TERRA* : La aprobación de una modificación al Plan Regulador Metropolitano de Santiago (PRMS) dio luz verde a que la capital crezca hacia sus zonas sur y norponiente, lo que permitiría albergar de mejor forma a las 1.600.000 personas extra que se calculan en 20 años más. Pero también surgieron voces que se oponen a esta medida. Fue el 30 de marzo cuando el Consejo Regional Metropolitano (Core) aprobó por 17 votos contra 8 la extensión en 10.000 hectáreas del radio urbano de la capital. En ellas, se planteó un 60% para el uso habitacional -con un 8% para viviendas sociales- y el restante 40% para áreas verdes. Quilicura, Pudahuel, Maipú, San Bernardo, La Pintana Cerro Navia, Renca y Puente Alto son las comunas incluidas en esta modificación del PRMS, que además considera la reconversión de áreas de uso industrial para uso habitacional mixto.
El intendente de la Región Metropolitana, Fernando Echeverría, fue uno de los personeros de Gobierno que más destacó la aprobación de estas modificaciones, planteando que los principales beneficiados serán "las 200 mil familias que no tienen casa en Santiago y finalmente van a tener una oportunidad de contar con una vivienda digna dentro del área urbana, con equipado y con todas las facilidades".
La autoridad regional se sumó así al planteamiento que desde siempre mantuvo el ministerio de Vivienda, cuya entonces titular Magdalena Matte apuntó a la construcción de 200 mil casas sociales en ayuda de 50.000 familias vulnerables de la capital.
SÓLO UN INTENTO
Tras el visto bueno para el nuevo PRMS no tardaron en surgir voces en contra que incluso acusaron irregularidades y presentaron sus descargos ante la Contraloría General de la República.
Patricio Herman, presidente de la agrupación Defendamos la Ciudad, dijo a TERRA.cl que en este proceso hubo "trampas", y denunció que el proyecto no fue sometido al estudio de evaluación ambiental correspondiente. En base a estos datos, asegura que la Contraloría va a echar pie atrás y el plano regulador no se va a cambiar.
"La opinión que nosotros tenemos es muy negativa a este intento, y digo intento porque a pesar de que fue aprobada por el Core esto todavía no tiene toma de razón por parte de la Contraloría. Hay diferentes denuncias ingresadas por políticos, grupos ciudadanos y consejeros regionales, nosotros mismos vamos a hacer una, y tenemos la impresión de que la Contraloría va a rechazar este proyecto", manifestó.
Herman planteó que la opción de habitabilidad para gente de menores recursos no es un argumento válido, ya que a su juicio en Santiago hay espacio suficiente en terrenos no aprovechados que podrían servir para este efecto.
"De todos los proyectos inmobiliarios que se van a ejecutar en zonas rurales sólo el 8% está considerado para viviendas sociales, a pesar que al interior de la ciudad tenemos miles de hectáreas para construir viviendas sociales. A nosotros no nos gusta que a los pobres los tiren a la periferia", subrayó.
CRECIMIENTO PLANIFICADO
Pero mientras algunos piensan que estas modificaciones son una forma encubierta de favorecer a las grandes inmobiliarias, hay quienes consideran positivo que se analicen opciones ante el futuro crecimiento de Santiago.
Es el caso de Luis Eduardo Bresciani, arquitecto y director del magister en Proyecto Urbano de la Universidad Católica, quien cree que se puede cuestionar en general la forma en que se manejan estos procesos, pero no la transparencia de este caso en particular ni mucho menos sus beneficios para la capital.
"Siempre va a ser positivo que se planifique el crecimiento de la ciudad, y negarse a esto no es bueno. Si esa planificación se hace en forma prudente, incremental y con altos estándares de exigencia del desarrollo inmobiliario también es positivo, y esta norma sí plantea exigencias muy altas respecto de la condición de sustentabilidad e integración social que esos territorios deben tener", indicó a TERRA.cl.
El profesional dijo entender las distintas posturas frente a la modificación del PRMS, pero insistió que no hay irregularidades.
"Puede ser que crea que hay que mejorar aún más la institucionalidad para debatir estos temas en la Región Metropolitana, pero este sistema ha sido altamente transparente, ha pasado por todos los filtros de evaluación y claramente se han utilizado los mismos procedimientos que la ley general de Urbanismo y Construcción hoy día contemplan, por lo tanto problemas de transparencia no existen", sostuvo.
ESCALA MAYOR
El presidente del Colegio de Arquitectos, Patricio Gross, se mostró contrario a este proyecto porque apunta sólo a la periferia y deja de lado "una visión integral de la ciudad".
Según el arquitecto, el crecimiento de la capital debería ser visto como algo más amplio, incluyendo incluso a las regiones cercanas a la Metropolitana.
"Santiago hay que entenderlo como una ciudad que tiene un territorio mucho mayor, hay que pensarlo a una escala mucho mayor, por qué no vivir en Talagante, Melipilla o en el litoral y la costa con un buen sistema de transporte. San Francisco de Mostazal, el valle del Aconcagua, hay que entender el Santiago del futuro como algo mucho mayor que el casco actual", subrayó.
Las posturas se contraponen mientras se espera el pronunciamiento de la Contraloría para que la nueva norma legal entre en vigencia, lo que podría ocurrir de aquí a fin de año debido a que "se requerirá un estudio muy acabado", según admitió el intendente Echeverría.
* Terra - 23.04.11
Foto: Santiago de Chile, vista general - condestino
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LAOPINIÓN/Málaga* : Las ventanas y las puertas están oxidadas. Es un detalle del estado del piso número 16 del sexto bloque de la calle Virgen del Amparo, en Marbella. Una de las 450 viviendas sociales que ofrece el Ayuntamiento a los ciudadanos con menos recursos. «No es un inmueble digno de personas», denunció a este diario su última ocupante, María José López. Hace apenas unas semanas que inició la mudanza. Hasta ahora, la mujer ocupaba desde hace años otra vivienda social en la zona de El Ángel. «Pedí un traslado porque la casa que ocupaba sólo tiene una habitación y tengo tres hijos de 8, 7 y 3 años que requieren de mas espacio», argumentó. Fue hace cinco meses. El Ayuntamiento no le puso pegas.
«Le hemos ayudado en todo lo que ha necesitado», declaró a este diario el concejal de Bienestar Social, Manuel Cardeña. «Hasta el punto de que hemos reformado la casa, le hemos suministrado una cocina y la hemos impermeabilizado, además de enganchar la luz y el agua a pesar de que le correspondía hacerlo a ella», añadió.
Pedirán hoy la «nulidad»
López está indignada. «No sé cuál es el arreglo que le han hecho a la casa. Yo no me atrevo a meter a mis hijos en una bañera oxidada», advirtió. «Estoy, junto con mi pareja, tratando de arreglarla. Pero con un sueldo de 420 euros que tenemos de ingresos nos tenemos que quitar de comer para poder arreglar el piso», aseveró. «Se supone que el cambio era para mejor».
