FRANCISCO PALACIOS ROMEO* : A los dos meses del 15-M no sólo se puede hacer un sobresaliente balance en cuanto a movilización, empatía colectiva y catarsis política sino también en cuanto a la recuperación de conceptos democráticos esenciales, que han estado siendo expropiados por los actores fácticos de poder con la complicidad del institucionalismo partitocrático. Una dinámica perversa acelerada en estos últimos años y que se muestra casi histérica como patentiza lo ocurrido en estos últimos días. Por un lado estaban (estamos) las gentes-15 M que tuvieron el valor de tirarse a la calle y en la calle para pedir simplemente democracia real. Por otro lado estaban (están) ellos, los que nos miran con desprecio o ira, los que nos impugnan como ignorantes, ingenuos o erráticos para, finalmente, escupirnos el clásico estigma: antisistema.
Sin embargo, una vez más, la realidad se ha escrito al revés. Una vez más mienten: no había una sola reivindicación en los textos base de Democracia Real Ya, -los que dieron origen a la movilización- o en los austeros comunicados finales de las acampadas, que no se inscriba en el espíritu constitucional y que no tengan reflejo directo en su articulado o en su teoría general. Mienten cuando intentan hacer pasar por peticiones del movimiento lo que son polimorfos debates sobre centenares de temas a modo de sugerencias individuales, que se plantean en un ambiente asambleario, abierto y que, por definición, son asistemáticas, dispersas y numerosas. Ambiente deliberativo que por si mismo es ya el objetivo principal de la movilización, sin pretender ni querer llegar en treinta días a un infalible recetario político. Pero ha quedado muy claro que no se puede pedir a una buena parte de la clase política, mediática o académica que sepan entender en qué consiste la deliberación, las dinámicas asamblearias y ni tan siquiera los rudimentos participativos.
Mienten también cuando hablan de que el objetivo es la demolición de las instituciones y de la democracia representativa cuando, más bien es al contrario. Un objetivo fundamental del movimiento es su catarsis, proporcionalidad representativa, control ciudadano y ejercicio transparente.
La realidad que han ignorado es cómo las movilizaciones son, ante todo, una rebelión constitucional que alerta sobre la demolición de las esencias constitucionales y la consolidación de sus excrecencias. Reivindican el hecho constitucional bajo presupuestos muy básicos, que ahora están siendo sistemáticamente demolidos por la clase política y por la clase económico-social hegemónica. Estos últimos venden un texto constitucional florido y edulcorado, se parapetan y legitiman en un documento solemne para, una vez que éste es procesado normativa y administrativamente, dejarlo reducido a despojos y deshechos, bajo una estructura orgánica epatante, coronada con la púrpura dinástica de los verdugos de nuestros antepasados. En este sentido, ellos y sólo ellos son los auténticos anti-sistema.
Por ello, el movimiento ciudadano es rebelión. Pero una rebelión que no necesita sino mirar a ese texto constitucional burlado y quebrantado y, para más inri, coronado… con espinas. El 15-M se rebela hacia la Constitución para recuperar las esencias constitucionales.
1. Rebelión contra la quiebra del pacto social constitucional y contra la quiebra del principio de soberanía popular y nacional.
La ciudadanía ha dejado en evidencia la quiebra de una práctica política básica de los derechos fundamentales, la quiebra del principio de igualdad y la ruptura de un ejercicio mínimo de la soberanía.
Las constituciones son, en teoría, un gran contrato social. Son un pacto entre el Estado y los ciudadanos por el cual el ciudadano soporta y admite:
a) la función represora y ordenadora del Estado;
b) límites a su propia libertad y capacidad para hacerse y disfrutar de bienes y espacios físicos y naturales, a veces límites muy desigualmente repartidos y explotados por parte de beneficiarios excluyentes;
c) incapacidad material para elegir dónde vivir y convivir con tus comunes, amigos o familias;
d) la ordenación de todas las formas de administración, formación, información y fiscalización.
