había estado destinado en el Grupo de Medio Ambiente (Gruprona) de la Policía Local. Según indicaron las fuentes consultadas, el funcionario también fue puesto en libertad y en la actualidad se encuentra apartado del servicio hasta que se aclaren los hechos que están bajo investigación.
* SUR - J. CANO / J. HINOJOSA - 27.5.14
Foto: Fachada de la Gerencia Municipal de Urbanismo. :: SUR
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México.- Los inversionistas chinos suspenden el proyecto junto a Cabo Pulmo
El polémico megaproyecto situado en el extremo de la península de California Baja termina así finalmente arrinconado, cuando numerosas voces autorizadas clamaban contra la construcción de esta urbanización de lujo de más de 20.000 habitaciones hoteleras, varios campos de golf y toda la parafernalia complementaria para esta nueva ciudad enclavada en un lugar privilegiado pero altamente delicado para el medioambiente. México es un país que está en pleno desarrollo y operaciones urbanísticas irregulares como ésta deberían estar más reguladas, visto el fracaso del turismo de masas abusivo en otras zonas del planeta. También hay importantes empresas promotoras españolas allí, y de otros países, tratando de especular como buitres cuando aquí en España ya se ha colgado el cartel del 'todo saturado'.
"ELPAÍS* : Los inversionistas de la compañía La Rivera Desarrollos BCS —una asociación de la empresa china Beijing Sansong y la estadounidense Glorious Earth Group- han anunciado este viernes que suspenderán el polémico proyecto del megacomplejo turístico Cabo Dorado, ubicado a unos metros del Parque Nacional Cabo Pulmo, en el extremo sur de la Península de Baja California.
En un comunicado publicado en los principales periódicos de circulación en México, el conglomerado informa al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, de que retirará el proyecto de manos de la Secretaría del Medio Ambiente “en vista de las importantes preocupaciones que se han generado en relación a los riesgos que pudiera implicar para el medio ambiente y la preservación del Parque Nacional Cabo Pulmo”.
Hasta ahora, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha sido notificada oficialmente de la cancelación del proyecto a pesar de que ya posee un veredicto sobre el proyecto que aún no se ha hecho público, ha comentado a EL PAÍS, Juan José Guerra Abud, titular de la Semarnat. “Todos los proyectos que generen empleo e inversión son bienvenidos siempre y cuando respeten a las normas ambientales. Nosotros estamos promoviendo y facilitando el proyecto siempre y cuando respeten a las normas ambientales”, ha expresado Guerra Abud, informa Paula Chouza.
El proyecto Cabo Dorado, colindante con el Parque Nacional Cabo Pulmo, fue planteado como un complejo turístico con 22.500 habitaciones de hotel, dos campos de golf, una planta de tratamiento de aguas residuales, un campus universitario y un centro deportivo de alto rendimiento. La propuesta estimaba una inversión de 3.600 millones de dólares y la creación de 18.000 empleos.
Sin embargo, diversos grupos ambientalistas denunciaron en los últimos meses que la construcción del proyecto traería importantes daños tanto al Parque Nacional y su arrecife de coral de 7.000 hectáreas, así como a la vida de los habitantes de la región. Los investigadores señalaron que al menos unas 78 especies protegidas corrían el riesgo de desaparecer si el complejo llevaba la expulsión de desechos al mar o a los mantos acuíferos. También explicaron que la atracción de turistas a la zona llevaría al crecimiento de un núcleo de población de 440.000 personas para las que el abastecimiento de agua no sería suficiente.
Aunque los inversionistas planean retirar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) de las manos de la Semarnat --que tenía previsto anunciar su decisión de autorizar o no la construcción del complejo la próxima semana-- no han cerrado completamente la puerta para plantear otro proyecto turístico en el terreno de 3.770 hectáreas. “Esta decisión se ha tomado con el fin de poder, en un futuro próximo, reiniciar este procedimiento con un nuevo proyecto que tome en cuenta las críticas fundadas que se han manifestado”, dice el conglomerado en el comunicado.
