Los dos comparecerán asistidos por sus respectivos abogados defensores ante la magistrada el próximo 25 de abril. Un día antes, la titular del Juzgado de Instrucción 2 torrevejense tomará declaración como testigos a tres técnicos municipales que firmaron en contra de la concesión de licencia de obras y de actividad a la UTE que también gestiona el servicio de recogida de la basura en la ciudad, Acciona-La Generala. Moreno obvió esos informes y firmó un decreto el 12 de octubre de 2010.
El concejal se apoyó en un informe externo, solicitado a la abogada urbanista Begoña Sancho. Según las fuentes consultadas, en el expediente administrativo no consta quién solicitó esa asesoría, el contrato público que lo ampara ni su coste económico.
Un año más tarde, el 21 de octubre de 2011, el propio edil firmó otro decreto que declaraba caducada la licencia por una supuesta inactividad de la empresa. Para entonces, la planta, ubicada en una parcela de suelo no urbanizable de la carretera de La Marquesa llevaba años funcionando de forma ilegal, desde 2004, según las reiteradas denuncias de grupos de la oposición municipal, colectivos ecologistas e incluso el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. El pasado 28 de noviembre, la concejal socialista Fanny Serrano interpuso una denuncia por estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial. El grupo municipal del PSPV-PSOE había tratado en vano tres días antes, durante un pleno municipal, de saber si el equipo de gobierno del PP iba a «proceder a la clausura inmediata de las instalaciones» e incoar los correspondientes «expedientes sancionadores en materia urbanística y medioambiental».
El decreto que ordenaba ese cierre de la planta fue firmado el pasado 29 de febrero por el concejal Francisco Moreno, aunque entró en vigor el 5 de marzo siguiente.
Al parecer, en ese momento la sección territorial de la Fiscalía de Torrevieja ya había culminado sus diligencias de investigación y concluido que los hechos denunciados por el PSPV revestían indicios de delito. Es más, es posible que la juez Juana López hubiera incoado ya el procedimiento penal.
El auto por el que acuerda la citación de testigos y los dos imputados está fechado el pasado 5 de abril. Los técnicos que deberán explicar por qué se opusieron a la concesión de la licencia de obras y actividad son la arquitecta municipal y jefa del Servicio de Urbanismo, María Gómez Tafalla, y los arquitectos técnicos municipales Daniel Cases y Juan Miguel Pérez, según ha podido saber este diario.
En su denuncia ante la Fiscalía, el grupo municipal socialista de Torrevieja adjuntó unas fotografías tomadas durante una visita a la planta de sus concejales donde se veían a varias máquinas trabajando sobre montones de desperdicios.
Además, los denunciantes destacaban que era la segunda vez que el Consistorio recurría a una asesoría jurídica externa en materia de residuos para sortear los informes contrarios de los técnicos municipales. La primera ocasión fue con motivo de la adjudicación, en el año 2004, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria a Necso Entrecanales, una empresa integrada en el grupo Acciona.
* Las Provincias - 11.04.12 - MANRIQUE C.SÁNCHEZ
Foto: Torrevieja (Alicante), vertedero - levante-emv.com
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