El edil indicó a este periódico que la situación de López es especialmente delicada y particular. «Con la ordenanza municipal en la mano, debería ya de haber abandonado su antigua casa y no lo ha hecho», criticó. Existe una lista de 30 personas que esperan dormir bajo techo y que, según Cardeña, estarían dispuestos a ocupar la casa que López rechaza verbalmente pero que tampoco desocupa.
«Está bloqueando la lista de espera. Ni abandona la casa de El Ángel ni renuncia a esta nueva», incidió el concejal, quien asegura que tras la denuncia de esta usuaria está «politizada».
La casa presenta deficiencias evidentes, según ha podido constatar La Opinión de Málaga. Como vivienda social, forma parte del parque de propiedades municipales. El Ayuntamiento la cede gratuitamente a los usuarios que la solicitan y acreditan encontrarse en una situación de extrema necesidad.
En este caso, el Consistorio ha optado por otorgársela a esta vecina del municipio. «Pero me piden que sea yo quien la reforme. No lo entiendo, si la casa no es mía. Es del Ayuntamiento», denuncia la propia beneficiaria.
El edil destacó que el inmueble cuenta con todos los informes técnicos que certifican la salubridad del recinto y su idoneidad para ser ocupado por una familia.
* La Opinión Málaga - 24.04.11
Foto: María José muestra algunas de las deficiencias en el techo del inmueble.- laopinion
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LEVANTE* : La convocatoria de la "rave" del aeropuerto ha desaparecido de "facebook" a cuatro días de la supuesta celebración. Así lo denunció ayer a este diario el internauta que ha promovido la fiesta, cuyo perfil también ha sido excluido de la red social por utilizar una identidad falsa. "Han anulado el evento y mi cuenta. La empresa puede hacer lo que quiera, pero estoy cabreado porque nadie me ha avisado", aseveró Pau, el joven valenciano afincado en Madrid que ha conseguido más de 21.000 adhesiones a su iniciativa. Según aseguró, ayer intentó acceder a su perfil -con el pseudónimo Patufet- y se encontró que ha sido "inhabilitado" de la red social por usar un nombre falso. También han borrado el enlace con la fiesta. Pau dijo entender que supriman el evento "porque todo se trataba de una broma". "Ahora bien -añadió- prohibir mi perfil me parece excesivo. Estoy sorprendido porque ya no existo en 'facebook'".
El promotor de la fiesta expresó sus sospechas sobre lo sucedido: "No quiero ni imaginarme por qué ha pasado esto. Que desaparezca mi perfil a cuatro días del evento es preocupante. No me cuadra el argumento del nombre falso porque muchos usuarios se registran con pseudónimos y no los excluyen. Detrás de esto creo que están los que mandan".
Este diario pudo constatar que internautas que se adhirieron a la fiesta ya no pueden acceder al enlace en "facebook". Pau había mostrado su intención de acudir el sábado por la noche al aeropuerto. Tras lo sucedido, dijo, "ya no sé qué voy a hacer porque el evento ya no existe. Lo que quiero ahora es abrirme un nuevo perfil en 'facebook' y estar tranquilo".
A través de la red social, el joven valenciano convocó la "gran fiesta inaugural y pública" del aeropuerto, prevista para este fin de semana. A modo de sátira, se hizo eco de las palabras del presidente de la diputación, Carlos Fabra, en las que manifestó su voluntad de que los ciudadanos puedan pasear por las instalaciones antes de que entren en funcionamiento. "Aprovechemos la oportunidad que nos brindan Fabra y Camps para pasar una alegre jornada festiva en las instalaciones que amablemente nos ceden. Podemos hacer fiestas, barbacoas, discomóviles, empinar el catxirulo, menjar-nos la mona. Los que tengan equipos de música que los traigan, los que sean batuqueros que vengan a animar. Skaters, ciclistas, familias, domingueros, raveros... todos son bienvenidos, tenemos un aeropuerto para disfrutar", rezaba la convocatoria. Más de 21.000 internautas se adhirieron a una convocatoria de la que ya no queda rastro en la red social.
La convocatoria renace en ´Facebook´
* Levante - 22.04.11
Foto: Castellón, cachondeo aeropuerto de Fabra - publico
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ELPAÍS* : El mapa de ruidos de la capital granadina, que analiza la acústica de 18.000 puntos de la ciudad y que aprobó el Ayuntamiento en octubre de 2008, ha sido anulado por la juez de lo Contencioso Administrativo nº2 de Granada. Establecía que solo unos 20.000 vecinos sufren cada día ruidos nocivos para la salud. La juez considera que el documento no se sometió "válidamente" al trámite de información pública, por lo que declara la nulidad del procedimiento administrativo por el que se aprobó definitivamente y retrotrae el expediente al trámite anterior. La Asociación Granada contra el Ruido gana así esta batalla que inició su expresidente Francisco Morales, ya fallecido. El documento, que el Consistorio presentó como "el más brillante de los que se han hecho en Andalucía", establece que, en la ciudad, los niveles acústicos son tolerables (una media de 61,8 decibelios), lo que cuestionan algunos colectivos y ciudadanos puesto que otros estudios la han situado entre las más ruidosas.
Apunta al tráfico y no al ocio nocturno como la mayor fuente de ruido y sitúa los niveles de Granada por debajo de los de otras capitales como Málaga y en consonancia con la media que marca la Unión Europea.
El documento generó críticas no solo de esta asociación, sino también de otros grupos como Los Verdes o la asociación de vecinos Bajo Albaicín, barrio que, según desveló, era el menos ruidoso. En el polo opuesto, el distrito Beiro, cuyos vecinos soportan una media de 64,8 decibelios, aunque por debajo de los 65 que establece la Unión Europea.
Las mencionadas asociaciones del Albaicín y Granada contra el Ruido, así como Ciudadanos por Granada, presentaron alegaciones ante la imposibilidad de acceder a la documentación y porque la que se ofreció aportaba una versión, a su juicio, excesivamente "positiva" de los resultados. También criticaron el modo de calcular los decibelios por barrios, que consideraron erróneo.
El mapa se realizó en colaboración con la Universidad de Granada antes de que, por ley, estuviera obligada la capital a contar con esta herramienta, que sirve para diseñar medidas bien fundamentadas para el control del ruido en la ciudad, según defiende el Consistorio. El trabajo implicó durante tres años a más de 20 personas de la Universidad.
Según la demanda presentada por la asociación vecinal, se solicitaba la nulidad del acuerdo de pleno por la infracción en el trámite de información pública y por no contener el mapa de ruidos los elementos mínimos establecidos en la legislación vigente. La juez no entra en el segundo de los motivos puesto que anula las actuaciones por el trámite de información pública. Según consta en la sentencia, que no es firme, "lo que se expuso no era la totalidad del mapa, que solo se expuso durante la mitad del plazo y a requerimiento de algunos interesados". Ese vicio procedimental es motivo suficiente para declarar la "nulidad" de todas las actuaciones administrativas.
