PÚBLICO/Reportaje* : Compartir continente no es, ni mucho menos, sinónimo de aplicar la misma gestión de la contaminación ambiental. Los problemas de polución que han atacado con especial virulencia Madrid y Barcelona estos días han puesto sobre la mesa posibles soluciones que, en algunas ciudades europeas, están implantadas hace años. La restricción del tráfico en determinadas áreas de los cascos urbanos es una realidad en ciudades como París y Berlín, mientras que otras como Londres han intentado disminuir ese tráfico aplicando una tasa a los coches que quieren entrar al centro. En la otra punta del mundo, la capital china ha mejorado mucho desde los Juegos Olímpicos de 2008 pero su polución está aún muy por encima de la española, a pesar del traslado de muchas fábricas a las afueras de la ciudad. Un ejemplo de lucha en una ciudad tradicionalmente muy contaminada lo ofrece México D.F., donde en menos de 20 años se ha logrado disminuir considerablemente la polución, restringiendo la circulación de forma selectiva.
Londres: Una tasa eficaz, pero poco tiempo
ÍÑIGO SÁEZ DE UGARTE
Bruselas se ha cansado de esperar. Londres no ha cumplido desde 2005 los límites máximos de contaminación y no hace más que solicitar prórrogas. En la última, pide ampliar el plazo hasta junio de 2011. La Comisión estudia si concederla o llevar a Reino Unido a los tribunales, que pueden imponer multas de hasta 300 millones de euros. El tráfico es el origen de la mayor parte de esa polución. Desde 2003 se obliga a pagar una tasa diaria de diez libras a los vehículos que entren en la zona central de la ciudad. En los primeros años, la medida originó un descenso del tráfico en torno al 15%, pero la impresión general es que con el tiempo ha vuelto a las cifras anteriores. La gente prefiere pagar a dejar de usar el coche, sobre todo en la hora punta. La última decisión del Ayuntamiento ha sido reducir la zona.
Desde enero, ya no está en vigor en la zona oeste, en Chelsea y Kensington, donde viven muchos de los votantes del alcalde, el conservador Boris Johnson. La versión oficial es que eso sólo supondrá un pequeño incremento en las emisiones.El Ayuntamiento ha prometido que desde 2012 todos los nuevos autobuses serán híbridos. Para entonces, ya habrá 300 en circulación. El alcalde quiere que haya 100.000 coches eléctricos, un 5% del total, en Londres (ahora hay 1.700). No tienen que pagar la tasa de congestión y el Gobierno subvenciona su compra con 6.000 euros.
Roma: Consecuencia de una mala gestión
DANIEL DEL PINO
Hay dos características que distinguen a Roma sobre cualquier otra ciudad en Europa: el Coliseo y el tráfico. Y mientras los turistas intentan no convertirse en pasto de los parachoques, los romanos, incluidos los que conducen, sufren las consecuencias de una gestión medioambiental deficiente. De una ciudad que debería ser transitada a pie pero que está dominada por los coches y las motocicletas.
En la Ciudad Eterna hay 71 automóviles por cada cien habitantes. Esta es una de las causas por las que esta misma semana el Ayuntamiento se vio obligado a cerrar el tráfico privado en el anillo verde de la ciudad por la acumulación de partículas contaminantes en la atmósfera. El lunes se superó el límite de 50 microgramos por metro cúbico. Según el consistorio, la culpa la tienen los 16 grados de temperatura de los primeros días de febrero. Sin embargo, en 2010, Roma superó ese límite 80 días.
Otro de los problemas de la capital italiana es la basura.
Cada habitante produce 641 kilos al año, según el Instituto de Estadística (en 2007 eran 450). Sólo el 20,7% de esa cantidad se separa antes de llegar a los vertederos, lo que provoca que se encuentren al máximo de sus posibilidades. La solución: los incineradores. Pese a todo, Roma no es la ciudad más contaminante de Italia, ese puesto le corresponde a Nápoles. Quizá estar en la provincia con más densidad verde del país ayude.
París: La revolución peatonal hizo el cambio
ANDRÉS PÉREZ
Al contrario que en otras urbes europeas, el problema de los coches en París viene de los que viven en las afueras de la ciudad y no de los propios parisinos, que utilizan sus vehículos sólo para un 17,2% de sus desplazamientos. A esto han contribuido las llamadas revoluciones peatonales.
Estos planes están quitando espacio a varias grandes plazas que actúan como repartidoras del tráfico, ensanchando las aceras, agrandando los espacios arbolados e, incluso, cerrando el tráfico a algunas de las avenidas que circundan determinadas plazas. Otra de las medidas, que se prevé que esté en marcha en 2012, es la distribución de 2.000 vehículos llamados "de autoservicio".
Estos coches permitirán su uso compartido sin necesidad de pagar combustible ni de preocuparse por el aparcamiento, ya que dispondrán de plazas específicas. Se prevé que 35.000 ciudadanos dejen de utilizar el coche gracias a esta medida. Compartir es también lo que se fomentará en los camiones, que podrán entrar en determinadas zonas si distribuyen suministros compatibles. París también es voluntaria en varias medidas del Plan Partículas del Gobierno de Sarkozy, que empezará en marzo y que implica instaurar las llamadas Zonas de Acción Prioritarias para la calidad del Aire (ZAPA), en las que se prohibirán los vehículos diésel más emisores de partículas finas, en particular los todoterrenos.
Berlín: Un ejemplo de la lucha antipolución
PATRICIA BAELO
El 1 de enero de 2008, Berlín se convirtió en una de las mayores ciudades que vetaba el acceso a un área de 88 kilómetros cuadrados, en la que residía un millón de habitantes, a los coches más contaminantes, aquellos que no disponían de catalizador. En su momento, supuso la restricción de alrededor de 100.000 vehículos. Cada automóvil tiene que llevar una pegatina según su grado de emisiones.
Estas medidas ponen de manifiesto la concienciación del Gobierno federal alemán respecto a la contaminación en las ciudades, probablemente motivada por la muerte cada año de 75.000 alemanes por contaminación por partículas finas, según datos de la OMS.
Berlín se beneficia también de los planes del Gobierno central que, recientemente, destinó diez millones de euros al proyecto RegioHybrid, para poner en circulación una flota de autobuses híbridos, que mejoran en un mínimo del 20% la eficiencia de los diésel. Desde principios de año, las gasolineras de la capital alemana, como las de todo el país, ofrecen el combustible biológico E10, apto para ser usado por el 90 % de los camiones. Además, en los últimos dos años, el Gobierno ha fomentado la adquisición de vehículos eléctricos, con primas a los consorcios automovilísticos y facilidades para los compradores.
Méxcio D.F.: Una gran mejora en sólo 20 años
MARÍA JOSEP SISCAR
La segunda ciudad más poblada del mundo ha conseguido deslindarse del triste título de ser la más contaminada. México D.F. es un valle a 2.240 metros de altitud, encajonado en un anillo de volcanes, que contienen la polución que, aunque permanece, se ha reducido notablemente en las dos últimas décadas.
Los casi 20 millones de habitantes de México D.F. han pasado de respirar óptimamente sólo ocho días al año en 1992 a 219 en 2010. Esto se ha conseguido gracias, sobre todo, a la reducción de las emisiones de los coches. La medida más eficaz ha sido el programa Hoy no circula, que impide la circulación al menos un día a la semana de cualquier vehículo de más de ocho años. Además, se introdujo la gasolina sin plomo, que actualmente usa el 95% de los coches, así como la obligatoriedad de los catalizadores y las inspecciones periódicas.
Pero todavía circulan diariamente 4,5 millones de coches, responsables del 75% de las partículas emitidas. Más del 50% de los días se exceden las emisiones de ozono. Según la ONU, México D.F. es aún un "foco rojo" por su calidad del aire.El Gobierno sigue ampliando la red de transporte público y se plantea comprar taxis eléctricos y vehículos públicos híbridos. También quiere desarrollar vías más rápidas que aligeren el tráfico y eviten los atascos.
Los Ángeles: Récord de contaminación por 70 años
ROBERTO ARNAZ
Desde 1943, Los Ángeles tiene el dudoso honor de ser la ciudad más contaminada de EEUU, además de la capital mundial del automóvil, con una media de casi dos por persona. Los turismos, junto a la industria, sobre todo petrolera, son los culpables de la nube mortal que cada año le cuesta la vida a 3.000 personas, además de obligar al Ayuntamiento a un gasto de 25.000 millones de dólares para evitar los decesos prematuros.
El Ayuntamiento ha apostado por las energías renovables, los coches híbridos y el fomento del uso de la bicicleta. Hace apenas una semana, el alcalde Antonio Villaraigosa anunció que se había cumplido el reto de conseguir que el 20% de la energía consumida por los servicios municipales fuese generada por fuentes renovables. También se ha hecho ecológica su flota de autobuses, lo que permite reducir un 80% las emisiones de monóxido de carbono y un 20% los gases de efecto invernadero. La ciudad ofrece descuentos en las tasas de circulación a los vehículos eficientes.
Los coches híbridos se han convertido en los vehículos de las estrellas, además de ser la única manera de huir de kilométricos atascos usando los carriles habilitados para ellos. La última gran iniciativa es el Plan Maestro para Bicicletas que, con una inversión de 30 millones de dólares, pretende construir en la próxima década más de 2.000 kilómetros de carril bici.
Sao Paulo: Restricción al tráfico sin alternativas
NAZARET CASTRO
El gran cuello de botella de São Paulo, la mayor ciudad de Suramérica, de 20 millones de habitantes, es sin duda el tráfico. Se trata de una urbe concebida para moverse en automóvil y el sistema de transporte público es ineficiente y no interesa demasiado mejorarlo, pues la automovilística es una de las grandes industrias del sureste brasileño.
La principal restricción al tráfico, en funcionamiento desde 1997, es el llamado rodizio: según el número de terminación de la matrícula, a cada automóvil se le impide circular un día laborable en el llamado centro expandido de la ciudad, durante el horario de mayor congestión. Los camiones no pueden entrar en el centro salvo por la noche y las motocicletas, muy numerosas, deben evitar la llamada vía exprés. Este año ha entrado en funcionamiento una norma que impide la circulación a vehículos que sobrepasen unos ciertos límites de emisiones contaminantes. Todos los coches deben demostrar que no lo hacen para renovar su documentación.
En lo que sí es pionera la ciudad, como todo Brasil, es en el uso de vehículos que pueden utilizar tanto gasolina como etanol. Con 10,6 millones, Brasil era a mediados de 2010 el país con mayor número de esta clase de vehículos. Sólo en 2009, se vendieron más de 180.000 motocicletas de este tipo . Brasil es uno de los principales productores de etanol en el mundo.
