Operación Bernabeu: Ingeniería especulativa en Concha Espina

MADRILONIA* : Madrileños y madrileñas, asistimos una vez más, como viene siendo habitual en los últimos años, a un nuevo pelotazo del Real Madrid con el permiso y la colaboración especial del Ayuntamiento de Madrid. Si hace 12 años Florentino solucionó los problemas económicos heredados con una recalificación de la Ciudad Deportiva (de dotacional-deportivo a terciario-oficinas) que reportó 64.000 millones de pesetas con su venta, en este caso se trata de algo diferente, y de menor cuantía, pero con el mismo hedor y oscurantismo.
El Ayuntamiento ha publicado la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997 para la creación del Área de Planeamiento Específico 00.03 “Bernabéu-Opañel”. Esta Modificación, nacida de un convenio entre el Real Madrid y el Ayuntamiento de Madrid supondrá el cubrimiento del estadio; la desaparición del centro comercial La Esquina del Bernabéu, que pasará a ser zona verde; y lo más importante: la creación de un centro comercial de más de 5.000 metros cuadrados de superficie (12.250 edificables) entre el Bernabéu y el Paseo de la Castellana, que estará integrado en la nueva estructura del estadio cubierto, sin contar con que se le permitirá la explotación privada de un aparcamiento subterráneo para 600 coches.

A cambio, el Consistorio recibirá en dinero líquido un diez por ciento del incremento de edificabilidad que conlleva la modificación del conjunto del ámbito (6,66 millones de euros de un total de 66,6). Además recibirá la parcela de la esquina del Bernabéu y cuatro parcelas de residencial en la calle de Mercedes Arteaga, en el barrio de Opañel (Carabanchel), valoradas en 4,4 millones de euros.
La historia de convenios entre el Consistorio y el club no empiezan aquí ni mucho menos. En 1998, durante el proceso de la Ciudad Deportiva, el Madrid recibió una parcela en Las Tablas como parte del convenio de permuta de terrenos de la antigua ciudad deportiva (parece ser que los 64.000 millones de pesetas no eran suficientes). Esa parcela, está calificada como pública y hace imposible su entrega al Madrid, por lo que el Ayuntamiento y el club valoraron el terreno en 22,78 millones de euros, que en su momento no se entregaron al Real Madrid “por error”. Ahora, este Convenio devuelve por fin al Madrid esa cifra en forma de recalificación delante de su estadio.
Es decir, que al equipo de Florentino Pérez le va a salir una operación urbanística importantísima por algo más de 11 millones de euros, una cifra irrisoria dentro de los 480 millones de su presupuesto para la temporada 2011-2012.
Realmente nos encontramos ante una verdadera operación de ingeniería especulativa donde el club no sólo aprovecha la recalificación del 98 para sanear cuentas, sino que además se guarda un as en la manga para el futuro. Nada nuevo tratándose de dos expertos en grandes operaciones especulativas como son Florentino Pérez y Alberto Ruiz Gallardón.
Y todo ello con el agravante de que en una operación anterior a la de la Ciudad Deportiva el Madrid se comprometía a realizar un espacio público y unos aparcamientos que nunca ha realizado ni se ha planteado hacerlo. Sin embargo, eso no fue ningún obstáculo para seguir con esa provechosa relación entre Ayuntamiento y club que tantos réditos está aportando (¿a quién? Seguramente a más de los que creemos).
¿Y ahora qué? Ahora nos quedaremos con los anuncios a bombo y platillo. Si no fuera suficiente con anunciar que se convertirá en un nuevo hito arquitectónico, que incrementará las zonas verdes y los equipamientos públicos en una justificación imposible de reequipado de los barrios, además viene con la típica promesa de los empleos, 3.000 en este caso (de los que 2.300 están ligados al proceso de construcción). Ay, si estos anuncios de empleo fueran vinculantes cuanto cambiarían los anuncios de nuevos proyectos.
Los ciudadanos asistimos extrañados, como siempre y como quieren, a estos tejemanejes que de tanto repetirse empezamos a asimilar hasta creer que es algo normal cuando no tendría por qué serlo. Por su lado, Esperanza Aguirre, ha asegurado que la Comunidad de Madrid “velará por que la legalidad se cumpla”. No sólo ella. Todos los ciudadanos estaremos atentos a que así sea, y a que así haya sido hasta ahora.
* Luis Veracruz y Cristina Fernández (Comisión de Ordenación del Territorio de Ecologistas en Acción-Madrid)


* Madrilonia - Opinión - 6.12.11
Foto: Madrid, proyecto estadio Bernabeu reformado - madrilonia

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Pamplona.- El Ayuntamiento es dueño de 812 pisos

DIARIODENAVARRA* : El Ayuntamiento de Pamplona es propietario de 812 viviendas de las que una cuarta parte (202) están libres. Pese a que el parque inmobiliario se encuentra repartido por toda la ciudad, unas veces en edificios completos como el de la antigua estación de autobuses, y otras en pisos diseminados, la mayor concentración se sitúa en el barrio de la Rochapea, en las conocidas como viviendas de San Pedro, donde el consistorio tiene 234 pisos de su propiedad, de los que casi 80 están en estos momentos vacíos.
En la última sesión plenaria celebrada en Pamplona la concejal de I-E presentó con poco éxito una moción en la que, haciendo alusión al difícil momento económico que se atraviesa, recordaba al consistorio su deber de contribuir "con la puesta en servicio de sus propios bienes inmuebles" a quienes necesitan "una vivienda asequible". Edurne Eguino pidió además que a lo largo de esta legislatura se destine "el dinero suficiente para rehabilitar y poner en uso todas las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento".

El concejal delegado de Urbanismo, Juan José Echeverría, no tardó en responderle que el Ayuntamiento mantiene en buen estado este patrimonio y que siempre se atienden las demandas de viviendas que llegan desde los servicios sociales.

"Salvo algunos casos muy concretos, como las casas de Gridillas en San Jorge, que no cumplen las condiciones de habitabilidad y que serán demolidas, el resto de los pisos municipales libres están en buen estado", comenta Echeverría. "Además, el Ayuntamiento es propietario de un total de 178 viviendas destinadas para realojos de operaciones urbanísticas y únicamente 46 están libres a la espera de las necesidades que puedan surgir por ejemplo, con el Tren de Alta Velocidad en Echavacoiz", asegura.

El caso de San Pedro

Pero el Ayuntamiento de Pamplona arrastra desde comienzos de este siglo un problema que no ha logrado resolver y que tiene como protagonistas a casi un centenar de viviendas libres en el grupo San Pedro, en el barrio de la Rochapea. En el año 2000 el consistorio intentó subastar las 20 viviendas que en esos momentos estaban libres, pero finalmente no lo pudo hacer. Poco después se rehabilitaron varios de estos pisos con el objetivo de destinarlos a alquiler joven, pero problemas administrativos impidieron esta solución. El hecho es que en estos momentos, de los 234 pisos municipales ya son 79 los que están vacíos. "De momento no tenemos en mente ninguna actuación en San Pedro, pero lo que sí está claro es que estas viviendas requieren una iniciativa global", explica Juan José Echeverría.

Autobuses

Menos quebraderos provocan al consistorio las 66 viviendas que posee en el edificio de la antigua estación de autobuses, en Conde Oliveto, de las que una tercera parte (22) están libres, algunas desde hace años. "Es un inmueble que tarde o temprano va a desaparecer porque así está previsto, y de momento poco más se puede hacer", recuerda el concejal de Urbanismo.

Ensanche

También en el Ensanche el Ayuntamiento posee otro edificio completo, el del mercado municipal, con 71 viviendas, 13 de ellas vacías. Además es dueño de otra vivienda más, la del conserje del colegio Vázquez de Mella, y otra en la avenida Carlos III que utiliza la Fundación Gayarre como sede.

Casco Antiguo

En el Casco Antiguo el consistorio pamplonés posee 80 viviendas, aunque 5 de ellas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y se encuentran vacías desde hace años. Entre las primeras está contabilizada también la vivienda comunitaria del Paseo de Sarasate. Buena parte de estos pisos del Casco Antiguo son adquisiciones que ha realizado la Oficina de Rehabilitación municipal con el objetivo de diseñar actuaciones urbanísticas. Aquí figuran, por ejemplo, edificios adquiridos en las calles Mayor y Jarauta para la operación prevista en la denominada manzana piloto, o un edificio completo adquirido en la calle Descalzos.

Apartamentos tutelados

El listado incluye también los 110 pisos ubicados en edificios de apartamentos tutelados: los de San Juan (Txoko Berri), Rochapea (Arga), Iturrama. Y también se contabilizan las 11 viviendas de los conserjes de los colegios públicos, aunque muchas han dejado ya de utilizarse como tales.

Cesiones

En ocasiones los pisos municipales se ceden a entidades sin ánimo de lucro: Cruz Roja, Asociación de sordos, albergue de peregrinos en el antiguo chalet de Iráizoz, delegación saharaui, etc. Además, algunas otras están ocupadas por oficinas municipales: Servicio de Atención a la Mujer, Escuelas Infantiles, (varios pisos en la estación de autobuses), ASIMEC (3 pisos en el edificio del mercado del Ensanche).


