Maracaibo.- ¿Qué hacer con los “fantasmas de cemento”?

NAD/Venezuela* : Sin utilidad y al servicio de la delincuencia y de invasores permanecen los edificios “fantasma” de Maracaibo. Tal parece que poco motiva rescatar espacios que en época de apogeo sirvieron de escenarios para que se desarrollara parte de la historia de la ciudad. Sin embargo, como una posible solución se vislumbra la discusión del tema. En trabajos anteriores se abordó la problemática de los “fantasmas de cemento”, esos que nadie quiere ver, pero que -sin posibilidad de ocultarlos- son ornamentos inamovibles de la ciudad. ¿Qué aportan? ¿Quién se beneficia de ellos? La respuesta es más que obvia, y por ello resulta irónico que hasta ahora no se halla tenido iniciativa para reconstruir o demoler para aprovechar el terreno.

Aspecto legal

La Ordenanza sobre Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente en el Municipio Maracaibo se creó para velar por la calidad de vida de la jurisdicción del municipio. El documento comprende la planificación urbana, entre otros aspectos, según establece el numeral 1, del artículo 3.

Asimismo, el numeral 6 del mismo artículo indica que se actuará ante “Cualesquiera otras actividades que se consideren necesarias para alcanzar el propósito de la presente Ordenanza”, el cual es “establecer principios rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente”.

Los referidos numerales tocarían de manera general el tema de los edificios abandonados, si se partiera de la premisa de que “los edificios hacen la ciudad”, como lo afirmó el especialista en el tema, Rafael Márquez, profesor del Departamento de Historia de Arquitectura de la Universidad del Zulia.

La Ordenanza es más específica en cuanto al tema: “Las construcciones que amenacen ruinas o las que por mal estado pudieran ocasionar un peligro inminente para sus ocupantes, para la colectividad y que afecten el medio ambiente estarán sujetas a lo establecido en la Ordenanza sobre construcciones ilegales o demoliciones” (Artículo 29).

En el mencionado documento se establece a la Oficina Municipal de Planificación Urbana (O.M.P.U.), como el organismo rector en el tema de las construcciones ilegales o demoliciones.

El numeral 3 de la ordenanza sobre construcciones ilegales, indica que se considerará como tal “Toda construcción que amenace ruina o que por su mal estado en alguna parte de su estructura pudiese ocasionar daños, que representen un peligro inminente para sus ocupantes o para la comunidad”.

En tales casos, no se mencionan cuáles podrían ser los “daños” a que se hace referencia, pero seguramente, la acumulación de basura, y el albergue de maleantes y consumidores de droga, no reportan ningún beneficio.

Consciente de esta realidad, el concejal Joaquín Chaparro explica que hasta ahora no habido pronunciamientos o posición administrativa por parte del Concejo Municipal de Maracaibo, pero considera que se debe atender el tema, por cuanto los edificios rescatables podrían aportar beneficios, y que los que representan un peligro, como el Banco de Comercio (ubicado en 5 de Julio), deberían demolerse.

En cuanto a los edificios que representan patrimonio cultural, asegura que hay una obligatoriedad implícita de mantenerlos y recuperarlos. Afirma, además, que son espacios que se podrían rescatar para ponerlos al servicio de la Gobernación y la Alcaldía, para generar beneficios y bienestar para la comunidad.

En ese sentido, Chaparro es de los que cree en rescatar para dar valor a los inmuebles icónicos de loa ciudad, de los cuales no puede evitar nombrar el edificio Botica Nueva, también conocido como el de “los sansones” o “atlantes”.

“Ese fue el primer edificio de Maracaibo que tuvo ascensor”, recuerda el concejal.

Es por ello que afirma que “el estado y el municipio deben tomar una decisión sobre la demolición o rescate de los edificios abandonados”, razón por la cual se espera que plantee la problemática que esto genera para la ciudad, y los beneficios que traería si fueran activados.

Chaparro explica que se prevé trabajar en conjunto con instituciones y profesionales especializados para abordar el tema, y trabajar en pro de dar solución a lo que considera atenta con la cara de Maracaibo y el mejoramiento de esta en cuanto a urbanismo se refiere.

Sobre las construcciones abandonadas en manos de privado, indica que se debe levantar un informe jurídico de comprobación por parte de la sindicatura a objeto de determinar el carácter de la propiedad y exhortar a los propietarios a asumir la responsabilidad de resolver el problema, “en virtud de conservar la imagen arquitectónica y urbanística de la ciudad”.

Hasta ahora, finaliza, Chaparro, no ha existido motivación suficiente para resolver el tema de los fantasmas de concreto, los cuales hasta ahora no benefician y que significarían oportunidades de vivienda, y establecimientos de organismos que reporten ventajas para las comunidades en las que fueron construidos.



* Noticia al día - 10.03.11
Foto: Edificio Gómez Castro, ubicado en la avenida El Milagro - NAD

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Miembro de Ecologistas afirma que la Guardia Civil tuvo que proteger toda la noche su casa en El Gordo

EUROPAPRESS/Cáceres* : La coordinadora de Ecologistas en Acción en la comarca cacereña de Campo Arañuelo, Paca Blanco, ha asegurado que una patrulla de la Guardia Civil se ha tenido que apostar junto a su casa durante toda la noche para protegerla del "acoso" de jóvenes vándalos. Se da la circunstancia de que en la comarca de Campo Arañuelo está el Embalse de Valdecañas, en la que se proyectaba un complejo turístico y de descanso, llamado Isla de Valdecañas, que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) ha anulado precisamente en respuesta a una demanda de Ecologistas en Acción. "Mi casa, mi persona, mi familia y mi integridad peligran", ha asegurado en rueda de prensa celebrada en Cáceres capital Paca Blanco, quien ha explicado a los periodistas que en la noche del jueves a este viernes se ha visto obligada a llamar a la Guardia Civil para que una patrulla se apostase en la puerta de su domicilio.

VIVE CON 420 EUROS

La ecologistas ha explicado que lleva sufriendo "cinco años de acoso" en el pueblo de El Gordo (Cáceres), municipio en el que reside, por parte de "los jóvenes de hace cinco años y los jóvenes de ahora".

Según ha apuntado, ha interpuesto ya numerosas denuncias ante el Cuartel de la Guardia Civil de Peraleda (Cáceres) y lleva "dos o tres entrevistas" con el subdelegado del Gobierno en Cáceres, Fernando Solís; la delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira; y con el teniente coronel de la Guardia Civil de Extremadura para abordar la cuestión.

Ha agregado que vive con "420 euros de subsidio de desempleo" y que "no" sabe dónde se va a "tener que ir a alojar" porque, según ha aseverado, peligra su integridad física "ante amenazas, tirada de piedras, cócteles molotov, huevos y naranjas". "Le pido al subdelegado del Gobierno en Cáceres que tenga en cuenta que no puedo irme a un hotel porque no tengo como pagarlo", ha concluido Paca Blanco.



* Europa Press - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Toledo), obras embalse (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Portugal construirá la playa artificial más grande de Europa

PÚBLICO* : Los macroproyectos de construcción urbanística siguen en marcha en Europa pese a la crisis que está atravesando este sector, aunque ninguna nación europea planea nada similar a lo que han puesto en marcha en China. En Portugal, la oficina de Turismo de Portugal, el ayuntamiento de la localidad de Mangualde y la empresa Live it Well Events, ha presentado el proyecto LiveBeach, en el que se planea construir una playa artificial de más de 22.500 metros cuadrados en pleno interior del país. Portugal se convertirá así en el primer país europeo que realizará un proyecto similar, según ha informado la empresa. La inauguración está prevista para el próximo mes de julio. La elección de Mangualde para recibir este proyecto se debe a las características socio demográficas del distrito. Es el más poblado del interior del país y tiene un aumento de población en verano debido al retorno de emigrantes.

La superficie de la playa artificial ocupará una extensión de 22.500 metros cuadrados, donde se construirán diferentes espacios; una playa de agua salada, un merendero con una superficie cubierta, un área de juegos infantiles y bares. En la zona de arena habrá además diferentes 'chiringuitos'. "El proyecto LiveBeach va a lograr lo que en un principio es algo imposible", ha afirmado Rui Braga, administrador del proyecto.

