FRANCISCO SOSA/MERCEDES FUERTES* : Vivimos asediados por noticias de escándalos y denuncias de corrupción que nos trasladan desde la estupefacción hasta el asco como en un tiovivo endemoniado. Son siempre asuntos delicados que tienen consecuencias muy visibles sobre los dineros públicos y, si miramos el turbio vaso del déficit, advertiremos que en su fondo se halla depositado el légamo de estas prácticas. Cuando existen indicios de delito, hay tribunales penales que se ocupan de ello. Actúan de acuerdo con sus pausados ritmos, pues ya sabemos que hay plazos en el mundo judicial que se asemejan a los plazos bíblicos o incluso a los geológicos. Pero todo sea bienvenido porque es el sacrificio que ha de arder, en un Estado de Derecho, en el pebetero de las garantías de los ciudadanos. Dejando aparte a la jurisdicción penal, la pregunta que conviene formular es si el ordenamiento (ojo, no el ordeñamiento) jurídico contiene otros instrumentos de defensa de la legalidad y del buen hacer que no se están activando o se están activando de manera deficiente. En concreto: ¿ha de quedarse la Administración paralizada ante episodios que claramente le resultan lesivos y perjudiciales como organización colectiva que es llamada a gestionar los intereses generales? ¿Ha de ser la Administración el Bártolo del rossiniano Barbero de Sevilla que se queda como una estatua “fría e inmóvil”?
Los estudiosos sabemos que esos instrumentos existen porque la lucha por el Derecho es, desde que el mundo es mundo, una lucha incesante contra “las inmunidades del poder”, en la bella expresión de García de Enterría.
Ahora, si nosotros aplicamos una mirada buida a esos escándalos de nuestros pecados advertiremos que casi siempre están relacionados con el urbanismo, los contratos públicos y las subvenciones. Pues bien, en el ámbito del urbanismo, desde hace décadas (incluso desde el franquismo), la Administración puede declarar la invalidez de planes, de promociones urbanísticas, de parcelaciones o de licencias de edificación y ello permite restaurar los espacios heridos por esas actuaciones ilegales, incluso demoliendo las trapacerías que hayan podido llegar a tener la consistencia de un edificio. Es más: se pueden imponer sanciones económicas que eliminen de cuajo los beneficios que haya podido obtener el infractor.
Sin embargo, vemos cómo promociones y construcciones, que acampan extramuros de la legalidad, se convierten en parte inamovible del paisaje sin que las administraciones públicas hayan desplegado sus facultades para defender el interés público conculcado. Y hay algo peor pues, a veces, son esas mismas administraciones las impulsoras de estos desmanes bien porque los respaldan o bien porque miran con insolencia hacia otro lado. Los episodios más visibles de estas actitudes intolerables se producen cuando se atreven descaradamente a inejecutar sentencias firmes de los tribunales de justicia.
El segundo pantano es el de la contratación pública. Hay leyes, en este ámbito, para todo. Podemos decir que no existe resquicio alguno al que no alcance la luz de una previsión del legislador (que es prolífico y proteico: europeo, estatal, autonómico…). Cualquier empresario que se haya visto perjudicado porque los criterios de selección del contratista han sido manipulados o se han desvirtuado las reglas de la publicidad y la concurrencia, o se han efectuado adjudicaciones irregulares, puede poner en marcha procedimientos rápidos de recurso que incluso permiten paralizar las actuaciones realizadas. Y, además, la legislación española ha insistido -cierto que sin éxito- en la responsabilidad en la que incurren los funcionarios que participen en la comisión de estos desmanes. Pero… los tales empresarios ven coartada su independencia por su dependencia de las administraciones públicas. Que les pueden expulsar, si son díscolos y gustan de enredarse con escritos y pleitos, del dulce paraíso donde se degusta el gran pastel de la contratación pública. Y reconducirlos por esta vía poco a poco hacia la mendicidad callejera.
¿Y las subvenciones? De nuevo, nos encontramos con un nutrido grupo de preceptos que permite a las administraciones otorgantes declarar su invalidez e incluso exigir su completo reintegro. Por eso, ante uno de los escándalos que hoy ocupan las páginas de algunos periódicos (no de todos) relacionados con los Expedientes de Regulación de Empleo en Andalucía, no entendemos por qué la propia administración andaluza no ha iniciado ya los procedimientos para recuperar las cantidades indebidamente abonadas.
Volvemos a nuestro argumento que sirve de hilo conductor de este pequeño artículo. El Derecho tiene armas bruñidas para entrar en combate. Está la vía de la jurisdicción penal, que es la más vistosa y la que acapara titulares. Pero está también la más modesta de la jurisdicción contable, atribuida a órganos específicos que tienen encomendadas las funciones de controlar la actividad económica del sector público o de quienes perciben fondos públicos, así como las de determinar los daños y perjuicios ocasionados a las arcas públicas activando los mecanismos de la llamada responsabilidad contable. Esto afecta al Estado y a algunas comunidades autónomas, tan insistentes a la hora de reclamar competencias como negligentes a la hora de ejercer aquellas que pueden resultar embarazosas o poco lúcidas.
Y asimismo -como hemos adelantado- la Administración puede analizar la legalidad de los actos administrativos, soporte de estas subvenciones y, a través de la revisión de oficio o del mecanismo previsto en la Ley de Subvenciones, acordar la nulidad de los mismos y exigir la devolución de las cantidades indebidamente percibidas.
El Tribunal Supremo, en sentencia de 18 de marzo de 2010, ha recordado que “la Administración perjudicada podrá ejercer toda clase de pretensiones de responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas sin necesidad de declarar previamente lesivos los actos que impugne”. Y, con cita de otra sentencia del mismo Tribunal (de 21 de julio de 2004), puntualiza que el procedimiento administrativo de reintegro de subvenciones y el procedimiento de responsabilidad contable no son mutuamente excluyentes, pues tienen distinta naturaleza y significación. El reintegro de subvenciones sólo exige el incumplimiento por el beneficiario de la obligación de justificación del destino de la subvención (se trataba de fondos del INEM) y, en cambio, el procedimiento de responsabilidad contable tiene como presupuesto que el menoscabo de caudales se haya producido por dolo, culpa o negligencia grave del sujeto que ha recibido la subvención.
El 19 de julio del mismo año 2010, el Tribunal Supremo ha tenido ocasión de insistir en estos argumentos.
Concluyamos afirmando que las administraciones no actúan porque faltan las adecuadas decisiones políticas. Y porque la clase política, ávida de influencia, ha ocupado el espacio que debe estar reservado a unos funcionarios públicos neutrales y seleccionados de acuerdo con el principio de mérito y capacidad. En fin, porque los ciudadanos hemos perdido la capacidad de reacción, bien porque muchos se benefician del clientelismo que genera una democracia escoltada por dos partidos políticos como la que padecemos, o porque sencillamente han tirado la toalla y se hallan refugiados en sus asuntos personales como el burgués de la época del Biedermeier.
Pero es hora de indignarse. Y de hacerlo con más amplitud y vuelos que la indignación a la que nos convoca Stéphane Hessel en su escueto opúsculo. Y de recordar que la mirada de Argos del legislador no debemos empañarla con el filtro de los intereses espurios.
* Francisco Sosa Wagner, Catedrático y Mercedes Fuertes, Catedrática de Derecho Administrativo
* Diario del Derecho - 8.03.11
Corrupción: ¡indignaos!
Málaga.- Los operarios que reformaron el piso del concejal hicieron obras municipales
Si bien no supo precisar un número exacto, sí señaló que alguna de estas actuaciones se localizaron en Palma-Palmilla e hizo hincapié en que hubo muchos encargos para la adecuación y mejora de colegios públicos.