* El País - 22.04.11
Foto: Granada, atascos - lawebdegranada
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ELPAÍS/A Coruña* : Para los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron la Operación Orquesta, no hay duda de la trama de corrupción en municipios de la Costa da Morte. Hay pruebas más que suficientes, consideran, para avalar la imputación por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho de 23 personas, entre ellas los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y cuatro ediles de Obras. Las imputaciones del juez de Corcubión Andrés Lago contra estos siete cargos públicos, todos en libertad provisional desde el 31 de enero y candidatos a la reelección en los comicios de mayo por el partido de Independientes por Cee y por el PP en los casos de Fisterra y Mazaricos, "han quedado más apuntaladas si cabe", destacan en sus conclusiones finales los investigadores policiales, tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y las declaraciones de los imputados.
Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores. Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial. Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama. Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.
En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras. Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro. Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".
En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras. Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía. Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra".
La policía, tras analizar el expediente de esa contratación de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), concluye que "es impoluto el desarrollo formal de ese procedimiento" de adjudicación. Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos".
Malversación y fraude fiscal del alcalde de Cee
Las actividades delictivas del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quedan de sobra probadas para los investigadores policiales. Hay evidencias reiteradas en cada uno de los seis delitos que se le imputan, subrayan los agentes en sus conclusiones finales. Tres de esos presuntos delitos los comparte con los regidores de Fisterra y Mazaricos (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación). Pero a Vigo se le acusa además de otros tres, entre ellos falsificación en documento, por preparar facturas falsas, con la complicidad de otro imputado, el agente artístico Jorge López Lago, para defraudar una subvención de la Xunta. "Queda acreditado" también que el alcalde de Cee malversó dinero público con su controvertida gestión de la comisión de las fiestas patronales de A Xunqueira durante los dos últimos años. Y se calcula que el regidor independiente defraudó a Hacienda más de 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal, advierte la policía.
Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B". "Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.
Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta. "Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos. "Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal.
* El País - 22.04.11
Foto: Cee (A Coruña), archivo detención alcalde - elpais
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DIARIODECÁDIZ* : Ecologistas en Acción emitió ayer un durísimo comunicado en contra del PT de la Costa Noroeste aprobado en plena Semana santa por el Consejo de Gobierno de la Junta después de cuatro años de estudio. Para los ecologistas, lo apriobado por la administraciónr egional no se separa ni un ápice de los Planes Generales esbozados por cada uno de los cuatro ayuntamientos afectados y que "consagra una ocupación del territorio. No solo no reconsideran las previsiones de crecimientos urbanísticos que incluían en sus respectivos planes, sino que optan por más de cinco mil nuevas viviendas, además de las previstas en los respectivos PGOU, sin el más mínimo estudio de las demandas existentes, y cuando existen miles de viviendas sin vender".
Además, los ecologistas denuncian que la Junta se contradice a sí misma, ya que el Plan de Ordenaciónd el Territorio de Andalucía, aprobado en 2006, afirma, entre otras cosas, que "el planeamiento tendrá entre sus objetivos la consecución de un modelo de ciudad compacta..."; que hay que "dar prioridad a la integración de las nuevas ofertas turísticas en los núcleos urbanos existentes..."; o que hay que "considerar las instalaciones turísticas singulares… (campos de golf…) desde su propio valor añadido en cuanto instalaciones especializadas de altas prestaciones y servicios, y con total independencia de las promociones inmobiliarias asociadas". Todo esto, según la asociación ecologista, se incumple en la Costa Noroeste.
Pero a todo esto se viene a sumar que el POT aprobado no ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que fueron presentadas por los ecologistas, como es el caso del Codo de la Esparraguera, en Trebujena, para el que se solicitaba el área de interés ecológico, de modo que se completaba el Espacio Natural de Doñana. Para ellos, esto es "una actitud incomprensible, ya que son terrenos públicos afectados al Dominio Público Marítimo Terrestre donde crían especies en peligro de extinción tan emblemática de los humedales andaluces como la Cerceta pardilla y la Focha moruna".
Otras alegaciones que se han quedado en el tintero hacen referencia a los "estudios sobre la viabilidad de la conexión marítima con Matalascañas, ni la implantación de eólicas marinas, al menos a nivel de recomendación".
Tampoco entienden que se plantee una reserva para la ampliación del Puerto de Bonanza, sin tener en cuenta, a la luz de los últimos estudios sobre la dinámica y la morfología del Estuario del Guadalquivir, los impactos que ello tendría para el conjunto del sistema y su propia viabilidad.
Por último, aunque aparece la reinundación de las marismas, "se mantiene la posibilidad de nuevas roturaciones agrícolas y aprovechamientos agrarios intensivos, cuando deberían quedar expresamente prohibidos".
* Diario de Cádiz - 21.04.11
Foto: Humedal del Codo de la Esparraguera, cuyas alegaciones ecologistas no han sido tenidas en cuenta.- diariodecadiz
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DIARIODEBURGOS* : Equipamiento polémico. Diez meses después de que el crematorio de Miranda cerrara sus puertas por orden judicial, su reapertura puede estar muy cerca. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha dado luz verde a la aprobación definitiva del cambio de catalogación de la parcela de la carretera de Orón en la que se ubica el tanatorio. La notificación llegó el martes al Ayuntamiento y una vez que esta modificación quede publicada en el Bocyl, dicho terreno pasará de suelo agrícola con protección agropecuaria a urbano. Este cambio -que recibió el visto bueno en febrero aunque estaba a la espera de un informe de Cultura en el que se detallaba que no había evidencias de restos arqueológicos en la zona- da la llave a Servicios Funerarios de Miranda para poder reabrir la instalación.
El alcalde avanzó ayer que esta empresa «ya está trabajando» para solicitar al Ayuntamiento la reapertura del crematorio. Y el Ayuntamiento le daría ese permiso siempre y cuando «presentaran esa solicitud y se ajustara a la nueva legalidad», destacó Fernando Campo. No hay un plazo definido para hacerlo, pero se entiende que la empresa funeraria, por su propio interés, lo formalizará cuanto antes. «El suelo ya está calificado como tal y ahora son ellos los que tienen que presentar la petición», añadió. Pero la polémica con el crematorio no queda aquí, porque al margen de este trámite administrativo que inició el Ayuntamiento hace unos meses, en los juzgados está pendiente la resolución del recurso que el Ayuntamiento presentó en noviembre contra la orden de derribo del crematorio. El atasco existente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la implantación de la nueva oficina judicial está dilatando este proceso.
Ayer Campo avanzaba que se iba a informar al juzgado acerca de este cambio de suelo y el regidor está convencido de que el magistrado lo tendrá en cuenta, y para bien, a la hora de dictar sentencia. No lo ve de la misma manera los vecinos de El Crucero que llevaron al Ayuntamiento a los Tribunales. Su abogado, Jesús Ángel Sáez, apostilla que el juez lo tendrá en cuenta «pero para percatarse de que han burlado su sentencia». «La pena», añade, es que el juez que dictó la anterior sentencia se ha trasladado a Valladolid, pero aun así los vecinos «confiarán de nuevo en el trabajo de la justicia».
