Penas mínimas por corrupción en Menorca tras siete años de instrucción

ELPAÍS* : Han sido siete años de instrucción y la dilación indebida del proceso beneficia a los reos. Es una atenuante cualificada. El llamado caso ses rates de Ciutadella de Menorca, un procedimiento penal abreviado por corrupción urbanística municipal, se juzgó y resolvió este lunes de abril de 2012 en la Audiencia de Palma de Mallorca, mediante un pacto de conformidad entre la Fiscalía y los cargos públicos, negociantes y técnicos acusados.
Los hechos giran alrededor de la trama diseñada para la compra pública, amañada, de una parcela urbana con vistas a ulteriores posibles negocios privados de recalificaciones, aparentemente entre políticos y empresarios. El perjuicio para las arcas públicas se calculó en 288.000 euros.

El exlíder del PP de Ciutadella, Avel.li Casasnoves, -exdiputado balear- y responsable local de urbanismo, ha asumido una condena de tres meses por fraude a la administración más 540 euros de multa; se le pedían dos años y medio de prisión. Casasnovas dejó el PP poco antes de ser suspendido de militancia tras ser imputado.

El político localista populista Llorenç Casasnovas –que no es pariente pero sí fue aliado del anterior-, que fue concejal colaborador de Urbanismo desde su Partit Menorquí, ha sido condenado a dos penas que suman un año por fraude y falsedad documental. El fiscal le acusó, inicialmente, por negociaciones prohibidas, fraude, falsedad, malversación de caudales y tráfico de influencias y reclamó para él más de siete años de cárcel. Llorenç Casasnovas tiene antecedentes penales –no computables- por obras ilegales y desobediencia a autoridades y funcionarios. Ninguno de los condenados ingresará en prisión.

La causa se inició en 2005 en un juzgado de Ciutadella por el que han pasado tres jueces instructores distintos y, al menos, dos fiscales, según relató uno de los abogados. Antes del juicio, falleció el denunciante perjudicado, un hombre que tenía 72 años al firmar la venta del solar al hombre de paja de un político. Desde el Ayuntamiento amenazaron al propietario con abrirle un expediente por presencia de roedores y abandono de la parcela, hechos no probados. Le advirtieron de que sería multado con 8.000 euros.

Al conjunto de los seis implicados, dos cargos públicos, el empresario testaferro Antonio Picó y tres técnicos locales, se les reclamó hasta 21 años de cárcel desde la acusación pública y la particular (el PSOE y el nacionalista PSM). Las penas acordadas en el pacto no superan, individualmente, el año y medio. También se diluyen las peticiones de indemnización de cerca de 200.000 euros.

El acuerdo con la Fiscalía, que implica el reconocimiento de un episodio delictivo, se tuteló por los tres magistrados de la sala de la Audiencia de Palma. El tribunal evitó resolver las cuestiones previas y retrasar, otra vez, el juicio. Los procesados evitaron la vista pública y esquivaron la posibilidad de penas con años de reclusión. La Fiscalía optó por el camino de verificar, aún a la baja, sus tesis y no exponerse a un traspié ante los tribunales. Un abogado reclamó que el caso se juzgara en un tribunal con jurado y en otra instancia. Los políticos no estaban de acuerdo con esta estrategia. Tras dos horas de negociaciones entre las partes y redacción del acuerdo el caso quedó cerrado, a la espera de conocer el contenido jurídico técnico del fallo de la Audiencia.


* El País - ANDREU MANRESA - 23 ABR 2012
Foto: Ciutadella (Menorca), vista - balear

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El Consell paga 35 millones más por la F-1 que iba a costar cero euros

ELPAÍS/Valencia* : El Consell ha tenido que pagar otros 35 millones por la organización de la carrera de fórmula 1 en el circuito urbano de Valencia. Un evento que anunció en 2007 el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps y que, según se hartaron de pregonar los populares con Ricardo Costa a la cabeza, iba a tener un coste cero.
El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer una modificación de crédito por la que detrae 34,8 millones de euros de la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para pasarlos a la empresa Circuito del Motor, que gestiona las instalaciones de Cheste.

Este dinero se destinará a cubrir las deudas heredadas de Valmor Sports, la sociedad participada por Jorge Martínez Aspar, Bancaja y el propietario del Villarreal CF, Fernando Roig. Esta firma tenía los derechos para organizar el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 y fue comprada por el Consell el pasado 9 de diciembre al precio simbólico de un euro.

En los presupuestos de 2012 de Circuito del Motor ya se destinaron seis millones de euros para cubrir deuda de Valmor, que sumados a los 35 adicionales alcanzan ya un total de 41 millones de euros.

El dinero para asumir las deudas que arrastra Valmor Sports completa el proceso de reordenación de la fórmula 1 por parte del Consell que dirige Alberto Fabra. El presidente de la Generalitat constató desde un principio que el evento del que había hecho bandera Camps era insoportable económicamente.

Así, buena parte de los esfuerzos se han dirigido a intentar reducir el coste de la carrera de fórmula 1 que se celebra en Valencia, lo que lo ha distanciado de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

Fabra y su vicepresidente José Ciscar han rebajado el gasto con tres actuaciones. Primero, el Consell aceptó la oferta del Gobierno catalán de alternar cada año el premio de fórmula 1 en España. Segundo, han roto el contrato que tenía Canal 9 para retransmitir las carreras del campeonato de fórmula 1 en valenciano. Y, tercero, han acabado con los intermediarios que Camps utilizó como pantalla para justificar que la carrera de coches “no le iba a costar a las arcas de la Generalitat ni un solo euro”. A cambio, eso sí, Fabra se ha tenido que hacer cargo de los 41 millones de deudas acumulados por Valmor Sports. Y todo ello sin dar cuenta de la gestión realizada en un evento que ha ofrecido notables réditos electorales al Partido Popular.

Los socialistas, a través del diputado José Manuel Sánchez, afirmaron ayer que la modificación presupuestaria “desenmascara una nueva mentira de la Generalitat y del PP y supone un duro castigo para el sector turístico, que ha visto reducidos sus presupuestos en más de un 30%”.

“Dijeron que iban a comprar Valmor Sports por un solo euro, lo que al final ha sido una mentira más”, dijo Sánchez, que recordó que el presupuesto de la Agència Valenciana de Turisme para este año se ha quedado en 44 millones de euros”.

Los grupos de la oposición han solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los contratos y las cuentas de la fórmula 1.

Valmor Sports firmó con el patrón de la Formula One Administratio Limited, Bernie Ecclestone, el contrato para organizar las siete ediciones de la carrera entre 2008 y 2014. Tan solo llegó a abonar el canon correspondiente a la primera carrera celebrada en Valencia, ya que al año siguiente asumió el pago de los 20,5 millones de euros la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, perteneciente a la Generalitat.

Valmor Sports incorporó a finales de 2007 a Vicente Cotino, sobrino del presidente de las Cortes, a través de la sociedad Worldwide Circuit Management, pero los costes de la carrera fueron inasumibles para esta sociedad desde el primer día. Y ello, pese a que las obras de acondicionamiento del circuito urbano de Valencia corrieron a cargo del erario público, que también asumió trabajos necesarios para la organización de la carrera.

Valmor ya cerró 2008 con unas deudas de 15,8 millones, según los datos depositados en el Registro Mercantil, que al año siguiente (2009) ya ascendían a 25,7 millones. Las inyecciones de dinero realizadas por la Generalitat a través de la sociedad Circuito del Motor han permitido saber que dos años después las pérdidas se habían doblado y ahora se cubrirán a cargo del erario público.


* El País - JOAQUÍN FERRANDIS Valencia 25 ABR 2012
Foto: Valencia, circuito F1 cerrado y abandonado - levante-emv.com

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Córdoba.- El fiscal solicita penas que suman 15 años de cárcel por el caso Torreblanca

DIARIOCÓRDOBA* : El ministerio fiscal ha solicitado tres años y nueve meses de prisión para cada uno de los cuatro policías locales a los que acusa, en el conocido como caso Torreblanca, de un delito de falsedad cometido por funcionario público en el ejercicio de sus funciones. También pide que se les imponga a cada uno multa de 5.400 euros e inhabilitación especial para el ejercicio de su cargo durante tres años.
Según el escrito de acusación del fiscal, dos de los imputados, matrimonio y ambos policías locales, "aprovechándose de su condición como agentes adscritos al servicio de Disciplina Urbanística", iniciaron en el verano del 2007 la construcción de una vivienda en una parcela de su propiedad en la urbanización Torreblanca "sin gozar de las licencias urbanísticas correspondientes".

Por su parte, los otros dos acusados, agentes adscritos al mismo servicio, y constituidos como patrulla de vigilancia urbanística de la urbanización Torreblanca, tuvieron conocimiento, a finales de septiembre, de la construcción que realizaban sus compañeros, pero "con la finalidad de evitar la responsabilidad de aquellos", siempre según el fiscal, no iniciaron expediente alguno de disciplina urbanística en el registro informático

Así las cosas, continúa el escrito del ministerio público, el 11 de enero del 2008, los acusados tuvieron conocimiento de que en breve iba a salir publicado en prensa que varios policías locales, adscritos al servicio de Disciplina Urbanística, construían en Torreblanca a pesar de carecer de licencias administrativa. Por ello, los acusados, "con la finalidad de dar cobertura legal a su actuación y evitar cualquier tipo de responsabilidad por razón de su cargo, unos por haber iniciado la construcción sin haber obtenido la obligada licencia, y los otros al no haber cumplimentado ni iniciado expediente alguno, convinieron de común acuerdo manipular un expediente ya registrado" en la base de datos del registro informático y que coincidiera en su creación con las fechas en que los agentes localizaron "la construcción ilícita" promovida por el matrimonio --septiembre del 2007--, para luego remitirlo a la Gerencia de Urbanismo. Así, de común acuerdo, utilizaron un expediente ya registrado con fecha 26 de septiembre del 2007 y la agente, según el fiscal, cambió los datos del promotor y constructor, introdujo los de su suegra, y modificó los agentes denunciantes. También el 12 de enero y el 14 de enero introdujeron otras modificaciones, remitiendo el resultado a Urbanismo.


