JAVIER GÓMEZ/Málaga* : Puede que lo que más impresione a un español en cualquier viaje a la Toscana no sean exactamente sus joyas artísticas y arquitectónicas. Es más que probable que si un andaluz esquiva el síndrome de Stendhal al doblar la vía florentina del Calzaioli y descubrir la majestuosidad del Duomo de Brunelleschi; si a fuerza de pedalear sobre la muralla medieval de Lucca escapa del desmayo ante semejante belleza, o si incluso logra burlar el desvanecimiento en la Piazza del Campo de Siena cual jinete a la carrera por el Palio, al final sucumba ante el tesoro más impresionante de esta región transalpina: el paisaje.
No es ningún secreto que los italianos dominan el buen gusto. Sus modistos son universales y han logrado que el diseño sea la marca-país. Puede que no sean sinónimo de fiabilidad, durabilidad o eficacia, como ocurre con los alemanes o japoneses, pero la fórmula magistral de la belleza se esconde detrás de los productos italianos. Y el paisaje y el urbanismo, como escenario que acoge a los miles de monumentos de un Estado que, como el nuestro, vive en parte del turismo, son bienes protegidos. Para los ojos de un malagueño, acostumbrados a la destrucción de playas, acantilados, bosques, laderas, ríos y montes en aras de un falso desarrollo en forma de ladrillos, de la necesidad de atender a miles de turistas cargándonos precisamente lo que los atrae, resulta todo un reto buscar elementos discordantes en cualquier lugar de la Toscana. Es casi imposible.
¿Acaso alguien duda de que si tuviéramos por aquí un lugar como San Gimignano lo habríamos atiborrado de adosados? No hay que irse a los cascos urbanos. Cipreses, vides, olivos, girasoles y bosques constituyen una campiña italiana de postal que podría emitirse como anuncio turístico. En Málaga es cada vez más complicado encontrar localizaciones sin tener que recurrir al 'lifting' del photoshop.
Parece una broma de mal gusto la promesa de Rubalcaba de incrementar los controles a los planes urbanísticos, cual médico que receta antibióticos a un cadáver en la morgue. También que la Junta y el Ayuntamiento se feliciten por la próxima aprobación de un PGOU que sólo busca inversiones y empleo, como sin reparo declaran los responsables de ambas administraciones. Teniendo en cuenta que barbaridades como Colinas del Limonar son perfectamente legales, uno se pregunta en qué momento de la historia perdimos el sentido del gusto de nuestros primos hermanos italianos. Compartimos sangre y pasado, pasiones y fisionomía. Pero de nuestro ADN extirparon el instinto protector de la belleza.
* Málaga Hoy - Opinión - 14.07.11
'Porca' miseria
Se han borrado fotos de algunas noticias
Creo que son de los últimos meses y probablemente se deba a los cambios efectuados entre Blogger y Google+, al darme de alta en esta nueva red (con nombre de Carlos de Rueda).
Os pido un poco de paciencia por las fotos, porque además estamos en fechas prevacacionales (para todos igual) y el tiempo que puedo dedicar ahora es algo menor. No obstante el blog continuará diariamente, como de costumbre, con las noticias más relevantes de la especulación urbanística.
Como estáis viendo últimamente, este tremendo asunto de la corrupción y la especulación no se toma vacaciones y continúa como si no hubiera pasado nada!!
Un saludo a todos mis fieles seguidores, que, a pesar de todo, todavía continúan en verano.
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'El modelo de política de vivienda hunde sus raíces en el franquismo'
FOTOCASA/Entrevista* : Antonio Montiel, profesor asociado de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València, y José Manuel Naredo, doctor en Ciencias Económicas y estadístico, han escrito a cuatro manos el libro "El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano", publicado recientemente por Icaria Editorial, en el que se repasa la historia de la política de vivienda en España.
-fotocasa: En su libro hablan del "urbanismo salvaje" como causa principal de la crisis del sector ¿Cuáles han sido, en su opinión, los factores determinantes para llegar a la actual?
-Montiel y Naredo: Es evidente que se ha producido una sobreconcentración de actividad en el sector inmobiliario que ha detraído recursos de otros sectores (industria, agricultura, etc.), debilitando enormemente, como ahora se ha hecho evidente para todos, la economía española. Pero esa situación no ha sido casual, tiene que ver con la apuesta estratégica por un modelo de política de vivienda que prima la propiedad y la vivienda libre frente a la vivienda en alquiler y la vivienda de protección pública. Es un modelo que hunde sus raíces en el franquismo y cuyos hitos serían la creación del Ministerio de la Vivienda en 1957 y el diseño de una estrategia de producción de vivienda en propiedad basada en una iniciativa privada que disfrutará de enormes facilidades para promover la reclasificación de nuevos suelos y el protagonismo del sector financiero atraído por el floreciente mercado hipotecario, junto a las políticas de estímulos fiscales a la compra de viviendas. Paradójicamente este modelo habría venido a consolidarse años después, ya en plena democracia.
Y ello debido básicamente a la confluencia de tres requisitos: la continuidad de muchos de los grupos de poder económico forjados al calor de aquel modelo y de las antiguas facilidades para el “pelotazo” inmobiliario y la permanencia de su capacidad de influencia política en la nueva democracia; la crisis del planeamiento muy acusada en el periodo final del franquismo pero ahora normativizada a través de nuevas técnicas que facilitan la aparición de operaciones inmobiliarias “acordadas” entre promotores y políticos una pieza clave de la ordenación urbanístico-territorial y la disposición, tras la entrada de España en la UE, de una financiación barata y abundante sin precedentes, que animó la formación de burbujas especulativas..
fotocasa.es: ¿Qué responsabilidad se le puede atribuir a la administración pública, entidades financieras y a promotores y constructores?
Montiel y Naredo: Las administraciones públicas democráticas, tanto a nivel estatal como autonómico, apenas han generado políticas públicas nuevas, dando continuidad a las viejas prácticas que hemos comentado antes y renunciando a una planificación territorial estratégica. Por su parte las administraciones municipales han seguido instaladas en un urbanismo localista y de manipulación del planeamiento como fuente de generación de recursos económicos con que atender las demandas ciudadanas y paliar la deficiente financiación estatal y autonómica que, conforme al modelo constitucional, debería corresponderles.
Juntamente con esto ninguna de los tres niveles territoriales ha ejercido adecuadamente sus facultades en materia de disciplina, ni territorial, ni urbanística, ni siquiera en materia de vivienda, instalándose una cultura de la permisividad con las diversas infracciones que, con el tiempo, ha propiciado la aparición de prácticas directamente corruptas en el contexto de una cierta indolencia social en la que el reproche social y político se presenta como un fenómeno poco frecuente y minoritario.
Por otra parte las enormes expectativas de beneficios para promotores y entidades financieras, favorecidos por las facilidades para la reclasificación de suelos y la ausencia de políticas eficaces de promoción de la vivienda pública o de fomento de la oferta en alquiler, entre otros mecanismos regulatorios del mercado de suelo y vivienda, favorecieron la deriva especulativa de los actores económicos del sector.
fotocasa.es: ¿Cómo calificarían las políticas de vivienda de los últimos años? ¿En qué fallaron y cuáles fueron sus aciertos?
Montiel y Naredo: ELas políticas de vivienda de los últimos años se han movido en parámetros tradicionales, a pesar de los cambios en las condiciones socioeconómicas y las nuevas inquietudes territoriales y medioambientales de una buena parte de la sociedad.
Las políticas de vivienda recientes no han sido capaces de estimular la producción de viviendas de protección pública a pesar de la existencia de una evidente demanda insatisfecha de vivienda social y en alquiler. Como tampoco de estimular la rehabilitación del parque residencial existente.