* Diario de Navarra - 8.12.11
Foto: La estación de autobuses (66 pisos de propiedad municipal).- diarionavarra

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Cádiz.- La Fiscalía lleva al Supremo su batalla por la demolición de casas ilegales

LAVOZDIGITAL* : La Fiscalía de Cádiz no ha dado la guerra por perdida en su lucha contra el urbanismo ilegal. El anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, y ahora su sucesora, Patricia Navarro, llevan años defendiendo que los dueños condenados por construir una vivienda ilegal, además de la pena de prisión deben demoler la construcción. El Ministerio Público sabe que estas causas se resuelven con penas mínimas de cárcel, que nunca se cumplen, y sanciones económicas que no disuaden a otros promotores a seguir edificando fuera de la legalidad. La clave está en las demoliciones, pero la disparidad de criterio de los jueces está provocando auténticas contradicciones que se resumen en que hay dueños con una orden de derribo bajo el brazo y otros que logran salvar su propiedad, aunque estén igualmente condenados.
Ante este panorama, la Fiscalía de Cádiz busca que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ejecución de esta medida como parte de la condena, instaurando una suerte de jurisprudencia que obligue a los jueces de primera instancia y a los magistrados de la Audiencia a seguir el camino que marque el Alto Tribunal. Con esta fórmula pretenden acabar con la disparidad de criterios que por regla general están dejando sin efecto las órdenes de derribo.

De aceptarse el recurso pionero planteado por la Fiscalía de Cádiz sería la primera vez que la sala de lo Penal se pronuncia sobre esta controversia, ya que hasta la fecha los únicos pronunciamientos que ha habido procedían de la sala de lo Contencioso (la que resuelve los pleitos entre ciudadanos y administraciones). Fuentes jurídicas explicaron a este medio que la posición de esta sala es semejante a la que mantienen los fiscales gaditanos. Una baza que pretende explotar la Fiscalía.
El mecanismo para llegar hasta el Supremo ha sido aprovechar una de las pocas causas contra el urbanismo ilegal que se ha visto en primera instancia en la Audiencia. Esto ha sido posible porque en ese asunto se juzgaban, además del delito contra la ordenación del territorio, otros en curso como la estafa.
La procesada y ahora condenada a 18 meses de prisión fue la promotora de una vivienda unifamiliar que levantó en una parcela no urbanizable situada en la carretera de Sanlúcar, dentro del término municipal de El Puerto, junto a una conocida venta de nombre El Pájaro. Esta mujer vendió la propiedad a un tercero sin informarle que estaba adquiriendo una casa ilegal y que además tenía un expediente abierto por el Ayuntamiento que ordenaba la paralización de la obra y la demolición de lo construido. Sin embargo, como recoge la sentencia de la Audiencia que la condena, violó esa orden municipal y prosiguió con los trabajos, dejando sin efecto el precinto que pesaba sobre la parcela. Corría el año 2005, en plena efervescencia del negocio del ladrillo.
Pese a la sentencia condenatoria, los magistrados acordaron que no se debía tirar la vivienda como solicitaba la Fiscalía. La Sección Cuarta, que fue el tribunal que enjuició este asunto, apeló a un argumento ya repetido en otras sentencias: el principio de proporcionalidad. Los magistrados entienden que la zona donde se enclava la vivienda ya está afectada por otros inmuebles, levantados también fuera de la legalidad, y que por tanto condenar a la procesada a demoler el unifamiliar sería una «medida desproporcionada».
La Fiscalía entiende que estos razonamientos no ayudan a frenar este fenómeno, sino todo lo contrario, ya que los promotores ven que las viviendas no corren peligro aunque sean condenados. Por eso, ha recurrido en casación esta sentencia ante el Supremo para que éste siente jurisprudencia. De aceptar los planteamientos del Ministerio Público, se podría hablar a partir de entonces de un antes y un después en la lucha contra el urbanismo ilegal.


* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 7.12.11
Foto: Imagen de archivo del precinto de una vivienda de El Puerto levantada en zona no urbanizable - LA VOZ

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Sta Cruz.- La arquitecta Oramas fue presionada para que sobrevalorara Las Teresitas

LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ayuntamiento de Miguel Zerolo conocía que el suelo de Las Teresitas que iba a comprar la corporación estaba sobrevalorado. Se lo había indicado expresamente la arquitecta municipal, Pía Oramas, quien informó al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de que los solares a adquirir no sobrepasaban los 3.200 millones de las antiguas pesetas. El Ayuntamiento pagó finalmente 8.750 millones de pesetas. La arquitecta acabó abandonando la corporación tras ser presionada para que incrementara al alza la tasación.
Según relató a los investigadores José Ángel Bethencourt, hoy concejal socialista de Urbanismo de la capital tinerfeña y entonces uno de los firmantes de la denuncia, la sobrevaloración fue "astronómica" y los funcionarios que la decidieron lo hicieron aun a sabiendas de que iba en contra de toda lógica legal y urbanística. Los terrenos de la playa de Las Teresitas que la sociedad ILT vendería al Ayuntamiento costaron a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia 5.500 millones de pesetas tres años antes.

La arquitecta Pía Oramas había informado a sus responsables de que el precio de las parcelas era a lo sumo de 3.200 millones de pesetas porque parte de los terrenos eran de dominio público -y por tanto pertenecían de por sí al Ayuntamiento- y porque la moratoria turística los devaluaba.

En su declaración ante la juez, Oramas admite que recibió presiones sistemáticas de sus jefes para avalar la tasación que ellos impusieron, de 8.750 millones de pesetas (52 millones de euros), sin que ninguno le hubiera explicado por qué obviaron su informe, que permitía a las arcas municipales ahorrarse en la operación 5.550 millones de pesetas. Pía Oramas reconoce ante la juez Bellini que jamás había visto antes que el Ayuntamiento pidiera dos informes externos más para que se elevara el valor del suelo, cuando otros dos anteriores coincidían con el de ella sobre que los solares no costaban más de 3.200 millones de pesetas.

Este es un punto esencial para los investigadores del caso porque fue en esa compra del Consistorio a ILT, con la justificación de que así se evitaba urbanizar la playa chicharrera, donde consideran que se produjo el pelotazo. La funcionaria comentó a la juez que el 29 de junio de 2001 la convocaron a una reunión en la que estuvo el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Reveló que le pidieron que suscribiera la valoración final de 8.750 millones de pesetas. Ella se negó y dijo que no iba a firmar "nada al dictado". Le volvieron a insistir el 25 de julio y eludió la cita.


* La Provincia - 6.12.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto las Teresitas - eldia

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Entre el alquiler y la propiedad: el modelo escandinavo de vivienda

20MINUTOS* : La crisis económica ha descubierto las debilidades de una sociedad como la española obsesionada por la propiedad de la vivienda. Tal vez sea hora de aprender la lección y apostar por otras opciones.
Por ejemplo, el modelo escandinavo de alquiler, conocido como 'andel', con las cooperativas de régimen de cesión de uso. Se trata de un procedimiento que queda a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.
Utilizado en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, consiste en un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de una cooperativa y en el que los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler de precio reducido.

En este modelo las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el derecho a uso. Una de sus ventajas es que se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.

Además, en las cooperativas de régimen de cesión de uso se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas o del edificio. Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros.

Una apuesta del Gobierno vasco

Ya hay algún ejemplo en España, pero la mayor apuesta viene del Gobierno vasco que acaba de incorporar a su anteproyecto de ley de vivienda la figura de las cooperativas de régimen de cesión de uso, con el fin de promover este modelo, a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.

La inclusión de esta figura en la nueva ley que prepara el Ejecutivo forma parte de las aportaciones presentadas al mismo por el Consejo Económico y Social (CES) y las cooperativas del sector.

El anteproyecto de ley ha entrado en su última fase de tramitación interna antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y de ser enviado al Parlamento vasco para su aprobación definitiva como Ley de Vivienda.


* 20 Minutos - 7.12.11
Foto: Viviendas recientes - 20minutos

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Imputan al alcalde de Abegondo por supuesta prevaricación urbanística

LAOPINIÓN/A Coruña* : La magistrada del Juzgado de Instrucción nº2 de Betanzos ha decretado la imputación del alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, por detectar indicios de que cometió un delito continuado de prevaricación urbanística por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre 2002 y 2005.
La juez notificó ayer el auto en el que estima los recursos presentados por el fiscal y las acusaciones particulares contra la resolución del pasado mes de mayo en la que ordenaba el archivo de las imputaciones de Santiso y el exedil Antonio Fernández Fernández. La magistrada, tras examinar los escritos presentados por la Fiscalía y las acusaciones, una de ellas ejercida por la letrada María José Casal, volvió a imputar al regidor del PP y al exconcejal.

"José Antonio Santiso era alcalde del Ayuntamiento de Abegondo y, como tal, miembro de las comisiones de gobierno del año 2002 en las que se concedieron licencias de construcción, y miembro de la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2004 en la que se concedieron cuatro licencias de reformado de proyectos básicos", recalca la juez encargada de investigar los hechos en el auto, en el que también subraya que Fernández formaba parte de las comisiones de gobierno en las que se concedieron los permisos de obra para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.

Los sospechosos, según sostiene la magistrada, autorizaron los trabajos tras recibir informes técnicos favorables elaborados por otros imputados en el caso. La juez destaca que el alcalde, el exconcejal y el resto de implicados actuaron con "premura" para otorgar las licencias antes del 31 de diciembre de 2002, fecha en la que entró en vigor la ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia que prohibió los usos residenciales en suelo rústico.