Pekín: Cambios tras los Juegos Olímpicos
DAVID BRUNAT
Un habitante de Pekín se reiría de los problemas de contaminación de España. China califica de "excelente" un nivel de polución de 50 mg de NO2. Alcanzar los 200 es habitual, y los 500, una tragedia demasiado común. Pekín mejoró su atmósfera en 2008, año de los Juegos Olímpicos, con resultados notables. Este enero fue el mes más limpio desde 1998, cuando sólo uno de cada cuatro días gozaba de un índice de polución inferior a cien. En 2010, fueron tres de cada cuatro.
" Nos hemos centrado en cuatro pilares: el carbón, los coches, las fábricas y la construcción", explica Wang Xiaoming, de Protección Medioambiental de Pekín. "Estamos cambiando el carbón por otras energías más sostenibles y hemos acercado los estándares de eficiencia de los vehículos a los europeos, con 160.000 coches apartados de la circulación. Lo mismo con las fábricas: las hemos sacado de la ciudad y hemos suspendido la actividad de 300, sobre todo las químicas", desgrana Wang.La polución se ha reducido en Pekín "entre un 15% y un 20%" en dos años. El problema es que la ciudad "se desarrolla a un ritmo brutal", advierte Shang Ailun, de Greenpeace. "Ha habido progresos, pero no es sostenible matricular 2.000 coches al día", dice. De hecho, reducir por ley la venta de coches es la nueva gran apuesta de Pekín.
* Público - 13.02.11
Foto: Roma, bicicletas Coliseo - publico
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HOY/Badajoz* : Hace 20 años, Castelar era un foco de problemas. A cualquier hora del día, los pacenses temían ir a un parque donde se habían hecho fuertes quienes vivían al margen de la sociedad. Incluso se cometió un crimen en este céntrico espacio, una muerte que ahuyentó aún más a las familias normales. Pero en 1998, el Ayuntamiento de Badajoz decidió derribar el muro de piedra exterior del parque. Desde entonces, Castelar comenzó a convertirse en el rincón preferido de los pacenses. De aquello han pasado 13 años, pero la Asociación de Criminólogos de Extremadura (Crimex) sigue utilizando este ejemplo para ilustrar la importancia que tiene el urbanismo. «Existen estudios criminológicos que tienen en cuenta la opinión de los delincuentes, y los delincuentes dicen que los sitios cerrados a la vista son más vulnerables», explica Juan Antonio López Casas, vicepresidente de Crimex.
Por este motivo, la asociación que representa a los criminólogos ha ofrecido su experiencia a la Delegación del Gobierno en Extremadura en asuntos tan cruciales como la lucha contra la marginalidad y la delincuencia en las barriadas más conflictivas.
Esa colaboración se traducirá en un estudio serio, pero los componentes de Crimex ya manejan algunas claves. «La simple estructura de una barriada, el alumbrado y la limpieza pueden influir en la delincuencia. No tiene sentido construir bloques con interminables portales sin luces», añade Lorenzo Cuevas, miembro de Crimex.
Pero la asociación de criminólogos no se limita a constatar que las plazas cerradas rodeadas de viviendas, la abundancia de bares y la escasez de tiendas contribuyen a la marginación, sino que propone otro tipo de medidas que también pueden ayudar a terminar con este problema. «La gente que cuida los jardines de esos barrios debe vivir allí, y lo mismo debe ocurrir con quienes barren esas calles. Hacer responsables a los propios vecinos hace que la gente sea más respetuosa con su entorno», remacha Enrique Díez de Baldeón Carrasco, presidente de los criminólogos.
La batería de medidas propuestas se completa con la ampliación de la plantilla de trabajadores sociales, la contratación de educadores de calle que estén en contacto permanente con los vecinos y, sobre todo, la búsqueda de una salida laboral para los vecinos.
Los representantes de Crimex creen que este tipo de aportaciones pueden resultar muy útiles en multitud de ámbitos, por eso valoran el esfuerzo de los 350 extremeños que se han decantado por la criminología como campo de formación. Entre ellos hay policías, guardias civiles, policías locales, funcionarios de prisiones, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales y cada vez más jóvenes que eligen la criminología como primera opción. «Uno de los principales cometidos del criminólogo es la prevención del delito y el apoyo a la víctima. Hay colectivos que combaten el delito y buscan al delincuente. Sin embargo, la víctima también necesita ayuda y en muchos casos no encuentra ese apoyo», lamentan.
Pero no es solo la utilidad pública lo que hace atractiva esta formación. A partir de ahora los estudios de criminología tendrán validez académica, puesto que Crimex acaba de ser informada de que la Universidad de Extremadura ha homologado el título de Experto Universitario en Criminalidad y Seguridad Pública, un logro que permitirá a muchos funcionarios contar con un título universitario para subir de categoría.
* Hoy - 14.02.11
Foto: La concepción urbanística de Los Colorines, con patios casi cerrados, no contribuye a la normalización. :: HOY
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JUAN GARCÍA LUJÁN/Canarias* : Lo describe de forma clara José Vidal-Beneyto en su ensayo La corrupción de la democracia: “No es que haya individuos corrompidos, es que la sociedad, sus élites y sus instituciones están corrompidas. El descubrimiento no es de ahora. Maquiavelo primero, primero, y Montesquieu, después, ya lo habían escrito. El Gobierno se corrompe por la corrupción, y cuando hay corrupción en la República, la corrompida es la República. Hoy diríamos la democracia. Las consecuencias son dramáticas, porque ya no basta con aceptar que la corrupción es un mal endémico de la vida pública, sino que hay que admitir que es un componente esencial del funcionamiento democrático. Los especialistas del tema, con voluntad de alguna manera exculpatoria, nos explican que el corrompido es agente público- ministro, diputado, alcalde y de ahí para abajo-, en bastantes casos no se enriquece personalmente, sino que contribuye al funcionamiento de la instancia política –partido, administración pública, municipio- desde el que opera.” Este periódico que ustedes tienen en sus pantallas nos está contando un caso que podría ser un ejemplo claro de lo que Vidal-Beneyto llama corrupción de la República, aunque sus protagonistas son Reyes de apellido y el que más mandaba en el Faycanato era un Valido.
Cuenta CANARIAS AHORA que durante el gobierno PP-Ciuca un promotor que necesitaba una licencia para construir una urbanización de chalets en Telde recibió un mensaje del entorno del entonces concejal de urbanismo de Telde Guillermo Reyes: tiene usted que pagar unas comisiones. Primero le pidieron 60.000 euros y después 120.000. Un familiar del promotor acudió a la policía (Acebes era ministro del Interior y gobernaba Aznar en la Moncloa, doña Dolores de Conspirar) y lo contó. Pero el gesto de dignidad y honradez podía salir muy caro, se arriesgaban a quedarse sin los beneficios de los chalets. Así que al final los promotores hicieron lo que tantos otros, apuntaron las comisiones en los gastos, subieron el precio de los chalets, y aquí paz y en el banco gloria.
El abogado que le contó el soborno a la policía no firmó la denuncia porque no se lo permitieron sus familiares. Pero la policía tenía al menos esa denuncia verbal y se la contó a la Fiscalía Anticorrupción, esa institución que según CC y PP Juan Fernando López Aguilar montó para perseguir a los dirigentes más puros que gobiernan hace décadas las principales instituciones de estas asirocadas ínsulas. Pero la Fiscalía no investigó de oficio y la policía tampoco.
La primera reacción del entorno de Guillermo Reyes a la publicación de las jediondeces de su mandato también fue de manual: matar al mensajero. Su aventurera radio se dedicó ayer a hablar de las vidas y milagros de Carlos Sosa. Recurrió, faltaría más, a desenterrar el montaje de la revista Época que ya fue archivado por la Justicia. Recuerden aquel reportaje hecho a partir de las grabaciones clandestinas del agente secreto PP Manolo. En tiempos de precariedad periodística ha sido la noticia mejor pagada de la última década en España: la consejería de Turismo de la mandada Rita Martín regaló al grupo Intereconomía casi 200.000 euros en publicidad a cambio de la vendetta. Cuando nos preguntamos por qué la gente vuelve a votar a los corruptos tenemos que tener en cuenta el importante papel de los medios de comunicación públicos y privados. Los casos de corrupción suelen ser denunciados por medios pequeños, los medios que tienen mayor difusión reciben dinero público o de los propios corruptos para esconder las investigaciones judiciales y desprestigiar a jueces, fiscales o periodistas que quieren contar el funcionamiento de las cloacas del poder.
En Lanzarote acaba de ocurrir otro ejemplo de corrupción de la República, de corrupción del sistema. El domingo el periódico El País contaba parte del sumario del caso Unión. La reproducción de un pequeño fragmento de la conversación entre Fernando Becerra (exdirigente del PP) y Carlos Espino debería avergonzarnos a todos los canarios. Becerra le dio consejos a Espino para hacerse rico saltándose las leyes y beneficiando a determinados empresarios. El lengüina de Becerra contaba cómo su hermano Juan Carlos Becerra estuvo en la mierda y no lo han podido trincar. La reacción mediática a la información de El País la protagonizó Lancelot, un periódico vinculado accionarialmente al empresario Juan Francisco Rosa, imputado en el Caso Jable y los hoteles ilegales, y beneficiado por los hermanos Becerra. Lancelot escribió un editorial llamando indecente a El País y a Carlos Espino, al que sitúa en lo más alto de la corrupción de Lanzarote (debe ser que el día que Becerra habló con él para proponerle las más grandes indecencias Espino estaba de vacaciones y no quiso delinquir).
La mayoría de los políticos canarios son decentes, eso es verdad. La mayoría de los trabajadores y empresarios no se dedican al soborno. Esos es cierto. Pero también es verdad que para que se produzcan casos de corrupción que no se investigan hasta sus últimas consecuencias hace falta un trabajo colegiado de políticos, empresarios, políticos, jueces, funcionarios y periodistas. Si nos fijamos de lo ocurrido en Telde y Lanzarote y en la reacción de algunos medios de comunicación, podemos concluir que en Canarias, en algunas ocasiones,parece que estamos como en la Italia de Berlusconi. Desde la República se utilizan medios de comunicación para difamar a los que investigan o denuncian la corrupción. Los denunciantes se convierten en indecentes y los golfos son presuntos hasta la eternidad.