¿A cambio de qué el ciudadano admite la intervención e imposición de un sistema de orden cerrado e inexpugnable de prohibiciones, homologaciones, permisos, licencias y propiedades por parte de ese ente artificial que es un Estado? ¿A cambio de nada o de simples expectativas? No, a cambio de una serie de derechos civiles, políticos y sociales. A cambio de una organización democrática de la sociedad y a cambio de que el estatus de desigualdad vaya limándose y equilibrándose. Y es el Estado el encargado de hacer valer tales derechos, tal principio democrático y tal principio de igualdad a través del ejercicio de un instrumento esencial: la soberanía. La soberanía es el elemento fundamental del Estado, sin soberanía no existe el Estado tal y como se contempla desde los primeros teóricos del Estado y de todas las teorías sobre su legitimación.
¿Qué es la soberanía? La soberanía es la capacidad y obligación del Estado -a través de sus representantes legítimos- de imponerse sobre factores de poder, sobre grupos de presión, tanto externos como internos y mantener su independencia respecto a otros Estados. Así de simple y así de contundente.
La soberanía no será ese espantajo retórico, adornado con solemnes banderas e himnos. Esa a la que nos tiene acostumbrados cierto tipo de derecha o de progre-burguesía y tras la cual sólo se esconde la negación de la misma, es decir, su sumisión servil e interesada a los grupos de poder que sistemáticamente imponen sus criterios, intereses y modelos de dominación al resto de ciudadanos, que quedan convertidos de esta manera en ciudadanos-siervos al servicio de los ciudadanos-señores. La soberanía no es una camiseta futbolera o una banda de música militar sino el concepto central de todo marco de convivencia estatal.
El contrato social y el pacto constitucional son una cosa, los pactos del euro se corresponden con las contrarias.
2. Rebelión de la inmensa mayoría. El resurgir de la Multitud.
Se equivocan quienes descalifican a los acampados por ser unos miles de marginales cuando son básicamente la punta del iceberg ciudadano. Porque sí hay millones de personas críticas con el sistema que no acampan, que no se movilizan explícitamente o que incluso votan a los partidos hegemónicos.
Muchos miles no acampan en las plazas pero acampan estructuralmente en las redes sociales. Otros acampamos en la dinámica de grupos y coyunturalmente en las redes sociales. Otros son omisivos y abstencionistas.
Y, finalmente, muchos votan pero suspenden e impugnan el sistema. Estos últimos forman parte de la población que sirve a la clase política para autolegitimarse: “votan el 65%”, afirma la mencionada clase política. Sí, pero lo que no se menciona es cómo los políticos -todos los políticos- son suspendidos en todas las encuestas que llevan haciéndose en los últimos 30 años, incluidas las oficiales encuestas del C.I.S. Es un dato demoledor que deslegitima el actual institucionalismo democrático y a sus ejercientes: todos los políticos suspendiendo todos los años sucesivamente. A cualquier estudiante le hubieran expulsado ya de la licenciatura.
La clase política supone para la ciudadanía, ya, el tercer problema concreto en sus vidas (según C.I.S. de junio de 2011, detrás del paro y la crisis que son problemas creados también por ellos). Y cuando se tiene un problema se trata no de mejorarlo (un problema no se mejora) sino de eliminarlo. Mucha gente vota por circunstancias casi irracionales: tradición familiar, victimarios de la pasada guerra civil, odio extremo al otro, tópicos ideológicos, miedos injustificados producto de la demagogia electoralista, simple catarsis de cambio, neófitos electorales…. Todas ellas no son causas precisamente que legitimen al sistema, más bien al contrario hablan de una cultura política de ignorancia, manipulación, miedo e impotencia.
Esta partitocracia plutocrática sabe que la inmensa multitud está en formación y en un proceso de hibridación potencialmente muy peligroso. Por ello se prestan acometer un proceso de involución social intenso con el objetivo de romper canales y puentes de comunicación socio-política donde pudiera llegar a converger dicha Multitud.