Pero el proyecto pretende también convertirse en escenario para eventos culturales y actuaciones en vivo. Luis Jardim, músico y productor es el encargado de apoyar e impulsar el evento con conciertos de artistas nacionales e internacionales, fiestas nocturnas con DJ's y otras iniciativas. "Más que un lugar de vacaciones, LiveBeach será un gran evento con algo nuevo cada día", asegura. "Creemos que este proyecto mejorará la ciudad, creando y atrayendo empleo y riqueza a toda la región", concluye João Avezedo, alcalde de Mangualde.



* Público - 9.03.11
Foto: Mangualde (Portugal) - celtiberia

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El alcalde de Orkoien niega el debate sobre su gestión ilegal del urbanismo

DIARIODENAVARRA* : El debate sobre la exigencia de responsabilidades por los perjuicios económicos que ha causado al Ayuntamiento de Orkoien el contrato con Aranade, considerado ilegal según el TSJN, volvió a desbaratarse ayer en el Consistorio comarcano. El alcalde, Casimiro Larrea (UIO), levantó, sin llegar a votar la moción presentada por NaBai, una sesión extraordinaria reclamada por la oposición (PSN y NaBai). En ella se pedía que el Consistorio, como socio único de Iturgain SA, acordase iniciar una "acción de responsabilidad" contra los consejeros que votaron a favor del contrato con Aranade, anulado por los tribunales.

Larrea argumentó que la moción ya había sido rechazada dos semanas atrás. También que al presentarla el edil nacionalista Carlos Armendáriz no había justificado ni documentado su petición. Desde PSN y NaBai criticaron que no se pudiera debatir su nuevo planteamiento, hecho después de que en otra sesión se hubieran ausentado del pleno al ser acusados de actuar con fines electoralistas. También lamentaron aquella decisión tomada por ellos mismos y anunciaron que estudiarían las consecuencias legales de la actuación del alcalde.

El pleno tenía como único punto la moción sobre exigencia de responsabilidades a los ediles que apoyaron en 2004 los acuerdos con Aranade para gestionar Iturgain y las viviendas promovidas en el sector Mendikur. El acuerdo fue anulado por el TSJN al considerar que se había concedido "a dedo". También obligó a Aranade, en 2009, a devolver a la sociedad municipal lo que había ganado en la operación. La deuda se cifró en 6,7 millones pero no ha sido devuelta y también ha generado discrepancias entre el equipo de Casimiro Larrea y la oposición que en este caso forman el PSN y NaBai.

La sesión comenzó con un recuerdo al secretario, cuyo padre falleció el martes. Le sustituyó la interventora municipal, como había ocurrido en la última sesión, aunque en aquella ocasión porque el PSN había cuestionado en un informe la participación de Contreras. Previamente, el secretario firmó un informe que avalaba la participación en el debate de los ediles a los que se quiere pedir responsabilidades, pero no en la moción. Tanto PSN como NaBai entienden que no pueden debatir ni votar.

La secretaria de la sesión leyó la moción y antes de que la defendieran sus proponentes el alcalde, que gobierna con mayoría absoluta (6 de 11 ediles), zanjó la cuestión. Echó mano de "un informe de los asesores del Ayuntamiento" y dijo que al ser extraordinaria podían reclamarla un tercio de los corporativos, como así fue, pero que también tenían que "justificarla y documentarla". "Lo que aquí se pide no está demostrado", dijo en referencia a la frase de la moción "teniendo en cuenta los perjuicios económicos que para este ayuntamiento han podido causar las decisiones adoptadas". Calificó de "virtualidad" lo que reclamaban.

Por otra parte, el alcalde recurrió a la ley de sociedades anónimas. "Según dice, los representantes y responsables son los consejeros, al margen de lo que hayan votado, y en 2004 también era consejero el señor Suescun (portavoz del PSN y antes de una agrupación de vecinos) y a él no se le menciona en la moción".

Disculpas del PSN y NaBai

Tras levantarse la sesión sin que el alcalde diera opción al debate, tanto el PSN como NaBai reconocieron que no se sentían "orgullosos" de haberse ausentado en una sesión anterior. En cualquier caso, matizaron que lo que pedían era diferente, ya que reclamaban la acción del Ayuntamiento y no de la sociedad Iturgain. Por último, anunciaron que estudiarán la decisión del alcalde de no posibilitar que la moción se votara.


* Diario de Navarra - 11.03.11
Foto: Orkoien (Navarra) - orkoien.com

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Inauguran un edificio municipal antes de que se use

LAVOZ/Ourense* : Los servicios municipales de Urbanismo se concentrarán, previsiblemente a partir de la Semana Santa, en el edificio de la calle Padre Feijoo cuya restauración fue posible gracias al Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009. La obra, cuya inclusión en los fondos anticrisis fue en su día motivo de polémica, fue inauguró ayer por el alcalde, que destacó el hecho de que se siga avanzando en la recuperación del casco histórico y el efecto positivo de estas actuaciones en la revalorización de locales en la zona. El coste final de esta rehabilitación, según los datos que ayer ofreció el gobierno local, ascendió a 1,7 millones de euros. De esta cantidad, 63.656 corresponde al mobiliario, que fue adquirido con cargo a los presupuestos municipales. La obra fue ejecutada por la empresa Proyecon, de acuerdo con un proyecto del arquitecto Pablo Falcón.

Del edificio histórico del año 1897, que ahora se distribuye en cuatro plantas, se conservan los muros. El anexo nuevo se ha hecho con una estructura mixta de acero y hormigón. En los acabados interiores tiene un amplio uso la madera.

La concejala de urbanismo, Áurea Soto, situó la apertura de este edificio en el marco de los objetivos que ella se marcó cuando accedió al puesto: «devolver ao urbanismo a dignidade e a honestidade, e o interés público, como principio que marque as súas actuacións». De manera expresa aludió la edila socialista a la «mala fama» que en general tiene la condición de concejal de urbanismo y que se presta a bromas, también en programas de televisión, algo que a ella, según dijo, le molesta.

Al acto de inauguración del edificio de urbanismo acudieron representantes de los tres grupos municipales que forman la corporación municipal.



* La Voz de Galicia - 11.03.11
Foto: La concejala de urbanismo, en el centro, con el alcalde y la teniente de alcalde de Ourense - lavoz

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Espacios urbanos cambiantes

GERARDO DEL CERRO* : Como objeto de análisis científico-social, la ciudad ha servido para generar hipótesis de alcance universal pero rara vez se ha utilizado para contextualizar tales hipótesis, quizá porque estamos acostumbrados a pensar en ella como contenedor espacial de los fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales definitorios de la modernidad y sus diferentes post -transformaciones. Como bien afirma Giddens, solo los urbanistas adoptan como objeto de análisis lo que los demás científicos sociales usan como fuente temática. El resultado ha sido frecuentemente una problemática atribución a la ciudad de cualidades universales que todas poseen en todo tiempo y lugar, bien caracterizando el urbanismo como modo de vida específico de la ciudad (Wirth), bien definiendo esta como unidad de consumo colectivo dentro del modo de producción capitalista (Castells).

Una variante reciente del argumento universalista según el cual es posible adivinar en toda metrópolis una serie de atributos comunes y definitorios es la idea de ciudad global que, como centro de producción y control de los flujos financieros transnacionales, evoluciona en la tensión del espacio de los flujos y el espacio de los lugares y la dualización social que provocan. Esta cacofonía global representa en cierto modo una continuación de la vía estructuralista de análisis social en la que la generalización en los resultados antecede a la consideración contextualizada de los procesos que sirven de base a tales resultados.

Pero, pasadas casi cuatro décadas desde que surgieran los primeros análisis sobre la restructuración global del capitalismo, los muy necesarios correctivos comienzan a aparecer. A pesar de su disparidad, todos estos análisis comparten, implícita o explícitamente, la idea de un análisis relacional de los procesos sociales que, por un lado, enfatiza la complejidad de los contextos localizados de acción social y, por otro, asocia los impactos de la globalización a metáforas de fragmentación y yuxtaposición, no dualización. Lo que podríamos llamar versión fuerte de la tesis de la globalización (esto es, el impacto similar, unilinear y no mediado, de factores globales en contextos diferentes) es por tanto difícilmente defendible si se tiende a concebir la ciudad como una red global contextualizada (pero no espacialmente contenida) de flujos societales que no solo operan localmente sino en diferentes escalas espaciales.