Y es que no están dispuestos a que el Ayuntamiento se salga con la suya y se pueda reabrir el crematorio. Por eso, y una vez que esta modificación del PGOU se publique en el Bocyl, el abogado se reunirá con los vecinos para decidir qué medidas tomar. Se da prácticamente por seguro que se recurrirá este cambio de suelo. «Además de que es una burla a la sentencia, creemos que no hay ninguna justificación para el cambio del uso del suelo y que además únicamente se declare suelo urbano la parcela de Servicios Funerarios de Miranda. ¿Por qué solo esa parcela y no todo el terreno que hay subiendo al hospital? El Ayuntamiento tiene que mirar por el interés público, no por el privado», subraya, y añade que la Ley regional de Urbanismo prohibe que se creen «islas urbanas, que es lo que se está haciendo aquí».
* Diario de Burgos - 21.04.11
Foto: El servicio de crematorio, que comparte instalaciones con el tanatorio, está cerrado desde junio del pasado año - diariodeburgos
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ELPAÍS* : Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de Jaén han dejado en manos de la Junta de Andalucía la solución política al conflicto de las viviendas ilegales en las zonas residenciales, principalmente en los alrededores de los Puentes. Un resquicio legal consensuado a última hora permitió ayer la aprobación de la Agenda Local 21, un documento que habrá de incorporarse al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con el que IU -impulsor del texto desde el área de Medio Ambiente- se había desmarcado de su socio de gobierno, el PSOE, y del PP. IU había planteado la demolición de todas las viviendas construidas en suelo protegido o en zonas inundables, una medida que la portavoz de la coalición de izquierdas, Isabel Mateos, consideraba "irrenunciable" y a la que se oponían PSOE y PP.
Sin embargo, los portavoces de los grupos acordaron introducir en el documento de la Agenda Local 21 la cláusula que insta a actuar "según normativa legal". Esta treta legal permitió a IU sacar adelante su documento, que ha contado con la participación de más de 1.500 personas, y al PSOE y al PP evitar cualquier coste electoral en plena precampaña de los comicios del 22-M.
De este modo, el Consistorio jiennense deja cualquier solución al espinoso tema de las viviendas ilegales a lo que marca la llamada ley del Suelo de Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya advirtió recientemente que habrá que tirar "lo que sea necesario" y señaló que en cualquier proceso de legalización los propietarios de las viviendas deben asumir los gastos de urbanización, algo a lo que se opusieron PSOE y PP. El Ayuntamiento pretende regularizar unas 5.000 viviendas construidas en los Puentes, de las que una cifra aún por determinar se consideran ilegales.
* El País - 21.04.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
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MÁLAGAHOY* : El instrumento estrella de planificación de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), entra en su recta final después de que ayer, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE, se aprobase el documento de subsanación de parte de los defectos detectados por la Junta de Andalucía en el documento. Analizada la cuestión en el seno de la última Comisión de Movilidad y Urbanismo del presente mandato, el informe, tras ser ratificado en el Pleno, será remitido a la Administración autonómica, que, una vez estudiado, deberá dar luz verde a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un paso que convertirá en efectivo el documento. Pero la tramitación última no evita que el PGOU siga marcado por no pocos interrogantes, puesto que las subsanaciones realizadas por Urbanismo afectan sólo a cuestiones de menor entidad incluidas en informes sectoriales de organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Carreteras de la Junta, Aviación Civil, entre otros, sin entrar en los aspectos suspendidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua).
Y entre los que se incluyen propuestas como la construcción de 3.500 viviendas en sectores de Churriana, Campanillas, Santa Rosalía y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua".
El rechazo se mantiene sobre "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas, y la reclasificación de la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo se descarta clasificar como urbano la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.
Queda por responder a qué ocurrirá con éstas cuestiones y sobre ciertos proyectos a los que se ha opuesto de manera continuada la Administración autonómica y que han sido recurridos judicialmente por el Consistorio. En este ámbito se sitúan, por ejemplo, la construcción de medio millar de casas al norte de la ronda este o la posible ocupación de los terrenos de Arraijanal, que la Junta ha logrado finalmente que queden contemplados como parque metropolitano.
A ello hay que agregar la sombra generada por la inseguridad de cobrar los convenios urbanísticos que se han suscrito en los años pasados con el PGOU como telón de fondo. Conforme a los calendarios manejados, en las semanas posteriores a la entrada en vigor del Plan General, el Ayuntamiento deberá cobrar alrededor de 170 millones de euros, extremo para nada claro ante las dificultades económicas por las que atraviesan algunas de las promotoras responsables de estos acuerdos. No obstante, el equipo de gobierno del PP insiste en que reclamará cada euro de los pactados y en la fecha prevista.
El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer las bondades del planeamiento, mientras el concejal del PSOE Sergio Brenes volvió a denunciar la ausencia de zonas verdes y equipamientos en el documento. Al tiempo, insistió en que se trata de un documento diseñado "a golpe" de convenios urbanísticos.
* Málaga Hoy - 21.04.11
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)
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LEVANTE/Valencia* : El alcalde de Chella, Pablo Seguí, del PSPV, deberá comparecer el próximo miércoles en un juzgado de Xàtiva. Lo hará en calidad de representante municipal como imputado por las presuntas irregularidades detectadas en las obras del PAI Carlos Fabra. Se le atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico de la localidad.
Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.
Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.
Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
"Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso", lamenta uno de los afectados. "Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras", afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. "Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado", denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.
"No hemos cometido
ningún delito"
"Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito". El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que "el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria" y manifiesta que la ejecución de las obras "se ha hecho conforme al Plan General", explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que "lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados", señala. Seguí, además, asegura que existe un "trasfondo político" en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.
* Levante - 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) - forociudad
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ÚLTIMAHORA/Menorca* : Tras tres intensos meses de instrucción, el juzgado nº2 de Ciutadella levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el caso Citur y duplicó el número de imputados en el presunto amaño de concursos públicos desde el área de Turisme del Ajuntament que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos responsables figura ya la actual diputada autonómica, concejal y secretaria general del PP menorquín, Antònia Gener Bosch, a quien la juez instructora, Raquel Martínez, ha citado a declarar el próximo jueves 5 de mayo. La imputación de Gener, que se añade a la ya conocida de sus excompañeros de gobierno Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas, Gabriel Cardona y Antònia Salord, era un secreto a voces en el entorno de la investigación desde que, el pasado 29 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción registró las dependencias municipales. Curiosamente, Gener renunció hace diez días a concurrir como nº2 de la candidatura del PP al Consell insular alegando «motivos personales».
Además de Gener, la juez Martínez también imputa presuntos ilícitos penales a seis funcionarios, a los que ha citado a declarar en una doble sesión de comparecencias los días 5 y 6 de mayo. Se trata -tal como ya había adelantado Ultima Hora Menorca-del secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas; la secretaria accidental, Ester Allés Coll; el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca; el director del área de Medi Ambient, Xavier Cardona Capella; la coordinadora de Turisme, Soledad Navarro Mercader; y la funcionaria Teresa Bagur Capó.
Asimismo, la juez instructora ha imputado a la exarquitecto municipal María Antonia Castro, contratada como cargo de confianza por el anterior gobierno del PP y que fue cesada fulminantemente de sus funciones con la llegada a la alcaldía de la socialista Pilar Carbonero. Se da la circunstancia de que Castro ya está imputada por el ‘caso de las ratas' y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.