Para ello, se está generando un modelo de ultra-competitividad nada inocente. Un modelo que disuelva los intereses comunes y los espacios convergentes de los dominados, que liquide las redes de apoyo mutuo facturando un modelo de ultra-individualismo y ultra-utilitarismo. Lo hicieron parcialmente durante las décadas 70-80 bajo la bandera de la gobernabilidad y ahora se aprestan a terminar el trabajo bajo la insignia de la gobernanza.
3. Rebelión a favor de simples mecanismos de control, transparencia y pluralismo de la misma estructura representativo-partitocrática y del Estado en general.
El problema no es sólo que la estructura representativa sea en sí misma insuficiente, sino que esta estructura representativa básica termine funcionando, porque ahora está literalmente secuestrada por la oligarquía de partidos y de grupos de presión adyacentes.
Hay que recordar cómo en un texto constitucional los ítem transparencia, control, publicidad independencia tienen numerosas entradas. También lo tienen en la exposición de motivos de muchas leyes porque hay un consenso establecido en que transparencia, control y publicidad forman parte central de lo que es un Estado Constitucional. Y, por lo tanto, para que control, transparencia y garantía estén realmente presentes tienen que estar fuera del imperium de dichos partidos hegemónicos, para lo cual habría que devolver el protagonismo a la sociedad civil-popular para revolver temas tan evidentes como:
a) Elección no vinculada a la oligarquía partitocrática de instituciones tales como el Defensor del Pueblo, Fiscalía General, Tribunal de Cuentas, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional.
b) Extensión del principio de publicidad y transparencia a todas las esferas administrativas -incluida la Casa Real- con un aumento de competencias de la Intervención General del Estado e incluso con su elevación a institución de rango constitucional.
c) Mayor proporcionalidad y apertura del sistema electoral con técnica de resto mayor y listas abiertas.
d) Democracia interna efectiva de los partidos políticos con sistema de elecciones primarias.
e) Publicidad y equilibrio en la financiación de los partidos políticos.
f) Publicidad del patrimonio y rentas de altos cargos con modificación de sus estatutos en cuanto a régimen de incompatibilidades presentes y futuras.
g) Ampliación de las condiciones, posibilidades y mecanismos de control en los sistemas de contratación pública.
Temas que requieren un complejo mecanismo jurídico para su modificación, como es la reforma de la Constitución o la reforma de una ley orgánica. Tras esa dificultad se va a parapetar la clase política dominante para evitar los cambios. Y por ello se hace imprescindible una inmensa presión popular.
4. Rebelión contra la eugenesia neoliberal de los derechos sociales.
Indignarse no es sino defender el clásico constitucionalismo social. Éste, fue construido sobre las ruinas de la II G. M. y sobre la lección histórica que supuso la debacle liberal imperialista que dominó Europa y el mundo durante los casi dos siglos de constitucionalismo militarista y propietarista, que había sido secuestrado por la hegemonía de la nobleza y la alta burguesía hasta mediados del siglo XX.
Los derechos sociales reivindicados en los documentos base del 15M tales como “vivienda, trabajo, remuneración suficiente, derechos laborales, jubilación a los 65, seguridad en el empleo, derecho de paro, salud, educación, derecho al consumo de bienes básicos” son directamente asimilables a artículos del texto constitucional de 1978 (artículos 47, 35, 37, 50, 41, 44, 43, 27). Derechos con base en la Declaración Universal de Naciones Unidas de 1948 y en los Pactos internacionales de Derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales que la desarrollarían (1966), y que son el corazón de ese gran Contrato Social ahora en bancarrota
Bancarrota social, puesto que se dilapida el contenido esencial de todos esos derechos, y se deja su cascarón progresivamente más vacío. Éstos son sus efectos:
a) Laminación de la figura del contrato indefinido laboral que ha sido convertida en una anécdota histórica, sepultada en múltiples modalidades laboral-contractuales (tiempo parcial, en prácticas, de formación, de obra, circunstancial…) que han precarizado y degradado el trabajo.
