ELPAÍS/Cuenca* : La oficina de Banesto en Villar de Cañas está a punto de abrir. Después de 15 años de acumular polvo, cerrada por falta de actividad, Alicia Moya, que vive a 10 kilómetros, se hará cargo de la sucursal. “Hay que estar posicionado y ser el primero”, explica su jefe, Andrés Pérez García. Están en el despacho del alcalde, el popular José María Saiz. En la plaza del pueblo aún quedan las pancartas a favor del almacén nuclear con las que los vecinos recibieron a las miles de personas que el fin de semana pasado se manifestaron contra la instalación.
Pero la fiebre del oro que se cierne sobre este pequeño pueblo de Cuenca se enfrenta a un obstáculo: la especulación.
Los dueños de terreno —hasta ahora un secarral de escasa salida— creen tener un potosí. “Estaban vendiendo terrenos a 12.000 pesetas el metro cuadrado (72 euros) y ahora piden 30.000 (180 euros)”, explica Antonio Belda, que desde hace 28 años regenta el bar Mezquita, punto de reunión del pueblo. El valor del terreno aún se mide en pesetas. Belda conoce más ejemplos: “La gasolinera (cerrada desde 2007) pedía 150.000 euros y ahora 300.000. La posada (también cerrada) pedía antes 108.000 euros y ahora 300.000. Todo está al triple”.
El pueblo, de poco más de 300 habitantes, tiene los servicios justos: una carnicería que los jueves sirve pescado —sardinas, bacaladillo y merluza—, dos sucursales de cajas de ahorros, farmacia y dos tiendas de comestibles. La fruta llega en venta ambulante.
Por eso, cuando cientos de obreros levanten el complejo de 700 millones de euros a las afueras del pueblo hará falta de todo: alojamiento, comida... A las tres y media de la tarde, entre semana, uno solo puede comerse un bocadillo. A las cuatro cierra el bar.
David Peña es un promotor que se conoce bien la zona. Ha construido un millar de viviendas de protección oficial en la comarca. Le ha echado el ojo a un terreno en el que el estallido de la burbuja inmobiliaria frustró 20 viviendas protegidas. Pero el acuerdo no es sencillo. “Habrá demanda para comprar y alquilar vivienda, pero no es fácil negociar ahora mismo. Los precios han subido mucho y entre todos debemos evitar que se dispare”.
El Ayuntamiento asiste con preocupación a este fenómeno. La secretaria municipal, Carmen Barco, explica: “En esta euforia inicial nos está cegando la avaricia. Las expectativas de la gente no pueden ser desmesuradas”. La advertencia es clara: “Hay expectativa de negocio, pero nadie puede hacerse rico en dos años”. Que hay muchas esperanzas se ve en la entrada del Ayuntamiento. Un cartel anuncia dónde depositar los currículos. Barco afirma que ya han recibido unos 5.000.
El consistorio teme que, de persistir los altos precios, los negocios se instalen en localidades cercanas. Así que el equipo busca fórmulas legales para impulsar la construcción: “La ley permite la enajenación forzosa si quien tiene aprobado un plan urbanístico no lo desarrolla. Ya se ha utilizado en Toledo”, advierte Barco. Es decir, si alguien tiene suelo listo para urbanizar y se resiste a hacerlo puede llegar a ver cómo el Ayuntamiento interviene. Puede que sea más una amenaza velada que una opción real, pero es un síntoma claro de la situación que vive el pueblo, hasta hace dos años un rincón dormido de Cuenca.
El pasado 30 de diciembre, el Consejo de Ministros lo eligió como sede del almacén nuclear que albergará los residuos radiactivos de todas las nucleares. La elección fue política, ya que Villar de Cañas era el cuarto clasificado en la lista que elaboró el Ministerio de Industria la pasada legislatura. El informe sí dejaba claro que cualquiera de los cuatro primeros (también estaban Zarra, Ascó y Yebra) era apto. Y el sí de la presidenta de Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, a que fuese a Cuenca despejó la selección. La Audiencia Nacional ha rechazado un primer recurso de Greenpeace a la tramitación del almacén aunque faltan más pleitos.
En el entorno no todos los Ayuntamientos están a favor. Es el caso de la socialista Angustias Alcázar, alcaldesa de Belmonte, a 26 kilómetros. Esta recuerda una entrevista el pasado 7 de febrero de miembros de 14 pueblos de la zona con representantes de Enresa, la empresa pública que gestiona los residuos radiactivos y que construirá el complejo. “Nos dijeron textualmente: ‘Esto no es la panacea ni la solución de los problemas económicos y sociales de una comarca”. Según Alcázar, Enresa “hablaba de 300 empleados durante la construcción, con picos de 500, y luego 150 empleados en la operación, si se incluye el centro tecnológico. Y será empleo cualificado, no del pueblo”.
Otro problema son los plazos: por mucha prisa que se dé el Gobierno, el proyecto lo debe autorizar el Consejo de Seguridad Nuclear y ha de seguir una tramitación ambiental y urbanística, con lo que dos años es fácil que se vayan en papeles. El municipio está preocupado por la llegada de especuladores. “Hay gente que viene para comprar a uno y vender dentro de unos años a 10. Y eso no es lo que queremos”.
Belda, el dueño del bar, tiene su opinión sobre lo que está ocurriendo: “Los dueños del terreno viven en Madrid. No les gusta venir al pueblo y que el tractor arranque a las seis porque hay trabajo”.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 18 FEB 2012
Foto: Pancartas en el Ayuntamiento de Villar de Cañas a favor de la instalación del almacén nuclear. / PEDRO ARMESTRE (AFP)
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LEVANTE/Alicante* : Tres años después de suspenderse el primer juicio y tras diecisiete de la supuesta ilegalidad urbanística, el exalcalde de la Vall de Laguar, Juan José Puchol, del PSPV, se sentará el lunes en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Alicante. Desde la primera vista frustrada, en marzo de 2009, algunas cosas han cambiado. Entonces Puchol todavía era alcalde. En junio de ese mismo año, una moción de censura, presentada por el PP y un tránsfuga de Esquerra Republicana, lo desalojó del cargo. La acusación a la que se enfrenta el exmunícipe sí que es la misma: la fiscalía pide ocho años de prisión y otros tantos de inhabilitación por un delito de falsedad y otro de falsificación de documento oficial. También reclama otros 12 años de inhabilitación por un tercer delito contra la ordenación del territorio. Puchol fue alcalde de la Vall de Laguar, un pueblo de 961 habitantes, durante 14 años. Siempre ha proclamado su inocencia y ha atribuido la denuncia a motivos políticos.
Tras la primera suspensión, que fue a petición de la acusación particular porque faltaba un documento urbanístico, el juicio se volvió a señalar para mayo de 2010. Pero tampoco se celebró entonces porque ese documento, que era una de las principales pruebas contra el exmunícipe, seguía sin aparecer.
El fiscal, en su escrito de acusación, señalaba que en octubre de 1995, Puchol, que hacía poco que había llegado a la alcaldía (entonces bajo las siglas de EU), envió a la Dirección General de Urbanismo una documentación en la que pedía cambios en el planeamiento urbanístico. Esa petición era en nombre de la corporación, pero las modificaciones urbanísticas no se habían aprobado en pleno. El ministerio público advertía de que se eliminaba un vial que pasaba por un terreno del propio Puchol y se grafiaba otro por encima de la vivienda, garaje y naves de Juan Lorenzo Puchol, "con quien (el entonces alcalde) tiene una enemistad manifiesta". El fiscal precisaba que para justificar esos cambios el munícipe envió un plano de una modificación de las Normas Subsidiarias que no se correspondía con la aprobada provisionalmente por el pleno. También indica la fiscalía que Puchol, "con absoluto desprecio" de la normativa urbanística, dio varias licencias, entre ellas una en la Casota que es una zona declarada BIC. Tambiénse acusa al exalcalde de dar "el visto bueno" a una certificación que redactó en 1998 el secretario municipal (también estaba imputado pero ha fallecido) en el que éste aseguraba no tener constancia de la aprobación definitiva de las normas subsidiarias, pese a que sí lo estaban desde 1992.
* Levante - 18.2.12
Foto: Vall de Laguar (Alicante) - todopueblos.com
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LAOPINIÓN* : Años y años de conflictos que se dirimen en los juzgados atascan la tramitación de los polígonos del parque ofimático y San Pedro de Visma, actuaciones destinadas a acoger miles de viviendas y que se enfrentan a la resolución de los litigios. Pese a que en Eirís han comenzado ya algunas obras de urbanización, está pendiente la solución al problema de los reversionistas, sobre el que acaba de presentarse un nuevo recurso, una situación que se repite en Visma, aunque contra el proyecto de compensación.
La última semana de enero, el Ayuntamiento demolió en Eirís seis viviendas en la zona en la que está prevista la construcción del parque ofimático, pero solo unos días más tarde la Xunta emplazaba a todas las partes interesadas en este proyecto para que compareciesen en el juzgado coruñés en el que se presentó un recurso contra el proceso de reversión de las fincas que componen este polígono a sus antiguos propietarios. Esta iniciativa judicial no es sino una nueva dificultad en la interminable tramitación de esta actuación urbanística, que fue aprobada por el Ayuntamiento en 1993, el mismo año en el que el Gobierno gallego ordenó la ocupación urgente de los terrenos. No es el único proyecto que se halla en esta situación, ya que el de San Pedro de Visma también acumula largos años de espera por el comienzo de sus obras.
El plan que debía permitir la instalación en Eirís de 500 empresas en un entorno marcado por el empleo de tecnologías avanzadas durmió el sueño de los justos durante años, hasta que las administraciones local y autonómica convinieron en transformarlo en un polígono residencial. Fue entonces cuando los expropiados se consideraron perjudicados, al entender que se había variado el objetivo de la expropiación y que por lo tanto tenían derecho a recuperar sus fincas. Tras años de litigios, la Justicia les dio finalmente la razón, precisamente cuando todo parecía listo para que comenzasen las obras.
