Cáceres.- Una macrourbanización de lujo es declarada ilegal, pero el juez obliga a depositar 41 millones para paralizar las obras

DIAGONAL* : “Yo vivía en El Gordo y ahora vivo en una caravana. Me han echado del pueblo”. Éste es el precio que ha tenido que pagar Paca Blanco, activista de Ecologistas en Acción de Extremadura, por luchar contra un gigante: la macrourbanización Marina Isla de Valdecañas, en Cáceres.
El 13 de enero de 2012 un auto del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura daba la razón a Blanco y a las organizaciones ecologistas Adenex y Ecologistas en Acción. El auto concedía la ejecución provisional de la sentencia de 9 marzo de 2011 que ya declaraba la nulidad del proyecto urbanístico, que se asienta en un espacio considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección Ambiental (ZEPA). Sin embargo, la organización ecologista deberá pagar una indemnización de 41 millones de euros para la paralización de las obras, según el auto del tribunal emitido tras recurso de casación presentado por la Junta de Extremadura, los alcaldes de los municipios de El Gordo y el Berrocalejo, donde se construye la urbanización, y la promotora.

Tras una vista entre las dos partes, el juez fijó esa fianza cautelar, según argumenta el auto, ante el hipotético caso de que el recurso presentado por la promotora sea estimado por el Tribunal Supremo y “para poder ejecutar la sentencia”, algo contradictorio según argumenta Ecologistas en Acción. Esa cantidad es inferior a la requerida por la promotora que solicitaba 368 millones de euros de fianza, argumentado que ya se habían gastado más de 141 millones de euros y se ha ejecutado una parte de las obras. Ecologistas considera la cantidad desproporcionada: “Piden una fianza tan grande para que no podamos pagarla. Nos paralizan”, ha declarado Paca Blanco a DIAGONAL.

El proyecto en este paraje protegido, contra el que lleva luchando la ecologista Paca Blanco desde hace cinco años, está situado en una isla dentro del pantano de Valdecañas que represa el río Tajo, a 160 kilómetros de Madrid. En este enclave se pretenden construir 550 viviendas de lujo, dos hoteles, un campo de golf de 18 hoyos y un puerto deportivo, entre otros equipamientos. Hoy ya se han levantado 185 chalés, que están habitados, uno de los hoteles de cuatro estrellas previstos y el campo de golf.

PSOE y PP, con la constructora

El 24 de marzo de 2011, cuatro días después de darse a conocer la sentencia que anulaba la macrourbanización, la Junta de Extremadura, gobernada entonces por el PSOE, decidió, con el apoyo del PP –eran los únicos dos partidos con representación autonómica entonces– modificar el artículo 11 de la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos, normativa de aplicación incluso de forma retroactiva, lo que daba carta blanca a la constructora para continuar con las obras frente a la decisión de los tribunales.

La apuesta del PSOE y el PP extremeños a favor del proyecto ya había quedado patente en 2007 cuando se iniciaron las obras. Entonces, la Junta de Extremadura declaró la urbanización Proyecto de Interés Regional. Esta figura legal, se ha usado como un ardid por parte de algunos gobiernos autonómicos para blindar macroproyectos urbanísticos, como en el caso de Castilla y León en la Ciudad del Medioambiente, un proyecto similar. Sin embargo, argumentan que los PIR sirven para llevar a cabo obras de “interés público” como hospitales o viviendas de protección oficial. En este caso la Junta de Extremadura declara de interés público una urbanización privada de lujo.

De parte del interés privado

Tras el varapalo de la sentencia, socialistas y populares volvieron a blindar el proyecto. El 24 de marzo de 2011modificaron la Ley del Suelo de Extremadura para permitir urbanizar en espacios protegidos. Meses después, con el PP al frente del Ejecutivo extremeño, y de nuevo con el apoyo del PSOE –y los votos en contra de IU–, los dos grupos mayoritarios vuelven a ratificar las reformas hechas en la ley autonómica que permite construir en espacios de la Red Natura 2000.

El proyecto de la macrourbanización llegó a las poblaciones de El Gordo y Berrocalejo y fue presentado con la promesa de dar empleo. Los alcaldes de ambos municipios aprobaron sus Planes Generales de Ordenación Urbana para dar cabida al proyecto de la urbanización en los mismos. Sin embargo, no incluyeron la obligatoriedad de construir viviendas de protección oficial como marca la ley.

Esta lucha ha costado muy caro a Paca Blanco: “Los vecinos, que no tienen trabajo, piensan que va a llegar ‘mister Marshall’ y que les va a dar trabajo. Cuando alguien les dice que ésto no es así y que han invadido un espacio natural, te conviertes en el enemigo”, explica Blanco, que asegura que las obras tienen sólo a diez personas en plantilla. Relata cómo durante cinco años ha sufrido las agresiones de una pandilla de jóvenes, que ya han sido juzgados y condenados a penas menores, y que fueron presuntamente azuzados por algún político para atacarla: “Me han lanzado hasta cócteles molotov, me han amenazado con pintadas en mi casa, he sufrido roturas de cristales, petardos dentro del buzón, etc.”, denuncia la ecologista.

La sentencia obliga a la empresa promotora a devolver el terreno en el que se asienta la urbanización a su estado natural. “Aunque el tribunal nos ha dado la razón a nosotros, ya nada será como antes. En la isla había ciervos, jabalíes y, cuando las aguas subían, las aves aterrizaban en masa. El espectáculo de ver a cientos de grullas llegar, eso ya se ha perdido”, cuenta con impotencia.

El empresario que está detrás del complejo turístico es José María Gea, que se enriqueció en los ‘90 urbanizando la costa de Huelva con la promotora Islantilla. Esta vez ha creado la promotora Marina Isla Valdecañas SA, el arquitecto es Fernando Mendoza y las viviendas se venden en la inmobiliaria Vertical Real State SL. En la web monarquiaconfidencial. com se publica que esa empresa está vinculada con la familia real a través del hijo de Pilar de Borbón, Beltrán Gómez-Acebo. El propietario de la inmobiliaria es Jaime López-Ibor Alcocer, nieto del psiquiatra franquista Juan José López-Ibor y sobrino del empresario Alberto Alcocer. Las viviendas de lujo cuestan más de 560.000 euros y según la promotora ya han comprado casa el propio Beltrán Gómez- Acebo, otro sobrino del rey, el cantante Carlos Baute y los nietos del marqués de Mondéjar, exjefe de la casa real. Al mismo tiempo, 20 propietarios de las mansiones han denunciado a la constructora por engaño y dos han recurrido a la vía penal alegando estafa.

La organización ecologista pide que se ejecute la sentencia y va a recurrir la indemnización al Tribunal Supremo porque entiende que no se puede exigir una fianza millonaria a una organización conservacionista sin ánimo de lucro que sólo cuenta con las cuotas de sus socios. Además, la indemnización viola el Convenio internacional Aarhus, que en su artículo 9.4 establece el derecho ciudadano al “acceso a la justicia en materia medioambiental sin que su coste sea prohibitivo”, dice José María Trillo abogado de Ecologistas en Acción.

La lucha de Paca Blanco

La portavoz de Ecologistas en Acción de Extremadura, Paca Blanco, ha sufrido durante cinco años el acoso y las agresiones de un grupo de vecinos de su pueblo por oponerse a una urbanización ilegal. Blanco ha tenido que dejar su casa y las amenazas continúan. La semana pasada, más de 80 colectivos del Estado español y Portugal pidieron protección policial para la ecologista.


* Rebelión / Diagonal - Sara Plaza y María José Esteso Poves - 11-04-2012
Foto: Valdecañas (Cáceres), urbanizacion - ecologistasenaccion.org

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Sevilla.- El Ayuntamiento no puede parar la Torre Pelli

ABC* : La caducidad de la licencia o la ocupación de vía pública no son problemas para frenar las obras sin exponerse a una demanda millonaria y Fomento no ha planteado objeciones por la altura.
No hay motivos técnicos para parar las obras de la Torre Pelli sin enfrentarse a una demanda millonaria de indemnización por parte de sus promotores. La amenaza lanzada en enero por el nuevo gobierno municipal de suspender la licencia tras la recomendación realizada por la Unesco no tiene asidero en cuestiones técnicas urbanísticas, por lo que el Ayuntamiento no encuentra motivos jurídicos suficientes para frenar las obras.

Con esa información recibirá hoy el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, al representante de Icomos España, el organismo independiente aseor del comité de Patrimonio Mundial de la Unesco que en diferentes ocasiones ha advertido de los efectos nocivos que la altura de la torre de 178 metros tendrá sobre el paisaje urbano de Sevilla y sobre los monumentos declarados patrimonio de la Humanidad de su casco histórico.

Desde enero ha fracasado la vía negociada con los promotores para que ralentizaran voluntariamente la obra en altura, al menos hasta que la Unesco decida sobre la incidencia de la torre en su entorno. No ha prosperado a pesar de que se ha situado a Sevilla en la lista de ciudades apercibidas de perder la declaración de Patrimonio de la Humanidad de tres de sus más singulares monumentos. Una decisión que podría adoptar el organismo internacional tras el informe elaborado por la delegación que envió a Sevilla en el que se reitera a las autoridades la necesidad de parar la torre por su afección al paisaje urbano. No obstante, la decisión oficial no se tomará antes de junio cuando se reúna la asamblea del comité de Unesco en San Petesburgo si no se pospone, como ha ocurrido en anteriores reuniones del organismo internacional. Para entonces, la estructura de la torre puede estar casi concluída. El Ayuntamiento, que en su día por medio de otra Corporación avaló la licencia del proyecto, sabe que paralizar la obra por este motivo con carácter preventivo daría pie a una demanda de los promotores a la que económicamente no puede hacer frente en las actuales circunstancias económicas. Ni Cajasol, ni posteriormente Banca Cívica han dado muestras del menor interés por frenar las obras a pesar de las recomendaciones. Y por ahora no parece que los primeros contactos con CaixaBank, nueva propietaria, tras la fusión con la antigua caja sevillana, hayan cambiado el escenario para una modificación del un proyecto al que ya Wikipedia denomina Torre CCB (Cajasol-CaixaBank).

Las obras, por tanto, siguen a buen ritmo a pesar de la petición municipal y la estructura de la torre hace tiempo que superó la altura de la Giralda hasta alcanzar el 60% de sus 178 metros. Y continúan aunque la licencia concedida por Urbanismo está a expensas de una autorización de ampliación solicitada en noviembre de 2011 que la promotora justificaba por especial complejidad constructiva más allá de los 36 meses de ejecución. Dicha prórroga, aunque informada favorablemente, está a expensas desde diciembre de la aprobación por la comisión ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo. Pero aun sin la licencia en vigor, tampoco parece técnicamente posible esgrimir esta causa para paralizar una obra sin mediar una clara intención del interesado en abandonar el proyecto.