* Diario Córdoba - RAFAEL DE LA HABA 25/04/2012
Foto: Córdoba, urb. Torreblanca - abc.es

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Pontevedra.- El Gobierno asciende a la funcionaria del informe exculpatorio a Construcuatro

ELPAÍS* : Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas en la provincia de Pontevedra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha desoído el fuerte rechazo que provocaba su nombramiento y, aunque con retraso, ha repuesto a la funcionaria en un cargo que ocupó entre 2005 y 2007. Paz Curbera es la autora del controvertido informe en el que se basó en 2005 el exconselleiro Enrique López Veiga y, recientemente, la Xunta de Feijóo, para perdonaruna multa de tres millones de euros a Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado el diputado del PP Telmo Martín.
Paz Curbera también es conocida por poseer un chalé frente al mar en zona de protección.

La directora de la demarcación de Costas se construyó en 1999 la casa, de 450 metros cuadrados y sobre una finca de 2.500, sobre unos terrenos de Sanxenxo que las normas urbanísticas de la época calificaban de “suelo no urbanizable”. Pero Telmo Martín, a la sazón alcalde de esa localidad, aprovechó el Plan General de 2003 para recalificarlos como urbanizables y desplazar el límite de servidumbre de protección justo hasta la fachada del chalé. Para ello, obtuvo un informe favorable de la demarcación de Costas, en la que Paz ya ejercía como jefa del servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre.

Dos años después, la intervención del Servicio de Costas resultó crucial para resolver uno de los principales problemas que se encontró Telmo Martín mientras compaginó la alcaldía con la actividad inmobiliaria. Un edificio que Construcuatro, de la que Martín poseía el 33%, edificó en la selecta playa de Silgar, en Sanxenxo, invadía dos metros la zona de servidumbre y contaba con un piso más de los permitidos. La Xunta le abrió un expediente que el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, archivó al aparecer un plano distinto aportado por Costas, en el que la invasión se reducía a un metro. La “discrepancia” entre planos justificó al archivo, lo que libró a la inmobiliaria de Martín de la demolición y de una multa de tres millones.


* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 23 ABR 2012
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), edificio ilegal en Playa_Silgar - elpais

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El ruido, asignatura pendiente de las ciudades españolas

20MINUTOS* : El ruido es uno de los enemigos más insistentes de la salud de quienes viven en las ciudades. ¿Se construyen y gobiernan las ciudades españolas teniendo en cuenta este problema? Todo parece indicar que no, que ni el modo de construir, ni el modo de habitarlas, ni nuestro modo de usar la ciudad tienen en cuenta la producción de ruido.
Así, no es de extrañar que España sea el segundo país más ruidoso del mundo. Este miércoles se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido. Según la encuesta sobre la calidad acústica de la Asociación Española para la Calidad Acústica (AECOR), los ruidos de los vecinos son la principal molestia que sufren los españoles en sus casas.

Además, cerca de la mitad de los encuestados (48%) considera que su barrio es ruidoso o muy ruidoso. El tráfico urbano, las aglomeraciones de personas y las obras siguen siendo los ruidos considerados más molestos en nuestros barrios.

Según AECOR, el 32% de los ciudadanos están sometidos a un nivel de ruido ambiental superior a los 55 decibelios (dBA) durante la noche y el 24% reciben un impacto que supera los 65 dBA en el promedio de las 24 horas del día.

Las ciudades, obligadas a tomar medidas

Una directiva europea señala que los ayuntamientos de poblaciones grandes y medianas deben adoptar medidas contra los principales focos de contaminación acústica. Para ello deben realizar mapas estratégicos de ruido.

En teoría, a finales de junio de este año 63 municipios de más de 100.000 habitantes (un 41% de la población española) deberán presentar sus mapas de ruido. Ya en 2013, sobre esa base, tendrán que diseñar un plan de acción.

Además, los municipios de más de 250.000 habitantes, que elaboraron sus mapas de ruido en 2007, deberán actualizarlos también para esas fechas.

AECOR cree probable que la mala situación económica de las Administraciones ha dificultado la realización o cumplimiento de los planes anteriores, pero confía en que ahora finalmente todos entreguen su diagnóstico de la situación al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ruidos en casa

Si sufrimos mucho el ruido del exterior, la solución más práctica es la colocación de ventanas insonorizadas. Como explica Consumer, las ventanas de doble acristalamiento o la doble ventana son el procedimiento más frecuente.

Las primeras realizan una función aislante mientras que las dobles ventanas duplican los cierres acristalados para crear una cámara de aire entre ambos. Estas últimas reducen las filtraciones de aire y el nivel de ruidos procedentes del exterior.

Si la ventana es de madera y no encaja, se pueden utilizar tiras de caucho para que ventana y marco estén más juntos e impedir así el paso del aire.

El uso de persianas y cortinas gruesas son métodos más rudimentarios pero pueden ayudar a amortiguar algo los sonidos.

Obras, coches y viviendas

Según una encuesta, de la que da cuenta la empresa Oi2, 8 de cada 10 españoles creen que el Gobierno debería endurecer la ley para regular los niveles de ruido.

El País Vasco (83%), la Comunidad Valenciana (71%) y Andalucía (75%) son las tres comunidades autónomas con mayor índice de contaminación acústica. En cuarto y quinto lugar se sitúan Madrid (71%) y Cataluña (70%). Por el contrario, Aragón (63%), Canarias (67%) y Baleares (69%), son consideradas las comunidades menos ruidosas según los encuestados.

Según los españoles, las obras (18%), el ruido generado por los vehículos (17%) y la escasez de materiales aislantes en las viviendas (17%) son los principales factores que contribuyen a producir un mayor nivel de contaminación acústica.


* 20 Minutos - 25.04.2012
Foto: Ruido en las calles - 20minutos

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El supuesto cohecho permitiría ejecutar el mayor proyecto urbanístico de Valdoviño

LAVOZ/A Coruña* : El proyecto del supuesto cohecho de Valdoviño era la actuación urbanística más importante de toda la historia local. En 5.500 metros cuadrados, situados en la Puerta del Sol, se preveía levantar 300 viviendas en bloques en torno a una plaza. Con ello se buscaba darle centralidad al núcleo urbano, actualmente formado solo por edificios y casas a ambos lados de la carretera Ferrol-Cedeira.
La parte polémica del asunto correspondería a 98 viviendas que iba a levantar Coinasa, dentro de toda la actuación de 300 pisos. Cuando se produjo el supuesto intento de cohecho, el marido de la alcaldesa de la localidad en el año 2005, la independiente Concepción Sanesteban Raposo, habría pedido una contraprestación económica de 450.000 euros (se hablaba de 75 millones de pesetas) por mejorar le edificabilidad en este sector del conjunto.

La denuncia por el supuesto cohecho, presentada por el concejal Gonzalo Doce Vergara (CG) en el 2011, entonces edil de Urbanismo, ha llevado al pleno local a acordar el pasado viernes personarse en la causa penal incoada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol.
Sobre la parcela en cuestión no se ha hecho nada. Aparece la explanada con carteles de promociones urbanísticas, pero no se acometió la ejecución de proyecto alguno, a pesar de que hubo varios. Según Gonzalo Doce, incluso hubo uno «encargado por la alcaldesa» que fue cuestionado por los técnicos municipales por las alturas superiores a las permitidas en el planeamiento local. La denuncia ante la Fiscalía pasó al juzgado correspondiente. Una jueza sustituta recibió al denunciante para que se ratificase y entregase copia del cedé con el contenido de las grabaciones. Es lo único actuado, por el momento, por el juzgado de instrucción.
En una citación emitida para convocar al denunciante, el secretario judicial indica que están abiertas diligencias por un supuesto delito de cohecho y le recuerda a Gonzalo Doce que tiene derecho a nombrar abogado y procurador y que, de no hacerlo, «el Ministerio Fiscal ejercitará en su nombre las acciones civiles que pudieran corresponderle». El concejal y su compañero Manuel Bacorelle propusieron entonces el personamiento del Concello de Valdoviño.


* La Voz de Galicia - F. VARELA - 25.4.12
Foto: Valdoviño (A Coruña), vista - google

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El Supremo ratifica la anulación del PGOU isleño dictada por el TSJA

HUELVAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso Administrativo (Sección Primera) del Tribunal Supremo declaró el pasado dos de febrero de 2012 "la inadmisión del recurso de casación interpuesto por la representación procesal de la Junta de Andalucía contra la sentencia del 27 de enero de 2011 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía" que anulaba de facto la aprobación definitiva de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Isla Cristina. El Plan había recibido el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo en mayo de 2008.

El PGOU podía seguir en vigor en tanto en cuanto el Supremo no se pronunciara. Ahora lo ha hecho y contra los intereses de la Junta y el Consistorio isleño por lo que el planeamiento urbanístico recibe otro varapalo tras el ya sufrido hace apenas un año.

La resolución del Supremo declara firme la sentencia de enero de 2011 y carga las costas del proceso a la Junta andaluza, que tendrá que pagar los 600 euros correspondientes.

El problema que planteó el Tribunal en la instancia regional es que se necesita el pronunciamieno de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanística porque el PGOU isleño sobrepasaba en un 25% el incremento del número de viviendas.

El PGOU isleño fue iniciado por el PA en tiempos de Francisco Zamudio como alcalde y seguido en la etapa de María Luisa Faneca. Ambos comparten ahora el Gobierno y el varapalo judicial, que cuestiona el desarrollo urbanístico de Isla Cristina, ya de por sí noqueado con la primera resolución del TSJA.

El documento municipal fue recurrido por 23 familias isleñas (Huertos de la Playa), varios colectivos y empresas.