Se traslada así la perspectiva desde la globalización a la localización global y a lo que llamaríamos, en directa traducción del termino inglés, glocalización (Robertson), un disonante pero afortunado neologismo que para algunos se ha convertido en símbolo de la necesaria convergencia entre los excesos explicativos de los argumentos globales y las limitaciones analíticas de las perspectivas locales. Puede, por tanto, asumirse una globalización creciente de (o un acceso mayor y más extendido a) los flujos, medios o canales por los que se transmite la información, pero no una homogeneización global de resultados en territorios o lugares específicos; al contrario, la globalización, según Bird, nos acerca a la experiencia de la diversidad cultural.

Esta atención creciente a la localización global de los procesos sociales parece coincidir con un cierto resurgimiento de las interpretaciones de la ciudad como escenario para la producción y el consumo cultural. Aunque no se trata en absoluto de un fenómeno nuevo, su intensidad y el contexto histórico en que se desarrolla sí aportan elementos para su análisis pormenorizado. Por un lado, se ha extendido la legitimación colectiva del uso cultural del espacio urbano, con su referente más claro en las iniciativas de conservación y rehabilitación de centros históricos, que se han convertido en el primer espacio de uso cultural en numerosas urbes occidentales contemporáneas, y en un poderoso reclamo turístico. Pero además de los centros históricos, la totalidad de la trama urbana se va dotando de nuevos espacios dedicados al consumo cultural (museos, galerías, centros de convenciones y congresos, salas de conciertos, hipermercados culturales) y, simultáneamente, muchos espacios de consumo tradicionales van adquiriendo una cierta estética cultural. En consecuencia, la cultura emerge como sujeto de estrategias empresariales y políticas con una importancia de la que había carecido hasta ahora en las metrópolis contemporáneas pues, aunque no toda metrópolis adquiere el rango de global (como nodo articulador en la red financiera internacional), sí puede decirse que un buen número de ellas participa de los flujos culturales transnacionales y produce y experimenta las consecuencias específicas de tales flujos, visibles a nivel local en la presencia e influencia de empresas, trabajadores, turistas y productos extranjeros.

La inmediata consecuencia de todo esto es una mayor atención a la idea de lugar (en sus diferentes escalas territoriales) como eje instrumental de poder social, sin que sea necesario por ello interpretar las radicales transformaciones sociales y territoriales contemporáneas como el origen de una nueva medievalización del mundo debida sobre todo a la supuesta pérdida de control de los estados nacionales sobre sus funciones tradicionales. No es momento éste para retomar la senda weberiana, pero sí para considerar genéricamente la vieja idea del urbanismo entendido en contexto cultural, según la cual "las ciudades conforman contextos en los que las culturas y las sociedades son producidas y transformadas, tanto como las propias ciudades son producidas y transformadas por esas culturas y sociedades". Si lo global se construye y se transforma en territorios específicos, tambien lo local contribuye a la producción de la intersección de múltiples relaciones sociales, procesos, estructuras, prácticas y representaciones que constituye esa dimension socio-económica fluida y cambiante que hemos dado en llamar global.

Muchos barrios urbanos culturales pueden ilustrar la variedad de los procesos sociales intervinientes en lo que Lefebvre denominó genéricamente la producción del espacio. El surgimiento (o reinvención) como espacios culturales de esos barrios urbanos debe mucho a la legitimación general de la cultura y el arte como forma productiva y de vida en Occidente y no solo a los mecanismos de revalorización del suelo que se producen en el área y los desplazamientos poblacionales que ocasionan. Pero, además, las interrelaciones específicas entre localización, la secuencia histórica de transformaciones locales, la configuración de intereses entre los habitantes del área y, muy particularmente, los usos de las representaciones -o imágenes- del lugar por diferentes actores sociales son factores que inciden decisivamente en la continua transformación de los espacios urbanos. Así, la gentrificación es un proceso de constitución de clase dentro de fronteras espaciales.

Si, como señala Bourdieu, "el poder económico es primordialmente la capacidad de poner la necesidad económica a distancia", bien podemos inferir que los barrios urbanos son un ejemplo de poder económico a través del consumo de vivienda como un objeto estético. Los estilos de vida de (algunos) propietarios de viviendas podrían reflejar un empuje hacia el consumo conspicuo, en el que los objetos adquieren su función no a través de una simple designación material, sino, inversamente, como apéndices imaginarios de su poseedor. La gentrificación lleva a las ciudades hacia una nueva organización del consumo basado en el capital cultural. Este proceso funciona como un factor acumulativo para la legitimación política de posibles cambios en el uso del terreno. El turismo, la contemplación y experiencia de un significado urbano recientemente constituido por medio de la apropiación de la historia, incide en y resalta el aspecto consumista de la revitalización del centro de la ciudad.

El paradigma lefebvriano de la producción del espacio contiene corolarios especificos que debemos tener en cuenta. Las dimensiones de producción y consumo han de ser integradas en cualquier análisis de cambio urbano. Aunque la teoría cultural y sociológica ofrece una variedad de propuestas para establecer tal conexión, es el material empírico el que debe indicar la manera particular de hacerlo. Los lazos específicos entre los procesos económicos y políticos, por un lado, y la correlación entre los cambios globales y locales deben ser analizados "de abajo arriba", fieles al espiritu de la grounded theory. La gentrificación, el arte, y el turismo pueden concebirse como productos diferentes de una estrategia política y económica común que demuestre una continuidad histórica: el deseo de los agentes locales en el gobierno y en el ámbito privado de atraer inversiones con el fin de "revitalizar" áreas urbanas centrales. La metáfora de la máquina de crecimiento sugiere, por otra parte, la aparición de procesos, inducidos localmente, de formación de coaliciones entre intereses políticos y económicos. Finalmente, el desarrollo histórico de los barrios urbanos puede proporcionar pistas interesantes para contextualizar adecuadamente las transformaciones contemporáneas. Todo ello puede contribuir, primero, a establecer la relación local-regional-nacional-global con respecto al cambio económico y cultural (es decir, a tomar en serio la idea de que los actores sociales construyen las escalas espaciales, que no deben ser reificadas), y en segundo lugar, a conseguir una comprensión significativa y específica de la tesis de la terciarización de la economía en un contexto local.



* Gerardo del Cerro, Doctor por la New School for Social Research de Nueva York y por la Universidad Autónoma de Madrid

* Deia - Opinión - 27.02.11

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Llega a la fase final el juicio del caso 'Minutas' donde está imputado Del Nido

ELMUNDO/Marbella* : El juicio del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades detectadas en los encargos realizados por el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) al letrado José María del Nido, ha llegado a su fase final, al terminar este jueves las testificales. La previsión es que el fiscal presente las conclusiones definitivas la próxima semana, en concreto, el jueves, a lo que le seguirá el resto de las partes. Asimismo, se prevé que el ministerio público comience a exponer su informe final el día 31 de marzo y luego lo hará la otra acusación, en representación del Ayuntamiento de Marbella, y las defensas de los acusados. En la sesión de este jueves, han declarado dos testigos, uno por vídeoconferencia, y aunque restaban varios testigos, se ha dado por terminada esta fase.

El motivo ha sido que uno de estos testigos, el hermano de Maite Zaldívar, propuesto por el Consistorio, está de viaje; mientras que otros, uno miembro del Tribunal de Cuentas, han fallecido. En esta sesión ha comenzado también la fase documental y las partes han propuestos documentos y han impugnado la validez de otros.

La Sección Tercera de la Audiencia de Málaga comenzó el 6 de abril de 2010 las sesiones de este juicio, en el que están acusados Del Nido, que estuvo declarando durante 10 jornadas; el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, el ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, y otras 14 personas más. Tras la declaración de los procesados durante tres meses, la vista oral entró en fase testifical.

Así, como testigo han declarado el interventor municipal y el que fuera tesorero de Marbella, además de varios asesores jurídicos de la época y ahora, ex ediles y actuales concejales de la corporación municipal. La causa se inició a raíz de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción en 2006, tras analizar el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre el Consistorio.

El ministerio fiscal sostiene en sus conclusiones provisionales que la contratación de los servicios profesionales del presidente del Sevilla, sobre todo para la fiscalización que llevó a cabo el Tribunal de Cuentas respecto al Ayuntamiento marbellí, "estuvo basada exclusivamente" en la voluntad del entonces alcalde, Jesús Gil, "sin" el preceptivo expediente.