El grupo inversor chino-estadounidense retomó el año pasado el proyecto que en 2008 propuso la empresa Hansa Baja Investments -antigua propietaria de los terrenos- para construir un complejo turístico denominado Cabo Cortés y que finalmente fue suspendido en 2012 por el expresidente Felipe Calderón, tras las presiones de los grupos ambientalistas que tenían las mismas preocupaciones. En marzo de este año los representantes legales de los inversores chinos entregaron a Peña Nieto y seis ministros de Estado cartas para pedir su apoyo y visto bueno para la construcción del complejo turístico.
* El País - SONIA CORONA México 30 MAY 2014
Foto: Los terrenos en los que se planeaba construir. / A. CRESPO (GREENPEACE)
Apartamentos de lujo en el Castillo de Maqueda (Toledo)
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Algo vergonzoso lo que denota esta noticia, aunque no es la primera vez que sucede, lamentablemente, en este país de tan amplio Patrimonio monumental. Lo llamativo aquí es que la propiedad de castillo de Maqueda sea pública, es decir de todos, y que se pretenda comerciar con un Bien de interés histórico artístico debería estar gravemente perseguido por la justicia. Durante largos años sirvió irresponsablemente para viviendas de la Guardia Civil y, ahora, se pretende vender sin más al mejor postor. Como veremos a continuación no es el único ejemplo del país en que esto sucede y viene a demostrar la ignorancia cultural de las autoridades públicas que no son capaces de defender lo que realmente nos distingue monumentalmente de otros pueblos. Otra vergüenza especulativa más que añadir a la casta que nos malgobierna.
"ELPAÍS* : Al abrigo de un foso y de unos muros de 3,5 metros de espesor, en la cima de una colina y en el interior de un Monumento Histórico Artístico toledano, hay un edificio de tres plantas que puede ser suyo. Y en el que, teóricamente, podrían hacerse apartamentos de lujo en lo que hoy es uno de los inmuebles en desuso que subasta el Ministerio del Interior. El castillo de Maqueda data del 981 y albergó a la mismísima Isabel II. En su interior hubo una antigua casa cuartel que se reconvirtió en Museo de la Guardia Civil, tras una inversión de cinco millones de euros en 2010. El edificio tiene más de 2.600 metros cuadrados aprovechables y 30 plazas de aparcamiento.
El valor en subasta pública al alza saldrá por 9.588.290 euros; es decir. 3.655 euros el metro cuadrado, según consta en la web addmeet.com que concreta los usos lucrativos a que puede destinarse e incluye, aparte de los de hotelero, comercial, cultural o de ocio, el residencial.
La venta viene siendo anunciada desde hace tiempo por el organismo encargado de la gestión y venta del Ministerio, la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado (Giese) y consta en la relación de activos del Programa para la puesta en valor de activos inmobiliarios publicado en julio de 2013 y está pendiente de que se fije fecha de subasta. Otros ya la tienen.
El de Maqueda no es el único que llama la atención o está protegido por su interés histórico o arquitectónico. También resulta atractivo el palacete con antiguas instalaciones del Cuerpo Nacional de Policía en Santander, en la calle José Ramón López Dóriga, 6. Son 640 metros cuadrados construidos en buen estado que sale por 954.150 euros. Eso sí, tiene un nivel 1 de Protección Integral, un verdadero calvario para los promotores.
La web admeet.com ha seleccionado 25 inmuebles desde la óptica de los posibles inversores o promotores inmobiliarios. Algunas de las antiguas casas cuarteles y comisarías están muy bien situadas y ya se sabe que en el inmobiliario el valor lo marca "la localización, la localización y la localización".
Destaca la comisaria del paseo Juan de Borbón, 32 en la Barceloneta que tiene dos alturas y unos 684 metros cuadrados construidos y que sale por 389.295 euros. Puede destinarse a usos de equipamiento, como podría ser una clínica, dado su buen emplazamiento en Barcelona.