Los promotores que habían adquirido suelo en la zona y las cooperativas de viviendas constituidas para levantar edificios en el ofimático se vieron afectados por esta resolución judicial. Los expropiados añadieron además que se les habían pagado unas cantidades inferiores a las que cabría recibir teniendo en cuenta el nuevo fin que se iba a dar a sus parcelas. El Diario Oficial de Galicia publicó ayer los justiprecios fijados por el Jurado de Expropiación para fincas que habían sido adquiridas en principio con fines industriales y que la Xunta valoró de nuevo tras la exigencia de su devolución. El organismo mantiene en 204 euros por metro cuadrado el precio medio del suelo en ese lugar, por lo que siete expropiados recibirán casi cuatro millones de euros por sus antiguas propiedades.
Pese a este conflicto, el Ayuntamiento comenzó en diciembre las obras de urbanización y el realojo de algunos de los vecinos que continúan en la zona, en algunos casos casi veinte años después de haber sido expropiados. También la Xunta aprobó ya el plan arqueológico para el polígono, sobre el que persiste la incógnita acerca del momento en que se iniciará la construcción de las ansiadas viviendas.
La ronda de Outeiro y la tercera ronda son las vías que delimitarán en el futuro el polígono de San Pedro de Visma, proyectado en los años noventa para albergar 2.900 viviendas libres y 1.100 protegidas pero que también está inmerso en litigios. El pasado mes de enero, la Junta de Gobierno Local desestimó 16 recursos de reposición interpuestos contra la aprobación definitiva del proyecto de compensación, pero esa decisión no pone fin al proceso, puesto que algunos de los afectados han optado por la vía contencioso administrativa, lo que retrasará aún más esta iniciativa.
Tanto en el ofimático como en Visma, los empresarios inmobiliarios no tienen una excesiva prisa en comenzar las obras de edificación, ya que la parálisis del mercado aconseja posponer esta clase de proyectos. Pero en el primero de estos polígonos, los cooperativistas se consideran gravemente perjudicados por el bloqueo de esta actuación, ya que se ven obligados a abonar los alquileres de sus residencias actuales al tiempo que financian el coste de sus futuras viviendas, cuya fecha de puesta en marcha todavía desconocen.
* La Opinión A Coruña - JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ - 17.2.12
Foto: Terrenos del futuro parque ofimático, junto a la avenida de Alfonso Molina. / eduardo vicente
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MARIO RODRÍGUEZ VARGAS /FRANCISCO SEGURA CASTRO* :
En los últimos días se ha hablado mucho sobre la Ley de Costas. Desde el movimiento ecologista queremos manifestar nuestro apoyo a una ley que, a la vista de la situación actual, debería ser reforzada y no rebajada. La Ley de Costas es la mejor garantía para salir de esta crisis económica sin sacrificar el delgado tramo de nuestro territorio que proporciona innumerables servicios naturales, como por ejemplo la defensa contra los temporales, y que nos proporciona un 10% del PIB.
Sin embargo, desde que comenzó a aplicarse, la ley se ha enfrentado a poderosos detractores: aquellos que solo ven en la franja costera una gran parcela a urbanizar, o aquellos que han sido víctimas de la desidia y arbitrariedad con la que muchos ayuntamientos, comunidades autónomas y las propias demarcaciones de costas han jugado a su antojo.
Con la entrada en vigor de la Ley de Costas, en 1988, se dio un paso muy importante en la conservación de los recursos naturales. La nueva ley establecía claros límites al proceso de desfiguración que desde la década de los 50 se había iniciado en la costa, haciendo patente el uso público de la costa para todos los ciudadanos. El servicio público del litoral aparece ya recogido en el artículo 132 de la Constitución española.
La Ley 22/1988 de Costas establecía un plazo de cinco años tras su entrada en vigor para completar el deslinde –la delimitación cartográfica- del Dominio Público Marítimo Terrestre. Sin embargo, transcurridos más de cuatro lustros, el proceso aún no se ha completado. Este dato es fundamental para entender por qué no se puede ahora poner en duda la ley, ya que supondría tirar por la borda el ingente trabajo de la Administración pública para delimitar más del 90% de los 8.000 kilómetros del litoral. Estos deslindes, además, están ratificados por sentencias firmes del Tribunal Supremo, órgano que ha confirmado la legalidad de la actuación de la Administración a lo largo de sus 24 años.
Además, la Ley de Costas, en sus disposiciones transitorias, salvaguarda los derechos de quienes contaban con derechos legítimos, dando el nada desdeñable plazo de 30 años prorrogables otros 30 para buscar otra ubicación al gran número de industrias altamente contaminantes que se asientan en la costa. No existe, pues, inseguridad jurídica o limitación desproporcionada sino, más bien, garantías y soluciones equilibradas aceptadas por el Constitucional.
La reforma que ahora se anuncia no es el primer intento de descafeinar la protección de la costa. En 2002 el Gobierno de Aznar introdujo varios cambios en la ley -escondidos en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales – que fomentaban la ocupación más completa del litoral, llegando a autorizar construcciones a tan solo 20 metros del mar y favoreciendo los planes urbanísticos de los ayuntamientos. Después, el Gobierno de Zapatero también modificó la norma a través de segundas como la Ley de Economía Sostenible. Y ahora, con el cambio de Gobierno, se anuncia una “profunda reforma”.
En lugar de perseguir a quienes se enriquecieron gracias a la corrupción y los desmanes urbanísticos, se deja entrever un escenario de continuidad que daría por bueno el beneficio privado y la búsqueda de soluciones a medida, dejando en segundo plano el provecho que nos reporta una costa al servicio de todos. El peligro con esta reforma es que se premie a quienes se guían por la especulación. Existen multitud de ejemplos, como el del famoso hotel ilegal de El Algarrobico, construido a menos de 20 metros de la costa.
Desde Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF consideramos que la aplicación de la Ley de Costas tiene que ser estricta, sin rebajas, eliminando las construcciones ilegales y compensando a aquellos propietarios víctimas de la mala gestión administrativa (estudiando caso por caso). La mejor política que se debe ejecutar es favorecer la conservación del entorno. Un estudio del propio Ministerio de Medio Ambiente considera que la costa española puede producir hasta 7.745 millones de euros anuales si se mantiene un estado de conservación favorable. Para mejorar nuestra competitividad económica, sobre todo la turística, no hace falta modificar la ley, hay que gestionar de forma integral todos los usos en el litoral.
El respeto a los procesos ecológicos no es un freno al progreso, es el camino para salir de la crisis. Además, no se lo pueden permitir ni dunas ni albuferas ni calas. Pero tampoco se lo pueden permitir ni la industria turística ni las pesquerías artesanales, y mucho menos los pueblos costeros y sus paseos marítimos, que ven peligrar la seguridad ciudadana por la previsible subida de nivel del mar y las inundaciones y avenidas debido al cambio climático. En España se han destruido en 20 años el equivalente a ocho campos de fútbol al día en la costa. Y la situación en insostenible. Con la vista puesta en el futuro de este país, la reforma de la Ley de Costas sería el peor de los mensajes porque ya hemos aprendido que el ladrillo no es la solución.
* Mario Rodríguez Vargas es director ejecutivo de Greenpeace. Francisco Segura Castro es coordinador de Ecologistas en Acción. Firman también este artículo las organizaciones Amigos de la Tierra, SEO/BirdLife y WWF.
* El País - Opinión - 18.2.12
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ELPAÍS* : Un juzgado de Barcelona ha condenado a penas de entre 19 meses y dos años de cárcel a tres propietarios de una finca por acoso inmobiliario. Alba Masferrer, María Luisa Luna y Joaquín Luna impidieron a Maria Gloria H. "disfrutar de la vivienda" que tenía alquilada en el número 2 de la calle de Milton, en el barrio de Gràcia. Los condenados eran conscientes de que la inquilina carecía de agua corriente en su domicilio y de luz eléctrica en la escalera de la finca (era la única vecina), y a pesar de ello, "nada hicieron para remediarlo", concluye la sentencia.
El titular del Juzgado de lo Penal número 28 de Barcelona considera que los propietarios no hostigaron a la inquilina, sino que su responsabilidad es por "omisión", ya que incumplieron sus obligaciones como propietarios. Los dueños no abonaron la factura de la luz de la escalera, por lo que la compañía cortó el suministro eléctrico en 2008. Además, pese a las constantes quejas de Maria Gloria H. sobre el agua corriente, ninguno de ellos solventó el problema, por lo que la mujer tuvo que vivir "en situaciones de precariedad extrema y falta de habilitabilidad", según el juez. Los acusados ya habían sido multados por el Ayuntamiento de Barcelona por el estado "ruinoso" de la finca.
Masferrer intentó, sin éxito, echar del piso a Maria Gloria H., cuyo alquiler había sido subrogado al de la madre. El juez no entra en si ese intento de desahucio fue "legítimo o abusivo", pero considera que la propietaria era consciente de los problemas en la vivienda. Los otros dos condenados por un delito de coacciones decidieron cambiar el sistema de pago en 2002: la inquilina ya no podía ingresar el alquiler por domiciliación bancaria, sino que tenía que hacerlo a través de giros postales. Después, ese sistema tampoco sirvió y la víctima tuvo que acreditar el abono mensual ante notario.
* El País - JESÚS GARCÍA Barcelona 16 FEB 2012
Foto: Barcelona, plaza Diamant - destinos
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PATRICIO HERMAN* : El Día de los Enamorados, la prensa nacional informó masivamente que Cencosud ha terminado la obra gruesa del rascacielos Costanera Center que tiene 300 metros de altura, importante noticia que ha producido la felicidad de muchos compatriotas.
Pues bien, conocedores del desarrollo de los hechos, después del comienzo de las faenas -marzo de 2006- de este megaproyecto inmobiliario de 700.000 m2, nos contactamos con el abogado Carlos Estévez, Seremi de Vivienda y Urbanismo, para representarle una serie de ilegalidades cometidas por la municipalidad de Providencia en el otorgamiento del permiso de edificación y la no exigencia del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y del Estudio de Impacto Sobre el Sistema de Transporte Urbano (EISTU), requeridos por ley antes que se iniciaran las obras y antes que se otorgara el permiso de edificación, respectivamente. Estos 2 permisos se obtuvieron extemporáneamente.
A mitad de camino detectamos otras irregularidades, como por ejemplo que el cálculo de la rasante para determinar la altura máxima de la torre en cuestión, estaba erróneo y que considerábamos impropio que las autoridades centrales hubieran clausurado el helipuerto del ex Hospital Militar, hoy Hospital Metropolitano, localizado en la calle Holanda adyacente a las torres no tan altas que enfrentan la calle Vitacura, para que no existiera el cono de seguridad que perturbaría este negocio inmobiliario del empresario Horst Paulmann.