b) Pérdida de valor adquisitivo salarial sepultado tras hipotecas que consumen el 90% de un salario medio, cuando hace treinta años consumían el 30%, y cuando esa condena se prolonga por término medio 28 años cuando antes duraba 15 años. Valor adquisitivo que se torna en cero universal cuando el ciudadano es embargado y liquidado por el resto de sus salarios, de por vida, hasta que salde una deuda que él no ha contraído realmente, sino merced a un sistema hipotecario falaz.
c) Mermas de los derechos de previsión que mayoritariamente han ido disminuyendo en sus percepciones y en sus tiempos y, sin embargo, han ido endureciendo sus condiciones y exigencias, como sería el caso del desempleo o el despido (sometidos a su abaratamiento) o la jubilación (retrasada, reducida y sometida al prorrateo de casi toda la vida laboral).
d) Degradación de una sanidad que ha multiplicado sus listas de espera como multiplica sus centros de asistencia primaria sin apenas haber emprendido la construcción de nuevos hospitales de asistencia cualificada y especializada y sobre la que pende la amenaza de privatizaciones y re-pagos ya establecidos en el ámbito farmacéutico.
e) Desactivación de un marco de negociación colectiva que deja inoperativos los convenios nacionales o provinciales para poder operar a partir de los convenios de empresa sin ningún tipo de límite a la baja, con lo que está liquidando de facto la propia eficacia y esencia de la negociación colectiva. Los autores del último decretazo deberán responder a la pregunta de qué capacidad de negociación tendrán unas decenas de trabajadores frente a una empresa con capacidad para poder presionarles y chantajearles merced a una desregulación del mercado de trabajo que da infinitas posibilidades para la precariedad y el despido, máxime teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del tejido industrial está constituido por pymes.
f) Castigo fiscal e incapacidad competitiva de las pequeñas, medianas empresas (pymes) y autónomos. Toda la prima estatal fluye para bancos y grandes empresas mientras se abandona a la pequeña industria y a los ámbitos artesanales y autónomos. Abandono administrativo, fiscal y mercantil por parte del Estado que le empuja a la confrontación social con el mundo laboral, al que presenta como culpable-exprés de todas las dificultades económicas del mundo empresarial. Escenificación que gobiernos, patronal e incluso sindicatos mayoritarios escenifican con las firma de sucesivas reformas laborales que “abaraten” los costes laborales.
g) Ausencia casi total de estímulos administrativos para las sociedades de tipo cooperativo o laboral en claro menosprecio del mandato constitucional (art. 129).
Cuando nuestros textos constitucionales definen al Estado como un Estado Social no están asumiendo un Estado liberal. El Estado Social comporta un tratamiento de toda la normativa del Estado y de todas las políticas públicas de la Administración bajo “cláusula Estado Social”.
El Estado Social por su propia naturaleza tiene unos contenidos esenciales que lo diferencian radicalmente del Estado Liberal. Los que piensen que un Estado Social debe supeditarse a unos remedos asistencialistas y a una educación y sanidad mínimas, propias de la Prusia bismarckiana, se equivocan.
Ese no ha sido el pacto y esa no es la sacrificada capitalización social que han hecho nuestras generaciones anteriores desde las rentas del trabajo, y que ahora está siendo transferida obscenamente a las cuentas de los grandes capitales y de los principales grupos de presión. Las políticas liberales en un Estado constitucionalmente social suponen la ruptura del modelo y, por lo tanto, del compromiso. Suponen una transgresión jurídica, y son, abiertamente, violencia política esencial.
5. Rebelión a favor de un Estado interventor, fiscalizador y director, que ejerza de garante real de nuestra soberanía respecto al sistema económico-financiero (art. 128 C. E.).
Ellos han sido quienes han desmantelado todo el sector público que cobijaba la soberanía real:
Sectores rentables y estratégicos (telefonía, energía petroquímica, energía eléctrica, gas, agua…).
Sectores estratégicos y económicamente de efecto multiplicador (siderometalurgia, minería, automotriz, comunicaciones…).
Espacios financieros de autonomía táctica (banca industrial, agraria, comercial, hipotecaria…, bancos centrales estatales).