En definitiva, poco o nada han hecho por corregir la deriva hacia la producción de la construcción de nueva planta de vivienda libre en ubicaciones excéntricas, habiendo llegado incluso a no cumplirse los cupos anuales de producción de vivienda de protección pública ni rehabilitación fijados en los planes de vivienda suscritos por la administración central y las diferentes autonomías sin que se hayan derivado responsabilidades políticas para nadie.
fotocasa.es: En cuanto a la otra cara de la moneda, ¿cuál ha sido la responsabilidad de los consumidores y compradores de vivienda?
Montiel y Naredo: Los consumidores y compradores de vivienda han sido presa del espejismo de “nuevos ricos” que les presentaron interesadamente la mayoría de las entidades financieras, con la complicidad de las agencias de tasación y otras agentes intervinientes en el proceso, habiendo incurrido en un gravísimo endeudamiento que representa el caso más elevado de endeudamiento entre los hogares de la Unión Europea.
fotocasa.es: Hay opiniones para todos los gustos respecto al descenso de precios de la vivienda. Unos dicen que ya han tocado fondo, otros apuntan que aún tienen que seguir bajando... ¿Cuál es la situación actual?¿Acaso los precios actuales no van a bajar mucho más?
Montiel y Naredo: Han pasado ya cuatro años desde que, en mayo de 2007, los precios de los anuncios de venta de viviendas empezaron a mostrar la caída de los precios. Los precios de tasación empezaron a hacerlo casi con un año de retraso, moderando esa caída. Y en el primer trimestre de 2011 los precios de la vivienda de anuncios y tasaciones han acelerado su caída y seguirán cayendo mientras no se digiera el sobredimensionado 'stock' de viviendas existente. Sobre todo cuando los mayores síntomas de recesión (el aumento del paro, de las suspensiones de pagos, unidos a los recortes sociales) contribuyen a enfriar todavía más la demanda de viviendas por lo que pensamos que seguirán bajando los precios aún algún tiempo.
fotocasa.es: ¿Cuál es el camino a seguir para colocar el stock de vivienda sin vender y para reconducir el sector inmobiliario español? ¿Ven cerca un repunte del mercado?
Montiel y Naredo: Pensamos que llevará algún tiempo digerir el 'stock' de viviendas en venta y permitir que se recupere el ahorro y se rebaje la deuda de los hogares… y el posible repunte que finalmente podría producirse, sería mínimo con relación a los niveles de negocio alcanzados durante el boom inmobiliario.
Lo más probable es que siga profundizándose la crisis del sector inmobiliario, que la banca está refinanciando cada vez con más dificultades. Más de la mitad de las promotoras, que están hoy en quiebra técnica (es decir, que el valor de mercado de sus activos no llega hoy a cubrir el de sus pasivos exigibles), no podrán devolver los créditos y tendrán que acabar desapareciendo y/o cayendo en manos de sus acreedores y arrastrarán en su caída a una nube de empresas constructoras y/o dependientes de ellas.
Este será el panorama si, como resulta previsible, la depresión prosigue y no se plantea un plan efectivo de reconversión del sector que debe comportar un cambio radical del modelo inmobiliario que nos ha traído hasta tan lamentable situación.
fotocasa.es: ¿Qué decisiones deberían tomar las administraciones públicas para darle un nuevo impulso al sector?
Montiel y Naredo: La resaca de la borrachera inmobiliaria nos ha dejado un stock sobredimensionado e ineficientemente utilizado, transformando en exceso, el déficit de viviendas que justificaba el tradicional empeño de promover la construcción. España es el país europeo con más viviendas per capita, aunque con menos viviendas sociales y con más viviendas secundarias y desocupadas), y tendrá que esforzarse mucho en dar salida al enorme 'stock' de viviendas acumulado que, si a las viviendas nuevas y usadas en venta sumamos las que hay en construcción y en proyecto, supera largamente los dos millones de unidades.
2010 ha sido el primer año en el que ha empezado a rebajarse el enorme 'stock' de viviendas en venta, al haber caído la construcción por debajo de las compras; aún así a este ritmo, se tardaría más de un lustro en digerir el 'stock', siempre que se dejasen abandonadas parte de las construcciones en curso.
En definitiva la duración del ajuste dependerá de las políticas que se adopten y de la flexibilidad y transparencia de los precios inmobiliarios, y es aquí donde fallan tanto las políticas, como la información sobre el mercado inmobiliario, cuestiones necesarias ambas para agilizar y hacer social y económicamente más llevadero el ajuste.
* Fotocasa - 15.07.11
El camino de los 'indignados': así van las marchas del 15-M
Los tres puntos de consenso alcanzados por el #15M –democracia participativa, transparencia política y separación de poderes– son su hoja de ruta. Sin embargo, el contacto directo a través de asambleas con la España más interior, rural y real ha 'glocalizado' su acción. Todos los organizadores citan durante la conversación dos inquietudes comunes: el grado de indignación de los españoles es similar –muy alto– en todos los pueblos de España y el caciquismo marca –todavía– la agenda política de numerosos municipios españoles.
Ruta norteña - Cuarenta personas caminan desde el norte. Tienen edades comprendidas entre 18 y 70 años. Se despiertan a las seis de la mañana y hacen 25 kilómetros al día. El equipo de avanzadilla viaja en coche y realiza labores de producción. Busca alojamiento, emplazamiento para celebrar la asamblea y explica en el pueblo quiénes son y los objetivos. Las principales preocupaciones: el desempleo y la falta de ayudas sociales.
Ruta noroeste - Setenta personas viajan hacia Madrid. La media de edad roza la treintena. Han experimentado el auténtico miedo al caciquismo en pueblos pequeños y han atravesado un pueblo zamorano sin agua potable. En el siglo XX. Han trasladado la política a la barra del bar y alentado a la gente a luchar en democracia.
Ruta nororiental - "La gente se sorprende de que seamos gente tan civilizada, los estereotipos han hecho mucho daño al 15-M". Un triunfo de la ruta: alentar a los habitantes de Vilafranca del Penedés a acudir al pleno e impedir que el alcalde se subiese el sueldo un 20%. "En España hay un problema enorme de transparencia", matiza David. Atravesaron pueblos de 60 habitantes en el que la II República es todavía tabú.
Ruta canaria - Los 'indignados' tinerfeños giran sobre la isla. Intervienen en pueblos y asesoran sobre acción social. "Tenerife arde con la subida de sueldos oficiales y el deterioro de la calidad de vida". El 23 se concentrarán en Santa Cruz.
Ruta sureña - Evitaron un desalojo en El Coronil junto a otros vecinos y explicaron a los habitantes cómo poner una hoja de reclamación para denunciar la ausencia sistemática del farmacéutico en un pueblo. "Así es como se cambian las cosas, con acciones insignificantes que cambien la vida a la gente".
Ruta este - Estimular a los pueblos a crear asambleas es el triunfo más importante de la marcha del este, que salió de Valencia, Murcia y Alicante. La persona más anciana de la ruta tiene 75 años. El más joven, 8 años.
Ruta extremeña - Los 'indignados' viajarán en bus y coches para llegar el día 23 a Madrid.
Organización desde Madrid
El 15-M de Madrid ultima los preparativos para recibir a los 'indignados' el sábado 23. Hay dos datos clave y muchas incógnitas. El primer encuentro se producirá en la Puerta de Sol a las 20.00 h y el domingo 24 han convocado una manifestación. Sin embargo, ni una sola pista sobre dónde y hasta cuándo se alojarán los más de 400 peregrinos. "Será en el centro, pero no podemos dar pistas", dicen.
* 20 Minutos - 5.07.11
Foto: Así es el camino de los 'indignados'. (20MINUTOS.ES)
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C.Valenciana.- Rus impulsa un plan para que miles de casas ilegales paguen el IBI a los ayuntamientos
Para los municipios cada casa invisible o cuyas dimensiones reales no han sido declaradas es una ocasión que se pierde de recaudar. Y eso, en tiempos en los que las arcas municipales están tiesas por el déficit de financiación local, agudizado por la crisis, resulta un lujo prohibitivo.