Los imputados, según la Fiscalía, son sospechosos de permitir urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas de las parroquias de Limiñón, Os Valiños, Pedregal y Coto, donde se construyeron viviendas unifamiliares. El Ministerio público sostiene que entre los años 2002 y 2007 se facilitó la construcción en el municipio de Abegondo de numerosos inmuebles unifamiliares en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal.

La juez detectó indicios de que los imputados concedieron las licencias de obra para construir las casas a sabiendas de que en las fincas solo se podían permitir "actividades agropecuarias". La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos recabó documentación sobre el asunto y tomó declaración como imputados a los miembros de las comisiones de gobierno que votaron a favor de la concesión de licencias a los arquitectos Antonio Carro Núñez y Juan Carlos Ares Méndez, así como a Cristina Ballón López, Manuel Cortón Muinelo y Alberto Bermúdez Fandiño.

La magistrada dio traslado de las actuaciones a las acusaciones particulares y al representante de la Fiscalía y, en el auto que emitió ayer, les da la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas diligencias, tanto documentales como testificales. Una vez que se realicen todas las pruebas, la juez emitirá el auto de procesamiento.

El Ayuntamiento de Abegondo repartió antes de las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo el documento que decretaba el sobreseimiento de la imputación de Santiso. Seis meses después, la magistrada volvió a detectar indicios de que el regidor cometió un delito de prevaricación.


* La Opinión A Coruña - 6.12.11
Foto: Abegondo (A Coruña), ayuntamiento - todopueblos

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El 15-M busca techos tras el desalojo del Hotel Madrid

ELPAÍS/Madrid* : "Un desalojo, dos okupaciones. Solidaridad Hotel Madrid". La sábana pintada que cuelga del balcón del número 25 de la calle de los Tres Peces, en el centro de Madrid, deja claro el objetivo de los nuevos habitantes. El lunes por la mañana la policía desalojó por orden judicial a quienes okupaban el hotel Madrid y las plantas superiores del teatro Albéniz, un grupo heterogéneo compuesto por indignados, personas desahuciadas por impagos o sencillamente sin techo. La reacción fue inmediata. La marcha contra el desalojo convocada el mismo lunes por la tarde y en la que participaron unas dos mil personas derivó en varios intentos de okupación en inmuebles del centro. Ayer Por la tarde se okupó otro en la calle de Toledo, y el edificio okupado de madrugada en la calle de los Tres Peces, pronto dejará de estarlo.

Horas después de okupar en edifico en el barrio madrileño de Lavapiés, los indginados reconocían a través de Twitter que se han equivocado. "Nos hemos equivocado pero rectificamos y nos vamos". En el perfil de la red HotelMadrid15O, aseguran haber hablado con el propietario del inmueble -quien les ha dicho que retirará la denuncia- y se comprometen a dejarlo en los próximos días mientras hacen un llamamiento para buscar un nuevo sitio en el que puedan habitar los desalojados del Hotel Madrid.

En un manifiesto difundido ayer, los indignados que tomaron el céntrico hotel reafirmaron sus intenciones: "Este desalojo [en referencia al del hotel] supone solo otro reto. Porque volveremos a hacerlo. Y la próxima vez será aún mejor. Porque somos más. Porque somos el 99%".

Javier, de 27 años, fue quien facilitó el acceso al edificio de siete pisos de los Tres Peces. Lleva varios años en el mundo "de la okupación" en España y Europa. Vive cerca de la nueva casa tomada y asegura que ya se había fijado en el inmueble, "que lleva unos 20 años abandonado". "Por rabia" tras lo ocurrido en el hotel Madrid, el escritor callejero y escalador de edificios decidió okupar el inmueble en proceso de rehabilitación que ahora deberá abandonar aprovechando "una ventana rota" de la primera planta. "Para que la gente desalojada de la calle Carretas pueda tener otro sitio para vivir", explica.

Los okupas de la calle de los Tres Peces no dejan entrar a los periodistas. Para acceder al piso es necesario subir una escalera de mano que extienden y retiran desde la primera planta porque la puerta de la calle permanece bloqueada por unas cadenas colocadas por la propiedad. Tras las rejas pueden verse andamios, vigas y paredes a medio construir. La intención de los nuevos inquilinos era terminar ellos mismos la reforma para adecuar las instalaciones y acoger a familias desahuciadas. Por ahora en el interior del inmueble de Tres Peces hay seis personas que hasta ayer se encontraban en el hotel. Uno de ellos explicó que en el edificio caben siete familias. Pero ayer por la noche cambiaron los planes.

En la puerta de acceso al edificio se reunió un grupo de simpatizantes del 15-M, uno de los cinco propietarios del inmueble y varios agentes de la Unidad de Intervención Policial, que no llegaron a actuar. Tras horas de incertidumbre ante la posibilidad de un nuevo desalojo, los okupas pactaron con el representante de la propiedad que se irán en un plazo máximo de un mes y que no harán las obras previstas en el edificio (los baños no están instalados). Mientras se concreta la nueva mudanza, más de una decena de huéspedes se instalaron anoche tras trepar con sus propiedades por la escalera de mano que da acceso al edificio.

Quienes han elegido a los afortunados son los miembros de la comisión de Vivienda del 15-M. "Se trata de escoger a las personas más responsables y sociales con voluntad de trabajar en la comunidad y restablecer sus vidas", explica Tess, una educadora social de 26 años perteneciente al Movimiento 15-M. Tess reconoce que "un porcentaje grande" de los que quieren vivir en los edificios okupados son personas "que se creen con derecho a que les abran una casa, pero que no están dispuestas a trabajar". Según ella, la presencia de personas "sin pensamiento político ni social" puede dañar la convivencia en las casas okupas. Otro problema que ya se experimentó en el hotel Madrid, explica, es que hay distintos grupos que reclaman el uso de estos edificios con motivaciones muy diversas. "La convivencia entre personas de rollo callejero y familias desahuciadas, acostumbradas a vivir en su propia casa, es complicada" explica Tess. "Viven con códigos distintos". Destaca por ello la necesidad de planificar las okupaciones para dar la mejor solución a las personas desahuciadas y ampliar la red de edificios. "La Plataforma de Afectados por la Hipoteca prevé 60 desahucios solo en enero", además de "no sé cuántos más por problemas con el alquiler", apunta.

El Movimiento 15-M lidera en Madrid la okupación de varios edificios: en la calle Concepción Jerónima, en la Corredera Baja de San Pablo; un inmueble en el barrio de Carabanchel, otro en Galapagar, además de los okupados ayer en el centro. En el manifiesto difundido ayer el movimiento exige la creación de un parque de alquiler social universal y la despenalización del delito de usurpación. Están convencidos de que el problema de la falta de vivienda tiene solución.


* El País - F. JAVIER BARROSO / DAVID R. NELSON Madrid 7 DIC 2011
Foto: Varios de los okupas del edificio de la calle Tres Peces en uno de los balcones, donde han colocado carteles.- elpais

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Valencia.- Calles sin asfaltar y edificios abandonados rodean un San Pío con la fachada en ruinas

LASPROVINCIAS* : Como la vida está llena de contrastes, la visitada calle Caminito de Buenos Aires es un escaparate colorista en mitad de la grisura que campa por el barrio argentino de la Boca; y según cuándo se viaja a Venecia, la peste del agua estancada compite desde el olfato con la belleza arquitectónica que impacta a la vista. Los entreveros que pueblan el mundo también se dan en Valencia. Un ejemplo de disparidad es la isla de bellas artes situada frente al viejo cauce del Turia, un remanso de obras pictóricas acosado por la desidia, la chapuza y el sinsentido. Pasear por el interior del San Pío V es tan gratificante como perturbador es rodear la pinacoteca. Los alrededores del Museo de Bellas Artes de Valencia es un nido de feas estampas, y mucho trabajo costará que no sigan aumentando.
Después de que la Conselleria de Cultura anunciase la semana pasada que el próximo domingo se abrirá la puerta que conecta San Pío V con Viveros, se ha tenido que trabajar a fondo en la zona del jardín que enlaza con el museo.