Indica en su escrito inicial, al que tuvo acceso Europa Press, que Muñoz, que habitual y formalmente presidía y participaba en las juntas de gobierno local, "le adjudicaba los servicios y el ejercicio de las acciones concretas, mediante decretos inmotivados, al tiempo que se promovía que la comisión de Gobierno aprobara el gasto correspondiente".

De este modo, la acusación pública sostiene que se pretendía "una maquinación defraudatoria estable y progresiva, al menos desde el año 1999, planeada por los acusados con absoluto desprecio a los intereses públicos y en grave perjuicio de las arcas municipales", señala el ministerio fiscal, quien apunta a un comportamiento "despatrimonializador".

Del Nido, por su parte, siempre ha justificado el trabajo realizado y ha asegurado que recibió órdenes de impugnar la fiscalización del Tribunal de Cuenta, pero no tuvo la misión de retrasar la tarea "ni tuve conocimiento de que se obstaculizara la labor fiscalizadora". Negó que creara una espiral procesal para cobrar minutas que no debía.

El acusado defendió el trabajo que realizó y dijo que impugnar la fiscalización "no era contrario a los intereses públicos". Además, rechazó que hubiera duplicidad en las facturas y precisó que cobró "por la actuación profesional que realicé". De hecho, dijo que sólo ha podido liquidar con el Ayuntamiento las minutas que no son litigiosas.

"Me pareció que la actuación profesional era necesaria, me pareció que la actuación profesional fue efectiva y afortunadamente el Colegio de Abogados de Madrid y el Tribunal de Cuentas han declarado, en resoluciones firmes, que mi actuación profesional generó para el Ayuntamiento de Marbella y para sus sociedades mercantiles participadas miles de millones de pesetas de beneficios", apostilló.



* El Mundo - Ep. - 10.03.11
Foto: Del Nido en una imagen de archivo. | ELMUNDO.es

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El consejero de Transportes de Aguirre no sabe que existe el Metrobús

PÚBLICO/Madrid* : El consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, José Ignacio Echeverría, ha protagonizado hoy una inexplicable metedura de pata, dejando ver que desconoce la existencia del 'Metrobús'. El título de transportes usado por millones de personas en la capital "no existe" para su responsable, quien además ha recriminado entre risas al portavoz socialista de Transportes en la Asamblea, Modesto Nolla, que hablara del mismo. "Lo primero que le quería preguntar ¿qué título utiliza usted para coger el transporte público? Creo que no lo coge nunca porque el Metrobús yo creo que no existe y entonces, si usted tiene el título del Metrobús... ¡Pues nos vamos todos! ¡qué no existe!", ha dicho el consejero entre risas. Sus palabras fueron respondidas con un cerrado aplauso desde la bancada del PP, Esperanza Aguirre, Ignacio González y Francisco Granados incluidos.

El precio del citado título -que existe desde 1998- subió en 2010 un 22%, desde los 7,40 euros hasta los 9. Actualmente cuesta 9,30 euros. El propio Echeverría anunció la subida que fue muy protestada por los usuarios.
Huida hacia adelante

Pese a que fuentes de la Consejería han pedido disculpas a los ciudadanos, a la Asamblea de Madrid y al diputado socialista Modesto Nolla por la "confusión" en su nombre, posteriormente el propio Echeverría ha tratado de justificar su metedura de pata. "El Metrobús es un título que puede estar contemplado dentro de lo que es el abono de 10 viajes", ha asegurado.

"Lo que ahora es el título general es el de diez viajes y dentro del de 10 viajes hay muchas categorías: hay un Metrobús como puede haber otras cuestiones", ha señalado, al tiempo que ha explicado que lo que intentaba decirle al diputado del PSOE, Modesto Nolla, era que "se había quedado anticuado".

"Lo que le he querido decir a este señor es: 'no me hable usted del Metrobús, no me sea usted tan antiguo, y hábleme del billete de diez viajes que es el que utilizamos todo el mundo'", ha indicado.

"¿De verdad ha dicho eso?"

Nolla había criticado en su turno de palabra que la Comunidad de Madrid se negaba a contribuir a la bajada del precio del transporte colectivo al negarse a rebajar el "5% (del precio) del Metrobús". Por si quedan dudas la web del propio Consorcio regional de Transportes denomina al título de transportes de diez viajes como Metrobús.

En los pasillos de la Asamblea esta afirmación del consejero se ha convertido en el tema de conversación más candente. "¿De verdad que ha dicho eso?", han preguntado algunos diputados que en ese momentos no han escuchado la afirmación.

Como viene siendo habitual los internautas se lo han tomado con una mezcla de indignación y de humor y los #echeverríafacts son la sensación del momento en la red de microblogging.



* Público - 10.03.11
Foto: Arriba, el consejero de Transporte de Aguirre, José Ignacio Echeverría. Abajo, un billete de Metrobús

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Las viviendas ilegales en el Almanzora se elevan a 12.697 y duplican la estimación inicial

LAVANGUARDIA/Almería* : El número de edificaciones en suelo no urbanizable detectadas en diez municipios del Valle del Almanzora duplica la estimación realizada por la Junta de Andalucía hace tres años ya que se eleva, según se desprende de los inventarios realizados por los ayuntamientos, a un total de 12.697, de las que 920, en su mayoría viviendas, no podrán ser "reconocidas" mediante la nueva figura urbanística de "asimilado fuera de ordenación", que permitirá a sus propietarios tener acceso a "unos mínimos servicios" como luz, agua o alcantarillado "en régimen de autosuficiencia".

La cifra la ha dado a conocer en rueda de prensa la consejera andaluza de Obras Públicas, Josefina Cruz, quien ha matizado que los 11.777 inmuebles suceptibles de ser regularizados no serán "legalizados" a través del decreto anunciado hace unos días sino que serán "reconocidos como una realidad" para, de este modo, facilitar que se les pueda conceder una licencia de primera ocupación para el acceso a los citados servicios básicos, que deberán, ha añadido, correr por cuenta de sus dueños para no incurrir en "injusticia" con aquellos que "adquirieron una vivienda legal y contribuyeron a que el Consistorio sufragase esas infraestructuras".

Los inventarios que arrojan que "no hay opción legal" para un 7,2% del total de las edificaciones sobre suelo no urbanizable detectadas se han realizado en los municipios de Albánchez, Albox, Arboleas, Cantoria, Fines, Líjar, Lubrín, Oria, Partaloa y Zurgena, los que, según ha señalado Cruz, "tenían más problemas" en materia urbanística de entre las 29 localidades que integran el Valle del Almanzora.

En esta zona -ha revelado- la Junta ha impugnado un total de 83 acuerdos de pleno municipal al considerar que concedían licencias de obras irregulares y ha tramitado un total de 163 denuncias. Ha declinado, sin embargo, precisar cuántas están sometidas al proceso penal o a un contencioso-administrativo, y, por tanto, pendientes de que una sentencia judicial decrete su demolición.

En concreto, los ayuntamientos y la administración autonómica han localizado de manera conjunta 534 edificaciones levantadas en suelo que goza de especial protección, por lo que la infracción administrativa "no prescribe nunca" y no existe "una opción legal", y otras 386 que se encuentran bien en proceso de construcción o bien cuentan con menos de cuatro años de antigüedad, por lo que estarían en el mismo caso que las anteriores.

"Casuística enorme"

En estos casos, ha avanzado que la Junta "iniciará los procesos" necesarios para restaurar la legalidad y proceder a la demolición. Para el resto, las 11.777 edificaciones entre las que ha reconocido existe una "casuística enorme", existirán tres vías que pasan, en primer lugar, por los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) que están elaborando los diez municipios afectados.

En estos casos, las viviendas, dependiendo de su localización y su ubicación próxima al núcleo urbano, quedarían dentro de suelo urbanizable y, por tanto, "legalizadas". Si la situación del inmueble o el grupo de inmuebles es aislada, el decreto que proyecta el Gobierno andaluz incluye el desarrolló de dos figuras bajo la denominación de "asimilado a fuera de ordenación" y "hábitat rural diseminado" que, si bien no los legalizan, si "reconocen su existencia" y posibilitan su acceso a servicios básicos aunque "tendrán muy acotadas las infraestructuras", ha subrayado.

