Miranda.- Servicios Funerarios «ya trabaja» para poder reabrir el crematorio

DIARIODEBURGOS* : Equipamiento polémico. Diez meses después de que el crematorio de Miranda cerrara sus puertas por orden judicial, su reapertura puede estar muy cerca. La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento, ha dado luz verde a la aprobación definitiva del cambio de catalogación de la parcela de la carretera de Orón en la que se ubica el tanatorio. La notificación llegó el martes al Ayuntamiento y una vez que esta modificación quede publicada en el Bocyl, dicho terreno pasará de suelo agrícola con protección agropecuaria a urbano. Este cambio -que recibió el visto bueno en febrero aunque estaba a la espera de un informe de Cultura en el que se detallaba que no había evidencias de restos arqueológicos en la zona- da la llave a Servicios Funerarios de Miranda para poder reabrir la instalación.

El alcalde avanzó ayer que esta empresa «ya está trabajando» para solicitar al Ayuntamiento la reapertura del crematorio. Y el Ayuntamiento le daría ese permiso siempre y cuando «presentaran esa solicitud y se ajustara a la nueva legalidad», destacó Fernando Campo. No hay un plazo definido para hacerlo, pero se entiende que la empresa funeraria, por su propio interés, lo formalizará cuanto antes. «El suelo ya está calificado como tal y ahora son ellos los que tienen que presentar la petición», añadió. Pero la polémica con el crematorio no queda aquí, porque al margen de este trámite administrativo que inició el Ayuntamiento hace unos meses, en los juzgados está pendiente la resolución del recurso que el Ayuntamiento presentó en noviembre contra la orden de derribo del crematorio. El atasco existente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la implantación de la nueva oficina judicial está dilatando este proceso.
Ayer Campo avanzaba que se iba a informar al juzgado acerca de este cambio de suelo y el regidor está convencido de que el magistrado lo tendrá en cuenta, y para bien, a la hora de dictar sentencia. No lo ve de la misma manera los vecinos de El Crucero que llevaron al Ayuntamiento a los Tribunales. Su abogado, Jesús Ángel Sáez, apostilla que el juez lo tendrá en cuenta «pero para percatarse de que han burlado su sentencia». «La pena», añade, es que el juez que dictó la anterior sentencia se ha trasladado a Valladolid, pero aun así los vecinos «confiarán de nuevo en el trabajo de la justicia».
Y es que no están dispuestos a que el Ayuntamiento se salga con la suya y se pueda reabrir el crematorio. Por eso, y una vez que esta modificación del PGOU se publique en el Bocyl, el abogado se reunirá con los vecinos para decidir qué medidas tomar. Se da prácticamente por seguro que se recurrirá este cambio de suelo. «Además de que es una burla a la sentencia, creemos que no hay ninguna justificación para el cambio del uso del suelo y que además únicamente se declare suelo urbano la parcela de Servicios Funerarios de Miranda. ¿Por qué solo esa parcela y no todo el terreno que hay subiendo al hospital? El Ayuntamiento tiene que mirar por el interés público, no por el privado», subraya, y añade que la Ley regional de Urbanismo prohibe que se creen «islas urbanas, que es lo que se está haciendo aquí».


* Diario de Burgos - 21.04.11
Foto: El servicio de crematorio, que comparte instalaciones con el tanatorio, está cerrado desde junio del pasado año - diariodeburgos

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El Ayuntamiento de Jaén se lava las manos con las casas ilegales

ELPAÍS* : Los tres grupos políticos en el Ayuntamiento de Jaén han dejado en manos de la Junta de Andalucía la solución política al conflicto de las viviendas ilegales en las zonas residenciales, principalmente en los alrededores de los Puentes. Un resquicio legal consensuado a última hora permitió ayer la aprobación de la Agenda Local 21, un documento que habrá de incorporarse al futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y con el que IU -impulsor del texto desde el área de Medio Ambiente- se había desmarcado de su socio de gobierno, el PSOE, y del PP. IU había planteado la demolición de todas las viviendas construidas en suelo protegido o en zonas inundables, una medida que la portavoz de la coalición de izquierdas, Isabel Mateos, consideraba "irrenunciable" y a la que se oponían PSOE y PP.

Sin embargo, los portavoces de los grupos acordaron introducir en el documento de la Agenda Local 21 la cláusula que insta a actuar "según normativa legal". Esta treta legal permitió a IU sacar adelante su documento, que ha contado con la participación de más de 1.500 personas, y al PSOE y al PP evitar cualquier coste electoral en plena precampaña de los comicios del 22-M.

De este modo, el Consistorio jiennense deja cualquier solución al espinoso tema de las viviendas ilegales a lo que marca la llamada ley del Suelo de Andalucía. La consejera de Obras Públicas, Josefina Cruz, ya advirtió recientemente que habrá que tirar "lo que sea necesario" y señaló que en cualquier proceso de legalización los propietarios de las viviendas deben asumir los gastos de urbanización, algo a lo que se opusieron PSOE y PP. El Ayuntamiento pretende regularizar unas 5.000 viviendas construidas en los Puentes, de las que una cifra aún por determinar se consideran ilegales.


* El País - 21.04.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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Málaga.- Las dudas del PGOU, sin solventar

MÁLAGAHOY* : El instrumento estrella de planificación de la ciudad, el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), entra en su recta final después de que ayer, con los votos favorables del PP y la abstención del PSOE, se aprobase el documento de subsanación de parte de los defectos detectados por la Junta de Andalucía en el documento. Analizada la cuestión en el seno de la última Comisión de Movilidad y Urbanismo del presente mandato, el informe, tras ser ratificado en el Pleno, será remitido a la Administración autonómica, que, una vez estudiado, deberá dar luz verde a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Un paso que convertirá en efectivo el documento. Pero la tramitación última no evita que el PGOU siga marcado por no pocos interrogantes, puesto que las subsanaciones realizadas por Urbanismo afectan sólo a cuestiones de menor entidad incluidas en informes sectoriales de organismos como la Agencia Andaluza del Agua, Carreteras de la Junta, Aviación Civil, entre otros, sin entrar en los aspectos suspendidos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua).

Y entre los que se incluyen propuestas como la construcción de 3.500 viviendas en sectores de Churriana, Campanillas, Santa Rosalía y Wittemberg "por no tener estudiados los cauces que discurren por ellos, según la Agencia Andaluza del Agua".

El rechazo se mantiene sobre "la ordenación detallada" de los antiguos suelos de Repsol, donde se proyectan cinco grandes torres con capacidad para unas 1.300 viviendas, y la reclasificación de la parcela del estadio de fútbol de La Rosaleda. Sobre ello, la Junta exige que se incluya un nuevo condicionado para garantizar "el previo traslado del campo". Al tiempo se descarta clasificar como urbano la franja de suelo ocupada por las viviendas de El Palo y Pedregalejo.

Queda por responder a qué ocurrirá con éstas cuestiones y sobre ciertos proyectos a los que se ha opuesto de manera continuada la Administración autonómica y que han sido recurridos judicialmente por el Consistorio. En este ámbito se sitúan, por ejemplo, la construcción de medio millar de casas al norte de la ronda este o la posible ocupación de los terrenos de Arraijanal, que la Junta ha logrado finalmente que queden contemplados como parque metropolitano.

A ello hay que agregar la sombra generada por la inseguridad de cobrar los convenios urbanísticos que se han suscrito en los años pasados con el PGOU como telón de fondo. Conforme a los calendarios manejados, en las semanas posteriores a la entrada en vigor del Plan General, el Ayuntamiento deberá cobrar alrededor de 170 millones de euros, extremo para nada claro ante las dificultades económicas por las que atraviesan algunas de las promotoras responsables de estos acuerdos. No obstante, el equipo de gobierno del PP insiste en que reclamará cada euro de los pactados y en la fecha prevista.

El concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, defendió ayer las bondades del planeamiento, mientras el concejal del PSOE Sergio Brenes volvió a denunciar la ausencia de zonas verdes y equipamientos en el documento. Al tiempo, insistió en que se trata de un documento diseñado "a golpe" de convenios urbanísticos.


* Málaga Hoy - 21.04.11
Foto: Malaga vista - Julo (wikipedia.org)

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Imputan al alcalde de Chella por un posible delito contra la ordenación del territorio

LEVANTE/Valencia* : El alcalde de Chella, Pablo Seguí, del PSPV, deberá comparecer el próximo miércoles en un juzgado de Xàtiva. Lo hará en calidad de representante municipal como imputado por las presuntas irregularidades detectadas en las obras del PAI Carlos Fabra. Se le atribuyen presuntos delitos contra la ordenación del territorio, el medio ambiente y el patrimonio histórico de la localidad.
Once son las familias que se consideran agraviadas por unas actuaciones urbanísticas que comenzaron en 2008. Desde entonces, los afectados han interpuesto varios contenciosos, aunque ninguno había prosperado hasta ahora. Su inclusión en el PAI -pese a estar ya residiendo en la zona y disponer de las cédulas de habitabilidad pertinentes- les supuso volver a desembolsar unos costes de urbanización ya abonados en su momento, denuncian.