Con vistas a que esa economía sumergida de la contribución aflore, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, está impulsando un plan con el que quiere ayudar a los alcaldes a controlar todo el parque de viviendas de su término municipal para que nadie escape a la obligación de tributar. «Que los ayuntamientos tengan los instrumentos para saber qué vecinos pagan y cuáles no al no dar de alta sus viviendas», explicó Rus en el pleno provincial.
Pago retroactivo hasta 4 años
La diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa), lleva casi tres años elaborando una auditoría catastral de todo el territorio de la provincia de Valencia. Se trata, según fuentes de la diputación, de una pormenorizada radiografía topográfica, en buena medida realizada con medios aéreos, que el próximo miércoles será entregada a los alcaldes y secretarios en una reunión en la sede provincial. Los técnicos de cada consistorio podrán cotejar ese material con el propio para confirmar o detectar las viviendas que no pagan el IBI que toca. Pero, sobre todo, tendrán la posibilidad de que el catastro reconozca esa nueva realidad, un paso necesario para que se pueda girar el recibo, incluso con efectos retroactivos hasta cuatro años como marca la ley. El convenio firmado por Imelsa con la Gerencia del Catastro —aprobado hace unos meses por el consejo de administración de la sociedad que dirige Marcos Benavent— permitirá acelerar los trámites, que, de otra forma, pueden prolongarse meses y hasta dos años. Desde la diputación explicaron ayer que en la reunión de la próxima semana se dará a conocer a los alcaldes el procedimiento concreto para que Imelsa valide las nuevas construcciones.
Saber cuántas casas ilegales no localizadas existen resulta imposible hasta que cada consistorio no las cense. Como botón de muestra de la magnitud del problema basta decir que un estudio de la Universitat de València realizado en los noventa cifraba en 28.415 las residencias ilegales construidas en el Camp de Túria y Los Serranos. En municipios de l´Horta como Albalat dels Tarongers hay casi 2.000 viviendas fuera de ordenamiento, casi el doble que los 1.100 habitantes censados.
En Montroy, se contabilizan un millar y en la vecina Montserrat, entre 2.000 y 5.000, según el concejal o partido que las cuente. Son algunas de la cifras de un desmán que en raras ocasiones ha tropezado con expedientes de infracción urbanística, que casi siempre se han sustanciado en meras sanciones económicas y contadas veces con demoliciones. Entre otras razones porque la ley impide generalmente los derribos pasados cuatro años.
En el marco de su apuesta política de ayuda a los ayuntamientos escenificada el martes ante siete consellers —anunció que dará a los municipios 5 millones para que paguen facturas— Rus ha creado la nueva área de Planes Estratégicos, al frente de la cual ha puesto al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán. Se pretende «optimizar los recursos municipales y aliviar el gasto corriente municipal», según Rus.
* Levante - 14.07.11
Foto: Denia (Alicante), bloques paralizados - diarioinformacion.com
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La Xunta cierra el pazo de Meirás para que veranee la familia Franco
El pazo del siglo XIX enclavado en la villa coruñesa de Sada, refugio literario de la escritora Emilia Pardo Bazán antes de convertirse en el escenario estival de la dictadura durante 40 años, atrae y mucho. Ya no hay plazas libres hasta 2012 en el calendario de visitas guiadas y gratuitas establecido por la Xunta con la familia Franco para garantizar que ésta cumpla la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia, que obliga a abrir al público cuatro días al mes un inmueble que cuenta con la máxima protección.
Desde abril se celebraban cuatro turnos de visitas cada viernes, lo que daba acceso semanal a la propiedad de los Franco y sus jardines a unas 60 personas. Pero Cultura decidió doblar desde el pasado 23 de junio y hasta el 16 de septiembre los días de apertura del pazo, que ahora se puede recorrer los jueves además de los viernes. Salvo durante el mes de agosto, dado que la familia del dictador, encabezada por su única hija, Carmen, tiene previsto, como cada año, acudir a su propiedad.
Pese a no estar obligada por ley, es la Xunta la que paga, en vez de los Franco, los gastos de seguridad en días de apertura al público (9.513 euros al año) así como las visitas guiadas de las que se encarga una empresa privada de vigilancia. Esta última fue la que planteó la necesidad de incrementar las medidas de seguridad en agosto “dada la posibilidad de que el pazo estuviera habitado”. Fue entonces cuando la consellería decidió, para no tener que incrementar los gastos que ya asume, doblar los días de visitas en julio y septiembre.
* El País - PAOLA OBELLEIRO A Coruña 14 JUL 2011
Foto: Sada (A Coruña), pazo de Meirás - patrimonio
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Málaga.- Ecologistas creen el decreto de regularización favorecerá la especulación
El presidente de GENA, Rafael Yus, ha indicado que el colectivo ya advirtió, cuando se anunció el decreto, de que éste "es contrario a la legislación vigente y deja a la Comunidad Autónoma en una situación muy peligrosa para los actos delictivos contra la ordenación del territorio", una percepción "que se ha confirmado" al conocerse el borrador.
Yus ha asegurado en un comunicado que el documento, más que un instrumento para ordenar la situación de la construcción en el no urbanizable, "es sencillamente una amnistía urbanística", y deja al campo andaluz y su paisaje "en unas condiciones mucho más vulnerables para los especuladores a partir de su aplicación".
Las críticas de los ecologistas se refieren a todo el contenido del borrador, desde la misma exposición de objetivos, en la que se fija como meta preservar los valores propios del suelo no urbanizable y, a la vez, reconocer la situación jurídica de las viviendas en el campo, objetivos que, para GENA, "son mutuamente excluyentes".
El colectivo también ha criticado la "confusión" del decreto a la hora de hablar de que, para regularizar las construcciones, se exigirá que no formen "nuevos asentamientos urbanos", aspecto que deberán juzgar los ayuntamientos, que, según Yus, "tenderán a favorecer a los infractores certificando que no forman asentamiento".
Los ecologistas han lamentado además que el decreto no hable de viviendas en suelo no urbanizable, "sino de edificaciones, un término genérico e impreciso que mete en un mismo saco a edificios de muy diferente casuística". Por eso, han pedido que el decreto se restrinja a casas de menos de 100 o 150 metros cuadrados "y deje como ilegalizables los edificios de mayor volumen".
Causa
Para los ecologistas, la calificación de algunas viviendas como "fuera de ordenación" no eliminará "la principal causa por la que se construyeron en contra de la legalidad, que es la especulación urbanística, pues sus propietarios podrán mercadear con ellas y darles usos contrarios a los que teóricamente justificaron su construcción".
Esta situación motivará, según teme GENA, que futuros infractores también se acojan a este decreto "para seguir especulando y, por tanto, no se frenará nunca la construcción en el campo".
Por otro lado, el colectivo teme que no se aplique estrictamente el artículo que indica que no se regularizarán las viviendas que se hayan construido en suelo protegido o con riesgos naturales.
Según Yus, si esta premisa se cumpliese a rajatabla, zonas como la comarca malagueña de la Axarquía, donde se calcula que existen unas 20.000 viviendas irregulares en el campo, "verían impedida la regularización del 50 por ciento de estas casas, porque la mayoría está en zonas de alto riesgo de desprendimientos y daña el paisaje".
El colectivo ha lamentado también que el decreto no haga referencia a las características tipológicas que deberían tener las viviendas en suelo no urbanizable, que apele a figuras urbanísticas como la del Hábitat Rural Diseminado y que "descargue la responsabilidad del proceso de regularización en los ayuntamientos".
"Esta decisión significa que la Junta no ha percibido que los principales responsables del urbanismo ilegal son precisamente esos ayuntamientos, que permitieron que se construyeran estas viviendas", ha indicado Yus, que ha sugerido que el proceso se acometa directamente desde la Junta de Andalucía.
Otra de las críticas se refiere a la concesión automática de la legalidad a todas las viviendas construidas antes de 1975 por considerar que entonces no se acostumbraba a pedir licencias para hacer casas en el campo, algo que, según GENA, tampoco es así.