Para cuando se recupere el mercado inmobiliario, un solar de Guadix (Granada), antigua casa cuartel de dos plantas, será una buena opción ya que permite el uso residencial y hasta cinco plantas y tiene unos 4.300 metros cuadrados construidos. Sale, por el procedimiento de subasta al alza a celebrar el 2 de julio próximo, con un valor de 1.512.837 euros; lo que supone una fianza provisional de 75.642 euros, el 5%. Hasta las 14 horas del 16 de junio hay tiempo para presentar las proposiciones económicas que no pueden ser inferiores al 80% del precio de salida.
Comparte fecha de subasta la casa cuartel situada en el casco de A Graña, El Ferrol (A Coruña), autorizada para uso residencial y que deberá ser consolidada y rehabilitada. Está sobre una parcela de 890 metros cuadrados sobre la que se levanta un edificio de dos plantas con 10 viviendas y garaje. El precio de partida es de 284.530 euros.
La antigua comisaría en el barrio de La Macarena, en las inmediaciones del casco antiguo de Sevilla también será subastada el día dos de julio. Con un solar de 172 metros cuadrados y 550 de edificabilidad para vivienda libre, sale en una subasta al alza por 186.363 euros el metro cuadrado: 339 euros y 1.084 euros el metro cuadrado.
Una antigua casa cuartel en Villalba de la Sierra (Cuenca), a 20 kilómetros de la capital y junto al río Júcar tiene un emplazamiento con interés turístico. Son 600 metros cuadrados construidos a demoler que darían paso a 3.018 metros cuadrados residenciales. Sale por 132.024 euros. El dos de julio a las 10 horas se sabrá si tiene o no pretendiente.
También en la provincia de Cuenca, en el centro de Las Pedroñeras, se vende por 72.394 euros otra antigua casa cuartel sobre un solar de 698 metros cuadrados en los que edificar 1.528 metros. Quien gane la subasta al alza podrá destinarlo a viviendas u otros usos lucrativos, terciario o equipamiento. Lo mismo puede decirse del solar, una vez demolido el edificio actual edificado en 1950, a las afueras de Sigüenza (Guadalajara) que tiene 2.477 metros cuadrados, 47 metros de fachada y dos plantas que salen por 582.319 euros; es decir, 235 euros el metro cuadrado.
Especial interés tienen dos edificios independientes de la típica arquitectura de zona de montaña con estructura de madera vista que podrían destinarse a turismo rural y albergaban instalaciones de la Guardia Civil en la finca Quinto Real del collado de Urquiaga, en Baztán (Navarra). Sobre un solar de unos 2.330 metros, se levantan 2.805 metros cuadrados construidos. Están sobre un suelo forestal no urbanizable. El valor de tasación es de 305.749 euros , pero pueden presentarse ofertas directas, ya que es uno de los que proceden de subastas que se quedaron desiertas con anterioridad.
La palabra la tiene el mercado.
SOLARES BIEN SITUADOS
En la selección de inmuebles que recoge la web de addmeet.com, a los inmuebles a subastar el dos de julio y los de subastas próximas sin concretar fecha aún, se suman los de venta directa por haberse quedado desiertas pujas anteriores, algunas de hace más de siete años. Ahora se liquidarán con un descuento del 20% y se admiten ofertas directas. En la web del ministerio también puede verse este apartado "inmuebles en venta" donde, por ejemplo, hay cuatro pisos, dos bajos y dos primeros, en una zona residencial de Palma de Mallorca, uno de ellos por menos de 99.000 euros.
En general, lo que se vende no son las edificaciones, sino los solares por lo que, además de consultar la web de Interior y la selección de addmeet.com, tienen visita previa obligada al servicio de Urbanismo correspondiente.
Por ejemplo, el solar de la Colonia San Jordi, en Ses Salines (islas Baleares) con 392 metros cuadrados de superficie y 745 metros cuadrados de edificabilidad. Apto para uso residencial de baja densidad, además de comercial y equipamiento. Son 265.924 euros; otro contiguo de 380 metros de superficie y 790 metros de edificabilidad, sale por 282.080 euros.