Después de acuciosos análisis técnicos dicho Seremi convalidó nuestras denuncias, las que describió en ORD. Nº 1717 del 4 de mayo de 2009 enviado a Sergio Ventura, Director de Obras de la municipalidad de Providencia, manifestándole que, por mandato del artículo 15 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, se veía en la obligación de enviar todos los antecedentes a la Contraloría General de la República, solicitándole la instrucción de un sumario administrativo al interior de la Dirección de Obras.
Por casualidad supimos que el ente fiscalizador había sancionado a los tres funcionarios municipales que habían intervenido en la tramitación de los permisos sólo porque no se habían fusionado los distintos predios que originaron el terreno más grande de 4 hectáreas resultante.
Como no teníamos noticias acerca de las otras ilegalidades cometidas, el 24 de enero de 2012, conforme a la Ley Nº 20.285, de Transparencia, le solicitamos a Marisol Rojas, actual Seremi de Vivienda y Urbanismo, que nos diera a conocer la respuesta formal de la Contraloría a su servicio público sobre este deplorable episodio.
Vía ORD. 563 del 13 de febrero de 2012, doña Marisol nos dice olímpicamente que dicha Seremi no ha tenido respuesta desde el órgano contralor (sic), con lo cual se configura una situación en extremo inconcebible que merece ser tipificada como un nuevo récord Guiness para Chile.
Como estamos ante un nuevo hecho consumado y en razón a que el EISTU, entre otras cosas, contempla la ejecución de un túnel en el subsuelo de la Avenida Andrés Bello, inmediatamente al frente del Costanera Center, obra de infraestructura que facilitará los accesos vehiculares al estacionamiento subterráneo de este mega comercio, nos llama la atención que todavía no se llame a una licitación pública para entregar en concesión ese tramo del bien nacional de uso público aludido.
Recordemos que el DL 1939 de Octubre de 1977, que está en la esfera del ministerio de Bienes Nacionales, establece con suma claridad que este tipo de bienes públicos le pertenecen a la nación toda y como no quisiéramos creer que el Gobierno le regalará a Cencosud el tramo bajo tierra de esa vía troncal, es que le hacemos un llamado a quienes mandan en el aparato del Estado para que, a la brevedad, se llame a una licitación para concesionar ese espacio público a quien, en un proceso competitivo, ofrezca las mejores condiciones.
Estamos seguros que el ganador de la licitación pública será Costanera Center, ello por razones obvias, ya que la rentabilidad de su negocio está íntimamente asociada a las facilidades de accesos vehiculares que se les den a los futuros clientes y visitantes.
Tan pronto se inaugure el mall, dicen que será en abril próximo, y como el EISTU irresponsablemente postergó el túnel para la recepción final de todas las obras del complejo comercial, para evitar los tremendos colapsos viales que vendrán, lo más prudente será alejarse de esa zona denominada Sanhattan por los siúticos nuevos ricos que pululan por esos lados.
* Fuente: Cooperativa
* Piensa Chile - Opinión - 17.2.12
Foto:
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LAVERDAD/Alicante* : Ríos de tinta se han derramado a cuenta de lo sufrido que puede llegar a ser el papel. Esta cuestión queda demostrada en el hecho de que la construcción de una casa de madera sin permiso lo ha tipificado el Área de Urbanismo de Orihuela como constitutivo de una o varias infracciones de carácter «grave», de conformidad con la Ley 16/2005 de 30 de diciembre Urbanística Valenciana (LUV), sobre todo cuando se levantan en terrenos calificados como rústicos o no urbanizables.
Así ha ocurrido al menos durante los últimos cinco años en el municipio con todas las construcciones de madera o prefabricadas, salvo con una casa levantada en una parcela propiedad de la madre del exconcejal de Educación del Partido Popular, Antonio Ortiz, en la pedanía de San Bartolomé.
La infracción que presuntamente protagoniza esta vivienda, y que fue detectada hace ahora casi dos años por la brigada de disciplina urbanística del Consistorio orcelitano, solo fue calificada como «leve», según consta en las notificaciones emitidas desde el área que dirigió durante la pasada legislatura el también edil popular, Antonio Rodríguez Barberá, ahora en la oposición municipal al tripartito, a Ovidia Ruiz Bertomeu, que es la madre de su excompañero de grupo político y exconcejal de Educación, Antonio Ortiz; este hace solo unos meses que dejó la política para dedircarse plenamente a su trabajo como médico, siendo también decano de la Universidad de Murcia en su facultad y de su especialidad, la Odontoestomatología.
La cédula de notificación oficial a la que ha tenido acceso este periódido fue redactada el pasado 26 de mayo, apenas cuatro días después del que el PP no lograra revalidar su mayoría absoluta en las elecciones municipales el pasado 22 de mayo, y en el transcurso de las primeras negociaciones para formar el gobierno del tripartito, lo que no ocurrió hasta el 16 de julio, si bien el ecologista Monserrate Guillén tomó posesión de la Alcaldía oriolana el 11 de junio, o sea dos semanas depués del informe que contiene la hasta entonces inédita calificación de la infracción urbanística de Ruiz Bertomeu, y eso que en el momento de incoar el expediente de sanción urbanística aún no tenía, como ahora, la piscina que ya es visible desde las inmediaciones de la finca sancionada. En todo caso, se trata de una vivienda en planta baja de unos 70 metros cuadrados, levantada sobre un forjado sanitario de unos 100 metros cuadrados.
Los servicios de disciplina redactaron el primer documento oficial referido a la infracción allá por el mes de enero de 2010, si bien el expediente no recibió nuevas aportaciones hasta el mes de mayo de este mismo año. Dicha notificación fechada el último día del mes, admite también que en ese caso concreto «no se aprecia en principio la concurrencia de circunstancias atenuantes ni agravantes, la sanción se impondría en su grado medio», conforme a lo dispuesto en el artículo 241 de la L.U.V. Reconoce, además, este expediente como promotora a la madre del exconcejal, aunque admiten los funcionarios que desconocen «por el momento a la persona del constructor y la del director de las obras (art. 237 de la L.U.V.)».
El documento remitido por el Área de Urbanismo a la infractura especifica que la sanción oscilará entre el 2% y el 6% del valor del importe de la obra ejecutada, y no será inferior a 300 euros. De ahí que el informe, al recoger que no el caso recoge circunstancias antenuantes ni agravantes, la sanción se imponga a medio gas. Hay que aclarar que en el momento de la notificación se ordena la (inmediata) paralización de las obras, sin que estas llegaran a detenerse en nigún momento, dado que las fotos capturadas entonces por los funcionarios municipales nada tienen que ver con las obtenidas por este diario el pasado viernes a mediodía.
Sin embargo, desde el área de Urbanismo, ahora, sostienen que el terreno está calificado como 'No urbanizable, regadíos tradicionales 1.2', que el escalón justo inferior a la máxima protección. Esto significa que la sanción tendría que haber alcanzado entre el 25 y el 50% del valor presupuestado de las obras, o al menos el 37,5, por lo que nadie puede explicar ahora el alcance mínimo de la multa impuesta.
* La Verdad - 14.02.12 - JESÚS FERNÁNDEZ
Foto: Perspectiva del pasado viernes de la casa de madera en San Bartolomé, con la piscina al fondo, de la familia del exedil del PP. :: A. ARAGÓN
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ELCORREOGALLEGO/A Coruña* : Ocurre con todos los gobiernos municipales. Aquí no se libra ni el apuntador. BNG, PP, IF, PSOE, IU, PP... Siglas políticas con todas las letras del abecedario dejan a sus espaldas un reguero de obras interminables. Desde hace diez años, la ciudad naval vive un non-stop-show de las palas y el cemento. Desde que hay vida en este mundo, Urbanismo es el principal quebradero de cabeza de los gobiernos locales. Todo empezó con la plaza de España, sinónimo del faraonismo ferrolano. Y todo continúa con el reguero de baches en la carretera de Catabois.
Para esta ruta ferrolana, recomendamos una moto de crós.
La zona cero ya no se ubica ahora en la plaza de España. Porque ahora la noche y las hormigoneras se mueven en la zona de Catabois. Las obras de reforma de esta carretera y de la de Castilla, antiguas arterias de acceso a la ciudad, se iniciaron en tiempos del socialista Vicente Irisarri. A través de un convenio con la Xunta, en 2009 se acordó una inversión de cinco millones de euros para estos viales. Dos años y medio después, la carretera de Castilla se ha adaptado al siglo XXI. Pero Catabois tiene todas las características de un paisaje lunar. Abundan los baches, desniveles, taladros, obreros al mediodía y señalizaciones.
* El Correo Gallego - PATRICIA HERMIDA - 13.2.12
Foto: Obras - Kiko Delgado
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ELPAÍS/Alicante* : La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) “financió suelo muy por encima del precio de adquisición originario por el grupo promotor”, permitió a sociedades participadas “disposiciones de fondos sin conocer el objeto de la financiación” y apoyó “proyectos especulativos cuya viabilidad dependía de una actuación administrativa incierta”, constatan los técnicos de la Dirección General de Supervisión del Banco de España en el informe que soporta el expediente a una cincuentena de dirigentes de la entidad y miembros del consejo o de la comisión de control.
El texto es una denuncia del saqueo sistemático de la caja alicantina y de la cultura del pelotazo animada por la entidad. El expediente revela la ausencia de control de los riesgos asumidos y cómo una confianza ilimitada en el flujo de crédito fácil derivó en la intervención de la entidad en julio pasado con una inyección de 2.999 millones de euros de parte del Banco de España para evitar su colapso.
El detalle de los casos concretos que revelan ahora los técnicos del Banco de España resulta demoledor, en especial algunas operaciones ejecutadas a través de la sociedad instrumental Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que gestionó “inversiones directas” de la caja en 65 sociedades no cotizadas “vinculadas al sector inmobiliario y hostelero”.
Los inspectores detallan “las operaciones de financiación más singulares” desarrolladas por TIP, cuyo patrón se define por “permitir la realización del beneficio al socio sin iniciarse el proyecto” a través de la “adquisición del suelo al socio a un precio muy superior al pagado por éste”, en el caso de promotores inmobiliarios o mediante financiación de operaciones en condiciones “claramente beneficiosas para el socio”.