Según la sentencia primera del Tribunal Andaluz, "la totalidad de las viviendas ascienden a 18.450, por lo que el 25% supondría 4.612 viviendas y al cifrarse el incremento en 5.570 el porcentaje ha sido superado sin que conste el preceptivo dictamen de la Comisión Interdepartamental de Valoración Territorial y Urbanismo".

Cabe recordar que el artículo 45 del Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA) establece que con carácter general no se admitirán los crecimientos que supongan incremento de suelo urbanizable superiores al 40% del suelo urbano existente". Y el PGOU rozaba el 53,04%.

El diseño del PGOU recurrido dejó fuera del cálculo hasta 616.756 metros cuadrados, 60 hectáreas de uso turístico y hotelero que deberían haberse sumado al total de la superficie del Plan, 1.888.162 metros cuadrados. Ese resultado, 2.504.918 metros cuadrados, superó los 1.888.939 que suponía el 40% de suelo urbano. Se infringía así el artículo 45 del POTA. Un asunto reconocido por Urbanismo en Isla Cristina, que apuntó que el PGOU no se regía por el POTA por la sencilla razón de que no existía en 2005.

El Pleno del Ayuntamiento de Isla Cristina aprobó en noviembre de 2007 (PSOE y la concejal Antonia Grao) el documento provisional de revisión y adaptación del PGOU. Fue confirmado en 2008 y en 2009 la Alcaldía aireó el texto urbanístico: La ciudad pasaría de los 21.000 habitantes a los 25.000 en ocho años. Y se anunció la construcción en ocho años de 5.665 nuevas viviendas, de las que el 30%, nada menos que 1.700 serían protegidas.

El Plan ocupaba casi todo el suelo que quedaba por construir en la franja litoral. Ahí situaba 5.672 plazas hoteleras de las 8.000 a construir. Además, quedarían disponibles 3.100 plazas de residencial turístico.

Los propietarios que recurrieron en 2005 recordaron en sus alegatos que el Ayuntamiento apostaba primero por la adquisición por expropiación de sus fincas en la Venta de la Era, alguna datadas en 1860. Pero en 2007, con la socialista María Luisa Faneca en el Gobierno, se cambió a la fórmula de expropiación por compensación. Y en junio de 2010, el Ayuntamiento dio luz verde a la Modificación número 1, que cambió el sistema de junta de compensación por cooperación. Esta fórmula, subrayaron los propietarios y recurrentes, ha beneficiado a un promotor que fue adquiriendo terrenos en las inmediaciones de la Venta de la Era.

El Consistorio siempre ha mantenido una versión: que la sentencia del TSJA no era firme y ha sido recurrida. Este argumento se lo acaba de tumbar, pero esta vez es el Tribunal Supremo.

Para la Alcaldía se trataba de un simple defecto de forma "fácilmente solucionable". Incluso se permitió la libertad de anunciar a los propietarios que las fincas de la zona pasarían a formar parte de un sistema general de espacios libres. Eso sí, dijo, "para disfrute de toda la población y no sólo para unos pocos como viene sucediendo hasta ahora".

Según el Ayuntamiento, las tierras en litigio se encuentran dentro de la servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre, regulados por la Ley 22/1988 de 28 de julio (Ley de Costas). Y el PGOU no podía ir contra esta norma. Por eso decidió la regularización de la situación de la finca y eliminar los usos residenciales en la servidumbre.

El Ayuntamiento argumentó en su día para quitar hierro a la decisión del TSJA que al mismo tiempo que la sentencia de enero de 2011 (ahora refrendada en el Supremo) había otra, fechada el 7 de marzo de 2011, que daba la razón (sobre el PGOU) al Consistorio y a la Junta y desestimaba las pretensiones de nulidad. De ahí que se esperara a la interposición y resolución de un recurso para lo que Faneca denominó "unificación de doctrina". Desde entonces no han cesado los llamamientos a la calma y a la tranquilidad de promotores, inversores y compradores de suelo.


* Huelva Información - R. RENDÓN-R. MORENO - 25.4.12
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)

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Bruselas halla indicios de fraude en la Diputación de Ourense

ELPAÍS* : A José Luis Baltar lo persigue su estela. El exbarón jubilado del PP, sucedido por su hijo al frente del partido y de la Diputación de Ourense, no encuentra descanso. Baltar no solo fue el “cacique bueno” que presumió ser. Al rastro de los cientos de enchufados que ha dejado, tras dos décadas de mandato absoluto, en las distintas dependencias de la institución provincial —lo que ha supuesto la apertura de diligencias por la Fiscalía— se suma el de su gestión de los fondos estructurales que ha requerido una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). El Parlamento europeo se lo ha confirmado a la diputada del BNG Ana Miranda.

La OLAF tiene “sospechas suficientemente fundadas de que se han cometido actos de fraude, corrupción u otros actos ilegales \[en la gestión de fondos estructurales\] que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”. Miranda sostiene que la investigación de la oficina contra el fraude de la UE parte de la denuncia realizada por un particular en 2002 secundada por diversas iniciativas de nacionalistas y socialistas en Estrasburgo. La oposición lleva años intentando aclarar por la vía política la gestión de algunos de los fondos que están siendo ahora investigados por la UE. En noviembre de 2009, el entonces todopoderoso barón del PP sentenciaba en un pleno de la Diputación que le resultaba “durísimo pensar que hay algo oculto en la elección de las depuradoras”. Salía así al paso de las críticas de PSOE y BNG, que alertaban de lo extraño de la elección de esas plantas incluidas en los planes Daredo y Deputrans considerando el alto coste de su funcionamiento (en torno a 8.000 euros anuales en electricidad) que las localidades —de menos de 500 habitantes— no podían afrontar. Se instalaron, pero en muchos casos las encienden y apagan constantemente para que no se dispare el consumo.

“Voy a seguir de cerca este tema”, dio entonces carpetazo al asunto el primero de los Baltar desde la presidencia del pleno. Antes, se había amparado en el informe técnico de un funcionario y en su convicción de la “honestidad” de su empleado. Los Baltar no dieron pábulo a las denuncias de la oposición. Tampoco a la visita que hicieron técnicos de la UE el pasado febrero a la Diputación. José Manuel Baltar Blanco la tildó entonces de “rutinaria”. Ayer, después de que Miranda informara de que el comisario europeo de Fiscalidad, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, le confirmara, en nombre de la Comisión Europea, la apertura de un expediente de investigación a la Diputación de Ourense, Baltar Blanco negó tener conocimiento. “La institución provincial no recibió ninguna nueva comuniación ni notificación”, informó en comunicado de prensa. “Nadie de la OLAF, ni de ningún organismo de la Unión Europea se puso en contacto ni remitió ningún documento a la Diputación de Ourense comunicando ningunha información como la que hizo pública el BNG”, destaca la nota de prensa.

Baltar sostiene que la visita, los días 22 y 23 de febrero, de los técnicos de la OLAF a la Diputación tenía como fin “realizar verificaciones técnicas de los proyectos Daredo y Deputrans y desde entonces no consta ninguna otra comunicación”. Tampoco le constan “novedades al órgano de gestión de los proyectos, en este caso al Ministerio de Hacienda”, sostiene el presidente provincial. De momento, el Ejecutivo comunitario no aporta información adicional ya que “el caso está en curso”. Esperará a que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude presente sus conclusiones.

La investigación podría no ser más que la punta de un iceberg. Miranda ha pedido a la OLAF el expediente de investigación abierto contra la Diputación de Ourense por este supuesto fraude pero, además, pregunta a la Comisión por el uso que esta institución ha realizado de los fondos comunitarios en otros programas, como el proyecto denominado Estaciones vivas, espacios vivos, de remodelación de estaciones ferroviarias. Mientras tanto, Baltar Blanco pleitea en los tribunales contra una orden del Ministerio de Hacienda que le obliga a descertificar las ayudas de la UE con las que su padre gestionó la construcción de un hipódromo en Xinzo.

Una larga lista de planes en entredicho

Baltar Blanco salió ayer en defensa de su padre y antencesor. La investigación de la UE “servirá una vez más para acreditar el excelente papel procedimental de nuestros servicios”, dijo a La Voz de Galicia. También aseguró hace unas semanas a El País que espera que la Justicia frene la orden del Ministerio de Hacienda que le obligaría a devolver buena parte de los fondos comunitarios con los que financió el hipódromo de Antela, en Xinzo. Hacienda detectó un sinfín de irregularidades en la contratación y ejecución de la obra.
Mientras el nuevo dirigente del PP y de la Diputación de Ourense pelea por impedir la mácula —y el gravamen para las arcas de la institución— del organismo provincial que durante dos décadas presidió su progenitor, la oposición insiste en pedir una comisión de investigación —ya denegada— de la gestión de los fondos comunitarios por Baltar Pumar.Los socialistas no solo se refieren a los proyectos Daredo y Deputrans —que salpica a la Diputación de Pontevedra—, sino también al de las Estaciones, un proyecto transfronterizo acometido a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (Inorde) con 6,2 millones de euros de la UE.
Pero si los pequeños municipios de Ourense encienden y apagan las depuradoras contratadas a la empresa SMA (Soluciones Medioambientales y Aguas) para evitar el “gasto elevado” que generan, buena parte de las viejas estaciones de tren en las que se iba a invertir estos fondos “están abandonadas o infrautilizadas”, denunció el PSOE para justificar la comisión de investigación.Este grupo alertó además de otras posibles anomalías en proyectos como los de “Vía Nova”, “Arraianao” “Terras do Avia” y “Delorour”, correspondientes todos ellos a centros de transformación de biomasa.
La investigación de la gestión de los fondos comunitarios realizada durante los mandatos del fundador del baltarismo en la Diputación coincide con la inmediata acusación —también por su gestión de fondos comunitarios— de quien fue su mano derecha en la institución provincial, el exalcalde de Arnoia y actualmente delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Éste ya tiene una sentencia firme condenatoria de la Audiencia de Madrid y en unos meses se sentará en el banquillo acusado, como mínimo, de malversación de fondos públicos y falsedad documental.