Seguridad aérea
Además de la caducidad de la licencia, otros de los inconvenientes estudiados por Urbanismo cuando se planteó la necesidad de paralizar la obra era la posible afección a la seguridad aérea. El Ministerio de Fomento, a través de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ya sancionó a la promotora con 140.000 euros por no solicitar el preceptivo permiso a la hora de iniciar las obras de un edificio en altura que puede afectar al espacio de navegación aérea, como todo edificio de más de 90 metros ubicado en un entorno de 20 kilómetros del aeropuerto. Aunque la ministra Ana Pastor informó en su día de que su departamento estudiaría el caso, no parece que la incidencia supusiera una drástrica modificación del proyecto. Fomento no ha hecho pública otra advertencia. Fuentes consultadas por ABC señalan que, en todo caso, la modificación en altura no será mayor de seis u ocho metros.

Otro de los inconvenientes de la obra detectado por los técnicos de Urbanismo es la desviación de las cotas autorizadas del proyecto con la consiguiente invasión de la vía pública. Los promotores ya fueron sancionados por ocupación de viario por el cajón de obras, pero las mediciones topográficas realizadas posteriormente han confirmado que el proyecto está desplazado, afectando a los viarios colindantes en algo menos de un metro. Esta circunstancia daría pie a la adopción de medidas disciplinarias, incluso, según expertos consultados, la normativavigente permite suspender la obra hasta la adopción de medidas para que el proyecto se ajuste a su licencia o hasta que se sancione la irregularidad, pero sería paradójico y poco proporcional que el Ayuntamiento, incapaz de parar las obras de la torre por la incidencia de su altura, 178 metros, lo hiciera por una desviación de un metro de un proyecto de un total de 59.000 metros cuadrados de superficie.

Otro manifiesto contra el proyecto
La Asociación de Profesores para la Difusión y Protección del Patrimonio Ben Baso manifestó ayer su «escándalo» porque Cajasol no haya paralizado las obras de la Torre Pelli tras tres recomendaciones del Comité de Patrimonio Mundial (Sevilla, 2008, Brasilia 2009 y Paris 2011) y el «demoledor informe» redactado por los especialistas enviados por el Centro de Patrimonio Mundial en la Misión Reactiva de noviembre de 2011.
En un comunicado, la asociación conservacionista expresa su preocpuación por que «las instituciones no muestren la determinación suficiente para obligar a la sociedad bancaria Caja Cívica a parar las obras», al tiempo que valoran el movimiento ciudadano patrimonialista de la Plataforma ciudadana Túmbala y apelan a la «sensibilidad» del nuevo propietario del proyecto —CaixaBank— para que no permita que su construcción sitúe a Sevilla en la lista de «Patrimonio en peligro» del comité de la Unesco.

Querer es poder
ADRIANO

La cita viene al pelo. El Ayuntamiento quería parar la Torre Pelli y no ha podido. Le ha faltado el poder. El verdadero poder que, a menos que este mundo cambie radicalmente, reside en el dinero. Y el poder político, incluso con una mayoría absoluta de veinte concejales, se arruga ante la amenaza de una demanda millonaria a la que no podría hacer frente la ciudad. Fue el poder y, especialmente, el color del dinero donde se cimentó este proyecto que tan alto ha llegado a pesar de todo.


* ABC - JUAN J. BORRERO - 12.4.12
Foto: Situación actual de las obras de la torre vista desde el Paseo Colón - abc

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Hipotecas.- Mucho ruido y pocas nueces

AFECTADOSPORLAHIPOTECA* : Una vez analizados los detalles del Real Decreto que ha hecho público el Gobierno con el teórico fin de paliar la situación de cientos de miles de familias víctimas de una legislación hipotecaria medieval, la PAH sostiene que:
Todas aquellas medidas que se regulen en el marco de un “código ético” o “de buenas prácticas” al que se podrán adherir voluntariamente las entidades bancarias que así lo deseen, son un insulto a las millones de personas afectadas por la estafa hipotecaria. Hace apenas dos semanas la PAH ya hizo público en un comunicado, que medidas como la dación en pago de carácter voluntario no aportan nada nuevo y que ya están contempladas en el ordenamiento jurídico actual con el resultado de sobras conocido.

Pero además, si entramos a analizar en detalle los criterios y requisitos que deberán cumplir las personas afectadas para acogerse a la medida aún en el supuesto de que todas las entidades financieras decidiesen adherirse a dicho código, la práctica totalidad de familias quedarán fuera.

Criterios que deben cumplirse para la dación en pago:

A) Todos los miembros de la unidad familiar en el paro.

B) Sin ningún tipo de ingresso por actividades económicas.

C) La cuota hipotecaria deberá ser superior al 60% de los ingresos netos del conjunto de la familia,

D) En el caso de que existan avalistas- cosa que ocurre en un % muy elevado de casos- éstos no deberán tener ninguna propiedad y deberán igualmente estar en el paro sin percibir ninguna renta.

E) Solo se podrá aplicar para deudas inferiores a un determinado importe, en una horquilla que va desde 120.000 a 200.000 euros en función del número de habitantes de la población.

D) Y el maún más: si cumples todos estos requisitos, cosa harto difícil, y tu banco se adhiere finalmente al código, no podrás acceder a la dación sin más. Primero el banco te hará una propuesta de refinanciación. Si la cuota mensual que te queda fruto de esa refinanciación es inferior al 60% de los ingresos que percibe la unidad familiar, no te podrás negar a dicha refinanciación. Eso quiere decir que tu deuda incrementará. En el caso que dicha refinanciación imlique cuotas a pagar superiores al 60% de los ingresos de la unidad familiar, podrás solicitar al banco una quita (condonación) de parte de la deuda. El banco decidirá si acepta o no esa quita. Y solamente una vez agotadas todas estas vías, podrás acogerte a la dación en pago.

Por lo tanto, una vez analizados los detalles del real decreto, la PAH, no titubea al valorar la medida, como una auténtico engaño, que no sólo no beneficia al ciudadano, sino que de nuevo persigue beneficiar a los bancos . Una mala jugada que no va a quedar impune.

Al respecto diversas consideraciones:

– Según los datos de la PAH, en base a una encuesta rellenada por más de 7.000 familias de todo el Estado, la mayoría de las ejecuciones hipotecarias se inician para deudas superiores a 200.000 euros. Muchas de estas hipotecas se firmaron en 2006, un año en el que se suscribieron más de 1,5 millones de hipotecas en todo el Estado, en pleno apogeo de la burbuja inmobiliaria. Así se entiende por qué el gobierno limita a una horquilla de entre 120 y 200 mil euros el importe máximo de las hipotecas que podrían acogerse a la dación en pago. Si además tienen que cumplirse otros criterios (todos los miembros en paro, sin percibir ninguna renta por actividades económicas) y la entidad tiene que haberse adherido al código ético, entenderemos porque este código es una falta de respeto y sensibilidad hacia las familias. A parte se trata de una medida discriminatoria que se convierte en una lotería perversa en función del banco que te toque: podría ocurrir que una familia con las mismas condiciones objetivas que otra se pudiese acoger a la medida y la otra no.

- Esta medida, pregonada a bombo y platillo, recuerda a la famosa moratoria ICO del Partido Socialista. Se vendió como la gran medida que beneficiaría a medio millón de hogares. Fue un absoluto fracaso. Solo 6.000 familias se acogieron. Resulta que también era voluntaria.

– ¿Están los bancos aceptando daciones en pago? Si. Cuando? Cuando el importe de la deuda es inferior al precio de las viviendas. Es decir cuando les interesa a los bancos. En este sentido las deudas hipotecarias pendientes de amortizar que pudiesen existir iguales o inferiores a 200.000 euros en Barcelona, Valencia, Madrid, Sevilla, por poner algunos ejemplos, con muchas probabilidades serán inferiores al precio actual de la vivienda. Por lo tanto, en estos casos Sr De Guindos, la dación en pago es un negocio redondo para los bancos. La única ocasión en que bancos y cajas aceptan la dación en pago, en contra de sus intereses, es cuando la presión social, léase la PAH, les obliga a ello, vía denuncia pública.

– ¿Es la medida que prepara el Consejo de Ministros retroactiva? No. Eso quiere decir que los más de 350.000 procesos de ejecución hipotecaria iniciados, más todos los avalistas que hay detrás, es decir, padres, madres y familiares cercanos, no se podrían beneficiar. ¿Vamos a dejar a millones de personas en la estacada? El gobierno del Partido Socialista y ahora el del Partido Popular así lo quieren. Pero la PAH, no. Porque la PAH llega, donde los grandes partidos se ausentan, y lucha donde los grandes partidos claudican.

– ¿Qué quiere decir que las entidades que acepten la dación en pago van a tener bonificaciones fiscales? ¿No han recibido bancos y cajas suficientes ayudas públicas? ¿No será su propuesta una manera encubierta de legitimar ante la sociedad civil un nuevo paquete de ayudas que prepara?

– ¿Que quiere decir que agilizará los procesos? ¿No nos estará diciendo que echará a las familias de sus casas con mayor rapidez, verdad? ¿Como justifica este nuevo atropello? Puede dormir por las noches? Sabe usted lo que es vivir con la amenaza constante de que le desahucien? Y que le amenacen de arrebatarle la custodia de un hijo por no tener un techo que ofrecerle?

- Sres. y sras. del PP : Son ustedes, corresponsables, junto al Partido Socialista de la burbuja inmobiliaria y de la situación que atraviesan centenares de miles de familias. No se presenten ahora como salvadores de la Patria. Porque ustedes, a Dios rogando y con el mazo dando.

Que les quede claro. No les quepa la menor duda. No aceptaremos rebajas. Y menos cuando lo que está en juego es nuestra supervivencia. No aceptaremos que trafiquen y trapicheen con nuestros derechos.

Las propuestas que nos ofrecen, son las propuestas que están dispuestos a ceder los bancos. Es decir, son las propuestas de los bancos. Y nos preguntamos: ¿No debería ser al revés? La democracia no es un sistema de representación que traduce en ley aquello que la ciudadanía clama a gritos? ¿Por qué os dejáis manipular como marionetas por el interés del 1%? ¿Sois conscientes de que el espectáculo que dais para el 99% restante es patético?