Según expuso, junto a su hijo creó una pequeña empresa de construcción a la que acudía Vega para poder realizar ciertas intervenciones. De hecho, según comentó, ha estado recibiendo pedidos por parte de este empresario durante "unos tres años y medio". Sulzycki mostró su malestar con el trato recibido por Enrique Vega, puesto que, según afirmó, tiene problemas de pago por las obras realizadas. Este periódico trató de conocer la versión del empresario ante las aseveraciones de Roman, sin que ello fuera posible.
"Siempre cogía buenos trabajos del Ayuntamiento", explicó, al tiempo que recordó cómo el empresario vinculado a la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, que investiga un juzgado para dilucidar la posible existencia de un presunto delito de cohecho, "muchas veces, porque yo trabajaba bien, me decía que por qué trabajaba tan rápido; me decía que fuese más lento". El nombre del hijo de Roman ha salido a relucir porque fue a él al que el edil del PP responsabilizó de que la licencia que se pidió y se concedió para la reforma de su casa se correspondiese con un proyecto valorado en 1.700 euros, cuando el coste final de los trabajos se ha elevado a unos 12.000, según Díaz.
Hay que recordar que, según admitió el concejal el pasado mes de febrero, los obreros que hicieron la adecuación de su piso le fueron recomendados por el propio Vega.
De acuerdo con la información facilitada por el equipo de gobierno del PP en octubre de 2009 sobre contratos menores adjudicados entre 2006 y finales de 2009 en los diez distritos de la ciudad, hay al menos 14 proyectos que recayeron en manos de dos firmas vinculadas a Vega, la ya mencionada Urbacon y Servicios Integrales LJS. Intervenciones valoradas en unos 434.000 euros.
Entre las acciones realizadas en este periodo por Urbacon se pueden mencionar en 2007 la mejora en los colegios Los Ángeles y Ciudad Mobile, por 30.000 euros cada una; en 2008, dos actuaciones de acerado y asfaltado en La Roca y Martiricos, por otros 30.000 euros cada una, y la mejora en colegios Cerro Coronado y preescolar Martiricos, por 45.000 euros. Todas estas obras tuvieron lugar en Palma-Palmilla.
Pero no fue el único barrio donde Urbacon actuó. A las mismas se pueden sumar, según los datos municipales, la eliminación de barreras arquitectónicas en El Palo y Pedregalejo (30.000 euros), obras de reforma y mejora en el colegio público Las Flores, en Ciudad Jardín (30.000 euros) y obras de microactuaciones en la barriada Parque del Sur y adyacentes, por otros 30.000 euros.
En el caso de Servicios Integrales LJS, el listado de contratos municipales entre 2006 y finales de 2009 incluye obras en zonas verdes en Palma-Palmilla, por 30.000 euros; dos contratos para zonas verdes en los sectores de La Roca y Martiricos, por 60.000 euros en total (ambas datan de 2008); mejoras en el colegio público Hogarsol y otras del distrito de Carretera de Cádiz, por 30.000 euros, y el mantenimiento de parques y jardines de este distrito, por otros 28.879 euros.
Más allá de los contratos menores de los distritos, el propio Ayuntamiento informó hace algunas semanas de que estas dos firmas, más otras dos vinculadas a Vega (Sermacon Seguridad, S.L. y Sermacon Servicios Auxiliares) habían recibido contratos por 1,1 millones de euros, aproximadamente. En este último periodo, la Gerencia de Urbanismo, por ejemplo, contrató a Urbacon para la realización de dos obras del primer plan Zapatero y del Proteja, por 537.864 euros. A éstas se suman otras obras por 343.000 euros por parte de otras áreas del Consistorio.
* Málaga Hoy - 9.03.11
Foto: Málaga, concejal Urbanismo y alcalde - diariosol
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Alhendín tendrá que pagar por unas obras inacabadas
Por el impago de las certificaciones emitidas para la ejecución de las obras del polideportivo ha sido condenado ahora el Ayuntamiento, que ha recurrido la sentencia.
Según Gamarra, el pabellón deportivo fue inaugurado por el anterior equipo de gobierno el 31 de marzo de 2007, pero no entró en funcionamiento porque las obras aún no estaban acabadas y porque el inmueble presentaba además "numerosas deficiencias".
El presupuesto total del pabellón cubierto ascendió a 3,8 millones porque aunque se licitó por 2,5 millones, con posterioridad se hizo un modificado de proyecto por valor de 1,2 millones.
La actual corporación lleva invertidos más de 300.000 euros para la puesta en funcionamiento de parte de las instalaciones, según Gamarra.
* La Opinión Granada - 7.03.11
Foto: alhendin -ideal digital
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El juez interviene la promotora que debía descontaminar una urbanización en Derio
La difícil situación económica que atraviesa la firma ha puesto en alerta a un buen número de proveedores y también a las ocho familias que compraron su vivienda adosada o unifamiliar en el barrio de San Isidro de la localidad del Txorierri, pero que se negaron a escriturar por la aparición de residuos tóxicos en la zona, después de haber adelantado hasta 200.000 euros. El pasado verano, el Gobierno vasco multó a la compañía y la obligó a sanear el terreno, que durante décadas se empleó como vertedero de residuos industriales. Sin embargo, «nada» se ha hecho desde entonces, denuncian los afectados. La limpieza de la parcela, en la que aparecieron restos de aceite y metales pesados, podría suponer una factura de varios millones de euros. Por ello, y dadas las penurias económicas que los gestores de Arco Atlántico han puesto en conocimiento de los jueces, las personas que se han visto arrastradas en lo que consideran «una trampa» urbanística estiman que las labores de limpieza «nunca llegarán a efectuarse».
El pasado mes de noviembre, cuando recurrieron a la Justicia para protegerse de sus acreedores, los gestores de Arco Atlántico garantizaron que cumplirían el mandato del Ejecutivo autonómico y que procederían a eliminar la masa de vertido existente en Rementeriñe. Para ello, la promotora dijo contar con una partida de dinero reservada, donde se incluían unos 260.000 euros que cobraron de los anteriores propietarios de los terrenos. En aquel momento, también afirmaron que el inicio de las tareas de descontaminación era una cuestión de semanas, sino de días. Una afirmación que también suscribió entonces el alcalde de la localidad, Lander Aiarza. Sin embargo, lo único que se ha hecho este invierno ha sido una limpieza superficial del entorno, con la eliminación de parte del material de obra y de escombros. Ayer, este diario se intentó poner en contacto con Arco Atlántico, a través de su agencia de prensa, como hizo hace cuatro meses. Esta vez, los responsables de comunicación no ofrecieron respuesta.
Responsables subsidiarios
En gran medida, el futuro de Rementeriñe quedará en manos de los administradores judiciales que ahora sean designados. Ellos serán los que comprueben 'in situ' si la compañía tiene fondos para cumplir el compromiso o si, como sospechan los afectados, no hay patrimonio suficiente para sufragar la compleja operación. Recientemente, el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco advirtió al Consistorio de Derio de que debería de hacerse cargo de los trabajos de forma subsidiaria, en el caso de que Arco Atlántico quebrase.
Las ocho familias que se han negado a escriturar mostraron ayer su disposición a presentarse como acreedores en el proceso abierto. «A fin de cuentas, hemos entregado un dinero muy importante y no nos han dado lo que nos prometieron», apuntó uno de los afectados. «De esta forma, además, podremos tener información de primera mano de todo lo que suceda», añadieron.
El conflicto de Rementeriñe ha causado una gran confrontación social en Derio. Incluso el PNV llegó a buzonear un escrito en el que se acusaba a las familias que se opusieron a recepcionar su casa de provocar con su actitud la bancarrota de Arco Atlántico.
* El Correo - 9.03.11
Foto: Derio (Vizcaya) - todopueblos.com
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Roca insiste en que llegó rico a Marbella, «no en un seat panda»
Roca se mostró agrio durante el interrogatorio de López Caballero a quien interrumpió en varias ocasiones, llegando incluso a invertir los papeles, a preguntar él al representante del Ministerio Público, por lo que fue reprendido por el presidente del tribunal.