* El País - CRISTINA HUETE Ourense 23 ABR 2012
Foto: Depuradora de aguas de Os Peares, construida por uno de los planes que investiga la Unión Europea. / N. GÓMEZ

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La Guardia Civil investiga expedientes de infracción urbanística en Los Montesinos

INFORMACIÓN/Alicante* : La Guardia Civil ha solicitado al Ayuntamiento de Los Montesinos documentación en las últimas semanas sobre varios expedientes urbanísticos relacionados con la construcción de naves industriales en suelo protegido. Las edificaciones están situadas en la zona de influencia del parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata, en el acceso al municipio desde Torrevieja, según ha podido confirmar este diario.
Al mismo tiempo que se iniciaban estas solicitudes de información de los agentes, el funcionario técnico de Administración General responsable del área de Urbanismo ha remitido al alcalde José Manuel Butrón y el secretario varios escritos en los que le hace constar la situación de supuesta irregularidad de edificaciones en el término municipal, como es el caso de una popular discoteca, pero, al parecer, con licencia de apertura del vecino municipio de Torrevieja.

Una ubicación que siempre ha generado confusión puesto que las instalaciones se encuentran a caballo entre ambos términos.
El alcalde, José Manuel Butrón (PSOE), no quiso pronunciarse sobre las diligencias abiertas en el juzgado sobre este asunto. Fuentes cercanas al primer edil indicaron que desconocen a raíz de qué denuncia pueden haberse iniciado estas pesquisas de la Guardia Civil, aunque las advertencias del citado funcionario sobre estos procedimientos podrían estar relacionadas con la investigación judicial. Fuentes municipales añadieron que los expedientes sobre los que se ha solicitado información corresponden a construcciones que se levantaron en ese suelo protegido con licencias concedidas por el municipio de Almoradí antes de que Los Montesinos se segregara en 1990 logrando un término municipal de 15 kilómetros cuadrados.
El suelo del parque natural se protegió por la Generalitat Valenciana en 1989. Las pesquisas policiales tratarían de recabar los detalles de cada uno de los expedientes de infracción y por qué supuestamente su tramitación no habría avanzado una vez abiertos, según pudo saber este diario.

Revuelo
La visita de los agentes de paisano por las dependencias del Ayuntamiento de Los Montesinos para solicitar estos expedientes no ha pasado desapercibida provocando especulaciones de lo más variado en un municipio que apenas rebasa los cinco mil vecinos y que tiene como alcalde desde hace más de dos décadas a José Manuel Butrón (PSOE) -fue elegido 1991- el único que ha tenido el municipio desde su independencia y que mantiene el porcentaje de respaldo electoral a los socialistas más abultado de la comarca. En el mandato anterior el Ayuntamiento comenzó a tramitar el Plan General de Ordenación Urbana.

Juzgan al jefe de Urbanismo por acoso y amenazas al alcalde
Antes de que se iniciara la solicitud de información de la Guardia Civil al Ayuntamiento, el alcalde José Manuel Butrón denunció al funcionario jefe del departamento de Urbanismo por supuestas injurias, acoso y amenazas. Es más, el Juzgado de Instrucción 2 de Torrevieja ha señalado fecha para juicio como consecuencia de esta denuncia. Dicho funcionario, según fuentes municipales, "tiene antecedentes por conductas análogas en otros ayuntamientos donde anteriormente ha prestado servicios, entre los que se encuentra Sant Joan y el municipio castellonense de Alcalà de Xivert". El juicio se ha señalado para el 7 de junio.
Según las mismas fuentes, en 2008, en Alcalá de Xivert (Castellón), el funcionario denunció el cobro supuestamente indebido de varios funcionarios de complementos de productividad, en un asunto que sigue vivo en el Tribunal de Cuentas. El técnico de administración general, con el que este diario no pudo ponerse en contacto ayer, obtuvo su plaza en Los Montesinos por oposición a mediados de 2011. El trasfondo de sacar una plaza especializada para el departamento de Urbanismo, algo que municipios pequeños tienen muy limitado y que sólo pueden obtener compartiendo servicios con otros, respondía precisamente a la necesidad de poner orden en algunos asuntos urbanísticos que el municipio arrastraba desde hace años, además de contar con un funcionario implicado en este área.


* Información - 24.4.12
Foto: Los Montesinos (Alicante), ayuntamiento - google

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Marbella.- El interventor declara que sus reparos no se recogían «nunca» en las actas

SUR/Málaga* : Las sesiones del juicio por el 'caso Malaya' continuaron ayer con la declaración como testigo del que fuera interventor del Ayuntamiento marbellí, Juan Antonio Castro, al que las partes le preguntaron por los informes emitidos sobre convenios, permutas y los reparos que allí expresaba. El funcionario explicó que estos análisis siempre había que hacerlos antes de la aprobación del convenio, pero que en ocasiones se le pasaba el expediente después de ser aprobados.
Así destacó que en sus informes sobre convenios de permuta no entraba en si las valoraciones eran correctas porque no tenía los datos necesarios y porque no era su cometido. «Siempre ha sido el interventor el que ha tenido que dar la cara en cuestión de valoraciones y de muchas cosas, caramba, que son materias que no son mi cometido, estamos hablando de permutas que forman parte de la llevanza del inventario y no me corresponde», aseguró al tribunal.

«Llevar y custodiar el inventario municipal no es competencia del interventor, es de otros funcionarios, si yo informo de estas cosas es por pudor, que no vayan tantos expedientes tan desamparados y que después ante una sala como esta se me eche en cara que no he hecho lo más mínimo», añadió. Asimismo dijo que pedía que le dieran los expedientes para poder verlos antes de informar y reconociendo que presentó los repartos «tardíamente».
«Nunca jamás»
El funcionario municipal aseguró que los informes de reparos se los entregaba al secretario municipal, Leopoldo Barrantes, también acusado en 'Malaya', quien los tenía que adjuntar en el expediente urbanístico correspondiente para llevarlo a la comisión de gobierno, donde se aprobaba «sin discutir»., precisó Castro, quien agregó que hubo ocasiones en las que se aprobaron expedientes con informes negativos y que «nunca jamás» se recogían en las actas los resultados de los informes de reparos.
Juan Antonio Castro explicó que él no era el que tenía que denunciar esas posibles irregularidades. «Quienes tienen que denunciar son los señores concejales, que debieron haber visto el expediente y haberse manifestado al respeto. Lo que no podemos es no ver papeles o no querer ver papeles y después manifestarse de otra manera, hay que ser consecuentes».
El testigo añadió que las actas de las comisiones «no recogían todo lo que se trataba». No obstante, cuestionado por la defensa del exalcalde Julián Muñoz sobre si vio que los entonces ediles, el alcalde o la comisión de gobierno cometían algún acto ilícito o ilegal, insistió en que «sí».
En este punto del interrogatorio, el presidente del tribunal, José Godino, advirtió entonces al letrado de Julián Muñoz de que al testigo no se le está enjuiciando y el abogado pidió entonces que se dedujera testimonio por si existiese un posible delito del interventor municipal por omisión del deber de perseguir delitos.


* Sur - 25.4.12
Foto: Marbella, ayuntamiento - euroresidentes

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Vic.- Un fiasco de 630.000 euros

ELPAÍS/Barcelona* : La promoción fallida de pisos de protección oficial de la Serra de Sanferm de Vic (Barcelona) que impulsó la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPHP), dirigida por Xavier Solà, exconcejal de Urbanismo de esta localidad y actual secretario general de Cultura, costó 630.000 a la Asociación Catalana de Municipios (ACM), entidad privada que se nutre exclusivamente de dinero público. Este importe es la suma de las facturas emitidas hasta marzo del 2011, cuando las obras se detuvieron.
Entre 2010 y principios del 2011 las gestoras Procomu Habitatges y Minamb Quattro cobraron 119.000 y 127.095 euros, respectivamente, de aquella promoción. Procomu —de la que Solà y Josep Maria Matas, exsecretario de la ACM y también investigado por la fiscalía, fueron accionistas en su primer año— cobró por la “gestión integral de la FPHP”, y Minamb, por la “dirección, coordinación y desarrollo” del proyecto.

Al justificar la duplicidad de gestoras, Solà explicó a este periódico que tras crear Procomu se dieron cuenta de que no sabrían gestionar los pisos de Vic y encargó a Cuadreny —secretario de la fundación— que buscara, sin concurso público, a alguien que lo hiciera. La empresa escogida fue Minamb Quattro, de la que Cuadreny había sido accionista hasta unos meses antes de que se firmara el acuerdo con la FPHP. En el momento de la firma, el propietario de esta empresa era José Escoda —exsocio de Cuadreny—, que ha declinado hacer declaraciones a este periódico.

Meses después, Escoda se quedó las acciones de Solà y Matas en Procomu, con lo que acabo siendo propietario de las dos gestoras. EL PAÍS ha comprobado que Minamb no solo ha tenido pérdidas la mayoría de los años desde su fundación en 2006, sino que además estaba casi inactiva. El único movimiento empresarial importante fue, precisamente, la promoción de pisos de Vic.

En noviembre de 2010, tres semanas después de ponerse la primera piedra, la FPHP tenía presupuestado pagar el mismo importe —175.881,88 euros— a cada una de las dos gestoras por las obras de Vic y por una promoción de pisos de alquiler en Figueres que finalmente no se llevó a cabo. Así, las dos empresas cobraron buena parte del importe a pesar de que las obras de Vic no se acabaron. Estas se detuvieron cuando tan solo se había construido el sótano y la planta baja. Las de Figueres ni se empezaron.

Sin embargo, las facturas de las obras de Vic no se limitan a las dos gestoras, sino que hay una quincena más de conceptos, como los 149.000 euros a la constructora Teyco y los 155.000 al estudio de arquitectura Coll-Leclerc. También se pagaron la tasa de la licencia urbanística, el control de calidad y los anuncios en prensa, entre otros gastos.