"La Ley del Suelo anterior a este año sí exigía las licencias, por lo que es un delito que, si ahora se ignora, se debe reconocer que se trata de una amnistía urbanística sin contrapartida alguna, sin tan siquiera hacer excepción con las viviendas construidas en espacios protegidos, zonas de riesgo o viviendas que ahora tienen otros usos", ha dicho.
Por todo ello, los ecologistas entienden que el decreto "está diseñado para una situación creada en el pasado, pero nada establece para las situaciones similares que se crearán en el futuro, máxime si se tiene en cuenta que los municipios no harán nada impopular, por lo que presumiblemente se reproducirá un escenario similar, siempre que sea rentable la especulación del suelo".
* Málaga Hoy - EP - 13.07.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - malagahoy.es
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Lo de Camps es un misterio
JUAN CARLOS ESCUDIER* : La defensa del elegante Francisco Camps cree haber encontrado la solución al sudoku de los trajes con ceñidor trasero que le conducen directamente al banquillo por un delito de cohecho impropio. Según ha argumentado ahora como versión alternativa, en el caso de haber recibido los ternos lo habría hecho no como presidente de la Generalitat sino como presidente del PP de Valencia, que es un cargo que soporta todo sin consecuencias penales.
El enfoque tiene su interés para aquellos políticos a los que la honradez les persigue pero ellos corren más rápido. ¿Cómo justificará un concejal de Urbanismo que la comisión que recibió de un constructor no fue por la recalificación de un terreno? Pues razonando que aceptó el sobre como presidente de su comunidad de vecinos o como miembro de una sociedad gastronómica. ¿Acaso está prohibido que los constructores sean generosos con el directivo de un club de piragüismo o con el nazareno de una cofradía de Semana Santa?
Si el Tribunal Superior de Justicia de Valencia acepta la tesis de la dualidad en un solo cuerpo y evita que Camps sea juzgado acabaremos de golpe con la corrupción política, ya que será suficiente con que las dádivas sean acompañadas de un tarjetón en el que se especifique cualquier condición distinta a la de cargo público, tal que estudiante de solfeo o coleccionista de sellos. ¿Que qué pasa si un engominado como Correa te paga el viaje a Suiza a ti y a toda tu familia, incluido el billete de la asistente ecuatoriana, como le ocurrió a la vicesecretaria del PP, Ana Mato, autora además del Código Ético del partido? Pues lo mismo que si un desconocido te regala flores. El impulso no es delito.
Llevar a juicio al Honorable está resultando más difícil que conocer los ingresos de Javier Arenas, del que equivocadamente se dijo que era un cadáver político y en realidad es una tumba. Camps está a punto de demostrar las dos terceras partes del Misterio de la Santísima Trinidad. Existe un solo Camps en dos personas distintas: el presidente de la Generalitat y el del PP valenciano. El culpable del cohecho va a ser el Espíritu Santo.
* Público - Blogs - 14.07.11
Málaga.- La Junta desbloquea el hotel de Moneo al subir la altura máxima permitida
La revisión de alturas y la corrección de diversos aspectos urbanísticos en la propuesta planteada permite desbloquear, entre otras iniciativas futuras, el proyecto de hotel y oficinas de la calle Hoyo de Esparteros, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo. Así ha informado el delegado provincial de Cultura de la Junta, Manuel Jesús García, quien ha destacado que se ha realizado "un trabajo técnico absolutamente riguroso y serio" en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad.
El delegado provincial de Cultura ha manifestado en un comunicado que esta modificación urbanística permitirá la dinamización y el desarrollo económico y turístico del entorno del casco histórico de la fachada de la margen oriental del río Guadalmedina.
En su opinión, "era imprescindible afrontar esta modificación no aisladamente, sino de una forma contextualizada en el entorno del Pepri del Centro de Málaga". En todo el proceso, ha manifestado, "nuestra colaboración ha sido máxima con el Ayuntamiento como promotor, que ya ha realizado las correcciones oportunas para posibilitar la modificación de elementos".
Desarrollo 'más ágil'
García ha añadido, no obstante, que "el desarrollo de todos los trámites podría haber sido bastante más ágil si se hubiera planteado correctamente y con una visión mucho más amplia desde un principio". De todos modos, se ha mostrado también dispuesto a abordar con el Ayuntamiento el estudio de nuevas revisiones del Pepri Centro "siempre que sean necesarias para el progreso y el desarrollo de la ciudad y atendiendo al interés general".
Al respecto, ha recordado que este documento urbanístico comenzó a gestarse a finales de la década de los 80 y fue aprobado definitivamente por el Consistorio en octubre de 1992, "por lo que puede haber aspectos que sea necesario actualizar de cara al futuro". En este sentido, ha apuntado, que su postura "va a seguir siendo de colaboración con el Ayuntamiento, siempre que esas posibles modificaciones se presenten correctamente".
El pasado 5 de julio el Ayuntamiento, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, remitió a la Delegación Provincial de Cultura la modificación del Pepri Centro en la ribera oriental del río Guadalmedina, entre la calle Muro de Puerta Nueva y la avenida Manuel Agustín Heredia, después de la subsanación de una serie de carencias detectadas en el documento original ya enmendadas.
Esta corrección es la que ahora ha motivado el informe favorable de la Comisión Provincial de Patrimonio, al ser la modificación compatible con el carácter y los valores del centro histórico de Málaga, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Entre otros aspectos, se ha eliminado la posibilidad de construir planta ático en los edificios que carezcan de ella, y por lo que se refiere al reconocimiento de la altura existente en un inmueble por encima de las determinaciones actuales del Pepri, no se posibilitará su incremento.
También en los cuatro ámbitos de propuesta del documento -calle Cisneros, solar junto al mesón de la Victoria, calle Hoyo de Esparteros y avenida Comandante Benítez- se detallan alineaciones, rasantes, alturas, volúmenes, edificabilidades y usos.
* El Mundo - EP - 13.07.11
Foto: Recreación del hotel de Rafael Moneo en la zona del Guadalmedina. | ELMUNDO.es
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El ex concejal de Urbanismo de Tías condenado a dos años y tres meses de cárcel por falsificar un documento público
“Con su falsedad provocó la no actuación de la Apmun, lo que ha permitido que las obras en cuestión, ilegales e ilegalizables (…), se hayan consolidado al prescribir el delito de construcción ilegal, con lo que ello conlleva de ingente beneficio patrimonial para la empresa Indelasa S.A.”, subraya la sentencia. La construcción no llegó a demolerse y el Ayuntamiento se limitó a imponer una sanción “ridícula”, según la sentencia, de 240 euros.
Las obras consistían en la construcción de un depósito de áridos, formado por muros de hormigón armado sobre solera del mismo material, ubicado en la zona conocida como Lomo de Piedra Blanca o la Rinconada, perteneciente al municipio de Tías. Los trabajos se iniciaron sin contar con la calificación territorial del Cabildo ni con licencia urbanística del Ayuntamiento. Ni siquiera se había solicitado autorización a la Dirección General de Urbanismo del Gobierno de Canarias para la construcción de un edificio en suelo rústico.
Todas estas irregularidades fueron puestas de relieve en un informe técnico de la Apmun, fechado el 13 de septiembre del año 2000, lo que dio origen a medidas sancionadoras contra la empresa, incluyendo el precinto de las obras, así como el requerimiento de legalización de las mismas en el plazo de tres meses. Además, la Apmun se dirigió al Ayuntamiento para que incoara un procedimiento sancionador.
Expediente inconcluso
El 19 de octubre de 2000, tras recibir el requerimiento de la Apum, el Consistorio de Tías acordó incoar un expediente administrativo contra Indelasa. Incluso, entre las medidas sancionadoras, incluía la posible demolición de las obras, pero ésta nunca se llevó a cabo.