TIP se constituyó en junio de 2002, un año después de la llegada de Roberto López Abad a la dirección general de la caja alicantina, y se embarcó “en una decidida política de toma de participaciones accionariales minoritarias” en proyectos inmobiliarios para captar subrogaciones hipotecarias y “para participar en los potenciales beneficios del proceso de desarrollo urbanístico”. Seis años después, los inspectores advierten cómo “habida cuenta de la situación del sector inmobiliario se autoriza a TIP a elevar su participación en las sociedades hasta el 100% del capital, así como para adquirir activos inmobiliarios”. Y detallan: “El resultado para la caja de los proyectos emprendidos a través de TIP ha sido incurrir en unas pérdidas de 1.011 millones de euros”, más de un tercio de los fondos aportados por el Banco de España.
Los técnicos del Banco de España apuntan directamente a Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera como máximos responsables de varias “operaciones singulares” desarrolladas por Tenedora de Participaciones e Inversiones (TIP).
El primer caso que detalla el informe se refiere a una sociedad aragonesa, el grupo hotelero e inmobiliario Nyesa, que es propiedad de “los señores Garmendia Goicoechea y Bartibas Herrero”. TIP ya era socia del grupo Nyesa con una participación en la sociedad La Jaquita, propietaria del Hotel Palacio de Isora, en Tenerife. Según los técnicos del Banco de España, Nyesa Gestión compró un terreno en Biescas por 1,7 millones de euros el 7 de mayo de 2004. Cuatro meses después constituyó la sociedad Nyesa Pirineos, a la que vendió el mismo solar por 46,8 millones, 27 veces más, el 31 de diciembre. La venta se acuerda con “pago aplazado de todo el importe”.
La CAM concedió a Nyesa Pirineos un préstamo hipotecario de 32,7 millones de euros en mayo de 2005 y acabóa comprando el terreno en 2009 por 33,5 millones de euros, “el importe de la deuda”, más 5,3 millones de euros en concepto de IVA. Los técnicos explican que el beneficio final del grupo Nyesa fue de 31,4 millones de euros, “30 veces el importe invertido”.
La compra del terreno se cerró como parte de la “regularización completa” de las deudas de Nyesa en 2009, una serie de operaciones en la que el grupo aragonés recibe “2,4 millones de euros de liquidez sin justificación” y TIP compra nuevas participaciones en La Jaquita por 10 millones de euros cuando las acciones de la firma ya estaban “pignoradas por otras entidades y según información verbal del departamento de riesgos, 'no valían nada”.
La entrada de TIP en una sociedad para construir tres torres en Benidorm es la segunda operación singular que detallan los técnicos del Banco de España. La sociedad Emporio de Mediterráneo fue constituida en diciembre de 2004. TIP participa con un 30%; la constructora ECISA tiene un 40%, Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, un 20%; y Valenciana 89, el 10% restante. El origen del proyecto se debe al promotor Enrique Ballester, que compró tres fincas en Benidorm el 22 de enero de 2004 por 23 millones de euros. Ballester vende dos de las fincas por 42 millones a Emporio del Mediterráneo, recién constituida, en diciembre del mismo año. Ballester aporta 3,9 millones al capital de la sociedad.
En junio de 2011, la caja ya había inyectado 68 millones de euros para financiar el proyecto, aportar capital o a través de préstamos participativos. Dos de las torres se han terminado, aunque apenas se han vendido el 5% de las viviendas construidas. Pero Edificaciones Calpe se había retirado del proyecto en octubre de 2009 vendiendo su participación a TIP por un euro. Los inspectores del Banco de España apuntan: “El resultado final para Edificaciones Calpe ha sido un beneficio neto de 15,3 millones de euros. El socio obtiene un importante beneficio por un proyecto no acabado y la caja contabiliza pérdidas por 19 millones de euros”.
Las relaciones de TIP con el grupo Ballester son mucho más extensas. El informe señala que la inspección alertó a la CAM sobre la necesidad de constituir provisiones por 26 millones de euros por la financiación de diversas operaciones concedidas a sociedades participadas con Edificaciones Calpe. En 2011, los técnicos advierten que las pérdidas de las participadas de la caja con Edificaciones Calpe ascienden a “83 millones de euros para un riesgo vivo de 109 millones, sin incluir Emporio del Mediterráneo”. Y constatan: “El socio no ha recapitalizado ninguna sociedad, aún conociéndose que tiene suficiente capacidad financiera”.
Los técnicos señalan sin más detalles toda una serie de sociedades participadas por TIP “en las que cabría deducir la realización de operaciones similares, en la medida en que han sido los socios los que ha aportado o vendido suelo”. El informe menciona las sociedades Hueznar, Costa Marina Mediterráneo, Blauverd Mediterráneo, El Mirador del Delta, La Ermita Resort, Dimehabitat, Ros Casares Espacios, Inmobiliaria Ricam 2005 y Santomera Golf Resort.
Más oscura resulta la descripción de las relaciones de TIP con Mar Conforot, un grupo hotelero “perteneciente, a través de un complejo entramado de sociedades a los señores Ferri Guardiola y Baldo Llorens”. TIP participa en Valfensal con un 30% del capital. Los inspectores detectaron irregularidades en la financiación de Valfensal que solo aclaró parcialmente una auditoría de Deloitte que detalla la compra de un hotel en México. Una filial mexicana de Valfensal recibió un préstamo de 22 millones de dólares en marzo de 2005. La financiación se extendió hasta 59,3 millones de dólares dos meses después. Y se extiende en 2007 hasta 101 millones de dólares con carencia del principal hasta 2014 para acometer reformas, cuando “el soporte que justifica los gastos financiados por la CAM es una única hoja con el importe total desglosado por conceptos”.
Entretanto, Valfensal cedió a Seabreeze, una sociedad de los propietarios de Mar Confort, la gestión de los hoteles en virtud de un contrato que todavía desconocen los técnicos del Banco de España. Lo que sí saben es que “la revisión de los correos electrónicos entre responsables de la caja realizada por Deloitte, ha evidenciado que las operaciones de financiación al grupo Valfensal eran decididas y controladas por Roberto López Abad y Daniel Gil Mallebrera, respecto de las cuales no se realizó control alguno”.
“Una entidad de crédito no debería financiar operaciones cuyo éxito dependa de una incierta actuación administrativa y, mucho menos participar como socio”, indican los técnicos del Banco de España. Pero ese fue precisamente el caso de la sociedad Dreamview, en la que Enrique Ortiz poseía el 51% y TIP el 49% restante. Dremaview, una sociedad creada para gestionar suelo para usos comerciales, compró unos terrenos en Agua Amarga por valor de 8,9 millones de euros. La caja financió el 84% de la compra de 228.000 metros cuadrados de suelo clasificado como no urbanizable.
* El País - MIGUEL OLIVARES / ROSA BIOT Valencia / Alicante 12 FEB 2012
Foto: Los principales directivos de la CAM, en una asamblea de la entidad celebrada en marzo del pasado año en Alicante. / PEPE OLIVARES
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20MINUTOS* : La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Tres Cantos y Colmenar Viejo se enfrentan al pago de cerca de 60 millones de euros en concepto de una indemnización a propietarios de fincas en la zona tricantina de El Tagarral, a los que se les impidió construir en sus fincas por cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Colmenar de 1987, que a pesar de ser terrenos urbanizables, fueron calificados como no urbanizables de uso agrícola.
En concreto, el PGOU de Colmenar de 1987 acordó reclasificar unos terrenos, el llamado Plan Bodonal, colindantes con el actual Soto de Viñuelas de Tres Cantos. Dichos terrenos eran urbanizables, ya que de hecho en ellos se contemplaba la segunda y la tercera fase previstas en la zona, y pasaron a ser calificados como Suelo No Urbanizable de protección para usos agrícolas.
Ante ese cambio, los propietarios de estos terrenos se consideraron perjudicados e iniciaron un largo proceso legal que finalizó con la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 1992. Esta condenaba a la Comunidad de Madrid y a los dos Ayuntamientos (Colmenar y Tres Cantos) a indemnizar a los propietarios. Dicha cuantía quedó fijada por el Supremo en 2007 en 42,43 millones de euros más los intereses, que ahora se acerca a los 60 millones de euros, según ha confirmado el alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría.
Los dos ayuntamientos son responsables, ya que aunque el PGOU objeto de la polémica es el de Colmenar, los terrenos pertenecen en la actualidad a Tres Cantos, municipio que no existía entonces y cuyos terrenos formaban parte del término municipal colmenareño.
Ejecución forzosa de la sentencia
El TSJM ha comunicado a las administraciones la ejecución forzosa de la sentencia y ha apercibido que, de no ejecutarse voluntariamente, procederá al embargo de bienes patrimoniales del Ayuntamiento y a la imposición de sanciones, incluso con apertura de procesos penales, contra los "funcionarios responsables".
Ante esta situación, los ayuntamientos se enfrentan a tres opciones: pagar la sentencia entre las tres administraciones (descartada por su enorme cuantía); no hacer frente a la sentencia y que el juzgado proceda al embargo y a la apertura de un proceso en los tribunales contra los funcionarios y responsables políticos; o firmar un acuerdo entre las tres administraciones condenadas para satisfacer la demanda de los propietarios.
En definitiva, se trataría de devolver a los terrenos objeto de litigio la calificación que tenían con anterioridad al año 1987 (urbanizable), solución que menos perjudicaría a los ciudadanos y que garantizaría que los proyectos y desarrollos urbanísticos posteriores se realicen a plena satisfacción de los vecinos.
Cuatro años más de retraso
El alcalde de Colmenar Viejo, Miguel Ángel Santamaría, ha señalado en declaraciones que le gustaría decir que hay una solución, pero que "desgraciadamente no es así". Para Santamaría, "la mejor solución es recalificar ese suelo a urbano, que ahora es rústico". No obstante, ha puntualizado que está trabajando en "otras soluciones por si no se consigue ésta".
Por su parte, el concejal de Urbanismo de Tres Cantos, Jesús Moreno, ha querido dejar claro que "esta cantidad supone más de 1.000 euros para cada vecino", aunque ha señalado que se han mantenido distintas reuniones entre la Comunidad, los ayuntamientos y los propietarios de los terrenos "para llegar a un acuerdo" que pasa por devolver al suelo la calificación de urbanizable.