Tal como indica un informe de la policía judicial, el consistorio podría haber cobrado esos costes a riesgo de incurrir en un posible delito. También se dictan irregularidades en la consignación de las facturas de obra, efectuadas por Segogar. Los vecinos acusan a la mercantil de incluir partidas de material inexistentes en los trabajos efectuados hasta ahora.

Otro de los aspectos que aborda la investigación judicial es la posibilidad de que Segogar comenzara las obras sin contar con los permisos oportunos. Los trabajos deberían haber sido ejecutados definitivamente a finales de 2009. Sin embargo, el incumplimiento de plazos y la posterior reanudación de las obras habría provocado unos sobrecostes de 34.000 euros, que los vecinos han tenido que pagar de su bolsillo.
"Llevamos ya abonados más de 60.000 euros desde que comenzó el proceso", lamenta uno de los afectados. "Y Lo peor es que no nos ha reportado ningún beneficio: tenemos los mismos servicios que antes de que empezaran las obras", afirman. La justicia también investiga la legalidad del desmonte provocado por el PAI, que comportó la sustracción de 2.000 metros de la montaña situada al fondo de la urbanización. "Es un delito ecológico. Cuando compramos la casa había un paisaje inmejorable que nos han robado", denuncian los vecinos. Las obras hoy aún continúan.

"No hemos cometido
ningún delito"
"Estoy muy tranquilo. Somos un ayuntamiento honrado y no hemos cometido ningún delito". El alcalde de Chella, Pablo Seguí, realizaba ayer esas declaraciones tras conocer la noticia de su imputación por presuntos delitos urbanísticos. El primer edil socialista indica que "el PAI responde coma por coma a lo que dicta el PGOU aprobado en 2001 por el PP y ratificado por la Conselleria" y manifiesta que la ejecución de las obras "se ha hecho conforme al Plan General", explicó ayer. El primer edil niega que las facturas de los trabajos incluyan partidas inexistentes, como denuncian los vecinos, e indica que "lo importante es la liquidación definitiva. Una vez acaben las obras se cobrará únicamente por los trabajos realizados", señala. Seguí, además, asegura que existe un "trasfondo político" en su imputación, que se produce cuando falta poco más de un mes para las municipales.


* Levante - 21.04.11
Foto: Chella (Valencia) - forociudad

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Ciutadella.- La juez imputa también a la diputada autonómica A.Gener en el ‘caso Citur’

ÚLTIMAHORA/Menorca* : Tras tres intensos meses de instrucción, el juzgado nº2 de Ciutadella levantó ayer el secreto de sumario que pesaba sobre el caso Citur y duplicó el número de imputados en el presunto amaño de concursos públicos desde el área de Turisme del Ajuntament que investiga la Fiscalía Anticorrupción. Entre los presuntos responsables figura ya la actual diputada autonómica, concejal y secretaria general del PP menorquín, Antònia Gener Bosch, a quien la juez instructora, Raquel Martínez, ha citado a declarar el próximo jueves 5 de mayo. La imputación de Gener, que se añade a la ya conocida de sus excompañeros de gobierno Llorenç Brondo, Avel·lí Casasnovas, Gabriel Cardona y Antònia Salord, era un secreto a voces en el entorno de la investigación desde que, el pasado 29 de marzo, la Fiscalía Anticorrupción registró las dependencias municipales. Curiosamente, Gener renunció hace diez días a concurrir como nº2 de la candidatura del PP al Consell insular alegando «motivos personales».

Además de Gener, la juez Martínez también imputa presuntos ilícitos penales a seis funcionarios, a los que ha citado a declarar en una doble sesión de comparecencias los días 5 y 6 de mayo. Se trata -tal como ya había adelantado Ultima Hora Menorca-del secretario de la corporación, Santiago Saura Pradas; la secretaria accidental, Ester Allés Coll; el asesor jurídico responsable del área de contratación, José María Simón Chueca; el director del área de Medi Ambient, Xavier Cardona Capella; la coordinadora de Turisme, Soledad Navarro Mercader; y la funcionaria Teresa Bagur Capó.

Asimismo, la juez instructora ha imputado a la exarquitecto municipal María Antonia Castro, contratada como cargo de confianza por el anterior gobierno del PP y que fue cesada fulminantemente de sus funciones con la llegada a la alcaldía de la socialista Pilar Carbonero. Se da la circunstancia de que Castro ya está imputada por el ‘caso de las ratas' y deberá sentarse en el banquillo de los acusados.

El empresario menorquín Manel Mercadal, detenido en primera instancia por la Policía Judicial, el empresario y exgerente del Plan de Dinamización del Producto Turístico (PDPT) de Ciutadella, Javier Liy, el ingeniero mallorquín Daniel Aguiló Ferretjans y los técnicos externos José Manuel Urós Gallego, Miguel Ángel Mayol Amengual y Gisela Loran Benavent (Taller d'Enginyeria Ambiental) han sido igualmente imputados en la causa. Estos tres últimos y el funcionario Xavier Cardona deberán testificar mediante exhorto, al igual que la actual gerente del PDPT de Ciutadella, Lisa Valcepina; y el empresario Antonio Jorge Peña, que lo harán en calidad de testigos.

También han sido citados el 6 de mayo a declarar como testigos, el concejal de UPCM, Joan Triay, quien interpuso la querella que ha dado lugar a la investigación judicial; y el informático del Ajuntament de Ciutadella, Jordi Anglada, quien colaboró activamente con los fiscales Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán durante las largas sesiones de intenso registro al consistorio.


* Última Hora Menorca - 19.04.11
Foto: Gener vuelve al Juzgado. El 5 de mayo declarará como imputada en la llamada ‘Operación Xoriguer’. El 14 de septiembre de 2006 ya tuvo que dar cuentas, aunque entonces en calidad de testigo, por su participación en la operación de permuta del ‘caso de las ratas’. - ultimahora (archivo)

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La alcaldesa de Manilva ignoró la ley al contratar obras con sus empresas

ELPAÍS/Málaga* : La intervención municipal de Manilva (11.000 habitantes) avisó a su alcaldesa Antonia Muñoz (IU) al menos en dos ocasiones de que no podía pagar facturas a la empresa Muebles y Decoración Valentín SL., de la que ella misma es administradora, porque incumpliría la ley de contratos del sector público. Así consta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que se alerta de que, al proponer el pago de 41.733 euros en facturas a esta sociedad, se está incumpliendo el artículo 49.1 de esta ley, en el que se aborda las prohibiciones para contratar. Estas apreciaciones figuran en el margen de un listado de facturas que, según fuentes consultadas, se incluyó en el orden del día de una junta de gobierno local. Los albaranes se emitieron el 29 de noviembre de 2010 y según otro informe de la intervención se dieron por buenos el 21 de febrero de 2011. Cuatro de ellos, que suman 7.740 euros, constan como pagados.

El juzgado número 5 de Estepona (Málaga) investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. Entre ellas figura la facturación de 666.965 euros a tres empresas vinculadas con la alcaldesa, certificada recientemente por el secretario municipal. La jueza Isabel Conejo, instructora del caso, ha imputado a la regidora por delitos contra la integridad de la Administración pública.

El secretario municipal ha remitido a la juez un listado de 91 facturas entre las que hay tres emitidas por la Carpintería Valentín, administrada por el esposo de la regidora; 40 de muebles y Decoración Valentín S. L., a cuyo frente figuran ambos esposos; y las 48 restantes pertenecen a Excavaciones Salvador González Vázquez S. L., propiedad de un primo hermano de la regidora y que acumula 479.067 euros en pagos.

El secretario asegura en su escrito que en 33 contratos no superiores a 3.000 euros "no está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección". De hecho, en esos casos, no existe un expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura.

El Partido Popular, personado en la causa abierta contra la regidora manilveña, aseguró ayer que el montante supuestamente facturado por las empresas vinculadas a Muñoz asciende a 1,1 millones de euros. Entre las personas "favorecidas" por la regidora, según el portavoz municipal popular, Francisco Miguel Álvarez, figuran no solo las sociedades de familiares directos de la alcaldesa sino también empresas de amigos suyos, así como las de otros concejales del municipio costasoleño.

Según la vicesecretaria provincial del PP, Margarita del Cid, estas irregularidades denotan que el equipo de gobierno de Izquierda Unida es protagonista de una presunta red de tratos de favor, del que, además, "el PSOE [socio de IU] ha sido cómplice, porque está callado en todo este procedimiento y con el silencio avala la actuación de la alcaldesa".

El portavoz del PP en el municipio aseguró que la empresa Muebles y Decoración Valentín, de la que es administradora la regidora, ha llegado a facturar 174.513,36 euros en estos últimos cuatro años sin que se haya podido acreditar "la relación de publicidad ni de libre concurrencia" de los contratos. También precisó que el pasado 21 de febrero Muñoz "aprobó una factura y se concedió el abono de más de 68.800 euros" en una junta de gobierno local. Dos de las facturas corresponden a 10.300 euros en madera para quemar en las fiestas de San Juan en 2009 y 2010.

Asimismo, Álvarez detalló que, como consecuencia de unas inundaciones en el municipio, se realizaron, por vía de urgencia, una serie de pagos a empresas vinculadas a familiares y amigos del equipo de gobierno de Manilva. Una de estas sociedades, que facturó por decreto de la alcaldía 24.655 euros, pertenece, según el edil popular, a un cargo de confianza de IU en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).