"La idea es que cada una de estas viviendas sea autosuficiente, que cada vivienda tenga su placa solar o su pozo. Obviamente, dependerá de su ubicación y de las características de una u otra. Así, que el dueño tendrá que presentar un proyecto de actuación al Ayuntamiento para que este elabore un informe y le autorice de una manera u otra la dotación de esos servicios", ha explicado.

Cruz, quien ha trasladado la intención del Gobierno andaluz de "ser contundentes" para que "este fenómeno no se extienda", ha detallado que, una vez facilitados los inventarios a los consistorios, se iniciará un proceso "no inmediato" para, lo que a su juicio, es "dar cobertura" a unas edificaciones que ahora dejarán de estar en un "limbo legal" y solucionar un problema "de ocupación ilegal del territorio".

Los propietarios son, en su mayoría, residentes británicos

En este punto, y tras reconocer que en el mencionado "problema" existe "responsabilidad compartida", ha criticado a los propietarios de los inmuebles ilegales que, en el caso del Valle del Almanzora son, en su mayoría, ciudadanos residentes británicos. "Es evidente -ha asegurado- que cuando se ha construido de forma ilegal en lo que respecta a nuestra legislación, los gastos serán a costa de aquellos que han construido sin las autorizaciones pertinentes en suelo clasificado como no urbanizable".

"Sean cual sea su origen, aquellos que promueven una casa ilegalmente, que contraviene la normativa incurren en una falta de respeto a lo que significa nuestra legislación y nuestro territorio", ha asevera para, a continuación, trasladar su "sorpresa" ante "posicionamientos a favor de una situación de reconocimiento de la ilegalidad".

"Las responsabilidades son compartidas pero la primera es de quien levanta una vivienda en suelo no urbanizable. Hay una casuística enorme y el papel de los ayuntamientos en cada caso ha sido diferente. Estamos haciendo un gran esfuerzo para dar cobertura a este tipo de edificaciones que no se han levantado con criterios que marca la normativa", ha precisado Cruz.



* La Vanguardia - Ya Encontré - EP. - 10.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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El esperpento urbanístico de Marina de Valdecañas es ilegal y debe derribarse

ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Extremadura estima la demanda de Ecologistas en Acción ordenando la restitución de los terrenos protegidos a su estado anterior. El proyecto consistía en la construcción de más de 550 viviendas, equipamientos hoteleros, un campo de golf de 18 hoyos y puerto deportivo. La promotora urbanística “Marina de Valdecañas”, contó con el apoyo y connivencia del Gobierno de Extremadura, que declaró el proyecto como Proyecto de Interés Regional (PIR). El área de ubicación del complejo urbanístico cuenta con importantes valores naturales por lo que formaba parte de la Red Natura 2000 dada su declaración de Zona de Especial Protección Para las Aves (ZEPA Embalse de Valdecañas), y afectaba a su vez a áreas declaradas Lugares de Interés Comunitario (LIC). Este humedal tiene importancia internacional por las especies que lo habitan, muchas en peligro de extinción.

El TSJ de Extremadura, tras analizar los valores naturales protegidos señalados en la Directiva 92/43/CEE habitas, así como la normativa ambiental aplicable a nivel estatal y autonómico, da por buenos los argumentos de Ecologistas en Acción en su impugnación del Decreto.

Además, el TSJ estima que la capacidad planificadora de los PIR, regulado por el art.60 y ss. de la Ley del suelo de Extremadura, no es ilimitada y que deben atender a los criterios generales contenidos en la propia Ley del Suelo de Extremadura. Este PIR reclasificó 1.340.000. metros cuadrados que pasaron de no urbanizables de especial protección a urbanizable.

El TSJ sentencia que no se ha motivado suficientemente ni la justificación del proyecto ni su utilidad pública o interés social. Entendiendo además que el proyecto no se adecua a la figura del PIR. El TSJ recuerda al Gobierno Autonómico que el PIR solo se concibe para aplicar a viviendas sometidas a promoción pública, y no a complejos hoteleros y de ocio.

Por último, la sentencia considera que hay falta de motivación en la elección del emplazamiento (aprobado por el Decreto 55/2007, de 10 de abril) toda vez que se actúa sobre un suelo no urbanizable de especial protección. Como alegó Ecologistas en Acción en su demanda, en modo alguno se motiva que sean esos terrenos “de protección ambiental extrema” los más idóneos para el interés social de proyecto, sin conocerse si era admisible la ubicación del proyecto en otros terrenos con menor protección o incluso sin protección.

Por ello Ecologistas en Acción celebra la Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Extremadura, que supone un nuevo varapalo jurídico en materia ambiental para el Gobierno Extremeño y evidencia la falta de sensibilidad de éste con la sostenibilidad, el medio ambiente y los enormes valores ambientales que posee esta comunidad autónoma. En tal sentido Ecologistas en Acción solicitará al ejecutivo extremeño, así como del la Confederación Hidrográfica del Tajo, el cese inmediato de las obras y la restitución del espacio a su estado anterior.

Por último, Ecologistas en Acción muestra su preocupación por la integridad física de sus activistas en la zona, pues han sido objeto de múltiples ataques desde hace tiempo. Estos ataques (a sus automóviles, viviendas y personas) han sido motivados por oponerse a este proyecto urbanístico. Ecologistas en Acción confía en que el ayuntamiento de El Gordo y la Subdelegación del Gobierno en Cáceres velen por la seguridad de los miembros de Ecologistas en Acción en la comarca.



* Ecologistas en Acción - 11.03.11
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org

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Un juez impide a una inmobiliaria echar a una anciana de su casa tras la muerte de su marido

20MINUTOS/Barcelona* : Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº29 de Barcelona ha impedido que una inmobiliaria echara a una anciana de su casa tras la muerte de su marido, que era el titular del contrato de alquiler. Según explica el escrito del juez, el contrato fue firmado el 1 de mayo de 1971 cuando la Ley no otorgaba la mayoría de edad a las mujeres, impidiendo que estas pudieran firmar este tipo de documentos, por lo que fue su marido quien formalizó la firma en nombre de ambos. No fue hasta 1975 que la Ley otorgó la mayoría de edad a las mujeres y, a partir de entonces y en este tipo de casos, se debía informar al arrendador de la muerte del cónyuge titular del contrato, en un plazo de tres meses para seguir mantenido el alquiler.

Por este motivo, la inmobiliaria entendía que la anciana, al no haber informado de la muerte de su esposo, daba por finalizado el contrato de alquiler del piso en el que vivía desde hacía 42 años, e instaba a la demandada a que lo abandonara.

El juez recuerda que el contrato fue firmado con anterioridad a la reforma de la normativa y que en el mismo se explicita que el estado civil del titular era casado; además, expone que ha quedado demostrado que el arrendatario conocía que la mujer convivía con su cónyuge en el piso.

El juez ha desestimado la demanda de la inmobiliaria impidiendo que la mujer fuera desalojada al entender que, pese haber un sólo firmante, la anciana era cotitular del contrato de alquiler.



* 20 Minutos - EP. - 10.03.11
Foto: Se alquila, cartel - ladrillos

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El Puerto.- Y ahora, la Casa de las Cadenas

DIARIODECÁDIZ* : Cuando acaban de lograr eludir la cárcel tras abonar 30.000 euros de fianza cada uno, y a punto de sentarse en el banquillo de los acusados por las construcciones ilegales de Pinar de Coig, en un juicio fijado para el lunes de la semana próxima, otro viejo asunto pide cuentas a la 'cúpula' de Urbanismo del anterior gobierno de Independientes Portuenses entre 2003 y 2007 en coalición con el PSOE: al exedil Juan Carlos Rodríguez y al jefe de Disciplina Urbanística y jefe de Licencias del Ayuntamiento portuense Fernando Jiménez Fornell. Se trata de la demolición del protegido edificio de la Casa de las Cadenas, el gravísimo atentado contra el patrimonio de la localidad por el que la Consejería de Cultura impuso al Ayuntamiento de El Puerto la máxima sanción administrativa contemplada en la legislación, 150.000 euros, y que fue denunciado por IU.

En este asunto, como en el de Pinar de Coig, además de Rodríguez y Jiménez Fornell, está imputado también el exalcalde Hernán Díaz, que ya fue condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación.