En pleno casco urbano de San Fernando (Cádiz), hay un solar urbano no consolidado con 468 metros cuadrados y 1.049 de edificabilidad para uso residencial. El valor de tasación es de 291.450 euros (278 euros el metro cuadrado de suelo bruto y 623 euros de repercusión) y es un suelo pendiente de gestión urbanística. No se puede ofertar por debajo del 80%.
También está pendiente de desarrollo urbanístico el del casco antiguo de Cáceres, el solar de la calle General Margallo, 80, admite también uso residencial y, en este caso, para VPO también. Son 738.516 euros para 3670 metros cuadrados de edificabilidad.
* El País - 26.5.14
Foto: Castillo de la Vela o castillo de Maqueda (Toledo) / ULY MARTÍN
Ecologistas en Acción tumba una urbanización en un espacio protegido de Salamanca
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Otro caso más de especulación urbanística en la 'popular' Castilla y León, igual que en toda la sierra del Sistema Central. Tanto en Ávila, Segovia o ahora Salamanca, aprovechando la cercanía de Madrid se proyectan urbanizaciones ilegales en plena Naturaleza, en espacios protegidos por la Ley, contando para ello con la complicidad de las autoridades políticas que no solo no frenan estas actuaciones delictivas, sino que las alientan en su propio beneficio. La empresa 'Bosques Civilizados', de la exdiputada del PP, MP.Sánchez Fernández, proyectó una urbanización, junto con el arquitecto L.Fernández-Ordóñez, en una dehesa de alto valor ecológico, en Las Veguillas, Salamanca. Ecologistas en Acción denunció las pretensiones de la empresa y los tribunales han paralizado las viviendas de lujo que se iban a levantar en plena naturaleza.
"MARÍA JOSÉ ESTESO POVES* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a Ecologistas en Acción y ha paralizado el Plan para urbanizar la Dehesa de la Mora, de alto valor ecológico, en el municipio de Las Veguillas (280 habitantes), a 33 kilómetros de Salamanca. Ecologistas en Acción denunció la declaración de impacto ambiental favorable que se otorgó a la promotora tras diversos informes negativos de los técnicos.
La empresa que se denomina Bosques Civilizados SL ofrecía, y ofrece aún, viviendas de lujo en plena naturaleza: “En un espacio protegido”, argumentan en su web, aunque la ley prohíbe construir en terrenos rústicos y en espacios protegidos. Además, para tratar de ‘colar’ la urbanización de lujo, Bosques Civilizados SL llamó al proyecto ‘Plan Especial de Protección de Zona Rústica Dehesa de La Mora’.
Con el ardid de una urbanización que “protege” el campo, Bosques Civilizados SL consiguió finalmente la aprobación el 17 de julio de 2012 de esta urbanización de lujo de 103 hectáreas y de 4.000 m2 más edificables para usos agropecuarios. Cada residencia contaría con una parcela de seis hectáreas, la apertura de accesos en una zona de grandes pendientes y la instalación de redes de agua y otros servicios urbanísticos.
Viviendas de lujo en plena naturaleza
A la cabeza de dicha promotora se encuentra María Pía Sánchez Fernández, una exdiputada del PP entre 2004 y 2008, directora financiera de Bosques Civilizados, y Demetrio Cáceres, responsable de Bosques Civilizados. Ambos gestionan también una empresa relacionada con la gestión de dehesas y biomasa forestal. El arquitecto del proyecto ha sido Lorenzo Fernández-Órdoñez Hernández, sobrino del exgobernador del Banco de España y del exministro Francisco Fernández Ordóñez.
El proyecto que pretendían llevar a cabo en Las Veguillas se inspira en uno similar que sí se ha ejecutado en Extremadura, a 20 km de Mérida, entre las sierras de Juan Bueno y de Peñas Blancas, declarada por la UE Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), entre los municipios de Oliva de Mérida y La Zarza de Alange.