No obstante, esto no es fácil. El Ayuntamiento de Tres Cantos aprobará en el pleno "solicitar un estudio para ver las condiciones medioambientales" de la zona. Según Moreno, se tardará cuatro años en saber sus resultados pero decidirá si el suelo puede o no declarase como urbano, algo que pondría punto y final a este asunto. Mientras tanto, el concejal ha asegurado que "las tres administraciones trabajan juntas para buscar un acuerdo que evite tener que desembolsar esa cantidad".
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 16.02.2012
Foto: Carretera del Soto de Viñuelas, que desemboca en el paraje del Bodonal. (GOOGLE MAPS)
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20MINUTOS* : Varias dependencias del Ayuntamiento de Valencia se han quedado sin luz este miércoles al cortarse el suministro de energía eléctrica por impago, según ha denunciado el grupo municipal de Compromís y han confirmado fuentes de Iberdrola.
Las oficinas afectadas por el corte de luz son las de relaciones internacionales, en el primer piso del nº14 de la calle Arzobispo Mayoral, y las del Jurado Tributario, en el quinto piso del mismo inmueble, situado junto al edificio principal del Ayuntamiento.
El portavoz de Compromís, Joan Ribó, ha explicado que esas dependencias están sin suministro eléctrico desde las 14 horas del martes, "cuando el encargado de la empresa suministradora cortó el servicio, dejando sin medios de trabajo ni calefacción a todo el personal".
Ribó ha acudido personalmente esta mañana a las dependencias municipales sin suministro eléctrico y ha comprobado que en el primer piso no había luz y en el quinto piso los trabajadores estaban a oscuras y con abrigo y bufanda.
Iberdrola ha repuesto el servicio
Fuentes de Iberdrola han manifestado a primera hora de esta tarde que se ha llegado a un acuerdo de pago con el Ayuntamiento de Valencia y se ha dado orden de reposición inmediata del servicio, circunstancia que se ha producido pasadas las 13 horas.
El portavoz de Compromís ha anunciado que exigirá explicaciones a la alcaldesa, Rita Barberá, por este corte del suministro y le preguntará si es un caso puntual o es el comienzo de lo que va a suceder con el resto de servicios municipales.
El grupo municipal de Compromís quiere además que se facilite la relación de facturas pendientes de pago de todas las dependencias municipales.
Barberá: "Con ese dinero podría pagarse a los pequeños"
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha manifestado a los periodistas que le "extraña que la izquierda defienda a los poderosos. Yo he dicho que los que pueden esperar a cobrar son las eléctricas porque tienen capacidad de aguantar y con ese dinero podría pagarse a los pequeños y evitar que gente se fuera a la calle. Me extraña mucho que la izquierda tenga tanto interés en defender a los poderosos".
El primer teniente de alcalde, Alfonso Grau (PP), ha manifestado a los periodistas que el Ayuntamiento lleva varios meses negociando con Iberdrola, compañía a la que pagó siete millones de euros en noviembre y a la que ahora se adeudan seis millones de euros. Grau ha explicado que Iberdrola debe al Ayuntamiento desde hace dos años 2,5 millones de euros y que ambas partes estaban en negociaciones.
"Ellos tienen un protocolo de actuación y cuando pasa determinado tiempo cortan, y lo han hecho, pero como la negociación ha continuado, una de las condiciones que he puesto esta mañana ha sido reponer el servicio, y si no, no seguíamos hablando -ha añadido- Me han llamado para decir que se iba a reponer el servicio".
Grau ha asegurado que por parte de Iberdrola "no va a haber ningún problema en ningún otro momento" y que la compañía va a pagar los 2,5 millones de euros pendientes al Ayuntamiento por la tasa de utilización del subsuelo.
El Ayuntamiento devolverá esos 2,5 millones a Iberdrola como pago de la deuda pendiente y ha adquirido el compromiso de liquidar antes del 30 de abril "la diferencia restante", porque la tasa de utilización del subsuelo por Iberdrola supone cada tres meses medio millón de euros, "por lo que la deuda del Ayuntamiento con Iberdrola irá disminuyendo", según Grau.
"Me preocupa más pagar 20.000 -euros- a un autónomo que dos millones a una empresa grande, porque uno puede resistir y al otro lo hundo -ha añadido-. Lamento profundamente que quien dice defender los derechos de los más débiles -Compromís- vaya por ahí diciendo que a los más fuertes y más pueden se les pague antes".
* 20 Minutos - EFE - 15.2.12
Foto: Las alcaldesas de Valencia, Rita Barberá (izq), y de Alicante, Sonia Castedo. (KAI FÖRSTERLING / EFE)
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DIAGONAL* : Los grupos promotores de la Iniciativa Legisltativa Popular para la reforma de la Ley Hipotecaria ultiman los detalles para la recogida de al menos 500.000 firmas en nueve meses.
Esta semana salen de imprenta las 150.000 hojas de firmas que serán distribuidas por todo el territorio para reclamar diversas medidas que resuelvan la situación de los hogares hipotecados y promuevan el derecho a la vivienda . Después de tropezar el año pasado en el Congreso de los Diputados por trabas administrativas, la recogida de firmas a favor de la dación en pago, por una moratoria en los desahucios y por el alquiler social universal arrancará por fin a mediados de marzo, cuando la Junta Electoral Central haya puesto su sello en cada uno de los pliegos.
Adrià Alemany, de la Plataforma de Afectados Por la Hipoteca (PAH) de Barcelona, considera la campaña como un reto organizativo. “El nivel de sensibilización social sobre el problema es ya altísimo, el desafío es poner en marcha la estructura para que las firmas lleguen en condiciones”, resume.
Las seis organizaciones que promueven la campaña -además de la PAH, CC OO y UGT, la confederación catalana de Asociaciones de Vecinos y Vecinas, la Taula del Tercer Sector y el Observatori Desc, todas ellas en Catalunya- no consideran un gran problema recoger el medio millón de signaturas en un plazo de nueve meses, de ahí que se hayan puesto el objetivo todavía más alto de los tres millones de firmas. “Eso de momento”, precisa Alemany. “Aquí el objetivo es además movilizar al país”.
Los engranajes de la campaña
Para ello, las diferentes organizaciones cuentan con su presencia territorial y la puesta en marcha de un sistema que centralice la información. Sólo en la provincia de Barcelona, la PAH cuenta con 20 colectivos. La figura clave en este proceso a contrarreloj será la del fedatario, la persona que con su firma se responsabiliza de la autenticidad de los datos aportados ante la Junta Electoral Central. “Cuantas más personas colaboren como fedatarias, más se extenderá territorialmente la campaña”, recuerdan desde la PAH madrileña. Por este motivo, la plataforma está difundiendo el impreso necesario para poder cumplir este papel, que no es obligatorio para recoger firmas pero sí para validarlas. Tras una primera reunión, 70 personas se han prestado ya voluntarias en Madrid para esta tarea, “aunque quedan barrios sin cubrir, como Villa de Vallecas”, explica la PAH, que se ha marcado el 19 de febrero como fecha límite para enviar la documentación recogida al “cuartel general” barcelonés.
“En Barcelona capital nos hemos puesto el objetivo de 100 fedatarias”, dice Alemany, que define a esta figura como “representantes o personas de confianza dentro de cada barrio”. Aparte de los formalismos legales, el o la fedataria tendrá que supervisar de acuerdo con su grupo local la entrega de la información a su nodo de referencia. Una vez que se haya puesto en marcha la recogida de firmas, éstas se irán entregando de forma escalonada en la oficina del censo de la provincia correspondiente.
La traba de la nacionalidad
Las organizaciones que impulsan la campaña critican la traba de la inscripción en el censo electoral para poder firmar en favor de la ILP. Se trata de un requisito relevante, dada la participación en el movimiento de residentes extranjeros que no cuentan con la nacionalidad española. Para visibilizar este problema, la campaña pondrá en marcha a propuesta de la PAH una recogida de firmas paralela a la oficial donde puedan participar quienes residan en el Estado español y no figuren en el censo electoral.
* Diagonal - MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DE 2012
Foto: La campaña promueve, junto a la dación en pago y el alquiler social universal, un cambio legislativo para que se establezca una moratoria de desahucios. En la imagen, desalojo de un hogar hipotecado en febrero en el barrio madrileño de Lavapiés. Foto: David Fernández.
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ELPAÍS* : El Juzgado de Instrucción nº3 de Las Palmas de Gran Canaria ha citado en calidad de imputado al alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, del PP, por su presunta vinculación con el caso Canódromo, una trama de corrupción urbanística que se remonta a 2002, cuando Cardona era concejal de Urbanismo e impulsó convenios que ahora son objeto de investigación. Cardona declarará ante el juez el 14 de marzo, ocho días antes de que prescriban los hechos denunciados.
El Ayuntamiento vendió en 2002 tres parcelas no urbanas por 5, 5 millones de euros a la promotora de viviendas Urbacan , que pocos días después revendió los mismos terrenos por 14,5 millones de euros a la inmobiliaria Realia . La venta se produjo después de que uno de los suelos fuera declarado urbano. El intermediario de la operación, Eduardo Fernández Álvarez, y algunos trabajadores de Realia también han sido imputados.
En uno de estos solares, ubicado entre los barrios de Schamann y Escaleritas, el Ayuntamiento autorizó la edificación de dos torres de 15 plantas para albergar 120 viviendas, cuya construcción permanece hoy paralizada. Fue la asociación de vecinos Avecalta quien denunció la construcción de las dos torres precisamente en una de las zonas más masificadas de Canarias, que, previamente, estaba destinada a ser una zona verde.
Persecución “política”
Cardona compareció ayer para dar sus “explicaciones” de lo que considera una persecución “política”. Según el primer edil de Las Palmas, la versión de la denuncia “responde a un interés concreto que se aleja bastante de la realidad”.
La presidenta de Avecalta, María Ángeles Sánchez, manifestó su satisfacción y su asombro “porque todavía no se habían practicado las pruebas periciales solicitadas desde 2008”. Avecalta, en la denuncia, considera que puede haber delitos de “malversación de fondos y prevaricación”. En el auto de citación, sin embargo, no se revelan los delitos imputados al alcalde.