El Ministerio Fiscal acaba de enviar al Juzgado 3 de El Puerto (el mismo que lleva las diligencias que han motivado el apresamiento de Rodríguez y el técnico municipal) su calificación de los hechos, en los que pide para los tres, para Díaz, Rodríguez y Jiménez Fornell, exactamente la misma pena: nueve años en total de inhabilitación para cargo o empleo público.

El fiscal considera que Hernán, Rodríguez y Fornell conculcaron la Ley con el propósito de permitir la demolición del edificio histórico con el objetivo de dejar construir en el solar con fines especulativos.

El representante del Ministerio Público acusa por ello a los tres autores de sendos delitos de prevaricación y desobediencia. Por el primero, les reclama ocho años de inhabilitación, y por el segundo, un año d inhabilitación y una pena de multa de siete meses con cuota diaria de 18 euros, 3.780 euros en total a cada uno.

Junto a ellos, el fiscal acusa a dos representantes de Rufino Naves, la empresa que perpetró la demolición del edificio, Rufino Naves Llaneza y Juan Naves Arambarri, de un delito contra el patrimonio histórico. Y pide para cada uno de ellos una pena de dos años de prisión, y una multa durante 18 meses, con cuota diaria de 18 euros, 9.720 euros en total.

El Ministerio Fiscal, como en su día hizo en primer término el magistrado, deja fuera al arqueólogo municipal y director del Museo Municipal Francisco Giles Pacheco, pidiendo el sobreseimiento en su caso al no quedar acreditada su participación en los hechos.

La demolición se ejecutó en 2004 tras dos intentos frustrados previos. Uno, protagonizado en 2002 por José Pinto (al que el magistrado dejó fuera de la causa), entonces propietario de la Casa de las Cadenas, quien pidió la declaración de ruina al Ayuntamiento, y que vendió a finales de ese año a Rufino Naves la propiedad. Y otro en 2003, a instancias de los nuevos dueños, , cuando Hernán Díaz firmó un decreto para iniciar un expediente de modificación del Plan general para cambiar la catalogación de la protegida finca.

Este camino emprendido para obtener la demolición y posterior construcción de otro edificio "parece que quedó estancando habida cuenta de la no continuación del expediente, por lo que la empresa Rufino Naves, de acuerdo con los responsables del Ayuntamiento, utilizó otra vía", anota el escrito de calificación fiscal. El nuevo atajo intentado, y definitivo a la postre, se gestó en julio de 2004, cuando Juan Ignacio Naves presentó un escrito al Ayuntamiento en el que notificaba el deterioro físico de la finca, por grietas, deformación de vigas e inexistencia de forjado, por lo que pedía que se le autorizara el derribo. Y es en este punto donde comienza la a juicio del fiscal delictiva actuación de los representantes municipales. Primero, de Jiménez Fornell, quien realizó un informe en el que sostenía que, por presentar el edificio ruina inminente, el alcalde estaba habilitado para disponer las medidas precisas. Así, "se conseguía evitar la intervención de la Consejería de Cultura y que se adoptaran medidas alternativas y prioritarias a tal demolición, medidas de protección y conservación que el Ayuntamiento había omitido durante años", sigue el escrito fiscal. Rodríguez dictó un decreto, en el que ordenada a Rufino Naves la demolición. Y Hernán concedió la licencia a final de agosto.

Cultura, al enterarse de las obras, ordenó la paralización enviando dos requerimientos que, dice el fiscal, "fueron desoídos por los responsables municipales". Tanto es así que Hernán, dice el Ministerio Público, en un escrito, le dijo a Cultura que se dirigiera a la empresa, "propiciando, con la dejación y desatención del requerimiento que les era dirigido, que por parte de Rufino Naves se concluyeran las obras de demolición el 4 de octubre de 2004, resultado al que se dirigió toda la actuación de los acusados desde un principio".

A la empresa, no le reclamaron la paralización hasta el 4 de octubre, "cuando la demolición ya era un hecho".



* Diario de Cádiz - 9.03.11
Foto: Una imagen de archivo de la parte posterior de la Casa de las Cadenas, tras su demolición en agosto de 2004.- diariocadiz

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Corrupción: ¡indignaos!

FRANCISCO SOSA/MERCEDES FUERTES* : Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas. Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos. Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?

Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.

Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.

Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.

El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.

¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.

Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.

Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.

El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.

El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.

Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.

Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
* Francisco Sosa Wagner, Catedrático y Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo

* Diario del Derecho - 8.03.11

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Málaga.- Los operarios que reformaron el piso del concejal hicieron obras municipales

MÁLAGAHOY* : Los mismos obreros que ejecutaron la polémica reforma de la vivienda del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz Guirado, realizaron varias obras municipales en diversos distritos de la capital por encargo de una o varias de las empresas vinculadas a Enrique Vega, supuesto mediador en la concesión de la piscina de Puerto de la Torre. Este extremo fue confirmado a este periódico por Roman Sulzycki, padre del operario que solicitó la licencia para la adecuación del piso del edil del PP. Sulzycki, en una conversación mantenida con este periódico, señaló que fueron "muchas" las actuaciones que recibían algunas de las firmas de Vega, entre las que mencionó por ejemplo Urbacon (de la que Vega fue administrador único hasta abril de 2009), por parte del Consistorio y que, posteriormente, les eran subcontratadas a ellos.

Si bien no supo precisar un número exacto, sí señaló que alguna de estas actuaciones se localizaron en Palma-Palmilla e hizo hincapié en que hubo muchos encargos para la adecuación y mejora de colegios públicos.

Según expuso, junto a su hijo creó una pequeña empresa de construcción a la que acudía Vega para poder realizar ciertas intervenciones. De hecho, según comentó, ha estado recibiendo pedidos por parte de este empresario durante "unos tres años y medio". Sulzycki mostró su malestar con el trato recibido por Enrique Vega, puesto que, según afirmó, tiene problemas de pago por las obras realizadas. Este periódico trató de conocer la versión del empresario ante las aseveraciones de Roman, sin que ello fuera posible.

"Siempre cogía buenos trabajos del Ayuntamiento", explicó, al tiempo que recordó cómo el empresario vinculado a la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, que investiga un juzgado para dilucidar la posible existencia de un presunto delito de cohecho, "muchas veces, porque yo trabajaba bien, me decía que por qué trabajaba tan rápido; me decía que fuese más lento". El nombre del hijo de Roman ha salido a relucir porque fue a él al que el edil del PP responsabilizó de que la licencia que se pidió y se concedió para la reforma de su casa se correspondiese con un proyecto valorado en 1.700 euros, cuando el coste final de los trabajos se ha elevado a unos 12.000, según Díaz.

Hay que recordar que, según admitió el concejal el pasado mes de febrero, los obreros que hicieron la adecuación de su piso le fueron recomendados por el propio Vega.

De acuerdo con la información facilitada por el equipo de gobierno del PP en octubre de 2009 sobre contratos menores adjudicados entre 2006 y finales de 2009 en los diez distritos de la ciudad, hay al menos 14 proyectos que recayeron en manos de dos firmas vinculadas a Vega, la ya mencionada Urbacon y Servicios Integrales LJS. Intervenciones valoradas en unos 434.000 euros.

Entre las acciones realizadas en este periodo por Urbacon se pueden mencionar en 2007 la mejora en los colegios Los Ángeles y Ciudad Mobile, por 30.000 euros cada una; en 2008, dos actuaciones de acerado y asfaltado en La Roca y Martiricos, por otros 30.000 euros cada una, y la mejora en colegios Cerro Coronado y preescolar Martiricos, por 45.000 euros. Todas estas obras tuvieron lugar en Palma-Palmilla.

Pero no fue el único barrio donde Urbacon actuó. A las mismas se pueden sumar, según los datos municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas en El Palo y Pedregalejo (30.000 euros), obras de reforma y mejora en el colegio público Las Flores, en Ciudad Jardín (30.000 euros) y obras de microactuaciones en la barriada Parque del Sur y adyacentes, por otros 30.000 euros.

En el caso de Servicios Integrales LJS, el listado de contratos municipales entre 2006 y finales de 2009 incluye obras en zonas verdes en Palma-Palmilla, por 30.000 euros; dos contratos para zonas verdes en los sectores de La Roca y Martiricos, por 60.000 euros en total (ambas datan de 2008); mejoras en el colegio público Hogarsol y otras del distrito de Carretera de Cádiz, por 30.000 euros, y el mantenimiento de parques y jardines de este distrito, por otros 28.879 euros.