Inicialmente, sobre la Dehesa de la Mora, en Las Veguillas, la comisión de urbanismo de Salamanca, dependiente de la Junta de Castilla y León, dio una licencia para un chalé. Bosques Civilizados pidió entonces permisos para otros 16 chalés y llevó a cabo, en 2007, una parcelación urbanística del monte. Entonces, Urbanismo denegó la autorización y aconsejó a los promotores de Bosques Civilizados que presentaran un plan de urbanización para dar servicio a las viviendas.
Buenas relaciones
Uno de los abogados de Ecologistas en Acción ha declarado a este medio que “resulta insólito que sea la propia comisión de Urbanismo, que tiene como misión principal la protección del suelo rústico, quien diseñe estrategias para que esta empresa pueda sortear la prohibición legal de construir viviendas en suelo rústico de alto valor ambiental”.
De hecho, en la web de Bosques Civilizados hay un apartado de agradecimientos dedicado “al Ayuntamiento de Las Veguillas y, en especial, a su alcalde de estos últimos años, don José María Chaparro, y a la secretaria municipal, Amparo, por su diligencia y buena disposición, [...] y a los técnicos de Urbanismo y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, que han sabido comprender la bondad de un proyecto complicado y diferente”.
Sin embargo, durante dos años, los ingenieros de montes y los funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta echaron atrás el proyecto. Finalmente, la declaración de impacto ambiental emitida por el delegado territorial fue favorable a la construcción de las 12 viviendas de lujo a pesar de que el informe final del ingeniero responsable del monte consideró que el impacto ambiental “es incompatible con el mantenimiento y mejora del terreno rústico y forestal que configura el monte Dehesa de Mora”.
Ecologistas en Acción impugnó en 2013 el plan urbanístico para las 12 viviendas que proponía Bosques Civilizados. En abril de 2014, el Tribunal Superior de Justicia ordenó la suspensión cautelar del plan para construir las viviendas. Sin embargo, Bosques Civilizados sigue promocionando la venta de las viviendas en su web.
* DIAGONAL - MJ.Esteso Poves - 22.5.14
Foto: Dehesa de la Mora, situada en el municipio de Las Veguillas, Salamanca, donde se ha proyectado construir las mansiones de lujo en la zona más escarpada del monte. / ECOLOGISTAS EN ACCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN.
El exconseller valenciano Rafael Blasco, condenado a 8 años de cárcel por desviar fondos de cooperación
Otro tema escabroso de una trama corrupta, esta vez en Valencia. Uno de los peces gordos de la Comunidad, que participó en todos los gobiernos del PP de Zaplana y Camps, desvió los necesarios fondos públicos de la Cooperación Internacional hacia fines privados como la compra de bienes inmuebles. El asunto es gravísimo por la falta de escrúpulos de una casta política delictiva y ajena a todo lo que no sea su bolsillo particular. A pesar de todo la sentencia es bastante suave y se debe una vez más a una justicia demasiado débil y complaciente con el poder político-financiero.
"ELDIARIO* : El exconseller del PP Rafael Blasco ha sido condenado a 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación por desviar fondos que debían ir a ayuda al tercer mundo en el conocido como 'Caso Cooperación' o 'Caso Blasco'. Blasco no ha sido condenado a la máxima pena que pedía Fiscalía y que eran 14 años de prisión y 33 de inhabilitación.
Rafael Blasco, diputado no adscrito tras su expulsión del PP (no en relación a este caso de corrupción) fue también portavoz de los 'populares' en las Corts Valencianes y ocupó siete consellerias (entre ellas la de Cooperación), en todos los gobiernos del PP de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, hasta llegar Alberto Fabra, pero también lo fue hace más de 20 años en el gobierno del socialista Joan Lerma, partido del que fue expulsado por también por sus presuntas corruptelas.