* Canarias Ahora - Opinión - 15.02.11
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ELPAÍS* : El paisaje del norte de Madrid tendrá, dentro de una o dos décadas, no cuatro hitos recortándose contra el cielo, sino hasta catorce. Alguno de ellos superará en quince plantas a las torres del Real Madrid. Serán los rascacielos de la Operación Chamartín, como se ha dado en llamar la Operación Prolongación de la Castellana de Madrid. El Ayuntamiento prevé aprobar en el pleno de este mes el plan parcial, que es tanto como describir el diseño de este nuevo barrio de Madrid con el que se agota y maciza el territorio por el norte. Crecerá en torno a 2,6 nuevos kilómetros al norte de la Castellana, la arteria que divide Madrid de norte a sur, sobre 312 hectáreas, el mismo tamaño que todo el barrio de Ventas. La dimensión, ubicación y equipamiento de este desarrollo estrella le equipara con otros similares europeos, como el de La Défense de París, al que triplica en suelo bruto.
Y si el distrito de negocios La Défense lleva 40 años gestándose, aquí tampoco falta antigüedad.
El acuerdo entre el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Ministerio, que han permitido en esta ocasión sacar adelante este proyecto iniciado en 1993, no es el primero, aunque parece el definitivo. En el gráfico pueden verse las viviendas proyectadas: 17.000, de las que 4.000 serán protegidas; los más de 500.000 metros de zonas verdes y de equipamientos, además de 165.000 para hoteles, y otros tantos para centros de negocio que competirán con las Cuatro Torres.
José María Ezquiaga, director del equipo de arquitectos redactor del plan parcial, destaca cuatro grandes diferencias respecto a versiones anteriores que, a la vez, definen el modelo de ciudad. "En primer lugar, gravita sobre el transporte público. Los edificios de oficinas rodean en forma de racimos las estaciones de metro y tren, con lo que se garantiza que quienes trabajen allí puedan acceder por transporte público. El 76% de la población estará a menos de 300 metros de la estación".
En segundo lugar, destaca la conectividad con los barrios del entorno: "Es respetuoso con el antiguo pueblo de Fuencarral, tiende puentes con él y el barrio de Las Tablas, que se diseñó dando la espalda al tren. Elimina barreras mediante túneles y puentes, y conecta incluso la Isla de Chamartín". El soterramiento de la playa de vías del tren (60 hectáreas) no es la única herida del tejido urbano que se cierra, si bien esta miniciudad que podría acoger 50.000 habitantes no será una nueva vía de penetración a Madrid desde la M-40 por el Norte.
El tercer elemento diferenciador es la vivienda protegida. Serán 4.000, más de las obligatorias, lo que supone renunciar a plusvalías por parte de Adif. El mayor propietario de suelo es esta sociedad pública heredera de Renfe. El Ministerio de Fomento, de quien depende prevé ir ampliando por fases la nueva estación que financiará con cargo a estos aprovechamientos urbanísticos liberados que le correspondan por el convenio acordado con la sociedad concesionaria Duch (Desarrollos Urbanísticos Chamartín).
Coyuntura desfavorable
Duch es una entidad privada constituida por el BBVA (72,5%) y Constructora San José (27,5%) que asume los costes de tramitación urbanística, la urbanización y el pago de las infraestructuras -metro incluido-, que dan servicio al resto de la ciudad.
La cuarta diferencia que subraya Ezquiaga es la ecológica. Cuando se acaben las viviendas -en torno a 2020- habrán entrado en vigor nuevas normas comunitarias exigentes en ahorro energético de los edificios, tendente al autoconsumo. Se contempla la posibilidad de que calefacción y refrigeración se centralicen por áreas y también el reciclaje del agua.
"Es una operación comparable solo con otras de grandes dimensiones, como la intervención en la zona central de los Docklands en Londres o La Défense de París. Su valor diferencial es la accesibilidad, por su ubicación estratégica respecto al área metropolitana", indica Ezquiaga. Para el arquitecto prolongar el centro urbano supone "aprovechar la ciudad, el transporte público y combatir la dispersión territorial, que es enemiga del buen urbanismo. Y en Madrid las grandes instituciones terciarias se van por falta de oferta de calidad y tamaño".
La densidad de edificación fijada en 1,05 m2/m2 -semejante al tramo anterior de La Castellana hasta el nudo norte- se modificó al alza igual que varias normativos, para que pueda autofinanciarse. Es decir, que las promociones paguen las infraestructuras que no asumen los particulares. En total la operación prevé unos 4.300 millones en este capítulo y unos 6.800 a invertir en edificación. Antes de cinco años debería acometerse el soterramiento de las vías del tren y el trazado de la Nueva Castellana, obras que no se pueden hacer por tramos y requerirán un importante desembolso. Por lo que se refiere a tramitación, Duch tiene que delimitar las unidades de ejecución, crear la junta o juntas de compensación y acometer el complejo proyecto de urbanización.
Este escenario futuro choca con la realidad. El sociólogo Jesús Leal alerta de que hay suelo vacante calificado para 90 años. A Chamartín le salvaría su excelente ubicación, pero el mercado está ausente. Un experto en suelo se lamenta de que han hecho los números con parámetros del pasado boom. "La operación se basaba en que los ingresos por el aprovechamiento lucrativo, viviendas, oficinas y comercios, absorbería el coste de las infraestructuras pero todo ha bajado un 50%".
En los barrios vecinos de Monte Carmelo o Las Tablas el metro cuadrado de suelo edificable que se vendía en 2.500 euros en 2005 y 2006, bajó a 1.000 en 2008. Y en la Prolongación de la Castellana se cerraron operaciones a 1.000 euros un metro cuadrado de suelo cuando ahora se ofrece por 200. No está nada claro la viabilidad para el resto de promotores privados que tendrán que afrontar un elevado coste de urbanización, si lo explotan de forma directa.
En cuanto a los inversores extranjeros, Cristina Calvo Ortega, socia del despacho jurídico Ashurst, explica que, hoy por hoy, apuestan por activos con inquilinos y descartan invertir en suelos o en promoción sin financiación. No ayudará nada que los reversionistas, según Antonio Vázquez de la Asociación No Abuso, están pendientes de un recurso de casación ante el Supremo. El tribunal empleará, al menos, dos años, que, como dice el tango, "no es nada", cuando de tramitación urbanística se trata.
* El País - 16.02.11
Foto: Así quedará la Castellana una vez se lleve a cabo la Operación Chamartín.- elpais
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ELPAÍS/Pontevedra* : Al día siguiente de poner fin a su primera etapa en la Xunta, en enero de 2004, el ahora jefe territorial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Pontevedra fichó para una empresa a la que adjudicó obras, en su calidad de delegado provincial de las consellerías de Medio Ambiente y de Agricultura. Antes de recorrer al menos 13 sociedades relacionadas con Sedesa, grupo que aparece implicado en el sumario del caso Gürtel por presunta financiación ilegal del Partido Popular, José Luis Díez Yáñez fichó por Ploder Uicesa, también tocada por las ramificaciones de la Gürtel. A ella adjudicó al menos dos contratos: el primero, en octubre de 1987, y el segundo, en septiembre de 2001 y en UTE con Audeca, por 64,92 y 25,38 millones de pesetas, respectivamente.
Díez Yáñez dejó la Administración autonómica el 14 de enero de 2004, después de haber pasado por dos delegaciones provinciales y por la Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental. El 15 de enero, fichó por Ploder Uicesa, a la que había adjudicado un concurso para el sellado del vertedero de O Saviñao y una red de caminos de servicios y obras en una zona de concentración parcelaria de Cerdedo. En Ploder permaneció hasta el 17 de febrero de 2005, cuando inició su periplo por las compañías de Sedesa. Como representante de este grupo, el ahora responsable de Urbanismo en Pontevedra presentó un contencioso contra el Ayuntamiento de Sanxenxo para reclamar 4,8 millones de euros, como consecuencia de un polémico acuerdo firmado dos semanas antes de que Telmo Martín dejara la alcaldía.
Ploder Uicesa, que acabó en quiebra, está relacionada de forma indirecta con la Gürtel, por la adjudicación de obras millonarias por Administraciones del PP. La más relevante, la construcción y explotación de un hospital de Vallecas que se adjudicó en unión con el imputado José Luis Ulibarri. Ploder estaba presidida por el suegro del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez. El sumario del caso Gürtel desvela que la Empresa Municipal de Vivienda de Madrid, presidida por Herráez, amañó un contrato en 2004 de 153.000 euros a la empresa Special Events, de Francisco Correa. Herráez también mantuvo negocios con Francisco Bravo, un polémico constructor relacionado con el tamayazo.
El nombramiento de Díez Yáñez fue debatido ayer en el Parlamento, donde el secretario general de la consellería, José Antonio Fernández, apeló a la ley de incompatibilidades para avalar las actividades privadas del jefe territorial. "Presentó un escrito que demuestra que causó baja
con anterioridad al ingreso", afirmó, para concluir: "Por tanto, no hubo incompatibilidad". Preguntado por el diputado socialista José Manuel Lage sobre la ética del nombramiento, el portavoz de la consellería replicó: "Las normas éticas ya están incluidas en las de incompatibilidades, y a ellas hay que remitirse, no yendo más allá".
La compatibilidad de Díez Yáñez con su reingreso en la Xunta está también plagada de incógnitas. El ahora jefe territorial regresó a la Administración gallega el 7 de junio de 2010, pero no firmó el acta de renuncia a sus poderes en las empresas de Sedesa hasta el 2 de agosto, ni consta que formulara solicitud de compatibilidad alguna, según confirmaron fuentes de la consellería que dirige Agustín Hernández. La ley de incompatibilidades exige a los funcionarios un reconocimiento previo de compatibilidad para ejercer cualquier actividad privada, que en ningún caso puede estar relacionada con su departamento. Antes de ser nombrado jefe territorial, entre junio y agosto pasado, Díez Yáñez permaneció como funcionario en la Consellería de Presidencia. Su nombre todavía figura en el registro mercantil como apoderado de Mirador de Zapateira, del grupo Sedesa.
El anterior delegado abandonó el cargo "ante las suspicacias"
El antecesor de Díez Yáñez en la jefatura provincial de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Evaristo Juncal, mantuvo negocios con testaferros de narcotraficantes, levantó un chalé ilegal y permaneció 24 años sin pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Pero la consellería solo lo destituyó "para evitar suspicacias", según afirmó ayer en comisión parlamentaria el secretario general de la Consellería, José Antonio Fernández.
En su comparecencia para explicar los negocios privados de Juncal y Díez Yáñez, el representante de Medio Ambiente evitó hablar de cese. "Fue la no prórroga de una comisión de servicios para evitar suspicacias", manifestó, por la "existencia de vínculos entre su negocio y su actividad pública". Fernández rebajó al máximo las competencias del jefe territorial, al asegurar que "no tiene facultades resolutorias". El cargo de jefe territorial de la consellería de Agustín Hernández lleva aparejadas competencias en Urbanismo como la presidencia de la Comisión Provincial de Vivienda y del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Díez Yáñez fue de hecho el instructor del recurso presentado por la empresa del exalcalde de Sanxenxo Telmo Martín, Construcuatro, contra la sanción por cobrar sobreprecios en viviendas protegidas de Navia, en Vigo.