Carritos de supermercado
Hasta el pasado jueves el recodo ajardinado era un espacio poco recomendable, no ya para pasear, incluso para pisar, de la mugre y el mal ambiente que se respiraba en la zona, con extraños personajes deambulando, empujando carritos de supermercado llenos de chatarra y dormitando en los bancos públicos pegados a la segunda pinacoteca más importante de España.
Desde este pasado fin de semana, la zona de Viveros que enlazará con el Museo de Bellas Artes se ha adecentado. Junto a la limpieza, se añade una mayor presencia policial con el fin de disuadir a los que hasta ahora ocupaban la zona.
Peor solución tiene la propia fachada del museo, donde lo mismo crece un árbol que se desprende un cascote. La fragilidad del edificio obligó hace años a colocar una tela metálica que evita la caída a la vía pública de los cascotes.
Para terminar de embrutecer la fachada de la segunda pinacoteca española, precisamente en la parte que da a Viveros, desde hace unas semanas se ha colocado una cañería. Se trata de una tubería de importante calibre que asoma más de un metro por fuera de la fachada más histórica de la pinacoteca y que, se supone, sirve para desaguar. La cañería plástica contrasta con el torreón y la cubierta histórica del Museo de Bellas Artes.
También lleva camino de convertirse en un asunto histórico la biblioteca construida en Viveros, con dinero del Plan E. Hace medio año, el motivo por el que oficialmente se aseguraba que no se había abierto es que su acceso se sitúa precisamente en la zona de ampliación del jardín. Desde la calle se aprecian las salas vacías, los restos de obra y el cableado suelto, a la espera de que se habilite la pequeña biblioteca.
Hace un mes, no obstante, se ofreció otra versión puesta en boca del Ayuntamiento de Valencia. A la biblioteca construida hace dos años sólo le falta un pequeño detalle para iniciar el procedimiento de puesta al servicio del ciudadano: la puerta para entrar. No hay manera de acceder a la nueva biblioteca, y esa imposibilidad se atribuye al conflicto entre Consistorio y Ministerio de Cultura a cuenta de la ampliación del museo San Pío V.
El manoseado conflicto se ha convertido en algo recurrente a la hora de explicar los problemas que rodean al museo. Hace medio mes, el presidente del Consell Valencià de Cultura calificó el enfrentamiento de «ridículo», pero a costa de tal sinsentido, unos y otros tienen la casa y, sobre todo, la calle, literalmente sin barrer.
Un muro de dos metros separa una de las mayores concentraciones de arte pictórico de España y un callejón mal asfaltado en el que abundan las casas tapiadas y que culmina en un solar sin asfaltar, ahora encharcado tras las lluvias, lleno de matorrales y escombros.
En tierra de nadie
Tan deficiente es la situación que sufre la parte trasera de la pinacoteca que fuentes del museo admitían hace justo un año que se trata de una zona «al filo de lo marginal, y va a peor». Y ciertamente, no ha mejorado nada, pues el entorno del San Pío ha quedado en tierra de nadie. En teoría debería ser el Ayuntamiento de Valencia el que adecentara la zona. Sin embargo, y merced a la cesión de suelo municipal que se realizó para que el Gobierno central acometiese la cuarta fase de la reforma del museo, fuentes del Consistorio señalan al Ministerio de Cultura como responsable de asumir la urbanización del entorno durante la quinta fase de las obras, que no hay manera de que arranque.
El resultado es sangrante, y ninguna administración se atreve a poner un plazo para que finalice una situación que convierte en una aventura deprimente pasear alrededor el Museo de Bellas Artes de Valencia.


* Las Provincias - 6.12.11
Foto: La zona de Viveros junto al museo se limpió hace días - lasprovincias

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Plazas 'secuestradas' a precio de saldo

ELPAÍS/Madrid* : Las plazas del centro de Madrid cada vez están más libres de coches, fruto del empeño municipal en ganar espacio para los peatones. Pero en ese territorio rescatado no han brotado árboles, bancos o columpios, sino puestos de mercadillo. Esa actividad comercial dinamiza algunas áreas tradicionalmente abandonadas a su suerte y reporta beneficios económicos, muy reducidos, eso sí, al Ayuntamiento. Pero plantea inconvenientes: arrincona a los vecinos, hurtándoles el disfrute de la plaza, y genera ruido y suciedad.
El programa del PP en las elecciones municipales de mayo equilibraba promesas evocadoras y una vaguedad impuesta por las estrecheces presupuestarias. Así, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometía a convertir la plaza de España en "un gran parque urbano, a modo de hall de la actividad lúdico-cultural de la Gran Vía".

Esta operación de "reciclaje" afectaría además a las plazas del Rey (que se dedicaría a usos culturales), Vázquez de Mella (usos lúdicos y de estancia), Carmen (espectáculo y de estancia), María Soledad Torres Acosta (culturales y de estancia), Callao (comerciales y de espectáculo), Santo Domingo (dedicada a los centros de negocio existentes) y Mostenses (se constituirá un foro cívico centrado en el mercado municipal).

A día de hoy, en la mayoría de estas plazas hay un mercadillo, organizados muchos por el Ayuntamiento. En la plaza Mayor se levanta el "más emblemático y tradicional", según el alcalde. Son 104 casetas de decoración navideña, a las que se suman las montadas en las vecinas plazas de Santa Cruz y de la Provincia para vender pelucas, objetos de broma y otros cachivaches. En Santa María Soledad Torres Acosta (más conocida como plaza de la Luna) hay una pista de hielo y otra de descenso de trineo. En Jacinto Benavente, "un pueblo medieval" de 22 casetas. En Santo Domingo, otra feria navideña. En la plaza del Carmen está en ciernes una de artesanía. Y en Callao se alza un árbol de 18 metros y una pista de patinaje comercial.

Si bien es cierto que la Navidad convierte el centro de la ciudad en un foco de atracción para cientos de miles de madrileños y foráneos, hasta el punto de colapsar las vías peatonales y generar atascos legendarios, los mercadillos no son una característica privativa de esta zona o época, también los hay en el resto de distritos, ahora y durante todo el año.

El Ayuntamiento cobra la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, con la que en 2012 espera obtener 2,6 millones de los puestos y 5,7 millones de las terrazas (la parte del león la pagan las empresas de servicios que agujerean el suelo). Los mercadillos pagan de 0,16 a 4,46 euros por metro cuadrado cada 10 días o fracción. Además, deben abonar la tasa por prestación de servicios urbanísticos (162 euros por evento).

Por ejemplo: el mercadillo navideño reportará este año al Ayuntamiento 29.400 euros por la tasa de utilización de la plaza Mayor y la plaza de Santa Cruz. A esa cantidad se le sumarán además otros 3.140 euros por el mercadillo anejo de abetos.

2"Los mercadillos dan un ambiente agradable a las plazas y mitigan los problemas de inseguridad (prostitución, trapicheos, etcétera), pero también generan más suciedad", dice Florencio Delgado, presidente de la Asociación de Comerciantes de Gran Vía. Los vecinos piden "sentido común". "Que no se aniquilen los espacios públicos, que se usen para comercio, sí, pero también con sitio y dotaciones para Paquita la del 5º y José el del 1º B. No somos el escenario de una película de Hollywood, somos gente normal que se quiere sentar en un banco a hablar de sus cosas sin tener que pagar para ello un café en una terraza", explica Claudia Mora, de la asociación de Centro-La Latina.

"En Navidad, la Plaza Mayor y aledaños se convierten en prácticamente intransitables, lo que genera problemas de habitabilidad a los vecinos. Parte de esta excesiva afluencia se debe al peso de la tradición y parte a las políticas municipales para promocionar el turismo masivo. Los mercadillos son un gancho para atraer gente", añade Carmen Lence, de la asociación de vecinos Ópera-Austrias.

Por regla general, las plazas que no han sido reformadas en los últimos tiempos son las más agradables. En la del Rey hay una exposición fotográfica. La fuente está en obras, pero abundan los árboles y hay una veintena de bancos. En Vázquez de Mella hay columpios, quiosco, terraza, parking de bicis y una treintena de árboles y arbustos, pese a tener un aparcamiento debajo. Eso esgrime el Ayuntamiento precisamente para no ajardinar las plazas recién reformadas: no hay subsuelo suficiente. En la recién pavimentada plaza del Carmen hay solo seis bancos y dos árboles pese a tener uso de estancia. El espacio lo ocupan habitualmente mercadillos y una terraza. La de María Soledad Torres Acosta es una extensión de asfalto bordeada de árboles, con seis bancos y columpios. Normalmente está desierta, aunque ahora hay instalaciones navideñas y una terraza. Ah, y una placa en el suelo a caballo entre la superstición y la palabrería sobre la alusión a la Luna.

Pero quizá el epítome del debate sea Callao, recién convertida en una gran explanada con cinco bancos y tres árboles. Es difícil pasar por allí sin pensar que la reforma se hizo estrictamente con ese uso comercial en la cabeza, pues no hay día en el que no se use como escenario para vender desde coches hasta acciones. Contrasta con Ópera, distribuida erráticamente pero poblada de bancos.

¿Cuánto gana el Ayuntamiento por ceder las plazas públicas? En general, muy poco. En el distrito Centro, el evento más lucrativo es el Rastro (292.700 euros). La Feria del Libro Antiguo que se celebra en primavera y otoño en Recoletos reporta 18.490 euros. La Feria del Sello en la Plaza Mayor, 7.118 euros. La "fiesta de la vendimia" organizada allí por el Consejo Regulador del Cava el pasado 8 de noviembre, 1.481 euros.

En total, solo 360.000 euros. Otra cosa es la actividad comercial que generan los mercadillos o la animación que insuflan a esos lugares. Pero el precio lo pagan los vecinos, despojados de unas plazas a las que ya antes se ha desnudado de bancos, árboles o zonas infantiles. ¿Vale la pena?


* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 05/12/2011
Foto: Uno de los mercadillos instalados en las plazas de la capital con motivo de las fiestas navideñas.- elpais

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Granada.- Cultura aprueba en el último minuto la polémica reforma del Cuarto Real

GRANADAHOY* : En el último minuto la Comisión de Patrimonio seguía recibiendo documentación del Ayuntamiento de Granada para la rehabilitación del Cuarto Real de Santo Domingo pero eso no impidió que ayer, después de años con el proyecto empantanado, la reforma obtuviese la luz verde. En principio, si nada lo impide, las obras que llevan dos décadas paralizadas y que cuentan ya con una partida presupuestaria asignada por parte de la Consejería de Turismo -que sufragará el 60% de los trabajos- comenzarán en breve.
Más concretamente, la última documentación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, titular del monumento, llegó a la Delegación de Cultura media hora antes de que diese comienzo la Comisión de Patrimonio. En el escrito, según hizo público el delegado, Pedro Benzal, Urbanismo pedía a la Junta que se haga cargo del pago del estudio histórico de la muralla que se encuentra en la parcela del monumento por entender que es un resto de su competencia. "Se ha enviado a nuestros servicios jurídicos para que sea estudiado, pero el alcalde y la concejal tienen un problema para distinguir titularidad de tutela", apuntilló Benzal.