Dación en pago retroactiva, stop desahucios y alquiler social. ¡Lo queremos todo y lo queremos ahora! Las ejecuciones hipotecarias y los desahucios de miles de familias amparadas por su gobierno son ilegales. Y no lo dice la PAH. Lo dijo Naciones Unidas en Barcelona la semana pasada. Queremos a los responsables de esta estafa hipotecaria sentados, pero no en las cortes generales, sino delante de un tribunal. Como ha hecho el civilizado pueblo islandés.

La ciudadanía lo tiene claro. Hemos reaccionado y más temprano que tarde lo vamos a conseguir. Ya no hay vuelta atrás. En unos meses nos volveremos a encontrar. Llevaremos nuestras propuestas al Congreso avaladas por centenares de miles, quizá millones de firmas a través de una iniciativa legislativa popular (ILP) que está a punto de empezar. Entonces se darán cuenta, de que somos personas. Que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Y que lo único que exigimos es Democracia Real Ya! Entonces no les quedará otra opción que aplicar justicia social.


* Plataforma de Afectados por la Hipoteca -PAH- 8.03.12
Foto: Hipotecas, protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca

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Madrid.- Críticas y temor a que se frene el uso del transporte público

ELPAÍS* : La OCU, los sindicatos, los ecologistas y la oposición rechazan la subida del transporte público.
"Momento pésimo". "Error". "Insensato". Varias organizaciones –como la OCU, Facua y Ecologistas en Acción– y partidos políticos –como el PSM, IU o Equo– han rechazado hoy la subida de las tarifas del transporte público en la Comunidad de Madrid. Con todo, hay quien lo celebra. La Asociación Gremial del Autotaxi, en cambio, ha celebrado el incremento del precio del bus al aeropuerto, que consideran que elimina la "competencia desleal".

En la Comunidad, el líder del PSM, Tomás Gómez, ha considerado que la "histórica" subida "rompe el consenso de los últimos 20 años" y ha lamentado que el PP no crea en el transporte público. Gómez ha insistido en que la presidenta, Esperanza Aguirre, "mintió hace dos meses y cinco días", cuando aseguró que no habría incrementos de tarifas y ha criticado que el precio del transporte ha subido "más de un 80%" desde que ella gobierna. También el portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha calificado de "despropósito" el tarifazo y ha considerado que Aguirre "carga una vez más las consecuencias de la crisis sobre los ciudadanos, mientras protege a los más privilegiados". La diputada de UPyD en la Asamblea Loreto Ruiz de Alda ha tildado el aumento de "intolerable".

En el Ayuntamiento de la capital, el portavoz socialista, Jaime Lissavetzky, ha exigido a la alcaldesa, Ana Botella, que se oponga a la subida, informa Elena G. Sevillano. También ha pedido a los consejeros municipales en el Consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes que voten esta tarde en contra del "tarifazo". La subida es "exagerada, injusta e incoherente con la situación que viven los madrileños, que vienen soportando continuos incrementos en los tributos", ha asegurado Lissavetzky, que ha recordado que en septiembre la Comunidad compró por 150 millones de euros la participación del Ayuntamiento en el Metro. "Entonces le pregunté a Gallardón cuál era el truco de magia por el cual la Comunidad que no tenía ni un duro, según aseguraba la presidenta, podría reunir tal cantidad de dinero", ha añadido.

El portavoz municipal de UPyD, David Ortega, ha defendido, como el PSOE, que los representantes municipales en el Consejo de administración del Consorcio Regional de Transportes voten en contra de la subida del 11% de media en los títulos. Ortega ha criticado el incremento puesto que, en su opinión, hace que el coste de la crisis económica recaiga en el ciudadano medio. "Hay margen", ha añadido, para recortar en otras parcelas y lograr una gestión más eficaz.

Desde Equo Madrid temen que el tarifazo fomente el uso del vehículo privado, "aumentando aun más los problemas de contaminación de esta comunidad y de las economías familiares". El partido ecologista resalta que la polución conlleva "un grave problema de salud" a los ciudadanos madrileños que cuesta a la Sanidad pública 6.000 millones de euros. Este partido ve injusto que los usuarios de transporte público, que colaboran en la reducción de este problema y su gasto sanitario asociado, tengan que aumentar su contribución a los costes de este servicio.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) destaca la extremada presión que están sufriendo los ciudadanos en este momento de grave crisis económica. Su portavoz, Iliana Izverniceacu, recuerda que la subida del transporte público en Madrid coincide con un incremento del precio de los carburantes: "Un sueldo medio ya no puede llenar el depósito con frecuencia, pero es que ahora también se va a quedar corto para el transporte público". También apunta que esta medida desincentivará el consumo: "Mucha gente se pensará, por ejemplo, moverse el fin de semana, porque tendrán que guardar sus billetes para trabajar".

Facua Madrid ha rechazado la medida, ha reclamado una gestión "eficaz y eficiente" de este servicio y ha lamentado que "una vez más sean los consumidores y usuarios del transporte público madrileño los que paguen las consecuencias de un incremento desproporcionado y las consecuencias de la mala gestión del Gobierno regional".

El Real Automóvil Club de España (RACE) apunta hacia un posible incremento del transporte privado. Jorge Castellanos, responsable de Movilidad, considera que "lo más llamativo de esta subida es el cambio de tendencia. Las Administraciones son las que tiene que fomentar el transporte púlblico y la movilidad sostenible. Subir el transporte en época de crisis disuade bastante al usuario". Para él, las Administraciones deberían hacer un mayor esfuerzo porque el transporte privado "está en una situación de ventaja respecto al colectivo" y, por ello a su juicio, "la primera opción para circular por Madrid sigue siendo el coche", informa Pilar Álvarez.

"Nos parece insensato y al final es el resultado de lo que ha venido ocurriendo en Madrid durante tanto tiempo, los ciudadanos lo van a pagar", ha considerado el secretario general de Transportes y Comunicación de UGT Madrid, Antonio Oviedo. Este ha destacado que el 80% de los usuarios del Metrobús son trabajadores, que se verán afectados por el incremento del 100% de su precio en seis años. En su opinión, esto, como el resto de medidas, son consecuencia de la falta de planificación y ha denunciado que se han duplicado líneas.

"Menos por más"

"Es menos por más", ha criticado recordando una reciente campaña publicitaria del Metro de Madrid, cuyo lema era Más por menos y que comparaba el precio y extensión de la red madrileña con la de otras capitales europeas, lo que causó gran polémica. Como ejemplo, ha asegurado que el mes pasado había 100 autobuses menos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) y en el próximo, se espera la retirada de otros 80. CC OO tilda la subida de las tarifas "desproporcionada y sin precedentes", y solicita la congelación de los títulos que utilizan los usuarios habituales y la creación de un abono social. También recuerda que los billetes más usados por trabajadores y estudiantes, los abonos, suben el triple que el IPC (el 8%).

La Agrupación Gremial del Taxi, en cambio, ha celebrado el aumento del precio del Bus Exprés, el autobús que llega al aeropuerto, que ahora costará cinco euros. Según sus cálculos, el coste de un viaje de cuatro personas (20 euros) en este vehículo se equipara al del taxi, por lo que, a su juicio "desaparece la competencia desleal". "Viajar en transporte público será desde el próximo 1 de mayo mucho más caro. Por el contrario, viajar en taxi seguirá costando igual, pero con las ventajas de siempre: comodidad, rapidez y traslado de equipaje incluido desde la puerta de su domicilio", ha señalado su presidente, Julio Moreno.

Yo No Pago planea una protesta

El movimiento Yo No Pago ha anunciado en su página de Facebook que están organizando una acción en contra del "atropello" que, a su parecer, supone el incremento medio de un 11% del precio del metro y el autobús en Madrid, que se hará efectivo a partir del 1 de mayo. "Ahora más que nunca necesitamos unidad desde todos los frentes #Acampadasol #DRY #Acampadabcn #Spanishrevolution", señalan, al tiempo que aseguran que lucharán y resistirán los "ataques de este sistema depredador".
Yo No Pago, que tiene más de 15.000 seguidores en Facebook, surgió en Grecia el año pasado a raíz de la subida del precio del transporte y organiza acciones en el metro, las estaciones o las autopistas, donde bloquean las máquinas de pago o las inutilizan para que los usuarios pasen gratis. Estos grupos se organizan por internet y convocan acciones de "resistencia a pequeña escala" y "subversivas". En Madrid han actuado varias veces y en las más multitudinarias, en enero y febrero, se registraron detenciones.


* El País - M. F. MAESO / AGENCIAS Madrid 11 ABR 2012
Foto: Usuarios del Metro de Madrid en un andén de una estación. / CLAUDIO ÁLVAREZ

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El Cabanyal entra en la lista roja de Hispania por el riesgo de destrucción

ELPAÍS/Valencia* : El conjunto histórico del barrio valenciano de El Cabanyal-Canyamelar ha sido incluido en la Lista roja del Patrimonio que elabora la asociación Hispania Nostra, dedicada a la defensa, salvaguarda y puesta en valor del patrimonio cultural español y su entorno, en el ámbito de la sociedad civil. Bajo la presidencia de honor de la reina Sofía, la entidad aspira a recoger en su lista roja aquellos elementos del patrimonio “que se encuentren sometidos a riesgo de desaparición, destrucción o alteración esencial de sus valores”.

La última incorporación en esa lista es El Cabanyal, debido a las razones que Hispania Nostra explica en su web: “La intención actual del Ayuntamiento de Valencia es llevar adelante un Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que prevé la construcción de una amplia avenida que atraviesa y parte el barrio en dos, altera profundamente su trama urbana, precisa para su ejecución de la expropiación para su posterior demolición de 1.651 viviendas y propone la introducción de un modelo edificatorio totalmente ajeno a la tipología tradicional del barrio. Este supuesto plan de protección conlleva la desaparición de 795 edificios de los cuales 261 figuran en el mencionado catálogo del PGOU, entre los que destaca la Lonja del Pescado. Mientras tanto, pesa sobre el Cabanyal la suspensión sistemática de cualquier licencia pedida al Ayuntamiento de Valencia en interpretación de la orden ministerial de abril de 2010, por lo que no se pueden emprender las necesarias obras de conservación”.

24 fichas en rojo

La decisión de Hispania, asociación de carácter nacional creada en 1976, ha sido adoptada a partir del análisis de los informes y los datos suministrados por entidades interesadas, como la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar, y defensoras del patrimonio, según explicó ayer a este periódico el vicepresidente del organismo, Carlos Morenés.

Entre las más de 410 fichas de la lista roja de Hispania (http://www.hispanianostra.org/lista-roja/), aparecen 13 referidas a la provincia de Valencia, entre las que se encuentran diversas alquerías de la huerta; cinco en la provincia de Alicante, como las murallas renacentistas de Altea o el castillo de Orihuela; y seis en Castellón, como los castillos de Montornés, en Benicàssim, o de Almonecir.