El secretario general de Medio Ambiente negó "incompatibilidades" de Juncal, ya que se le aplica la ley que afecta a los funcionarios, no a los altos cargos. El socialista José Manuel Lage, autor de la pregunta parlamentaria, se preguntó si "la ética que pregona [el presidente de la Xunta] Feijóo es compatible" con las "suspicacias". Lage acusó a Hernández de "poner a los zorros a cuidar de las ovejas".
* El País - 17.02.11
Foto: Santiago, Xunta Galicia - skycrapercity
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ELDÍA/Tenerife* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Güímar tomará declaración al alcalde del municipio, Rafael Yanes, y a la exconcejal Sonia Fernández el próximo día 23 en calidad de imputados en el marco del proceso abierto por una presunta infracción urbanística en la que pudo incurrir el aparejador municipal al construir su vivienda, la cual está en proceso de legalización en aplicación del Plan General de Ordenación (PGO), vigente desde el año 2007. Hace más de 16 años que comenzó este expediente urbanístico, cuando, siendo Víctor Pérez alcalde, el funcionario afectado adquirió el inmueble en el que realizó obras con una licencia municipal, siendo dichos trabajos objeto de una denuncia por parte de un particular, comprobándose que los mismos no se ajustaban a lo autorizado. Así lo explicó Rigoberto González, exalcalde de Güímar, quien ya compareció ante su señoría por este mismo asunto en calidad de imputado.
El exregente aseguró que, siendo alcalde, paralizó la construcción mediante el decreto correspondiente, permitiéndole posteriormente reanudarla "en la parte que estaba amparada por la licencia"; sin embargo, "volvió a incumplir y, nuevamente, fue denunciado y cesaron los trabajos". Ahí concluyó la parte de este expediente correspondiente a la gestión de Rigoberto González.
Un vez entró en vigor el Plan General de Ordenación, el afectado solicitó la legalización de la construcción, comprobándose que debía demoler parte del ático al objeto de ajustarla al planeamiento, por lo que le sería concedida la licencia de primera ocupación.
Rigoberto González aclaró que "por este asunto hemos pasado por el juzgado media humanidad", refiriéndose con ello a que la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Güímar ha tomado declaración no solo a representantes políticos, sino a funcionarios.
Por su parte, Rafael Yanes informó ayer de que abrió un expediente informativo para esclarecer las circunstancias por las que su nombre figura en la relación de "concejales de Urbanismo con competencia en Disciplina Urbanística" desde el año 2000 solicitada por el juzgado. Ayer entregó al mismo una certificación oficial en la que se afirma que "se ha detectado un error" en la misma, haciendo constar que el actual alcalde "nunca ha sido responsable del área de Urbanismo, con competencia en Disciplina Urbanística". En dicho documento se aclara que "por error" se incorporó en la relación el decreto 1305/1999, de 08 de julio, que se correspondía con "la delegación de competencias en materia de Ordenación del Territorio" a favor de Rafael Yanes, pero específicamente para iniciar los trabajos del Plan General de Ordenación.
* El Día - 17.02.11
Foto: Güímar (Tenerife)- webtenerife
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LAVOZ/Lugo* : Al pie de una recta en la N-634 en Barreiros, en la fachada de un edificio impecable, cuelga doblada, como abandonada y solo sujeta por un extremo, una pancarta de lona en la que con grandes caracteres se indica que hay pisos a la venta. Los coches pasan; ninguno se detiene. Es la metáfora de Barreiros. En el año 2006, cuando el municipio se proyectaba como el Sanxenxo del norte de Galicia, pocos podían prever que cinco años después casi no se iba a mover un ladrillo. Aquel año, la Xunta anticipó varios meses en Barreiros el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con una intervención que tuvo efectos demoledores. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acaba de sentenciar que la actuación fue correcta y que las normas provisionales que se dictaron en el año 2007, y que prácticamente impiden volver a hacer edificios, deben seguir en vigor en tanto no se apruebe un nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal.
En la recta de San Miguel, en las otrora codiciadas huertas y fincas, se levantan esqueletos de edificios con el ladrillo a la vista. No se ve a un obrero. Las grúas están paradas. En los pocas promociones concluidas no hay movimiento; las persianas están bajadas y si se alcanza a ver tras alguna cristalera se observan las paredes nítidas y las habitaciones sin muebles. «Nas oficinas de venta xa non hai ninguén, porque os construtores teñen as mans atadas ata que se resolvan os contenciosos. Non teñen marxe para subir ou baixar prezos, non poden facer nada», explicó el responsable de una inmobiliaria. De las cinco que había hace años en Barreiros, ahora solo queda una.
Negocio redondo
En el 2006, las promociones llegaban a venderse enteras sobre plano. El negocio era redondo para todos. Bastaba con pagar la entrada y sentarse a esperar, a revender incluso antes de que el edificio se iniciase. Pero la intervención de la Xunta dio al traste con todo eso.
Presentó contenciosos solicitando la anulación de las licencias y la Justicia ordenó la paralización cautelar de las obras. Muchas no se iniciaron y quizás ya no lo hagan tampoco. «Aínda que a Xunta retire agora os contenciosos, non se van facer 3.000 pisos. Non hai bancos dispostos a poñer os cartos. Con que se remate o que está comezado e se venda o que hai feito xa sería moito», opina el titular de una inmobiliaria.
Constructores asfixiados
José Pulpeiro lleva toda la vida haciendo edificios en A Mariña. Heredó la profesión de su padre y se la ha inculcado también a sus hijos. «A anterior Xunta cebouse con Barreiros. Eu tiña unha finca e unha licenza en San Pedro, con todo pagado. Ía empezar a edificar e mandáronnos parar. Levo 220 millóns de pesetas investidos alí», explica. Pulpeiro no es demasiado optimista: «Hai moitos construtores totalmente asfixiados. ¿Como aguantan? Supoño que moito xa é dos bancos».
Barreiros fue un pozo de ambiciones y hoy sigue pagando las consecuencias. Abocados a un túnel sin salida, constructores, Xunta, Concello y Diputación están poniendo de su parte para buscar una solución, que básicamente parece pasar por retirar los contenciosos. Eso enerva a parte del PSOE y del BNG. En este contexto, el fallo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia no es más que otra piedra en ese camino, a la espera de si se depuran o archivan las diligencias abiertas contra el gobierno local de Barreiros por la concesión de licencias.
* La Voz de Galicia - 16.02.11
Foto: Barreiros (Lugo) - mma
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20MINUTOS/Reportaje* : Los niveles de contaminación que padecen nuestras principales ciudades están empezando a resultar difícilmente soportables. Y la situación se agrava cuando, como ocurrió la semana pasada, se suceden varios días anticiclónicos, con escasas lluvias y poco viento. Aparecen entonces las famosas "boinas", las grandes urbes como Madrid o Barcelona se vuelven irrespirables, las alertas se disparan y resurge la polémica... Hasta que un poco de agua (como la anunciada a partir de este domingo para la capital de España, por ejemplo) apacigua la situación y el tema queda aparcado de nuevo. La contaminación atmosférica provoca actualmente unas 370.000 muertes prematuras en la UE, 16.000 en España, según datos de la Comisión Europea. Sin embargo, hincarle el diente a una de las principales causas del problema, el imparable incremento del tráfico rodado en las ciudades, no parece fácil. En una sociedad en la que el coche se ha vuelto intocable, las poco electoralistas apuestas por otros medios de transporte más ecológicos (bicicleta, vehículos eléctricos), o por restringir o encarecer la circulación, siguen lejos de la agenda real de los grandes ayuntamientos.
Y la crisis, con el consiguiente miedo a aumentar cualquier tipo de impuesto o a dañar al comercio, no alienta precisamente las iniciativas más osadas.
Los ciudadanos, por su parte, tampoco están por la labor: Según señala el estudio Ciudadanía y conciencia medioambiental en España, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2010, sólo el 10% de los españoles se muestra dispuesto a usar menos el automóvil por cuestiones ambientales, frente al 17% de media de la UE.
¿En qué consiste exactamente la polución que envenena nuestros cielos? ¿Cuáles son sus efectos para la salud? ¿Qué dice la Ley? ¿Cómo ha sido la controversia, política y medioambiental, creada por la situación crítica de estos días? ¿Qué soluciones se proponen, y qué medidas han adoptado ya otras ciudades europeas? Estas son las claves de un fenómeno propio de las sociedades urbanas e industrializadas al que, sin embargo, no habría por qué resignarse.
¿Qué es la contaminación del aire?
El aire que compone la atmósfera, la capa que envuelve la Tierra, está formado por una veintena de gases en proporciones constantes. Cuando, debido fundamentalmente a la actividad del hombre, se alteran las proporciones naturales de esos gases o se detectan sustancias ajenas a las de la propia composición atmosférica, se contamina y degrada la calidad del aire, en ocasiones, en niveles superiores a lo tolerable para la salud.
La Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en vigor desde el 16 de noviembre de 2007, define la contaminación del aire como "la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza".
¿Qué la provoca?
Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, y que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.
¿Qué efecto tiene sobre la salud?
En España, la contaminación del aire causa 16.000 muertes anuales prematuras (370.000 en toda la Unión Europea), según datos de la Comisión Europea sobre Medio Ambiente. Otro informe, el del II Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010, realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo (ECODES) y DKV Seguros, señala que unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de la contaminación atmosférica.
Los médicos indican que para las personas sanas, sin ningún síntoma respiratorio, las concentraciones excesivas de elementos contaminantes en el aire no representan un riesgo inmediato, aunque sí pueden tener efectos a largo plazo. Sin embargo, las personas que sufren alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades respiratorias, así como niños y ancianos, son grupos especialmente sensibles.
Según la directiva de la UE al respecto, las partículas contaminantes emitidas por la industria, el tráfico y la calefacción doméstica contribuyen a desarrollar problemas de asma, deficiencias cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras. La misma UE señala que el ciudadano europeo pierde de media ocho meses de esperanza de vida como consecuencia de la presencia en el aire de partículas tóxicas.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos millones de personas mueren al año por la contaminación del aire (datos de 2006). Para la ONG Ecologistas en Acción, los episodios graves de contaminación que se mantienen durante varios días pueden aumentar la mortalidad hasta en un 5%.
¿A cuántos afecta?