El juez de instrucción ha ordenado “la reapertura de las diligencias” al constatar que el Tribunal Supremo devolvió al Tribunal Superior de Justicia de Canarias el procedimiento administrativo por el que se decretó la nulidad del Plan Especial en el que se enmarca la construcción de las torres sin entrar “en el fondo del asunto”.
* El País - TXEMA SANTANA Las Palmas 15 FEB 2012
Foto: Las Palmas de Gran Canaria, ayuntamiento - flickr.com
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ELCONFIDENCIAL* : Hoteles, turismo de congresos y 18.000 empleos indirectos en quince años. Las predicciones que manejaba Juan García Salas, director de Aerocas, la empresa pública promotora del aeropuerto ‘fantasma’ de Castellón, se le han dado la vuelta en solo un año. Ningún avión y apenas una veintena de trabajadores en un aeródromo que, once meses después de su inauguración, sigue sin recibir ni un solo vuelo. Para rizar el rizo, ahora tiene que hacer nuevas obras para remodelar la pista por un error de cálculo: un coste que puede llegar a 80 millones porque los hipotéticos aviones no podrían maniobrar.
En abril de 2010, García Salas pintaba un escenario bien distinto al que protagoniza hoy, donde sigue sin tener fecha para que un avión vuele y le obligan a demoler parte de la pista porque no se construyó bien. Entonces, el director estimaba que, una vez puesto en funcionamiento el recinto aeroportuario, se generarían entre 7.000 y 18.000 puestos indirectos en menos de quince años, aunque era necesario el impulso de los empresarios y de las administraciones públicas.
García Salas había calculado que en un radio de 30 kilómetros alrededor del aeropuerto ‘fantasma’ existe suficiente capacidad de suelo industrial, “nada que envidiar a Valencia, Alicante o Albacete”. Pidió al Gobierno autonómico, entonces presidido por Francisco Camps, una “reflexión” sobre las autorizaciones de todas aquellas industrias referidas al clúster aeronáutico. Según su opinión, existía un “centralismo” en estas actividades que siempre tenían como destino Valencia o Alicante.
El responsable del aeródromo que hoy tiene que ampliar el espacio para que los aviones operen en un futuro también quería aprovechar las posibilidades de generación de riqueza del aeropuerto “y de la provincia”. Según el mismo estudio que publicó, Castellón genera 1.500 toneladas de mercancías al año que se transportan por aire y el aeropuerto tenía “sobrada capacidad” para gestionarlas desde su Terminal de carga.
A los empresarios locales: "Poneos las pilas"
García Salas pidió a la Generalitat que facilitase los trámites necesarios para construir infraestructuras hoteleras y de recreo turístico lo antes posible, “ya que un hotel se tarda dos años en hacer”. Para los empresarios locales, el director les instó a “que se pongan las pilas”, porque si no hacían ellos el trabajo, “otros vendrán”. Con esta inversión pretendía desestacionalizar el turismo y atraer el de congresos para aumentar su peso en el PIB provincial. “Todo será a partir de diciembre, cuando podremos acoger los primeros vuelos”.
Ningún presagio se ha cumplido. García Salas ni siquiera mantiene los 84.000 euros brutos que ganaba, más que el presidente del Gobierno. El consejo de administración celebrado en la cámara de Comercio de Castellón ha decidido que, a partir de ahora, cobrará 55.000 euros anuales. Las obras se realizarán con cargo al aval de cuatro millones de euros que puso la empresa concesionaria de las obras (Concesiones Aeroportuarias) cuando le fue adjudicada la construcción del aeropuerto y con la que ahora la Generalitat mantiene una pugna al haber rescindido el contrato. García Salas ya ni siquiera es capaz de predecir cuándo Castellón tendrá aviones. Las últimas estimaciones fueron abril o mayo de este año.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 15.2.12
Foto: Castellón, cachondeo aeropuerto de Fabra - publico
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MADRIDIARIO* : El convenio de la 'operación Campamento' entre Defensa, Vivienda y el Ayuntamiento amenaza con provocar un enorme agujero en las cuentas municipales. Tres años después de la firma donde se contemplaba la construcción de un macrotúnel bajo la carretera de Extremadura, el Consistorio se arriesga a asumir un sobrecoste de casi 400 millones en la infraestructura, ya que el convenio blindó las cantidades que tenía que aportar el Ejército.
Los ministerios de Defensa y de Vivienda y el Ayuntamiento de Madrid firmaron el 25 de enero de 2005 un protocolo para establecer el marco de referencia en el que se iba a desarrollar la primera fase del proyecto de la Operación Campamento, integrada por dos ámbitos urbanísticos: las instalaciones militares de Campamento (APR 10.02) y el remate suroeste de Campamento (UNP 04.07).
Este acuerdo inicial planteaba, aparte de la disposición de ambos ámbitos, la construcción de varias infraestructuras externas que se consideraban imprescindibles para solucionar el problema de tráfico de la zona. Entre ellas, se planteaba la construcción de dos túneles, uno bajo la actual A-5 y otro, como variante de la vía anterior, bajo el parque Cuña Latina- Sepúlveda, que, en total, sumaban 8 kilómetros de subterráneos. También se preveía la construcción de un intercambiador de transportes y un aparcamiento disuasorio. En este documento, el Ayuntamiento fijó como coste de estas insfraestructuras la cantidad de 617 millones, 585 de los túneles y 32 del intercambiador y el aparcamiento, que habían de pagarse a medias entre Defensa y el Ayuntamiento. El proyecto fue bendecido por la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid el 8 de noviembre de 2006, mediante la aprobación inicial del plan parcial de reforma interior de este ámbito.
Sin embargo, posteriormente, el Ayuntamiento reconsideró el asunto. El intercambiador y el aparcamiento se mantuvieron pero los servicios de planeamiento urbanístico cambiaron el proyecto de túnel. De dos tramos, de 8 kilómetros de trazado, se pasó a uno de 2,6 kilómetros, que ha de discurrir desde el actual túnel de la avenida de Portugal hasta la carretera M-511 a Boadilla, ycon un tramo de transición en superficie de 640 metros hasta la avenida de los Poblados para entroncar con la futura Castellana del sur. Fuentes de Defensa explicaron a Madridiario que los técnicos municipales plantearon en ese momento que la actualización del coste de la obra hacía que el precio del nuevo túnel fuese mucho más caro que el de los dos inicialmente previstos. Por eso, el Ayuntamiento propuso al Ministerio de Defensa aumentar su aportación, a lo que el departamento que dirigía Carme Chacón se negó.
Por ello, el convenio urbanístico que se firmó el 4 de mayo de 2009, en el que recogía la modificación de infraestructuras, mantuvo los mismos costes y repartos ya acordados. El documento, firmado por las ministras de Defensa, Carme Chacón; Vivienda, Beatriz Corredor, y el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, al que ha tenido acceso Madridiario, deja claro que Defensa pagará la mitad del coste de la financiación de las infraestructuras pero se blinda ante futuras sorpresas de última hora. El Ejército, según el documento, solo asumirá el pago máximo de 308,5 millones de euros, independientemente de que el coste de las infraestructuras supere, como ya ha ocurrido, la estimación inicial de 617 millones de euros. Además, solo abonará las cantidades acordadas conforme se produzcan las certificaciones de obra del proyecto ejecutado, lo que obliga al Ayuntamiento a acometer la obra y luego pedirle a Defensa su parte.
Unos días antes de la firma de este convenio, la entonces delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, defendió en el Pleno del 17 de abril de 2009 la negociación que había mantenido el Ayuntamiento de Madrid con Defensa. Argumentó que el Gobierno de la ciudad había sido responsable con los vecinos del suroeste para solucionar sus problemas de movilidad y matizó que esta postura era distinta a la de los socialistas de Alcorcón que habían planificado desarrollos en el norte de su municipio sin plantear infraestructuras que solventasen el tráfico. La tramitación continuó y el asunto quedó 'dormido' hasta que el 24 de octubre de 2011, la entidad estatal de suelo Sepes adquirió el 51 por ciento del terreno de las instalaciones militares de Campamento, lo que supone alrededor de un millón de metros cuadrados.
Sobrecostes y contraprestaciones
Fue entonces cuando el reloj comenzó a correr en contra del Ayuntamiento. La tramitación del desarrollo urbanístico obliga al Ayuntamiento a ir haciendo acopio de fondos para acometer el túnel que tanto necesita la zona y que tanto Gallardón como Pilar Martínez se comprometieron a realizar lo antes posible. El problema es que, según plantearon a este periódico digital fuentes técnicas cercanas al proyecto, el precio de la obra se ha disparado y sigue en aumento a medida que pasa el tiempo, con el agravante de que todo el sobrecoste que se produzca soble los 617 millones iniciales recaerá sobre las arcas del Consistorio. Dichas fuentes calculan que, actualmente, la factura podría rondar los mil millones de euros.
Fuentes del Área de Urbanismo informaron a Madridiario que el Ayuntamiento está a la espera de la presentación del proyecto de urbanización del terreno por parte de Sepes, que se producirá en las próximas semanas, y de la reparcelación de este ámbito. Hasta entonces, aseguran, no pueden hacer cálculos sobre el coste de las infraestructuras ya que, a pesar del convenio existente, dicen no conocer las cargas urbanísticas del proyecto. Cuando las conozcan, añaden, impondrán contraprestaciones a Sepes con las que financiar su parte correspondiente de las infraestructuras. Desde la entidad estatal de suelo Sepes responden que la empresa pública tan solo está obligada a asumir la parte equivalente a su propiedad en el pago de los proyectos previstos, tal y como acordó con Defensa en el contrato de compra de suelo. Eso representa entre 78 y 80 millones de euros, que se contabilizarán como parte de los 308,5 millones que el Ministerio debe aportar. También aseguran que cederán al municipio la cantidad de suelo que prevé la ley.