El empresario menorquín Manel Mercadal, detenido en primera instancia por la Policía Judicial, el empresario y exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier Liy, el ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans y los técnicos externos José Manuel Urós Gallego, Miguel Ángel Mayol Amengual y Gisela Loran Benavent (Taller d'Enginyeria Ambiental) han sido igualmente imputados en la causa. Estos tres últimos y el funcionario Xavier Cardona deberán testificar mediante exhorto, al igual que la actual gerente del PDPT de Ciutadella, Lisa Valcepina; y el empresario Antonio Jorge Peña, que lo harán en calidad de testigos.
También han sido citados el 6 de mayo a declarar como testigos, el concejal de UPCM, Joan Triay, quien interpuso la querella que ha dado lugar a la investigación judicial; y el informático del Ajuntament de Ciutadella, Jordi Anglada, quien colaboró activamente con los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán durante las largas sesiones de intenso registro al consistorio.
* Última Hora Menorca - 19.04.11
Foto: Gener vuelve al Juzgado. El 5 de mayo declarará como imputada en la llamada ‘Operación Xoriguer’. El 14 de septiembre de 2006 ya tuvo que dar cuentas, aunque entonces en calidad de testigo, por su participación en la operación de permuta del ‘caso de las ratas’. - ultimahora (archivo)
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ELPAÍS/Málaga* : La intervención municipal de Manilva (11.000 habitantes) avisó a su alcaldesa Antonia Muñoz (IU) al menos en dos ocasiones de que no podía pagar facturas a la empresa Muebles y Decoración Valentín SL., de la que ella misma es administradora, porque incumpliría la ley de contratos del sector público. Así consta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que se alerta de que, al proponer el pago de 41.733 euros en facturas a esta sociedad, se está incumpliendo el artículo 49.1 de esta ley, en el que se aborda las prohibiciones para contratar. Estas apreciaciones figuran en el margen de un listado de facturas que, según fuentes consultadas, se incluyó en el orden del día de una junta de gobierno local. Los albaranes se emitieron el 29 de noviembre de 2010 y según otro informe de la intervención se dieron por buenos el 21 de febrero de 2011. Cuatro de ellos, que suman 7.740 euros, constan como pagados.
El juzgado número 5 de Estepona (Málaga) investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. Entre ellas figura la facturación de 666.965 euros a tres empresas vinculadas con la alcaldesa, certificada recientemente por el secretario municipal. La jueza Isabel Conejo, instructora del caso, ha imputado a la regidora por delitos contra la integridad de la Administración pública.
El secretario municipal ha remitido a la juez un listado de 91 facturas entre las que hay tres emitidas por la Carpintería Valentín, administrada por el esposo de la regidora; 40 de muebles y Decoración Valentín S. L., a cuyo frente figuran ambos esposos; y las 48 restantes pertenecen a Excavaciones Salvador González Vázquez S. L., propiedad de un primo hermano de la regidora y que acumula 479.067 euros en pagos.
El secretario asegura en su escrito que en 33 contratos no superiores a 3.000 euros "no está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección". De hecho, en esos casos, no existe un expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura.
El Partido Popular, personado en la causa abierta contra la regidora manilveña, aseguró ayer que el montante supuestamente facturado por las empresas vinculadas a Muñoz asciende a 1,1 millones de euros. Entre las personas "favorecidas" por la regidora, según el portavoz municipal popular, Francisco Miguel Álvarez, figuran no solo las sociedades de familiares directos de la alcaldesa sino también empresas de amigos suyos, así como las de otros concejales del municipio costasoleño.
Según la vicesecretaria provincial del PP, Margarita del Cid, estas irregularidades denotan que el equipo de gobierno de Izquierda Unida es protagonista de una presunta red de tratos de favor, del que, además, "el PSOE [socio de IU] ha sido cómplice, porque está callado en todo este procedimiento y con el silencio avala la actuación de la alcaldesa".
El portavoz del PP en el municipio aseguró que la empresa Muebles y Decoración Valentín, de la que es administradora la regidora, ha llegado a facturar 174.513,36 euros en estos últimos cuatro años sin que se haya podido acreditar "la relación de publicidad ni de libre concurrencia" de los contratos. También precisó que el pasado 21 de febrero Muñoz "aprobó una factura y se concedió el abono de más de 68.800 euros" en una junta de gobierno local. Dos de las facturas corresponden a 10.300 euros en madera para quemar en las fiestas de San Juan en 2009 y 2010.
Asimismo, Álvarez detalló que, como consecuencia de unas inundaciones en el municipio, se realizaron, por vía de urgencia, una serie de pagos a empresas vinculadas a familiares y amigos del equipo de gobierno de Manilva. Una de estas sociedades, que facturó por decreto de la alcaldía 24.655 euros, pertenece, según el edil popular, a un cargo de confianza de IU en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).
* El País - 21.04.11
Foto: Manilva (Málaga) - elpais
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DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo ha presentado en los juzgados de Marchena, después de un año de investigaciones, una denuncia contra el concejal del Partido Socialista Independiente (PSI) de Arahal Manuel Rodríguez Lobato, al que atribuye presuntamente un delito contra la ordenación del territorio por haber construido un rancho con una vivienda de 142,54 metros cuadrados en zona catalogada como suelo urbanizable y donde no es posible construir. La denuncia de la Fiscalía se dirige también contra la esposa de Manuel Rodríguez Lobato, concejal de Hacienda y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Arahal, y contra el edil de Urbanismo, Manuel Bravo García, así como contra tres arquitectos municipales y el secretario del Ayuntamiento por haber informado favorablemente a la concesión de la licencias para la construcción de la vivienda.
El caso fue denunciado por el candidato del PSOE, Fernando Chaves, hermano del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, quien recientemente fue procesado por un delito de injurias y revelación de secretos por haber difundido en los boletines de su partido informaciones relacionadas con la casa de campo del concejal independiente.
La Fiscalía de Medio Ambiente asegura en la denuncia remitida ahora a los juzgados que las edificaciones realizadas por el edil de Hacienda Manuel Rodríguez Lobato "resultan del todo ilegalizables, al ser contrarias al planeamiento urbanístico" porque se encuentran en un suelo catalogado como no urbanizable y no cuentan con "causa alguna de justificación que permitan su autorización por ser ajena a una explotación agrícola, conforme a su volumetría, apariencia y uso realmente otorgado".
El Ministerio Público entiende que se trata de una amplia obra constructiva, "integrada por un complejo en torno a una vivienda residencial dotada de todos los servicios y destinada principalmente como casa solariega y para uso propio y de recreo".
La denuncia sostiene que el concejal Manuel Rodríguez Lobato aprovechó el "conocimiento y relación" con su compañero de partido, el también concejal de Urbanismo, Manuel Bravo García, para "conseguir la legalización y aparentar que las obras promovidas eran conformes a las normativas municipales de planeamiento urbanístico". Con el concierto de ambos concejales, iniciaron los trámites para la construcción de una "nave de aperos" el 17 de marzo de 2008, licencia que fue concedida por un decreto del concejal de Urbanismo, que también aprobó otras licencias para la construcción de la vivienda para el "personal encargado de la vigilancia".