Insistió en que cuando llegó a Marbella en 1984 lo hizo «con dinero en efectivo y letras del Tesoro». Luego, en 1990, cifró sus bienes en 500 millones de pesetas, cantidad que el representante del Ministerio Público estima que es menor, ya que se calcula que su patrimonio en 2006 era de 210 millones de euros. «No me salen las cuentas», le advirtió López Caballero a Roca, a lo que éste rápidamente le contestó «¿Quiere que se las haga yo?».
«Un señor fenomenal»
El presunto cerebro de la corrupción urbanística, una vez más, admitió abiertamente que realizó inversiones con dinero «opaco» a Hacienda. De hecho, esa parece ser su estrategia de defensa para defenderse de las acusaciones de blanqueo de la Fiscalía Anticorrupción. Así, durante el interrogatorio reconoció que compró dos apartamentos en Marbella en 1989 por más de 140 millones de pesetas a través de dos sociedades gibraltareñas, que, dijo haber adquirido con dinero no declarado al fisco. «¿Tener oculto un dinero a Hacienda es un mérito para usted?», le preguntó el fiscal. Roca titubeó por primera vez: «Yo estoy tratando de demostrar que tenía dinero, que estaba oculto sí, pero que tenía dinero físico. No estoy haciendo gala de no pagar a Hacienda, ni digo que fuera un señor fenomenal por no pagar».
En otro momento de la declaración, al ser preguntado por el fiscal que por qué pidió un crédito de 57 millones al banco si tenía 500 millones de pesetas, Roca replicó sarcástico: «Cómo voy a decirle al banco que tengo 500 millones en efectivo, qué hago, ¿lo meto en una bolsa y se lo enseño?».
El acusado se mostró alterado cuando López Caballero le reprochó el «descomunal desequilibrio existente entre sus ganancias y su patrimonio» y en el tira y afloja dialéctico le cuestionó por lo contradictorio que resulta que sus inversiones de mayor cuantía las realizase en una época de crisis económica (década de los noventa). «Yo siempre he comprado en época de crisis. Y le demostraré que en otra época de crisis le compro a los bancos muy barato y si ahora estuviera en la calle le estaría comprando a los bancos barato, lo he hecho siempre y no me ha ido mal», se justificó.
Abundando en la misma línea, el representante del Ministerio Público le recordó que en 1991 estaba inscrito en el paro. «Estaba inscrito porque interesaba, porque así se podía hacer una deducción empresarial. Pero yo ya estaba trabajando en el Club Financiero», explicó. El fiscal le sacó también que en esa época presentaba el «perfil» de una persona carente de ingresos, incluso, como «dato objetivo», le ha mencionado que en 1991 devolvió una letra de seis mil euros. «Mire usted, eso no significa que no tenga dinero. Todos los empresarios devuelven letras y no porque no tengan dinero. Si eso fuera así entonces en este país no tendría dinero ni Dios».
Respecto a Montserrat Corulla, acusada de ser su testaferro, Roca dijo que la contrató él y que tenía un salario de alta dirección de 4.000 a 5.000 euros mensuales.
* SUR - 8.03.11
Foto: Marbella, Roca en el juicio Malaya - malagahoy
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Orpesa rehúsa indemnizar a vecinos de Platgetes y abre otro frente judicial
La decisión del grupo de gobierno del PP con los votos del GIO se produce tras haberse resuelto el expediente abierto por la alcaldía para determinar a quién eran imputables los daños. Así, como consta en todas las propuestas de acuerdo, se asume la tesis de la firma Sedesa, concesionaria de las obras, que "niega toda relación causal de los supuestos dañosÉ ya que ninguna constancia existe de dicha causalidad, salvo las afirmaciones del reclamante".
Con ese argumento como base Sedesa va descartando su responsabilidad en daños a las viviendas y en otros objetos de propiedad del ayuntamiento. Por ello, acuerda desestimarlos porque, "de existir relación de causalidad entre la ejecución de las obras y los daños, éstos serían imputables a la empresa Sedesa, como ejecutora de las mismas".
Las obras fueron contratadas el 10 de abril de 2006 con la empresa Sedesa. Como recuerda el concejal Romero, "a la baja", algo que ha generado "molestias e incomodidades a los vecinos, que en ocasiones se han visto imposibilitados de salir con normalidad de sus viviendas".
Romero, hizo constar en el pleno su disconformidad con el argumento empleado por el consistorio para desestimar las reclamaciones recibidas, "porque no es posible que se caigan muros encima de los coches y que Sedesa diga que las obras que realizaba en la zona no tienen nada que ver, que no existe causa efecto, cuando si uno se acerca a la urbanización y comprueba la situación se da cuenta que alguna relación sí que puede existir. Una respuesta, la del consistorio que parece una nueva provocación".
Por ello, "no entendemos que el consistorio apruebe la tesis de que los muros se caen por arte de birle-birloque. Salvo que esa postura esté motivada por las vinculaciones de la empresa con un conseller" del gobierno Camps.
Entiende el portavoz del Bloc que "la resolución del pleno será utilizada por la mercantil Sedesa, en beneficio propio y para descargase de responsabilidades en el juicio". Un juicio en el que serán 21 propietarios, en el caso de que todos los afectados recurran al contencioso. "Algo que no se puede permitir un consistorio que ya tiene por delante las indemnizaciones millonarias a los afectados del Bernat y del Portomar", recalca Romero.
El polígono industrial
En el turno de ruegos y preguntas el equipo de gobierno respondió a la pregunta del Bloc sobre la devolución del aval a la empresa adjudicataria de la construcción del vial de acceso al polígono industrial. Según Romero, "el concejal de Urbanismo ,para agilizar los trabajos". Trabajos que, recordó el nacionalista, "llevan varios meses parados". El pleno de anteayer aprobó también el reconocimiento extrajudicial de créditos, correspondiente a facturas de gastos realizados en años anteriores por valor de a 229.875 euros. También se acordó la unificación de las facturas de electricidad mediante dos únicas partidas, en lugar de realizarse el pago desde las diferentes concejalías.
La corporación votó unánimemente a favor de la declaración institucional presentada por el Bloc para reclamar la vuelta de la señal de las emisiones de TV3.
* Levante - 9.03.11
Foto: Un muro derribado durante los trabajos en la urbanización en les Platgetes.- levante
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El Puerto.- Sí o sí
PIPI GAGO* : La presunta trama de corrupción urbanística desenmascarada en nuestra ciudad con las posibles implicaciones de un ex-político, funcionarios municipales y profesionales libres, ha colocado en el punto de mira la gestión realizada, en los últimos años, desde la Concejalía de Urbanismo. Años en los que han proliferado las construcciones en zonas no urbanizables, por estar claramente protegidas (lagunas, cañadas, pinares…), y en los que la revisión del PGOU sufre un retraso de casi diez años en su redacción. Y cuando hablamos de proliferación nos referimos a miles de viviendas, que han provocado un caos urbanístico difícil de enderezar a pesar del impulso que al mismo han dado los nuevos redactores contratados desde el Consistorio portuense. Si a principios de los 90 se hablaba de 5.000 edificaciones ilegales, a día de hoy se contabilizan más de 15.000 que han creado una ciudad escondida pero visible desde cualquiera de sus accesos.
Es curioso que cuando fuimos recibiendo los primeros mensajes, a través del twitter y los espacios digitales, informando de los registros que se estaban llevando a cabo en la sede de la delegación de Urbanismo y se tenían noticias de las primeras detenciones, nadie se sorprendía y el comentario más utilizado entre los mentideros era que la justicia es lenta pero no tonta, y que más tarde que nunca las contínuas denuncias interpuestas en los juzgados podrían poner en su sitio a más de uno/a.