Nueve meses después, la Apmun volvió a dirigirse al Ayuntamiento, pidiendo información sobre lo sucedido con este expediente y preguntando si se había procedido a la demolición. Y la respuesta, llegó en un oficio municipal firmado por el entonces concejal de Urbanismo, José Alberto Reyes, en el que aseguraba que “el procedimiento sancionador incoado por el consistorio municipal había finalizado con el abono de la correspondiente sanción y que las obras objeto de investigación habían sido legalizadas”. Incluso, citaba las referencias de dos expedientes municipales.
Respecto a esos expedientes municipales, la sentencia advierte “la manipulación subrepticia efectuada por el acusado con su escrito”. Y es que “las obras legalizadas en los citados expedientes administrativos nada tenían que ver con las obras consistentes en el depósito de áridos”. Es decir, hacían referencia a otras solicitudes de licencias formuladas al ayuntamiento por la misma empresa.
“Con esta maniobra de engaño se pretendía hacer ver a la Apmun que por parte de la Corporación municipal de Tías se había hecho el conveniente uso de la potestad sancionadora en defensa de la legalidad urbanística, impidiendo la actuación sancionadora de la Agencia y la reparación del orden jurídico menoscabado”, señala la sentencia.
Además, insiste en que el oficio firmado por el entonces concejal de Urbanismo “faltaba notoriamente a la verdad de los hechos”, ya que “las obras no sólo no habían sido legalizadas, toda vez que carecían de la preceptiva licencia municipal y calificación territorial, sino que, además, en ningún caso hubieran podido ser legalizables”. De hecho, se encontraban en Suelo Rústico Potencialmente Productivo, lo que impedía ese tipo de construcción. Posteriormente, el Cabildo denegó expresamente la calificación territorial.
Sanción “ridícula”
Lo que sí hizo el Ayuntamiento es cobrar una sanción a la empresa promotora de las obras. “Es lo único en lo que parece no faltar a la verdad José Alberto Reyes de León en su oficio de 25 de agosto de 2001”, señala la sentencia. Sin embargo, también subraya que “la sanción a todas luces resulta ridícula”. Y es que Indelasa abonó 40.000 pesetas de las de entonces (240 euros), mientras que las multas previstas por la ley para este tipo de casos iban de 100.000 a 1.000.000 de pesetas.
Esto, según subraya literalmente la Sala de la Audiencia, “induce a pensar que incluso con la adopción de esta medida se actuó desde el Ayuntamiento de Tías con ánimo de beneficiar a la empresa en cuestión (dejando al margen la cuestión, en la que no vamos a detenernos ni entrar a valorar específicamente, de que Celestino Saavedra, socio de Indelasa S.A., era tío del entonces alcalde del Ayuntamiento de Tías)”.
Defensa del acusado
Durante el juicio, la defensa del acusado, representado por Juana Fernández de las Heras, intentó esgrimir que él no redactó el documento y que únicamente lo firmó, “al no ser él técnico sino únicamente político y fiarse de lo que le decían los técnicos”. Sin embargo, según subraya la sentencia, José Alberto Reyes sí reconoció que conocía el expediente sancionador, así como que la obra no estaba legalizada, pero sin embargo firmó “conscientemente lo contrario”.
Subraya además la sentencia que el Régimen jurídico de Entidades Locales dispone que “los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo”, y que esto “lo sabía o debía haberlo sabido” el acusado, que era “el responsable último de lo que firmaba”, porque tenía las competencias delegadas por el acalde, como así lo declararon ambos durante el juicio.
En su defensa, José Alberto Reyes también alegó que en el oficio que remitió a la Apmun “hacía alusión a varias obras en las que estaba implicada la empresa Indelasa, indicando que unas obras estaban legalizadas y otras no”. Al respecto, la Audiencia señala que “resulta infructuoso su intento de provocar confusión”. En este sentido, subraya que el expediente sancionador incoado contra Indelasa es por la construcción de un depósito de áridos, y no por ninguna otra cuestión; que el requerimiento de la Apmun hacía referencia “única y exclusivamente a esas obras”; y que el escrito que remitió el concejal “se refiere única y exclusivamente a la obra de instalación del depósito de áridos, firmando y afirmando que ya se había legalizado”.
Por eso, la Sección Primera de la Audiencia Provincial considera que la prueba testifical practicada en el juicio “no deja dudas acerca de cómo ocurrieron los hechos” y destaca que “si la contestación por parte del Ayuntamiento hubiera sido otra, la Apmun se hubiera subrogado en las funciones del Ayuntamiento para continuar con el expediente y requerir la demolición de las obras ilegales”.
Dilaciones indebidas
Aunque el fiscal y la acusación particular pedían seis años de cárcel y una multa de unos 14.400 euros, la sentencia ha rebajado significativamente la condena, al reconocer que se han producido dilaciones indebidas en el proceso, debido al tiempo que ha tardado en resolverse la causa.
“Desde que se cometieron los hechos, el 25 de agosto de 2001, a fecha de hoy han pasado nada más y nada menos que casi diez años”, señala la sentencia. Así, atendiendo a ese atenuante, impone una condena incluso inferior a la que contempla el Código Penal para este tipo de delito, que va de tres a seis años de prisión.
La sentencia, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, también condena a José Alberto Reyes a un año y seis meses de inhabilitación especial y al pago de las costas del procedimiento, incluidas las de la acusación particular que se personó en esta causa.
* La Voz de Lanzarote - ISABEL LUSARRETA • 13 de julio de 2011
Foto: Tías (Lanzarote) - clubrural
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Solo 54 concellos disponen de planeamientos adecuados a la Lei do Solo del 2002
El mapa del urbanismo gallego se completa con 193 concellos que tienen planeamientos que no están adaptados a la Lei do Solo, de los que 151 iniciaron los trámites para dotarse de un nuevo PXOM y 42 no han realizado ningún tipo de actuación. En Galicia hay en la actualidad 68 concellos, el 22 % del total, que carecen de plan urbanístico, de los que 64 ya trabajan para resolver esa situación.
Subvención para cumplir la ley
Para animar a los ayuntamientos a cumplir la Lei do Solo en este sentido, el Gobierno bipartito puso en marcha una línea de subvenciones que la Xunta actual mantiene pese a los recortes derivados de la crisis. La Administración gallega destinará 22,5 millones de euros a financiar esas ayudas en el período 2011-2015, que se suman a los 20,5 millones invertidos en los últimos años en unas subvenciones que, en función del censo de cada ayuntamiento, cubren entre el 80 y el 100 % del coste de elaboración del planeamiento.
* La Voz de Galicia - 14.07.11
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
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Valencia.- Comienzan los derribos en el PAI de Guillem d´Anglesola
Según fuentes de la Concejalía de Urbanismo del Ayto de Valencia, los derribos han comenzado en la calle Berenguer Mallol y en una primera fase afectarán a toda la manzana central. De la docena de edificios que hay en esta escuadra, nueve están declarados en ruina, lo que significa que se pueden tirar sin ningún problema, y los otros tres serán derribados igualmente merced a un acuerdo del agente urbanizador con los propietarios, a los que ya se ha comprometido a pagar las indemnizaciones entre el mes de agosto y septiembre, primero a los pequeños y finalmente a las empresas. Posteriormente se procederá a derribar las viviendas que hay en los laterales, muchas de las cuales están ocupadas ilegalmente por familias gitanas, lo que requerirá de un procedimiento distinto al de la manzana central, donde sólo había un inquilino que ha sido indemnizado para que se marchara.
Se derribará, incluso, un edificio que no está dentro del PAI pero que está pegado un edificio que sí lo está y que amenaza ruina, pasando luego la factura al propietario del mismo.
Posterior urbanización
Según fuentes municipales, el acuerdo de Proara con los propietarios, conseguido, recordaron, con la mediación de la Concejalía de Urbanismo, contempla finalmente la urbanización de toda la zona, dejando para una fase posterior la ejecución completa del PAI.
