Palma.- Matas compró un informe para avalar la contratación a dedo de Calatrava, según el fiscal

DIARIODEMALLORCA* : Los informes tenían que salir como fuera. Con esa contundencia se lo dijo el conseller de Educación de Jaume Matas, Francesc Fiol, a los arquitectos y responsables técnicos del Govern que debían avalar la contratación de Santiago Calatrava. Se trataba de elegir a Calatrava y solo a Calatrava. Para ello el ex president y su conseller pagaron 11.600 euros públicos a una asesoría privada, a la que se encargó que elaborasen un informe jurídico en el que se respaldase la elección sin concurso público del reputado arquitecto. Según se detalla en los 27 folios del escrito de petición de fianza redactado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern por una de las piezas en las que se ha dividido el sumario del caso Palma Arena, Matas se había reunido con el famoso arquitecto ya en 2006, pero el proyecto pagado con dinero público que el expresident pretendía convertir en el golpe de efecto que le llevase a la reelección no tomó forma hasta principios de 2007. Fue entonces cuando, según los fiscales, el expresident "decide de forma unilateral que durante la siguiente campaña electoral va a presentar un gran proyecto (...) con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato".

Tomada la decisión y designado a dedo su prestigioso ejecutor, Matas negocia los pormenores con Calatrava: le pagará 1,2 millones de euros públicos por presentarle un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a albergar una ópera junto al Moll Vell de Palma. Con la adjudicación a dedo ideada, solo falta ejecutarla. Matas encarga de ello al exconseller y actual diputado autonómico del PP Francesc Fiol. La misión es compleja: se trata, según la Fiscalía, de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión [de Matas], revistiéndola de las formalidades jurídicas necesarias". Y hay que hilar fino: según la Fiscalía, Matas pretendía además "ocultar su participación en la decisión y consecución del proyecto". ¿Cómo hacerlo? Siempre según el relato de los fiscales, Fiol y Matas ponen los ojos en el Ibisec, una empresa pública fundada para la construcción de colegios. ¿Por qué? "Al tratarse de una empresa pública los controles de legalidad no son exhaustivos", opinan los fiscales en su escrito.

Vistiendo el contrato
Pero aunque no haya controles exhaustivos, sigue habiendo leyes que cumplir. Se lo advierten al propio Fiol el entonces director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y los abogados del Govern. Así que el exconseller y aún diputado del PP busca avales a la adjudicación a dedo de Matas fuera del Govern y de los funcionarios contratados para evaluar este tipo de cuestiones, como recalca la propia Fiscalía Anticorrupción: "¿Para qué si no se contratan numerosos profesionales para integrar las asesorías jurídicas de los organismos públicos?", reflexionan los fiscales, que exponen la razón del comportamiento de Matas y Fiol:"Se pretendía contar con el respaldo de una consultora externa de prestigio para la apariencia de legalidad con la que se pretendía cubrir la contratación de Santiago Calatrava".
¿Y a quién se contrata? Pues a Landwel-Pricewaterhousecoopers, firma también conocida por haber puesto en nómina a Matas cuando perdió el poder en las urnas. Pero, pese a pagar 11.600 euros por ello, el aval pretendido para la adjudicación a dedo no es total: la consultora explica que al Govern que, para que la adjudicación tenga lo que lo fiscales llaman "apariencia de legalidad" , "el contrato deberá perfilar las características empresariales, personales, materiales y operativas del contrato a licitar, justificando su concurrencia exclusivamente en el adjudicatario".
Dicho y hecho: Fiol persevera en el encargo de Matas y "ante las evidentes carencias del expediente de contratación dada la falta de justificación de la adjudicación directa pretendida" (dicen los fiscales), reclama al jefe de Arquitectura de Vicepresidencia, que "textualmente manifieste que en su opinión el arquitecto Calatrava es el único que puede ejecutar el objeto del contrato". Pero el arquitecto se niega, salvo que antes firmen los arquitectos del Ibisec.
A ellos acuden Fiol y su hombre en el Ibisec, Andreu Obrador. Este es el que les pide a cuatro arquitectos que firmen lo que exige Fiol, pero les tranquiliza: si no lo hacen "no tomará represalias". Menos tibio se muestra Fiol, que cuando se incorpora a la reunión "exige a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea". La presión funciona. Los arquitectos firman un escrito que dice textualmente:"Calatrava es el que presenta el perfil más idóneo a las características del encargo". Fiol ya lo tiene: el Ibisec ordena la contratación de Calatrava, articulada, según la fiscalía, "con desprecio total de las normas administrativas y legales de actuación pública". ¿Lo sabían Fiol y Matas? Según la fiscalía, sí. De hecho, pese al visto bueno de los arquitectos, la abogada del propio Ibisec advierten de que no cuela, como constata Anticorrupción: "No avala la adjudicación directa que se pretende". Pese a ello, días después, Matas adjudica a Calatrava sin concurso sus 1,2 millones de euros.



* Diario de Mallorca - 24.02.11
Foto: Palma, Matas con Calatrava - diariodemallorca

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Llanes.- El Supremo tumba el Plan General y deja el concejo sin normativa urbanística

LNE/Asturias* : Los presagios más negros se han cumplido: el Tribunal Supremo ha tumbado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes vigente en el concejo desde 2003. El municipio se queda sin normativa urbanística municipal, un hecho sin precedentes en España, dado que los dos planeamientos anteriores (aprobados en 1992 y 1986) también fueron anulados por los jueces y el inmediatamente anterior (aprobado en 1976) fue derogado por el Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, a partir de ahora, deberá otorgar licencias urbanísticas basándose en las severas normativas regionales y estatales, lo que apenas dejará margen de maniobra para conceder permisos de obra nueva, según señalaron varios expertos. A la vista de la singularidad del caso, el futuro urbanístico del municipio es una incógnita, pues sobre el nuevo Plan General que se redacta desde hace más de un año -y que los dirigentes socialistas locales pretendían aprobar antes de que llegara este fallo- pende otra sentencia judicial que anuló la adjudicación al equipo redactor.

El Supremo ha desestimado los cinco recursos de casación presentados por tres juntas de compensación, el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, y ha ratificado, punto por punto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, en 2007, anuló el plan de Llanes. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario, por lo que sólo quedaría la posibilidad de solicitar amparo al Tribunal Constitucional; claro que este organismo sólo es competente en asuntos que afecten a derechos constitucionales, lo que hace muy difícil que pueda aceptar un recurso sobre este asunto.