La situación creada por el caso, declarado bajo secreto de sumario, ha dado pie a un cambio en el ambiente preelectoral que se estaba viviendo en la ciudad de cara a los próximos comicios municipales. Por mucho que los candidatos quieran dirigir sus campañas hacia temas menos delicados, el futuro urbanístico de la ciudad estará presente -sí o sí- en cada programa y debate. Y esta vez habrá de ser cumplido y puesto en marcha a rajatabla y sin ningún fleco pendiente. No debemos dejar pasar esta oportunidad para colocar las cosas en su sitio y hacer de El Puerto una ciudad habitable y organizada. Y no otra Marbella cualquiera como muchos, al parecer, siguen empeñados.
* Diario de Cádiz - El Alambique - 8.03.11
Cangas.- El TSXG dicta un mandamiento de demolición del edificio Noria y otorga 3 meses para su ejecución
Tiene fecha del día 1 de marzo y otorga al Concello y a la empresa constructora un plazo de tres meses para efectuar el derribo. Según el mandamiento, el día 1 de junio tiene que estar derribado gran parte de este edificio, la que se construyó encima del río Bouzós. Alrededor de 60 familias pueden perder sus viviendas como consecuencia de este fallo judicial. Los vecinos recibieron la noticia el lunes y no ocultaban su profundo malestar. Pese a que perdieron todas las demandas judiciales, guardaban ciertas esperanzas de que el derribo no se produjera. Ahora, la posibilidad de recurrir al tribunal de Estrasburgo, barajada en su día, le parece un poco alejada de la realidad y que no impediría la demolición. Sí es verdad que hay diferencias de criterio entre la comunidad de vecinos y la empresa constructora, respecto a cómo se debe afrontar la situación futura. No se descarta consultar casos similares como el de las Torres del Club Financiero de Vigo o el de la urbanización de la Colina de Castrelos.
La alcaldesa Clara Millán fue ayer la primera sorprendida. Hasta hace poco había estado en contacto con el letrado que defiende la legalidad del otro edificio gemelo, el Noria 4, que se encuentra en parecida situación. Éste edificio, al contrario que el número dos, carece de licencia municipal. El número 2 la tenía pero fue considerada ilegal por invadir el cauce del río. También sobre éste hay amenaza de derribo judicial. Reiteró su apoyo a los vecinos y que estaba a su disposición para encontrar soluciones que impidan el derribo de gran parte del inmueble.
El abogado de los demandantes y que es a su vez parte en el conflicto, José Carlos Lovera Núñez, aseguraba el día 1 de abril de 2009 que no había posibilidad de acuerdo y pedía ya que el Concello procediera a cortar la luz y el agua a los vecinos y a ejecutar la sentencia. El litigio surge al entender los colindantes que la construcción de estos edificios había dañado a otros dos de su propiedad. En el año 2007, el conflicto se pudo zanjar por 740.00 euros, según señala José Carlos Lovera, pero los constructores consideraron excesivo el dinero que solicitaba los demandantes, que alegaban que en esta cantidad no entraban los daños morales causados a la familia y que no había intención lucrativa de ningún tipo, simplemente se contabilizó el coste de lo que valdría tirar y levantar de nuevo los edificios de sus padres y tíos. Los distintos alcaldes desde que se inició el proceso judicial apelaron las sentencias que ganaba la parte demandante, pese a que estaba claro que los edificios invadían el cauce del río Bouzós. "Que lo tengan claro los propietarios actuales. Nosotros queremos tirar las viviendas ahora que la sentencia es favorable. ¡Después de las que nos hicieron pasar!"
Estos dos inmuebles de la calle Noria enfrentan también desde hace tiempo al líder de ACE, Mariano Abalo, y al ex alcalde de Cangas, el popular, José Enrique Sotelo. En enero de 2007, el regidor culpabilizaba a Mariano Abalo de consentir la construcción de estos inmuebles cuando fue presidente de la gestora de Cangas en el año 1990. Afirmaba que tales edificios habían sido levantados con el consentimiento de Mariano Abalo, a pesar de existir tres requerimientos judiciales para paralizar la obra. Abalo dejó claro que fue la comisión municipal de 18 de noviembre de 1999 la que otorgó la licencia para legalizar la situación del edificio Noria 2, y que la gestora de Cangas lo que sí hizo fue tratar de evitar la construcción. Abalo aportó expedientes relacionados con la denegación de la licencia cuando él ejercía como presidente de la gestora, así como los expedientes de infracciones urbanística que se le abrieron a la empresa por invadir el Río Bouzós, con fecha de diciembre de 1990.
También recordó que las licencias comenzaron a tramitarse en época de Lois Pena y mencionó que el edil de Urbanismo en época de la gestora, Marín García Cordeiro fue denunciado por impedir las citadas obras.
* La Voz de Galicia - 9.03.11
Foto: El edificio número 2 de la calle Noria, de Cangas, situado al lado del número 4, de iguales características y sobre el que también pesa una demanda - lavoz
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Madrid.- La Comunidad recorta la participación ciudadana en Medio Ambiente
Un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a Madridiario que la medida se ha tomado para simplificar y agilizar la estructura organizativa de la Comunidad. "No supone un límite en la representación. Siguen estando los mismos que estaban", recalcó.
Sin embargo, las asociaciones ecologistas critican que de su composición se "ha sacado a los consumidores, se ha reducido el número de miembros de asociaciones ecologistas (pasando de 3 a 2) y de universidades (pasando de 2 a 1), el de expertos (pasando de 3 a 2)". Además, critican que antes la frecuencia era trimestral y que ahora es anual. La norma establece que debe haber una reunión al año, pero pueden celebrarse más si se estima conveniente, aseguran desde la Comunidad.
Cuatro secciones
Los ecologistas también critican que pierden funciones, como emitir informes o impulsar la coordinación entre la iniciativa pública y privada en materia de medio ambiente. La Comunidad, en cambio, desmiente este extremo y asegura que el Consejo podrá emitir informes, como hasta ahora.
Por otra parte, para suplir la eliminación en diciembre pasado de los órganos consultivos de los espacios protegidos, vías pecuarias, caza y pesca, el mismo decreto crea, dentro del Consejo de Medio Ambiente, varias secciones: Parques Regionales y Naturales, Caza y Pesca, Vías Pecuarias y Calidad del Aire.
"Todo ello reduciendo hasta casi lo imposible la participación ecologista. Por ejemplo, la sección Parques Regionales y Naturales reduce a los representantes ecologistas de siete a uno. Antes había dos representantes en el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, dos en el Parque Regional del Sureste, dos en el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y uno en el Parque Natural de Peñalara. Ahora un solo representante tendrá que dar respuesta a la situación de cuatro espacios protegidos. Igual sucede con los representantes de las universidades", denuncian en un comunicado las asociaciones ecologistas. En el caso de la sección de Calidad del Aire, directamente se omite la participación de ningún representante ecologista.
* Madridiario - 9.03.11
Foto: Madrid, edificio Medio Ambiente - madridiario
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La Generalitat mantiene el PAI de Nou Mil·lenni a pesar del fallo del Supremo
Cotino incidió en que «si en los planteamientos de la tramitación se ha hecho algún tema que no es adecuado», se preparará «la documentación pertinente para que las personas que tengan la competencia resuelvan» y consideró que «no hay más problemas que en muchos lugares cuando se impulsa un nuevo plan». «En este caso concreto, como es habitual ya en cualquier cosa, es al PSOE el que no le parece bien que se haga casi nada en la Comunitat Valenciana», concluyó el conseller.
Por su parte, los socialistas de Catarroja consideran «una incoherencia» las declaraciones del conseller «cuando ayer mismo la alcaldesa decía que ´no es momento ahora de pensar en construir´» a causa de la crisis.
Desde el PSPV, el candidato a la alcaldía, Alberto Gradolí, considera que el fallo del Supremo es «un nuevo varapalo judicial» en este caso y critica que el ayuntamiento «haya invertido cerca de 100.000 euros entre informes y defensa jurídica» del PAI, ya que el consistorio ha recurrido, con el Consell y la promotora Llanera la decisión del TSJCV. Los socialistas opinan que es «sospechoso» que el PP siga defendiendo «esta salvajada urbanística que tiene un fuerte olor marbellí, a capa y espada con dinero público». Para Gradolí es «penoso que nos estén escurriendo los bolsillos a los vecinos a golpe de impuestos desorbitados y que nos hayan endeudado hasta los dientes para gastarse ese dinero defendiendo en los juzgados un plan privado que beneficia a unos cuantos».