Más allá de los contratos menores de los distritos, el propio Ayuntamiento informó hace algunas semanas de que estas dos firmas, más otras dos vinculadas a Vega (Sermacon Seguridad, S.L. y Sermacon Servicios Auxiliares) habían recibido contratos por 1,1 millones de euros, aproximadamente. En este último periodo, la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, contrató a Urbacon para la realización de dos obras del primer plan Zapatero y del Proteja, por 537.864 euros. A éstas se suman otras obras por 343.000 euros por parte de otras áreas del Consistorio.



* Málaga Hoy - 9.03.11
Foto: Málaga, concejal Urbanismo y alcalde - diariosol

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Cómo nos dejamos engañar por los Bancos




* YouTube - pedromallozzi - 6.10.08


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Alhendín tendrá que pagar por unas obras inacabadas

LAOPINIÓN/Granada* : El Ayuntamiento de Alhendín, gobernado por el PSOE, ha sido condenado por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Granada a pagar dos millones de euros por las obras de un polideportivo que la anterior corporación municipal, del PP, inauguró antes de terminar. La sentencia ha sido dada este viernes a conocer en rueda de prensa por el alcalde, Miguel Ángel Gamarra (PSOE), quien ha informado de que el PP pretendía financiar las obras por medio de un convenio que preveía cesiones por aprovechamiento urbanístico del polígono industrial Marchalhendín. Ese convenio fue considerado ilegal por el juez que instruye la presunta trama de corrupción urbanística conocida como 'caso Marchelo', en el que hay 15 imputados, entre ellos el ex alcalde y al ex edil de Urbanismo del anterior gobierno del PP por supuesta prevaricación y cohecho.

Por el impago de las certificaciones emitidas para la ejecución de las obras del polideportivo ha sido condenado ahora el Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia.

Según Gamarra, el pabellón deportivo fue inaugurado por el anterior equipo de gobierno el 31 de marzo de 2007, pero no entró en funcionamiento porque las obras aún no estaban acabadas y porque el inmueble presentaba además "numerosas deficiencias".

El presupuesto total del pabellón cubierto ascendió a 3,8 millones porque aunque se licitó por 2,5 millones, con posterioridad se hizo un modificado de proyecto por valor de 1,2 millones.

La actual corporación lleva invertidos más de 300.000 euros para la puesta en funcionamiento de parte de las instalaciones, según Gamarra.


* La Opinión Granada - 7.03.11
Foto: alhendin -ideal digital

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El juez interviene la promotora que debía descontaminar una urbanización en Derio

ELCORREO/Vizcaya* : El Juzgado Mercantil nº1 de Bilbao ha aceptado finalmente la solicitud presentada por la promotora Arco Atlántico para acogerse a la Ley Concursal. Ahora, la sociedad será intervenida judicialmente y los administradores que designen los magistrados supervisarán cada una de las decisiones de cierto calado que tome el consejo. La suspensión de pagos del grupo inmobiliario es de una importancia capital ya que, entre otras cuestiones, compromete la limpieza de la parcela Rementeriñe de Derio, donde los planes iniciales preveían levantar casi dos centenares de chalés. Una urbanización de 300 pisos en Llodio quedaría, en principio, al margen de la problemática, ya que la empresa ha iniciado la venta del suelo a Balzola.

La difícil situación económica que atraviesa la firma ha puesto en alerta a un buen número de proveedores y también a las ocho familias que compraron su vivienda adosada o unifamiliar en el barrio de San Isidro de la localidad del Txorierri, pero que se negaron a escriturar por la aparición de residuos tóxicos en la zona, después de haber adelantado hasta 200.000 euros. El pasado verano, el Gobierno vasco multó a la compañía y la obligó a sanear el terreno, que durante décadas se empleó como vertedero de residuos industriales. Sin embargo, «nada» se ha hecho desde entonces, denuncian los afectados. La limpieza de la parcela, en la que aparecieron restos de aceite y metales pesados, podría suponer una factura de varios millones de euros. Por ello, y dadas las penurias económicas que los gestores de Arco Atlántico han puesto en conocimiento de los jueces, las personas que se han visto arrastradas en lo que consideran «una trampa» urbanística estiman que las labores de limpieza «nunca llegarán a efectuarse».
El pasado mes de noviembre, cuando recurrieron a la Justicia para protegerse de sus acreedores, los gestores de Arco Atlántico garantizaron que cumplirían el mandato del Ejecutivo autonómico y que procederían a eliminar la masa de vertido existente en Rementeriñe. Para ello, la promotora dijo contar con una partida de dinero reservada, donde se incluían unos 260.000 euros que cobraron de los anteriores propietarios de los terrenos. En aquel momento, también afirmaron que el inicio de las tareas de descontaminación era una cuestión de semanas, sino de días. Una afirmación que también suscribió entonces el alcalde de la localidad, Lander Aiarza. Sin embargo, lo único que se ha hecho este invierno ha sido una limpieza superficial del entorno, con la eliminación de parte del material de obra y de escombros. Ayer, este diario se intentó poner en contacto con Arco Atlántico, a través de su agencia de prensa, como hizo hace cuatro meses. Esta vez, los responsables de comunicación no ofrecieron respuesta.
Responsables subsidiarios
En gran medida, el futuro de Rementeriñe quedará en manos de los administradores judiciales que ahora sean designados. Ellos serán los que comprueben 'in situ' si la compañía tiene fondos para cumplir el compromiso o si, como sospechan los afectados, no hay patrimonio suficiente para sufragar la compleja operación. Recientemente, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco advirtió al Consistorio de Derio de que debería de hacerse cargo de los trabajos de forma subsidiaria, en el caso de que Arco Atlántico quebrase.
Las ocho familias que se han negado a escriturar mostraron ayer su disposición a presentarse como acreedores en el proceso abierto. «A fin de cuentas, hemos entregado un dinero muy importante y no nos han dado lo que nos prometieron», apuntó uno de los afectados. «De esta forma, además, podremos tener información de primera mano de todo lo que suceda», añadieron.
El conflicto de Rementeriñe ha causado una gran confrontación social en Derio. Incluso el PNV llegó a buzonear un escrito en el que se acusaba a las familias que se opusieron a recepcionar su casa de provocar con su actitud la bancarrota de Arco Atlántico.



* El Correo - 9.03.11
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com

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Roca insiste en que llegó rico a Marbella, «no en un seat panda»

SUR/Málaga* : Juan Antonio Roca no se arruga. Lleva cuatro sesiones declarando ante el fiscal cómo amasó un patrimonio valorado en más de 210 millones. El principal acusado del 'caso Malaya' recurre con frecuencia a la arrogancia para explicar que fue gracias a sus 'negocios' como consiguió su enorme fortuna. Una y otra vez Roca ha negado estos días, y ayer también, el origen ilícito de su capital y por tanto que su enriquecimiento estuviera vinculado a su posición de controlador del urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, adonde llegó en 1991. «El señor Roca no llegó a Marbella en un seat panda, como dijo en una ocasión la policía, sino que llegó con dinero físico y contante y sonante; invirtió en Marbella, después desinvirtió y volvió a invertir en otra cosa», contestó irritado al fiscal Anticorrupción, Juan Carlos López Caballero.