El Supremo ha sido muy claro: la sentencia del TSJA que anuló el plan de Llanes está «debidamente motivada» y es «plenamente congruente», pues se hurtó a los ciudadanos la posibilidad de alegar sobre actuaciones urbanísticas tan importantes como las propuestas (algunas ya ejecutadas o en ejecución) para La Talá, La Huertona, La Llavandera, El Sablón o el polígono industrial de Posada. Actuaciones todas ellas que ya habían sido anuladas por los jueces anteriormente (se incluyeron en el plan de 1992, también anulado) y que el Ayuntamiento de Llanes incorporó al planeamiento después de finalizada la fase de exposición al público. La conclusión del Supremo es contundente: «No hubo información pública respecto de documentación fundamental». Otra irregularidad: el Ayuntamiento clasificó suelo como urbano sin consulta previa a los interesados y al resto de la ciudadanía. Además, el Supremo ha dado la razón al TSJA, al señalar que la memoria del Plan General y el estudio económico financiero son «insuficientes y contradictorios».

El Supremo condena a los recurrentes a pagar los honorarios del abogado de la parte denunciante, Andecha Astur, lo que obligará al Ayuntamiento, al Principado y a la junta de compensación de La Talá a pagar 2.500 euros, cada uno. Las juntas de compensación de La Portilla-Pancar y La Huertona tendrán que abonar 1.000 euros. Los cinco recurrentes, además, deberán sufragar a partes iguales los gastos de procurador de Andecha Astur.

Ni los dirigentes del Ayuntamiento de Llanes ni los mandatarios del Gobierno del Principado quisieron emitir ayer valoración alguna sobre la sentencia del Tribunal Supremo.



* LNE - 15.02.11
Foto: Actuación urbanística en Posada de Llanes, paralizada desde hace años por la quiebra de la constructora.- lne

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Marbella.- La Fiscalía sostiene que Roca blanqueó fondos

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha mantenido este lunes en el juicio del caso 'Malaya' que la imputación por blanqueo de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús es por los fondos "de procedencia delictiva" utilizados por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, "tanto lo que invierte como lo que obtiene" del negocio, mientras que la defensa de éste ha alegado "indefensión", ya que ha existido "una inconcreción absoluta" en las acusaciones. Abogados y acusaciones han expuesto ante el Tribunal su resumen o informe de prueba sobre dicha operación, con lo que concluye este primer bloque del juicio, tras dos meses y 21 sesiones. El siguiente bloque, en el que hay una treintena de acusados por delitos de blanqueo de capitales, entre los que están Roca y supuestos testaferros de éste como letrados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente, comenzará finalmente el día 1 de marzo.

La acusación pública ha especificado que esta operación "no es más que una de las manifestaciones de blanqueo que se imputa a Roca". Ha señalado que éste, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito fueron los cuatro participantes y que estaban "al tanto" de todos los aspectos del negocio, con el que, ha dicho, obtuvieron "una importante plusvalía en poco tiempo", cifrada en unos seis millones de euros.

Ha precisado que se utilizaron mecanismos de ocultación y ha indicado documentos y testimonios en los que apoya su acusación. En su escrito provisional, el ministerio fiscal señalaba que éstos se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se lograría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para el Ayuntamiento se cifra en casi cinco millones de euros.

Por contra, para la letrada de Roca, Rocío Amigo, las conclusiones del fiscal no definen el delito de blanqueo, reseñando que no fue hasta este mes "cuando rectificó su escrito y viene a decir de forma sorpresiva, ya concluida su prueba, que la imputación es el origen de los fondos, lo cual no se ha investigado". Considera que hay "una absoluta indefensión" por esa "inconcreción" en todas las acusaciones en cuanto al blanqueo "porque no sabemos el delito antecedente, que tenía que ser grave, y no sabemos en cuanto se cuantifica".

En este punto, el fiscal ha intervenido ante "las insinuaciones" de la abogada, asegurando que parece "que la señora letrada no entiende el escrito de acusación". Tras la intervención del presidente de la Sala, José Godino, ésta ha pedido disculpas al ministerio público en el caso de que "le moleste mi informe".

La defensa se ha referido también a las aportaciones de Roca y a un supuesto cuarto cheque que éste dijo en su declaración que aportó. "A mi cliente se le está acusando de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir al Tribunal", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que la sociedad Lispag, con la que se desarrolló el negocio, "como Teruel, existe, está ahí, y si alguien tuvo que tributar era esta entidad y en Suiza".

OTROS DELITOS

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, que acusa además por malversación, o alternativamente fraude, y por prevaricación, ha hecho referencia a un primer convenio con un empresario, rechazando los argumentos de que al interesarse Román por el negocio se pusieron condiciones "más gravosas". Ha aludido a una posible "extorsión" a ese empresario, que "no pudo mover su propiedad porque el alcalde --Jesús Gil--, sus colaboradores y Roca impidieron que ese convenio llegara a comisión de Gobierno".

El letrado Alberto Peláez ha indicado que el cuarto cheque supuestamente entregado por Roca "no aparece por ningún sitio" y que en los otros tres, que sí constan, está la "aportación ilícita" de éste. El letrado ha realizado cálculos con el dinero aportado para la operación y con los gastos abonados y ha apuntado a "una nueva dádiva que ahora hemos podido descubrir".

El abogado de la Junta de Andalucía, que también acusa por otros delitos, ha señalado que el control de Roca sobre el urbanismo, y en concreto en materia de convenios, ha quedado acreditado en estos dos meses fundamentalmente por las testificales. El abogado José Manuel Delgado Utrera ha manifestado que hubo un fraude al Consistorio, ya que el precio no se fija de forma objetiva, sino según el entonces alcalde, y con una valoración que "no se ajusta a la realidad".

Por su parte, la letrada del principal acusado ha pedido la absolución por todos los delitos y ha considerado que la mayoría de las sesiones se han dedicado a rebatir "unos delitos que no existen en ningún caso". Ha señalado que se ha acreditado que no hubo perjuicio al Consistorio, apoyándose en las declaraciones de testigos de cargo del propio Ayuntamiento; así como que no se utilizó información privilegiada sobre el plan en revisión, porque "no existía".

"Las motivaciones que mueven a la Junta y al Ayuntamiento hay que encontrarlas bien lejos de los tribunales de justicia y mucho más cerca de ciertos despachos oficiales", ha dicho la letrada, quien ha instado a estas acusaciones a que "purgaran" sus escritos, al señalar que la Administración andaluza "no puede pedir que mucha gente vaya a prisión cuando la propia Junta dice que el convenio no es impugnable". El caso del Ayuntamiento, ha dicho, es "más llamativo", ya que "podía haber iniciado un expediente de revisión" si había un perjuicio.