Otro de los puntos del escrito era una petición para que no sea modificada la alineación histórica para el pabellón de entrada y el tercero era una solicitud para que el informe de patrimonio se circunscriba sólo al edifico anexo del XIX, precisamente el aspecto que más polémica había generado desde el principio por si se conservaba o no.

Pedro Benzal insistió ayer que la Delegación de Cultura había hecho todo lo posible por acelerar el proceso para que este proyecto reciba la luz verde y desmintió rotundamente que se haya demorado por culpa de la Junta de Andalucía. "Nosotros hemos tratado varias veces de reunirnos con los técnicos del Ayuntamiento para buscar una solución conjunta a algunas cuestiones que había que resolver, y no precisamente de detalle como se ha llegado a decir. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha comparecido".

"El equipo de arquitectos nos dijo que el jueves de la semana pasada nos entregaría el proyecto con las modificaciones que habíamos fijado y nosotros retrasamos una semana la Comisión de Patrimonio para poder informar positivamente de la reforma del Cuarto Real", añadió el delegado, quien aprovechó la comparecencia ante los medios para pedir al Ayuntamiento que agilice la licencia del Patio de los Leones y que no utilice el Patrimonio "como método electoral para pelearse con nosotros", una circunstancia de la que aseguró estar "muy cansado".

Por su parte, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, apuntó que el equipo redactor del proyecto se ha limitado "enviar un escrito en el que se matiza, explica, acepta o rechaza" algunas de las especificidades que Cultura le había pedido en el último requerimiento. "Asumimos lo que afecta directamente nuestro proyecto pero si la Junta quiere otros aspectos como el tema de la conservación de la muralla, que nos delegue competencias, pague el proyecto y vemos. Lo importante es que esta pesadilla termine de una vez", concluyó la edil.


* Granada Hoy - 2.12.11
Foto: La restauración del edificio anexo puede empezar en breve.- granadahoy

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Mas de 2.000 personas protestan en Sol contra el desalojo del hotel Madrid

ELPAÍS* : Unas 2.000 mil personas recorrieron anoche las calles del centro de la capital y cortaron el tráfico en algunas de las principales vías para protestar contra el desalojo del hotel Madrid que desde el 15 de octubre permanecía tomado por okupas y que alojaba a varias familias desahuciadas de sus hogares por impago. Los manifestantes recorrieron los alrededores de la Puerta del Sol, sin rumbo concreto, como ya hicieron en agosto cuando la Policía blindó la plaza. Unos indignados entraron, sobre las once y media de la noche, en un edificio en la calle de Concepción Jerónima, número 33, con la intención de okuparlo. Al final no tomaron posesión de la finca porque estaba en obras. En esta misma calle los indignados tomaron otro edificio, el nº11, hace dos semanas.
Los manifestantes salieron de Sol camino de Gran Vía donde hicieron una sentada en la plaza de Callao. La Policía Municipal iba cortando el tráfico a su paso. Desde siguieron hasta Cibeles, y por el Paseo de a Castellana, dirección Atocha. Por el camino se detuvieron varios minutos frente a la Carrera de San Jerónimo, donde se encuentra el Congreso. Allí había apostados al menos seis furgones policiales que les impedían el acceso.

La policía también prohibía el paso a la calle Carretas, donde se encuentra el hotel Madrid, con un gran despliegue. Los gentes vigilaban además todas las entradas a la Puerta del Sol y también la entrada al teatro Albéniz por la calle de la Paz.

Durante los primeros momentos de la protesta los concentrados hicieron una sentada cortando el tráfico de la calle que atraviesa la Puerta del Sol (vía de dos carriles y un sólo sentido) durante unos veinte minutos. "Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa", "un desalojo otra ocupación", y "familia desahuciada casa ocupada" fueron los lemas más coreados por los manifestantes que se reconocen como anticapitalistas. Hubo momentos de tensión cuando los indignados se encararon, sin consecuencias, a los agentes de la policía.

Los concentrados, que llegaron a la plaza sobre las ocho de la tarde, leyeron un manifiesto contra el desalojo del hotel Madrid. El edificio fue desalojado a primera hora de ayer por la policía, que ha detenido a 10 de las 103 personas instaladas en el inmueble vacío desde que fuera okupado por los indignados el 15 de octubre.


* El País - F. JAVIER BARROSO Madrid 6 DIC 2011
Foto: Vista aérea de la Puerta del Sol durante la protesta - publico

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Mejor rehabilitar que construir

ELPAÍS/Vitoria* : Dejar de construir casas nuevas y rehabilitar las existentes con criterios ecológicos. Ésta es una de las principales conclusiones del quinto Congreso Nacional de Medio Ambiente local, clausurado en Vitoria. A lo largo de tres días, 718 especialistas en urbanismo y medio ambiente, académicos, representantes de empresas y técnicos municipales han analizado los retos a los que se enfrentan las ciudades y municipios para alcanzar la sostenibilidad.
"Uno de los grandes hitos ha sido la presentación de un informe solvente y muy elaborado sobre la rehabilitación. No es viable construir más. Hay que arreglar las casas con, por ejemplo, eficiencia en el ahorro energético. Y que ese ahorro pueda cubrir en un plazo de tiempo los costes de esa rehabilitación", señaló Gonzalo Echagüe, presidente de la Fundación Conama, organizadora del congreso junto al Ayuntamiento de Vitoria.

La capital alavesa, que dentro de dos semanas recogerá el testigo a Hamburgo como Green Capital europea, fue descrita por la inmensa mayoría de los congresistas como "un ejemplo de gestión sostenible que ha hecho del Medio Ambiente su bandera".

Un comité científico-técnico recordó en una declaración a modo de conclusiones que cuatro de cada cinco personas de la Unión Europea viven en ámbitos urbanos, lo que exige "una especial responsabilidad" a las ciudades y los pueblos. "Deben reducir el consumo superfluo", advertía el documento. De no darse un cambio de rumbo "significativo", alertaba, se intensificarán los impactos sobre el Medio Ambiente y la salud de las personas. Los expertos resaltaron asimismo que "difícilmente" va a ser posible avanzar "aplicando las lógicas del pasado o basando las soluciones únicamente en la tecnología".

De cara al futuro inmediato, resulta "necesario y urgente" evitar la ocupación indiscriminada de suelo, así como configurar ciudades "más inteligentes" que consigan un ahorro en el consumo de energía. Integrar la naturaleza en el ladrillo, a una distancia accesible a todos los ciudadanos, es otro de los grandes retos. "Vitoria tiene, por ejemplo, el anillo verde, una muralla que frena la especulación de pisos. Santander y Valencia también están haciendo esfuerzos en este sentido", describió Echagüe. El objetivo, agregó, "es tratar de evitar que haya que coger el coche y conducir 20 minutos para llegar a una zona verde". El presidente de la Fundación Conama apuntó que algunos de esos anillos verdes están empezando a cobijar huertas que cultivan los propios ciudadanos. "Me parece algo muy interesante", manifestó.

Otra de las líneas de trabajo a seguir es, a juicio del comité científico-técnico, la racionalización del agua, "evitando el despilfarro y promoviendo su reutilización". "Creo que éste es un mensaje que el ciudadano medio ya ha interiorizado. El agua es un recurso que hay que valorar. Pero no nos podemos conformar con lo que ya se ha logrado. Hay que ir más allá. La sequía nos acecha", opinó Echagües, quien no ocultó su "optimismo" por el éxito del congreso. "Estaba preocupado, porque con la crisis económica el Medio Ambiente parece que puede ser algo prescindible. Pero he sentido un empuje importante que ha sido muy positivo", valoró.

Unas 1.500 personas participaron en los meeting points, una carpa con juegos y debates sobre sostenibilidad. Los ciudadanos realizaron asimismo unas 500 aportaciones para la mejora ambiental que el Ayuntamiento de Vitoria se ha comprometido a revisar.


* El País - LUIS MINGALLÓN - Vitoria - 02/12/2011
Foto: Rehabilitacion - espormadrid

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La Defensora del Pueblo investiga los desahucios por impago de hipotecas

PÚBLICO* : La Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, investiga los casos de desahucios por impago de hipotecas que se vienen sucediendo en España porque "la banca está en una situación de supremacía con respecto del ciudadano solicitante de un crédito hipotecario" y, en su opinión, esto es "injusto".
Cava de Llano ha avanzado que la institución ultima un informe al respecto para su presentación ante el Parlamento en cuanto de comienzo el periodo de sesiones. "Nos preocupa muchísimo y es un tema sobre el que el Defensor del Pueblo no puede permanecer en silencio", ha señalado.
Para Cava de Llano, al margen de otras recomendaciones que se incluirán en el informe, "va a ser muy necesario que se equilibren las prestaciones y la situación". "Yo entiendo que la banca está en una situación de supremacía con respecto del ciudadano solicitante de un crédito hipotecario y me parece injusto", ha señalado.

No obstante, no comparte el movimiento social 'stop deshaucios' promovido por el 15M, que intenta paralizar los lanzamientos y por el que se han ocupado varios inmuebles vacíos.