Roca se mostró agrio durante el interrogatorio de López Caballero a quien interrumpió en varias ocasiones, llegando incluso a invertir los papeles, a preguntar él al representante del Ministerio Público, por lo que fue reprendido por el presidente del tribunal.
Insistió en que cuando llegó a Marbella en 1984 lo hizo «con dinero en efectivo y letras del Tesoro». Luego, en 1990, cifró sus bienes en 500 millones de pesetas, cantidad que el representante del Ministerio Público estima que es menor, ya que se calcula que su patrimonio en 2006 era de 210 millones de euros. «No me salen las cuentas», le advirtió López Caballero a Roca, a lo que éste rápidamente le contestó «¿Quiere que se las haga yo?».
«Un señor fenomenal»
El presunto cerebro de la corrupción urbanística, una vez más, admitió abiertamente que realizó inversiones con dinero «opaco» a Hacienda. De hecho, esa parece ser su estrategia de defensa para defenderse de las acusaciones de blanqueo de la Fiscalía Anticorrupción. Así, durante el interrogatorio reconoció que compró dos apartamentos en Marbella en 1989 por más de 140 millones de pesetas a través de dos sociedades gibraltareñas, que, dijo haber adquirido con dinero no declarado al fisco. «¿Tener oculto un dinero a Hacienda es un mérito para usted?», le preguntó el fiscal. Roca titubeó por primera vez: «Yo estoy tratando de demostrar que tenía dinero, que estaba oculto sí, pero que tenía dinero físico. No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, ni digo que fuera un señor fenomenal por no pagar».
En otro momento de la declaración, al ser preguntado por el fiscal que por qué pidió un crédito de 57 millones al banco si tenía 500 millones de pesetas, Roca replicó sarcástico: «Cómo voy a decirle al banco que tengo 500 millones en efectivo, qué hago, ¿lo meto en una bolsa y se lo enseño?».
El acusado se mostró alterado cuando López Caballero le reprochó el «descomunal desequilibrio existente entre sus ganancias y su patrimonio» y en el tira y afloja dialéctico le cuestionó por lo contradictorio que resulta que sus inversiones de mayor cuantía las realizase en una época de crisis económica (década de los noventa). «Yo siempre he comprado en época de crisis. Y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal», se justificó.
Abundando en la misma línea, el representante del Ministerio Público le recordó que en 1991 estaba inscrito en el paro. «Estaba inscrito porque interesaba, porque así se podía hacer una deducción empresarial. Pero yo ya estaba trabajando en el Club Financiero», explicó. El fiscal le sacó también que en esa época presentaba el «perfil» de una persona carente de ingresos, incluso, como «dato objetivo», le ha mencionado que en 1991 devolvió una letra de seis mil euros. «Mire usted, eso no significa que no tenga dinero. Todos los empresarios devuelven letras y no porque no tengan dinero. Si eso fuera así entonces en este país no tendría dinero ni Dios».
Respecto a Montserrat Corulla, acusada de ser su testaferro, Roca dijo que la contrató él y que tenía un salario de alta dirección de 4.000 a 5.000 euros mensuales.



* SUR - 8.03.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy

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Orpesa rehúsa indemnizar a vecinos de Platgetes y abre otro frente judicial

LEVANTE/Castelló* : El pleno de Orpesa desestimó 12 reclamaciones de responsabilidad patrimonial presentadas por vecinos de la urbanización Platgetes de Bellver por los daños ocasionados a sus viviendas durante las obras de urbanización acometidas por Sedesa. Con esta resolución, cuestionada por el portavoz nacionalista Josep Lluís Romero, se abre la vía al recurso de reposición y al contencioso, que puede llevar al consistorio a pagar cuantiosas indemnizaciones a los demandantes. Las mismas que ya han reclamado otros 9 afectados que en octubre de 2010 recibieron idéntica respuesta. Es el enésimo contencioso al que se verá abocada la corporación tras lo ocurrido con los edificios Portomar y Bernat, el primero ya demolido y el segundo a punto, tras sendas sentencias del TSJ de la Comunitat Valenciana.

La decisión del grupo de gobierno del PP con los votos del GIO se produce tras haberse resuelto el expediente abierto por la alcaldía para determinar a quién eran imputables los daños. Así, como consta en todas las propuestas de acuerdo, se asume la tesis de la firma Sedesa, concesionaria de las obras, que "niega toda relación causal de los supuestos dañosÉ ya que ninguna constancia existe de dicha causalidad, salvo las afirmaciones del reclamante".
Con ese argumento como base Sedesa va descartando su responsabilidad en daños a las viviendas y en otros objetos de propiedad del ayuntamiento. Por ello, acuerda desestimarlos porque, "de existir relación de causalidad entre la ejecución de las obras y los daños, éstos serían imputables a la empresa Sedesa, como ejecutora de las mismas".
Las obras fueron contratadas el 10 de abril de 2006 con la empresa Sedesa. Como recuerda el concejal Romero, "a la baja", algo que ha generado "molestias e incomodidades a los vecinos, que en ocasiones se han visto imposibilitados de salir con normalidad de sus viviendas".
Romero, hizo constar en el pleno su disconformidad con el argumento empleado por el consistorio para desestimar las reclamaciones recibidas, "porque no es posible que se caigan muros encima de los coches y que Sedesa diga que las obras que realizaba en la zona no tienen nada que ver, que no existe causa efecto, cuando si uno se acerca a la urbanización y comprueba la situación se da cuenta que alguna relación sí que puede existir. Una respuesta, la del consistorio que parece una nueva provocación".
Por ello, "no entendemos que el consistorio apruebe la tesis de que los muros se caen por arte de birle-birloque. Salvo que esa postura esté motivada por las vinculaciones de la empresa con un conseller" del gobierno Camps.
Entiende el portavoz del Bloc que "la resolución del pleno será utilizada por la mercantil Sedesa, en beneficio propio y para descargase de responsabilidades en el juicio". Un juicio en el que serán 21 propietarios, en el caso de que todos los afectados recurran al contencioso. "Algo que no se puede permitir un consistorio que ya tiene por delante las indemnizaciones millonarias a los afectados del Bernat y del Portomar", recalca Romero.

El polígono industrial
En el turno de ruegos y preguntas el equipo de gobierno respondió a la pregunta del Bloc sobre la devolución del aval a la empresa adjudicataria de la construcción del vial de acceso al polígono industrial. Según Romero, "el concejal de Urbanismo ,para agilizar los trabajos". Trabajos que, recordó el nacionalista, "llevan varios meses parados". El pleno de anteayer aprobó también el reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a facturas de gastos realizados en años anteriores por valor de a 229.875 euros. También se acordó la unificación de las facturas de electricidad mediante dos únicas partidas, en lugar de realizarse el pago desde las diferentes concejalías.
La corporación votó unánimemente a favor de la declaración institucional presentada por el Bloc para reclamar la vuelta de la señal de las emisiones de TV3.



* Levante - 9.03.11
Foto: Un muro derribado durante los trabajos en la urbanización en les Platgetes.- levante

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El Puerto.- Sí o sí

PIPI GAGO* : La presunta trama de corrupción urbanística desenmascarada en nuestra ciudad con las posibles implicaciones de un ex-político, funcionarios municipales y profesionales libres, ha colocado en el punto de mira la gestión realizada, en los últimos años, desde la Concejalía de Urbanismo. Años en los que han proliferado las construcciones en zonas no urbanizables, por estar claramente protegidas (lagunas, cañadas, pinares…), y en los que la revisión del PGOU sufre un retraso de casi diez años en su redacción. Y cuando hablamos de proliferación nos referimos a miles de viviendas, que han provocado un caos urbanístico difícil de enderezar a pesar del impulso que al mismo han dado los nuevos redactores contratados desde el Consistorio portuense. Si a principios de los 90 se hablaba de 5.000 edificaciones ilegales, a día de hoy se contabilizan más de 15.000 que han creado una ciudad escondida pero visible desde cualquiera de sus accesos.

Es curioso que cuando fuimos recibiendo los primeros mensajes, a través del twitter y los espacios digitales, informando de los registros que se estaban llevando a cabo en la sede de la delegación de Urbanismo y se tenían noticias de las primeras detenciones, nadie se sorprendía y el comentario más utilizado entre los mentideros era que la justicia es lenta pero no tonta, y que más tarde que nunca las contínuas denuncias interpuestas en los juzgados podrían poner en su sitio a más de uno/a.

La situación creada por el caso, declarado bajo secreto de sumario, ha dado pie a un cambio en el ambiente preelectoral que se estaba viviendo en la ciudad de cara a los próximos comicios municipales. Por mucho que los candidatos quieran dirigir sus campañas hacia temas menos delicados, el futuro urbanístico de la ciudad estará presente -sí o sí- en cada programa y debate. Y esta vez habrá de ser cumplido y puesto en marcha a rajatabla y sin ningún fleco pendiente. No debemos dejar pasar esta oportunidad para colocar las cosas en su sitio y hacer de El Puerto una ciudad habitable y organizada. Y no otra Marbella cualquiera como muchos, al parecer, siguen empeñados.


* Diario de Cádiz - El Alambique - 8.03.11

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