En este sentido, las fuentes recordaron que Proara es una de las empresas que tienen terminada una promoción en Sociópolis y que la entrega inminente de las llaves le proporcionará una liquidez interesante para abordar este PAI.
De no ser así, el ayuntamiento seguirá presionando al agente urbanizador para que complete su compromiso y, por el momento, se mantiene abierto el expediente sancionador contra la empresa por no haber cumplido los plazos previstos.
Los vecinos no quieren que se deje un solar
La Asociación de Vecinos del Marítimo-Ayora se mostró ayer satisfecha con el inicio de los derribos y pidió al agente urbanizador que no deje la zona convertida en un solar, que aborde primero la urbanización del mismo y luego la ejecución del Programa de Actuación Integrada (PAI). "Entendemos que pueden tener problemas de financiación, pero los vecinos queremos que este año o el año que viene esto se termine, que no se pare", precisó la portavoz de la entidad, Carmen Vila, quien aún se siente dolida por los enfrentamientos vecinales del día anterior durante un acto del grupo socialista. En este sentido, la dirigente vecinal lanzó dos mensajes. Por un lado, quiso dejar claro, en contra de lo dicho por el PSPV, que ella no es asesora del gobierno del PP ni vicepresidenta de la Fundación Agua y Progreso, sino "una contratada más" de esta fundación. Y añadió que probablemente ella y su marido abandonen la asociación de vecinos el próximo otoño.
* Levante - 14.07.11
Foto: Una máquina derriba la primera vivienda en la calle Berenguer - levante
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"¿Cuánto tiempo podremos parar el desahucio?"
Con apenas un hilo de voz, Nancy, una ciudadana ecuatoriana, bajo a la calle y dio las gracias a las 150 personas que desde las 8.30 de la mañana y durante cuatro horas se concentraron delante de su casa, en la calle Sicilia, en Santa Coloma de Gramenet, para no dejar entrar en la finca a una comitiva judicial que tenía que ejecutar el desahucio. Los manifestantes, estudiantes, amas de casa, jubilados y viejos luchadores de izquierda, lograron su objetivo: aplazar el embargo de esta pareja con cuatro hijos, los pequeños de 12 y dos años, por falta de pago. “Quiero dar las gracias a todas estas personas que han estado aquí ayudando en estos momentos tan duros”, dijo Nancy con entereza tras confirmarse la demora. Una vecina le regaló el brote de una planta. Y, ella ya, más calmada, apoyó entonces el rostro en el hombro de Maribel, una amiga de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y lloró casi en silencio.
El desahucio está por ahora parado pero el piso de la familia Villega encerraba ayer el drama de quien teme que el destino esté escrito: los muebles embalados; las estanterías vacías; los colchones en el suelo. Las paredes ya estaban desnudas: solo pendía de ellas un póster del 5-0 del Barça-Madrid y un par de dibujos de los niños. La historia de Nancy es una de las miles que afloran y que se multiplican a velocidad de vértigo. Tras llegar a España, procedente de Guadaquil, en 1999, se instaló en Barcelona y en 2006 firmó con su marido Ángel una hipoteca con la Caixa Catalunya. Las cosas les iban razonablemente bien: él trabajaba como albañil y ella como empleada de la limpieza. Pero la burbuja inmobiliaria estalló y el se quedó en el paro. “Nada, nada: no he vuelto a encontrar nada más”, se lamentaba ayer en su casa negando con la cabeza. Y con los 820 euros que gana ella no pueden hacer frente a los 1.600 a los que les asciende ahora la hipoteca que por los intereses no ha parado de crecer como una bola de nieve.
Desesperada por la situación, Nancy decidió a través de una amiga ir a la concentración del 15-M de la plaza de Catalunya para pedir ayuda e intentar frenar el desahucio. "La gente tarda en reaccionar porque a veces tiene miedo y a nadie le gusta explicar sus problemas", explicaba Ernest, miembro de la PAH, que señalaba que la Caixa Penedes y que Caja Madrid son las más reacias a aplazar o negociar los deshaucios. De momento, han frenado en Cataluña medio centenar. Y ayer, igual que hace ya nueve meses, el colectivo se movilizó. Los bancos madrugan pero ayer decenas de personas a las 8.30, al grito de "Si se puede, si se puede", ya estaban en la calle de Sicilia. “¡No nos moverán”!, se leía en una pancarta que la familia colgó de la ventana del comedor mientras aguardaban a los agentes judiciales. La angustiosa espera del verdugo. Protegidos por los miembros de la Plataforma, casi nadie pudo franquear la finca. Ni siquiera un empleado de una casa de fontanería que iba a revisar una avería y que se tomó los recelos de los manifestantes con buen humor. Santa Coloma, como muchos municipios del área metropolitana de Barcelona, está sacudida por el paro y la calle de Nancy transpira crisis: una tienda de animales, una peluquería y otra de ropa están cerradas y se traspasan.
“¡Pita, pita!”. Decenas de vecinos, con pancartas y enormes señales de prohibido el desahucio, invitaban a los conductores que circulaban por la estrecha calle a tocar la bocina y cumplir la frase escrita en un trozo de cartón colgado de una farola: “Pita por el derecho a una vivienda digna”. Y pitaron conductores de autobús; de ambulancias; de grúas, repartidores; motoristas y ciclistas. Solo un taxi no lo hizo y dicen que en él iba la comitiva judicial que pasó de largo. Nancy estuvo las cuatro horas encerrada en su casa hasta que el juzgado confirmó el aplazamiento. "¡Gracias a la manifestación se ha demorado el desahucio. No se ha solucionado el problema pero se ha pospuesto", anunció un portavoz megáfono en mano mientras la noticia era acogida con júbilo por los concentrados. Fue entonces cuando Nancy bajó, dio las gracias y los manifestantes empezaron una marcha de protesta hasta la plaza del Ayuntamiento en la que no se libró de sus lemas ni una entidad bancaria. Y hubo una frase que tejió complicidades con los ciudadanos con los que se cruzaban: “No se entiende: gente sin casa; casas sin gente”.
Una vez en la plaza,, medio centenar de activistas inició una sentada y algunos movieron las manos en silencio haciendo el celebre e inequívoco gesto que identifica al 15-M. La pareja y dos miembros de la PAH entraron en el Ayuntamiento, gobernado por la socialista Nuria Parlón, para pedir apoyo urgente: quieren que el banco acepte la dación en pago, que la familia siga en la casa en régimen de alquiler social o que el Consistorio les ayude a encontrar una nueva vivienda. La familia ya había llamado a la puerta del Ayuntamiento y sin éxito: estuvieron a punto de alquilar un piso pero les faltaban 1.000 euros para el depósito y no lograron esos recursos. Nancy estaba aliviada y agradecida pero su sonrisa, antes de cruzar el umbral municipal no podía disimular tristeza. "Claro que estoy contenta pero ¿Cuánto tiempo podremos parar el desahucio?", se preguntaba pesimista. Pero, esta noche, de momento, han dormido en su casa.
* El País - ÀNGELS PIÑOL Barcelona 13 JUL 2011
Foto: Angel y Nancy Villegas aguardando ayer el desahucio en Santa Coloma de Gramanet - elpais
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Sakana, ¿progreso o especulación salvaje?
ERNESTO LEIZA URRESTARAZU y JONJO AGIRRE MARTINEZ/ Navarra* : Hasta un millón de metros cuadrados de fértiles terrenos de ribera, en parte inundables, expropiados a precio de saldo para construir por fases un macropolígono de coste elevadísimo que llaman comarcal. Sin estudio de viabilidad, sin demanda conocida y en pleno desmantelamiento de los polígonos ocupados. ¿Dónde ha quedado la perspectiva comarcal del desarrollo económico? 'Es que Arbizu ha hecho…', 'Es que Etxarri…', 'Si Lakuntza tiene uno, a nosotros nos tocan dos…' No es broma. Son los argumentos más habituales cuando se habla de esta cuestión. El resultado: asfaltado masivo y sin criterio. Ni diversificación económica, ni urbanismo racional, ni sentido común. Planificación cero. Especulación made un Spain y hechos consumados.