Amigo ha señalado que ni Roca ni los demás acusados "tenían a su disposición caudales públicos" y sobre todo ha precisado que el dinero que los promotores ingresaban en concepto de convenios "era privado y no se puede malversar dinero privado".

OTRAS DEFENSAS

Las defensas de los demás acusados han rechazado las acusaciones. En el caso del abogado de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha indicado que los informes acusatorios son "conjeturas" y que las acusaciones "no tienen pruebas" y no se ha acreditado el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Su afirmación de que el fiscal "quiere que este bloque se una al resto porque quiere confundir a la Sala", ha provocado la respuesta del representante de la acusación pública. Asimismo, ha manifestado que en las 21 sesiones se ha hablado "de pelotazo urbanístico sin que eso tenga consecuencia penal".

Los letrados del resto de acusados, como son San Agapito, Román, la hija de éste, el exalcalde Julián Muñoz, el tasador José Mora y el empresario José Ávila Rojas --los tres últimos acusados en esta parte sólo por el Ayuntamiento y la Junta-- han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. En el caso del exregidor, su defensa ha precisado que no intervino en el convenio y que en la comisión de gobierno participaron otros cargos públicos que no están acusados en este bloque.



* La Opinión Málaga - 14.02.11
Foto: MARBELLA - JOSELELANZA - SUR

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Águilas.- El TSJ da carpetazo a La Zerrichera y las inmobiliarias estudian reclamar

LAVERDAD/Murcia* : Después de 4 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado carpetazo al caso de la finca de La Zerrichera de Águilas declarando el archivo. El alto tribunal se basa en el decreto del Gobierno regional del pasado mes de diciembre que hace imposible la urbanización de este paraje protegido como LIC y ZEPA, a la vista del plan de gestión de la Sierra de La Almenara que ya tiene plena vigencia. La Comunidad Autónoma y posiblemente el Ayuntamiento de Águilas se preparan para hacer frente a una posible reclamación millonaria por supuestos daños y perjuicios. La consecuencia lógica era que la Sala de lo Contencioso Administrativo archivara el caso, máxime a raíz de la petición del letrado de la Comunidad Autónoma -como parte demandada- de que así se hiciera porque el decreto dejó sin efecto la orden de la Consejería de Obras Públicas de febrero de 2006 que declaró urbanizable esta finca pese a sus valores medioambientales. La Consejería abrió la puerta para construir una urbanización de lujo de 3.000 viviendas con campos de golf y zona hotelera sobre una superficie de 240 hectárea a diez kilómetros de Águilas, autorizando la reclasificación de los terrenos.
Esta orden se basó a su vez en un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que corrigió otro anterior que había considerado incompatible la urbanización.

El archivo da paso a otra fase en esta polémica historia, ya que la promotora Inverlur, que pertenece a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (La Kutxa) y el Grupo Inversor Hispania, que son a la postre los perdedores, se plantean exigir el pago de indemnizaciones al Gobierno regional y probablemente al Ayuntamiento de Águilas, tal y como se desprende del auto del TSJ al que ha tenido acceso 'La Verdad'.
De acuerdo con el auto, los magistrados Abel Ángel Saez, Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret apuntan que el archivo obedece al hecho de que ha sido derogada la orden de la Consejería de Obras Públicas que recurrió la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). Fueron los ecologistas quienes consiguieron paralizar este proyecto por la vía del contencioso en septiembre de 2007, y son los mismos que ahora han ganado el caso en su totalidad. Existe otro recurso que presentó el PSRM-PSOE contra este desarrollo urbanístico, aunque se cree que decaerá porque no llegó a formalizarse la demanda.
Los magistrados entran a considerar de forma tangencial los perjuicios económicos que hayan podido sufrir los promotores, pero sólo para decir que si la disposición ha podido producir efectos mientras ha estado vigente «es una cuestión ajena a lo aquí planteado y no impide el archivo del presente procedimiento, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de interponer las acciones que estimen pertinentes como consecuencia de la derogación de la orden recurrida».
Las empresas codemandadas, Inverlur Águilas S.L.U. y el Grupo Inversor Hispania S. A., que creó Trinitario Casanova, han dejado constancia en el proceso de que se reservan las acciones para reclamar la pérdida de derechos patrimoniales y los daños y perjuicios que creen que se han causado. La inmobiliaria de la caja de ahorros del País Vasco se ha mostrado conforme con el archivo de la causa debido a la pérdida del objeto (la imposibilidad real y definitiva de urbanizar la zona), si bien apunta que se plantea reclamar. El Grupo Inversor Hispania, por su parte, sí se ha opuesto al archivo argumentando lo contrario y haciendo saber que desde el año 2006 -cuando la Consejería dio luz verde a la urbanización- se han visto afectados sus intereses.

El Ayuntamiento se desmarca
Otro aspecto llamativo del caso es que el Ayuntamiento de Águilas, que es también parte codemandada, se ha opuesto al archivo, invocando causas de nulidad. Argumenta su letrado que si se archiva el procedimiento por haber sido derogada la orden de la Consejería significa que ésta era válida y eficaz desde el principio y surtió efectos hasta la derogación. El Ayuntamiento aguileño, que hizo un trámite paralelo al del Gobierno regional (de hecho, revitalizó el proyecto urbanístico que previamente había archivado) cree que debe mediar una declaración de nulidad. Fuentes consultadas opinan que el Consistorio trata, a la postre, de cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que tenga que hacer frente a una reclamación.
La Zerrichera tiene abierto otro frente con la querella que presentó la Fiscalía contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos de la Comunidad por presuntos delitos en la tramitación del expediente.



* La Verdad - 12.02.11
Foto: Águilas (Murcia), terreno La Zerrichera - reporterodigital

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Querella del fiscal contra la exalcaldesa de Sant Climent por prevaricación

ELPAÍS/Barcelona* : La fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la exalcaldesa de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) Tomasa Jiménez, contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo Joan Martí Aparicio y contra el exsecretario municipal Manuel Benito Gironés. Les acusa de un delito continuado de prevaricación por una operación urbanística en la que el Ayuntamiento pagó 1,3 millones de euros a los propietarios de unas fincas para construir una escuela de educación infantil y primaria. El fiscal sostiene que es un gasto innecesario porque las fincas estaban catalogadas como equipamientos comunitarios y se podían haber ocupado directamente. Tomasa Jiménez, que entonces era alcaldesa del PSC, continúa en el Consistorio como primera teniente de alcalde de Urbanismo, al igual que Martí Aparicio, responsable de Hacienda y Presupuestos. La actuación supuestamente delictiva que investiga un juzgado de Sant Boi fue revocada por el nuevo Consistorio, tras la entrada de otro secretario municipal que descubrió la operación y denunció el caso.