Finalmente las obras quedaron detenidas, se dio por finalizado el convenio con la fundación y esta devolvió la paga y señal a los compradores. Así, el terreno sigue siendo de titularidad municipal al no haberse formalizado la compraventa del solar por los 491.881 euros acordados con la empresa municipal Impulsvic.

Los vecinos de la Serra de Sanferm desde un principio criticaron la falta de un plan de viabilidad en las obras. Agustí Bancells, miembro de la asociación vecinal, recuerda que Solà dirigía el proyecto y se encargó de todas las gestiones. “Él fue el único representante del Ayuntamiento con el que estuvimos en contacto”, asegura. Tres años después, los vecinos vuelven a movilizarse. Ya han expresado a miembros del Consistorio su voluntad de que se derribe lo construido (en los próximos días presentarán la instancia) y se han entrevistado con los grupos municipales para que se posicionen al respecto.

Sin embargo, la intención del Ayuntamiento es otra. “En principio los pisos se acabarán haciendo”, admite Josep Rafús, concejal de Urbanismo y Vivienda, aunque no fija plazo alguno. El objetivo del Consistorio es que, en lugar de ser de venta, los pisos puedean ser de alquiler, para así garantizar su viabilidad.

La esposa de Solà facturó 53.530 euros por reformar la sede de la ACM

La esposa de Xavier Solà, la arquitecta Meritxell Inaraja, cobró 53.530 euros (IVA incluido) por el proyecto de las obras de reforma de las oficinas de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), ubicadas en la calle de València de Barcelona. Esta cifra dobla los 26.765 euros hasta ahora conocidos que había recibido Inaraja de la entidad, en la que su pareja había sido jefe de los servicios jurídicos.
Estos honorarios percibidos por Inaraja implican que el matrimonio Solà cobró un total de 259.503 euros de la entidad municipalista entre el 29 de diciembre de 2009 y el 28 de febrero de 2010. En estos tres meses Solà facturó 193.853 euros (IVA incluido) repartidos en 65 facturas por sus trabajos en un catálogo de masías que él mismo impulsó, así como 12.120 euros por la dirección de la Fundación Privada de Vivienda Pública (FPHP), que se encargó de la promoción fallida de los pisos de Vic.
Los nuevos datos sobre los honorarios de Inaraja elevan hasta el 14% del presupuesto anual de la ACM lo que el matrimonio Solà recibió en esos dos meses. La ACM dispone de unos recursos anuales de 2,33 millones de euros para llevar a cabo sus funciones de cooperación y coordinación con los Ayuntamientos.
El matrimonio adquirió poco después de cobrar aquel dinero, el 29 de marzo de 2010, un piso en Cadaqués por un importe de 180.000 euros al contado.


* El País - JORDI ROVIRA Barcelona 20 ABR 2012
Foto: Obras de la Serra de Sanferm en Vic que Xavier Solà ha dejado a medias. / EL PAÍS

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La Audiencia entierra la trama urbanística del crimen de Polop

LAVERDAD/Alicante* : El trasfondo urbanístico del crimen del alcalde de Polop ya es historia. El móvil que durante meses barajó la Guardia Civil en la investigación de la muerte a tiros de Alejandro Ponsoda, registrada en octubre de 2007, no se confirmó, pero derivó en una investigación independiente que la Audiencia acaba de enterrar ahora al confirmar la prescripción de los posibles delitos. Por el pelotazo de 1,1 millones de euros con la venta de terrenos a la mercantil Blauverd llegaron a declarar como imputados el sucesor del alcalde fallecido, Juan Cano, presunto autor intelectual del asesinato, el exconcejal de Urbanismo Jaime Narbó y el ingeniero municipal José Vicente Martí Albiñana.

Los dos primeros y el padre de Narbó lograron en el año 2005 unas plusvalías cercanas a 1.100.000 euros con la venta de unas parcelas a Blauverd, que tenía intereses en el planeamiento urbanístico de la pequeña localidad de La Marina Baixa, en concreto en el Sector 8.
El negocio resultó redondo gracias, en parte, a los informes favorables de Martí, que ejercía de facto como arquitecto municipal en virtud de de un convenio firmado entre el Consistorio y la Universitad Politècnica de Valencia. Ese técnico había asesorado a su vez a través de una empresa propia a los beneficarios de la recalificación de los terrenos.
Indicios de delito
En el auto, fechado el pasado 16 de febrero y a la que ha tenido acceso ahora este diario, la sección primera de la Audiencia ve indicios de delito (negociación prohibida a los funcionarios públicos) en la actuación de Martí, por lo que rechaza acceder a su pretensión del sobreseimiento libre de la causa, que equivaldría en la práctica a una declaración de inocencia sobre el fondo del asunto.
La Justicia llegó demasiado tarde al no dirigir una acusación más o menos formal contra él hasta el 27 de septiembre de 2010, cuando se le citó a declarar como imputado, más de cinco años después de los hechos que podrían haberle sentado en el banquillo. La deducción de testimonio decidida por la magistrada María Antonia Raedo no interrumpe ese plazo de prescripción, en contra del criterio mantenido por la Fiscalía.
La Sala ratifica que Martí estaba sujeto a la aplicación de los delitos cometidos por los funcionarios públicos, pues aunque no lo fuera en puridad ejercía como tal debido a su «condición de asesor permanente del Consistorio.
«Dada su situación laboral y la actividad que realizaba para el Ayuntamiento contratante», señala la sentencia, han de aplicárseles esos preceptos penales. No se necesitaba por tanto para llevarlo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa «una prueba plena» de su implicación. Máxime cuando de sus propias declaraciones se desprende que asesoraba al Consistorio que le pagaba al mismo tiempo que «emitía informes en asuntos en los que eran parte interesada empresas de las que formaba parte».
Para la Audiencia, Martí debería haberse abstenido de pronunciarse en esos casos «para no confundir el ejercicio de su actividad pública con sus intereses particulares, instrumentalizando el cargo público que desempeñaba (...) vulnerando el deber de imparcialidad que debe presidir su función».
De todas formas, esa «apreciación indiciaria» de elementos delictivos en su actividad municipal «no suponen una presunción de culpabilidad» en un juicio que, por otra parte, nunca llegará a celebrarse, independientemente de los «perjuicios morales y las graves consecuencias que puedan habérsele irrogado por campañas, noticias o comentarios de medios de comunicación», añade el fallo sobre el extécnico de Polop.
El tribunal rechaza también el informe pericial que solicitó la Fiscalía para determinar la sobrevaloración de los terrenos con los que Cano y Narbó se hicieron ricos.
Esa pericia, explican los magistrados, resultaría «irrelevante para consolidar indicios de criminalidad» contra el que fuera concejal de Urbanismo, pues la única declaración incriminatoria en la causa, realizada por un compañero de partido que desempeñó ese mismo cargo, Juan Andrés Llorens, enemigo declarado de Cano, «no ha sido ratificada por nadie más».
Ni la sucesora de Cano en la Alcaldía, María Dolores Zaragoza, ni otros integrantes del equipo de gobierno del PP de esa época pudieron, o quisieron, confirmar la existencia de presiones relacionadas con las plusvalías obtenidas con la venta de terrenos a Blauverd.
La Sala rechaza ése y los demás argumentos de la Fiscalía contra el sobreseimiento decretado por el juez de Primera Instancia e Instrucción 3 de Villajoyosa. Así, aunque se inclina por calificar la actuación del arquitecto municipal como delito del artículo 441 del Código Penal y no del 339, que conlleva penas más severas, insiste en que los hechos estarían prescritos.
Los magistrados se basan en en la redacción del nuevo artículo 132 del Código Penal, introducido en el marco de una reforma legal más amplia del año 2010, que exige para la interrupción de la preescripción «una resolución judicial motivada» donde se atribuya al reo «su presunta participación en un hecho que pudiera ser delito o falta».
Libramiento de testimonio
El libramiento de testimonio que hizo la juez que investiga la muerte de Ponsoda, María Antonia Raedo, no cumplía esos requisitos, ya que en esa decisión no se contemplaban los motivos de la misma y solo había menciones a una «serie de personas que habían sido sometidas a seguimiento o investigación por la Guardia Civil».
Como Martí realizó su última actuación profesional en junio del año 2005 y no fue imputado hasta septiembre de 2010, los hechos supuestamente delictivos por él cometidos han prescrito.
Los magistrados ni si quiera analizan los presuntos tejemanejes de Juan Cano, cuya inocencia tampoco llegó a cuestionar en su recurso el fiscal del caso al no ejercer en la época investigada cargo público alguno.
Cano se encontraba fuera del Ayuntamiento cuando se llenó los bolsillos con la operación de venta de parcelas a Blauverd, si bien, de acuerdo con testimonios como el de su sucesor en Urbanismo Llorens, seguía controlando la actividad municipal.


* La Verdad - 23.04.12 - MANRIQUE C. SÁNCHEZ
Foto: Polop (Alicante) - virtualtourist.com

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Madrid.- Centenares de personas protestan en una manifestación contra el ‘tarifazo’

ELPAÍS* : Algunos avanzan por la manifestación haciendo cuentas. Y no les salen. Eso decía este mediodía Marcela Molina, presidenta de la Asociación de vecinos de La Paz, jubilada de 73 años con 600 euros al mes para vivir y usuaria del transporte público. “Me ha subido el agua, la luz, el metro… y todo más que la pensión”. Casi un millar de personas (unas 5.000, según los organizadores) han marchado hoy entre la plaza de Cibeles y el cruce de Alcalá con la Puerta del Sol en protesta contra el ‘tarifazo’, la subida del precio del transporte público que se aplica a partir de mayo.
Asociaciones de vecinos, ecologistas, consumidores, sindicatos y partidos de la oposición han convocado la manifestación para “exigir” a la Comunidad de Madrid que congele las tarifas y habilite abonos sociales para parados.