Teniendo como referencia las limitaciones establecidas por la UE, 16 millones de españoles respiran aire contaminado. Esta cifra se elevaría a 37 millones si se aplican los parámetros de la OMS.
El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), publicado en febrero de 2008 con datos de 2005, señala que las ciudades con más de 500.000 habitantes rebasaron sistemáticamente ese año los límites de contaminantes.
Trece ciudades españolas, encabezadas por Alcorcón, Madrid, Getafe, Barcelona y Valencia, presentaron concentraciones medias anuales de NO2 superiores a las fijadas para 2010, y el 75,7% incumplía el límite diario en partículas en suspensión.
España, donde tres de cada cuatro ciudadanos respiran aire contaminado, dedica 16.839 millones de euros a afrontar los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, según el citado informe del OSE.
¿Qué leyes hay al respecto?
En general, la Constitución establece en su artículo 45 que "todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".
Más concretamente, la mencionada Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera regula desde 2007 las actividades potencialmente contaminadoras y establece máximos para la emisión de gases.
A finales del mes pasado, el Gobierno aprobó dos decretos relativos a la normativa sobre contaminación. El primero revisa los límites legales de contaminantes en el aire y las medidas a adoptar para cumplirlos, y el segundo actualiza –con más de dos años de retraso sobre las previsiones de la Ley– la relación de actividades emisoras de contaminantes a la atmósfera y las medidas de control sobre las mismas.
¿Cuáles son las sustancias contaminantes y cómo están reguladas?
La relación de materias contaminantes es muy amplia, pero, por su relevancia y toxicidad, destacan, las siguientes:
* Partículas en suspensión (PM). Son sustancias sólidas y líquidas, orgánicas e inorgánicas, compuestas por nitratos, sulfatos, amoniaco, carbón, agua, cloruro sódico y polvo de minerales que, o bien se emiten a la atmósfera tras el uso de combustibles en hogares, actividades industriales o motores de combustión, o bien se transforman en el aire debido a reacciones químicas. Según su diámetro, se clasifican en PM10 (diámetro menor de 10µg (microgramos) y PM2,5 (menor de 2,5µg). Las PM2,5 son las más peligrosas, ya que una vez inhaladas, pueden entrar en el flujo sanguíneo y derivar en enfermedades que pueden ser mortales, informa la agencia Efe.
El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 1999, establece que el valor límite diario de las PM10 será de 50 µg/m3, y que éste no podrá superarse en más de 35 ocasiones al año, mientras que el valor límite anual será de 40µg/m3. Las PM2,5 se incluyen, por primera vez, en la Directiva aprobada por el Consejo de Europa en abril de 2008, que obliga a reducir un 20% para 2020 la exposición a esas partículas en las zonas urbanas con respecto a los niveles de 2010.
* Monóxido de Carbono (CO). Es un gas incoloro e inodoro, resultado de la combustión incompleta del carbón, la gasolina, la madera, etc. Es altamente tóxico, ya que dificulta la distribución del oxígeno en la sangre. El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 2000, establece un valor límite de 10µg/m3 como media de ocho horas máximas en un día.
* Ozono (O3). De color azulado y olor fuerte, es altamente tóxico y se encuentra como contaminante de la troposfera. El Real Decreto de 2003 fija el nivel en 120µg/m3, una marca que no deberá superarse más de 25 días por año de promedio, en un periodo de 3 años.
* Dióxido de Nitrógeno (NO2). Es de color rojizo, venenoso y corrosivo. Su principal fuente de emisión procede de la quema de combustibles a altas temperaturas. Es el principal responsable de la "boina" en las ciudades y provoca inflamación en las vías respiratorias. El Real Decreto de 2002 establece el límite en 40µg/m3 de media anual y 200 µg/m3 de media en una hora, que no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año.
* Dióxido de Azufre (SO2). Gas incoloro, se produce por la combustión de carbón y petróleo. Provoca irritación de las vías respiratorias y puede alterar la función pulmonar. El Decreto de 2002 establece un límite de 359µg/m3; se fija el valor límite diario en 125µg/m3, que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año, y el umbral de alerta en 500µg/m3 durante tres horas consecutivas.
¿Qué suponen los nuevos decretos aprobados por el Gobierno?
Según el Gobierno, estos decretos endurecen la legislación, ya que obligan al Ejecutivo a elaborar un plan nacional de lucha contra la contaminación, con medidas, calendarios y objetivos concretos, que servirá de pauta para los que aprueben las comunidades autónomas y las entidades locales que miden la calidad de su aire.
El Gobierno destaca asimismo que se va a prestar especial atención a las partículas en suspensión PM2,5, relacionadas con el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios, y que España se va a adelantar al resto de países de la UE al incluir el control de otro contaminante, el amoniaco (NH3).
Para Ecologistas en Acción, sin embargo, los nuevos decretos aumentan los límites de partículas permitidos y posibilitan niveles de contaminación atmosférica nocivos para la salud pública, en algunos casos muy por encima de los estándares recomendados por la OMS. En este sentido, destacan que el valor límite diario de dióxido de azufre es seis veces superior a la recomendación de la OMS, los valores límite anuales de partículas PM10 y PM2,5 duplican los recomendados por la OMS, y el valor objetivo de ozono es un 20% superior al de la Guía de la OMS.
Añaden que, en el caso de las partículas PM10, se va a derogar el valor límite anual establecido para 2010 de 20 μg/m3 (microgramos por metro cúbico), manteniendo el mucho más permisivo establecido para 2005 (40 μg/m3). Respecto al valor límite diario para este contaminante (50 μg/m3), la normativa en vigor permitía que se superara un máximo de 7 días en el año 2010, que ahora se elevará a 35 días al año, cuando la recomendación de la OMS es que no se rebase más de 3 días al año.
¿Qué dice la normativa europea?
La directiva europea de Calidad del Aire establece que desde 2005 deben respetarse unos niveles máximos de exposición a las partículas PM10 de 40 microgramos por metro cúbico anuales, con un máximo diario de 50 microgramos, que no puede superarse más de 35 veces en el conjunto del año.
¿La estamos cumpliendo?
No. El Tribunal de Justicia de la UE ha comenzado a tramitar una denuncia contra España, formulada por la Comisión Europea el pasado 24 de noviembre, por no respetar los límites máximos de micropartículas gruesas en suspensión en el aire (las PM10) en diferentes zonas del país, ni adoptar medidas efectivas para reducir esos niveles de contaminación.
Madrid, Barcelona y otras zonas industriales españolas solicitaron una moratoria para cumplir esas exigencias, pero la Comisión Europea rechazó ambas solicitudes por estimar que los planes para mejorar la calidad del aire propuestos no eran suficientes para garantizar el objetivo previsto. El Ejecutivo comunitario sólo concedió la moratoria a la zona de Puertollano, en Castilla-La Mancha.
La Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España a comienzos de 2010, y le advirtió de que, de continuar con el incumplimiento, el siguiente paso sería la denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario.
Por lo pronto, la Fiscalía española de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si las grandes ciudades de nuestro país están cumpliendo o no la directiva europea de Calidad del Aire, para lo cual ha pedido información detallada de sus niveles de contaminación atmosférica y de las medidas que están tomando para combatirlos.
¿Vamos a mejor o a peor?
Los niveles de contaminación en las grandes ciudades españolas se van reduciendo año tras año, pero demasiado lentamente, dada la magnitud del problema.
Según el Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2009, realizado por Ecologistas en Acción, al igual que en 2008, durante 2009 se apreció una reducción de la contaminación con respecto a años precedentes. No obstante, el informe, elaborado con los datos que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación, indica que esta reducción se debe más a razones coyunturales que por la aplicación de medidas orientadas a reducir esta polución.
Así, entre las causas de esta bajada destacan, según la ONG, la reducción de la movilidad originada por la crisis (el consumo de combustibles de automoción bajó un 5,1% en 2009); la disminución del consumo eléctrico también por la crisis, lo que conllevó un menor funcionamiento de las centrales térmicas (13% menos); una meteorología más inestable que en años precedentes (lo que favorece la dispersión de contaminantes); y por último, ciertos cambios en el parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes y, por tanto, menos contaminadores (en 2009 se incrementó la venta de estos vehículos un 42%, mientras que descendieron todos los demás tipos y también el número total de coches, en un 18% con respecto a 2008).
En cualquier caso, la organización ecologista subraya que las superaciones de los límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años, que la información al ciudadano no es adecuada, y que los planes de Mejora de la Calidad del Aire, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas tienen efectividad.
¿Por qué ha habido niveles tan altos de contaminación estos días?
A lo largo de la semana pasada se instaló en nuestro país un anticiclón que se prolongó hasta el fin de semana. Los anticiclones, al no llevar viento, provocan una tapadera que impide que el aire de las capas bajas de la atmósfera vaya hacia arriba y haya ventilación. El resultado es la llamada "boina", una gran nube de polución y humos formada por dióxidos de nitrógeno, de azúfre y partículas en suspensión, que cubre las ciudades más castigadas por la polución, como Madrid y Barcelona.
¿Qué niveles llegaron a alcanzarse?
Madrid padeció el martes y el miércoles concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) superiores a los 60 microgramos por metro cúbico, y en zonas concretas del sur de la Comunidad se rebasaron los 100 ug/m3.
En menos de dos meses, dos estaciones de medición del centro de Madrid, la de la plaza Fernández Ladreda, en Carabanchel, y la de Ramón y Cajal, en Chamartín, ya han superado el valor límite legal para todo el año de NO2. La directiva europea permite un máximo de 18 superaciones (en una hora) de los 200 microgramos por metro cúbico en un año. El pasado día 8 Fernández Ladreda sumaba ya 21 y Ramón y Cajal, 19.
Barcelona, por su parte, registró el pasado jueves picos máximos de polución que duplican y hasta triplican las medias anuales de dióxido de nitrógeno. Los registros más elevados se daban en las zonas de Gràcia- Sant Gervasi y Montcada i Reixac, donde se midieron más de 120 microgramos por m3 de NO2. Pese a todo, no se rebasó el nivel de alerta (200 en una hora).
¿Qué reacciones ha habido en Madrid?
El Ayuntamiento de Madrid hizo, con poco éxito, un llamamiento a los ciudadanos para que dejasen el coche en casa y utilizasen el transporte público. No obstante, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sostiene que la contaminación que ha registrado estos días la capital se consideraba "normal" hace cinco años y está "muy lejos de los niveles de alerta", ya que actualmente los ayuntamientos han puesto el nivel de exigencia "extraordinariamente alto".
Ruiz-Gallardón (PP) pidió al Gobierno socialista que no siga bonificando los coches diesel, los más contaminantes, y le acusó de "cargar" contra el Ayuntamiento madrileño por la cercanía de las elecciones municipales de mayo, haciéndolo ahora a cuenta de la contaminación, a pesar de que el Ejecutivo "no adopta en esta materia las medidas que debería".