El fiscal Antoni Pelegrín relata en la querella que el 25 de abril de 2006, el Ayuntamiento abonó a los cuatro propietarios de las fincas 1.357.825 euros, IVA incluido. El dinero salió la empresa Adendia SL, que pactó con el Ayuntamiento que actuaba así a cambio de que se le adjudicaran de forma directa 2.000 metros edificables de propiedad municipal en régimen de vivienda libre y que todo se recogiera en un convenio.

El fiscal asegura que los querellados conocían la ilegalidad del pacto y que el secretario informó a favor con el argumento de que tenía que pagar ese dinero para cancelar el derecho de reversión a favor de los antiguos cuatro propietarios. Sin embargo, el fiscal recuerda que la Generalitat nunca exigió esa cancelación como requisito para poder consumar la cesión gratuita de la finca en la se construirían las escuelas.

Pese a que la operación urbanística se ha deshecho, el fiscal relata que el Ayuntamiento de Sant Climent está obligado a devolver a la inmobiliaria el dinero que recibió más los intereses.



* El País - 14.02.11
Foto: Sant Climent de Llobregat (Barcelona) - webnode

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«El urbanismo es la gran corrupción, según la presidenta de la Audiencia»

LAVOZ/Lugo/Entrevista* : Jose Luis Fiuza Diego (Lugo, 1954) es un abogado de larga y reconocida trayectoria en Lugo que hace poco más de un año impulsó la creación de la Asociación por la legalidad del plan urbanístico de Lugo, Alpul, en la que no tiene cargos, pero es su asesor legal y uno de sus miembros más activos. Las denuncias iniciales en la prensa han pasado ahora al juzgado, que ya imputó a algunos empresarios y responsables políticos. Además, en esta última semana tuvieron que declarar el alcalde y la delegada de urbanismo por una denuncia por injurias.

-¿No le importa que pueda ganarse la fama de «malo de la película» por llevar a varios políticos y constructores de la ciudad al banquillo por vía penal en vez de recurrir el proyecto por la vía del contencioso?.
-Yo no llevo a nadie al banquillo, eso es misión de la fiscalía y de los jueces. Alpul, simplemente, denuncia hechos y comportamientos que entiende que pueden ser constitutivos de delitos. La Presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, ya en el 2006, declaró a un diario nacional que «la mayor corrupción es el urbanismo», añadiendo que «la situación es preocupante y ningún ciudadano puede permanecer impasible al fenómeno de la corrupción en el urbanismo». Ahora, los políticos nos atacan por seguir las directrices de la magistrada.

-¿Por qué no acudió a tomar declaración al alcalde y a la delegada y envió a otro abogado?

-Días antes de las declaraciones, los imputados, a través de sus representantes legales, presentaron un escrito en el Juzgado en el que se hacía referencia a mi persona. Entendí, por ello, que, para que tuviesen plena libertad para hablar de mí, era preferible que yo no fuese ese día.

-¿Cómo valora la comparecencia del alcalde y la delegada ante el juzgado?

-Durante meses, ambos repitieron hasta la saciedad que estarían encantados de acudir al Juzgado a decir por qué habían dicho lo que dijeron. Pues bien, responden a la jueza que sí dijeron lo publicado y que no tenían ninguna intención de injuriar. Ni una palabra más. A la acusación, se negaron a responder. ¿Dónde explicaron sus injurias?. Por cierto, nada más terminar las declaraciones, vuelven a injuriar.

-¿Por qué, al fin, se decide a hablar y concede entrevistas?

-Porque estoy harto de mentiras y manipulaciones tanto de estos políticos como de ciertos periodistas y medios que sistemáticamente desprecian la verdad, publicando solamente aquello que favorece a determinados intereses. Pero tengan la seguridad que muchos tendrán, en su día, que dar explicación de sus actos. Por ahora, recopilamos pruebas que serán publicadas y denunciadas en su momento. Por mi parte, desde el nacimiento de Alpul, no he querido salir en los medios, ni lo hubiese hecho ahora, si no fuese porque se publican mentiras con mi nombre y apellidos. Afirman que tengo intereses en una finca, lo que en cualquier caso no sería ningún delito. Pero tienen la mala fe, de ocultar que, obligados por la Xunta, tuvieron que recalificar mi propiedad el pasado diciembre, exactamente como yo lo había solicitado en mis alegaciones, por lo que me dieron todo lo que pedí. Por tanto, si pensase solo en mis intereses, debería apoyar el plan. Pero claro, si reconocen esto, se quedan sin argumentos para atacarme; por ello, siguen y seguirán mintiendo.

-Los abogados del alcalde y de la delegada de urbanismo dijeron que Alpul era un sindicato de intereses y que ustedes recurrían al juzgado porque no habían conseguido lo que pedían del plan general de urbanismo.

Si Alpul es un «sindicato de intereses», no teniendo a ninguno de sus miembros imputado, ¿como creen sus abogados que deberíamos denominar al «sindicato de cargos públicos imputados por la justicia»? Afirman una cosa, y a las tres líneas, la contraria. Están desorientados. En un mismo escrito son capaces de decir que Alpul se constituyó para la defensa de intereses particulares; que la asociación encubre un sindicato de oportunistas; que han perdido el norte, que se han metido en política por intereses particulares y vestidos de asociación benéfica, y acto seguido, en la misma página, ensalzar a sus miembros a los que consideran pudorosos, vergonzosos, cautos y cultos, y que no se les ha llamado sinvergüenzas, que es cosa muy distinta y en la que, ni de lejos, se ha pensado. ¿En que quedamos?. O somos una cosa o la otra. Pero que nadie lo olvide: ellos son los que están imputados por la Justicia, no Alpul.

-Acusan a Alpul de tratar de erosionar el prestigio del alcalde y otros cargos públicos del Ayuntamiento de cara a las elecciones municipales

-Le voy a recordar unos hechos recientes: Un juzgado de lo contencioso considera que hubo desviación de poder en la calle Armórica. Un juzgado de instrucción dicta un auto donde refiere indicios de graves responsabilidades en el alcalde, cargos públicos y funcionarios. Otro juzgado de instrucción que investiga las multas se encuentra con una orden del alcalde de no multar donde esa tarde tenía un mitin. La inmensa mayoría de esas multas desaparecieron o prescribieron. El tercer juzgado de instrucción imputa por injurias al alcalde y a la delegada de urbanismo. El mismo juzgado investiga unas diez presuntas actuaciones delictivas en el PXOM, imputando a particulares y a la delegada de Urbanismo. Un juzgado de instrucción acompañado de la policía entra en el Ayuntamiento para requisar la documentación de unas oposiciones. ¿De verdad cree que necesitan que les ayudemos a erosionar su prestigio? Yo creo que ellos lo hacen mejor que nadie.