* El País - 12.4.12
Foto: Valencia, barrio del Cabanyal - EFE

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El plan de Llanes es «una versión gemela y empeorada» del anterior, afirma Avall

LNE/Asturias* : El Plan General de Llanes propuesto por el PSOE local es «una versión gemela y deliberadamente empeorada» del aprobado en 2003 (anulado hace un año por el Tribunal Supremo), por lo que debe de ser retirado, reelaborado y sometido de nuevo a información pública, según la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall). El colectivo que preside Domingo Goñi, que ejerce la oposición efectiva en materia urbanística al equipo de gobierno socialista de Llanes desde 1990 y que ha conseguido la anulación en los tribunales de los dos planeamientos anteriores, ha presentado un escrito con 26 alegaciones al documento de prioridades o avance de planeamiento del Plan General de Ordenación (PGO). Según el colectivo, el documento no alcanza «el rigor ni los contenidos mínimos necesarios para servir como base administrativa y medioambiental del Plan General».

La alternativa urbanística elegida, que centra el crecimiento en la franja que va desde Posada hasta San Roque, es según Avall «improcedente», al ser «una versión gemela y deliberadamente empeorada» del planeamiento 2003, que «hereda la práctica totalidad de sus suelos edificables, lo que permitiría alcanzar en Llanes un nuevo volumen edificatorio cercano a las 15.000 viviendas, cifra absolutamente desproporcionada para las necesidades del municipio».

Avall destaca que, según las estadísticas oficiales del Ministerio de Fomento, en Llanes se construyeron 2.684 viviendas entre 2003 y 2010, en un período de elevada actividad urbanística y de la construcción. El colectivo estima «a todas luces injustificado» proponer, como hace el PSOE, un Plan General con 15.000 viviendas para los próximos 10 años «en el marco económico y urbanístico actual» y con un «importante stock de vivienda sin vender en el concejo, como mínimo en torno a 1.000 viviendas». Con estos datos, Avall propone un Plan General con un stock de unas 1.500 viviendas, cifra que juzga «suficiente para atender las potenciales demandas de primera o segunda residencia en el municipio».

Avall rechaza, asimismo, las calificaciones como núcleos urbanos de Niembru, Celoriu, Barru y Poo, al considerarlas «totalmente injustificadas», pues estos núcleos «carecen de los rasgos sociales y económicos que caracterizan a los verdaderos núcleos urbanos». Avall considera que estas calificaciones sólo están orientadas a «facilitar deliberadamente los aprovechamientos urbanísticos», introduciendo tipologías (vivienda en bloque) y densidades edificatorias «ajenas a los núcleos rurales e incompatibles con la preservación de su identidad urbanística y paisajística».

La Talá es, como ocurre desde 1990, uno de los principales caballos de batalla. «Se pretenden calificar como urbanos los terrenos afectados por el antiguo plan parcial de La Talá, argumentando la existencia de una trama urbana que en todo caso es ilegal, por cuanto las tres determinaciones urbanísticas que la permitieron y que la sostenían (normas subsidiarias de 1993, Plan General de 2003 y plan parcial de La Talá) han sido anuladas por los tribunales», dice Avall.

Asimismo, señala que todos los crecimientos urbanísticos contemplados en el avance de planeamiento que se adentren hacia la ribera del mar dentro de la franja de 500 metros de protección de Costas deberán ser desaconsejados. Avall muestra su rechazo a la construcción de viviendas en bloque y a la decisión de las autoridades locales de reducir al mínimo la construcción de viviendas unifamiliares.

Avall opina que el Plan General que ahora se propone para Llanes, lejos de ser una apuesta por el urbanismo sostenible, será «una pésima solución de continuidad política y administrativa a los despropósitos habidos en el urbanismo llanisco en los últimos veinte años», que «desataron la especulación, favorecieron masiva y excesivamente la edificación y en último término han conducido a la situación actual de parálisis del sector». Y añade que la «única y más sensata» opción urbanística para Llanes pasa por reducir «sensiblemente» el volumen de suelos edificables, para favorecer un crecimiento edificatorio «lento y sostenido», compatible con «la preservación de los valores paisajísticos del concejo e impulsor de la economía local».

Avall indica que el documento de prioridades no contiene «el más mínimo análisis del grado de ejecución del planeamiento anterior», lo que impide conocer el detalle de lo construido, los suelos edificables no ejecutados y, en definitiva, el «impacto territorial» de aquel planeamiento, circunstancia «esencial» para diseñar el futuro PGO.

La agrupación estima «incorrecta e improcedente» la determinación de las diferentes alternativas de planeamiento estudiadas, ya que la elección final «se ha basado exclusivamente en criterios cualitativos, cargados de una altísima dosis de subjetividad y una evidente debilidad argumental o improcedente ligereza de conceptos, muchos de ellos intrascendentes o escasamente influyentes desde el punto de vista urbanístico».


* LNE - RAMÓN DÍAZ - 11.4.12
Foto: Llanes (Asturias) - lavozdegalicia.es

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Marbella.- Unas escrituras de Pantoja en manos de Roca incriminaron a Julián Muñoz

MÁLAGAHOY* : J.A.Roca guardaba en su despacho de Maras Asesores una carpeta con las escrituras del apartamento de Isabel Pantoja en el hotel Guadalpín y el contrato de compraventa de otra vivienda que Maite Zaldívar adquirió en este complejo a la promotora Aifos, además de facturas a nombre de la exmujer de Julián Muñoz por pernoctar varias noches en este hotel. Los dos inspectores de la Udyco que estuvieron al frente de la operación Malaya hasta julio de 2007 explicaron ayer a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan C.López Caballero que se trataba de una carpeta naranja en la que se habían anotado las iniciales J. M., I. P. y M. Z. con un tipo de letra parecido a la del exasesor de urbanismo de Marbella. El contenido de esa carpeta encontrada en el que se considera el cuartel general de J.A.Roca fue el que les llevó a establecer que bajo esos acrónimos se ocultaba la identidad de Julián Muñoz, su exmujer Maite Zaldívar y su expareja, la tonadillera Isabel Pantoja. En definitiva, esa carpeta fue esencial para involucrar a Julián Muñoz en el caso Malaya.


Los agentes indicaron que las escrituras estaban a nombre de Franbel, una sociedad de Pantoja, mientras que el comprador que figuraba en el contrato del segundo apartamento era Senior Servicios Generales, entidad vinculada a Maite Zaldívar.

¿Por qué tenía Roca en su poder documentos relativos a las propiedades de Pantoja y Zaldívar en el hotel Guadalpín? Los investigadores reconocieron ayer que en el informe policial se hizo constar que "no se entendía por qué Juan Antonio Roca tenía esa documentación". Los hallazgos relativos a Julián Muñoz y los negocios de sus sucesivas parejas dieron lugar a una investigación separada que ha concluido en el denominado caso Blanqueo en el que están imputados tanto el exalcalde de Marbella como Pantoja y Zaldívar.

En esa segunda causa, la Fiscalía Anticorrupción sostiene que Isabel Pantoja blanqueó 1,8 millones de euros "de procedencia ilegal" que le proporcionó Julián Muñoz. Ese dinero fue invertido en la compra de un apartamento en el hotel Guadalpín, por el que desembolsó 330.556 euros tras obtener una rebaja de 180.000 euros que el Ministerio Público relaciona con "resoluciones" dictadas por Julián Muñoz, porque dos días después de que se produjera la compra le concedió licencia de primera ocupación al complejo. El segundo destino que encontró el dinero supuestamente obtenido ilegalmente fue la compra del chalé Mi Gitana. En ese procedimiento, que se comenzará a juzgar a finales de junio en la Audiencia de Málaga, también están acusados Julián Muñoz e Isabel Pantoja. De todas formas la carpeta naranja y la documentación que contenía no fueron los únicos elementos que utilizó la Policía para determinar que las iniciales J. M. que encontraron en los archivos de Maras, la contabilidad secreta de Roca, era Julián Muñoz. Además, se contrastó con los registros de llamadas telefónicas y otra documentación en la que también se identificó al exalcalde con estos acrónimos.

Los papeles de Maras recogen en tres ocasiones las siglas J. M. Primero en un archivo denominado hoja de caja cña.xls. en el que Juan Antonio Roca hizo constar dos salidas de dinero por importe de 135.00 y 15.000 euros los días 7 y 11 de noviembre de 2002. Los investigadores relacionan estos dos presuntos pagos con la firma de los convenios de Vente Vacío y Cortijos La Ventilla que condujeron al Ayuntamiento a permutar suelos de su propiedad por otros de valor muy discutible. También aparecen las iniciales J. M. en el archivo ayuntamiento.xls junto a una salida de 12.000 euros que se registró el 10 de diciembre de 2003. Los inspectores admitieron que desconocían la razón de este pago.

Roca ha dado validez a la identificación que hizo la Policía de todas las siglas que aparecen en los archivos de Maras con la única excepción de J. M. que dijo que era un tal Javier Manrique y no Julián Muñoz. Ayer, el letrado de la defensa se esforzó en subrayar que es aventurado mantener que J. M. es el exalcalde de Marbella cuando podría haber sido, por ejemplo, el tesorero municipal, llamado José Muñoz. Los inspectores, en cambio, recordaron la coincidencia de los posibles pagos con la firma de convenios.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 12.4.12
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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Valencia.- Dos altos cargos del Consell, imputados en el caso Emarsa

LEVANTE* : El juzgado de Instrucción nº15 de Valencia ha hecho público un auto por el que imputa en el caso EMARSA a José Juan Morenilla y a Ignacio Bernácer, exgerente y jefe de departamento, respectivamente, de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (EPSAR), dependiente de la Generalitat Valenciana. En un decreto hecho público también hoy, el juez ordena el embargo de bienes de José Luis Sena, imputado ya en el caso y responsable de una de las empresas que trabajó para EMARSA, para hacer frente a la fianza de responsabilidad civil de 5,7 millones de euros.
El titular del juzgado nº15 de Valencia investiga en el caso EMARSA una supuesta malversación de fondos públicos en la gestión de la depuradora de Pinedo que puede superar los 40 millones de euros, además de otros delitos como fraude fiscal y por el que hasta ahora hay imputados 30 personas.

En el auto por el que se imputa a Morenilla y Bernácer, el juez ordena asimismo que se proceda a una exhaustiva investigación del patrimonio de ambos.