Mientras, el Consistorio ha sido acusado de maquillar los resultados de los medidores de contaminación, al situar algunas estaciones en zonas verdes, como la Casa de Campo.
En noviembre del año pasado el alcalde de la capital anunció que se cortaría el tráfico en el centro, pero no antes de los próximos comicios. Para Ruiz-Gallardón, en tiempos de crisis, limitar el acceso a Madrid del millón de personas que se desplazan diariamente con sus vehículos a la capital dañaría la ciudad y a sus comerciantes.
La mayor polémica, no obstante, la provocó la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, al afirmar que "nunca es un tema sanitario, sino una cuestión medioambiental. Estamos lejísimos de una alerta, que nunca se va a producir. Estamos un momento en el que la gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más".
¿Y en Barcelona?
La directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, señaló también que la contaminación de Cataluña es ahora menor que hace cinco años, y pidió que no se haga "alarmismo".
Pese a que los niveles de polución en Barcelona no son tan altos como en Madrid, la situación creada por el anticiclón de estos días llevó a las autoridades a mantener la controvertida limitación de la velocidad a 80 Km/h en los accesos a la capital catalana.
En cualquier caso, el Ayuntamiento barcelonés, que preside el socialista Jordi Hereu, ha indicado que no piensa limitar el tráfico en la ciudad, y la concejala de Medio Ambiente (Imma Mayor, de ICV), ha descartado restringir el acceso de vehículos.
El Ayuntamiento de Barcelona está negociando con los partidos de la oposición el llamado Plan de Energía, que contempla 70 medidas para reducir la contaminación en la ciudad.
Algunas declaraciones sobre el problema
* Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente: "El Gobierno no quiere cobrar más impuestos por la mala calidad del aire. La respuesta y la solución a la contaminación no está sólo en la fiscalidad".
* Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en RNE: "Hay que apostar por el transporte público en detrimento del transporte privado y por una descentralización de la vida en la ciudad. Hay que sacar las Administraciones a la periferia. No pueden llegar 4 millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar. No se pueden hacer carreteras más anchas sino usarlas menos".
* Pere Navarro, director general de Tráfico: "En todos los debates que se están produciendo a nivel europeo sobre tráfico hay dos palabras claves: limpio y seguro. El camino lo estamos haciendo, pero los indicadores nos dicen que no es suficiente, que hay que ir más allá".
* Antonio Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio y numero dos del Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona, en El País: "Hablamos con 40.000 alcaldes a los que les pedíamos que limitaran el tráfico. La mayoría decía que sabían que había que hacerlo, pero que mejor después de las elecciones".
* Juan Ruiz Manzano, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR): "Está demostrado que con los picos altos de contaminación hay una mayor cantidad de recaídas, ingresos (tanto a urgencias como admisiones en los hospitales) y una mayor mortalidad en pacientes crónicos, ya que los pulmones están expuestos al aire que respiramos".
¿Qué posibles soluciones hay?
Las soluciones más eficaces al problema de la contaminación en las grandes ciudades pasan por reducir los efectos del tráfico de automóviles. Antonio Cerrillo concreta en La Vanguardia algunas de las opciones básicas:
* Cambiar el parque de vehículos. La sustitución de los vehículos de motor de gasolina por vehículos diesel ha llenado las ciudades de coches sucios, que emiten menos CO2, pero más más partículas y más NO2.
* Reducir el tráfico. Más del 80% de los contaminantes proviene de los coches. Según el Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental, la reducción debería ser de al menos un 30%.
* Cambiar los valores. Más y mejor transporte público, más caminar en trayectos cortos, más bicicletas, más zonas peatonales, más espacios verdes. Los avances tecnológicos en los coches no bastan. Barcelona, según indica el mencionado artículo, tiene 6.000 vehículos por Km2; Londres, 1.400.
* Limitar las congestiones. Reducir los atascos en las vías de entrada a las grandes ciudades, combinando la mejora de las vías con los límites de velocidad, y estableciendo los llamados carriles de alta ocupación (restringidos a coches que estén ocupados por un mínimo de tres pasajeros).
¿Cómo combaten la contaminación otras ciudades europeas?
Cerrar al tráfico el centro urbano cuando suben los niveles de contaminación, impulsar el uso de la bicicleta y del vehículo eléctrico compartido o penalizar la utilización del vehículo privado son algunas de las opciones por las que diferentes ciudades europeas han optado para mejorar su calidad del aire.
Reino Unido
En Londres, el Ayuntamiento decidió declarar sus áreas de mayor tráfico como Zonas Penalizadas de Congestión (CCZ en sus siglas en inglés) en el año 2003. Todos aquellos conductores que quieran acceder a estas áreas penalizadas, excepto los que circulen en un coche eléctrico, tendrán que pagar una cuota diaria de 10 libras (11,8 euros) entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, bajo multas de incumplimiento de entre 60 y 180 libras. Los fondos recaudados se destinan a mejorar el sistema público de transporte de la ciudad.
Ocho años después de la implantación del CCZ, las autoridades aseguran que las emisiones contaminantes se han reducido entre un 17 y un 20%, al tiempo que el tráfico ha bajado un 20%.
Además, se ha implantado la llamada Zona de Bajas Emisiones (LEZ en sus siglas en inglés), que, desde 2008, obliga al pago de una tasa a los vehículos comerciales con motores diesel de más de 1,2 toneladas que circulen por la capital y su zona metropolitana.
Italia
Una norma obliga a cerrar al tráfico los centros urbanos como mínimo una jornada en cuanto se registren valores de contaminación por encima de los niveles fijados por la UE. Esta medida se ha aplicado ya en varias ocasiones en ciudades italianas como Milán, Turín, Roma o Nápoles.
Por otra parte, el acceso de los coches a los centros de las ciudades italianas con mayores índices de contaminación sólo está permitido para aquellos vehículos que cumplan la normativa Euro4 sobre emisiones contaminantes.
Francia
París ha apostado por una intensa promoción del transporte público, con la prolongación de la red de tranvías, la ampliación de carriles para autobuses y bicicletas o el proyecto Autolib, que pondrá a disposición de los ciudadanos 3.000 coches eléctricos para uso individual o colectivo a partir del otoño de 2011.
Tambien se ha promocionado el uso de la bicicleta, con un eficiente servicio de bicicletas públicas, que cuenta con más de 160.000 abonados.
El Ayuntamiento de París asegura que ha conseguido reducir la intensidad del tráfico en un 24% y duplicar el uso de la bicicleta en los desplazamientos.
Alemania
En 2007 en Alemania se abrió la posibilidad legal a las ciudades de decretar de terminados sectores urbanos como Zonas Ecológicas, en las que sólo pueden entrar vehículos con matrículas especiales que tienen que ser adquiridas y que acreditan que el auto en cuestión no sobrepasa determinado límite de emisiones de gases contaminantes. Las primeras ciudades en hacer uso de esa posibilidad han sido Berlín, Colonia, Hannover y Stuttgart.
Desde 2008, las normas sobre emisión de partículas se han hecho más estrictas. Entrar en estas áreas sin placa está penalizado con una multa de 40 euros.
¿Qué se ha hecho en las ciudades españolas?
* Madrid. En 2006 Gallardón anunció que los coches más contaminantes no podrían pasar al centro. Nunca se aplicó. En 2009 presentó las Zonas de Bajas Emisiones, que no establece qué medidas aplicar ni cuándo.
* Barcelona. Está pendiente de aprobar el mencionado plan de más de 70 medidas para combatir la contaminación. Además, han estrenado un pavimento que absorbe la contaminación del aire. Su sistema de alquiler de bicicletas, bicing, ha sido un éxito. Este plan también fue anunciado por Gallardón, pero ha sido aplazado de forma indefinida.
* Sevilla. Es la ciudad española que menos ha sufrido la polución debido, sobre todo, a su apuesta decidida por la bicicleta (ha creado 130 kilómetros de carril-bici) y la ampliación de Metrocentro.
* Valencia. También ha ampliado el carril-bici y ha puesto en marcha un sistema de alquiler de bicicletas.
(informa O. Fraile)
¿Qué se aconseja a las personas que más sufren la contaminación durante los días de niveles muy altos?
* Evitar las zonas más contaminadas de la ciudad y frecuentar las zonas verdes.
* Intentar evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre.
* Extremar la disciplina en el seguimiento de los tratamientos médicos si se sufre una enfermedad respiratoria.
* 20 Minutos - 13.02.11
Foto: Contaminación industria - google
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DIARIODEMALLORCA* : La jueza instructora del "caso Can Domenge" ha desestimado el recurso presentado por la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar contra su auto de final de instrucción de esta causa al entender que ella "por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación" del solar. El auto recurrido por el abogado de Munar, Gabriel Garcías, fue dictado en noviembre por la titular del juzgado de instrucción 12 de Palma, María del Carmen González, y en él pasaba la causa a procedimiento abreviado, lo que da por terminada su instrucción. En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.
Según el auto de la jueza desestimando el recurso, al que ha tenido acceso Efe, sí existen indicios de delito por parte de Munar, ya que, como presidenta del Consell, "conocía y admitía la forma en que se enajenó Can Domenge (y aún hoy la avala)", un procedimiento que, argumenta, "no fue correcto".
"Existen indicios plurales -indica el auto- de que la finalidad auténtica del concurso era vender el bien a un precio muy inferior al de mercado a una empresa con la que se habían confabulado bajo la apariencia de un concurso, logrando dinero para el Consell pero en cuantía muy inferior a la que se hubiese podido obtener en un procedimiento justo".
Esta finalidad ilícita, añade la jueza, es "la que guió todo el concurso" y "siendo esto así", continúa, "no sería creíble que la presidenta se mantuviese al margen".
En su auto, fechado el 7 de febrero, la jueza afirma que el proceso de venta de Can Domenge "es del todo irregular en su conjunto", por lo que Munar no podía desconocerlo por mucho que otros imputados, como Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, afirmaran que ella "no bajaba al detalle".
"El concurso de enajenación podría ser fraudulento y prevaricador, no solo en alguno de sus detalles, sino en su propia concepción global. No se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la Ley (...), sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la Ley", insiste la jueza.
Además, apunta que teniendo en cuenta que el de Can Domenge era el "proyecto estrella" del Consell "sin duda la señora Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación".
La jueza plantea dos hipótesis sobre el papel de la que también fue presidenta del Parlament en este proceso: que participaba o incluso dirigía el proceso conociendo su finalidad real, aunque no conociera los detalles, o que fue engañada por sus personas de confianza y solo sabía que se vendía el solar.