¿Dónde falta suelo industrial? Dicen una mayoría de políticos y empresarios, y un par de sindicatos sin que se les cambie el color, que no se instalan empresas en Sakana porque no hay suelo industrial. No es cierto. Hay más suelo industrial libre que nunca antes en Sakana. Además, lejos de instalarse nuevas, las empresas instaladas van cerrando una tras otra desocupando los polígonos ya existentes. Bulos, desinformación, incapacidad política y miedo. Todos conocemos un bulo que se ha extendido interesadamente entre nosotros, ese que dice que la CAF se quería instalar en Altsasu pero por falta de suelo tuvo que marcharse a la Ribera. En todo el valle se habla de la oportunidad perdida, pero es un bulo. Es falso. CAF se instaló en la Ribera por otras razones.
Altsasu no le interesó, o Castejón le interesó más, pero por otra parte en CAF Castejón no trabajan más de 60 obreros! Este y otros bulos, la no-información por parte de las instituciones, los intereses particulares, la escasa formación y acusada docilidad de algunos representantes políticos, y la situación laboral del valle, son terreno abonado para ampliar planes urbanísticos, y recalificar terrenos, siempre a costa del contribuyente.
Así se sigue asfaltando suelo urbano e industrial a lo largo y ancho de Sakana. (...) Cada vez más polígonos… ¡Y cada vez más parados! Curiosamente, en 2011 hay mucho más suelo industrial disponible que hace 20 años, y sin embargo la tasa de paro ha aumentado gradualmente hasta ser tres veces mayor que entonces. Esa es la realidad objetiva. Realidad que nuestros políticos desconocen o no nos quieren contar. (...) Tenemos preguntas para los agentes que apoyan sin dudar el asfaltado masivo de Sakana:
¿Cuánto suelo industrial había en 1990 y cuánto ahora? ¿Cuánto paro entonces y cuánto ahora? ¿Qué empresas y de qué tamaño (laboral) han pedido instalarse en Sakana? ¿Qué va a pasar con los terrenos y pabellones que están siendo cerrados y desocupados? ¿Qué superficie suman ya los terrenos y pabellones desocupados? ¿Esta política industrial pone en valor Altsasu y Sakana o las devalúa?
* Diario de Navarra - Cartas al Director - 10.07.11
Los vecinos de Lavapiés echan a la policía del barrio
* YouTube - locodelpelorojo - http://youtu.be/_axHSxMQ6Js
El alcalde de Salt propone que ciudades "sin saturar" asuman inmigración
Una ciudad sin inmigración no es real, pero tampoco los porcentajes de Salt, sostiene. "Una de las consecuencias es que las parejas jóvenes autóctonas no intentan empadronar al hijo en otra población para acceder a otro tipo de escuela. Se van de Salt". El 80% de la población autóctona, subraya, tiene más de 58 años. Para Torramadé la actual situación es injusta tanto para la población autóctona como para la inmigrante, que no encuentra "el modelo de sociedad que ha venido a buscar".
Para Torramadé, la solución no pasa solo por incrementar la partida de los planes de acogida porque "la presión demográfica los supera". Se trataría, por ejemplo, de obligar a las poblaciones cercanas que abren polígonos industriales a levantar vivienda social. "Ahora nos encontramos que este colectivo inmigrante vive en Salt y trabaja en otros lugares" y el coste de la política social recae donde residen.
Una de las medidas que propone y que levantará más polémica es la de que en la concesión de vivienda pública municipal del centro de Salt se prime a ciudadanos autóctonos para reequilibrar la procedencia demográfica de la población. "No puedo querer promover carnicerías occidentales si no van a tener clientela", comenta. Para Torramadé, el problema es que esta acumulación de población recién llegada hace que se pierdan los referentes culturales propios y el modelo de una sociedad catalana del siglo XXI. "Hay un modelo y debemos preservarlo con matices. Salt es de la gente que vive aquí, pero no puede ser diferente del resto de municipios de Girona". Torramadé asegura que defiende que los inmigrantes preserven su cultura, pero la calle ha de ser de todos y con la crisis económica la integración de los recién llegados se hace más difícil. Ayer en Twitter, se le atribuía que había defendido fijar cuotas máximas de inmigrantes. Torramadé lo negó: "Lo que propongo son políticas que favorezcan el reequilibrio".
* El País - 11.07.11
Foto: Salt (Girona), ajuntament - turismo
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Burriana.- Gecen presenta alegaciones al PRUG del Paisaje Protegido del Millares
La asociación ha criticado en un comunicado que no se destine "ni un euro" para el derribo de las viviendas ilegales, ni para eliminar el campo de tiro deportivo, ni para recuperar los espacios naturales ocupados por transformaciones agrícolas ilegales, ni para establecer de forma eficaz un caudal ecológico, ni para evitar la contaminación de las aguas, ni para enterrar las líneas eléctricas existentes en la actualidad. Así mismo, ha apuntado que no se regulan actividades como la ganadería o lúdico deportivas como el tiro con arco, haciéndolas compatibles con el espacio natural protegido.
Además, ha criticado que se trata de un PRUG "que permite la circulación masiva de vehículos a motor por el Camí de la Cossa, que pretende que sea el dinero público el que pague —15.000 euros— la 'Redacción de un proyecto de restauración de las zonas afectadas por actividades extractivas y mineras', sin exigir un céntimo a quienes realizaron dichas actividades; que no dedica partida presupuestaria específica alguna para exigir responsabilidades a quienes abren pozos ilegales o quienes están contaminando el río, y que destina partidas ridículas para temas importantes como la restauración de hábitats (24.300 euros)".
Para Gecen, es un PRUG "decepcionante" que ha visto la luz "con años de retraso", que "no atiende ni pretende actuar eficazmente ante los problemas que siempre han afectado al espacio natural protegido y que, en lugar de actuar, se dedica a estudiar".
Los ecologistas han destacado el "interés" demostrado por la Conselleria en avalar el "urbanismo salvaje" propuesto por el Ayuntamiento de Burriana (Castellón). Así pues, según Gecen, "ahora el PRUG clasifica el suelo más cercano a dicho PAI como Área de Usos Compatibles (AUC), figura que permite actividades, pese a su nombre, incompatibles con la preservación de los valores naturales".
"Un espacio que en los 90 acogía vegetación natural y era un dormidero de ardeidas, y que proponemos se clasifique como Área de Protección Ecológica (APE), una figura mucho más garantista a nivel medioambiental", ha concluido el colectivo ecologista.
* 20 Minutos - EUROPA PRESS. 12.07.2011
Foto: Burriana (Castellón), playa - mma.es
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Unas 6.500 personas repartidas en 1.700 construcciones viven en la Cañada Real en el tramo que discurre por la capital
Dicho censo, iniciado el 1 de junio y elaborado por trabajadores de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS), se encuentra al 85 por ciento y las previsiones que maneja el Ayuntamiento pasan porque esté concluido en la primera quincena del mes de septiembre, es decir, dentro del plazo fijado de seis meses.
Martínez ha detallado que con el 85 por ciento del censo ya elaborado se puede establecer que el número de parcelas totales en el tramo correspondiente a Madrid es de mil, donde se levantan unas 1.700 construcciones a las que se les da un uso residencial. A ellas habría que sumar medio centenar más de construcciones destinadas a usos terciarios, ya sean comerciales o industriales.