Blasco ha sido condenado por el trato de favor a la Fundación Cyes y al empresario Augusto César Tauroni (el único de todos los imputados que ha estado en prisión durante todo el juicio), a quienes la Conselleria de Cooperación, durante la gestión de Blasco, dio 1,8 millones de euros para proyectos en Nicaragua, de los que llegaron únicamente 43.000 euros, mientras que el rsto se desviaron a comprar inmuebles en la ciudad de Valencia.
Cabe recordar que el TSJCV ha comunicado este miércoles a los imputados esta sentencia sobre la que es la primera pieza en la que se divide este caso, y que todavía quedan pendientes dos más en las que Rafael Blasco también está imputado.
* El Diario - Toni Cuquerella - 28.5.14
Foto: Valencia, Blanco y Fabra - lasprovincias
Barcelona.- Un año de prisión para Millet y Montull y absolución para los exaltos cargos municipales
Lamentablemente ha ocurrido lo de siempre en los delitos urbanísticos, las penas son mínimas para los imputados y el daño realizado queda prácticamente impune. Esta sentencia de Barcelona es irrisoria y clama al cielo dada su benevolencia cómplice. Para Millet y Montull solo un año de cárcel, cuando la fiscalía pedía diez. Y toda la antigua cúpula del urbanismo municipal barcelonés ha quedado absuelta, algo totalmente inaudito y a todas luces injusto. Una compleja trama de corrupción urbanística que operó en la ciudad durante años, con fuertes ramificaciones políticas, sale así triunfante de este juicio 'irrelevante'. De nuevo la justicia queda por los suelos con su merecida fama de débil y cómplice, a pesar de que todavía quede otro juicio pendiente sobre el tema.
"ELPERIÓDICO* : Pena mínima para el expresidente del Palau de la Música Félix Millet y para el que era su mano derecha, Jordi Montull, por tráfico de influencias en la frustrada construcción de un hotel en las inmediaciones del auditorio barcelonés. El tribunal de la Sección Quinta les ha impuesto un año de prisión, bastante lejos de los 10 años que solicitó en el juicio la Fiscalía de Barcelona. Eso sí, se les ha puesto una multa importante: 3,6 millones de euros para el primero y 901.000 para el segundo.
Los magistrados han absuelto a la antigua cúpula de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona, Ramón García-Bragado, exteniente de alcalde; Ramon Massager, exgerente del area, y el asesor jurídico Enric Lambies, que se enfrentaban también a penas de cárcel. El arquitecto Carles Díaz también ha sido exculpado.
La sentencia señala que Millet y Montull, "actuando de común acuerdo", aprovechándose del "prestigio y ascendencia moral y de las ventajas que les proporcionaba sus respectivos cargos", se pusieron en contactao "sin cesar" y por medio de varios medios (correos electrónicos, llamadas telefónicas y reuniones) con las autoridades urbanísticas para presionarlas y tirar adelante el proyecto del hotel.
El cambio de titularidad de los terrenos
Los magistrados no dan relevancia al cambio de titularidad de los terrenos donde se iban a construir el hotel que supuestamente fue ocultado por el Palau de la Música y que no se recogió en los informes elaborados por los técnicos municipales. "Dicha falta de verdad resulta irrelevante para la modificación puntual del Plan General Metropolotinano", señala, desde el punto de vista de la legislación urbanística. Por esta razón, absuelve a los exresponsables de urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona. La sentencia añade que tampoco conocían el propósito lucrativo que perseguía Millet y Montull.
El tribunal ha decidido, además, remitir las actuaciones al juzgado de guardia para que se investigue el presunto falso testimonio del constructor Manuel Valderrama, que se iba a encargar de construir el hotel y que negó el pago de una comisión a Millet y Montull, cuando según los magistrados sí hizo ese desembolso de dinero.
Millet y Montull están pendientes de ser juzgados por el expolio millonario del Palau y el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial, a través suyo, a CDC.
* El Periódico - J. G. ALBALAT - 28.5. 14
Foto: Barcelona, Millet y Montull, imputados caso Palau - elpais.com