* El País - 21.04.11
Foto: Manilva (Málaga) - elpais

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Arahal.- La Fiscalía denuncia a un edil por hacerse un rancho en suelo rústico

DIARIODESEVILLA* : La Fiscalía de Urbanismo ha presentado en los juzgados de Marchena, después de un año de investigaciones, una denuncia contra el concejal del Partido Socialista Independiente (PSI) de Arahal Manuel Rodríguez Lobato, al que atribuye presuntamente un delito contra la ordenación del territorio por haber construido un rancho con una vivienda de 142,54 metros cuadrados en zona catalogada como suelo urbanizable y donde no es posible construir. La denuncia de la Fiscalía se dirige también contra la esposa de Manuel Rodríguez Lobato, concejal de Hacienda y Obras Públicas en el Ayuntamiento de Arahal, y contra el edil de Urbanismo, Manuel Bravo García, así como contra tres arquitectos municipales y el secretario del Ayuntamiento por haber informado favorablemente a la concesión de la licencias para la construcción de la vivienda.

El caso fue denunciado por el candidato del PSOE, Fernando Chaves, hermano del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta de Andalucía, quien recientemente fue procesado por un delito de injurias y revelación de secretos por haber difundido en los boletines de su partido informaciones relacionadas con la casa de campo del concejal independiente.

La Fiscalía de Medio Ambiente asegura en la denuncia remitida ahora a los juzgados que las edificaciones realizadas por el edil de Hacienda Manuel Rodríguez Lobato "resultan del todo ilegalizables, al ser contrarias al planeamiento urbanístico" porque se encuentran en un suelo catalogado como no urbanizable y no cuentan con "causa alguna de justificación que permitan su autorización por ser ajena a una explotación agrícola, conforme a su volumetría, apariencia y uso realmente otorgado".

El Ministerio Público entiende que se trata de una amplia obra constructiva, "integrada por un complejo en torno a una vivienda residencial dotada de todos los servicios y destinada principalmente como casa solariega y para uso propio y de recreo".

La denuncia sostiene que el concejal Manuel Rodríguez Lobato aprovechó el "conocimiento y relación" con su compañero de partido, el también concejal de Urbanismo, Manuel Bravo García, para "conseguir la legalización y aparentar que las obras promovidas eran conformes a las normativas municipales de planeamiento urbanístico". Con el concierto de ambos concejales, iniciaron los trámites para la construcción de una "nave de aperos" el 17 de marzo de 2008, licencia que fue concedida por un decreto del concejal de Urbanismo, que también aprobó otras licencias para la construcción de la vivienda para el "personal encargado de la vigilancia".

Las licencias solicitadas por el concejal fueron realizadas, según el Ministerio Público, para "disimular la envergadura del proyecto constructivo y del verdadero destino a uso de vivienda residencial", lo que propició que "se le diera a los correspondientes expedientes urbanísticos trámite distinto al legalmente establecido para las autorizaciones de edificaciones vinculadas a explotación agrícola, industrial o turística del suelo".

La inspección ocular constató que se trata de una vivienda destinada a un uso residencial, que cuenta con una distribución interior de salón, cocina y baño en la planta baja, además de otro salón de grandes dimensiones, y en el segundo piso tres dormitorios y otro cuarto de baño.

La Fiscalía concluye que las licencias concedidas son "manifiestamente contrarias al ordenamiento jurídico" y se otorgaron para "dar apariencia de una ficticia legalidad que ocultara la ilegalidad de la edificación y su otorgamiento con la finalidad de favorecer a los solicitantes por razones de relación personal". El fiscal ha pedido la declaración como imputados de los dos concejales, de los tres arquitectos municipales y del secretario.


* Diario de Sevilla - 21.04.11
Foto: El Arahal (Sevilla), rancho ilegal de edil - diariodesevilla.es

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Pájara.- Vecinos de La Pared denuncian al Ayuntamiento por «prevaricación»

CANARIAS7/Fuerteventura* : Un grupo de vecinos de una urbanización de La Pared presentó ayer una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación». Exigen al Consistorio que disuelva la junta de compensación de la urbanización y que garantice los servicios mínimos (basura, alumbrado, etcétera) que marca la ley.
La asociación de vecinos Viejo Rey presentó ayer en los Juzgados de Puerto del Rosario una denuncia contra el Ayuntamiento de Pájara «por un presunto delito de prevaricación por no haber intervenido ni tomado parte en la situación de la urbanización de La Pared, que arrastra desde hace años problemas graves relacionados con el abastecimiento de agua, el alumbrado público, el asfaltado de las calles, la carencia de un sistema de depuración de aguas, etcétera».

Los vecinos afectados reclaman al Ayuntamiento de Pájara, en primer lugar, que restablezca la legalidad urbanística de sus inmuebles, esto es, «que disuelva la junta de compensación», entidad presidida por el promotor de la urbanización, con quien los denunciantes mantienen un enfrentamiento. En segundo lugar, los vecinos solicitan al Consistorio «que se haga cargo de los servicios mínimos que dicta la ley, como son el abastecimiento de agua, la depuración de agua, el alumbrado de las calles y el asfaltado de las calles».


Una sentencia de Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló el plan general de 1998 y actualmente se encuentra vigente el planeamiento de 1989. Es por ello que muchas casas de la urbanización de La Pared se hallan en una situación de «desamparo legal», porque están fuera de ordenación a la espera de la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico. En este sentido, los vecinos aclaran que «todas las viviendas cuentan con licencia de obra del Ayuntamiento de Pájara, están legales, disponen de certificado de habitabilidad. Pagamos nuestros impuestos como cualquier ciudadano del municipio, pero no recibimos ningún tipo de servicio por parte del Ayuntamiento».
Un total de 200 familias residen en la urbanización afectada, aunque en la denuncia presentada ayer están implicados los propietarios de unos 60 inmuebles.


Según el alcalde de Pájara, Rafael Perdomo, «existe una junta de compensación que funciona perfectamente y es la que debe solucionar los problemas». Perdomo añadió que a los vecinos «se les ha dicho cuál es el procedimiento en varias reuniones que hemos tenido con ellos».

Corte de agua inminente. El mayor problema de los vecinos de la urbanización de La Pared es que el Consorcio de Abastecimiento de Aguas (CAAF) está a punto de cortarles el agua por una deuda de más de 120.000 euros. Según los denunciantes, a pesar de que ellos pagan sus recibos a la junta de compensación, ésta no ingresa al Consorcio y por eso se ha acumulado la deuda. Los vecinos responsabilizan al Ayuntamiento de Pájara de la deuda, porque, «como órgano de control, tiene que controlar a la junta de compensación, pedir los libros de cuenta, etcétera, y nos consta que no lo está haciendo».


* Canarias 7 - 19.04.11
Foto: Pájara (Fuerteventura) - cannarias.com

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Dimite ministra chilena de Vivienda por escándalo de sobreprecio en obra vial

PADIGITAL/Santiago* : Un escándalo por el sobreprecio de una obra vial que implicaría una pérdida de 35 millones de dólares para el Estado, derivó en la renuncia de la ministra de Vivienda y Urbanismo chilena, Magdalena Matte.
Matte explicó que decidió “asumir la responsabilidad política” y evitar un conflicto innecesario. El gobierno anunció que su reemplazante será el ingeniero Rodrigo Pérez Mackenna, intendente (gobernador) de la Región de O"Higgins, en el sur. Matte estaba en el centro de la polémica desde que se conoció que en febrero detuvo el pago de $35 millones a la constructora Kodama, que ella misma había autorizado en enero, por considerarlo en su momento demasiado alto.

Además, envió los antecedentes al Ministerio Público para que determine si hubo algún ilícito en el acuerdo extrajudicial.

La constructora Kodama demandó al ministerio por unos $81 millones por el retraso en la construcción de un corredor vial por causas ajenas a la compañía. El monto final fue rebajado a $35 millones.


* PA Digital - EFE - 20.04.11
Foto: Santiago de Chile, vista general - condestino

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Una experta advierte de que los recursos turísticos "paralizados" en Telde condicionan su desarrollo económico

TELDEACTUALIDAD/Gran Canaria* : La asesora de Estrategia Turística y una de las profesionales más cualificadas de Canarias en esta materia, Cristina del Río, ha advertido de que Telde atesora numerosos recursos turísticos “paralizados”, lo que condiciona su desarrollo económico. En el encuentro que mantuvo en abril con el grupo Diálogos en Telde, la experta destacó que “todo lo que sea bueno para los residentes en Canarias será bueno para el turista que visita las islas”, según informa a través de un comunicado de la organización del encuentro. En su opinión, el municipio teldense necesita “recuperar todos los recursos turísticos de los que dispone para atraer a los visitantes que se interesan por los valores culturales, históricos o etnográficos durante su estancia en Gran Canaria”.

“Ello será no sólo bueno para el sector del que dependemos en el archipiélago, sino también para las personas que residen en la isla, por lo que conlleva de creación de actividad económica en su entorno”, apostilló.