Todo lo han privatizado, ahora hasta las loterías y los montes de piedad en sendos decretazos psocialistas. Lo hacían para descargar a los Estados, porque los Estados -decían- no podían sobrellevar todo ese peso intervencionista. Mienten una vez más.
Han mentido obscenamente porque, paradójicamente, en lugar de restar los pasivos de los Estados los han multiplicado como nunca en toda la historia de la existencia del Estado.
El colmo de las paradojas han sido unas prácticas neoliberales que desmantelan los Estados y, sin embargo, los dejan exangües y semi-derruidos.
El colmo ha sido cómo se liquidaban o prejubilaban miles de trabajadores de empresas públicas estratégicas mientras se incrementaba exponencialmente el número de empleados de empresas públicas clientelistas, de entes externalizadores de funciones administrativas, de redes estructurales de intelectualidad orgánica, todas ellas conformadoras de conglomerados económicos improductivos, cuando no de chiringuitos de difícil adscripción a caballo entre grandes exposiciones universales y fastos de obscena autocomplacencia. La empresa pública estratégica desaparecía y los servicios públicos se degradaban mientras se subvencionaba cualquier ocurrencia empresarial de sectas y camarillas. El resultado ha sido un Estado vacío pero orondo, sediento pero embriagado y narcotizado por un gasto psicotrópico y una deuda delictiva, socialmente hablando.
Todo un sistema que ha generado impunemente multimillonarias deudas públicas y de déficit leoninos que pagar a los conglomerados financiero-rentistas, y que finalmente será abonada, directa o indirectamente, por la mayoría de ciudadanos. Y decimos bien, una mayoría, una multitud, porque hay otra minoría que precisamente ha incorporado esa deuda brutal al activo de sus propios patrimonios. El dinero no se evapora sino que, en gran medida, se transforma por vía de canales financieros o por drenadores radicales como los del sistema inmobiliario-hipotecario.
La deuda de unos son las ganancias y las plusvalías de otros. Se ha producido la transferencia de capital y plusvalía más obscena que ha contemplado la historia contemporánea desde tiempos de la desamortización que Madoz hizo de bienes comunales y municipales. Correlativamente se está intensificando un proceso de proletarización y depauperación al estilo de cómo se desarrollarían en esa misma época de exasperación liberal. La capitalización forajida, la expropiación de las plusvalías, ha acabado en manos de una plutocracia que ahora ahoga a la Multitud.
6. Rebelión a favor de una mayor participación y control del Estado por parte de la sociedad civil-popular a través de canales más directos.
Ésta es una reivindicación que podría parecer ajena a un texto constitucional a causa del despectivo ejercicio de la participación que ha ejercido la partitocracia, con más de dos siglos de ingeniería jurídica sin articular un solo mecanismo participativo. ¿Falta de creatividad jurídica? No, no sería por falta de creatividad jurídica porque, mientras tanto, los códigos de comercio incorporaban cientos de figuras para el mejor manejo de la irresponsabilidad societaria mercantil. Mientras tanto, decenas de normas trabajaban para establecer mil vericuetos con los que hacer más opacos los flujos de capital financiero. Mientras tanto, centenares de normas privilegiaban fiscalmente a grandes concentraciones de capital.
También, mientras tanto, los textos constitucionales seguían albergando la tópica y nobiliario-excluyente teoría de Montesquieu en torno a tres funciones del Estado secuestradas desde los canales partitocráticos; e incluso afincadas en los ámbitos nobiliarios, como ocurrió en todas las monarquías europeas en pleno siglo XX, y como ocurriría en el caso de Inglaterra hasta incluso entrado el siglo XXI. De esa manera, la palabra participación se manejaba en las constituciones como un adorno floral, un ritual litúrgico, ajeno a la lógica de la mínima eficacia por la cual se quebranta el principio democrático sagrado por el que una Constitución es una norma y además una norma donde todas las palabras deben tener un contenido a desarrollar y no a evitar o incluso a quebrantar.