Las licencias solicitadas por el concejal fueron realizadas, según el Ministerio Público, para "disimular la envergadura del proyecto constructivo y del verdadero destino a uso de vivienda residencial", lo que propició que "se le diera a los correspondientes expedientes urbanísticos trámite distinto al legalmente establecido para las autorizaciones de edificaciones vinculadas a explotación agrícola, industrial o turística del suelo".
La inspección ocular constató que se trata de una vivienda destinada a un uso residencial, que cuenta con una distribución interior de salón, cocina y baño en la planta baja, además de otro salón de grandes dimensiones, y en el segundo piso tres dormitorios y otro cuarto de baño.
La Fiscalía concluye que las licencias concedidas son "manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico" y se otorgaron para "dar apariencia de una ficticia legalidad que ocultara la ilegalidad de la edificación y su otorgamiento con la finalidad de favorecer a los solicitantes por razones de relación personal". El fiscal ha pedido la declaración como imputados de los dos concejales, de los tres arquitectos municipales y del secretario.
* Diario de Sevilla - 21.04.11
Foto: El Arahal (Sevilla), rancho ilegal de edil - diariodesevilla.es
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CANARIAS7/Fuerteventura* : Un grupo de vecinos de una urbanización de La Pared presentó ayer una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación». Exigen al Consistorio que disuelva la junta de compensación de la urbanización y que garantice los servicios mínimos (basura, alumbrado, etcétera) que marca la ley.
La asociación de vecinos Viejo Rey presentó ayer en los Juzgados de Puerto del Rosario una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación por no haber intervenido ni tomado parte en la situación de la urbanización de La Pared, que arrastra desde hace años problemas graves relacionados con el abastecimiento de agua, el alumbrado público, el asfaltado de las calles, la carencia de un sistema de depuración de aguas, etcétera».
Los vecinos afectados reclaman al Ayuntamiento de Pájara, en primer lugar, que restablezca la legalidad urbanística de sus inmuebles, esto es, «que disuelva la junta de compensación», entidad presidida por el promotor de la urbanización, con quien los denunciantes mantienen un enfrentamiento. En segundo lugar, los vecinos solicitan al Consistorio «que se haga cargo de los servicios mínimos que dicta la ley, como son el abastecimiento de agua, la depuración de agua, el alumbrado de las calles y el asfaltado de las calles».
Una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el plan general de 1998 y actualmente se encuentra vigente el planeamiento de 1989. Es por ello que muchas casas de la urbanización de La Pared se hallan en una situación de «desamparo legal», porque están fuera de ordenación a la espera de la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico. En este sentido, los vecinos aclaran que «todas las viviendas cuentan con licencia de obra del Ayuntamiento de Pájara, están legales, disponen de certificado de habitabilidad. Pagamos nuestros impuestos como cualquier ciudadano del municipio, pero no recibimos ningún tipo de servicio por parte del Ayuntamiento».
Un total de 200 familias residen en la urbanización afectada, aunque en la denuncia presentada ayer están implicados los propietarios de unos 60 inmuebles.
Según el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, «existe una junta de compensación que funciona perfectamente y es la que debe solucionar los problemas». Perdomo añadió que a los vecinos «se les ha dicho cuál es el procedimiento en varias reuniones que hemos tenido con ellos».
Corte de agua inminente. El mayor problema de los vecinos de la urbanización de La Pared es que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas (CAAF) está a punto de cortarles el agua por una deuda de más de 120.000 euros. Según los denunciantes, a pesar de que ellos pagan sus recibos a la junta de compensación, ésta no ingresa al Consorcio y por eso se ha acumulado la deuda. Los vecinos responsabilizan al Ayuntamiento de Pájara de la deuda, porque, «como órgano de control, tiene que controlar a la junta de compensación, pedir los libros de cuenta, etcétera, y nos consta que no lo está haciendo».
* Canarias 7 - 19.04.11
Foto: Pájara (Fuerteventura) - cannarias.com
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PADIGITAL/Santiago* : Un escándalo por el sobreprecio de una obra vial que implicaría una pérdida de 35 millones de dólares para el Estado, derivó en la renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo chilena, Magdalena Matte.
Matte explicó que decidió “asumir la responsabilidad política” y evitar un conflicto innecesario. El gobierno anunció que su reemplazante será el ingeniero Rodrigo Pérez Mackenna, intendente (gobernador) de la Región de O"Higgins, en el sur. Matte estaba en el centro de la polémica desde que se conoció que en febrero detuvo el pago de $35 millones a la constructora Kodama, que ella misma había autorizado en enero, por considerarlo en su momento demasiado alto.
Además, envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine si hubo algún ilícito en el acuerdo extrajudicial.
La constructora Kodama demandó al ministerio por unos $81 millones por el retraso en la construcción de un corredor vial por causas ajenas a la compañía. El monto final fue rebajado a $35 millones.
* PA Digital - EFE - 20.04.11
Foto: Santiago de Chile, vista general - condestino
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TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : La asesora de Estrategia Turística y una de las profesionales más cualificadas de Canarias en esta materia, Cristina del Río, ha advertido de que Telde atesora numerosos recursos turísticos “paralizados”, lo que condiciona su desarrollo económico. En el encuentro que mantuvo en abril con el grupo Diálogos en Telde, la experta destacó que “todo lo que sea bueno para los residentes en Canarias será bueno para el turista que visita las islas”, según informa a través de un comunicado de la organización del encuentro. En su opinión, el municipio teldense necesita “recuperar todos los recursos turísticos de los que dispone para atraer a los visitantes que se interesan por los valores culturales, históricos o etnográficos durante su estancia en Gran Canaria”.
“Ello será no sólo bueno para el sector del que dependemos en el archipiélago, sino también para las personas que residen en la isla, por lo que conlleva de creación de actividad económica en su entorno”, apostilló.
Sin accesos a los yacimientos
En un diagnóstico que realizó sobre la situación de la localidad, Del Río constató que el Ayuntamiento de Telde realiza una labor de promoción en Internet y en redes sociales a través de su página web “www.teldeturismo.es”, centrada en el casco histórico de San Juan, el barrio de San Francisco, la playa de Melenara y la zona comercial de San Gregorio.
Sin embargo, recordó que “no se puede promocionar esta localidad en las ferias mientras sigan existiendo recursos que hoy por hoy no se pueden visitar pese a su gran atractivo”. En este sentido, aludió a los yacimientos arqueológicos, que carecen de accesos adecuados.
Igualmente, comentó que la fábrica de Ron conocida como la Máquina de Azúcar es “un recurso paralizado en estos momentos”, del mismo modo que la Noria de Jinámar, transformada en un Museo del Agua, que requiere de “una correcta gestión para su apertura”. A su juicio, la señalización turística del municipio y de la de sus carreteras deben también mejorar.
En política turística, “es evidente que falta una mayor coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos”, subrayó Del Río.
Motor de la economía
Igualmente, señaló que la Casa de Los Sall, en San Francisco, es el recurso en el que se está trabajando en su rehabilitación y funcionará como centro de interpretación del barrio de San Francisco. Además, avanzó que la Iglesia de San Juan, uno de los espacios más visitados de Telde, contará con audioguías para los turistas y las personas con movilidad reducida.