Sin accesos a los yacimientos
En un diagnóstico que realizó sobre la situación de la localidad, Del Río constató que el Ayuntamiento de Telde realiza una labor de promoción en Internet y en redes sociales a través de su página web “www.teldeturismo.es”, centrada en el casco histórico de San Juan, el barrio de San Francisco, la playa de Melenara y la zona comercial de San Gregorio.

Sin embargo, recordó que “no se puede promocionar esta localidad en las ferias mientras sigan existiendo recursos que hoy por hoy no se pueden visitar pese a su gran atractivo”. En este sentido, aludió a los yacimientos arqueológicos, que carecen de accesos adecuados.

Igualmente, comentó que la fábrica de Ron conocida como la Máquina de Azúcar es “un recurso paralizado en estos momentos”, del mismo modo que la Noria de Jinámar, transformada en un Museo del Agua, que requiere de “una correcta gestión para su apertura”. A su juicio, la señalización turística del municipio y de la de sus carreteras deben también mejorar.

En política turística, “es evidente que falta una mayor coordinación entre el Cabildo y los ayuntamientos”, subrayó Del Río.

Motor de la economía
Igualmente, señaló que la Casa de Los Sall, en San Francisco, es el recurso en el que se está trabajando en su rehabilitación y funcionará como centro de interpretación del barrio de San Francisco. Además, avanzó que la Iglesia de San Juan, uno de los espacios más visitados de Telde, contará con audioguías para los turistas y las personas con movilidad reducida.

Defendió, por otra parte, el planteamiento de que el turismo “debe seguir siendo el motor de la economía canaria como lo ha sido en las últimas décadas, aunque debe recibir más apoyo público”. De hecho, incidió en que en la actualidad otros sectores que no generan empleo en la medida que lo hace el turismo son los que se benefician de la mayor parte de las ayudas en forma de subvenciones.

Preservar el litoral
Durante el encuentro también participó el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y funcionario en la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Fernández, para quien Telde debe “seguir trabajando por la preservación de su litoral” y consideró que “es necesaria mucha inteligencia a la hora de abordar el desarrollo de la costa”.

“Frente a la crisis ambiental que sufre el planeta es necesario aprender a convivir y adaptarnos a los efectos que producen los cambios a los que nos enfrentamos”, indicó.

Quien fuera también máximo responsable de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente hizo hincapié en que “Telde dispone de recursos naturales muy valiosos que deben ser ante todo preservados para que tanto la población como los turistas puedan disfrutar de ellos en el futuro”.

El Consorcio del Sur
Al analizar la situación de “caos” administrativo y político que padece el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, institución que gobierna en la principal zona turística de Gran Canaria, tanto José Fernández como Cristina del Río se mostraron críticos con la negativa de los representantes municipales a ceder las competencias en materia de Urbanismo al Consorcio de Rehabilitación Turística, en el que intervienen Gobierno de España, Ejecutivo autónomo; Cabildo y el propio Consistorio.

Asimismo, advirtieron de que el futuro del sur de la isla “seguirá siendo incierto mientras siga dependiendo de munícipes como los actuales, de todos los colores políticos, que carecen de altura de miras y gobiernan de forma opaca y de espaldas al interés general”.

“Necesitamos líderes revolucionarios que sean capaces de movilizar a la población para acabar con el sistema caciquil que padecemos en Canarias desde hace varias décadas”, sentenció Fernández.


* Telde Actualidad - 21.04.11
Foto: Telde (Gran Canaria), yacimiento cuatropuertas - teldeactualidad

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La amenaza de derribo por ilegalidades urbanísticas pesa sobre más de mil viviendas en Vigo

EUROPAPRESS* : Más de mil viviendas de edificios y urbanizaciones de la ciudad de Vigo están afectadas por sentencia de derribo debido a irregularidades urbanísticas que tienen que ver con falta de licencia o con licencia para otras actividades, planeamientos anulados por los tribunales o problemas con alturas y edificabilidades. El caso donde se concentra un mayor número de afectados es el de la calle Rosalía de Castro -unas 500 familias-, donde varios inmuebles, así como una gasolinera y un aparcamiento subterráneo, han sido declarados ilegales por los tribunales por el uso que se dio a los entresuelos, o por estar bajo la vía pública -en caso del parking-. No obstante, y tras la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), dos de los inmuebles afectados, ya han conseguido legalizar su situación.

No será tan fácil para los propietarios de viviendas en las dos torres de Finca do Conde --unos 230--. En este caso, tanto esas torres como el gran centro comercial que hay en ese ámbito, han sido declarados ilegales por el Tribunal Supremo y, según ha reiterado el alcalde, Abel Caballero, esas actuaciones "no son legalizables".

En lo que respecta a Finca do Conde, Caballero ha responsabilizado directamente a Corina Porro que, siendo alcaldesa, dio las licencias en contra de los informes técnicos, alegando que no había una sentencia firma de ilegalización y, por tanto, como procedimiento reglado dentro de los trámites administrativos, debía dar esos permisos.

Tras suspender las licencias en ese ámbito durante un año, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites de modificación del PGOM para ajustar el planeamiento a la construcción de un túnel para el acceso a la futura nueva autovía Vigo-Porriño. En todo caso, si se tuviera que hacer efectiva la indemnización a los afectados por la situación de Finca do Conde, las arcas municipales tendrían que afrontar el pago de unos 300 millones de euros.

OTROS CASOS

Los propietarios de los cien pisos de la urbanización conocida como 'Colina de Castrelos' o 'Piricoto' no lo tendrán fácil para regularizar su situación. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) declaró ilegal este inmueble porque, entre otras irregularidades, supone un gran impacto paisajístico al encontrarse muy próximo al Pazo Quiñones de León.

Los técnicos del Ayuntamiento tienen de plazo hasta finales de abril para presentar ante el tribunal un proyecto de demolición parcial del inmueble, con el fin de adecuarlo a la ley.

También se encuentra en trámite el proceso de legalización del edificio de A Pastora, donde los dueños de 56 pisos esperan obtener una licencia en el marco del nuevo planeamiento urbanístico, que admite las alturas construidas.

En pleno proceso judicial está el caso de dos de los edificios de aparthoteles de Samil, declarados ilegales porque la licencia que se les concedió en su día era para la actividad hotelera y acabaron por convertirse en unas 200 viviendas. Los propietarios han conseguido que el tribunal aplace la orden de demolición en tanto no se resuelva un recurso que habían presentado y, mientras, intentan conseguir una licencia municipal mediante la creación de una sociedad a la que ceden la gestión de sus apartamentos.

Los propietarios de los 50 apartamentos de la urbanización 'Gran Lar' de Navia se enfrentan a la posible demolición de los edificios, después de que el TSXG ratificase una sentencia anterior de derribo. Al igual que en el caso de Samil, el problema aquí está en el uso que se ha dado a los apartamentos, ya que la licencia otorgada era para residencia de estudiantes.

A estos casos, se suman los de otros edificios que están en situación de ilegalidad por diversos motivos, como una docena de chalets en Canido, un edificio de diez alturas en la zona de Churruca, otro edificio de más de cien viviendas en A Florida y otros ejemplos en Fragoso o A Seara.

LEGALIZADOS

En la otra cara de la moneda, están los casos de las torres Ifer de García Barbón, y el edificio de Jacinto Benavente próximo a la tienda Toys 'r Us. En el primer caso, el TSXG aceptó la pretensión del Ayuntamiento de que se declarase inejecutable la sentencia, en tanto que las torres --con unas 170 viviendas-- habían obtenido licencia municipal por estar ajustadas al nuevo PGOM.

Esas torres, en cuyos bajos está instalada la sede del Círculo de Empresarios de Galicia-Club Financiero Vigo, tenían una sentencia de demolición desde 1996 y se consideraban ilegales porque estaban anulados el estudio de detalle de ese ámbito y las licencias concedidas.

También los 180 propietarios de los pisos de Jacinto Benavente respiran más tranquilos desde que, en julio de 2009, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Vigo aprobó su licencia, en el marco del nuevo PGOM.

PLAN GENERAL DE 1993

La mayoría de los edificios declarados ilegales por los juzgados se construyeron al amparo de un planeamiento que fue, asimismo, anulado por los tribunales: el Plan General de 1993, aprobado por unanimidad por 26 concejales --uno del PP estuvo ausente en la votación--. Esa corporación estaba presidida por el alcalde socialista Carlos Príncipe y era concejal de Urbanismo Dolores Villarino, además, también eran concejales los actuales ediles José Manuel Figueroa (PP) y Xulio Calviño (PSOE).

En la ciudad olívica, prácticamente todas las denuncias por irregularidades tienen en común al denunciante, Eduardo Canabal, un técnico proyectista especializado en asesorar sobre cuestiones urbanísticas. Desde hace 15 años, este asesor mantiene en jaque a los servicios jurídicos del Ayuntamiento, ya que ha llegado a denunciar hasta 25 actuaciones del plan del 93.