* Levante - 8.03.11
Foto: Catarroja (Valencia), maqueta urbanización Nou Mileni - levante-emv.com
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Mijas busca la fórmula para subirse al carro de la amnistía urbanística en la Axarquía
En cualquier caso, para encontrar una solución lo principal es saber de cuántos inmuebles fuera de ordenación se está hablando. El catálogo de construcciones en suelo no urbanizable en el que están inmersos técnicos del Ayuntamiento desde hace más de dos años y que se encuentra en su recta final ha constatado hasta la fecha unas 2.500 viviendas y casas de aperos, por lo que en el Consistorio estiman que en el recuento completo no se llegarán a las tres mil. Para el Ayuntamiento, las opciones de regularización pasan por la aprobación de modificaciones de elementos y planes parciales que abarquen al mayor número posible de inmuebles y en el que los propietarios corran con las cargas urbanísticas y los gastos en urbanización, infraestructuras y equipamientos.
El conflicto de las viviendas irregulares será uno de los principales puntos a tratar en la reunión que hoy mantendrán en Sevilla el alcalde mijeño, Antonio Sánchez, y la consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón. Como anticipo, el regidor municipal se entrevistó ayer con la presidenta de la Asociación Provincial de Viviendas Irregulares, María del Mar Vázquez, para conocer de primera mano los planteamientos y propuestas de este colectivo, que agrupa a más de 60 colectivos de afectados en la provincia. «Es un problema genérico que debemos abordar en profundidad y sin atajos y desde el Ayuntamiento tenemos voluntad de solucionarlo. Por ello, apoyaremos todas las medidas que se planteen siempre que éstas sean plenamente legales», afirmó Sánchez.
Pero no serán los únicos trámites que se realicen hasta el momento. Mañana, a petición del PP, se celebrará un pleno extraordinario en el que los populares van a proponer una serie de medidas encaminadas a que se redacte una innovación del planeamiento en el suelo no urbanizable, donde se establezcan los parámetros para la regularización de las viviendas.
Paralización de las multas
Con esta medida, los miembros de la Asociación de Viviendas Irregulares de Mijas (ARV) consideran que se puede «ganar tiempo mientras se pone al día el PGOU». Sin embargo, ellos también solicitan «la paralización de los trámites que siguen , tanto los expedientes administrativos como los judiciales», y evitar así que se desarrollen nuevos casos «que se podrían solucionar con el desarrollo urbanístico», apuntó el presidente, Juan Antonio Blanco.
En este sentido, desde el Ayuntamiento recuerdan que eliminaron las multas coercitivas en la tramitación de los expedientes que permite a las familias ganar tiempo hasta que se alcance la solución definitiva. Sin embargo, desde el colectivo critican que las sanciones continúan llegando a muchos de los vecinos afectados.
* Sur - 8.03.11
Foto: La mayoría de las edificaciones se encuentran en los diseminados - sur
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«Una sociedad que aclama a Berlusconi o vota a Fabra está enferma»
Estudiantes, profesores, personal administrativo, vicerrectores, personalidades del mundo intelectual castellonense... pocos quisieron perderse una intervención que se enmarcó en la fotografía siempre soñada por cualquier orador: la fila de asientos al completo; estudiantes con mochila acomodados en el suelo, en los pasillos, en las puertas del salón de actos...; y cientos de miradas atentas. El director delegado de Levante de Castelló, Pepe Beltrán, hizo los honores de presentar a Millás junto al rector de la UJI, Vicent Climent.
En la pluma leída de Millás, las palabras cobraron vida para convertirse en links del disco duro de los asistentes, tal vez la única forma que tenemos de entender, o de malentender, una realidad que nos supera: «palabras colibrí», «palabras rata», «palabras miedo», «palabras que curan», «palabras que matan» y, por supuesto, palabras que arrancan una sonrisa.
* Levante - 8.03.11
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com
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Ineptos y corruptos
IGNACIO MORENO BUSTAMANTE* : Era, es, evidente. Alguien se estaba forrando. Alguien estaba mirando por su bolsillo y no por su pueblo. Sin importarle infringir la ley. Blanco y en botella. Tan solo hace falta darse una vuelta por El Puerto para darse cuenta. Desde Valdelagrana a Fuentebravía, pasando por la Ribera del Marisco, Crevillet, Puerto Sherry, El Aguila o Las Redes. Sin hablar de José Antonio, uno de los pocos focos de droga y marginación que quedan en toda la Bahía de Cádiz, más propio de los años 80 que del siglo XXI, o Los Milagros, otro de los barrios deprimidos. El Puerto es, desde hace años, de toda la vida, un quiero y no puedo. Y no puedo por culpa de los encargados de gestionarlo, de cuidarlo, de protegerlo. El portuense se siente orgulloso de serlo, defiende su ciudad y la ‘exporta’ allá donde va. Pero ese amor no se ve correspondido. Sus enormes posibilidades no se explotan. Es un enclave privilegiado, que podría ser el referente de la provincia como lugar de residencia o de veraneo, pero no acaba de dar el salto.
El Puerto es, o debería ser, sinónimo de luz, de playa, de tradición marinera, de ocio. Desde el punto de vista del marketing sería una marca perfecta, muy fácil de vender a toda España, para estar a la altura de Mallorca o Sotogrande para quien quiera disfrutarlo en verano, o de Las Rozas o Monte Alto para quien desee vivirlo todo el año.
Sin embargo, a día de hoy, pasear por él supone una frustración. Ver cómo han convertido Valdelagrana en una Benidorm del sur, o como el poblado marinero de Puerto Sherry se cae a cachos. O el estado abandono de parques y zonas comunes de todas las urbanizaciones del extrarradio -excepto Vistahermosa que se gestiona sola-. O las miles de viviendas ilegales que se han apoderado de zonas no urbanizables hasta prácticamente la Sierra de San Cristóbal. Un desastre.
Un desastre que no es casual. Que responde, insisto, a la pésima gestión que la ciudad viene padeciendo a lo largo de los años. A la pésima gestión y, obviamente, a la corrupción. El Puerto está como está por culpa de gente se ha creído el sheriff del lugar.Que durante años se ha pensado que podía hacer lo que le viniera en gana. Que se forraba concediendo licencias ilegales y se pavoneaba de ello construyéndose ‘chaletacos’ de tres plantas donde le venía en gana.
Esta semana, por fin, hemos asistido a lo que esperemos sea el comienzo del fin de unos cuantos presuntos delincuentes. El juez López Marchena y el fiscal Rafael Cienfuegos están poniendo toda la carne en el asador para quitarles ese cartel de presuntos y demostrar la culpabilidad delex concejal de Urbanismo y del cesado jefe del Servicio de licencias del ayuntamiento. Para demostrar con la ley en la mano lo que todo el pueblo viene comentando en los corrillos desde hace años. Y esta operación que estalló el miércoles no es más que una pequeña parte de todo lo que se está investigando en numerosas causas abiertas.
A ver si por fin se zanja un asunto, el de la corrupción, que ha tenido anestesiado, amordazado, a El Puerto durante años. Para que por fin pueda empezar a crecer y a convertirse en lo que, algún día, seguro que llegará a ser pese a tanto inepto y tanto corrupto.
* La Voz Digital - Opinión - 6.03.11
El juez declara ilegal una obra aprobada por el alcalde de Gádor
En este sentido, el juez refleja en su sentencia el informe realizado por el interventor municipal sobre la resolución del alcalde en la que figuran una serie de acuerdos técnicos que "no constan" en el departamento de Intervención. "No consta expediente de contratación alguno para la terminación de las obras de la Escuela de Música y Danza y si existió, sería verbal", refleja el informe del funcionario.