Defendió, por otra parte, el planteamiento de que el turismo “debe seguir siendo el motor de la economía canaria como lo ha sido en las últimas décadas, aunque debe recibir más apoyo público”. De hecho, incidió en que en la actualidad otros sectores que no generan empleo en la medida que lo hace el turismo son los que se benefician de la mayor parte de las ayudas en forma de subvenciones.
Preservar el litoral
Durante el encuentro también participó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Fernández, para quien Telde debe “seguir trabajando por la preservación de su litoral” y consideró que “es necesaria mucha inteligencia a la hora de abordar el desarrollo de la costa”.
“Frente a la crisis ambiental que sufre el planeta es necesario aprender a convivir y adaptarnos a los efectos que producen los cambios a los que nos enfrentamos”, indicó.
Quien fuera también máximo responsable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que “Telde dispone de recursos naturales muy valiosos que deben ser ante todo preservados para que tanto la población como los turistas puedan disfrutar de ellos en el futuro”.
El Consorcio del Sur
Al analizar la situación de “caos” administrativo y político que padece el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, institución que gobierna en la principal zona turística de Gran Canaria, tanto José Fernández como Cristina del Río se mostraron críticos con la negativa de los representantes municipales a ceder las competencias en materia de Urbanismo al Consorcio de Rehabilitación Turística, en el que intervienen Gobierno de España, Ejecutivo autónomo; Cabildo y el propio Consistorio.
Asimismo, advirtieron de que el futuro del sur de la isla “seguirá siendo incierto mientras siga dependiendo de munícipes como los actuales, de todos los colores políticos, que carecen de altura de miras y gobiernan de forma opaca y de espaldas al interés general”.
“Necesitamos líderes revolucionarios que sean capaces de movilizar a la población para acabar con el sistema caciquil que padecemos en Canarias desde hace varias décadas”, sentenció Fernández.
* Telde Actualidad - 21.04.11
Foto: Telde (Gran Canaria), yacimiento cuatropuertas - teldeactualidad
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EUROPAPRESS* : Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades. El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro -unas 500 familias-, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública -en caso del parking-. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.
No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde --unos 230--. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones "no son legalizables".
En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.
Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.
OTROS CASOS
Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como 'Colina de Castrelos' o 'Piricoto' no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.
Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.
También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.
En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que habían presentado y, mientras, intentan conseguir una licencia municipal mediante la creación de una sociedad a la que ceden la gestión de sus apartamentos.
Los propietarios de los 50 apartamentos de la urbanización 'Gran Lar' de Navia se enfrentan a la posible demolición de los edificios, después de que el TSXG ratificase una sentencia anterior de derribo. Al igual que en el caso de Samil, el problema aquí está en el uso que se ha dado a los apartamentos, ya que la licencia otorgada era para residencia de estudiantes.
A estos casos, se suman los de otros edificios que están en situación de ilegalidad por diversos motivos, como una docena de chalets en Canido, un edificio de diez alturas en la zona de Churruca, otro edificio de más de cien viviendas en A Florida y otros ejemplos en Fragoso o A Seara.
LEGALIZADOS
En la otra cara de la moneda, están los casos de las torres Ifer de García Barbón, y el edificio de Jacinto Benavente próximo a la tienda Toys 'r Us. En el primer caso, el TSXG aceptó la pretensión del Ayuntamiento de que se declarase inejecutable la sentencia, en tanto que las torres --con unas 170 viviendas-- habían obtenido licencia municipal por estar ajustadas al nuevo PGOM.
Esas torres, en cuyos bajos está instalada la sede del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, tenían una sentencia de demolición desde 1996 y se consideraban ilegales porque estaban anulados el estudio de detalle de ese ámbito y las licencias concedidas.
También los 180 propietarios de los pisos de Jacinto Benavente respiran más tranquilos desde que, en julio de 2009, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobó su licencia, en el marco del nuevo PGOM.
PLAN GENERAL DE 1993
La mayoría de los edificios declarados ilegales por los juzgados se construyeron al amparo de un planeamiento que fue, asimismo, anulado por los tribunales: el Plan General de 1993, aprobado por unanimidad por 26 concejales --uno del PP estuvo ausente en la votación--. Esa corporación estaba presidida por el alcalde socialista Carlos Príncipe y era concejal de Urbanismo Dolores Villarino, además, también eran concejales los actuales ediles José Manuel Figueroa (PP) y Xulio Calviño (PSOE).
En la ciudad olívica, prácticamente todas las denuncias por irregularidades tienen en común al denunciante, Eduardo Canabal, un técnico proyectista especializado en asesorar sobre cuestiones urbanísticas. Desde hace 15 años, este asesor mantiene en jaque a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que ha llegado a denunciar hasta 25 actuaciones del plan del 93.
* Europa Press - 21.04.11
Foto: Vigo, torres Finca do Conde -cope.es
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NOTICIAS+* : En la actualidad, existen unas 800 millones de bicicletas en el mundo y son utilizadas como medio de transporte principal o como vehículo de ocio. De cara al cuidado de las personas representa un completo ejercicio físico mientras que para el medio ambiente, su uso significa una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera y una contribución para frenar el cambio climático. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra hoy con circuitos en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, competencias de ensayos, carteles en las escuelas y plantaciones de árboles. Alicante, Murcia, Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla, Logroño, San Sebastián, Burgos y Santiago de Compostela son algunas de las ciudades que promueven el uso de bicicletas dentro de la Red de Ciudades por la Bicicleta.
En concreto, en Cartagena se han lanzado una serie de iniciativas entre las cuales destaca la Calculadora de CO2 que determina la cantidad de CO2 que se puede dejar de emitir a la atmósfera, en un determinado trayecto, si sustituye el coche o la moto por la bicicleta.
Durante la jornada, se realizarán actividades en distintos ayuntamientos para promocionar su utilización, como el caso de Madrid, donde los ciclistas arrancarán en la Plaza Castilla y en el Retiro a las 20 con el objetivo de realizar un paseo lúdico hasta llegar al Templo de Debod y comer un bocata bajo las estrellas.
En Gijón, se llevará adelante la operación Ring-Ring que consiste en obsequiar un timbre y desayuno a las personas que se mueven en bicicleta por la ciudad asturiana. Los puntos de encuentro son en Acerona (c/ Palacio Valdés, frente al Humedal) y en el Paseo del Muro (c/ Rufo García Rendueles) a la altura de la calle Marqués de Urquijo. También se realizarán itinerarios ciclourbanos con guías.
En Oviedo, a las 19:30 saldrá una marcha ciclista urbana de la Plaza de la Catedral que recorrerá distintas calles de la ciudad y en Zaragoza, comenzará una ruta urbana a las 18 en la calle Puente de la Almozara.