* Europa Press - 21.04.11
Foto: Vigo, torres Finca do Conde -cope.es

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19 Abril - Día Mundial de la Bicicleta

NOTICIAS+* : En la actualidad, existen unas 800 millones de bicicletas en el mundo y son utilizadas como medio de transporte principal o como vehículo de ocio. De cara al cuidado de las personas representa un completo ejercicio físico mientras que para el medio ambiente, su uso significa una disminución de las emisiones de CO2 a la atmósfera y una contribución para frenar el cambio climático. El Día Mundial de la Bicicleta se celebra hoy con circuitos en la calle, desfiles de bicicletas, conciertos verdes, competencias de ensayos, carteles en las escuelas y plantaciones de árboles. Alicante, Murcia, Barcelona, Madrid, Córdoba, Sevilla, Logroño, San Sebastián, Burgos y Santiago de Compostela son algunas de las ciudades que promueven el uso de bicicletas dentro de la Red de Ciudades por la Bicicleta.

En concreto, en Cartagena se han lanzado una serie de iniciativas entre las cuales destaca la Calculadora de CO2 que determina la cantidad de CO2 que se puede dejar de emitir a la atmósfera, en un determinado trayecto, si sustituye el coche o la moto por la bicicleta.

Durante la jornada, se realizarán actividades en distintos ayuntamientos para promocionar su utilización, como el caso de Madrid, donde los ciclistas arrancarán en la Plaza Castilla y en el Retiro a las 20 con el objetivo de realizar un paseo lúdico hasta llegar al Templo de Debod y comer un bocata bajo las estrellas.

En Gijón, se llevará adelante la operación Ring-Ring que consiste en obsequiar un timbre y desayuno a las personas que se mueven en bicicleta por la ciudad asturiana. Los puntos de encuentro son en Acerona (c/ Palacio Valdés, frente al Humedal) y en el Paseo del Muro (c/ Rufo García Rendueles) a la altura de la calle Marqués de Urquijo. También se realizarán itinerarios ciclourbanos con guías.

En Oviedo, a las 19:30 saldrá una marcha ciclista urbana de la Plaza de la Catedral que recorrerá distintas calles de la ciudad y en Zaragoza, comenzará una ruta urbana a las 18 en la calle Puente de la Almozara.


* Noticias Positivas - 19.04.11
Foto: Bicicletas en metro París - N+

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El precio de la vivienda cae un 22,3% en Málaga, la mayor bajada en España

LAOPINIÓN* : El precio de la vivienda libre en Málaga, tanto nueva como de segunda mano, continúa depreciándose a gran ritmo como consecuencia de la bajísima demanda, y ya ha vuelto a los niveles anteriores a 2005, es decir, antes de la burbuja inmobiliaria. Según las estadísticas del Ministerio de Fomento, el precio de los pisos al cierre del primer trimestre de 2011 se sitúa en 1.826 euros el metro cuadrado, un 22,3% menos que los 2.348 euros que se alcanzaron de máximo hace justo tres años, en el arranque de 2008. La diferencia, de más de 522 euros por metro, equivale a una reducción superior a los 41.000 euros en el caso de un piso medio de 80 metros. La caída, además, no se ha frenado en los últimos tiempos ya que, sólo en 2010, el descenso fue del 8%.

La bajada experimentada por los precios en Málaga desde 2008, además de superar con mucho la media española (15,4 %), es la más alta a nivel provincial de todo el país, incluso por encima del 21,5% de Madrid. Sin embargo, en la capital madrileña, el descenso real de precios sí fue mayor: de casi 644 euros por metro cuadrado, al pasar de 3.004 euros a 2.360.

Estepona y Marbella, en picado

Las bajadas máximas de la costa occidental se dan en Estepona, con casi un 40% de caída, y en Marbella, con un 28,6%. Destaca el caso esteponero, donde el metro, que llegó a registrar máximos de 2.939 euros ha caído a 1.767. Esos 1.200 euros de diferencia abaratan una vivienda media hasta en 96.000 euros. En Marbella, con una bajada del 28,6%, el metro también se deprecia en 800 euros y ahora se tasa en 2.023. El resto de municipios costeros, Málaga capital incluida, también presentan caídas de entre el 24% y el 29%. Los del interior, como Ronda, Antequera o Alhaurín de la Torre, por debajo del 20%.

El mayor desplome de precios desde 2008 lo experimentó la vivienda nueva –para Fomento, la que tiene menos de dos años de antigüedad–, que, de máximos de 2.545 euros, cotizaba a finales de 2010 a 1.933 euros (-24,1%). Esos 612 euros de diferencia suponen que una vivienda vale ahora casi 49.000 euros menos que en 2008.

Pero, ¿y el dato del primer trimestre de 2011? Según explicaba ayer el Ministerio, el número de tasaciones sobre nuevas viviendas durante el primer trimestre ha sido tan pequeño en Málaga (sólo 53) que resulta imposible actualizar el dato, aunque sí es presumiblemente a la baja. Únicamente Estepona, Málaga y Vélez presentan un mínimo de 10 tasaciones. Y en Rincón, Ronda o Antequera no hubo ninguna en estos tres meses. La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) recuerda que hasta que no se venda el stock acumulado de viviendas sólo saldrá nuevo producto al mercado a cuentagotas.

En el segmento de segunda mano la tónica es parecida. Los pisos que en 2008 costaban casi 2.250 euros el metro ahora salen a 1.734 (en este caso, el dato sí es del primer trimestre de 2011), con una rebaja de casi el 23% y de 41.200 euros para un piso medio.

En España, el precio de la vivienda libre aceleró su caída en el primer trimestre de 2011 y se situó en 1.777 euros el metro, un dato que también retorna a antes de 2005.

¿Precios al nivel de 2002?

Los expertos coinciden en que el precio debe experimentar nuevas bajadas en 2011 para terminar de sacudirse el «inflado» de la burbuja inmobiliaria. En el caso de Málaga, esa rebaja añadida debería rondar entre un 5% y un 10%, para situarla globalmente por encima del 30% en relación a los máximos de 2008. Los constructores, sin embargo, niegan esa posibilidad y alegan que los precios han llegado ya a su descuento máximo y están a precio de hipoteca. Es más, hace unos días, señalaban incluso que si las ventas repuntan –algo muy improbable– los precios empezarían a subir.

Otros expertos, como el jefe de estudios del portal inmobiliario idealista.com, Fernando Encinar, se suman a la teoría de los descensos y señalan que el valor del metro podría bajar a niveles de 2002 en Madrid, Barcelona y las zonas costeras, caso de Málaga. Por su parte, el codirector del máster de Empresas Inmobiliarias de la UNED, Julio Gil, ve necesario «recuperar» estímulos para la demanda como las desgravaciones fiscales a la compra de vivienda habitual, que el Ejecutivo suprimió el pasado 31 de diciembre para las rentas superiores a 24.000 euros.
Por el contrario, el profesor del Instituto de Práctica Empresarial (IPE), José Antonio Pérez, afirmó que los datos demuestran que se ha completado el ajuste de precios, y que incluso habrían comenzado a repuntar en zonas turísticas.


* La Opinión Málaga - 19.04.11
Foto: Clientes en el salón inmobiliario SIMed Oportunidades celebrado hace dos semanas en Málaga.- laopinion

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“Sin vivienda sustentable, no hay sociedad sustentable”

LORENA LÓPEZ/México* : La casa propia como parte de la identidad y lugar de pertenencia en una sociedad. Una vivienda ecológica puesta en práctica y el entusiasmo de los usuarios. Francesco Piazzesi, responsable del programa de inclusión social mexicano “Échale a tu casa”, relata su experiencia en el marco del Desafío de Viviendas Urbanas Sustentables Changemakers.
Más de la mitad de las viviendas en América Latina y de los países en vías de desarrollo se realizan a través de un proceso de autoconstrucción. En este contexto, el programa “Échale a tu casa” genera oportunidades para que las familias de menos recursos edifiquen una vivienda sustentable a través de un programa de inclusión social y de autoconstrucción asistida. “Esta iniciativa es de gran importancia porque como todo se inicia en el hogar, y si no contamos con una vivienda sustentable, jamás llegaremos a tener una economía y una sociedad sustentables”, resume Francesco Piazzesi. Hasta el momento, 25 mil familias mexicanas han concretado el sueño de “la casa propia” con el beneficio extra de que son viviendas ecológicas en todo sentido.

En primer lugar, porque el material con el que se construyen no daña el medioambiente (Adoblock, bloques hechos en un 90% de tierra) para su fabricación y por estar, además, equipadas para aprovechar las energías alternativas a través de calentadores solares, sistemas para captar agua de lluvia y cocinas de bajo consumo.

“Nuestras casas respetan 3 aspectos básicos”, explica Francesco: “lo económico, al generar fuentes de empleo para la autoconstrucción de la vivienda y la edificación de un bien patrimonial; lo social, al reestructurar el tejido de la comunidad, brindar talleres participativos y de capacitación; y lo ambiental, al edificar una vivienda construida con materiales que no contaminan el medio ambiente, ni en su producción ni en su uso”.

Francesco cuenta que la reacción de la gente es sumamente motivadora para seguir adelante: “al ver las casas terminadas las familias se entusiasman y quieren continuar construyendo y hasta los escépticos – que nunca faltan- terminan sumándose a la iniciativa”. Cabe destacar que cada familia cuenta con el apoyo de profesionales de la construcción para garantizar edificaciones seguras y duraderas.