La Constitución de 1978 preceptúa textualmente “el derecho de participar en los asuntos públicos directamente” (art. 23) e insta al Estado a “facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social” desde el mismísimo Preámbulo del texto (art. 9). Lo dicta en relación a organismos públicos y e incluso habla de promover eficazmente formas de participación en las empresas.
Establecer mecánicas participativas no es fácil ni debe ser precipitado, requiere una pedagogía que se ha burlado. Requiere una cultura que se ha proscrito y requiere de unos mecanismos que se han hurtado. Requiere tiempo y una concepción democrática real. Un listado básico más concreto, manejado en los foros 15M, sería:
a) Operatividad real de la consulta e iniciativa popular tanto en cuanto a iniciativa legislativa como a sistemas múltiples de referendos.
b) Presupuestos participativos, como fórmula de poder debatir cuál es el sistema de prioridades sociales en el gasto, si el ciudadano quiere o no quiere endeudarse, cómo y con quién. Fórmula de control del despilfarro, la ostentación y las políticas de lógica clientelista.
c) Consejos o Asambleas Ciudadanas, como forma de democratizar la toma de decisiones en un proceso que iría incrementando su carácter vinculante, y donde su composición se encuadraría bajo técnica de implicado, gremial o insaculatoria, dependiendo de la temática a deliberar y decidir.
d) Estímulo de la cultura de la e-Democracia (Internet, intranet, foros y sistemas de comunicación telemáticos) como fórmula fundamental de participación y, a futuro, de toma de decisiones.
En estos tiempos de la demolición participativa -e incluso negociadora- en el mundo laboral es bueno reseñar que la Constitución (sí, nuestra Constitución de 1978) no sólo habla de participación política sino que habla de promover eficazmente formas de participación en las empresas: “los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa” (art. 129) e incluso preceptúa la obligación del Estado de facilitar la participación de los trabajadores en la propiedad de las propias empresas (sic): “facilitar el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción” (art. 128). Artículo este último que, sin duda, amenizará con risotadas, burlas y chistes clasistas muchos saraos de la antigua burguesía-de-toda-la-vida y de esa nueva burguesía inmobiliario-partitocrática de Dom Pérignon. Artículos constitucionales ahora mismo rayanos en el sarcasmo y la burla social más cruel.
Artículos frustrados y burlados que nos hablan bien a las claras en dónde quedan los contenidos constitucionales… Artículos que cobran mayor dramatismo cuando, ahora mismo, -por decreto ley psocialista- se están destruyendo las bases de la mismísima negociación colectiva abriendo casi todas las posibilidades de desmarque del capital respecto a obligaciones empresariales e introduciendo toda una estructura de cosificación del trabajador.
7. ¿15-M, Antisistema?
Vosotros, casta oligárquica, sí sois antisistema. Os habéis cargado el capital social de la generación pasada. Os habéis dedicado a montar clientelas políticas, a compincharos con siniestros grupos de presión, a claudicar ante el chantaje de poderes hegemónicos.
No habéis sido capaces de administrar una simple política de urbanismo, de vivienda, de estabilidad laboral, de vigilancia de la competencia, de control de instrumentos mercantiles o fiscalización del mercado de valores. Habéis generado un falso sistema hipotecario, más draconiano que el del Derecho Romano, una normativa mercantil pirata a favor de la banca, con toda clase de contratos basura de permuta financiera (clips, swaps..) que incluso harían ruborizar a López Rodó...
Estáis acabando incluso con unas cajas de ahorros tomadas al asalto por politicastros y familias-de-toda-la-vida, descapitalizadas a base de créditos blandos e irresponsables, ad maiorem gloria de clientelas de partido, colegas de chiringuito, financistas electoreros o amigos de juerga. ¡¡Las cajas de ahorros!! que no eran precisamente un producto de ingeniería socialista sino un producto asistencialista del Concilio de Letrán y del talante paternalista del Conde de Buendía…
Habéis generado un sistema que ha enriquecido por generaciones a especuladores y constructores de todas las ciudades, en este maldito país de los Florentinos y Felipes (González o Borbón, qué más da). Un sistema que ha conducido a la cadena perpetua hipotecaria -y por lo tanto a la muerte civil- a centenares de miles de familias trabajadoras.