El precio del billete sube una media del 11% en Madrid, el mayor incremento registrado en una década, que llega apenas dos meses después de que la presidenta Esperanza Aguirre se comprometiera a no subirlo.

Llegar o salir del aeropuerto en autobús o metro costará cinco euros, el doble que ahora. El ‘metrobús’ (el billete de 10 viajes que usa uno de cada cuatro usuarios) se incrementa un 29% hasta los 12 euros. Los abonos, que utilizan el 62% de los usuarios, aumentarán casi el 8%.

El objetivo de la Comunidad de Madrid, a la que tampoco le cuadran las cuentas, es recaudar 120 millones más a través de las tarifas, para que el usuario pague con el billete el 50% de lo que cuesta el servicio (ahora cubre el 40%) frente al 50% que aportarán las Administraciones de lo que recaudan de los ciudadanos vía impuestos.

“Nos están subiendo todo y los sueldos siguen estancados”, se ha quejado Sonia Rodríguez, informática de 35 años, que cobra “unos 20.000 euros al año”. Dice que a partir de ahora, los viajes más cortos los hará andando. Unos metros más atrás, una pancarta denunciaba “mil y un ‘tarifazos’ a un pueblo manso” y otra ironizaba: “Me ha tocado el Gordo, puedo hacer transbordo”.

Iván Vázquez, de 29 años y miembro del movimiento 15-M como refleja la chapa que lleva prendida del jersey, avisa de que ha acudido a título particular. Se define como “casi mileurista” después de 10 años de trabajo, pide que las movilizaciones aumenten: “Si no salimos a la calle, nadie va a frenar esto”.

La oposición, de momento, espera conseguir con las movilizaciones que 2012 acabe sin una nueva subida de tarifas que el Gobierno regional no ha descartado de manera firme. “Hay más fórmulas para conseguir fondos”, ha señalado hoy el diputado socialista José Manuel Franco, presente en la pancarta inicial de la marcha con otros portavoces políticos. Su partido presentó en la Asamblea de Madrid iniciativas como que las grandes superficies pagarán más por tener cerca una boca de metro o aumentar la publicidad. “Esta medida supone entrar en un círculo vicioso: ,si el precio sube el número de viajeros baja y se reduce la recaudación”, ha analizado.

El coordinador regional de IU, Gregorio Gordo, ha tildado de "despropósito" el aumento de tarifas y ha recordado que “otro de sus efectos" será el aumento del uso del vehículo privado "con las graves consecuencias que tiene para el consumo energético y para el medio ambiente”.

Inés Sabanés, portavoz de la mesa de Madrid de Equo, hace memoria. No recuerda ninguna manifestación similar previa contra las subidas del precio del transporte en años anteriores. “Hubo algunas concentraciones, pero no marchas. Es que este ‘tarifazo’ ha sido espectacular”, ha explicado este mediodía. “Hay un efecto acumulativo y la gente empieza a ver que las subidas de tarifas y tasas son reales, que les impiden llegar a fin de mes”. Mientras la manifestación se disolvía poco después de la una de la tarde, Sabanés auguraba que caca vez habrá más gente en las protestas. La “movilización será creciente”.

Lo mismo ha defendido el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Nacho Murgui. Su federación ha convocado jornadas reivindicativas en los barrios el 26 de abril con asambleas, reporto de información o despliegue de pancartas. “Tenemos que hacer cada vez más público el rechazo social a la subida, esto no puede quedar impune”.


* El País - PILAR ÁLVAREZ Madrid 21 ABR 2012
Foto: Marcha contra la subida de precio del transporte público. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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Sevilla.- Ecologistas augura que el parking de Alameda "acabará como la biblioteca del Prado" y alegará en contra

EUROPAPRESS* : La agrupación de Ecologistas en Acción en Sevilla ha advertido de que la modificación puntual promovida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para que dicho documento admita un aparcamiento subterráneo de carácter rotatorio en la Alameda de Hércules, "acabará como la biblioteca del Prado". Se refiere, así a las sentencias que anulan las determinaciones del planeamiento urbano sobre la calificación del frente oriental de los jardines del Prado de San Sebastián como equipamiento de uso educativo para la biblioteca central de la Universidad Hispalense.

Laura Soler, coordinadora de la asamblea local de Ecologistas en Acción, ha explicado que esta modificación puntual del PGOU, cuya aprobación inicial aún debe debatir el pleno, constituye 'un cambio drástico de las políticas de movilidad y contradice el espíritu y la filosofía del propio planeamiento urbano'.
En concreto, la Gerencia de Urbanismo promueve la modificación del artículo 6.5.35 del PGOU de 2006, relativo a los aparcamientos rotatorios en el recinto intramuros del Conjunto Histórico Artístico de la ciudad.

'PALOS DE CIEGO' SEGÚN 'LE PIDEN LOS COMERCIANTES'
Soler ha señalado que, al pretender dar vía libre a la creación de un nuevo aparcamiento rotatorio en el casco histórico, concretamente en el bulevar de la Alameda de Hércules, 'volvemos a políticas de movilidad de hace 20 años. El Ayuntamiento da palos de ciego en función de lo que le piden los comerciantes del centro'.

La dirigente ecologista ha defendido que 'en el centro de Sevilla no faltan plazas rotatorias de aparcamiento', pues 'hay muchos parking subterráneos que, a diario, tienen plazas libres'. 'Nosotros alegaremos contra esta modificación del PGOU y, posiblemente, tendremos que ir a los tribunales si finalmente la Junta la aprueba', ha señalado avisando de que, de prosperar, esta modificación puntual del PGOU 'acabará como la biblioteca del Prado de San Sebastián'.

'ES UNA CHAPUZA JURÍDICA'
'En el plano jurídico, esto es una chapuza, sobre todo después de las sentencias de la biblioteca, que zanjan que el PGOU no puede ser modificado en contra de su propia filosofía', ha indicado Laura Soler, quien espera que la Administración autonómica no respalde este cambio en el planeamiento urbano de Sevilla.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Sevilla, la Alameda de Hércules - spain

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TSJCyL anula las normas urbanísticas de Zaratán por no haber ejecutado el colector de residuales

EUROPAPRESS/Valladolid* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha resuelto anular las Normas Urbanísticas de Zaratán, ya que las mismas se aprobaron condicionando su eficacia a que se implantase un colector de aguas residuales y dicha implantación, que no se ha llevado a efecto, es un elemento esencial de la validez del instrumento de ordenación aprobado.
El fallo de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, con sede en Valladolid, estima así el recurso interpuesto contra el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 30 de octubre de 2007, por el que se aprueban definitivamente las Normas Urbanísticas Municipales de Zaratán, anulando dicho acuerdo por no ser ajustado a Derecho, todo ello sin imposición de costas a ninguna de las partes.

La resolución se produce tras constatar que el vertido de aguas residuales se continúa efectuando, sin ningún tratamiento de depuración, a los cauces públicos arroyo Madre y arroyo La Vega, en base a la autorización provisional que se concedió por el organismo de cuenca en los años 1987 y 1990, lo que está generando en la actualidad unos vertidos contrarios al ordenamiento jurídico, como lo demuestran las continuas sanciones impuestas por la Confederación Hidrográfica del Duero, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

VERTIDOS CONTAMINANTES
El informe de la CHD de fecha 6 de julio de 2010 es sumamente ilustrativo de ello, apunta el TS, al indicar que tal vertido está causado la degradación del entorno y del dominio público hidráulico, así como perjuicios a terceros (malos olores, ambiente insalubre al tratarse de aguas residuales urbanas sin depurar)', con altas concentraciones de materia orgánica, DBO5, DQO, Amonio, sólidos en suspensión...etc.

En cualquier caso, el Supremo sí reconoce como acreditado que existen actuaciones tendentes a ejecutar un colector emisario del saneamiento que conecte el vertido de Zaratán hasta el colector de Valladolid, obras autorizadas por la Confederación Hidrográfica del Duero en fecha 18 de junio de 2010, si bien reitera que hasta que tal colector no esté efectivamente ejecutado no puede entenderse que se cumple con el requisito de vertido en la forma impuesta por el ordenamiento jurídico.

Otro motivo de impugnación recogido en el fallo, contra el que cabe recurso de casación, se refiere al incumplimiento por dichas Normas del Pliego de Prescripciones Técnicas generales para tuberías de abastecimiento de aguas, aprobado por Orden del Ministerio de Obras Públicas de 28 de julio de 1974, que fue desarrollado por Orden de 23 de diciembre de 1975.

Al respecto considera que no existe la debida separación entre la conducción para el abastecimiento de aguas respecto a la red de alcantarillado.


* Terra - EP - 20.4.12
Foto: Zaratán (Valladolid) - todopueblos

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El admirable coraje ciudadano y la claudicación de la Generalitat convergente-unionista

SALVADOR LÓPEZ ARNAL/Barcelona* : El caso se remonta a 2003. Fèlix Millet y Jordi Montull obtuvieron en aquel entonces -hace casi diez años de ello- inmuebles sin perfecto estado de revista que eran propiedad del “Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas”. Pretendían facilitar la construcción de un hotel de lujo-lujísimo al lado del Palau de la Música barcelonés, pegado a la entrada principal. A cambio se comprometían a restaurar una de las escuelas de los Hermanos cristianos, cercana de los inmuebles. Limosna. En medio de todo ello intervino la empresa Olivia Hotels. Con la operación, poco después, entre 2006 2007, Millet y Montull lograron hacerse según parece con unos 900.000 euros. Eran los tiempos del ladrillo y de los nuevos pelotazos.
Durante el proceso, y éste es un punto no menos crucial, dado que la calificación urbanística de los inmuebles no permitía la construcción hotelera (estaban destinados a servicios públicos para un barrio muy necesitado), Millet, Montull y el arquitecto Carles Díaz movieron sus privilegiados hilos. Sabido es: las redes políticas están para eso. Se reunieron, pues, con la ex cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento -entonces gobernado por el PSC-PSOE e ICV-EUiA- para lograr el objetivo: cambiar calificaciones. Lo lograron con el apoyo de todos los partidos del consistorio (CiU y PP entusiasmados) menos en el caso de ERC.