Una casa segura y sustentable es el primer escalón para construir una sociedad bien cimentada. “Mucha gente vive bajo un plástico o una lámina de cartón y Échale a tu casa aporta una solución integral que provee a las familias auto-constructoras de tecnología, asistencia técnica, materiales de calidad y esquemas de financiamiento accesibles para que tengan una vivienda digna según los estándares de la Organización de las Naciones Unidas”, concluye Francesco.


* Changemakers - Opinión - 26.11.10

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Imputado otro cargo del PP de Arganda por el mayor pelotazo de Correa

ELPAÍS/Madrid* : El magistrado que instruye el caso Gürtel, A.Pedreira, ha citado a declarar como imputado al consejero delegado de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, J.Fernández Caballero, por su presunta participación en las adjudicaciones del Consistorio madrileño a las empresas relacionadas con esta trama de corrupción, la más importante ligada a un partido político: el PP. Con Fernández ya son 4 los imputados del PP en este municipio tras el exalcalde Ginés López, el diputado regional Benjamín Martín Vasco y el cargo Tomás Martín Morales. Entre las adjudicaciones investigadas en Arganda destaca el mayor pelotazo del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, quien habría percibido 12 millones de euros, según la investigación judicial, tras lograr la adjudicación de la sociedad de fomento de Arganda del Rey de una parcela pública a la constructora Martinsa.

El juez ha tomado esta decisión después de que la acusación particular del PSM lo solicitara, al igual que ya lo hiciera la Fiscalía Anticorrupción al inicio del procedimiento. Así, Juan Fernández Caballero tendrá que declarar el 10 de mayo como presunto autor de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, sin perjuicio de que tras su testificación y la práctica de nuevas diligencias el magistrado Pedreira le impute nuevos delitos.

La petición de la acusación popular de los socialistas se fundamenta en un informe de la unidad de auxilio judicial de la Intervención General del Estado (IGAE), del 29 de mayo de 2009, en el que se pone de manifiesto que la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda del Rey, con Fernández Caballero como consejero delegado, incurrió en numerosas irregularidades en sus adjudicaciones a la red. Como por ejemplo el fraccionamiento intencionado del gasto en varios contratos y el uso de procedimientos de contratación sin publicidad.

Las conexiones de Juan Fernández Caballero con la trama resultan evidentes, según la acusación popular. David Luis Cerezo, uno de los trabajadores de Correa, aseguró al juez Pedreira que su contacto en el Ayuntamiento de Arganda era el responsable de la empresa de Fomento: "Yo me reunía con Juan Fernández. Le presentaba los proyectos y no sé lo que hacían. Me dijeron que tenía que ir a Arganda a ver a ese señor y ver si tenía alguna necesidad y presentar los proyectos...". Preguntado por el juez sobre quién le había indicado que tenía que entrevistarse con Juan Fernández, este trabajador de Correa explicó que fue Pau Collado, vinculado al PP de las islas Baleares.

El escrito de los socialistas apunta también que Juan Fernández Caballero intervino activamente en dos polémicas adjudicaciones a la trama: el cubrimiento de la piscina de La Poveda y la circunvalación de la AR30, que fueron realizadas por dos empresas acusadas de pagar comisiones ilegales: Teconsa y Constructora Hispánica.

Pero la tercera de las adjudicaciones de suelo municipal en la que presuntamente habría participado Juan Fernández Caballero fue la adjudicación de una parcela a Martinsa en noviembre de 2004. El Ayuntamiento aprobó la venta en 77 millones, pese a que previamente la parcela había sido tasada en 100 millones. La decisión la tomó a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa de fomento de Arganda.

Pese a que la adjudicación fue en 77 millones, Martinsa solo ha abonado 66 millones. El Ayuntamiento permitió a la empresa levantar más de 1.000 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más. Martinsa no ha llegado a edificar en el solar.

En una de las grabaciones realizadas a Correa, el cerebro de la trama: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación realizada a Isabel Jordán, una de las empleadas de la red corrupta, esta alude a la operación: " le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no se lo daban". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama. Sobre este diputado pesa una fianza de 950.000 euros.

Al polémico concurso a Martinsa que Pedreira está investigando se presentaron tres empresas. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo en 2003 (dimitió en 2006). Según fuentes del caso, el magistrado Pedreira, que el 5 de enero solicitó un informe de esta operación, tiene en su poder un documento que prueba que Juan Fernández Caballero fue el encargado de firmar el pago de los honorarios de Aguirre Newman, de 22.000 euros.

Los técnicos del Ayuntamiento de Arganda, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin valoraron aspectos diferentes del polémico concurso. Y además entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.


* El País - 20.04.11
Foto: Arganda del Rey (Madrid), adjudicación obra a Martinsa - elpais

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Cáceres.- El Plan de Urbanismo cumple un año y no ha movido un solo ladrillo

HOY* : Era esperado y demandado desde hacía 7 años y cuando entró en vigor, el 31 de marzo de 2010, lo hizo ante la atonía general del sector de la construcción, fruto de la crisis del ladrillo y del cierre del grifo de la financiación. El Plan General Municipal (PGM) acaba de cumplir su primer año de vigencia y no se ha hecho ni una sola de las 33.000 viviendas que contempla en los nuevos suelos urbanizables de de la ciudad. Un año ha pasado y no se ha movido un ladrillo. Lo que se está construyendo es parte del cupo de viviendas que proceden del Plan de Urbanismo anterior o de actuaciones extraordinarias, el caso del PIR del Junquillo. No se ha comenzado ninguna urbanización ni construido ninguno de los pisos . Tan sólo hay una intervención en fase embrionaria, en tramitación técnica. Se trata de la operación del solar de las Carmelitas, que incluye el proyecto de El Corte Inglés.

Este solar se puede desarrollar con los nuevos usos (residencial, docente y comercial) gracias a la aprobación del PGM, pero ha transcurrido un año y varios días y los promotores de la operación todavía están ultimando el plan de viabilidad que tienen que presentar en el Ayuntamiento para iniciar su estudio y poder aprobarlo. El Plan Parcial de las Carmelitas debe contemplar la ordenación de la parcela, con las edificaciones, viales y espacios que transformarán estos 12.000 metros cuadrados del centro de la ciudad. Los promotores tienen que construir primero el nuevo colegio de las Carmelitas antes de poder comenzar la obra del centro comercial y podrían adelantar la edificación de los 100 pisos que se autorizan.
Esta operación urbanística está en marcha y sus promotores consideran viable el proyecto, pero lo cierto es que llega seis años después de que presentaran la propuesta en el Ayuntamiento, en abril de 2005. Eran tiempos de bonanza económica y de 'boom' inmobiliario y de la construcción y sin el menor atisbo de cicatería bancaria en créditos.
Ahora, la operación de El Corte Inglés está desbloqueada y autorizada en tiempos de cierre del grifo financiero y de retroceso o cambio de tendencias en la demanda de viviendas. No parecen tiempos propicios para comprar pisos de lujo. En todo caso, la operación está a las puertas de poder ser actividad en la tramitación de los proyectos técnicos, aunque pasará un tiempo hasta que los cacereños puedan ver las máquinas en el solar.
También está en fase de proyecto técnico la ordenación de Charca Musia, como núcleo industrial y residencial. El plan de actuación urbanística lo abordarán los propietarios junto con el Ayuntamiento.
Ferial
Una de las prioridades que se marcó el Ayuntamiento y así fue recogida en el PGM es el nuevo sector urbanizable del antiguo campo de aviación, con más de 4.000 viviendas. Es un sector de prioridad 1 y además con ordenación detalladas, de tal manera que se podía comenzar de forma más o menos rápida, tras la aprobación del correspondiente Plan Parcial. Sin embargo, la crisis del sector hace evidente su dilatación en el tiempo y, de hecho, no se ha hecho ningún trámite, más allá de reuniones de los propietarios entre ellos y con el Ayuntamiento, y debido al interés de la ciudad por contar con un centro de ocio y el pabellón para ferias y muestras comerciales.
Al final, para adelantar tiempo, el Ayuntamiento ha optado por pro promover un Proyecto de Interés Regional (PIR) para levantar el pabellón de muestras junto al Hípico al margen del desarrollo de la urbanización, pero con una previsión de encajar esta pieza (el pabellón) en el futuro diseño del residencial. De momento, no se ha diseñado ni adelantado nada para ningún centro de ocio, aunque es otra previsión que se mantiene para este sector urbanizable, además de la reordenación del recinto para las atracciones y casetas de las ferias de San Fernando.
Matadero
Si este año de vigencia del PGM no ha servido para poner un solo ladrillo, sí sirve para poder hacer cambios en lo ya planificado. La normativa exige que tenga que transcurrir un año desde que se aprueba el planeamiento para poder autorizar cambios en el mismo. Y es lo que ya se ha hecho en la parcela del antiguo matadero, con el fin de permitir doblar el uso comercial en la misma y ofrecer así mayor rentabilidad a los promotores de un centro de ocio y comercial (ver HOY del pasado día 6 de marzo).
También se ha tenido que esperar un año para poder tramitar la modificación puntual del PGM en unos terrenos por donde construir el vial de conexión de Cáceres el Viejo con el residencial Gredos ya que es suelo calificado como verde y docente.
Asimismo se ha modificado el PGM para permitir la reforma de locales de hostelería a nuevos usos (como café-concierto) en lo relativo a superficies mínimas ya que el PGM exigía más de los 100 metros que autoriza la ordenanza municipal. Otra modificación puntual aprobada es para autorizar las casas unifamiliares en Antonio Canales, donde por error sólo se recogían en el PGM viviendas en bloques.