En los fundamentos de derecho, el auto indica que el director financiero de EMARSA, Enrique Arnal, también imputado, declaró ante el juez que es "evidente que solamente los señores Morenilla, Bernácer y (Enrique) Crespo, disponían de los medios necesarios para organizar la trama EMARSA, y enriquecerse de forma desmedida".

De las declaraciones de Arnal, según el auto, se desprende que "la trama EMARSA, relativa a los lodos, fue ideada por Morenilla y Bernácer, responsables de EPSAR, en connivencia con (Enrique) Crespo, presidente del consejo de administración de EMARSA" en el periodo investigado y alcalde de Manises, cargo del que dimitió tras su imputación en este caso.

En esta misma línea, según el auto de imputación, fueron las declaraciones en sede judicial de Sebastián García Martínez, exresponsable de informática de EMARSA, y de Esteban Cuesta, ex gerente de la misma entidad y ambos imputados.

Se argumenta también que las comisiones de seguimiento entre EMARSA, EPSAR y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI) no realizaron ningún informe previo de las empresas controladoras de lodos que podría haber servido para establecer las cantidades y el precio del lodo retirado.

El auto indica que de 2004 a 2010 "ningún rastro se aprecia de las empresas Etwas Eigenlich SL, Erwinin SA, Pritengreen SL, Notec SL, Adobs Organics SL o Iris Tractament SL, entre otras, encargadas de la aplicación agrícola de los lodos.

"La conclusión a la que llegamos", señala el juez, "es que la ausencia de estas empresas sólo puede obedecer al consciente y deliberado enmascaramiento de la facturación de las mismas para que no dejen ningún rastro en las dependencias de EPSAR".

Añade que esa "ocultación sólo puede perseguir esta finalidad, ya que la sola existencia de estas mercantiles en una planta depuradora es de por sí una irregularidad gravísima. De esta forma los responsables de EPSAR evitarían que se les pudiese relacionar con estas mercantiles y con las anomalías apreciadas en las mismas".

Según una providencia fechada hoy, juez ha citado a declarar el 27 de abril al también imputado Juan Carlos Gimeno Gascón, como directivo de Instituto de Empresa del Mediterráneo, CRM Adecua, Area Este, Dos Grados Network y Sanitar, mercantiles que facturaron a Emarsa por diversos conceptos que son objeto de investigación.


* Levante - EFE - 11.04.12
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Andalucía.- Ecologistas confía en que el Gobierno mantenga una Consejería de Medio Ambiente "independiente y fuerte"

EUROPAPRESS* : La organización Ecologistas en Acción Andalucía ha mostrado este martes su confianza en que el nuevo Gobierno andaluz mantenga una Consejería de Medio Ambiente "independiente y fuerte" que ponga en marcha "serios cambios" en sus políticas y que actúe de manera "rigurosa y activa".
Del mismo modo, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía, Lola Yllescas, ha señalado que, "desde luego", esperan la presencia de una Consejería de Medio Ambiente "independiente", pero también que ésta realice "serios cambios" en sus políticas, sobre todo, en temas de aguas y costas. En este sentido, ha añadido que su organización también defiende la "importancia" de una Consejería de Agricultura y Pesca, sobre todo, en tiempos de debate sobre la Política Agraria Común (PAC) o la política pesquera europea, así como por la incidencia de este departamento sobre el medio natural.

Por otro lado, Yllescas, que ha adelantado que este miércoles mantendrán una reunión con representantes de IULV-CA en el marco de la ronda de contactos que la coalición de izquierdas está manteniendo con organizaciones sociales de cara a la conformación del próximo Gobierno andaluz, ha recordado que antes de los comicios del 25 de marzo hicieron público un decálogo de medidas que deberían asumir los partidos políticos de llegar al poder.

Entre otras cuestiones concretas que debería abordar el próximo Ejecutivo andaluz, Yllescas ha comentado el dragado del Guadalquivir, ya que, aunque es competencia del Gobierno central, la Junta "debe actuar y no matar definitivamente el estuario del río".

Igualmente, solicita una revisión del plan de acción de la mina Cobre Las Cruces, la supervisión de la gestión del agua y de las nuevas demandas de actividades mineras o el cierre del vertedero de Befesa en Nerva (Huelva), que ha cumplido "sobradamente" su ciclo y que ha demostrado "con creces la incompetencia de sus gestores".

Con respecto a las políticas de residuos, la portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía confía en que durante la próxima legislatura se reduzca "al menos" el diez por ciento, en peso, de los residuos, así como que "no haya nuevos proyectos de incineración de éstos y que se revisen las Autorizaciones Ambientales Integradas de estas instalaciones cada cinco año". En este línea, aboga por la aplicación de un impuesto de vertidos sobre residuos, pero no solo peligrosos, para de esta manera "garantizar el correcto compostaje".

"TEXTOS ORIGINALES" DEL POTA Y LOUA

En políticas de suelo y urbanismo, Ecologistas en Acción Andalucía reclama "volver al texto original" del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), así como mantener "sin excepción" los límites del crecimiento urbanístico. Igualmente, pide que se prohíban nuevos convenios urbanísticos, así como el desarrollo al margen de las ciudades, especialmente los proyectos ligados a puertos deportivos y campos de golf.

De otro lado, ha apostado por el ahorro en el consumo del agua, pero, principalmente, por rechazar "nuevos regadíos, completar las estaciones depuradoras y asegurar el correcto funcionamiento de éstas en todo el territorio andaluz". Asimismo, aboga por buscar el tratamiento terciario para "lograr la reutilización del agua".

Del mismo modo, la portavoz de la organización conservacionista ha señalado que hay que trabajar por la recuperación de costes "para todos los usuarios, incluyendo un canon para el sector productivo". En este contexto, ha alertado que los movimientos de privatización del servicio y gestión del agua municipal por parte de ayuntamientos y empresas públicas.

Yllescas, que ha reiterado que las políticas prioritarias para su organización son las correspondientes a agua y costas, residuos y suelo y urbanismo, se ha mostrado contraria a una modificación de la Ley de Costas, como ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. "Solicitamos que la servidumbre del Dominio Público Marítimo Terrestre se amplíe a 500 metros", ha subrayado.

DEMOCRATIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por otro lado, Yllescas ha manifestado en declaraciones a Europa Press que una petición previa que van a exigir a los partidos políticos es "la democratización de las organismos públicas y reforzar la participación ciudadana de las mismas" como consejos, patronatos y juntas rectoras de espacios naturales, para así elegir a los presidentes de estos órganos de forma "democrática" y no "a dedo" por la Junta.

La portavoz de Ecologistas en Acción Andalucía ve "indudable" la presencia de una Consejería de Medio Ambiente y otra de Agricultura "fuertes", que se incluyan en un gobierno "más abierto, más transparente y con una política verde más transversal", lejos de la actitud del Gobierno central, que, a su juicio, ve el medio ambiente como "una cosa accesoria" y al que solo le interesa "la Ley de Costas y el agua".

En otro orden de cosas, Yllescas ha mostrado la preocupación de la organización por las políticas "esquizofrénicas" de la Consejería de Turismo, donde se muestran "espacios verdes y playas vacías y vírgenes, con niños divinos jugando". "Pero dónde están esos rincones", ha cuestionado. "La Consejería nos habla de naturaleza mientras propugna llenar ésta de casas", ha criticado.


* Te Interesa - EP - 10.04.12
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir -iagua

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"Gentrificación" y urbanismo neoliberal en Madrid

ALBA MÉNDEZ* : La Calle Argumosa se ha poblado de bares de estética posmoderna, cada vez es más común la venta de cerveza ecológica a altos precios y la típica oferta de caña con tapa poco a poco va cambiando por exquisitas muestras de cocina creativa. La cafetería de la biblioteca de las Escuelas Pías ha multiplicado los precios a velocidad vertiginosa en los últimos años y donde antes se sentaban a tomar café las estudiantes ahora señoras con abrigos de piel y collares de perlas ocupan su sitio.
Hasta no hace mucho, Lavapiés era un barrio claramente obrero y de migrantes. Su ubicación céntrica unida a los asequibles precios del alquiler debido al deterioro urbano del barrio lo convertían en una zona clave para las trabajadoras. Pero en los últimos años se enfrenta a un proceso de aburguesamiento o "gentrificación", por el cual la población original trabajadora es reemplazada y renovada progresivamente por otro grupo de mayor nivel adquisitivo. En parte, este proceso lo hemos iniciado nosotras, las jóvenes de la izquierda política y la cultura alternativa, pero hijas de familias acomodadas y, por tanto, con un poder adquisitivo mayor que la población media de la zona.

Atraídas por el exotismo del cruce de culturas, el encanto de un barrio obrero y migrante en el centro de la ciudad, hemos contribuido a iniciar un proceso de subida de los precios, lo que lo hará un lugar cada vez menos habitable para su población original. Lo que está ocurriendo en Lavapiés no es nuevo, es lo que ha pasado con los barrios de Chueca y Malasaña en Madrid, o el Soho en Londres.

Pero pensar que estos procesos de gentrificación son casuales y están causados por la acción inocente sería negar lo evidente. Y es que los planes urbanísticos desde finales de los años ochenta del siglo XX dejaron de intentar diseñar ciudades utópicas para empezar a responder a una estrategia del neoliberalismo salvaje para restablecer el poder de las clases dominantes [1] . La utopía ahora va a ser la ciudad limpia y segura, alejada de la delincuencia y la pobreza. Pero a estas problemáticas no se les pone solución sino que se pretende alejarlas de la ciudad y mantenerlas en la periferia, lejos de la vista de los “ciudadanos de primera”.

En Madrid, el Ayuntamiento, de ideología neoliberal, ya ha iniciado desde 2011 el recrudecimiento de las ordenanzas que impiden a los “sin techo” vivir en la ciudad. Pero van a ser los proyectos urbanísticos los que sienten las bases de la reconstrucción de la ciudad, creando unas murallas invisibles, que aumentarán la polarización social dentro y fuera de la ciudad. El macroproyecto Madrid Río , que ha renovado toda la zona que rodea al río Manzanares desde Moncloa hasta el distrito de Usera [4], la reforma del Matadero, la rehabilitación de las zonas verdes, la creación de múltiples zonas deportivas y, por supuesto, la “playa de Madrid” han constituido una renovación urbana de la zona. Los barrios de Embajadores, Delicias e incluso Usera se han convertido en lugares más que deseables para vivir. Ya se empieza a producir el derribo de los edificios en peores condiciones, con la consecuente construcción de nuevos edificios remodelados y la revalorización del suelo.