En sus planes de actuación, se incluía la necesidad de que Millet tuviera controlados personalmente a todos los partidos políticos durante el proceso. Se puso en ello. No es imposible que algunas financiaciones extras llegaran a estas organizaciones.

Los vecinos de Ciutat Vella, el barrio donde se ubica el Palau barcelonés, que ejercen la acusación en el caso del hotel, consideran que Millet y Montull cometieron un delito continuado de apropiación indebida y solicitan siete años para cada uno [1]. En esta causa, hay otra complementaria por mala gestión del Palau [2], también está imputada la antigua cúpula de la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento barcelonés. En el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona, el que instruye la causa, la Asociación de Vecinos en Defensa de la Barcelona Vella “solicitan también seis meses de prisión por un delito de tráfico de influencias por funcionario público y siete años de inhabilitación para ex concejal de Urbanismo” -¡y ex cuarto teniente de Alcalde!- Ramon García Bragado, y piden penas de tres años de cárcel para Ramón Massaguer, ex gerente de Urbanismo, y Enric Lambies, ex director jurídico de Urbanismo e Infraestructuras, por falsedad en documento público, y además inhabilitación para un cargo público durante siete años por presunta prevaricación para el primero, al igual que nueve meses para el arquitecto del proyecto Carles Díaz (esta vez por tráfico de influencias).

Según la acusación vecinal, Lambies, Massaguer y Garcia-Bragado conocían muy bien que las resoluciones que se estaban adoptando en el consistorio de “Barcelona la millor botiga del món” ocultaban una operación de lucro privado que “no tenía nada que ver con el interés general”. Nada que ver: los negocios son los negocios y las financiaciones irregulares de partidos institucionales son historia complementaria.

En el escrito de la representación legal de los vecinos, se reclama que Millet y Montull, conjuntamente, devuelvan 900.000 euros en concepto de responsabilidad civil “a la Fundación privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana”. El importe correspondería a las cantidades que ambos ex responsables del Palau se apropiaron de forma indebida. En el escrito se apunta, además, que "esta cantidad deberá ser distribuida con la Generalitat de Cataluña a la vista del resultado de la práctica de las diligencias solicitadas previamente" [3]

Efectivamente, un porcentaje de estos 900.000 euros podría corresponder al gobierno de Cataluña. Sin embargo, ¡ay sin embargo!, el ejecutivo de Mas el soberbio ¡ha renunciado a ejercer la acusación particular para reclamarla!.

Según informa Efe [4], la titular del juzgado de instrucción 10 de Barcelona, Miriam de Rosa Palacio, ha ofrecido a la Generalitat la posibilidad de ejercer acciones en la causa para recuperar un porcentaje -en torno al 37%, unos 333.000 euros-, de los 900.000 euros, los que el promotor del fallido hotel avanzó a los acusados. Los servicios jurídicos de la Generalitat han declinado ese ofrecimiento al considerar que la cantidad pagada por Manuel Valderrama no corresponde al gobierno autonómico, sino en todo caso al Palau de la Música, “sin perjuicio de que la Fiscalía formule las reclamaciones económicas que considere oportunas en nombre del gobierno catalán”. El fututo está abierto y se cierra fácilmente.

Sin embargo, la juez considera que esa cantidad podría pertenecer a la Generalitat y a la Fundación Palau de la Música, a ambos aunque en diferentes proporciones, “en base al convenio que firmaron en marzo de 2006 el Departamento de Economía y la institución dirigida por Millet y Montull para permitir la permuta de fincas que abría la puerta a la construcción del hotel de lujo” [5]. De acuerdo a ese convenio, las acusaciones podrían ahora reclamar a Millet y Montull que devuelvan a la Generalitat los 330.000 euros citados anteriormente y “que reintegren al Palau de la Música los 567.000 euros restantes”.

El razonamiento de la juez tiene más ventanas y más implicaciones y abre la puerta a imputar a los ex responsables del Palau un nuevo delito de malversación de caudales públicos que se castiga “con entre tres y seis años de prisión” (que se sumarían a los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental, han señalado las mismas fuentes).

Los servicios jurídicos de la Generalitat no están por la labor. Se está hablando de amigos íntimos de la Casa que hicieron grandes favores. Entienden, o dicen entender, que la supuesta comisión pagada por el promotor no pertenece al gobierno catalán. Son así de generosos. ¡Las finanzas públicas van sobradas!

Mientras tanto, eso sí, dos estudiantes barceloneses siguen en prisión punitiva y los señores Millet y Montull siguen tranquilos y confiados en sus casas. Los suyos siguen apoyándoles y mirando hacia otros sectores sociales que no son de su cuerda privilegiada.


Notas:
[1] http://www.lavanguardia.com/politica/20120416/54284827837/vecinos-ciutat-vella-7-anos-carcel-millet-y-montull.html y El País, 17 de abril de 2012, p. 18.
[2] Causa que es distinta de la del saqueo del Palau protagonizado también por sus ex responsables,
[3] Los 900.000 euros corresponden a la comisión que, supuestamente por supuesto, Millet y Montull recibieron del constructor hotelero Manuel Valderrama para favorecer la construcción del hotel.
[4] http://www.lavanguardia.com/economia/20120416/54284516835/generalitat-rechaza-reclamar-millet-y-montull-900-000-euros.html
[5] Dicho convenio establecía que el constructor debería indemnizar a la Generalitat por la pérdida patrimonial derivada de la recalificación en un 37% del valor del suelo donde se iba a levantar el hotel (y en un 67% a la Fundación Palau de la Música).


* Rebelión - Opinión - 19.4.12

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El fiscal ve indicios de prevaricación urbanística en licencias de Sanxenxo

ELPAÍS/Pontevedra* : Dos meses después de que la secretaria judicial requiriera al Ayuntamiento de Sanxenxo la entrega de cinco expedientes de obras que fueron denunciadas por particulares, el fiscal ha hallado indicios de presuntos delitos urbanísticos y de prevaricación en al menos dos de ellas. Antes de formular acusación, David Lafuente, fiscal especial de delitos urbanísticos de Pontevedra, ha solicitado la práctica de nuevas diligencias al Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil encargado de los casos. Según fuentes de la investigación, todos ellos siguen una misma trayectoria: concesión de licencias, denuncias vecinales y expedientes de reposición de la legalidad.

De los expedientes recabados en la Xerencia Municipal de Urbanismo de Sanxenxo, el Ministerio Público ha analizado el que hace referencia a la construcción de cuatro chalés en Dorrón por la promotora Ferro Mesego C. B. y la construcción de tres viviendas en Bascuas, promovidas por la constructora Caneleiro Inversión. Según la documentación que analizó la fiscalía, la primera licencia había sido denegada en 2006, cuando se solicitó, porque entraba en colisión con el informe vinculante de la delegación provincial de la Consellería de Sanidade, al no respetarse la distancia de 50 metros exigida entre las construcciones y el cementerio que allí se ubica. El alcalde de Sanxenxo era entonces Telmo Martín, del Partido Popular.

Una vez archivado el expediente, y transcurrido un año, la empresa volvió a solicitar licencia. Así, el 21 de agosto, la funcionaria Belén Louro Pais emitió un informe jurídico en sentido favorable a la ejecución de las obras, teniendo en cuenta el visto bueno del arquitecto técnico municipal. Con ambos dictámenes favorables, la actual alcaldesa, Catalina González, también del PP, dictó una resolución concediendo la licencia para la construcción de los chalés de Dorrón, revocando su anulación inicial, y las obras comenzaron.

Pero la reacción de los vecinos de la parroquia fue inmediata, hasta tal punto que la alcaldesa se vio obligada a desactivar la concesión ante las denuncias de entidades y asociaciones que entraron en el Ayuntamiento exigiendo la reposición del expediente. Los técnicos han alegado que el promotor no se ajustó al proyecto inicial, pero el constructor ha reclamado por vía judicial una indemnización al Ayuntamiento por daños y perjuicios de esta paralización de en torno a los 600.000 euros.

El expediente de Bascuas, también denunciado, se inició en 2007 con la solicitud de licencia de segregación de una finca matriz en tres parcelas para la construcción de sendas viviendas unifamiliares. Con todos los informes técnicos y jurídicos favorables se concedió licencia. A diferencia de los chalés de Dorrón, que no llegaron a terminarse por la paralización de las obras, en Bascuas el Ayuntamiento incluso emitió el certificado de fin de obra y licencia de primera ocupación en dos de ellos. En medio de las denuncias vecinales por esta construcción se incoó un expediente de reposición de la legalidad urbanística, porque al menos uno de los chalés incumple la normativa de los accesos.

El resto de los expedientes que se están analizando también hacen referencia a la licencia de construcción de otros chalés en Dorrón, solicitada por la promotora Lucasor, igualmente denunciadas ante el Ayuntamiento. Otra de las polémicas obras denunciadas por los vecinos fue promovida en 2005 por Construcciones Balboa y Chan. Se trata de un edificio de dos bloques de viviendas en la calle Progreso que obtuvieron licencia de primera ocupación en mayo de 2009. La denuncia de un colindante desembocó en una orden judicial de derribo que el Ayuntamiento tuvo que acatar, por lo que ahora debe ejecutar su demolición.

Por último, la investigación judicial se centra en el chalé del aparejador municipal en Padriñán. El técnico ejecutó cambios en el proyecto sin tener la licencia para construir “un cuarto de instalaciones”, obras que fueron paralizadas cuando fue denunciado en el Ayuntamiento.