El alcalde aprobó fraccionar el pago para la contratación de la obra, pero el interventor argumentó que la normativa no permitía hacerlo, como tampoco un procedimiento negociado sin publicidad, como se hizo.
"Calvario judicial"
El Ayuntamiento de Gádor interpondrá un recurso de apelación ante el TSJA. El equipo de gobierno "acata y respeta" la sentencia del magistrado Tomás Cobo aunque "no la comparte", asegura la teniente de alcalde y portavoz, Lourdes Ramos, quien cuenta por "miles" los actos administrativos "que declaran nulos los juzgados, por lo que un error administrativo no es ni mucho menos un delito". En su blog, Eugenio Gonzálvez, relaciona causa y efecto. "No es coincidencia que tras la denuncia del PP de la Diputación del llamado escándalo de los asesores en mi etapa como portavoz popular, comenzara mi calvario judicial".
El Supremo archivó la causa por la presunta prevaricación de Gonzálvez al considerar que no actuó "dictando resoluciones arbitrarias a sabiendas" y que, con independencia de que fueran correctas o no, no incurrió en prevaricación.
* El País - 8.03.11
Foto: Gador (Almeria) - andaluciarustica.com
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Un error de la Xunta libra a Iberdrola de la multa por destruir una capilla
Patrimonio inició la inspección el año pasado a raíz de las denuncias presentadas por la asociación ecologista Adega y por la Policía Autonómica, que alertaron de que la iglesia que la eléctrica había derribado estaba inventariada con un nivel de protección que, para tocarla, obligaba a pedir una autorización a la Consellería de Cultura que la empresa no solicitó, aunque sí tuvo el visto bueno de la de Medio Ambiente, que obvió el informe del arquitecto municipal en el que se destacaba que la capilla debía mantenerse intacta.
En la resolución administrativa que archiva el expediente por "caducidad", y que firma el director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, la Xunta reconoce que incoó procedimiento sancionador a Iberdrola el 4 de mayo de 2010 como "presunta responsable de la comisión de una infracción administrativa de carácter leve" por el derribo de la capilla "sin contar con la previa y perceptiva autorización de Patrimonio Cultural".
Pero destaca también que el mencionado acuerdo de incoación "fue recibido por el interesado el 2 de junio de 2010" sin que Patrimonio "adoptase, y en consecuencia notificase, la correspondiente resolución del procedimiento". El informe de Rey Pichel apela a la Ley de Procedimiento sobre la potestad sancionadora para advertir de que el plazo máximo de notificación de las sanciones es de seis meses, periodo a partir del cual ésta caduca.
El secretario general de Patrimonio explica que la documentación del expediente pone de manifiesto que, desde la fecha de incoación del mismo, "no fue posible dictar, y en consecuencia notificar al interesado, la resolución del procedimiento sancionador en el referido plazo".
Por este motivo, declara "la caducidad del procedimiento sancionador" así como "el archivo de todas las actuaciones practicadas", aunque deja abierta la puerta a la posibilidad de apertura de un nuevo procedimiento para sancionar a la compañía eléctrica "por no haber prescrito la infracción".
En mayo del año pasado, un portavoz de Iberdrola reconocía a este periódico que aunque sabían que estaba abierto el expediente administrativo, la empresa no tenía "notificación oficial" del mismo. La compañía eléctrica justificaba el derribo de la capilla basándose en el desconocimiento de su protección mediante leyes de patrimonio y asegurando que había presentado el proyecto de derribo "que fue aprobado por Urbanismo de la Xunta, que no puso ningún impedimento".
En la memoria que la eléctrica presentó a la Xunta para proceder al derribo, tanto de la iglesia como del resto de las construcciones del pueblo, constaba que "hay algunos inmuebles contemplados en el catastro que ni siquiera existen" y citaba expresamente la iglesia. Ello, pese a que el informe municipal dejaba claro que la capilla debía quedar intacta. "Solo le faltaba el tejado, pero tenía hasta el campanario intacto", protestaron en aquel momento los vecinos.
Un embalse inexistente
Iberdrola derribó en marzo de 2009 las viviendas y la iglesia de la aldea de su propiedad tras tenerla casi medio siglo abandonada. Fontao se convirtió entonces en un lugar fantasmal plantado en el recuerdo de algunos vecinos.
La capilla estaba inventariada en el catálogo patrimonial del ayuntamiento como edificio "de interés histórico, artístico y arquitectónico" en el que se especificaba, además, que poseía un "interesante retablo" y una pila bautismal "de gran valor". Nadie sabe ahora el paradero de ambas piezas, como tampoco el de los perpiaños de granito que según la descripción de los vecinos "eran prácticamente perfectos".
Mientras la aldea mantiene su aspecto desolado de comunidad perdida en el tiempo, los vecinos insisten en cuestionar la actuación de la compañía eléctrica y en reclamar la reversión de los terrenos. Sostienen que, toda vez que la empresa no cumplió el objeto de la expropiación que era la construcción del embalse, la extinguida aldea sigue siendo suya.
* El País - 7.03.11
Foto: A Texeira (Ourense) - turismoporespana
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El gran corruptor se confiesa
Durante la vista oral, Roca ha reconocido, como ya hizo en la fase de instrucción, que él "controlaba" y "daba las órdenes" en las 71 sociedades puestas a nombre de testaferros. El exasesor también admitió que "evidentemente" no declaraba los fondos que le rentaban sus empresas y que tenía previsto traspasar las sociedades a sus hijos. Además, como si el tiempo pasado en prisión no le hubiera hecho mella, ha presumido del alto nivel de vida que llevaba antes de marzo de 2006, cuando el juez Miguel Ángel Torres desató la Operación Malaya. Lo que sigue es un resumen de su declaración.
- "A mí me nombra Jesús Gil a dedo". El interrogatorio arrancó con la llegada a Marbella en 1992. "A mí me nombra Gil a dedo gerente de Planeamiento 2000, pero en el mismo día en que se me nombra gerente de la sociedad el alcalde nombra un arquitecto director de la revisión del plan, Eugenio Sánchez Moro. Yo no me encargo de revisar el plan, soy ingeniero, no arquitecto. Yo no he redactado un plan en mi vida".
- 31 años en la "actividad inmobiliaria". El exasesor sostuvo que ya era rico antes de entrar a trabajar para la sociedad municipal marbellí. "Llevo en la actividad inmobiliaria desde los 26 años, primero en Murcia y luego en Marbella. Entre 1991 y 1997 liquidé la sociedad Marbella Inversiones [germen del entramado societario] con unos activos de 500 millones de pesetas [tres millones de euros]".
- 12.000 euros netos al mes, dos días de trabajo a la semana. Roca percibía una nómina de 12.000 euros mensuales como gerente de Planeamiento 2000. Eran sus únicos ingresos declarados y, según confesó, explican su alto nivel de vida: "Le puedo garantizar que con 12.000 euros netos mensuales después de impuestos se puede vivir muy bien. Me refiero a llevar a los niños a un colegio bueno o permitirse algún viaje". Además de bien pagado, el trabajo no era absorbente: "Desde 2002, cuando le comunico al alcalde que quiero ir dejando el Ayuntamiento y dedicarme a mis negocios inmobiliarios, yo voy al Ayuntamiento dos días a la semana, lunes y martes, nada más. El resto de los días estoy dedicado a mis empresas".
- Sin rendir cuentas a Hacienda. "Cuando Marbella Inversiones hace la liquidación, cuando cobra 200.000 euros, el que cobra es Juan Antonio Roca, que es el propietario y que ha prestado previamente el dinero a la sociedad. Evidentemente, no declaraba esos fondos", admitió Roca.
- "Disfrutar de lo que es mío". "En ningún momento he tratado de ocultar que el patrimonio de mis sociedades era mío. Disfrutaba perfectamente a ojos de todos de lo que era mío. Si tratara de ocultar que era el propietario, no hago en 2005 que se escriture la sociedad a nombre de mis hijos".