-Según dijo el letrado de María Novo, la querella que les iba a presentar, la retiene por ahora.

-La señora Novo, cada vez que se encuentra en una situación complicada, anuncia la inmediata presentación de esa ya vieja querella. Recordemos que el pasado miércoles, día que es imputada por el PXOM, dice que al día siguiente sus abogados anunciarían su presentación. Pasado el día, dicen que por ahora van a esperar, que tienen cuatro años para interponerla. Desde luego sería un impresionante ridículo que presente una querella contra Alpul por denunciar los mismos hechos por los que un juzgado la está imputando a ella. Sabe que con ello tendría asegurada la presentación de una querella por denuncia falsa. De todas formas, la delegada es hábil, pues trata de concentrar la atención en Fixós cuando la realidad es que deberá responder a las preguntas sobre muchas más recalificaciones del PXOM. No en vano, en la aprobación del 2009, era la máxima responsable del urbanismo.

-¿Y por si era poco, nuevo conflicto con las oposiciones a agentes de movilidad?

-Ahí los políticos se han metido en un callejón sin salida. Las oposiciones se paralizaron porque no aprobaron los que quería el mandamás, se ocultaron documentos al juzgado...



* josé luis fiuza diego abogado y asesor legal de alpul


* La Voz de Galicia - 13.02.11

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Palma.- El juez citará de nuevo a Matas para que justifique el proyecto de la ópera

DIARIODEMALLORCA* : El juez Castro volverá a llamar a declarar al expresident Jaume Matas, de nuevo como imputado. Y lo hará para que esta vez explique la intervención personal que tuvo en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, cuyos trabajos de diseño para transformar la principal entrada marítima de Mallorca costaron 1,2 millones de euros que se abonaron con fondos públicos. Matas ya tuvo la oportunidad de referirse a este tema en su primera comparecencia ante el juez, de la que salió con una fianza de tres millones de euros para evitar que ingresara en prisión. El expresident, al ser preguntado sobre este asunto, solo mencionó una frase: "Lo volvería a hacer". Sin embargo, cuando se le interrogó sobre el anteproyecto que elaboró Calatrava, el juez aún no había reunido toda la documentación sobre el expediente de contratación que realizaron los técnicos del Govern. No se conocían, por ejemplo, las reuniones previas que había tenido Matas con el arquitecto, ni los métodos que empleó para vestir administrativamente su contratación.

El arquitecto explicó el viernes ante el juez que conoció a Matas en un hotel de Roma. El editor Pere Serra actuó de enlace, pero el arquitecto asegura que en este encuentro en ningún momento se habló de elaborar un estudio para transformar el aspecto del Moll Vell de Palma. En la conversación solo se habló de realizar futuros proyectos de colaboración entre el arquitecto y el Govern balear, pero no se concretó ninguno de ellos.
No fue hasta el mes de febrero de 2007, aprovechando la visita de Calatrava a Palma para inaugurar una estatua en es Baluart cuando Matas mantuvo una larga entrevista con el reconocido arquitecto. En esta reunión, que duró más de tres horas, Matas le mostró personalmente el terreno del Moll Vell donde había planeado realizar una gran obra, y le habló del edificio de la ópera.
La fiscalía Anticorrupción interpreta que Matas utilizó al arquitecto con un fin únicamente electoral, y que pretendía que el anteproyecto que mostraba la gran transformación de la bahía de Palma iba a servir como un gran reclamo electoral, que le iba a beneficiar como candidato del PP a la presidencia del Govern. La actuación de la Junta Electoral, tras la denuncia del PSOE, impidió que Matas pudiera cumplir su sueño electoral. Calatrava se enteró de que se había prohibido su presentación pública cuando ya había pisado el aeropuerto de Palma. A las pocas horas se volvió a Suiza.
Fuentes próximas a la investigación dan por hecha la imputación de Matas en esta nueva pieza que está investigando el juez Castro, que deriva de la causa matriz del Palma Arena. En esta ocasión, el expresident podría ser acusado de delito electoral, prevaricación, fraude a la administración y cohecho. De momento no se ha fijado una fecha a su nueva declaración, pero se acordará la próxima semana.



* Diario de Mallorca - 13.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca

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La Justicia anula las licencias que el Concello de Ribadumia concedió a dos urbanizaciones

FARODEVIGO* : La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular las cuatro licencias concedidas hace media década por el Concello de Ribadumia a los promotores de dos urbanizaciones de viviendas que empezaron a construirse en el ayuntamiento. Se trata de la conocida como "Residencial Ribadumia", que se encuentra en el lugar de Rabuñade –en la carretera general que une Ribadumia con Barrantes–, y "As Mimosas", que está a las afueras de esta última localidad, en la carretera de Barrantes a Cobas (Meaño). En la época del bipartito, la Xunta de Galicia paralizó ambas obras, al considerar que el Concello de Ribadumia había concedido las licencias de modo irregular. La Consellería de Política Territorial, que entonces dirigía la socialista María José Caride, frenó los trabajos alegando que la Lei do Solo vigente en aquel momento impedía la construcción en los núcleos rurales de más de tres chalés adosados juntos.