"No puedo estar de acuerdo", ha apuntado."Soy una demócrata convencida y entiendo que los problemas tienen unas vías para encontrar una solución y esas vías están en el ordenamiento jurídico vigente. No puedo de ninguna manera consentir o aceptar las ocupaciones que se vienen efectuando", ha declarado la Defensora del Pueblo.

Los tecnócratas y el pueblo
Por otra parte, preguntada por la situación en Grecia e Italia, donde han sido nombrados sendos gobiernos de tecnócratas sin proceso electoral democrático por medio, la Defensora del Pueblo ha expresado su disgusto por este tipo de prácticas y ha deseado que en España no ocurran jamás."No me gusta nada, me parece fatal y espero que en España no se de nunca", ha señalado la Defensora, para incidir en que prefiere "los políticos que elige el pueblo porque son los verdaderos representantes del pueblo".

Con todo, ha apuntado que "a grandes riesgos, grandes remedios" y ha planteado que "quizá los males" de Italia y Grecia "son tan graves que no han tenido más remedio que hacerlo".


* Público - EP. - 3.12.11
Foto: Madrid, sede defensor pueblo - google

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Defensa preventiva del valle del Darro en Granada

ELPAÍS* : El valle del Darro, cuyo río abastece de agua a la Alhambra de Granada, se enfrenta a nuevos peligros, a juicio de varios colectivos ciudadanos que han creado una plataforma que reivindica su protección. Lo cierto es que algunos de esos riesgos no son tan nuevos, pero solo plantear proyectos de construcción en un enclave que une la Alhambra con el Albaicín despierta recelo. Ecologistas y asociaciones de vecinos, entre otros ciudadanos, han iniciado una serie de iniciativas para conservar el espacio de indudable valor paisajístico y patrimonial. La Junta y el Ayuntamiento granadino no creen, sin embargo, que exista riesgo real ahora mismo.
Las alarmas saltaron recientemente por la supuesta autorización de un proyecto hotelero en el cortijo de Jesús del Valle, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) desde 2005. La Delegación de Cultura sostiene que "no hay aprobado proyecto alguno", aunque reconoce una consulta sobre la posibilidad de ejecutar seis habitaciones y un aparcamiento.

Según el delegado, Pedro Benzal, Patrimonio ha respondido que habría que hacer primero una intervención arqueológica que, a día de hoy, ni siquiera se ha solicitado. El cortijo, en mal estado, cuenta con varios requerimientos de la Administración y no se descarta "una intervención subsidiaria".

La Plataforma por la Protección Integral del Valle del río Darro considera que este proyecto es "el principio del fin del valle". Su preocupación de fondo se centra en los intereses especulativos que amenazan el espacio, que además de ser un pulmón verde para la ciudad, cuenta con una ubicación privilegiada y unas vistas "muy golosas". Un hotel y un aparcamiento en el corazón del valle acarrearían "construir carreteras y abrir las puertas a la urbanización de toda la zona", advierte Narciso Crespo, de Ecologistas en Acción. Quieren que se expropie el BIC y que se proteja el valle con la declaración de zona patrimonial, algo que, según Cultura, se está estudiando.

El proyecto hotelero no es la única amenaza. Desde finales de los noventa colea la idea de hacer una presa en el paraje y también está pendiente el cierre del anillo, que preveía la construcción de un gran viaducto. La majestuosa imagen de la Alhambra que se observa desde Sacromonte y Albaicín podría verse alterada. De ahí que el propio Patronato de la Alhambra presentara importantes alegaciones.

Su directora, María del Mar Villafranca, reconoce la "preocupación" por el paisaje que "ha llegado a nosotros en estado valioso" y cuya preservación es de obligado cumplimiento. La alarma también ha sido debatida en el Ayuntamiento de la capital. El grupo municipal socialista llevó al último pleno una moción que buscaba un acuerdo para garantizar la conservación del valle y que ponía el acento en los criterios de "sostenibilidad" frente a la "urbanización voraz". El gobierno del PP votó en contra.

La plataforma, mientras tanto, recaba apoyos para proteger un patrimonio que "pertenece a todos". Insisten en que su lucha no es contra las Administraciones. Esperan revertir el papel: "Son ellas quienes deben garantizar la conservación de este enclave".


* El País - V. CORTÉS - Granada - 05/12/2011
Foto: Granada, cortijo de Jesús del Valle - google

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Corrupción legal

JOSÉ LUIS REQUELME ARNEDO* : En mi opinión, y creo que no exagero, en estos últimos años, España ha sido y sigue siendo uno de los países con más corrupción del mundo; Marbella, Gürtel, Mallorca Arena, Mercasevilla, Sociedad General de Autores, Palau de la Música, Ahora Urdangarin... Son algunos de los muchos casos de corrupción que todos nos sabemos de memoria. Si consideramos que los escándalos que han salido a la luz han sido una pequeña parte de los que realmente han ocurrido, es fácil deducir a qué nivel de honradez se mueven los dirigentes públicos y privados en España.
Lo más sorprendente y preocupante es que, además, en este país hemos creado y admitido otro nivel de corrupción que se considera totalmente legal. Que los directivos de entidades bancarias cobren millones de euros, incluso aunque las hayan arruinado, se considera legal. Que las grandes empresas tengan sociedades en paraísos fiscales para no pagar impuestos en España, se considera legal. Que las grandes fortunas sean las que menos cargas fiscales soportan, se considera legal. Que cualquier institución pública pueda ser endeudada escandalosamente sin que nadie se haga responsable, se considera legal. Que un proveedor no pueda cobrar sus facturas, se considera legal. Que a un trabajador no se le pague su indemnización, se considera legal. Los abusos de los bancos se consideran legales. Los privilegios injustificados que se adjudican los políticos se consideran legales. El que los partidos políticos, cuando tienen a su gente implicada en algún escándalo, puedan bloquear investigaciones, apartar jueces o negar documentaciones, se considera legal.

Me dirán que si algo es legal no puede ser corrupto. Pero yo pienso que una sociedad en la que la injusticia y el abuso son legales, no solo es corrupta sino que está gravemente enferma.

* El País - Opinión - 4.12.11

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Ferrol.- La Xunta dio siete millones a empresas de la esposa de un alto cargo del Igape

ELPAÍS* : En apenas un año, las empresas de Josefa Otero Río, esposa de Carlos Silva, el exsubdirector del Igape imputado en la Operación Campeón, logró de este organismo ayudas por casi siete millones de euros. Al amparo del Plan de Reindustrialización de Ferrol, sociedades como Procesoil, Valorización de Residuos Gallegos o Galimed Trata obtuvieron del instituto en el que Silva era responsable de Información Especializada sucesivos créditos al 0%, de los que no tendrá que devolver ni un euro hasta pasados cinco años del ingreso de los fondos.
El entramado empresarial de Josefa Otero está siendo investigado por la juez Estela San José en la Operación Campeón, que destapó una presunta red de corrupción en las ayudas para las empresas del industrial lucense Jorge Dorribo. En el centro de la trama de la esposa de Silva se encuentra la sociedad Vector Digital, SL, de la que Josefa Otero poseía el 40% y otro tanto estaba en manos de Humberto López García. López es colaborador de Carlos Silva, estuvo contratado por el Igape y se asoció con Otero en todas las empresas de esta que fueron subvencionadas por la Xunta.

A través de esa sociedad, ambos poseían el 50% de las participaciones de Procesoil, que en 2010 logró 1,3 millones de préstamo con cargo al Plan Ferrol. No fue la única ayuda que el Igape concedió a esta empresa, que el 7 de julio del pasado año accedió a 250.742 euros más. Otros créditos entonces tramitados siguen cayendo a favor de la sociedad, que el 29 de octubre logró 6.174 euros adicionales para un programa de innovación.Si el Plan de Reindustrialización de Ferrol de 2010 supuso un buen pellizco para las empresas de Josefa Otero, el negocio mejoró sustancialmente este año. El pasado marzo, el Igape hacía públicas las ayudas del plan de 2011 en el que dos de los principales créditos eran para otras tantas empresas participadas por la esposa de Silva y por Humberto López. Se trata de Valorización de Residuos Gallegos, SL, y de Galimed Trata, SL, que lograron ayudas por el 50% del total de sus respectivas inversiones. Los préstamos fueron de 2,65 millones de euros en el primer caso y de 2,7 millones de euros en el segundo.

Carlos Silva y el exdirector del Igape, Joaquín Varela, son los dos altos cargos de este organismo detenidos e imputados en el marco del caso Campeón, en el que también están implicados los exdiputados Pablo Cobián, del PP, Fernando Blanco, del BNG, y el ministro de Fomento en funciones, José Blanco. Varela y Silva fueron apartados temporalmente de sus responsabilidades, pero mientras el primero ha cesado de forma definitiva, el segundo fue premiado por la consellería que dirige Javier Guerra con el cargo de técnico responsable de la Oficina Norte del Igape, con competencias en la gestión en las provincias de A Coruña y Lugo. Se trata de un cargo de confianza de libre designación.

Las ayudas del Plan de Reindustrialización de Ferrol son fruto de un convenio entre el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el Instituto Galego de Promoción Económica de la Xunta. Las ayudas parten del ministerio y de fondos europeos, pero es al Igape al que corresponde la evaluación y la selección de las ayudas, que se conceden sin garantías ni aval de ningún tipo.