- Un padre generoso. "Mis hijos tienen cuenta corriente desde que nacieron. Les iba asignando 3.000 euros un año, 4.000 euros otro. ¿Quién va a financiar la cuenta corriente de un niño de un año hasta los 18? Pues el padre".
- Confianza en los testaferros. Roca puso la administración de sus principales empresas en manos de los abogados Sánchez Zubizarreta, también procesados, aunque sin mediar contrato de fiducia alguno. "No he tenido nunca la más mínima duda de la honestidad de este gabinete. Cuando uno pone unas sociedades administradas por ellos, lo único que existe es la confianza plena en su honradez".
* El País - 7.03.11
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE
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La muerte de la casa ideal
El lugar comprende una media docena de enormes bloques monolíticos que rodean las atestadas avenidas de Elephant and Castle, entre las que se intercalan grupos de pequeñas mansiones de tres o cuatro dormitorios. La de Glasspool es una de ellas.
Incluso los más fanáticos defensores distarían hoy mucho de esa visión utópica y pretendidamente ejemplar que quería ser Heygate Estate, donde hoy campan a sus anchas los pájaros y las ardillas en busca de alimento. "No son precisamente bonitos ni estilosos, pero sí tienen un sentido estructural y funcional. Sólo porque son un poco grises no quiere decir que no se pueda ser feliz en ellos".
El distrito de Southwark ha empeñado los últimos diez años en un debate sobre cómo regenerar Heygate y los últimos cuatro vaciándolo. Glasspool, que compró su casa en 1997, argumenta que una consolidad y fehaciente comunidad de vecinos que permanecían en el barrio desde los comienzos en 1974 ha sido diseminada por los alrededores, incluyendo a una señora extremadamente mayor que aún vuelve a diario a pasear su perro.
Dejadez municipal
Glasspool explica la destrucción del barrio de Heygate como un ejemplo de "determinismo medioambiental". "Es parte del mismo discurso que se defendía en los años 60", explica. "Entonces se decía que los edificios de ese momento debían ser demolidos porque no creaban un entorno óptimo para el desarrollo de las familias". De hecho, él cree que fue el propio ayuntamiento quien permitió que el barrio se infestara de traficantes de droga y crimen, convirtiéndolo en pasto de películas -hasta 76 en tres años hasta 2010- donde sus directores se recreaban en los aspectos más socialmente degradados de la sociedad londinense.
"De un día para otro el lugar fue etiquetado como un problema", dice. "Una idea que alimenta el discurso regenacionista predominante". Porque, en realidad, no hay nada malo en torno a los edificios, sólo necesitan una excusa para demolerlos y construir encima".
Donde hace 40 años se construyeron 1.260 viviendas sociales se levantarán ahora 3.300 apartamentos, la mayoría de ellos de promoción privada, con sólo un 25% de ellos destinados a bolsillos menos adinerados, convirtiendo la zona en un lugar deseado donde comprarse una vivienda. Ese es el objetivo municipal.
"Hay un montón de estudiantes de arquitectura brillantes, entusiastas e imaginativos que harían proyectos de rehabilitación maravillosos aquí", señala otro vecino. Como una buena mano de pintura, para empezar. "Otro buen un puñado de arquitectos profesionales estarían interesados en este proyecto social", añade, pues no explica porqué el Ayuntamiento quiere deshacerse del complejo. Se trata de un proceso de aburguesamiento de la zona. "Es una zona prime ahora, y eso es todo".
'Yupificación'
Southwark admite que la regeneración del barrio ha sido una cuestión problemática. "No ha sido una tarea sencilla", afirma Fiona Colley, responsable municipal del proyecto de reurbanización. "Debería haber habido nuevas viviendas para los residentes que se tuvieron que mudar. Tenían su derecho a regresar al barrio, pero eso nunca se planteó".
En realidad, pocos de ellos serán realojados en el futuro barrio. El proceso de demolición no estará terminado hasta 2014, y quién sabe cuándo se terminarán las nuevas viviendas proyectadas, un ritmo que vivirá pendiente de la recuperación del mercado inmobiliario.
Colley acepta que el barrio vivirá un proceso de "yupificación", y que, desde un punto de vista social, sería mucho más productiva una combinación de diferentes tipologías de viviendas en el mismo espacio, en lugar de un barrio monolítico y de clase alta. "Estas moles son realmente difíciles de mantener. Fueron un modelo de complejo residencial que, sin embargo, no han superado el paso del tiempo".
El 'software' falló, no el 'hardware'
Por supuesto, la persona que diseñó el Heygate, Tim Tinker (75 años), desaprueba la idea de Colley de que el complejo está obsoleto en apenas 40 años. tinker dedicó siete años de su vida y acudió de la mano de The Guardian al complejo tras una década sin visitarlo. El arquitecto se niega a hacerse una foto junto a una pintada que reza "bienvenidos al infierno". "No creo que se trate de un proyecto fallido". "Hay partes fallidas del complejo pero la mayor parte está en buenas condiciones", se jacta. El 'hardware' está bien, el problema es el 'software'", apelando a una mala gestión del proyecto, no a un diseño incorrecto del mismo.
Al igual que las comunidades de vecinos de las ciudades de la Europa del Este comunista, el complejo contaba con un sistema de calefacción común. Tinker también está convencido de que el distrito quiere echarlo abajo para elevar el nivel adquisitivo de la localización.
"Para los políticos actuales, la palabra 'utopía' es un término peligroso", explica Tinker, que afirma que durante los primeros años él mismo acudía a las casas para ver los desperfectos de la obra, interesado en cómo se habitaban y se transformaban las viviendas.
* El Mundo - 4.03.11
Foto: Viviendas del complejo Heygate Estate, en Londres sur. | Elmundo.es
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GreenLeaks, el hermano verde de Wikileaks
GreenLeaks no publicará en ningún caso, afirman sus fundadores, documentos sin verificar. “Publicaremos informaciones no así porque sí, sino para ayudar a los grupos afectados a que puedan utilizar estos documentos para pedir responsabilidades a las empresas y las autoridades”, afirman desde greenleaks.com.
Para Scott Millwood, fundador de GreenLeaks, está claro que con las informaciones “ayudará a las personas sobre el terreno a mejorar las condiciones de vida en cuanto a la salud y el medio ambiente se refiere.” Este australiano residente Berlín construye GreenLeaks con una red de colaboradores para que los temas medioambientales, tanto a nivel local como mundial, estén a disposición del público. Así su importancia podrá ser mayor y los tomarán en serio los empresarios y políticos. La página web no se limitará solamente a publicar los documentos sobre abusos, sino que también trabajará con los medios locales para difundirlos.
“No publicamos nada ilegal”, puede leerse en su página web. En cualquier caso, sí se publicarán documentos internos de empresas privadas y organismos públicos referidos a la condición del medio ambiente y las condiciones de vida de las personas si éstos son de “interés público”. Hasta la fecha hay dos buzones para cartas y documentos: uno en Alemania y otro en Australia. Dentro de poco debería haber otros dos en Estados Unidos y Francia. Se está trabajando en una “Dropbox” electrónica segura para recoger documentos internos que en unos meses debería estar lista.
Scott Millwood, que trabaja como periodista en temas medioambientales y como abogado, prefiere sin embargo el antiguo y pasado de moda correo postal: “Si tuviera que filtrar algo, no lo haría por correo electrónico: es muy fácil rastrear al remitente.”