¿Perro-flautas? Perro-flautas sois vosotros, pero sin flauta, sólo perros, que habéis hecho el ridículo ante todos los mercachifles del orbe o bien habéis fungido como mamporreros interesados de las mafias hedgefundistas.
8. La decadencia esencial del Sistema. El capitalismo anónimo
También quedaría otra opción, y esta sí sería antisistema: todo lo aquí dicho no es exacto, vosotros las élites políticas -y por supuesto las élites económicas- no sois culpables, sois personas admirables, virtuosas, caritativas incluso, pero… impotentes, y es el Sistema de organización política actual el que no da más de sí, arrostrado por lo que se convierte en su alter-ego determinante: el sistema liberal capitalista.
Este sistema político infra-democrático que se muestra incapaz de construir una sociedad mínimamente armoniosa, incapaz de hacer valer un texto constitucional que termina convirtiéndose en esa pura hoja de papel mencionada por Lassalle, ya hace siglo y medio, “a merced de grupos fácticos de poder”.
Y en siglo y medio el intento de construir un real sistema democrático-social fracasa, una y otra vez, desde los actuales parámetros del constitucionalismo actual. Aquí donde la hegemonía de la política se hace imposible ante la insoportable presión de la lógica económica y de los actores propietaristas que cada vez acumulan mayor y mayor capacidad de expropiación.
El siglo XXI está conociendo esta insustraible dinámica con las agravantes de alevosía y del manto de nocturnidad con el que son capaces de operar los grupos de poder parapetados tras las espasmódicas performance anónimas del sistema, donde las sociedades son anónimas, los fondos son anónimos, las bases financieras son anónimas, los espacios fiscales son opacos, y donde todo se mueve a la velocidad del trilero.
Éste comienzo de siglo que está contemplando la más alevosa consolidación del capitalismo trilero y Trilateral, en donde la clase política ni ve, ni quiere ver cómo sus espasmódicos movimientos van desangrando a Estado y sociedad ante su pose de circunstancias impotentes y acomodadas que apenas alcanza a balbucear, patéticamente, una frase igualmente opaca y falaz: “los mercados, son los mercados…”.
9. ¿Hacia un amplio proceso constituyente?
Si el Estado, o los ahora representantes institucionales, incumplen el pacto constitucional el ciudadano quedaría liberado de responsabilidades. Y el pacto se incumple cuando los derechos fundamentales o el papel soberano del Estado van quebrando progresivamente. Cuando pierden toda su esencia a través de una perdida permanente de contenidos hasta casi desaparecer. En este sentido, no debe resultar indiferente que esto ocurra por causas distintas:
a) por la propia corrupción, cleptomanía e incapacidad de las clases hegemónicas.
b) por la propia incapacidad del modelo constitucional actual por imponerse soberanamente a las dinámicas perversas del sistema liberal-capitalista y de sus feudos financieros.
No es indiferente la disyuntiva, porque la estrategia del movimiento ciudadano sería muy diferente si la solución consiste en dos cosas muy distintas: a) realizar profundas reformas para generar un funcionamiento realmente democrático del sistema; b) se va haciendo imprescindible abrir un proceso deliberativo-constituyente, de carácter muy amplio, que siente las bases de un nuevo contrato social.
10. Por todo esto, los miles que se han tirado a la calle, y los millones que lo hacen en las covachuelas del ciberespacio, se convierten en multitud de defensores numantinos de un Estado social real, ahora intercambiado por un Estado del bienestar asistencial-clientelista, corroído y a merced de estrategas pésimos, capitanes corruptos, generales apocados y reyes de opereta.
* Francisco Palacios Romeo (Profesor de Derecho Constitucional), recogiendo las aportaciones esenciales de tod@s l@s acampad@s de la Plaza del Pilar (Zaragoza) y de la Plaza de Navarra (Huesca)
* Rebelión - Opinión - 16.07.11
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