Así, parece que Madrid se ha desplazado hacia el oeste, cada vez más cerca de municipios residenciales como Pozuelo y más alejada de las zonas industriales del corredor del Henares. Limitando al sur, en el barrio de San Fermín, se levanta la Caja Mágica, un súper complejo deportivo de tenis y otros eventos, que ha acercado a las minorías elitistas a uno de los barrios más deteriorados de la ciudad. Desde su construcción los precios de los comercios, aparcamientos y viviendas que rodean el complejo han comenzado a aumentar, el desplazamiento de la población original del barrio hacia zonas más baratas ya empieza a producirse.

El sueño de Gallardón de una ciudad limpia y para ciudadanos de primera clase poco a poco va dando pasos hacia adelante, pareciéndose cada vez más a la distópica realidad de Palo Alto, California, una ciudad al norte de Sillicon-Valley que más que a una ciudad se parece a un club de campo, rodeada de núcleos de pobreza, delincuencia y drogadicción. Cuánto más neoliberal es una ciudad, más altos son sus niveles de desigualdad social y la polarización crece, generando espacios cercados para la miseria. Pero es reapropiándonos del espacio público del que se nos destierra por no ser suficientemente aptas, la forma de enfrentarnos a estos ataques neoliberales y crear así una ciudad de todas y para todas.

1. [1] Rendueles, C; y del Olmo, C. (2004). Las grietas de la ciudad capitalista. Entrevista a David Harvey. Archipiélago (nº62), pp. 25-32.

Fuente: http://www.poppol.es/2012/04/espacios-para-la-miseria-gentrificacion.html

* Rebelión - Opinión - 10.4.12

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…mientras continúa la desvergüenza: el aeropuerto de Huesca tiene 11 pasajeros en dos meses

ELSOPLÓN* : El aeropuerto de Huesca solamente ha tenido 11 pasajeros durante los 2 últimos meses. El porcentaje de viajeros ha caído un 99,5%. Sin embargo, continúa abierto, pese a parecer un aeropuerto fantasma y tras haber costado 45 millones de euros.
Las estadísticas de tráfico de enero y febrero demuestras que el número de pasajeros del aeropuerto de Huesca ha caído en picado, casi en su totalidad. Aún así, a punto de cumplirse cuatro años de su inauguración el mes que viene, aún no se sabe lo que ocurrirá con la infraestructura, su futuro es incierto.

El ministerio de Fomento invirtió 45 millones de euros en este aeropuerto con la finalidad de atraer al turismo de invierno a las pistas de esquí del Pirineo aragonés. Ahora intentan reflotarlo, pero pasa el tiempo y continúa sin aparecer ningún inversor.

Los 11 pasajeros que ha recibido el aeropuerto eran particulares. No hay vuelos comerciales, ya que ninguna compañía aérea opera. Los últimos fueron unos alumnos asiáticos pertenecientes a una escuela de pilotos que hicieron uso de la infraestructura para su formación.


* El Soplón - 15.3.12
Foto: Huesca, aeropuerto - elsoplon

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Barreiros inicia una urbanización paralizada por la Xunta desde 2007

ELPAÍS/Lugo* : El urbanismo ha vuelto a poner al Ayuntamiento de Barreiros en el centro de la diana. El municipio lucense de 2.300 habitantes, que en 2006 concedió licencias para 5.800 viviendas y vio suspendidas sus normas urbanísticas por la Xunta, ha desafiado de nuevo las disposiciones del Gobierno gallego al autorizar la reanudación de una promoción urbanística paralizada por un decreto autonómico de 2007. La advertencia la lanzó ayer la organización ecologista Adega. El alcalde, Alfonso Fuente Parga, del PP, rectificó rápidamente y anunció la apertura de un expediente de paralización de licencia, no sin antes arremeter contra los ecologistas, a los que acusa de actuar por un interés económico.

Fuente no negó las obras, pero aseguró que se limitan al asfaltado de viales e instalación de iluminación pública, y no a la promoción inmobiliaria, consistente en 62 viviendas en una zona muy próxima al mar, distribuidas entre viviendas unifamiliares, adosados, pareados y un edificio de 24 apartamentos. “Esa zona ahora está mucho mejor que antes gracias a la urbanización, pero las viviendas no se harían porque iniciaremos un expediente de paralización de licencias y seguramente acabe en la anulación de la licencia”, anunció el alcalde.

Las obras reanudadas están en una zona donde figura expresamente prohibidas por el decreto de febrero de 2007 de la Consellería de Política Territorial, dirigida entonces por la socialista María José Caride, en el que se suspendió el planeamiento de Barreiros ante la desaforada autorización de licencias municipales para promociones urbanísticas. Pese a ello, y pese al informe en contra de la secretaria municipal —posteriormente suspendida de empleo y sueldo por el alcalde—, en el que se considera “improcedente” la concesión de la licencia, el Ayuntamiento la autorizó. Lo hizo de forma expresa, reconociendo la petición por silencio administrativo formulada por el promotor.

Ante la reanudación de las obras, Adega se ha personado ante el Ministerio Fiscal para presentar la documentación en la que denuncia más supuestas irregularidades. Por ejemplo, “la usurpación de terrenos de titularidad pública” por el promotor, ya que forman parte de un complejo dunar que, según los ecologistas, está parcialmente a nombre del Ayuntamiento. La promoción inmobiliaria afecta además a dominio público hidráulico y a la zona de policía, ya que se realiza encima de un regato que se ha soterrado, sin que, según Adega, se haya presentado solicitud de concesión y de autorización. La denuncia asegura que la parcela no reúne los requisitos para tener la categoría de solar, porque carece de accesos y no tiene asegurados los servicios de agua potable, saneamiento, energía eléctrica y comunicaciones.

El alcalde aseguró ayer que la apertura del expediente de paralización está pendiente “de algunos trámites”, como la notificación al Consello Consultivo y a la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU). “Se hablará con el promotor y se revisará la licencia”, aseguró Fuente Parga. Sin embargo, esa intención de revocar la licencia es solo parcial, ya que el regidor de Barreiros sostiene que una parte de las obras, la de las viviendas unifamiliares y los adosados, no está afectada por el decreto de la Xunta de 2007 y se podrá tramitar con un nuevo expediente. Los ecologistas no solo discrepan con este planteamiento, sino que dudan de la verdadera intención del alcalde de paralizar la licencia y atribuyen sus declaraciones a una reacción a su denuncia ante el fiscal.

También el alcalde atribuye a razones espurias la actitud de los ecologistas, que vincula con una supuesta subvención de 25.000 euros de la Diputación de Lugo, gobernada por socialistas y nacionalistas. “El portavoz del BNG en el Ayuntamiento es vicepresidente de la Diputación. Esto huele mal. ¿Hay una cadena de favores, como se suele decir? Yo no lo sé, no me apetece pensar mal”, afirma Fuente Parga.


* El País - PABLO LÓPEZ Santiago de Compostela 9 ABR 2012
Foto: Imagen de las obras de urbanización, en el lugar de San Bartolo, en Barreiros.- elpais

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Torrevieja.- Imputan al edil de Urbanismo y a un técnico en la investigación sobre la planta ilegal de basuras

LASPROVINCIAS* : La juez Juana López ha imputado por un delito de prevaricación al concejal de Urbanismo de Torrevieja, Francisco Moreno, y a la secretaria municipal del Ayuntamiento, Pilar Vellisca, en una investigación abierta sobre la planta de residuos sólidos de la localidad.
Los dos comparecerán asistidos por sus respectivos abogados defensores ante la magistrada el próximo 25 de abril. Un día antes, la titular del Juzgado de Instrucción 2 torrevejense tomará declaración como testigos a tres técnicos municipales que firmaron en contra de la concesión de licencia de obras y de actividad a la UTE que también gestiona el servicio de recogida de la basura en la ciudad, Acciona-La Generala. Moreno obvió esos informes y firmó un decreto el 12 de octubre de 2010.

El concejal se apoyó en un informe externo, solicitado a la abogada urbanista Begoña Sancho. Según las fuentes consultadas, en el expediente administrativo no consta quién solicitó esa asesoría, el contrato público que lo ampara ni su coste económico.
Un año más tarde, el 21 de octubre de 2011, el propio edil firmó otro decreto que declaraba caducada la licencia por una supuesta inactividad de la empresa. Para entonces, la planta, ubicada en una parcela de suelo no urbanizable de la carretera de La Marquesa llevaba años funcionando de forma ilegal, desde 2004, según las reiteradas denuncias de grupos de la oposición municipal, colectivos ecologistas e incluso el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El pasado 28 de noviembre, la concejal socialista Fanny Serrano interpuso una denuncia por estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial. El grupo municipal del PSPV-PSOE había tratado en vano tres días antes, durante un pleno municipal, de saber si el equipo de gobierno del PP iba a «proceder a la clausura inmediata de las instalaciones» e incoar los correspondientes «expedientes sancionadores en materia urbanística y medioambiental».
El decreto que ordenaba ese cierre de la planta fue firmado el pasado 29 de febrero por el concejal Francisco Moreno, aunque entró en vigor el 5 de marzo siguiente.
Al parecer, en ese momento la sección territorial de la Fiscalía de Torrevieja ya había culminado sus diligencias de investigación y concluido que los hechos denunciados por el PSPV revestían indicios de delito. Es más, es posible que la juez Juana López hubiera incoado ya el procedimiento penal.
El auto por el que acuerda la citación de testigos y los dos imputados está fechado el pasado 5 de abril. Los técnicos que deberán explicar por qué se opusieron a la concesión de la licencia de obras y actividad son la arquitecta municipal y jefa del Servicio de Urbanismo, María Gómez Tafalla, y los arquitectos técnicos municipales Daniel Cases y Juan Miguel Pérez, según ha podido saber este diario.
En su denuncia ante la Fiscalía, el grupo municipal socialista de Torrevieja adjuntó unas fotografías tomadas durante una visita a la planta de sus concejales donde se veían a varias máquinas trabajando sobre montones de desperdicios.
Además, los denunciantes destacaban que era la segunda vez que el Consistorio recurría a una asesoría jurídica externa en materia de residuos para sortear los informes contrarios de los técnicos municipales. La primera ocasión fue con motivo de la adjudicación, en el año 2004, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a Necso Entrecanales, una empresa integrada en el grupo Acciona.