Fuente: http://taz.de/1/netz/netzpolitik/artikel/1/gruene-schwester-fuer-wikileaks/
* Rebelión - Tageszeitung - 28.02.11
Foto: anonymous
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Suelo no urbanizable en la Axarquía
FRANCISCO DE PAULA DE LA TORRE* : Decíamos ayer que la criminalización generalizada de las actuaciones en el Suelo No Urbanizable (SNU ) no respondía ni a la letra ni al espíritu de la Ley. Que la jurisdicción penal no constituye el marco adecuado para resolver las posibles irregularidades que afectan a las construcciones realizadas en el SNU que por su propia naturaleza habrían de ser resueltas en sede Contencioso-Administrativa, tal y como se prevé en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Decíamos que la aplicación de la Ley penal sólo es justificable en aquellos casos que notoriamente pudieran ser subsumidos en las conductas tipificadas como delitos en el Código punitivo, tal y como exigen los principios de intervención mínima y de legalidad que de manera tan especial rigen esta esfera del Derecho. (Es decir sólo cuando se trate de construcciones en SNU especialmente protegido, ejecutadas sin licencia, o cuando siendo ejecutadas sobre SNU de carácter natural o rural ( antes común ) no fueran autorizables o el caso de las conductas de funcionarios o autoridades que, a sabiendas de su injusticia, informen o autoricen actos contrarios a la ordenación urbanística vigente, y todo ello con la concurrencia de los elementos que la jurisprudencia exige para delimitar la difícil frontera entre la irregularidad administrativa y la infracción penal, observados siempre desde el prisma de los principios del in dubio pro reo y la última ratio como elementos definitorios de la efectiva aplicación de la norma penal).
Decíamos, por tanto, que la aplicación generalizada y, a la vez, selectiva de la ley penal al SNU, suponía una perversión jurídica en la aplicación de nuestro ordenamiento urbanístico, que lejos de responder a los criterios propios del Estado de Derecho, donde imperativamente priman el principio de legalidad y de seguridad jurídica, respondía a criterios de oportunidad política que a la postre habrían de ser corregidos cuando el caos provocado lo hiciera inevitable.
Decíamos en enero de 2003 que la entrada en vigor de la LOUA no prohíbe la construcción de viviendas en el SNU de Andalucía, que su autorización se contempla en el propio texto legal, sujeta, eso sí, a requisitos más estrictos que los previstos en la anterior legislación pero también más generosos con la autonomía municipal, al prescindir de la previa autorización de la comunidad autónoma en favor de la decisión del máximo órgano de representación local, en un claro ejercicio de aplicación práctica del principio de subsidiaridad recogido en la Carta Europea de Autonomía Local.
Hemos dicho por activa y por pasiva que la LOUA prevé, al igual que las leyes urbanísticas del resto de comunidades autónomas del Estado, la posibilidad de construcción en SNU de viviendas agrícolas y de viviendas unifamiliares aisladas. Que la principal novedad de la LOUA con respecto a las demás leyes autonómicas en relación al SNU la constituye la apuesta decidida y novedosa de nuestra ley urbanística en favor de la autonomía municipal, de tal forma que es el pleno del ayuntamiento y no la comunidad autónoma el órgano competente para emitir la autorización de uso residencial en el SNU mediante un nuevo instrumento denominado Proyecto de Actuación, que sustituye a la anterior autorización de uso que correspondía a las comisiones provinciales de ordenación del territorio y urbanismo. Que es ésta, se reitera, la principal novedad de la LOUA y no la supuesta e inexistente prohibición de construcción de viviendas en el SNU.
Hemos dicho y escrito que la problemática del SNU en Andalucía y muy especialmente en comarcas como la Axarquía responde a intereses concretos que pretenden desviar la atención de las verdaderas causas del caos urbanístico en que se encuentra inmersa esta comarca, configurando una frontera virtual en cuanto a responsabilidades concretas que encuentra su límite en la esfera municipal, sin afectar, aunque fuera de manera indirecta, a las esferas provincial y autonómica, lo que en una función pública compleja como la urbanística resulta poco menos que imposible si consideramos la necesaria intervención de las tres en la toma de decisiones, en su seguimiento y control. Que trazar la frontera de la responsabilidad en la esfera municipal con la argucia de centrar todo el problema del SNU de la Comunidad en las casas construidas en la Axarquía resulta poco creíble, y responsabilizar a los alcaldes de municipios que apenas alcanzan los mil habitantes del despropósito urbanístico dibujado en la segunda línea de costa del litoral malagueño parece absolutamente descabellado, cuando no grotesco, si no fuera por la responsabilidad penal que esta frontera virtual termina por imponer.
Hemos dicho también que el verdadero escándalo urbanístico de la provincia en el SNU viene constituido por la enorme confusión y complejidad de la normativa aplicable, no sólo por su elevado número y por el sistemático incumplimiento del orden racional que impone el principio de jerarquía normativa, sino por las dudas sobre la vigencia de muchas de ellas que han sido aplicadas de manera continuada sin previa publicación, generando una situación de absoluta inseguridad jurídica que ha situado a los alcaldes, ediles, funcionarios públicos, constructores y promotores ante una ruleta rusa de impredecibles consecuencias jurídicas. Sirva a título de ejemplo el caso del Plan Especial de Protección del Medio Físico de la Provincia de Málaga
(PEPMF), cuyo objetivo y finalidad no era otra que la de señalar y proteger aquellos territorios que por su especial valor ecológico o paisajístico, arqueológico o cultural eran merecedores de especial protección, que siendo aprobado por la Junta de Andalucía en el año 1987 no es publicado hasta el año 2007, es decir veinte años después, con las graves consecuencias que para su vigencia conlleva esta más que censurable indolencia administrativa que ha supuesto de facto la desprotección de los espacios merecedores de la misma.
Lo mismo cabe decir de numerosos instrumentos de planeamiento municipal, que habiendo sido aprobados en los años ochenta y noventa aún siguen sin ser publicados. La consecuencia de esta indolencia administrativa es clara: la desprotección legal de espacios naturales que fueron señalados de interés supramunicipal. En el caso de la Axarquía esta situación de desprotección se alarga en el tiempo hasta el día 18 de julio de 2007, fecha de publicación del POTAX (Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Oriental de Málaga-Axarquía) en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Éste preveía la derogación expresa del PEMF, derogación que devino imposible, al ser publicado el PEPMF con posterioridad al 18 de julio de 2007, por lo que tenemos que concluir que dicho PEMF nunca tuvo vigencia en la Axarquía. Y sin embargo existen alcaldes condenados por su no aplicación.
Decíamos ayer, y desgraciadamente tenemos que seguir diciendo hoy después de más de ocho años de vigencia de la LOUA, que el principio de seguridad jurídica resulta incompatible con la ausencia del desarrollo reglamentario al que se refiere el artículo 52.6 relativo a las actuaciones sobre suelo no urbanizable y de urgente necesidad para despejar el alcance de los conceptos jurídicos indeterminados que impregnan los artículos dedicados al Régimen de esta clase de suelo y cuya distinta interpretación centran el debate judicial («necesidad justificada de vivienda», «vinculación a un destino relacionado con fines agrícolas, forestales o ganaderos»…).
Son muchas las cuestiones y preguntas planteadas en esta materia, y también las respuestas obtenidas, generalmente interesadas, poco imparciales, sin perspectiva histórica y sin análisis previo. Entendemos que la situación de alegalidad que presenta el SNU en la comarca de la Axarquía no responde a la voluntad perversa de sus regidores que han decidido deliberadamente atentar contra los valores fundamentales de la ordenación del territorio, sino que el caos urbanístico de la comarca encuentra su origen en causas de mayor calado que hunde sus raíces en la tradición del Derecho Administrativo Español, que asigna la competencia de la ordenación urbanística local al municipio sin tener en cuenta que la arcaica estructura del poder local difuminada en 8.000 ayuntamientos imposibilita su efectivo ejercicio. La complejidad técnica y jurídica de las tareas propias del planeamiento, la gestión y la disciplina urbanística chocan frontalmente con la atávica estructura municipal conformada en su mayoría por municipios de menos de 2.000 habitantes que no saben ni pueden afrontarlas. Pero este apartado, el de las soluciones, será objeto de una próxima reflexión.
* FRANCISCO DE PAULA DE LA TORRE GARCÍA. ABOGADO
* La Opinión de Málaga - 3.03.11
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