PROYECTOS Y CAMBIOS
EN SU CONTEXTO

33.000
Es el número de viviendas que contempla el nuevo PGM de Cáceres, distribuidas por los nuevos sectores de suelo urbanizable localizados en casi todas las entradas y salidas de la ciudad. Son tres plazos: 24.000 viviendas a cinco años; 7.000, a diez, y 1.500 a 15 años más las de Arroyo-Malpartida y Valdesalor.

2010
El nuevo Plan General Municipal (PGM) entró en vigor el 31 de marzo de 2010, al día siguiente de ser publicado en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) tras ser aprobado por la Junta de Extremadura después de haber recibido el visto bueno de la comisión regional de Urbanismo el 29 de enero.

100
Es la extensión aproximada de suelo que el Ayuntamiento obtiene en la Montaña como sistemas generales y cuyos propietarios obtienen derechos de edificación en los nuevos sectores urbanizables de la ciudad. El PGM también contempla la Charca Musia y las Capellanías como enclaves industriales.

* Hoy - 19.04.11
Foto: Cáceres, obras Plaza Mayor (archivo) - regiondigital.com

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«Quien no puede pagar un préstamo se merece otra oportunidad»

SUR/Entrevista* : Reconoce sentirse como David contra Goliat. Pese a todo, no tira la toalla. Ella no está afectada, pero insiste en que es «imposible» quedarse impasible ante el «drama social» que está truncando las vidas de tantas familias. Ana Colau fundó hace ahora dos años la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que tendrá delegación en Málaga en breve. ¿Su reto? Que la entrega de la casa salde la deuda con el banco.
-Para los que aún no os conozcan, la primera pregunta es obligada: ¿cómo presentaría a la plataforma?
-La iniciativa nació hace algo más de dos años para dar respuesta al drama que empezaban a sufrir muchas familias, afectadas por el paro e incapaces de afrontar el pago de su vivienda. Fue entonces cuando descubrimos esta anomalía jurídica que permite que los bancos se queden con las casas incluso a la mitad del valor de tasación cuando la subasta queda desierta, lo cual es una auténtica condena financiera. Así, el propietario no solo pierde su hogar sino que, además, se queda con una deuda injusta de por vida que para colmo le sigue generando intereses. Como consecuencia, te embargan la nómina, las cuentas corrientes, las propiedades y, encima, te quedas como moroso en todos los listados. Lo que pedimos es una segunda oportunidad para estas personas, como ocurre en otros países europeos.

-¿Cómo surge este movimiento social? ¿con qué fines?
-Surge en Cataluña por parte de un grupo de siete personas que trabajábamos en temas de derecho a la vivienda. De ahí nos expandimos a Murcia y a otras ciudades hasta sumar 2.500 asociados. Lo que pedimos se resume en dos grande líneas: que se acepte la dación en pago para liquidar la deuda con el banco en caso de vivienda habitual y cuando se demuestre que el dueño no tiene liquidez y que se apruebe una moratoria en los desahucios para que los propietarios puedan quedarse en el inmueble en alquiler.
-¿Qué respuesta están teniendo por parte de los ciudadanos?
-Lo que empezó siendo un grito en medio del desierto hoy es un clamor popular. El problema es que hasta ahora existía una gran desinformación. A raíz de nuestra denuncia estamos consiguiendo el respaldo de organizaciones sociales, partidos políticos y hasta del sector judicial. También tenemos el apoyo de la Federación Española de Municipios.
Cambiar la ley de una vez
-Los grandes partidos, sin embargo, se muestran en contra...
-Porque el lobby de la banca es poderoso. Pese a todo, hace unas semanas, y ante la presión social e institucional que estamos ejerciendo, Zapatero dejó la puerta abierta a hablar del tema. En nueve meses tenemos que recoger medio millón de firmas para que se debata en el Congreso.
-Ha mencionado a los jueces, un gremio que parece estar dividido a la vista de las sentencias contradictorias dictadas en la materia.
-El problema es que estamos ante un problema que no está regulado por ley. El grueso de la judicatura comparte que esta anomalía debe ser subsanada. Por ello lo que pedimos es que se cambie de una vez la ley para que no esté sujeta a la arbitrariedad de la sensibilidad de un juez.
-¿De cuántos perjudicados estamos hablando?
-De muchísimos, cada día más. Según el Consejo General del Poder Judicial, entre 2007 y 2010 ha habido 271.000 procesos de ejecuciones hipotecarias, cada uno de los cuales afecta a todo un núcleo familiar, lo que multiplica las víctimas.
-En Málaga los afectados están empezando a organizarse a través de la plataforma...
-En el periodo citado (2007-2010), se registraron casi trece mil ejecuciones, lo que demuestra que estamos ante un drama extendido por toda España y, lo peor de todo, que irá a más en los próximos años. De hecho, se prevé que la cifra se duplique en 2012. En Málaga ya han empezado las reuniones de afectados.
-Y, para colmo, sube el euríbor y el BCE ha elevado los tipos un 0,25%. El rizo se riza...
-Siguen subiendo los tipos, la crisis va para largo y quienes habían pedido refinanciaciones para parar el golpe se encuentran con nuevas trabas, con lo que el problema irá a más.
-Pero su presión ha contribuido a frenar procesos de desahucios en zonas como Murcia, ¿es así?
-Así es. La plataforma, manifestándose frente a las casas de los afectados a la llegada del secretario judicial, ha logrado paralizar desahucios con la ayuda también de los medios de comunicación que se han hecho eco. Lo que no tiene sentido alguno es que el banco te quite el piso para dejarlo vacío mientras las familias se quedan en la calle sin recursos.
-¿Se sienten David contra Goliat?
-Sí que nos sentimos así, pero somos mucha gente con fuerza social suficiente como para plantarles cara.


* SUR - 20.04.11

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Facua llama a no comprar viviendas hasta que no haya una bajada "radical" de los precios

LAVANGUARDIA* : El portavoz de Facua- Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha llamado a los consumidores a no comprar más viviendas o, en todo caso, a negociar al máximo los precios para propiciar un descenso "mucho más radical" que, a su juicio, el sector se resiste a aplicar en favor de sus márgenes de beneficio. En declaraciones a Europa Press, Sánchez ha dicho que la bajada del 2,5% del precio de la vivienda libre en relación al cierre de 2010 aún es "ridícula" y deja ver que el sector sigue dispuesto a "mantener márgenes de beneficio propios de los años de la 'burbuja' inmobiliaria". En su opinión, esa bajada de precio "sólo la van a propiciar los consumidores no comprando viviendas nuevas". "Que los consumidores se olviden de las ofertas de grandes bajadas de precios, porque no son tan grandes", ha añadido.

Según ha argumentado, los precios de la vivienda se han llegado a triplicar durante los años del 'boom' y ahora "sólo bajan un 5%, un 10% o un 15%". "Hace falta un descenso mucho más radical", ha dicho, antes de apostillar que "el consumidor puede presionar no comprando y regateando muchísimo, especialmente en vivienda usada".

Por otro lado, el portavoz de Facua ha cargado contra el Gobierno por mandar "mensajes triunfalistas" y hacer llamamientos a comprar "a ciegas para ayudar a un sector que no merece ser ayudado". "El peor favor que pueden hacer los gobernantes es decir que la vivienda está en precios razonables", subrayó.


* La Vanguardia - YaEncontré - Ep - 18.04.11
Foto: Viviendas descuento SIMA Mar2011- cotizalia

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"Es fácil enriquecerse gestionando el suelo"

LAPROVINCIA/Entrevista* : El magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, considera que con la reforma del Código Penal no van a desaparecer las infracciones medioambientales, aunque se hayan incrementado, casi el doble, los años de cárcel.
- En el Congreso Canario de Derecho Urbanístico usted disertó acerca de la reciente reforma del Código Penal y cómo ha afectado al derecho urbanístico. ¿Qué significó?
- Se ha incrementado, casi el doble, la duración de las penas privativas de libertad. Se ha establecido un sistema de multa proporcional, de tal forma que la cuantía de la multa la fija el juez en función de los beneficios obtenidos por el promotor. Además, se acuerda el comiso, esto es, la confiscación de las ganancias, de tal manera que, en ningún caso, resulte rentable infringir las leyes urbanísticas. Pero, sobre todo, la gran novedad está representada por el hecho de que aparece una nueva clase de delincuente. Se trata de la discutible apuesta de nuestro sistema penal a favor de la responsabilidad de las personas jurídicas.

- ¿Qué repercusión tiene esto para el infractor?

- Para que nos entendamos, a partir de ahora, el delito puede estar cometido por un promotor, un constructor y, además, por la empresa para la que ambos trabajan. El Código Penal establece un sistema propio de penas que pueden llevar a la suspensión, disolución, clausura y hasta intervención judicial de la empresa.