En el primero de los casos, quedaría claro que participó en el delito, y en cuanto al segundo supuesto la jueza indica que en ninguna de sus declaraciones judiciales Munar dijo que Nadal, Flaquer o el exconseller Bartomeu Vicens le hubiesen mentido, por lo que "no existe el menor atisbo en la causa de que hubiese sido engañada".
La jueza también desestima el recurso presentado al auto de pase a procedimiento abreviado por parte de la defensa de otro imputado, el abogado Santiago Fiol. En cambio, acuerda el sobreseimiento de la acusación contra Mario Sanz.
En el caso de Munar, el recurso desestimado por la jueza pasará ahora a la Audiencia de Palma en apelación, por lo que el alto tribunal autonómico deberá pronunciarse al respecto antes de que se abra juicio oral.
* Diario de Mallorca - 14.02.11
Foto: Palma, expresidenta del Consell, Munar, en el juzgado (archivo) - diariodemallorca
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LAVOZ/Lugo* : La intervención que el anterior Gobierno de la Xunta de Galicia (PSOE-BNG) hizo en el urbanismo de Barreiros se ajustó a la legalidad y fue por «causas justificadas». Así lo entiende el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha desestimado los recursos que presentaron varios constructores y el propio Ayuntamiento contra el decreto autonómico del 1 de febrero del 2007 por el cual se suspendieron las normas subsidiarias de Barreiros y se dictó una normativa provisional tan restrictiva que, en la práctica, impide que se pueda construir algún edificio más. Las consecuencias de aquella intervención están hoy muy presentes en Barreiros. La anterior Xunta presentó contenciosos solicitando la anulación de medio centenar de licencias de obra otorgadas por la junta de gobierno local. En los juzgados se ordenó la paralización cautelar de las obras. El temor se extendió entre los clientes y las compras se ralentizaron y entraron en una atonía que se mantiene.
Hoy en día apenas se mueve un ladrillo en Barreiros; un municipio de unos 3.500 habitantes donde en el año 2006 el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia visó proyectos para construir más de 6.000 pisos.
En este asunto muchos promotores han manifestado ser víctimas de un enfrentamiento político, de una persecución de la ex conselleira del PSOE, María José Caride; del ex director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje; y del ex director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Hipólito Pérez, contra un ayuntamiento gobernado por el PP. Son víctimas, dicen, porque la anterior Xunta logró que tuviesen que parar obras e inversiones millonarias a pesar de que contaban con la licencia de obra municipal.
Pero uno tras otro, el TSXG rechaza los argumentos de los recurrentes contra la suspensión de normas, que sostienen, por ejemplo, que la ordenación provisional es arbitraria porque lejos de garantizar un desarrollo sostenible lo único que ha garantizado es que no haya desarrollo urbanístico alguno.
Las normas provisionales que regulan el urbanismo en Barreiros se mantendrán durante algunos años más, hasta que el Concello apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal que ahora se está redactando. Pero es muy probable que la construcción se reactive en cuestión de meses, quizás semanas, con la aprobación de nuevos planes sectoriales. Esa es la voluntad de la actual Xunta (PP), de la Diputación (PSOE-BNG) y del propio Concello (PP), que han firmado un convenio para invertir 14 millones de euros en Barreiros. Con estas obras -que en gran medida sufragarán los constructores- se dotarán de servicios (agua, alcantarillado, suministro eléctrico, aceras y viales) a los solares en donde se concedieron las licencias de obra que recurrió la anterior Xunta. Y es que en caso contrario los constructores podrían reclamar indemnizaciones millonarias, con el argumento de que tienen la licencia de obra en su poder. Por eso solicitan que se retiren los contenciosos que pesan sobre las licencias.
* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Un grupo de edificios en construcción cerca de la costa en San Miguel de Reinante (Barreiros) - lavozdegalicia
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LAVOZ/A Coruña* : Un recurso presentado por Carlos Rodríguez Horta, que fue asesor urbanístico de Manuel Varela Rey, desencadenó el proceso judicial que culminó con la sentencia de demolición del colegio. El fallo llegó recién estrenado el 2005. En concreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló una resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo del 31 de julio del 2000 por la que se otorgó la autorización para construir el centro. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, el trámite de excepción aplicable al suelo rústico no se ajustaba a derecho por el tipo de uso y por la existencia de suelo urbano o apto para urbanizar suficiente para ubicar el Artai en otro lugar. También anuló dos autorizaciones aprobadas por la comisión de gobierno de Carballo los días 31 de julio del 2000 y 3 de abril del 2001, en el primer caso porque estaba vigente la suspensión de licencias derivada de la aprobación del PGOM y en el segundo porque se concedió licencia de obras sin que previamente se otorgase la de apertura.
Ratificación
El Concello de Carballo presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia se demoró hasta mediados del 2009, pero los magistrados ratificaron los argumentos de los jueces gallegos y, por tanto, la orden de derribo.
No obstante, la sentencia de demolición no se ha materializado ni se prevé que vaya a llevarse a cabo, entre otros motivos porque el autor de la demanda falleció en el año 2007 y no parece que nadie esté interesado en seguir adelante con el proceso.
* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Carballo (A Coruña) - Luis M. Bugallo Sánchez, wikipedia.org
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LNE/Asturias* : La situación urbanística de Llanes es «dramática», sin parangón con ninguna otra en España. Llanes se ha quedado sin plan urbanístico, pues todos los anteriores están anulados por los jueces o derogados. El Ayuntamiento conserva las competencias urbanísticas, pero carece de normativa municipal que aplicar. Así que su margen de maniobra es muy estrecho, prácticamente inexistente. Los seis expertos consultados ayer -tres prefirieron permanecer en el anonimato- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de obra mayor (construcción de nuevas viviendas, por ejemplo) hasta que cuente con un nuevo plan general. Sólo podrá otorgar licencias centradas en «la conservación y mantenimiento de lo que hay». Los urbanistas sólo ven una salida posible: suspender de inmediato la concesión de licencias, «para evitar más problemas», y redactar lo más rápido posible, «pero con todas las garantías legales» y «sin atajos», un nuevo plan de urbanismo. Cualquier otro camino «sería un suicidio».
En esos términos se expresó Gerardo de la Iglesia, abogado experto en Derecho Público y Urbanismo. Fue claro y contundente: la sentencia del Supremo es «muy buena y muy fundada en derecho», a la vez que «durísima». El Supremo ha confirmado todas las graves irregularidades observadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha acusado al Ayuntamiento de «ocultación de documentos» y de «hurtar a la ciudadanía la posibilidad de alegar» sobre varias actuaciones urbanísticas, lo que supuso «quebrantar el control democrático de los ciudadanos». Algo «gravísimo», según De la Iglesia, quien incidió asimismo en las deficiencias observadas en la memoria del plan y en el estudio económico y financiero. «Pocas veces he visto una sentencia tan fuerte», añadió el jurista. El futuro es «negro», según De la Iglesia, quien asegura que la sentencia del Supremo ha dejado fuera de ordenación la mayor parte de las actuaciones urbanísticas ejecutadas en el concejo en las últimas décadas. «Será posible legalizar muchas de ellas, pero quizá no todas». Por eso a De la Iglesia no le extrañaría ver «algún derribo» en el concejo de Llanes en los próximos años.
Javier Junceda, abogado y catedrático de la Universidad Internacional de Barcelona, alabó el pronunciamiento del Supremo, que ha certificado la «solidez» de los criterios que llevaron al TSJA a anular el plan general en 2007. «La sentencia confirma punto por punto que se ha infringido el régimen de información pública en la aprobación del PGOU, que se ha vulnerado el régimen de la memoria y estudio económico financiero y que se ha intentado sortear el control jurisdiccional al llevar a un PGOU planes de desarrollo anulados con ocasión de la declaración judicial contraria a las normas subsidiarias municipales» de 1992.
Junceda defiende que el urbanismo actual está basado en el planeamiento, por lo que «no cabe urbanismo sin plan». Así que aboga por la suspensión de los procedimientos urbanísticos hasta la aprobación de un nuevo plan, que debería tramitarse «con la mayor celeridad y garantías». Junceda sostiene que el Ayuntamiento no podrá otorgar licencias de obra nueva. Lo mismo que De la Iglesia, Junceda subrayó que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial si como consecuencia de la sentencia del Supremo se produce algún derribo u otros perjuicios a promotores o propietarios.
El abogado Javier Calzadilla, que representa a la Agrupación de Vecinos de Llanes (Avall) en el «caso La Talá», coincidió con sus colegas al señalar que el Ayuntamiento de Llanes se ha quedado sin instrumentos de ordenación urbanística. «Hoy Llanes no tiene plan de ordenación», por lo que han quedado automáticamente anulados, también, los planes parciales, entre ellos el de La Talá, al quedarse sin cobertura jurídica. Lo mismo ocurre, a su juicio, con las licencias de obra nueva. En cuanto a las obras ejecutadas al amparo de los planes anulados, habrá que examinar «caso por caso». En el caso de las actuaciones que carezcan de cobertura jurídica, habrá que estudiar, a su vez, «si son o no legalizables».
* LNE - 15.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio
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ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : “El estudio de cargas de la Rana Verde es la chispa que puede encender la mecha de nuevas movilizaciones”, advierte la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización en un comunicado. La plataforma indica que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento “tiene que entender que querer llevar a cabo este proceso sin el acuerdo de los vecinos es un fracaso anticipado, igual que el proceso iniciado en el año 1998, con millones de las antiguas pesetas entregadas a fondo perdido y que seguimos preguntándonos en que dotación del balance de pasivo del patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentran”. El colectivo insiste en que “la expectación es máxima entre los afectados sobre la próxima publicación del estudio de cargas del área de gestión básica (AGB) de Pinares de Chiclana (Rana Verde)” y señala que “la valoración de las unidades de aprovechamiento es un hecho fundamental para corroborar todo lo denunciado por esta plataforma”.
Los vecinos integrados en la plataforma admiten que “los costes de urbanización serán los que digan los estudios técnicos sin lugar a dudas”, pero consideran primordial que las cargas urbanísticas “se encuentren establecidas en base a unas valoraciones legales y justas; se realicen las interpretaciones sobre el 10 por ciento de cesión previa de viarios y vías pecuarias ya existentes; que el cien por cien de las cantidades abonadas por los afectados repercuta sobre los proyectos de ejecución urbanísticos de cada área, y la solicitud de ayudas mediante los fondos de cohesión europeos para los sistemas generales y extensibles al resto de AGB”.