En el caso de "Residencial Ribadumia" la urbanización se compone de aproximadamente unas 40 viviendas, distribuidas en tres bloques de adosados. "As Mimosas", por su parte, no llegó a levantarse pero todavía permanece en la entrada a la finca el cartelón de la obra, en el que figura una ilustración de lo que presumiblemente sería el bloque, y que estaría compuesto de dos filas de chalés.
El Concello de Ribadumia defendió en todo momento la legalidad de ambas actuaciones, y arguyó que los técnicos municipales habían realizado informes positivos en este sentido. Sin embargo, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dan la razón a la Xunta de Galicia –que siguió con el pleito tras la llegada al poder en Santiago del Partido Popular–, y anulan las licencias.
Las partes conocen la sentencia desde hace apenas 72 horas. En el caso de la ganadora, la Xunta, ha remitido el fallo a sus servicios jurídicos, para que determinen su alcance y cómo ejecutar ahora el mandato judicial. Lo que han querido dejar claro desde la actual responsable de Urbanismo en Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, es que la sentencia no obliga a la demolición de las construcciones, ni total ni parcial. "Lo que indica la sentencia es que las licencias del Concello de Ribadumia fueron mal dadas", explicó ayer un portavoz autorizado de la Consellería que dirige Agustín Hernández.
Además, se produce la circunstancia de que las licencias son anuladas porque el TSXG juzgó el pleito basándose en la Lei do Solo que estaba vigente en el momento en que el ayuntamiento otorgó los permisos. No obstante, esta norma ha cambiado y el actual texto que regula la construcción en Galicia establece que la limitación de un máximo de tres chalés adosados solo se aplica a los considerados como núcleos rurales tradicionales. El objetivo de esta medida es que no se "desvirtúe" la tipología de construcciones y paisaje de determinadas aldeas con especial interés etnográfico o arquitectónico. De este modo, si los núcleos de Rabuñade y Barrantes no tienen la consideración de "tradicionales", las licencias supuestamente "mal concedidas" con la anterior Lei do Solo, se ajustarían a la legalidad con la actual.
No obstante, la Xunta declina realizar ninguna valoración, ni avanza qué puede pasar con las viviendas mientras sus asesores jurídicos no emitan el correspondiente informe. En el caso del "Residencial Ribadumia" ya están terminados dos de los tres bloques, así como los espacios comunes, en los que hay amplios jardines y un parque infantil. En la tercera fila, tan solo está construida la estructura de los chalés. En "As Mimosas" lo único que hay por ahora es la cimentación y unos pilares desnudos.



* Faro de Vigo - 13.02.11
Foto: Chalés adosados de "Residencial Ribadumia", en Rabuñade.- farodevigo

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La política tiene precio en Lanzarote

ELPAÍS* : A tenor de los últimos acontecimientos podría pensarse que la política en Lanzarote es un polvorín, pero las apariencias engañan. Es algo más complejo. La ideología es variable como muestra lo sucedido en la última semana: se ha creado un nuevo partido, Opción Por Lanzarote (OPN), compuesto de socialistas descontentos, cuya primera decisión ha sido coaligarse con el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). Al mismo tiempo, el comité local del PNL en Yaiza ha decidido pasarse a Coalición Canaria (CC). Para cerrar el círculo, un concejal de Haría, de Coalición Canaria, ha decidido nutrir las filas del PNL. Estas escaramuzas no son nuevas en la isla, donde 30 cargos públicos (el 21% de un total de 138) han abandonado sus puestos en la presente legislatura. Claro está, la mayoría no lo ha hecho voluntariamente. Los dos últimos casos de corrupción suman ya más de 100 imputados. En la nómina no faltan integrantes de todos los partidos políticos; entre ellos, 11 alcaldes y exalcaldes. Para una isla con siete municipios, el dato no es irrelevante.

Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos. Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares. Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. Para aclararse en el confuso mapa político de Lanzarote se hace necesario algo más que un árbol genealógico. Hace falta una brújula: los cambios de afiliación política (caso de lo sucedido esta semana) forman parte del ecosistema local.

La corrupción urbanística es el argumento del deterioro político. Nada que no haya sucedido en otros puntos de España. Sin embargo, ha alcanzado niveles casi insostenibles en una isla que se había caracterizado por su defensa de la naturaleza. Los movimientos ciudadanos, apoyados en algún caso por el artista César Manrique, habían conseguido en los años ochenta que la isla fuera pionera en la normativa de ordenación del territorio. Fueron años en los que Lanzarote irradiaba una imagen de turismo sostenible, hasta el punto de ser declarada reserva de la biosfera por la Unesco. Sin embargo, esas conquistas medioambientales fueron perdiendo fuerza bajo la presión del urbanismo: las 50.000 plazas hoteleras en 2001 se convirtieron en 72.000 en 2006. Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.

Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. La isla paradisíaca es un hervidero en los juzgados, con más de 30 contenciosos que han dado lugar a sentencias que declaran ilegales la mitad de las camas hoteleras, realizadas con fondos europeos que han de devolverse. Y para remate, una responsable de la Unesco afirma en Financial Times que Lanzarote corre el riesgo de perder su título de reserva de la biosfera.

Durante los noventa y los primeros años del nuevo siglo, Lanzarote había asistido a algunos escándalos (Operación Yate, entre ellos) que hacían presagiar cómo la vida política en la isla estaba contaminada por la corrupción, pero la gran eclosión tuvo lugar días antes del 5 de junio de 2008. Carlos Espino, consejero del Cabildo por el PSOE, se había mostrado muy combativo con respecto a la concesión de una única licencia para un proyecto con más de 1.000 viviendas denominado Costa Roja. De hecho, había llevado el caso a los tribunales. Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino. Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.

Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro. Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión.

Fernando acude confiado y desde el primer momento explica a Espino qué es lo que debe hacer para desbloquear el asunto de Costa Roja. "Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.

-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.

Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.

-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.

Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.

-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio. Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?

A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.

-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo. Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.

La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones. Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder.

Pero la Operación Unión es solo el principio. La madeja sigue dando hilo y nace la Operación Jable. Además de asuntos urbanísticos, hay otras cuestiones que facilitan el tránsito del dinero de unos bolsillos a otros. La contrata de basuras, por ejemplo, donde aparece una empresa, Urbaser, cuya sede central está en Madrid y cuyo gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, facilita una prueba de gran valor al juez: un diario.

No lo hace voluntariamente, claro. Días antes de ser detenido, alguien le avisa de que puede haber registros. El hombre toma sus precauciones y retira documentación de su casa y su oficina. La mete en el coche y la esconde en un edificio en obras, sin caer en la cuenta de que sus pasos están siendo vigilados. Cuando los agentes entran en su casa días después, se muestra muy tranquilo. Incluso se permite hacer un corte de mangas a los fotógrafos que esperan en la calle cuando es introducido en un coche: pensaba que le conducirían a prestar declaración. Su cara de sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta de que el vehículo policial se dirige hacia la casa en obras, en donde recopilan 27 cajas con documentación.

Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz. Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario. La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías.

La suma de ambas operaciones, cuyos sumarios todavía conservan gran parte bajo secreto, describe con precisión el mapa de la corrupción en la isla y, sobre todo, cómo no se libra del contagio ningún partido político. En un informe, la Guardia Civil califica al PIL como una organización destinada a extorsionar a los empresarios y el juez imputa a sus dirigentes por asociación ilícita. Que su líder, Dimas Martín, estuviera en la cárcel no fue un obstáculo para el partido político.