- Ésta es la tercera reforma que sufre el Código Penal desde que España está en Democracia. ¿Cree que aún le quedan pasos por dar en materia urbanística? ¿Existen demasiados agujeros en el derecho urbanístico por el que se cuelan los delincuentes?

- De entrada, creo que en el ámbito del urbanismo, como en cualquier otra actividad delictiva, existen numerosas vías de escape para el infractor. En muchos casos el delito exige la complicidad de los poderes públicos con capacidad decisoria sobre esta materia. Y ello dificulta enormemente la persecución del delito. Piense que sobre un enorme mapa cartográfico la utilización de un bolígrafo rojo o verde determina el aprovechamiento de los terrenos y su consiguiente valor económico. Para algunos es muy fácil sacarle ventaja a ese conocimiento anticipado del futuro valor de los terrenos.

- No han pasado aún cuatro meses de la puesta en marcha de las modificaciones del Código Penal, pero aun así ¿podrá hacer un balance de lo que está suponiendo? ¿Qué conclusiones ha extraído?

- Le aseguro que cuatro meses en la vigencia de una norma penal, teniendo en cuenta la lentitud de los procesos, no es tiempo para obtener conclusiones aprovechables. Pese a todo, creo que el incremento de las penas puede desplegar un efecto preventivo indudable. El legislador ha considerado procedente bajar las penas, por ejemplo, en los delitos relacionados con el tráfico de drogas o en las falsedades de tarjetas de crédito. Sin embargo, ha decidido incrementar de una manera sensible las penas de prisión en los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Esa conjugación de penas privativas de libertad y sanciones económicas de naturaleza confiscatoria hará mucho menos rentable el delito. En cualquier caso, si alguien piensa que con la reforma van a desaparecer las infracciones medioambientales, creo que es un optimista. Es muy sencillo enriquecerse cuando se gestiona el aprovechamiento del suelo.

- ¿ Ha disminuido el número de delitos en materia urbanística? En caso afirmativo, ¿es consecuencia de la reforma del Código Penal o de la caída en picado del sector inmobiliario?

- El análisis de la evolución en la cifra de criminalidad exige más tiempo. Las estadísticas, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Ministerio del Interior, son anuales. Lo que sí parece indudable es que la crisis del sector inmobiliario ralentiza también la toma de decisiones y, por tanto, las posibilidades de infracción.

- ¿Vivimos en un sistema jurídico que es demasiado permisivo con los autores de delitos urbanísticos?

- Yo creo que no, pero le aseguro que si había alguna duda al respecto, la reforma acaba con todas las suspicacias. El marco penal se ha agravado de forma más que significativa. A partir de ahora cualquier concejal que informe favorablemente la concesión de una licencia contraria a la legalidad vigente se enfrenta a una pena privativa de libertad de hasta cuatro años de prisión, además de la inhabilitación correspondiente, que puede alcanzar hasta los diez años.


* La Provincia - 18.04.11
Foto: Puerto Rosario (Fuerteventura) - bbc.co.uk

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La solución de las cajas, de espectáculo inmoral a surrealista

VÍCTOR ALVARGONZÁLEZ* : El espectáculo de ver cómo se intenta solucionar el “marrón” de las cajas de ahorros sin perjudicar a la clase política ha pasado de inmoral a surrealista. Empezó siendo simplemente inmoral. La burbuja inmobiliaria se desinfló y lo lógico es que a partir de ahí se hubiera procedido a una voladura controlada de la burbuja financiera que financió la locura del ladrillo. En aquella época no habría pasado nada por proceder a una reestructuración ordenada -de verdad- del sector financiero, es decir, liquidar entidades inviables, vender otras por lo que valían -entonces todavía valían algo- y, por qué no, sacar las menos malas a bolsa. Entonces todavía habría colado. Efectivamente, en aquel momento contábamos con un colchón de provisiones genéricas único en el mundo que habría permitido la venta o salida a bolsa de algunas entidades. Otras se habrían tenido que cerrar, pero se habría podido hacer protegiendo a los clientes, en lugar de utilizar el dinero para crear el nefasto FROB. Parecía relativamente sencillo, pero hete aquí que los políticos se dan cuenta que un proceso así comportaría auditorías (en caso de venta), “due dilligence” (en caso de salidas a bolsa) o incluso intervención judicial de oficio (en caso de quiebras o liquidaciones). Y claro, eso ponía en peligro a toda la clase política sin excepción, con su maraña de favores, influencias y pactos inconfesables.

Por el hilo saldría el ovillo, y vete tú a saber dónde estaba el ovillo. Así que un cafelito y un acuerdo muy simple: “esto no nos beneficia a nadie. Si salta puede salpicar a cualquiera, porque todo el mundo está pringado y no se sabe por dónde puede saltar la liebre. Así que la solución está clara: protejámonos todos. Que no se cierre, ni se venda ni quiebre ninguna entidad. Tapemos los agujeros con dinero de los impuestos (nacimiento del FROB) y eso nos dará margen para juntar unas entidades con otras (fusiones), pasarles un trapo y darles una mano de pintura para sacarlas a bolsa y problema solucionado”.

Utilizar el dinero de los españoles para evitar que la clase política pase por los juzgados a la vez que se recortan derechos sociales e inversión pública (hospitales, colegios, etc.) es inmoral. El espectáculo posterior en que se ha convertido la “venta de la moto” es, además, surrealista.

Primer acto: “Ya me ocupo yo, que es que estoy rodeado de inútiles”

Se enorgullecía hace tiempo el presidente del Gobierno de que tuvo que ser él quien decidiera el trazado del AVE al pasar por Barcelona porque los ingenieros no se ponían de acuerdo, o algo así. En general es conocida su tendencia a estar en todo (y no digo que no lo haga con su mejor voluntad, cuidado). Y en este caso no ha sido distinto. ¿Que hay que colocar las cajas? “Ya me ocupo yo, que si no es por mi…”.

Así que el presidente orienta sus viajes a vender la moto (de la Alianza de Civilizaciones a la Diplomacia Económica). Primero en los países árabes y ahora en Asia. Y además vende como lo hace un político (lógicamente, es un político), es decir, no con números, “business plan”, análisis de riesgos y tonterías de esas típicas de los economistas, sino en plan “mira, yo tengo este problema y, si me ayudas, a cambio yo…”. Porque si no, ¿cómo se pueden vender “las cajas” en su conjunto y no una a una, si cada una es de su padre y de su madre? Lo lógico sería llevar un caso concreto, estudiarlo y ponerle precio, ¿no? O varios, pero analizados por separado y bien definidos.

Pues no, no se ha planteado así. Y, luego tenemos a los pobres actores secundarios, es decir, los propios ejecutivos de las cajas, viajando por su cuenta a buscar inversores. Y digo los ejecutivos, muchos de ellos gente seria y trabajadora que ven cómo los políticos del consejo de administración, los verdaderos culpables del desaguisado, se lavan las manos. Que trabajen los curritos. Un “show”.

Segundo acto: “engañarlos como a chinos”

Este ha sido el mejor. No entraré en el patinazo de todos conocido de los 9.000 kilos, sino en otro “show” que se ha desarrollado en paralelo, como los distintos escenarios de un festival de teatro. O más bien de un circo. Me refiero a la inocencia de muchos medios de comunicación y analistas españoles. En esta película todo el mundo habla de que los chinos iban o van a comprar cajas españolas porque les parecen un negocio interesante, y lo mismo ocurre con la deuda. Con respecto a la deuda puede ser así, ya veremos, pero ¿las cajas?

Pero cómo puede pensar tanta gente que realmente los chinos son tan fáciles de engañar. Si China acaba comprando “bancocajas” será simplemente porque a cambio España les va a dar una entrada privilegiada al mercado europeo y al propio mercado español. Para entendernos: nos sacarán del apuro a cambio de pasar del “chino” de la esquina y del restaurante “La Gran Muralla” a la fábrica de coches o de microchips, a los macrocentros comerciales, a la distribución paneuropea de sus productos a través de empresas españolas, a la licitación -a la baja- de obra pública desde empresas españolas, sin las limitaciones que tienen las chinas, a las compañías petroleras y a la tecnología española en energías limpias -básicas para su crecimiento- y, por supuesto, al sector financiero, donde los “bancocajas” y su ficha bancaria servirán como punta de lanza de operaciones realmente rentables en el mundo de la banca, los seguros, etc. Eso es lo que les interesa a los chinos, no comprar empresas (cajas) en un sector claramente sobredimensionado y donde levantar la alfombra da miedo. ¿Pero alguien se cree de verdad que ellos no saben que comprar un “bancocaja” en España es como comprar un astillero o una mina de carbón? Que aquí sobran entidades financieras, no faltan.

No digo que lo que pretenden de verdad los chinos sea ni bueno ni malo. Según se mire. Al fin y al cabo si la cosa funciona nos quitarán de encima un problema importante. El precio será alto, pero mejor pagar caro que pagar con una recesión a la japonesa. Es más, entre la “alemanización” que va a sufrir España como consecuencia de las condiciones del “aval alemán” y la competitividad y trabajo duro que nos van a imponer los chinos, esto va a ser como el libro del Lute “Camina o revienta”. O reventamos o acabamos en la “Champions League”. Y esta vez de verdad.


* Cotizalia - Opinión - 16.04.11

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