Josefa Otero aseguró a este periódico que ya no posee participaciones de ninguna de las empresas subvencionadas, que sostiene que vendió "para pagar al abogado" de su marido tras su imputación en el caso Campeón. La empresaria, cuya única actividad empresarial anterior era una escuela infantil en Cambre, sostiene que no cometió "ninguna ilegalidad" e insiste en señalar que su marido "no participó" en la concesión de los créditos.

Con Carlos Silva al frente de una subdirección del Igape y su esposa como socia de Procesoil, los conselleiros de Presidencia, Alfonso Rueda, y Economía e Industria, Javier Guerra, eligieron esta empresa para escenificar con una visita a su sede en Narón los frutos del Plan Ferrol. Acompañados por el entonces delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, por el director del mismo Plan Ferrol, Alejandro Langtry, y por el presidente del Puerto, Ángel del Real, los conselleiros se fotografiaron el pasado mes de febrero con los responsables de la empresa.

Alfonso Rueda y Javier Guerra alabaron la "creación de empleo" surgida al amparo de los proyectos del plan de reindustrialización.

La trama empresarial de Josefa Otero

- Vector Digital, SL. Josefa Otero Río constituyó la empresa con Humberto López García en 2006. Cada uno de ellos poseía el 40% de las participaciones.

- Procesoil, SL. Creada el 29 de junio de 2009. Josefa Otero y Humberto López participaban con el 50%, a través de Vector Digital, cuando Procesoil logró 1,3 millones de euros del Igape.

- Valorización de Residuos Gallegos, SL. Josefa Otero y Humberto López poseían el 24,4% y el 15,2% de las participaciones, respectivamente. Obtuvo 2,65 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Galimed Trata, SL. La participación de Josefa Otero era del 22% y la de Humberto López, del 13,7%. En ese momento, logró 2,7 millones de euros del Plan Ferrol 2011.

- Vórtice Estudios, SL. Creada por Humberto López. En 2010 consigue contratos directamente asignados por Carlos Silva, marido de su socia Josefa Otero, por 200.000 euros


* El País - PABLO LÓPEZ - 04/12/2011
Foto: Santiago, edificio Xunta - turismo

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Los expertos llaman a evitar una ocupación indiscriminada del suelo

ELCORREO/Vitoria* : El Conama tomó ayer el tranvía en su despedida de Vitoria. Autoridades y expertos optaron por el transporte verde para trasladarse del Palacio Europa, que ha acogido a los 100 ponentes y 700 participantes inscritos, al Ayuntamiento, donde se clausuró la quinta edición local del Congreso Nacional de Medio Ambiente.
El certamen deja tras de sí tres exitosas jornadas con las que se ha levantado el telón de la Green Capital y unas conclusiones muy claras. Entre ellas destacan un claro compromiso contra la «ocupación indiscriminada del suelo», «la recuperación de un tejido urbano cohesionado y diverso» y «el destierro de las prácticas especulativas con relación al suelo y los bienes ambientales asociados». Todo ello apoyado en una apuesta por «impulsar el sector de la edificación a través de la incorporación de criterios bioclimáticos, respaldado en la rehabilitación de edificios existentes y la revitalización de los barrios».

La posición de los expertos respecto al futuro de las ciudades es claramente contraria a la expansión urbanística y opta por la redensificación si no queda más remedio. Una postura ya conocida por los políticos vitorianos, que días antes de la elección de la Green Capital, en Estocolmo, ya escucharon por parte del jurado críticas por el sobredimensionamiento de la ciudad con los nuevos barrios de Salburua y Zabalgana. Desde entonces, los grupos municipales vienen trabajando en la mejor forma de aplicar las recomendaciones al nuevo Plan General de Ordenación Urbana, sin que, por el momento, haya un acuerdo concreto.
Los expertos reunidos en el Conama realizan además un llamamiento a las comunidades autónomas, el nuevo Gobierno de España y la Unión Europea para que den «cabida en la toma de decisiones supranacionales a los planteamientos y demandas de las autoridades locales». De forma paralela, recuerdan a los ayuntamientos su responsabilidad para que «den un paso adelante y asuman los retos de la sostenibilidad con compromisos concretos a medio y largo plazo».
Una vez en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial, se procedió a la clausura del congreso. En ella participaron la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, el presidente de la Fundación Conama, Gonzalo Echagüe, la diputada foral de Medio Ambiente, Marta Alaña, y la embajadora de Dinamarca en España, Lone Wisborg, entre otras autoridades.
Durante el acto, Echagüe pidió «más liderazgo» en las políticas medioambientales y visiones ambiciosas que no se queden en el corto plazo, sino que vayan más allá para preservar los bienes comunes del planeta.
Ámbito decisivo
En el mismo sentido se manifestó Teresa Rivera, quien recordó que en 2050 el 70% de los 9.000 millones de habitantes del mundo vivirán en ciudades, que generan el 75% de emisiones de gases de efecto invernadero y representan el 70%. Por esas razones y como han repetido en estos días los expertos, «la ciudad va a ser el ámbito decisivo en la lucha contra el cambio climático».
Los congresistas pusieron a Vitoria como «ejemplo de gestión sostenible» y prometieron que contarán en sus países que la capital europeas «ha hecho del medio ambiente su bandera». Ya solo queda demostrarlo.


* El Correo - 2.12.11
Foto: Vitoria, tranvia - google

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Tenerife.- La Plataforma contra el PGO denuncia otro 'caso Teresitas'

CANARIASAHORA* : La Plataforma contra el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz de Tenerife anunció este viernes su intención de convocar una movilización ciudadana para exigir el cese de Víctor Reyes de su puesto de funcionario en el Ayuntamiento al estar supuestamente inmerso, según afirman, en un caso “similar al de Las Teresitas”, que no es otro que el del pago “irregular” por la Casa Siliuto.
También denuncian supuestas obras “irregulares” permitidas por parte del Ayuntamiento, que podría haber concedido una licencia “ilegal” en un solar ubicado cerca de La Salle.
Según denunció el abogado, Felipe Campos, en un encuentro con los medios, la concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz ha concedido una licencia “manifiestamente ilegal” en una parcela de equipamiento publico docente, en la calle José Rodríguez Ramírez, en la que se levanta un edificio, según reitera, “ilegal“ no solo por su uso, sino porque, según el letrado, elimina los retranqueos, el estudio de detalle y obligó a que el uso de equipamiento publico docente del solar se cambiara a comercial.

“Es un escándalo y uso torticero del PGO“, reitera Campos, quien confía en el compromiso manifestado por alcalde, José Manuel Bermúdez, y el teniente de alcalde, Julio Pérez, para “arreglar los fuera de ordenación” además evitar que el mismo “recoja estas ilegalidades y premie al infractor“.

Desde su punto de vista, este es uno más de los casos que representan la gestión de Miguel Zerolo al frente del ayuntamiento de Santa Cruz, “donde se podían conceder licencias para obras absolutamente ilegales porque el PGO que querían aprobar a toda costa las ponía al orden”, apostilla.

Felipe Campos calificó este caso de “auténtico escándalo”, razón por la que exigió al Ayuntamiento de Santa Cruz que “restablezca la legalidad” y ponga “fin” al “zerolismo”, un comportamiento que, según afirmó, mantiene, tras la marcha del anterior alcalde, Víctor Reyes, un funcionario antes director técnico jurídico de la Gerencia, a quien “le tuvieron que crear una nueva plaza” pero que es un “ejemplo de lo que nunca puede ser un funcionario público”.

Afirma que, en el caso de la Casa Siliuto, dio licencia municipal a una obra “completamente ilegal”, una compraventa en la que Víctor Reyes decidió pagar “un precio excesivo” y aceptar un informe externo “irregular y erróneo” relativo a esta edificación protegida en calle San Antonio, El Toscal.

Campos asegura que en este caso “no hacia falta comprar y bastaba con modificar el PGO“. Sin embargo, denuncia que se pagó un dinero excesivo “como en Las Teresitas“. De hecho, recuerda que, mientras el informe de la arquitecta municipal decía que el edificio valía 300.000 euros, supuestamente aceptó pagar 300.000 euros más de su valor real, “olvidando la valoración técnica y aceptando una externa”.

“Es un nuevo escándalo en el que Víctor Reyes decide saltarse la legalidad”, reitera Campos, quien insiste en que “es muy grave lo que ha hecho”, a la vez de criticar que ningún partido político pida la dimisión de Reyes.

El consistorio adquirió este inmueble para destinarlo a sede de la Casa Insular de la Juventud, si bien hasta ahora no se ha invertido nada en ese proyecto, aunque el nuevo gobierno local anuncia partidas para el próximo año. De momento, la casa, situada en El Toscal, presenta un avanzado estado de deterioro.


* Canarias Ahora - 2.12.11
Foto: Sta Cruz Tenerife, casa Siliuto - laopinion

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Xúquer Viu se opone a un nuevo trazado del trasvase Júcar-Vinalopó

ELPAÍS/Valencia* : "Ni en Antella ni en Cortes de Pallás: Xúquer Viu se opondrá a cualquier intento de proyectar un nuevo trasvase del Júcar al Vinalopó" más allá del ya existente desde el azud de la Marquesa, en el término de Cullera. Con esta contundencia se expresaron ayer los miembros de la asociación de la Ribera reunidos en la asamblea anual celebrada en Sueca. El colectivo responde así a las pretensiones de habilitar una segunda toma de agua en el río con destino a las comarcas del sur por parte de lo que denominan lobby alicantino. Anunciaron que mostrarán su "oposición frontal" a través de la negociación, movilizaciones, desde las instituciones y en el terreno judicial, aseguraron.
"Somos conscientes de que los valores ambientales y ecológicos van a pasar a un segundo plano tras el nuevo escenario político salido de las pasadas elecciones", afirmó el portavoz del colectivo, Paco Sanz. "Mantenemos el discurso de la defensa del río y nos reafirmamos en la necesidad de una nueva cultura del agua que racionalice su uso sostenible", añadió.