* Las Provincias - 11.04.12 - MANRIQUE C.SÁNCHEZ
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com

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Hacienda denuncia al alcalde de Santiago por no pagar el IVA de 61 viviendas

ELPAÍS* : La fiscalía imputa al alcalde de Santiago, Gerardo Conde Roa, del PP, un delito contra la Hacienda Pública por no declarar el IVA de una venta de 61 viviendas a través de su promotora inmobiliaria, Geslander Proyectos de Edificación SL en 2010. El titular del Juzgado de Instrucción nº2 de Santiago, José Antonio Vázquez Taín, admitió ayer a trámite la querella presentada a finales de la semana pasada por el ministerio público.
Sobre la mesa, el juez tiene un extenso informe de la Agencia Tributaria con documentación repartida en varios DVD, donde Hacienda acusa al regidor compostelano de no haber declarado IVA por la venta de pisos de protección oficial.

Según consta en el expediente de Hacienda, Conde Roa, administrador único de Geslander Proyectos de Edificación SL, defraudó en esa transacción casi 300.000 euros. De ahí que el ministerio público (que ayer preguntado por este diario evitó pronunciarse sobre el caso) recurriese a la vía penal, puesto que a partir de los 120.000 euros de evasión fiscal durante una anualidad, la sanción excede del ámbito administrativo y pasa a considerarse un delito contra la Agencia Tributaria castigado con penas de cárcel.

El regidor compostelano no podrá acogerse a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado viernes, puesto que el perdón gubernamental requiere que Hacienda no hubiera cerrado el expediente sancionador.

Elegido alcalde de Santiago por mayoría absoluta en las elecciones del pasado mayo, Conde Roa ya había chocado en otras ocasiones con el fisco. Cuando era jefe de la oposición municipal, acumuló deudas por más de 7.000 euros en el Impuesto de Bienes Inmuebles a través también de su promotora con el propio Ayuntamiendo donde representaba al PP.

Tras responsabilizar de una pésima gestión económica al anterior alcalde socialista, Xosé Sánchez Bugallo, y de que este le replicara que mejor le iría a las arcas municipales si todos los morosos, entre ellos el dirigente popular, saldasen sus deudas, Conde Roa se presentó en un pleno de la corporación con un cheque para ponerse al día en el pago de tasas. Lo enseñó a la prensa, al Gobierno y a sus compañeros pero olvidó ingresarlo en la ventanilla de recaudación. Finalmente, en el epílogo de la legislatura acabó saldando sus deudas para poder concurrir a los comicios que lo acabaron convirtiendo en alcalde.

Con el Ministerio de Hacienda ya había chocado en 2010 cuando se convirtió en un habitual del Boletín Oficial del Estado (BOE). Durante ese ejercicio recibió 18 notificaciones de embargo de la Agencia Tributaria también por demorar pagos a través de Geslander. El BOE apuntó entre el 12 de febrero de 2010 y el 12 de abril de 2011 18 “incidencias judiciales en fases ejecutivas que indican que la sociedad no está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con Hacienda, con la Seguridad Social o las Administraciones Locales y Autonómicas".

Una madeja de sociedades con otros promotores de la ciudad

Según figura en la documentación del registro mercantil, Conde Roa no se alejó de sus negocios inmobiliarios desde su llegada al poder en junio pasado. En la promotora Geslander constituida en abril de 2003 con un único empleado se mantiene como administrador único. En el organigrama de la sociedad junto a él solo figuran dos apoderados que además tienen intereses en otra media docena de sociedades relacionadas con el ladrillo. Amelia Trillo Pérez, además de apoderada en Geslander, es administradora de Millarcasa SL, una sociedad dedicada a “servicios administrativos combinados” que a través de su página web anuncia viviendas de protección oficial en varios barrios de Santiago. También es administradora de Cidade Gestión SL, que tiene como objeto social la construcción de edificios residenciales, y ocupa el mismo cargo en SUMA 10 SA, una firma de alquileres inmobiliarios, donde además es socia y controla el 49,87% de sus acciones.
La otra persona a la que Conde Roa concedió poderes en Geslander, Benito González Alonso, tiene los mismos cargos que Amelia Trillo en esas tres sociedades y además es consejero delegado de Mónaco Xuntanta, también dedicada a la promoción inmobiliaria, y presidente de una junta de compensación en un Suelo Urbano No Programado número 25 en la parroquia rural de Roxos, también en Santiago.
Geslander, la sociedad inmobiliaria de Conde Roa, comparte a su vez domicilio social con la promotora Julio Rey con importantes intereses en la ciudad.


* EL País - JOSÉ PRECEDO / MARÍA PAMPÍN Santiago de Compostela 3 ABR 2012
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo

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Eurovegas mira hacia un modelo en quiebra

ELPAÍS* : Los Gobiernos de Madrid y Cataluña pugnan por ser el nuevo Las Vegas mientras Las Vegas trata de huir de sí misma. Líder de Estados Unidos en desempleo, en ejecuciones hipotecarias y en propiedades tasadas por debajo del valor de su hipoteca, el Estado de Nevada, que comprende los dos centros de juego y turismo de Las Vegas y Reno, busca desesperadamente nuevas vías de diversificación económica, que le permitan salir de un modelo estancado, prisionero de la construcción y los servicios, dos de los sectores más afectados por la crisis.

Sheldon Adelson, presidente de la corporación Las Vegas Sands, con propiedades en Nevada, Macao y Singapur, decide ahora si construye una versión española de la llamada ciudad del vicio, con seis casinos, tres campos de golf, un centro de congresos y 12 hoteles con 36.000 habitaciones. La Comunidad de Madrid y Cataluña pugnan por el proyecto, que conllevaría una inversión de hasta 22.000 millones de dólares. Adelson estima que con él crearía en España 160.000 puestos de trabajo directos en 10 años.

Nevada, que inventó el modelo que quiere exportar Adelson, es un Estado de 2,7 millones de habitantes. De ellos, 1,9 millones viven en el condado de Clark, lo que se conoce como Las Vegas. Ciudad de excesos, Las Vegas es líder en muchos ámbitos. Tiene, por ejemplo, el mayor hotel del mundo: el conjunto que conforman los casinos Venetian y Palazzo, la joya de la corona de la corporación que preside Adelson. Son 8.100 habitaciones, de las 150.100 que hay en la zona metropolitana.

Pero hay otros campos en los que Las Vegas y Nevada son líderes muy a su pesar, considerados como el mayor lastre para la economía de EE UU: florecieron desbocados durante la bonanza del ladrillo y el crédito fácil y cayeron en picado cuando la burbuja inmobiliaria estalló. El 12% de la población activa del Estado está en paro, cuatro puntos por encima de la media nacional. Una de cada 16 propiedades ha sido embargada, frente a una de cada 69 en EE UU. El 58% de los nevadenses debe más al banco de lo que vale su propia casa. A escasos metros de las luces de neón y los casinos de lujo, el panorama es desolador.

“Nevada dependía en gran medida de la construcción. Cuando la crisis estalló en 2008, el Estado perdió dos tercios de los empleos de la construcción en tres o cuatro años. De unos 150.000 empleos pasó a tener unos 50.000”, explica Stephen Miller, de la Facultad de Empresariales de la Universidad de Nevada. “Esa dependencia del turismo y la construcción se ha convertido en su gran lastre, y ahora los gobernantes intentan diversificar como sea la economía”, añade.

El gobernador de Nevada, el republicano Brian Sandoval, presentó recientemente un plan para crear 50.000 empleos antes de 2015, centrado en la diversificación empresarial, para dejar atrás la dependencia de la construcción y el turismo. “Se trata de alcanzar una economía diversa y sostenible para todos los nevadenses”, dijo Sandoval el pasado mes de febrero. “Nos pondría en una mejor posición para lograr una economía verdaderamente fuerte y que cree buenos puestos de trabajo”. Léase: el modelo actual está roto. Sandoval y otros líderes políticos de Nevada buscan cualquier alternativa al incremento de hoteles y casinos, como el desarrollo de centros médicos. Hay grupos, como la Coalición de la Industria Médica del Sur de Nevada, que se centran en atraer inversiones de cadenas hospitalarias.

La crisis inmobiliaria de Nevada no solo ha afectado a hogares. Los grandes casinos también la han sufrido. En pleno corazón de la avenida de Las Vegas se alza CityCenter, un complejo que engloba al casino Aria, los hoteles Mandarin Oriental y Vdara, las torres residenciales Veer y el centro comercial Crystals. Desarrollado por MGM Resorts International, iba a costar 4.000 millones de dólares y se acabó en 2009 por más de 8.500. En 2010 su valor patrimonial se tasó en 2.650 millones, un 31% del coste real.

A escasos metros de CityCenter hay una estructura de 26 plantas y cristales azulados, conocida como Harmon Tower. Iba a convertirse en un exquisito edificio de apartamentos diseñado por Norman Foster. En 2008 comenzaron los problemas de construcción. La empresa propietaria, MGM, y la subcontrata que lo construía, Perini Building, se han acusado en los tribunales de los errores que han llevado a las autoridades a determinar que podría derrumbarse en un terremoto. MGM quiere demolerlo y Perini dice que aún puede acabarlo. Cáscara vacía en la avenida de los casinos, se ha convertido en un emblema de todo lo que no ha funcionado en la meca del juego.


* El País - DAVID ALANDETE Washington 8 ABR 2012
Foto: Las Vegas, boulevar - viajar

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Chiclana.- Piden hasta 11 años de carcel para seis acusados de delitos urbanísticos

LAVOZDIGITAL* : La Audiencia Provincial de Cádiz juzga desde mañana martes -los días 10, 11 y 12, concretamente- a seis acusados de delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documentos oficiales y un delito continuado de estafa, para quienes la Fiscalía pide penas de entre dos y once años de prisión.
Según el escrito de calificación fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, los hechos se remontan a diciembre de 2002, cuando el acusado Manuel H.G., en representación de una empresa inmobiliaria, compró una finca de 19.000 metros cuadrados en Chiclana, en un terreno baldío sin edificación ni vallado alguno. Siete meses más tarde, realizó una escritura pública de obra nueva, división horizontal y compraventa y lo vendió a una inmobiliaria representada por la acusada María de los Ängeles G.U.