Dimas Martín merece capítulo aparte. A pesar de su extensa biografía penal, no ha dejado de ser el hombre más carismático de Lanzarote. Dimas suma cuatro condenas, que juntadas todas ellas agrupan 12 años de cárcel y más de 20 de inhabilitación. Ha sido condenado tres veces por cohecho, una por desobediencia a la autoridad, otras por malversación de fondos públicos, fraude a la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. Está pendiente de juicio por delito contra el patrimonio, y ahora la Operación Unión suma en su expediente nuevas imputaciones. Su llegada a la política en 1983 no pudo ser más significativa: accedió a la alcaldía de Teguise gracias al voto de un tránsfuga del PSOE. Años después (año 2000), la tercera de sus condenas fue ratificada por el Supremo: quedó probado que había comprado el voto de un concejal del PP por 12 millones de pesetas por abstenerse en la votación que convirtió en alcaldesa a una compañera de partido.

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos. Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. También había solicitado que se le adjudicara otro juez para descargarle de trabajo, petición que fue denegada. La prórroga acabó en septiembre y solicitó una nueva. El caso ha estado parado desde entonces a la espera de respuesta porque daba la impresión de que el Consejo del Poder Judicial era reticente a concederla a pesar del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. La respuesta llegó esta misma semana: se le conceden tres meses más y no parece que vaya a permitirse una nueva prórroga. Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones.



* El País - Reportaje - 13.02.11
Foto: Dos guardias civiles durante la intervención del Cabildo de Lanzarote, el 19 de abril de 2010.- elpais

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Almería.- Costas accede a derribar "cuanto antes" las viejas casas de la playa

ELALMERÍA* : La Dirección General de Costas anticipará los primeros trabajos para la prolongación del paseo marítimo de Almería con el derribo de las viejas casas de la playa que aún quedan en pie. La antelación de la entrada de máquinas a las propias obras responde a la petición que el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ha hecho al subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, y a la Dirección Provincial de Costas, apremiándoles a abordar el derribo de las edificaciones de la playa afectadas por la primera fase del proyecto, después de que el Ayuntamiento de Almería consiguiera hacerse con la titularidad del suelo y haya certificado la disposición de las parcelas ante los responsables ministeriales. La petición se debe a que Urbanismo quiere evitar la entrada de okupas en las cinco viviendas pendientes de demolición, mientras que no empiecen las obras de prolongación de la primera fase que ampliarán el paseo marítimo de la capital hasta el Centro Municipal Zoosanitario.

Heras ha mantenido los pertinentes contactos y la Subdelegación ha informado que Costas asumirá la solicitud "lo antes posible", ya que la primera fase del proyecto continúa sus pasos administrativos oportunos y se desconoce aún la fecha de inicio de las obras.

El Consistorio capitalino ha invertido más de cinco millones de euros en la consecución de los terrenos de la primera fase del proyecto, una cantidad que supera el coste total de las obras, valoradas en cuatro millones cuando en 2002 Costas presentó el proyecto, y que será sobrepasada por las expropiaciones pendientes de la segunda fase.

Engloba once parcelas, que se encuentran en manos de un único propietario, con 60 hectáreas y una gasolinera en funcionamiento, que ha reclamado ante los tribunales el pago de 70 millones de euros aproximadamente por la expropiación.



* El Almería - 12.02.11
Foto: Urbanismo ya procedió al derribo de dos viviendas de la playa.- elalmeria

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El candidato del PP en Gondomar promueve obras en el municipio

ELPAÍS/Pontevedra* : Erre que erre. El "desconocido" Fernando Guitián Guitián, al que Rafael Louzán ha promovido como cabeza de lista del PP en Gondomar, es administrador de una promotora inmobiliaria que mantiene empantanada una urbanización de seis chalets en el propio municipio que aspira a gobernar. La licencia para esa obra fue concedida por el exalcalde prevaricador Carlos Silva y su junta de gobierno en octubre de 2006, al amparo de un plan general anulado por el Tribunal Supremo, lo que la convierte, cuando menos, en alegal. Además, los datos de la licencia concedida no coinciden con los que señala la propia promotora en su oferta de ventas. La descomposición del actual Gobierno de tránsfugas de Gondomar difícilmente podrá encontrar ningún paliativo. De ahí que Rafael Louzán, presidente provincial del PP y muñidor primordial de la moción de censura que lo situó en el poder, acallara la propuesta local de elegir al cabeza de lista para las elecciones de mayo entre los dos candidatos que publicitaron sus intenciones: la portavoz municipal, Natalia Salgueiro, y el secretario local del partido, Manuel Dacosta.

Louzán, aun considerando que sus concejales de Gondomar no podrían ser acusados a día de hoy de transfuguismo, tuvo que hacer uso de su autoridad para recordar que en el PP no cabían las primarias y que la elección de los candidatos es competencia exclusiva de la dirección provincial. Así apareció el otro día con Fernando Guitián como tercera vía.

Guitián no es militante formal del PP y aún no sabe -cosa rara- si encabezará la lista como independiente o se afiliará antes al partido. Tampoco era militante formal Martín Urgal, el actual alcalde (vespertino), quien ha evitado participar en los actos de presentación del nuevo candidato. Urgal era una persona popular en el vecindario y a Guitián apenas lo conoce nadie. Pero ambos comparten, además de su relativo distanciamiento de la militancia partidaria, una deriva urbanística análoga que contamina su dedicación a la política en un ayuntamiento definido en los últimos años por las corrupciones de ese signo, a las que tampoco se ve mayor voluntad del PP en poner coto y transparencia.

A Urgal y Alfonso de Lis, alcalde matutino y socio socialista en la operación de transfuguismo, se les destaparon edificaciones manifiestamente ilegales que aún esperan una solución. De Guitián se ha ocultado su condición de empresario inmobiliario y que una de sus promociones, en el propio municipio, permanece estancada. El actual candidato del PP es administrador de Valsiluan Inversiones SL, registrada en febrero de 2007 y con domicilio social en Vigo. Guitián comparte ese cargo con José Luis Candeira, administrador a su vez de otras empresas inmobiliarias de Vigo, Madrid y Cantabria. Valsiluan promovió, en la parroquia de Peitieiros, la construcción de seis chalés que forman la urbanización Solmiñor, la cual, prácticamente acabada, traslada ahora una impronta de abandono, con cerca caída y sin ningún morador.

La licencia para esa obra, según el cartel que aún figura en la entrada, fue otorgada el 3 de octubre de 2006 -tres meses antes de constituirse la empresa- por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva y que desoyó la reiterada prohibición de tramitar tales licencias por haber anulado el Tribunal Supremo el plan general de urbanismo que las amparaba. En esta medida, Solmiñor sufre de alegalidad, ya que no ha sido legalizada por ninguna normativa posterior. Pero hay otros detalles que mosquean al vecindario. La licencia fue otorgada para construir en una parcela de 5.155 metros cuadrados seis viviendas unifamiliares "de planta baja y 1ª planta de unos 185 metros cuadrados de superficie total". La oferta de Solmiñor para la venta señala "viviendas completamente independientes de tres plantas con una superficie construida de 200 metros cuadrados sobre parcelas de 500 metros cuadrados". No es lo mismo.