Xúquer Viu anunció que van a mantener la unidad de todos los sectores a los que afecta el Júcar, "más allá de las ideologías políticas". Sanz avanzó que van a ponerse en contacto con el PP de la comarca "porque pensamos que han de estar de acuerdo, y la propuesta alicantina, y de Federico Trillo, de llevar a cabo un segundo trasvase resulta incómoda para muchos de sus militantes". La asociación seguirá reivindicando el uso ciudadano del río más allá de los regantes y las eléctricas, "de quienes quieren nadar, pescar o pasear", dijo el portavoz. "Sin un río vivo, sin agua, o con ésta contaminada, los usos productivos de la comarca también van a verse afectados de manera negativa", aseguró.

En la asamblea también se reivindicó la necesidad de que sea negociado, y aprobado, el nuevo plan hidrológico de la cuenca del Júcar, que debería estar finalizado en diciembre de 2009. "La Unión Europea ha abierto un procedimiento sancionador al reino de España por el incumplimiento de los plazos marcados por la Directiva Marco del Agua (DMA) europea", manifestó Sanz. El nuevo plan de usos del río deberá cumplir la DMA, estableciendo un caudal ecológico y deteniendo la sobreexplotación del acuífero de La Mancha Oriental", dijo.

En la asamblea se dieron cita un centenar de socios, representantes institucionales, alcaldes de la zona, responsables de partidos políticos, regantes y otros colectivos. También participó José-Pascual Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca y portavoz de la Unión Sindical de Usuarios del Júcar. Joan Baldoví (Compromís-Equo), diputado recientemente elegido para las Cortes Generales se comprometió a trasladar a la cámara los postulados de Xúquer Viu.


* El País - JOSEP BLAY - 04/12/2011
Foto: Cullera (Valencia) - google

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El espejismo de la desregulación urbanística (y II)

JOAQUÍN CASARIEGO/Canarias* : Hablar de desregulación en Canarias casi produce sonrojo, ya que hasta hace no muchos años la mayor parte del territorio regional se desarrollaba "de aquella manera" y en la periferia de las dos grandes ciudades, se construían cientos de viviendas sin el más mínimo respeto a los planes municipales. Y no solo las "urbanizaciones marginales", que se podía entender, sino los múltiples polígonos de viviendas construidos por el Estado, que estaban, paradójicamente, exentos de su cumplimiento. Una Ley de la Selva de la que se comenzó a salir solo cuando se inició la descentralización administrativa y comenzaron a promulgarse las primeras leyes canarias y los primeros planes generales redactados y aprobados por los canarios.
Autorregularnos. Lo que algunas décadas antes podía parecer una quimera, comenzaba a hacerse realidad. Autorregularnos, en términos urbanísticos significaba poder desarrollar leyes en atención a nuestra idiosincrasia, nuestra cultura territorial y nuestro paisaje. Algo que las leyes urbanísticas anteriores, entendidas siempre en términos estatales, habían lógicamente desatendido. Una nueva condición de la que surgieron tres campos de batalla, que, en materia urbanística, han estado en la base del sistema normativo canario: a) una ley del territorio propia, b) normas para proteger nuestros espacios naturales, y c) fórmulas legales para regular la urbanización de la principal fuente de riqueza de la región, es decir, la industria turística.

Un proceso de desarrollo institucional que abordaron con mayor o menor urgencia y celeridad el resto de las comunidades autónomas del Estado; más complejas y pormenorizadas, cuanto más recursos han poseído para llevarlas a cabo, con Cataluña y las regiones más prósperas del norte de España como constante referencia. Un proceso que ha exigido el montaje de una estructura burocrática y administrativa propia para poder desplegar toda sus potencialidades y que, no debería olvidarse, ha permitido el periodo de desarrollo urbanístico más rico y riguroso de la historia de esta región, en el que, curiosamente más se ha crecido y más nos hemos parecido a una comunidad del primer mundo.

Pero ahora pintan bastos. Asistimos atónitos a una depresión económica de caballo de la que somos solo parcialmente responsables. Canarias, una región con un bajo índice de productividad, debido no solo a la escasez de recursos propios, sino a su aislamiento geográfico y a un subdesarrollo cultural endémico, por tanto, una región dependiente, observa paralizada el resquebrajamiento de ese sistema del que depende. Una situación que genera desorientación, incertidumbre y desconfianza en el futuro. Y por tanto más dificultades para materializar la inversión, que en el caso del turismo se sitúa en el colmo de la dependencia. En resumen, un contexto de creciente pesimismo, idóneo para ser vampirizados por los engañosos atractivos de la desregulación.

Y puede que no sea difícil encontrar argumentos a su favor, puesto que la modernización urbanística de la administración regional, insular y municipal de Canarias, ha exigido un enorme esfuerzo, no solo legislativo, sino también infraestructural. Partiendo del Paleolítico, treinta años para contar con una cobertura urbanística homologable al resto de las regiones europeas, no pasan sin tener que superar alambradas, saltos sin paracaídas y disparos cruzados desde todos los ángulos. Y por tanto, cometiendo errores de crecimiento, así como desajustes de todo tipo: departamentos mal dimensionados, comisiones con una composición defectuosa, planeamiento de tramitación indefinida, encargos mal calculados,... Errores y desajustes que, efectivamente, retrasan, y retrasarán, las expectativas de inversión.

Aunque lo justo sería plantearse también el número de ventajas que este proceso ha supuesto para acercarnos a las comunidades desarrolladas en aspectos como el control de las densidades de edificación, la protección de la naturaleza, la rehabilitación del patrimonio, así como la obtención gratuita de suelo para la construcción de hospitales, colegios, calles, parques, plazas públicas,... ¿o es que no fue necesario echar mano del urbanismo para llevarlos a cabo? ¿Alguien piensa que esto último se ha podido realizar sin errores materiales o retrasos en los trámites? ¿De qué urbanismo nos queremos desembarazar?

Hoy en Canarias existen no solo declaraciones explícitas, sino sobrados síntomas materiales que nos advierten de que se está promoviendo un proceso de desregulación urbanística, del que sabemos su comienzo, porque lo estamos observando, pero difícilmente su final. Después de haber sufrido en carne propia los efectos nocivos de un periodo largo de expansión urbana desmesurada y consumo irracional de suelo, con la paralización, por su abuso, de un sector económico completo, el sector de la construcción, ¿qué es lo que se pretende obtener con una nueva desregulación, ahora "a la canaria"? ¿O es que no se ha calculado el costo (social y paisajístico) de modelos territorialmente insostenibles, como es el caso de la "urbanización dispersa"?

La desregulación, en contra de lo que se pueda suponer, no es ni de izquierdas ni de derechas, pero es profundamente antidemocrática, porque ataca los tres principios básicos, más arriba enunciados: la igualdad de oportunidades, la transparencia administrativa y la participación pública. Desregular en urbanismo es, por tanto, renunciar al control por parte de los ciudadanos de las iniciativas y los proyectos de transformación del territorio. Territorio, que es, como es fácil de entender, "nuestro".

Porque si lo que se pretende es simplemente mejorar los procedimientos ligados al control público de las acciones sobre el territorio, es decir, hacerlos más eficaces y expeditivos, y, por tanto, obstaculizar lo menos posible las propuestas de inversión, entonces perfeccionemos la máquina. La alternativa no tiene por qué ser necesariamente suprimir aquellos eslabones de la cadena donde el proceso se atasca, porque eso podría debilitar su fuerza y anular sus objetivos sociales. Y entones estaremos retrocediendo. Existe otra alternativa, por supuesto más compleja, costosa y lenta. Pero más coherente con el espíritu que alumbró el despegue del urbanismo canario, treinta años atrás. Y es invertir más en urbanismo, que no significa legislar más, sino legislar mejor. Poner mayor atención a las consecuencias territoriales, económicas y judiciales de las normas que redactamos y aprobamos. En resumen mejorar nuestro urbanismo.

Porque ¿estamos seguros de que el bloqueo de todos los proyectos de inversión de los que nos estamos quejando es producto de la maraña legislativa en materia urbanística existente en Canarias? ¿O en innumerables casos, la maraña administrativa no es sino un pretexto más en la guerra de intereses, sean éstos de raíz territorial, partidista o económica?

Yo diría que Canarias, producto de su subdesarrollo y su falta de visión a largo plazo, se ha encontrado siempre con problemas para llevar a cabo todos aquellos proyectos que exigen una escala grande, un calendario dilatado y una gestión compleja. Sean estos públicos o privados. Con más facilidad en aquellas administraciones en que el color político se repite durante varios mandatos consecutivos y con menos, en las que cambian cada cuatro años.

La fijación, en mi opinión desmesurada e interesada, que estamos sufriendo en la actualidad con el urbanismo, ataca a la inteligencia del ciudadano medio y descuida los efectos nocivos (y a veces dramáticos) de la desregulación, sin pararse a reflexionar ni sus causas, ni su problemática interna.

Sigamos jugando con fuego y seguiremos viendo los volcanes amenazantes burbujeando

* La Provincia - Opinión - 4.12.11

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