Para ello, ambos acusados se concertaron con el también acusado Francisco Carlos T.S., arquitecto técnico, a fin de que certificara una serie de extremos «del todo inciertos», como que la parcela tenía 1.300 metros, que existía una construcción de unos cinco años de antigüedad, y procedía a la constitución de un régimen de propiedad horizontal que afectaba a dos presuntos departamentos. A continuación, se procedía en la misma escritura a la venta de la finca en su totalidad a la inmobiliaria representada por la acusada.
Por otro lado, con el fin de justificar la existencia de los metros cuadrados restantes de la finca, la acusada se concertó con el también acusado y cuñado suyo Francisco José F.R. y realizaron dos escrituras de compraventa; una de ellas correspondiente a una finca de 712 metros.
Tres unifamiliares
Una vez preparada la documentación, la acusada contrató, en calidad de promotora, la realización de las obras de cerramiento y edificación de tres unifamiliares con el también acusado José O.G., obviando el hecho de que dichas fincas se encontrarían en terrenos clasificados como suelo no urbanizable de especial protección.
Según el escrito del fiscal, se tiene constancia de que en octubre de 2003, cuando se estaban llevando a cabo trabajos de cerramiento de la obra, la Gerencia Municipal de Urbanismo levantó acta de precinto y ordenando la suspensión inmediata de la ejecución de las obras. Pese a todo, siguieron ejecutándose.
Posteriormente, Francisco José F.R. se concertó con el acusado Diego G.G, ingeniero técnico industrial, para lograr el otorgamiento de escritura de obra nueva. Realizadas las operaciones tendentes a generar en los futuros compradores, lograron vender las tres fincas a tres parejas -a precios de entre 80.000 y 95.000 euros-.
El Ministerio Fiscal considera que los hechos relatados son constitutivos de delitos contra la ordenación del territorio, dos delitos de falsificación de documentos oficiales y un delito continuado de estaba, de los que serían responsables los anteriormente reseñados.


* La Voz Digital - 9.4.12
Foto: Chiclana (Cádiz), plaza mayor - diariodecadiz.es

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Condenado el exalcalde del PP de Aranjuez a seis años de inhabilitación por prevaricación

EUROPAPRESS* : La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al alcalde de Aranjuez entre los años 1995 y 2003, José María Cepeda (PP), a seis años y cuatro meses de inhabilitación para ejercer como cargo público por un delito continuado de prevaricación al favorecer contratos de obras municipales a varias constructoras.
En una sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, los magistrados consideran a José María Cepeda autor de un delito continuado de prevaricación, con la atenuante de dilaciones indebidas. Asimismo, la Sala le absuelve del delito contra la ordenación del territorio del que había sido acusado por la Fiscalía de Medio Ambiente.

Además, la Audiencia condena al ex edil de Hacienda Miguel Angel Gálvez a cuatro años y dos meses de inhabilitación, así como a seis años y cuatro meses de inhabilitación al técnico municipal Jesús Antonio Segado. Y absuelve también a tres ex ediles que habían sido implicado en este caso.

Cepeda se enfrentaba a una petición de la Fiscalía de Madrid de 37 años de inhabilitación especial para cargo o empleo público, así como a una multa de 36.000 euros. Ahora, la pena ha quedado reducida a seis años y cuatro meses de inhabilitación.

El fiscal Emilio Valerio les acusaba de crear una trama económica que favoreció a diferentes constructoras entre 1998 y 2001. Además, se les acusa de conceder licencias urbanísticas que vulneraban la legalidad, entre otras cuestiones.

La resolución recoge que Gálvez, con el respaldo del exalcalde, presentó y logró la aprobación por parte de los plenos en los ejercicios de 2000 y 2001 de varias facturas a favor de las empresas constructoras Maconsa, Mafasa y Aldisa, "facturas de las que no había constancia en los departamentos de Secretaría, Contratación e Intervención del Ayuntamiento al no existir ningún tipo de documento contractual o administrativo que habilitara la prestación de los servicios de obras o suministros indicados o justificara la realización de los mismos".

Además, añade que en los ejercicios de 1998 a 2001 se emitieron facturas contra el Ayuntamiento por diversas mercantiles, "frente a las cuales los interventores formularon reparos en varios informes". "Ni el alcalde ni los concejales responsables adoptaron medidas adecuadas para eliminar las irregularidades que dieron lugar a tales reparos", señala el fallo.

Asimismo, recalca que de ninguna de las facturas aprobadas por el sistema de reconocimiento contractual existía "expediente de contratación o de gasto con anterioridad a la presentación por el concejal".

Delegación de cuestiones urbanísticas
En el punto de mira estaba el proyecto de construcción de 32 viviendas unifamiliares en la finca Granja de los Faisanes y una obra que se realizó en el Ayuntamiento, que contaba con un presupuesto de 128 millones de pesetas y se elevó a 500 millones de pesetas. Según el fiscal, el 95% de las adjudicaciones caían en Maconsa.

En su declaración, el exregidor aseguró que delegaba las cuestiones urbanísticas a su concejal, al igual que hacía con respecto a otras materias. "Ellos saben cómo tienen que contratar y si tienen dudas, recurren a sus técnicos", recalcó en el juicio y añadió que los ediles tenían instrucciones para ajustarse al presupuesto.

Cepeda recurrirá la sentencia ante el Supremo
El exalcalde José María Cepeda ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de inhabilitarle de cargo público durante seis años y cuatro meses.

El exregidor, que ha ofrecido este martes una rueda de prensa, ha defendido su inocencia y ha reiterado que no ha cometido "nunca" delito alguno. "Me habré equivocado cientos de veces, pero jamás he cometido un delito; por ello, me sigo declarando completamente inocente, exactamente lo mismo que afirmé el primer día que conocí el contenido de la querella", ha declarado.

En este sentido, Cepeda ha justificado el recurso a la sentencia de la Audiencia Provincial porque considera que es "inocente" al no haber cometido "ninguno de los delitos" por los que se le condena, y porque la ciudad arancetana "no debe tener en los renglones de su historia la reseña de un alcalde condenado por la justicia, al menos en lo que tiene que ver con mi persona", según ha señalado.

Además, el exalcalde ha aludido a su familia, a cuyos integrantes ha considerado "sufridores silenciosos" en los "largos años" de su "dedicación a la vida pública". "Como recompensa sólo les puedo ofrecer, junto con mi cariño, el saberse esposa e hijos de un hombre honrado", ha precisado.

Cepeda ha recordado que lleva varios años trabajando en el ámbito privado y que, por ello, no le supondrá "ningún trastorno ni menoscabo" en su vida "el hecho de tener que estar apartado de cualquier cargo público durante seis años, dando cumplimiento a esta sentencia".

No obstante, ha aseverado que "cuando una persona ha ocupado un cargo tan honorable y honroso como es el de alcalde de Aranjuez por voluntad popular, las apetencias personales ocupan un segundo plano".


* RTVE - EP - 3.4.12
Foto: Aranjuez (Madrid), ayuntamiento - wikipedia

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¿Más urbanizaciones? No, gracias

ELPAÍS/Almería* : El litoral, en regresión, urbanizado en exceso y con una enorme presión demográfica; el interior, despoblándose y envejeciendo; los acuíferos sobreexplotados y el agua como factor limitante; la capital y los pueblos grandes convertidos en ciudades poco amables donde escasean los equipamientos sociales y sobra el tráfico y el ruido. La imagen podría corresponder casi a cualquier tramo de la costa mediterránea pero retrata a Almería, 8.700 kilómetros cuadrados en el sureste de la península, más del 50% desertificado debido al clima, la orografía y la mano del hombre. Es el territorio que conoce el Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), y en el que ha puesto el foco para elaborar su Apuesta por una Almería sostenible, un documental que repasa los problemas y los acompaña de posibles soluciones.

“El crecimiento económico y desarrollo social de los países industrializados se ha debido, en gran parte, al uso indiscriminado de los recursos naturales […] La única solución conocida se llama desarrollo sostenible, y el primer paso para conseguirlo es abandonar el actual modelo de crecimiento insostenible. A ello queremos contribuir aportando algunas claves de la realidad de nuestra provincia”. Así comienzan 15 minutos en lenguaje sencillo, divulgativo, pensado para difundir en centros educativos. “Hemos pretendido crear complicidades”, describía el coordinador del audiovisual, Manuel Carmona Powell, durante su presentación ante el movimiento ecologista local. Eso quiere decir que es un trabajo conciliador, que no busca la polémica o los mensajes extremos.

No cuestiona, por ejemplo, la agricultura intensiva, uno de los puntales de la economía provincial. Al contrario, destaca su importancia, pero dejando clara su gran asignatura pendiente: la gestión de los residuos (plásticos y envases), que además podría dar lugar a un sector económico emergente relacionado con el reciclaje. Y enfatizando en el hecho de que el cultivo bajo plástico no puede sustituir a la agricultura tradicional. “Llegamos a tener más de 69 variedades de uva de mesa, muchas prácticamente desaparecidas”, recuerda. A las que se suman almendros, olivos, cítricos, cereal. Y sistemas como balates, acequias, balsas o boqueras, “que se han mostrado como un legado eficaz para frenar el desierto”.

Tras un repaso a los problemas derivados de la industria del mármol, otro de los sectores productivos clave, el documental se centra en el agua. Desecha los trasvases –“Cuestionables por su alto coste, dudosa eficacia e importante impacto ambiental”—, pide mucho cuidado en la construcción de desaladoras –“Bajo un estricto control de impacto y, preferiblemente, funcionando con energías renovables—. Y apuesta claramente por la reutilización y un mejor aprovechamiento de un recurso escaso, que es algo que la provincia siempre ha llevado a gala.

Otro caballo de batalla es el deterioro de la costa, con las extracciones masivas de arena con destino a los invernaderos y un boom inmobiliario salvaje, muchas veces ligado a la especulación y a la corrupción. “No necesitamos saturar con más urbanizaciones; aprovechemos los hoteles que ya existen”, dicta su receta, a la que añade la necesidad de romper con la estacionalidad, de atraer visitantes durante todo el año. En este contexto, el turismo rural puede ser una buena opción, además de uno de los frenos que eviten los “desequilibrios territoriales”, al actuar, junto con proyectos de agricultura o ganadería ecológica, o de industria agroalimentaria, de acicates para cortar la hemorragia de población y hacer más atractivo el regreso al pueblo. Aunque por ahora, “faltan alternativas económicas sostenibles” para andar este camino.

“El que durante años fue conocido como último paraíso del Mediterráneo ha permitido que se deterioren los espacios naturales que le dieron nombre”, sentencia el audiovisual. El viento erosiona la tierra sin cubierta vegetal, desprotegida, aumentando el proceso de desertificación. ¿Soluciones? Restricción del tránsito de vehículos 4x4 en zonas sensibles, control sobre la recolección de plantas aromáticas; puesta en valor del matorral y los espacios naturales, “repoblando con especies adecuadas”. Manuel Carmona apunta como tanto a favor las energías renovables (eólica solar), y a la especulación como gran amenaza. Exige que se cumplan las leyes de protección. Y acaba lanzando un guante: “La resolución de los problemas no puede delegarse en políticos, técnicos o ecologistas. Corresponde al conjunto de la ciudadanía”.


* El País - ELENA SEVILLANO 4 ABR 2012
Foto: Niños en una piscina de una urbanización de Roquetas de Mar (Almería)

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