* Madridiario - 16-02-2012 - Enrique Villalba
Foto: Madrid, instalaciones Campamento - madridiario
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ELPAÍS/Vigo* : Caixanova dejó a Novagalicia Banco una herencia en Salvaterra de Miño de un millar de viviendas empantanadas, varios centenares a medio construir. Como el polígono industrial —la Plisan o puerto seco de Vigo— que dio alas al negocio inmobiliario. El abandono sine diedel polígono condena el posible mercado de las viviendas. El paquete figura con la más alta morosidad en el capítulo de 3.010 millones que registra el banco[CIFRA]. Hegemónica en un municipio de menos de 9.500 habitantes, la caja captaba los activos del suelo y financiaba a las promotoras y a los particulares que compraban sus pisos. Desde la dirección de Vigo, según su delegado en Salvaterra, se estimuló la política que abrió el agujero.
En tres ejercicios de la década, en plena euforia del ladrillo, la oficina de Salvaterra se erigió como la más activa de la caja. En 2005, con 750 edificios y viviendas de nueva planta autorizados en el municipio, marcó su apogeo. Fueron cuatro o cinco años de entusiasmo, que Julio Celada Rodríguez, director de la sucursal, gestionó con diligencia, hasta estallar el caso Josiño, en el verano de 2008.
En la instrucción de esta causa, por la que ya han pasado cuatro jueces interinos en Ponteareas, Celada declaró para explicar una dudosa póliza de crédito para un edificio en construcción “que había órdenes de la Caixa para que se le facilitase este tipo de operaciones, dado el buen momento que vivía el sector inmobiliario”, por lo que fue autorizada por “el comité” que formaban él y el interventor. Más adelante insiste en “que toda operación financiera a una promotora tenía que llegar a la alta dirección de la caja, asesoría jurídica, subdirector general de la caja [entonces José Luis Pego], etcétera, que había numerosos filtros" que le eximían de responsabilidades.
La pauta consistía, según su testimonio, en que Caixanova aportaba el 100% del coste de construcción de un edificio a promotoras que aportaban “una cantidad de dinero importante para la compra del solar”. “Había promotoras que aplazaban el 20% [la aportación inicial] durante los dos años que llevaba la construcción del edificio”, precisó Celada. Él se encargaba, declaró, del doble negocio financiero derivado de la compraventa de solares: captación de la hipoteca del promotor por un lado y de los recursos del cliente que vendía el solar por el otro. Ignoraba, dijo, si la oficina también asesoraba la compra de pisos.
Pero esta era otra medida común para evitar riesgos. Para dotarse de garantías en los préstamos a la construcción, la caja requería a las promotoras otras de que los pisos tendrían salida, con lo que las incitaba a obtener compromisos de compra con anticipos que, redondeando el negocio, abrían en la caja nuevas cuentas en las que luego se cargaba el crédito hipotecario de la compra definitiva. Así batía marcas de actividad, con traslado a salarios por objetivos, aunque esta dinámica tenía sus riesgos.
En 2005 una promotora catalana, Abrera Real Estate, proyectó con otra local, Miñosol, una promoción de más de 90 viviendas. Ya habían conseguido más de 40 compromisos de compra —con anticipos de 6.000 euros— cuando los directivos de Abrera fueron detenidos por narcotráfico y blanqueo, lo que determinó a Caixanova a denegar el préstamo. Tuvieron que devolver a los catalanes un anticipo de un millón de euros y a los potenciales compradores de pisos, sus anticipos y trámites.
El episodio encendió las luces rojas del sistema, pero no lo paró. Tres años después, una situación análoga, pero sin marcha atrás, llevó a José Manuel González Grandal, Josiño, a la cárcel por estafa, básicamente, por venta de pisos inexistentes.
La instrucción de las diligencias previas de este caso ha pasado ya por cuatro titulares interinos de un juzgado Ponteareas. De las mismas se deriva que un reducido grupo de personas monopolizó con distintas marcas inmobiliarias las primeras y jugosas transaciones de suelo para edificar en Salvaterra. Una de las empresas beneficiadas, Promocons Visalmi, era en 2009 “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova en estos momentos”, según declaró Celada en el juzgado. Josiño llegó a facturarle, desde una de las empresas que utilizaba, 100.000 euros por una sola operación. En 2011, después de extrañas maniobras que se cuentan más abajo, Visalmi desapareció, como Proinnovación Galicia, que había montado Pablo González, “el mejor amigo” de Celada y socio a su vez de Josiño en Gestihogar, otra de sus firmas instrumentales.
Promocons Visalmi, que en 2009 era “de las promotoras más solventes que tiene Caixanova”, según Julio Celada, entró ese mismo año en números rojos. La empresa inició su actividad en 2004 con un capital de 96.000 euros. En 2010, tras cambiar de propietario y de órganos de administración, “un grupo inversor”, VM Inversiones, informó de su compra por cuatro millones de euros. El objetivo de VM era reactivar un crédito promotor de 3,7 millones que Visalmi había obtenido de Caixanova para reconvertir a hotel la estructura de uno de sus edificios en Salvaterra, donde tenía acabados al menos otros dos.
El proyecto de hotel fue bloqueado por Novacaixagalicia, según María Cristina de Andrés, directora general de VM Inversiones y apoderada, antes, de Visalmi. De Andrés acusó a Visalmi de haber obtenido el préstamo de 3,7 millones mediante una tasación falsa de Tinsa, que engordó la valoración del edificio con referentes que correspondían a otros, y de haber consumido 1,2 millones del mismo de forma fraudulenta, sin las preceptivas certificaciones de obra, que tampoco la caja requirió para efectuar los sucesivos libramientos.
Desinflado el proyecto de hotel, VM Inversiones, que ocupaba las oficinas de Visalmi en Salvaterra, desapareció. Ahora hay ahí otro negocio y en los teléfonos de VM enseguida salta el contestador automático: “no está disponible en estos momentos”, ni nunca.
González Grandal, Josiño, trabajó asiduamente para esa promotora, en la que tuvo como interlocutor principal a Pablo Comesaña, administrador de la misma y, antes, concejal de Urbanismo en el gobierno de Manuel Pérez (PP) en Vigo. Visalmi negó primero toda relación con Josiño y admitió después que trabajaba a comisión para ella. Está personada en la causa como perjudicada por la estafa.
El volumen del fraude por venta de pisos inexistentes se cifró al principio en unos tres millones de euros y en un centenar los afectados. Algunos han desistido, sorprendentemente, de sus denuncias. Ahora se cifran en unos 40 y el volumen real de la estafa sigue siendo una incógnita, con un procedimiento que solo de vez en cuando parece salir a trompicones de su letargo.
Están imputados el propio Josiño y un carpintero, José Carlos Barros Romero, que primero se dieron a la fuga, fueron detenidos y cumplieron dos años de prisión por un delito que, según afirman, tuvo otros protagonistas destacados. “Yo solo era un comercial”, se defiende Josiño, “no hubiera podido hacerlo solo”.
Amigos ante la tarta de la promoción
Julio Celada llegó en 2000 a la dirección de la oficina de Caixanova en Salvaterra. Trabó amistad con José Manuel González Grandal, Josiño, sobrino del alcalde, Arturo Grandal, lo que le abrió puertas y confianzas en el vecindario cuando acudía a ofertar la compra de una parcela o la venta de un piso como inversión. Josiño empezó como comisionista de Miñosol, con oficinas enfrente de las de Caixanova, pero luego, ante la fluidez del negocio, montó Gestihogar con Pablo González, a quien Celada reconoce como “su mejor amigo” y que a su vez administró otra fructífera marca, Proinnovación Galicia, con los mismos fines. También Josiño se camufló en otras dos firmas registradas a nombre de su (ex) mujer venezolana.
Celada hizo "algún negocio" con Josiño (“consistía en adquirir la vivienda en construcción para después venderla”, declaró ) y le tramitó préstamos hipotecarios que, cuando fue detenido, en 2008, sumaban una deuda de unos 300.000 euros. Nada los respaldaba y nadie volvió a pasar a Josiño, para su sorpresa, ningún recibo al cobro.
Tras destaparse la venta fraudulenta de pisos, Celada fue trasladado a Porriño y luego a Carril. En noviembre pasado Novagalicia Banco le comunicó un “despido ordinario”, según fuentes de la entidad, por los indicios de sus vinculaciones con Josiño, por haber tramitado créditos sin la documentación adecuada y por el resultado actual de sus operaciones, con las tasas más altas de morosidad del banco. Celada lo desmiente: “Me acogí a un ERE y salí con todas las bendiciones en un certificado que elogia mi gestión”, asegura. Aún en octubre, el juzgado le reclamó por exhorto una prueba caligráfica para determinar el alcance de sus negocios con Josiño.
* El País - PRIMITIVO CARBAJO Vigo 10 FEB 2012
Foto: Anuncio de promoción de pisos en Salvaterra / LALO R. VILLAR
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AMBIENTUM* : La degradación del suelo constituye un fenómeno preocupante en la UE. Entre 1990 y 2006, al menos 275 hectáreas de suelo por día se han perdido definitivamente debido al sellado del suelo. España destaca como el país que más suelo perdió en ese período.
La erosión del suelo por el agua afecta a 1,3 millones de km² en Europa, una superficie equivalente a 2,5 veces el tamaño de Francia. La degradación del suelo afecta a nuestra capacidad para producir alimentos, prevenir las sequías y las inundaciones, atajar la pérdida de la biodiversidad y luchar contra el cambio climático. Estas son algunas de las principales conclusiones de dos nuevos informes sobre los aspectos políticos y científicos del suelo en Europa que ha presentado la Comisión Europea.
Janez Potočnik, Comisario de Medio Ambiente, ha declarado lo siguiente: “Estos informes ponen de manifiesto la importancia de preservar los suelos europeos si queremos salvaguardar los suministros de alimentos de calidad y de aguas subterráneas limpias, mantener sanos los espacios de ocio y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos utilizar los recursos de nuestros suelos de forma más sostenible. La mejor manera de conseguirlo sería mediante un planteamiento común en toda la UE. La Comisión ha puesto sobre la mesa propuestas legislativas y espero que nuestros nuevos informes ayuden al Consejo y el Parlamento Europeo a ir adoptando medidas”.
Los informes hacen hincapié en la necesidad de medidas para prevenir el deterioro en curso de los suelos europeos. La erosión, el sellado del suelo y la acidificación han aumentado en la última década y resulta probable que la tendencia se mantenga a menos que se aborden problemas como el aumento del uso del suelo, el uso ineficiente de los recursos naturales y la preservación de la materia orgánica en el suelo. Según el informe sobre políticas, cinco años después de la adopción de una estrategia temática en materia de suelos, no existe todavía ningún control sistemático ni protección de la calidad del suelo en toda Europa, lo que significa que las actuaciones actuales no son suficientes para garantizar un nivel adecuado de protección de todos los suelos europeos.