* Noticias Positivas - 19.04.11
Foto: Bicicletas en metro París - N+
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LAOPINIÓN* : El precio de la vivienda libre en Málaga, tanto nueva como de segunda mano, continúa depreciándose a gran ritmo como consecuencia de la bajísima demanda, y ya ha vuelto a los niveles anteriores a 2005, es decir, antes de la burbuja inmobiliaria. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, el precio de los pisos al cierre del primer trimestre de 2011 se sitúa en 1.826 euros el metro cuadrado, un 22,3% menos que los 2.348 euros que se alcanzaron de máximo hace justo tres años, en el arranque de 2008. La diferencia, de más de 522 euros por metro, equivale a una reducción superior a los 41.000 euros en el caso de un piso medio de 80 metros. La caída, además, no se ha frenado en los últimos tiempos ya que, sólo en 2010, el descenso fue del 8%.
La bajada experimentada por los precios en Málaga desde 2008, además de superar con mucho la media española (15,4 %), es la más alta a nivel provincial de todo el país, incluso por encima del 21,5% de Madrid. Sin embargo, en la capital madrileña, el descenso real de precios sí fue mayor: de casi 644 euros por metro cuadrado, al pasar de 3.004 euros a 2.360.
Estepona y Marbella, en picado
Las bajadas máximas de la costa occidental se dan en Estepona, con casi un 40% de caída, y en Marbella, con un 28,6%. Destaca el caso esteponero, donde el metro, que llegó a registrar máximos de 2.939 euros ha caído a 1.767. Esos 1.200 euros de diferencia abaratan una vivienda media hasta en 96.000 euros. En Marbella, con una bajada del 28,6%, el metro también se deprecia en 800 euros y ahora se tasa en 2.023. El resto de municipios costeros, Málaga capital incluida, también presentan caídas de entre el 24% y el 29%. Los del interior, como Ronda, Antequera o Alhaurín de la Torre, por debajo del 20%.
El mayor desplome de precios desde 2008 lo experimentó la vivienda nueva –para Fomento, la que tiene menos de dos años de antigüedad–, que, de máximos de 2.545 euros, cotizaba a finales de 2010 a 1.933 euros (-24,1%). Esos 612 euros de diferencia suponen que una vivienda vale ahora casi 49.000 euros menos que en 2008.
Pero, ¿y el dato del primer trimestre de 2011? Según explicaba ayer el Ministerio, el número de tasaciones sobre nuevas viviendas durante el primer trimestre ha sido tan pequeño en Málaga (sólo 53) que resulta imposible actualizar el dato, aunque sí es presumiblemente a la baja. Únicamente Estepona, Málaga y Vélez presentan un mínimo de 10 tasaciones. Y en Rincón, Ronda o Antequera no hubo ninguna en estos tres meses. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) recuerda que hasta que no se venda el stock acumulado de viviendas sólo saldrá nuevo producto al mercado a cuentagotas.
En el segmento de segunda mano la tónica es parecida. Los pisos que en 2008 costaban casi 2.250 euros el metro ahora salen a 1.734 (en este caso, el dato sí es del primer trimestre de 2011), con una rebaja de casi el 23% y de 41.200 euros para un piso medio.
En España, el precio de la vivienda libre aceleró su caída en el primer trimestre de 2011 y se situó en 1.777 euros el metro, un dato que también retorna a antes de 2005.
¿Precios al nivel de 2002?
Los expertos coinciden en que el precio debe experimentar nuevas bajadas en 2011 para terminar de sacudirse el «inflado» de la burbuja inmobiliaria. En el caso de Málaga, esa rebaja añadida debería rondar entre un 5% y un 10%, para situarla globalmente por encima del 30% en relación a los máximos de 2008. Los constructores, sin embargo, niegan esa posibilidad y alegan que los precios han llegado ya a su descuento máximo y están a precio de hipoteca. Es más, hace unos días, señalaban incluso que si las ventas repuntan –algo muy improbable– los precios empezarían a subir.
Otros expertos, como el jefe de estudios del portal inmobiliario idealista.com, Fernando Encinar, se suman a la teoría de los descensos y señalan que el valor del metro podría bajar a niveles de 2002 en Madrid, Barcelona y las zonas costeras, caso de Málaga. Por su parte, el codirector del máster de Empresas Inmobiliarias de la UNED, Julio Gil, ve necesario «recuperar» estímulos para la demanda como las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda habitual, que el Ejecutivo suprimió el pasado 31 de diciembre para las rentas superiores a 24.000 euros.
Por el contrario, el profesor del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, afirmó que los datos demuestran que se ha completado el ajuste de precios, y que incluso habrían comenzado a repuntar en zonas turísticas.
* La Opinión Málaga - 19.04.11
Foto: Clientes en el salón inmobiliario SIMed Oportunidades celebrado hace dos semanas en Málaga.- laopinion
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LORENA LÓPEZ/México* : La casa propia como parte de la identidad y lugar de pertenencia en una sociedad. Una vivienda ecológica puesta en práctica y el entusiasmo de los usuarios. Francesco Piazzesi, responsable del programa de inclusión social mexicano “Échale a tu casa”, relata su experiencia en el marco del Desafío de Viviendas Urbanas Sustentables Changemakers.
Más de la mitad de las viviendas en América Latina y de los países en vías de desarrollo se realizan a través de un proceso de autoconstrucción. En este contexto, el programa “Échale a tu casa” genera oportunidades para que las familias de menos recursos edifiquen una vivienda sustentable a través de un programa de inclusión social y de autoconstrucción asistida. “Esta iniciativa es de gran importancia porque como todo se inicia en el hogar, y si no contamos con una vivienda sustentable, jamás llegaremos a tener una economía y una sociedad sustentables”, resume Francesco Piazzesi. Hasta el momento, 25 mil familias mexicanas han concretado el sueño de “la casa propia” con el beneficio extra de que son viviendas ecológicas en todo sentido.
En primer lugar, porque el material con el que se construyen no daña el medioambiente (Adoblock, bloques hechos en un 90% de tierra) para su fabricación y por estar, además, equipadas para aprovechar las energías alternativas a través de calentadores solares, sistemas para captar agua de lluvia y cocinas de bajo consumo.
“Nuestras casas respetan 3 aspectos básicos”, explica Francesco: “lo económico, al generar fuentes de empleo para la autoconstrucción de la vivienda y la edificación de un bien patrimonial; lo social, al reestructurar el tejido de la comunidad, brindar talleres participativos y de capacitación; y lo ambiental, al edificar una vivienda construida con materiales que no contaminan el medio ambiente, ni en su producción ni en su uso”.
Francesco cuenta que la reacción de la gente es sumamente motivadora para seguir adelante: “al ver las casas terminadas las familias se entusiasman y quieren continuar construyendo y hasta los escépticos – que nunca faltan- terminan sumándose a la iniciativa”. Cabe destacar que cada familia cuenta con el apoyo de profesionales de la construcción para garantizar edificaciones seguras y duraderas.
Una casa segura y sustentable es el primer escalón para construir una sociedad bien cimentada. “Mucha gente vive bajo un plástico o una lámina de cartón y Échale a tu casa aporta una solución integral que provee a las familias auto-constructoras de tecnología, asistencia técnica, materiales de calidad y esquemas de financiamiento accesibles para que tengan una vivienda digna según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas”, concluye Francesco.
* Changemakers - Opinión - 26.11.10
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