Otro punto innegociable para la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización es el establecimiento de un canon para el pago de los trabajos de infraestructuras necesarios para la regularización de las viviendas. En este sentido apuntan que “es indispensable un canon de los sistemas generales que facilite el pago a las familias, y por supuesto asumir la realidad urbanística del extrarradio en el nuevo planeamiento, disminuyendo las unidades mínimas de las parcelas para regularizarse en todas las AGB”. La plataforma exige “soluciones legales para abaratar las cargas” y asegura que “las hay”.
* Andalucía Información - 15.02.11
Foto: Chiclana (Cádiz), plaza mayor - diariodecadiz.es
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KAOSENLARED* : Al menos 16.000 personas mueren de forma prematura por culpa de la contaminación en España, según estima el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). Esta cifra multiplica por siete a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. Los niños, ancianos, enfermos crónicos o con patologías cardíacas son los colectivos más vulnerables a este problema ambiental. “La comunidad científica no tiene dudas respecto a los efectos perjudiciales de la contaminación sobre la salud respiratoria y coincide en la necesidad de reducir la contaminación urbana”, explica Cristina Martínez, coordinadora del área de medio ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Según datos del MARM, la contaminación que se registra en España produce 16.000 muertes prematuras, una cifra siete veces mayor a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. El año pasado 1.710 personas perdieron la vida en las carreteras. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la cifra se eleva a 370.000 muertes debido a la mala calidad del aire.
“Respirar aire limpio es un derecho de todas las personas”, señala Juan Ruiz Manzano, presidente de la SEPAR. Los gases emitidos por los tubos de escape de tráfico rodado y las superficies industriales o productoras de energía son los mayores causantes de este problema de salud ambiental.
Las partículas en suspensión, originadas por la combustión de los motores de los vehículos, “producen un efecto agudo que acelera la muerte de personas con un estado frágil de salud”, advierte Martínez. En su opinión, los niños, personas mayores, enfermos crónicos, o pacientes con patologías cardíacas son las personas “más vulnerables” a esta contaminación urbana.
Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), procedentes de las grandes instalaciones de combustión, causan problemas en el tracto respiratorio y producen irritación e inflamación. “Los niños y los asmáticos son los más afectados”, subraya la experta.
Muertes que se podrían evitar
Otro estudio europeo, que incluye a Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, revela que si los niveles de estas partículas contaminantes suspendidas en el aire (inferiores a 2,5 micras) se redujeran a 20 partículas/microgramo por metro cúbico, en cada ciudad se evitarían 11.375 muertes prematuras, es decir, 8.053 muertes por patologías cardiopulmonares y 1.296 por cáncer de pulmón.
Desde la SEPAR alertan de que los niveles -de entre 100 y 150 microgramos por mililitro de NOx- alcanzados en algunas ciudades españolas durante los últimos días exceden los 40 microgramos necesarios para proteger la salud.
* Kaos en la Red - 14.02.11
Foto: Contaminación - kaosenlared
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ELMUNDO/Cádiz* : El ex alcalde de la localidad gaditana de Barbate por el PP, Juan Manuel de Jesús, deberá sentarse de nuevo en el banquillo después de que un juzgado barbateño haya ordenado la apertura de juicio oral por la vía penal. Al ex primer edil se le acusa de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante sus años de mandato, que se suma a otra causa por las que ya fue condenado y una aún en período de instrucción. El escrito de la acusación particular, imputa a De Jesús los delitos de falsedad, fraude y prevaricación con respecto a una parcela inicialmente propiedad del Ayuntamiento barbateño y que, según el mismo escrito, habría sido vendida por debajo de su precio de mercado y con una tramitación irregular, no ajustada a Derecho. Los hechos que se juzgan se remontan al año 2000, cuando el entonces alcalde decide "ceder en pago" a la empresa Estructuras Auxiliares una superficie de 2.906 metros cuadrados de una finca de propiedad municipal.
Optaba así por la dación en pago, procedimiento utilizado en el derecho privado para saldar deudas mediante entrega de bienes, pero que "no existe en la normativa reguladora de la enajenación de bienes inmuebles de las entidades locales", según la acusación particular. En su escrito, precisa que esta enajenación debería de haberse realizado mediante "subasta pública o la permuta de otros bienes inmuebles", pero no de forma discrecional.
En el mismo informe, apunta que el Ayuntamiento barbateño no tenía entonces deuda alguna que saldar con la empresa Estructuras Auxiliares SA, representada por Juan Carlos Salido Gómez, aunque sí la junta de compensación de la unidad de ejecución urbanística de Carretera de Atlanterra, que presidía Juan Manuel de Jesús, pero en la que el consistorio perdería su mayoría participativa, estando en manos privadas.
Junto a la cesión, presuntamente irregular de esta parcela, la acusación particular, ejercida por el entonces delegado de Urbanismo Jesús López, aclara que el alcalde la "cede en pago" por algo más de 150.000 euros (25.840.374 pesetas entonces), mientras que fue adquirida dos meses después por la empresa Depurasur SL por más de 200.000 euros (33 millones de pesetas en el año 2000), un 30 por ciento más.
Según la acusación particular, "es evidente que el alcalde se concertó con el señor Salido Gómez, al objeto de transmitirle la parcela del patrimonio municipal, sin subasta pública, sin deberle nada directamente y a un precio muy inferior al de mercado".
El Registro de la Propiedad rechazó la inscripción de la finca como dación de pago, por lo que Juan Manuel de Jesús "trata de legalizarla, modificando el contenido de la escritura, mediante un nuevo proyecto, que transmitía los terrenos a la junta de compensación de la Carretera de Atlanterra y que fue aprobado por el Pleno municipal dos meses después de haber cedido la parcela" a Estructuras Auxiliares, que a su vez la había vendido a un tercero.
La acusación considera probado los delitos de prevaricación y de falsedad por parte del ex alcalde popular, a expensas de la decisión judicial una vez se celebre la vista oral. Por estos hechos, solicita para Juan Manuel de Jesús siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de un año de prisión y seis de inhabilitación por el de fraude y hasta seis meses de multa, con seis años de suspensión de empleo o cargo público por el delito de falsedad.
Junto al ex alcalde, se sentarán en el banquillo dos altos funcionarios municipales, un letrado de la asesoría jurídica y el arquitecto, a los que el ex delegado de urbanismo denuncia por incompatibilidad en cargo público, al prestar servicio en la citada junta de compensación con el beneplácito del ex alcalde.
La causa que se verá ahora en vista oral fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que ahora se ve obligado a dar trámite a la apertura de juicio al Juzgado de lo Penal de Cádiz, después de que la Audiencia Provincial respaldara los recursos presentados por la acusación particular. Junto a las penas solicitadas, el escrito recoge la petición de que el ex alcalde sea juzgado por un tribunal popular, según la tipificación de algunos de los delitos.
Nueva inhabilitación
El ex alcalde ya fue condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público porque no abonó una deuda acumulada de diez años a una empresa contratada por el Ayuntamiento en 1992. Además, Juan Manuel de Jesús, que fue primer edil entre 1999 y 2007, tiene pendiente otra causa por la reventa de unos terrenos por la que la Fiscalía de Cádiz abrió en su día diligencias y que está aún en período de instrucción.
* El Mundo - 14.02.11
Foto: Barbate (Cádiz) - García Cordero (El País)
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* muestra su estupor ante las declaraciones de ayer del alcalde de Madrid, cuando se plantea 2016 como plazo para cumplir la legislación de calidad del aire. A pesar de que ha tenido dos legislaturas completas para garantizar que los madrileños respiramos aire limpio, ahora quiere seguir retrasando ese derecho. De sus declaraciones se deduce otro corolario: la economía antes que la salud, algo que, por cierto, contradice a numerosos estudios, que demuestran que luchar contra la contaminación es más rentable que tolerarla. Según recogen varios medios de comunicación, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó ayer que “No hay ninguna duda, estoy convencido que antes de esos cinco años, que es el plazo que nos marca Bruselas a las autoridades, lo vamos a cumplir -la legislación de calidad del aire en cuanto al dióxido de nitrógeno-”.
A este respecto, Ecologistas en Acción quiere aclararle:
- No es cierto que Bruselas le dé esa prórroga al Ayuntamiento. De hecho, lo más probable –y lo más deseable para los pulmones de los madrileños– es que no sea así, puesto que la Comisión Europea sólo concede estas prórrogas a aquellas regiones que han hecho todo lo posible por reducir la contaminación, algo que a todas luces no ha ocurrido en Madrid.
- Del mismo modo, a lo largo las dos legislaturas de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno municipal ha venido haciendo una interpretación de la ley muy forzada, y que no comparten muchos juristas ni técnicos en la materia: que dado que se nos dio un margen de tolerancia para cumplir de forma progresiva con los límites de protección a la salud para el dióxido de nitrógeno, estos límites sólo eran obligatorios en 2010, aunque la ley dice claramente que también lo eran los años previos (cuando se debía cumplir el valor de 40 microgramos por metro cúbico más el margen de tolerancia de cada año). En todo caso, la situación en 2010 era la crónica de una superación de los límites legales anunciada, puesto que todos los años anteriores se habían superado. En estas condiciones, pedir una prórroga o decir que en los próximos años se van a tomar medidas efectivas, no es sino una burla a la salud de los madrileños.
La economía (mal entendida), antes que la salud
Es lo que se deduce cuando Gallardón afirma que no puede reducir el flujo de automóviles que llegan de fuera de Madrid porque causaría un perjuicio económico “muy grande”, “un empobrecimiento y una pérdida de competitividad y, por tanto, de empleo”. Esta afirmación da por buenos varios errores.
El primero es que si no hay tantos coches no hay movilidad ni actividad económica. La mayor parte de los desplazamientos en la ciudad de Madrid se hacen en transporte público y andando. Sólo un tercio de los desplazamientos son en automóvil. Muchas ciudades funcionan, y mucho mejor que Madrid, con menos tráfico. Es más, resultan más atractivas para sus habitantes y para los visitantes.
La segunda es suponer que luchar contra la contaminación es caro. Todo lo contrario: lo ruinoso es mantener esta situación, que tiene, por ejemplo, numerosas implicaciones económicas en cuanto a la mayor morbilidad, bajas laborales, etc. de los madrileños. A esta conclusión llegó la Comisión Europea en un “análisis de impacto” que realizó, con el que pretendía calcular el coste de la aplicación de políticas de mejora de la calidad del aire. Incluso en el peor de los escenarios posibles, los beneficios superaban entre 1,4 y 4,5 veces a los costes [1].
En definitiva, para Ecologistas en Acción las políticas posponer y posponer la lucha contra la contaminación no sólo son nefastas para la salud de los madrileños, sino también para nuestra economía.
* Ecologistas en Acción - 15.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
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