Cerco a Catalina González

Mientras se efectúan las diligencias previas de estos cinco expedientes urbanísticos, otras denuncias en las que igualmente se cuestiona la concesión de licencias en Sanxenxo están en riesgo de judicializarse. De hecho, en el Ayuntamiento se han requerido las copias de hasta 200 expedientes por particulares. Un acoso contra la alcaldesa que, según fuentes allegadas a Catalina González, responden a “intereses personales y revanchas políticas”.
Ante este panorama, su comparecencia y la de los técnicos competentes en la Xerencia de Urbanismo en los juzgados de Cambados parece inevitable. La propia alcaldesa ya había vaticinado que este aluvión de denuncias iba a producirse cuando los primeros cinco expedientes fueron reclamados por la Guardia Civil, en febrero pasado. González admitió entonces posibles “fallos”, pero afirmó que ninguna actuación del gobierno local podía tacharse de “corrupción o negocio” y que todas estaban avaladas por el dictamen de los técnicos. La alcaldesa alegó que Sanxenxo es un municipio urbanísticamente “muy activo” y denunció una clara “intencionalidad” de denunciantes que han insistido en obtener licencia, a los que se les negó por no contar con accesos a la vía pública y encontrarse en suelo rústico.


* El País - ELISA LOIS Vilagarcía de Arousa 19 ABR 2012
Foto: Chalés de Dorrón, al fondo, pegados al cementerio. / CARLOS PUGA

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Bicicletas, tractores y peatones marchan de Barcelona a Viladecans en contra de Eurovegas

EUROPAPRESS* : Bicicletas, tractores y peatones han participado este sábado en una marcha iniciada en Barcelona y en otras poblaciones del área metropolitana, y que ha finalizado en Viladecans para rechazar el macroproyecto de ocio Eurovegas, que podría ubicarse en unos terrenos de esa localidad barcelonesa.
Según han informado a EP fuentes de la plataforma Aturem Eurovegas, organizadora de los actos, a las 10.30 horas se ha iniciado la marcha en Barcelona, desde donde una parte de los manifestantes ha salido en bicicleta, otra en tren y el resto a pie en dirección a Viladecans, donde han concluido la marcha unas mil personas, ha cifrado el colectivo.

Además, trece tractores convocados por Unió de Pagesos se han añadido a la protesta y han encabezado la marcha, a la que se ha ido uniendo gente a su paso por L'Hospitalet de Llobregat y El Prat de Llobregat, y que ha transcurrido por la zona en que el Govern planearía instalar el complejo.

El acto ha concluido sobre las 14.00 con un acto simbólico en el que un tractor ha marcado el lema 'Aturem Eurovegas' ('Paremos Eurovegas') en un terreno agrario de Viladecans.

La plataforma ha querido manifestar así su oposición a Eurovegas, que conllevaría a su juicio consecuencias negativas ambientales, agrícolas y sociales, y el abandono de los payeses activos que trabajan la tierra de la zona.


* Europa Press - 21.4.12
Foto: Barcelona, bicicletada contra Eurovegas - e-noticias

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Ikea también construye: levanta un barrio entero en Londres

20MINUTOS* : Algunas empresas parecen no tener límites. Ikea, que ha amueblado ya los hogares de medio mundo, también construye. Y lo hace a lo grande. Un barrio entero. Está ocurriendo ya, las obras se han iniciado en Londres.
La nueva república independiente de la multinacional sueca se llama Strand East, un barrio del distrito londinense de Stratford, al este de la capital y próximo a las instalaciones que se construyen para albergar los Juegos Olímpicos. Strand East será un barrio de unas 10.000 hectáreas que dará sitio a unas 6.000 personas. Serán 1.200 viviendas, 45.000 metros cuadrados de oficinas, además de tiendas, restaurantes y un hotel de 350 habitaciones. El nuevo barrio tendrá una escuela, una guardería y un hospital.

La filosofía del nuevo barrio es la de un urbanismo europeo, en su sentido tradicional, pero en un entorno contemporáneo. Y lo que es más importante, con un concepto "más humano" de escala, es decir, de pequeña escala y edificios de poca altura.

¿Se puede aplicar la filosofía de los muebles sencillos, pero diseñados, baratos y adaptables de Ikea no ya a un edificio sino a un barrio? Los suecos de LandProp, la sección de Ikea dedicada a la construcción y el urbanismo, aseguran que sí.

Amigable, ecológico y "barrio"

De un hogar amigable a un barrio amigable. Para ello contará con aceras anchas, parques y transporte público no contaminante. De hecho, sus promotores consideran que al disponer de casi todo, no hará falta usar el coche para moverse por el barrio.

Lo ecológico no se refiere solo al transporte. En Strand East, la energía la producirá una planta hidroeléctrica y la basura de cada vivienda será succionada a través de un sistema de túneles subterráneos.

Para que el barrio sea eso, barrio, y amigable, la idea de LandProp es que los locales comerciales sean alquilados a pequeños empresarios.

¿Y quién de encargará de que todo funcione? Con la supervisión del Ayuntamiento de Londres, será la propia Ikea la que se encargue de todo... y ya de paso también de renovar la decoración de las casas, que de eso tienen experiencia.


* 20 Minutos - 20.04.12
Foto: Londres, fotomontaje barrio IKEA - 20minutos

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La ciudad privada

TOMÁS MARTÍNEZ BOIX* : Contemplo estos días cómo se juega en Las Vegas una tormentosa partida de cartas concurriendo las comunidades de Madrid y Cataluña ante "Las Vegas Sands Corporation", propietaria de modernos casinos en todo el mundo. El motivo de los encuentros se debe a la posible construcción en España de un gran oleaje de hoteles y salas de juego a la manera de Las Vegas, esa ciudad a la que Robert Venturi calificó de paradigma de la nueva arquitectura postmoderna. Y en esta partida desafiante, las cartas marcan dos triunfos: ventajas fiscales y capacidad de ordenar urbanísticamente la zona elegida.
La cuestión hace centrarme en esa capacidad privada a la cual se permite establecer el planeamiento urbanístico de una ciudad. El tema -vuela hace tiempo- y arranca desde el comienzo mismo del urbanismo moderno.

Recordemos aquel momento donde apareció la idea de abandonar la negra ciudad de la revolución industrial -Coketown, la llamaría Dickens- y correr a establecerse en el campo. Algunas empresas lo hicieron dando lugar a las llamadas "ciudades de compañías" (Company Towns). Eran planificaciones urbanas en las que, junto a la fábrica y las oficinas, se situaban las viviendas para trabajadores, disponiendo también de jardines, escuelas e iglesias. Pero será a finales del XIX cuando cristalizó una versión progresista de dichas ciudades que desemboca en la visión de la "Ciudad Jardín". Y precisamente en España se dio uno de los mejores ejemplos de este urbanismo privado contemporáneo, en la "Ciudad Lineal", surgida de manos de la "Compañía Madrileña de Urbanización". Un brote que, apenas germinado, fue hostilmente torpedeado desde las instituciones municipales madrileñas y desde la bancada más reaccionaria del Congreso, hasta lograr su liquidación.
Conviene añadir que a partir de mediados del siglo pasado las instituciones municipales y estatales se entrañaron en materializar el planeamiento urbano. (Nuestra Ley de Suelo es de los años 50). Y habremos de reconocer que fueron estos planes quienes lograron recursos suficientes para afrontar los graves problemas derivados del urbanismo. Más aún: consiguieron desarrollar nuevos polígonos para la necesaria construcción de viviendas obreras. Sin embargo, a finales del pasado siglo, en pleno gobierno de Margaret Thacher, Londres tuvo que enfrentarse con el terrible problema de la obsolescencia de su puerto (Docks) y de las edificaciones e instalaciones que lo rodeaban. Esta área que ocupaba unos 20 kilómetros cuadrados pedía soluciones nuevas. Así que se montó una verdadera batalla entre quienes defendían la actuación de los organismos públicos y aquellos otros que exigían un urbanismo privado. Fue una disyuntiva que conmocionó la visión actual del urbanismo. No en balde el área de desarrollo fue calificada como "la mayor zona de reurbanización de Europa Occidental". Y pronto se tanteó la incapacidad del municipio y del Estado para enfrentarse ante tan enorme problema. Peter Hall -el gran maestro de la geografía urbana, quien abanderaba la defensa de la visión pública de la ciudad- tocó inesperadamente a retirada. El campo quedó libre para una compañía canadiense "Olimpia & York", la cual encargó la planificación al estudio de arquitectura SOM y comprometiéndose ella a buscar inversores. Pero el éxito inicial quedó pronto ensombrecido al quebrar la citada inmobiliaria, ya que había duplicado la oferta de oficinas en Londres, derrumbando el mercado. Y entonces la iniciativa pública tuvo que acudir en ayuda de las empresas caídas, aportando al proyecto una nueva línea de metro el "Jubileo", enderezando al fin, la situación.
Y ahora viene nuestro caso. Estamos asistiendo así, en este comienzo del siglo XXI, a una menor capacidad de los ayuntamientos y estados para acometer las grandes transformaciones que exige la nueva ciudad. Tal vez la Barcelona Olímpica fue un último ejemplo de cierta reforma urbana de gran envergadura acometida exclusivamente desde lo público. Y ello nos dice que estamos entrando en una época, en la cual se prodiga la sustitución de lo público por lo empresarial. Así que la inversión mundial para acometer esos grandes retos, se ha convertido en una de las últimas obsesiones del urbanismo. He aquí un profundo cambio para nuestra visión local y municipalista del urbanismo.
Ojo al caso. En Elche debo decir que para los próximos años se acabó el maná de la inversión pública. Será preciso, pues, que nos aferremos a aceptar que los futuros proyectos habrán de financiarse básicamente a través de la inversión privada. Y en este poder transferido se habrán de marcar nuevas exigencias de control sobre el planeamiento. ¿Cómo fijar las reglas de ese arriesgado juego? He aquí una novedosa liberación que no puede ser ciega y sorda para el municipio.


* Información - Alicante - Opinión - 18.4.12
Foto: Las Vegas, boulevar - viajar

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