* Qué - EP - 13.07.11
Foto: Cañada real - EP
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Marbella legaliza la situación del hotel Senator, emblema de los abusos urbanísticos
Los técnicos municipales constataron en la Junta de Gobierno Local que los propietarios del hotel habían cumplido los requisitos fijados para regularizar el área. Las compensaciones incluyen el pago del diez por ciento del aprovechamiento medio, lo que supone cerca de tres millones de euros, así como la cesión al Consistorio de una parcela ubicada entre el hotel y el espacio congresual, según explicó la regidora. Los terrenos que se inscribirán en el inventario de bienes municipales tienen una superficie aproximada de 3.600 metros cuadrados, 2.700 de los cuales serán destinados a la ampliación del palacio, una obra que tendrá un coste aproximado de siete millones de euros y que la propietaria del Senator deberá financiar en un 50%.
No son las únicas cargas vinculadas al proceso de regularización. La mercantil deberá además acometer los trabajos de urbanización de todo el perímetro que rodea al complejo inmobiliario, en el que se dan cita el hotel y un bloque de 99 apartamentos levantado junto al establecimiento. La inversión de esta obra rondará los 550.000 euros, según apuntó Muñoz, que destacó que la apertura del cuatro estrellas constituye una «buena noticia» para Marbella, dado que servirá como elemento de reactivación económica y supondrá la creación de un buen número de nuevos puestos de trabajo.
La alcaldesa señaló que los propietarios tienen interés en poner en marcha el hotel antes de que finalice el mes de julio. De hecho, la empresa trabaja desde hace semanas en la puesta a punto del establecimiento cara a su próxima inauguración. «La idea por nuestra parte es que se pueda abrir en el menor plazo posible», aseguró la regidora, aunque para ello, según precisó, deben cumplirse antes todos los trámites oportunos relativos a la concesión de la licencia que permita al hotel desarrollar su actividad económica.
Compra millonaria
Muñoz resaltó también la relevancia de los equipamientos obtenidos por la ciudad en el proceso de normalización del complejo inmobiliario, levantado en los terrenos que en su día cedió al Ayuntamiento la urbanización Alhambra del Mar para su aprovechamiento como zona pública y cultural. En 1998, el Gobierno municipal presidido por Jesús Gil vendió el suelo por 2,6 millones de euros a la empresa Proinsa, que hizo lo propio dos años después en una operación en la que Hoteles Playa desembolsó 15 millones de euros para adquirir la parcela.
La cadena hotelera invirtió 30 millones de euros en la construcción del hotel, que dispone de 240 habitaciones, y del edificio de viviendas contiguo. Ambos se realizaron en virtud de una licencia otorgada por el exregidor Julián Muñoz, actuación por la que fue condenado a un año de prisión por un delito urbanístico. El complejo fue el primer inmueble precintado por la comisión gestora, que cumplió en mayo de 2006 con la suspensión cautelar de las obras dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. La orden se remitía al inicio de la construcción, pero no fue cumplida por los gobiernos del GIL y tanto el hotel como el bloque de apartamentos estaban ya prácticamente concluidos.
Críticas socialistas
Para el portavoz socialista en el Ayuntamiento, José Bernal, las compensaciones que debe asumir la propietaria del Senator «no cumplen con las expectativas», por lo que exigió que la cargas incluyan la obligación de la empresa de entregar la mitad de los apartamentos para la creación de una residencia de mayores. La respuesta del equipo de gobierno fue inmediata. El concejal de Urbanismo, Pablo Moro, instó al PSOE a que exija las explicaciones oportunas a la Junta de Andalucía, que dio el visto bueno al sistema de compensaciones del PGOU, y a los ediles de su formación que lo aprobaron en pleno.
* SUR - 13.07.11 - HUGO SIMÓN
Foto: La empresa del hotel Senator trabaja en la puesta a punto del establecimiento - sur
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Entre guiñar los ojos y cerrarlos
CARLOS SEVILLA PERIS/DIAGONAL* : Nueve semanas después de la primera acampada, la actualidad política está atravesada por las reivindicaciones consensuadas en las plazas de todo el Estado. A pesar de ello, ni PP, ni PSOE han abanderado ninguna de sus grandes propuestas. Una muestra de esto son dos temas que han ocupado las portadas de los diarios: en el Debate del Estado de la Nación se han tomado medidas para paliar el impacto sobre las familias de la hipoteca, insuficientes según los movimientos por una vivienda digna; y la falta de transparencia en la gestión de un impuesto como el canon digital ha permitido que el Ministerio de Cultura no ‘controlara’ sus usos.
“Lo que hemos visto en las últimas semanas son manifestaciones, protestas y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos. Forman parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia. Y reivindican el valor de la política”. Esta fue la primera referencia del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al movimiento 15 de Mayo en el Debate sobre el Estado de la Nación. Sin embargo, el intento del ejecutivo por simpatizar con los “indignados” no es nuevo.
La aparición del 15M en plena campaña electoral llevó al Gobierno a cuidar su discurso y evitar una mala imagen que le perjudicara en las urnas. “Creo que deben ser los partidos de la izquierda los que tenemos que dar contenido a nuestra agenda para que esos sentimientos de injusticia que se traslucen en esas protestas se vayan amortiguando”, aseguró Ramón Jáuregui dos días antes de los comicios.
El ministro de la Presidencia, uno de los más activos del Gobierno en el reconocimiento del 15M, añadió después en el Senado: “El Gobierno es consciente de que hay un transfondo de protesta y de queja que tenemos que entender, que tenemos que atender, bien sea una protesta por el paro, por la crisis económica, por la manera en la que estamos teniendo que constreñir nuestro gasto público a las dudas de los mercados sobre las deudas soberanas, por las formas de participación en la política, o por el comportamiento de algunos políticos”.
Sin embargo, a pesar de esta supuesta predisposición, el Gobierno no ha asumido ninguna de las propuestas del 15M. Aunque en el Debate sobre el Estado de la Nación se mostró partidario de reflexionar sobre ello, Zapatero pasó una vez más por encima de la reforma de la ley electoral, sobre la que Jáuregui había afirmado que “no es la panacea de la democracia” porque soluciona unos problemas pero crea otros. En esta misma intervención, y sobre la idea de reforzar el control financiero, Jáuregui afirmó: “Lo que se expresa en ese movimiento, y yo comparto esa reivindicación, es que la política ordene los mercados. No dejemos que el mercado o los sistemas financieros desregulados y globalizados nos impongan un modelo de sociedad”.
Bloqueo legislativo a la ILP
Si, como han repetido los medios, el Gobierno le ha guiñado los ojos al 15M en sus declaraciones públicas, parece que ha preferido cerrarlos a la hora de atender sus reivindicaciones de forma concreta. El máximo acercamiento a las propuestas del 15M se ha producido en materia de vivienda. Zapatero anunció en el debate celebrado entre el 28 y el 30 de junio un incremento de la parte del sueldo que no puede ser embargada por los bancos en los casos de impago de la hipoteca, que pasará de 641 euros a 961.
Una respuesta a la campaña de paralización de desahucios emprendida por el movimiento 15M y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Sin embargo, la medida, aprobada con los votos de PSOE, PP y CiU, se queda corta al lado de la propuesta de los simpatizantes del 15M y la PAH, que plantean que la entrega de la vivienda hipotecada salde la deuda con el banco, la conocida “dación en pago”, propuesta sin éxito por ERC, IU-ICV y BNG. A raíz de la relación de los bancos con los hogares hipotecados el candidato socialista a las próximas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba, hizo su particular guiño al movimiento de los indignados: “Ahora todos nos hacemos de cruces porque hay hipotecas que se dieron y la pregunta es ¿y los bancos que las dieron? ¿Ahí no hay ninguna responsabilidad, es que ellos no tienen nada que decir?”, se preguntó Rubalcaba.
No obstante, unas horas después de estas declaraciones Público anunciaba que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) a favor de la dación en pago estaba bloqueada después de que una plataforma minoritaria de Valencia se adelantase a las Plataformas de Afectados por las Hipotecas a la hora de registrar en el congreso la ILP, lo que impedirá de facto que se recojan las 500.000 firmas necesarias para que se tome en consideración un cambio en la ley hipotecaria al menos hasta marzo de 2012.
* Diagonal - Opinión - 11.07.11