En preparación de medidas a escala de la UE, la Comisión ha trabajado en apoyo de iniciativas de concienciación en materia de suelo y de proyectos de investigación y control tales como LUCAS, una encuesta sobre ocupación y uso del suelo e indicadores agroambientales gestionada por Eurostat. La Comisión también ha seguido integrando el objetivo de la protección del suelo en las demás políticas de la UE, incluidas las de agricultura y desarrollo rural. Alrededor de 3.100 millones de euros se han asignado a la rehabilitación de zonas industriales y terrenos contaminados como parte de la política de cohesión para el período 2007-2013. Hungría, Chequia y Alemania son los países que han asignado más fondos (475 millones de euros, 371 millones de euros y 332 millones de euros, respectivamente).
Además de las medidas en curso destinadas a atajar la degradación del suelo, la Comisión tiene la intención de apoyar la investigación y el seguimiento de los suelos, ultimar unas directrices sobre el sellado del suelo y seguir integrando las consideraciones sobre el suelo en la próxima revisión de la Directiva de evaluación del impacto ambiental. La Comisión también propondrá que se contabilicen las emisiones por el uso de la tierra, el cambio de uso de la tierra y la silvicultura (UTCUTS) dentro del compromiso de la UE en materia de cambio climático para 2020 y trabajará internacionalmente para fomentar las iniciativas relacionadas con el suelo.
El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea ha publicado un informe científico sobre el estado del suelo en Europa, en colaboración con la Agencia Europea de Medio Ambiente, el cual ofrece una panorámica completa de nuestro conocimiento actual de los recursos del suelo y los procesos de degradación. El informe concluye que la continuación de la investigación y una mejor recopilación de datos son necesarias para ampliar nuestros conocimientos y concienciar mejor a la opinión pública sobre la importancia del suelo.
Situación de España
España es el país de la Unión Europea donde más aumentó la erosión del suelo por efecto del urbanismo entre los años 2000 y 2006, según se desprende del informe.
Entre los años 2000 y 2006, la pérdida de tierras por este efecto urbanizador aumentó de media en la UE un 3%, frente al 15% en el caso de España, por delante de Chipre e Irlanda (14% cada uno de aumento), lo que sitúa a España entre los países que más tierras pierden por este motivo, según denuncia el informe.
El informe denuncia el impacto negativo de esta práctica porque conllevan la erosión de capas de terreno que a su vez llevan a la pérdida de funciones importantes de la tierra como la producción agrícola, el almacenamiento de agua y la regulación de la temperatura.
* Ambientum - 14.2.12
Foto: Entre 2000 y 2006, la pérdida de tierras aumentó un quince por ciento en España./@stock.xchng
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LAVERDAD/Murcia* : La Serena ya no tiene ni agua, ni luz, ni vecinos. Éstos últimos, unas 20 familias en total, han huido ya a instalarse en casas de familiares y amigos, a la espera de que les repongan los servicios de suministro de electricidad y agua potable que les cortaron hace varias semanas. «No aguantábamos más allí, con los niños, así que nos acabamos de mudar a casa de mi suegra», comenta Toni, uno de los propietarios de la urbanización, que se ve aún más despoblada que antes, cuando aún vivían los únicos 25 dueños de viviendas, de las 175 construidas en este paraje cerca del Mar Menor donde el Grupo Vemusa construyó un hotel de cuatro estrellas, un aparthotel, un campo de golf y la zona residencial.
«He perdido a los inquilinos de mi casa a causa de los cortes de agua y luz», explica otro de los propietarios, Juan Rodríguez, quien además critica que «se ha hecho sin previo aviso». Rodríguez sabe que el origen del problema está en que «cuando nos vendieron las casas hace tres años no tenían cédulas de habitabilidad, pero nos dijeron que no era más que un trámite burocrático y que era cuestión de tiempo, que mientras tendríamos luz y agua de obra». Hasta ahora.
El propietario lamenta que «el Ayuntamiento dice que no nos puede dar las cédulas porque el promotor se excedió en la edificabilidad, pero si las viviendas son válidas para cobrarnos el IBI, por qué no lo son para darnos las cédulas», se pregunta. «Por qué dejaron que termine la obra», destaca el afectado.
Según el concejal de Urbanismo, José María Cano, «a los propietarios los han engañado, pero no deberían haberse metido nunca en unas casas sin cédula de habitabilidad». El problema está en que «estamos en juicio con la promotora porque se han excedido en 4.000 metros cuadrados de más en la construcción de las 175 viviendas repartidas en los 15 bloques, más otros 3.000 metros cuadrados de más en la edificación del hotel y de los aparthoteles», precisa Cano.
Planean construir más
El edil defiende que «tenemos dos informes de dos técnicos distintos que coinciden en que hay metros de más, mientras que la promotora, Lomas de Pozuelo, dice que tiene un informe de un arquitecto externo que les da la razón». «Hemos intentado llegar a un acuerdo, pero no está dispuestos», señala Cano. El concejal de Urbanismo explica que la supuesta infracción urbanística que le atribuyen a la promotora en la zona residencial «ha prescrito, pues el final de la obra está fechado en noviembre de 2007, pero la que no ha prescrito es la del hotel y los apartahoteles». Cano indica que «aún así, el juez puede volver a reabrir la causa, y con la prescripción lo único que se aseguran es que las viviendas no se tiren». El Ayuntamiento denunció a la promotora en 2009, a raíz de una denuncia del PP, según afirma el concejal.
Para solucionar la situación de los vecinos, a la espera de lo que determine el juez, Cano espera el dictamen de un informe jurídico que le permita «entregarles unas cédulas de habitabilidad en los que se haga constar la infracción urbanística, pero que les permita solicitar los contratos de suministro de luz y agua». La misma promotora cuenta aún con terrenos colindantes en los que tiene proyectado construir en el futuro otras 384 viviendas.
* La Verdad - ALEXIA SALAS - 15.2.12
Foto: Estado de una de las calles de la urbanización La Serena. :: A. SALAS
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DIARIODESEVILLA* : Un certificado fechado y sellado en 1997 por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla atribuye al antiguo puente de Hierro el máximo nivel de protección. El puente de Alfonso XIII, construido con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929 y desmantelado de su emplazamiento original en 1992, tiene un "nivel de protección A". Recientemente, el Consistorio desestimó las alegaciones promovidas por tres colectivos conservacionistas para que la modificación puntual del plan especial de protección del subsector 27.3 del Conjunto Histórico, relativo a la zona portuaria, mantuviera "la protección integral" del puente y resolviese su colocación definitiva.
Este documento, recogido por Europa Press, está fechado el 9 de abril de 1997 y cuenta con la firma del entonces gerente de Urbanismo, Eduardo Martínez Zúñiga, y de Isidro Nicolás y Fernández-Pacheco, entonces secretario de la Gerencia de Urbanismo. Es un certificado que da cuenta de otro informe anterior donde la Sección Técnica de Licencias Urbanísticas, a través del arquitecto Francisco Javier Huesa Laza, determina que el puente basculante "tiene nivel de protección A".
La Asociación para la Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), Ecologistas en Acción y la asociación Planuente habían formulado alegaciones al documento de aprobación inicial de la modificación puntual del plan especial de protección del subsector 27.3 del Conjunto Histórico de Sevilla, correspondiente al Puerto. Critican que el documento "omite totalmente" el antiguo puente de Alfonso XIII, inaugurado por el monarca al que honra el 6 de abril de 1926 en el contexto de la Exposición Iberoamericana celebrada en Sevilla tres años más tarde. El puente fue sustituido en 1992 por el de las Delicias y actualmente está depositado en instalaciones de la Autoridad Portuaria.
* Diario de Sevilla - 15.2.12
Foto: El Puente de Hierro está almacenado en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Sevilla.- diariodesevilla
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LEVANTE* : Un informe elaborado por la Comisión Europea desvela que España y la franja costera Mediterránea (incluido el litoral de Castelló) es el punto geográfico de la Unión Europea donde más se incrementó la erosión de suelo motivada por un urbanismo poco sostenible entre los años 2000 y 2006.
Las cifras reflejadas en el informe indican que, en dicho periodo, la pérdida o la degradación de suelo debido a la acción urbanística en el conjunto de la Unión Europea se incrementó en un 3%. Este porcentaje se dispara en Chipre e Irlanda hasta el 14%; y llega hasta el 15% en España.
Estos son los datos que difundió ayer la Comisión de Medio Ambiente de la Unión Europea después de dar traslado del informe "The implementation of the Soil Thematic Strategy and ongoing activities" al Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones.
Al hilo de la aparición de este documento, el Grupo para el Estudio y la Conservación de los Espacios Naturales (Gecen) denunció que la provincia de Castelló "es uno de los ejemplos de desarrollo urbanístico insostenible que arrasa los ecosistemas que actúan de barrera natural frente a la erosión costera".
La opinión de Gecen es compartida por Greenpeace, que ha advertido en varios informes que que, según datos del propio Ministerio de Medio Ambiente, determinados puntos de la costa castellonense están experimentando una regresión acelerada a razón de hasta un metro de arena por año.
Greenpeace localiza los casos más graves en playas como Almenara, Alcalà de Xivert, Benicarló o Peñíscola. Uno de los casos más paradigmáticos es el Prat de Cabanes-Torreblanca, que en ciertos puntos como la playa de Carabineros ha perdido hasta 35 metros desde 1950.
En opinión de los colectivos ecologistas y de los propios científicos de la Unión Europea, la principal causa es la acción del ser humano y no el calentamiento global o el aumento de nivel de los mares.
El problema no sólo es la pérdida de superficie de costa, sino también la expansión de terrenos estériles que, a juicio del informe de la Comisión, acelerarán el proceso de desertificación si no se adoptan medidas para recuperar los ecosistemas y no dejar la tierra yerma a merced de las lluvias torrenciales que arrastran y desertizan a su paso lo que antes eran espacios con poblada vegetación.
* Levante - NACHO MARTÍN - 15.1.12
Foto: Peñíscola (Castellón), vista aérea - levante.emv.com
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