A la urbanización le faltan las calles y los aparcamientos, pero la obra fue abandonada hace algo más de un año, según las fuentes consultadas por este periódico, por no encontrar compradores de las viviendas.
Una carrera en el entorno de Copasa

El currículo de Fernando Guitián facilitado por el PP enfatiza en su condición de ingeniero industrial, con numerosos cursos de actualización y especialización formativa. De 46 años de edad, el grueso de su carrera profesional lo ha desarrollado en la empresa Copasa, donde fue jefe de obra de diversos trechos de varias carreteras y, luego, supervisor de las depuradoras de San Cibrao das Viñas, Ponteareas y Vilalba. También fue jefe de obras de la depuradora de Vigo -una chapuza histórica de ejecución, como han acreditado media docena de auditorías, con consecuencias nefastas y que aún perduran- y del saneamiento integral de Gondomar. Entre 1999 y 2000 fue gerente de Geseco, también perteneciente al grupo Copasa y que es la concesionaria de la recogida de basuras en Gondomar.

Desde 2001 a 2006 fue director de producción de Construcciones Conde S.A. y, desde la última fecha, socio-director de Hacemos Dirección de Proyectos, empresa que el currículo oficial vincula con "diversas actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura". Ninguna mención en ese currículo, sin embargo, a Valsiluan Inversiones S.L., la promotora inmobiliaria que creó con José Luis Candeira en 2007, con un capital de 20.000 euros que, a los tres meses de la creación, ampliaron a 220.000 euros, según datos registrales.

Guitián se presenta como "candidato de consenso", sin experiencia política, cosa que no le parece importante, y con la aspiración de poder formar un "gobierno fuerte".



* El País - 13.02.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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Murcia.- «Tenemos más de 400 denuncias por corrupción. El 80% acabarán archivadas porque, aunque haya muchas sospechas, no habrá pruebas»

LAVERDAD* : Después de cinco años como Fiscal Superior de Murcia, en los que ha hecho de la lucha contra la corrupción su estandarte y orgullo, acaba de ver renovada la confianza de la Fiscalía General. Lo cual quiere decir que hay López Bernal para otros cinco años. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Pero serán sólo cinco años. Más que suficientes para jubilarse y disfrutar, si el Diablo así lo quiere, de un tiempo dedicado a la familia y a su pasión más secreta: escribir con la sola compañía del silencio, las estrellas y un gin-tonic. Respondiendo a un impulso, del que quizás más tarde se arrepienta, extrae de un bolsillo una cuartilla y lee un texto que hace corroerse de envidia al periodista por la magistral perfección con que enlaza las palabras. Luego no le permitirá publicar el relato, pero para entonces el plumilla ya le habría robado cuatro frases: «Mi madre siempre me dijo que creyera en algo». «Sólo el olvido asesina los sueños». «Hace ya sesenta años que empezó la función y todavía no domino el personaje». «El viejo lobo de raído pelaje seguirá aullando a la luna nueva». Quizá con ellas, piensa el ladrón de letras, esté queriendo contar algo de sí mismo. Quizás sólo sean cuatro frases sin sentido.

-Imagino que, si ha vuelto a optar al cargo de Fiscal Superior, ello sólo puede ser por una de estas dos razones, o por ambas: porque está satisfecho de lo que ha hecho en estos últimos cinco años, o porque aún está insatisfecho.
-Estoy satisfecho con algunas cosas, e insatisfecho con otras. Lo he pedido para acabar con el compromiso que asumí hace cinco años y para dejar una Fiscalía más avanzada en especialización, medios y personal de lo que estaba cuando la cogí.
-¿Cuál era ese compromiso?
-Intentar hacer una justicia lo más transparente e igualitaria posible, y que el fiscal llegue por igual a todos los extremos de la sociedad.
-¿Sigue teniendo la sensación de que la Justicia parece pensada sólo para perseguir a los más débiles, a los más desfavorecidos?
-Sí, lo sigo pensando. La Justicia no está suficientemente preparada, ni tiene los medios ni las estructuras necesarias, para perseguir a la delincuencia más importante, que es la que tiene todo tipo de recursos a su disposición. Eso no ocurre con otras personas...
-...que no tienen la misma capacidad de defenderse.
-Claro. La gran delincuencia cuenta con grandes medios, magníficos abogados y asesores de todo tipo... Y nosotros, en cambio, necesitamos más medios, más asesores, más policías, más unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada...
-Algo se ha avanzado, ¿no?
-Indiscutiblemente. Desde la Fiscalía General del Estado se ha hecho una apuesta muy decidida por la especialización, que es inexcusable. Eso es un auténtico hito. Pero, para que sea todo lo eficaz que debe ser, tiene que llevar aparejada una especialización de la Judicatura.
-Hace cinco años, al tomar posesión del cargo, aseguró que nada le frenaría ante un político si estuviera convencido de que había hecho algo ilegal. ¿Se ha tenido que frenar al final por algo?
-No. Ni yo ni mis compañeros. La Fiscalía no es sólo su jefe; es un grupo de gente trabajando en la misma dirección. Y le puedo asegurar que nada nos ha hecho variar de rumbo. Y que nada nos lo hará cambiar.
-¿Recuerda cuántas denuncias por presunta corrupción, hablo de denuncias, no de causas judiciales ya abiertas, habían llegado a Fiscalía cuando se hizo cargo de la jefatura?.
-Pues no. Como no me lo diga usted...
-Me permito recordárselo. Había cuatro: La Zerrichera, otra sobre la adjudicación del aparcamiento de San Esteban, una de IU contra el entonces alcalde, Manuel Sanes, de La Unión, y otra contra el ya ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, que es la que acabó dando origen a la 'Operación Ninette'. ¿Cuántas denuncias tenemos ahora?
-Bastantes más (se ríe).
-Eso ya lo sé. Pregunto el número.
-No puedo saberlo exactamente. Hay una veintena de causas de ese tipo abiertas en los juzgados.
-Hablo de denuncias de ciudadanos o instituciones que llegan a Fiscalía por supuesta corrupción.
-Pues..., ahora mismo..., podría haber..., en total..., cuatrocientas..., cuatrocientas y pico.
-Seguimos avanzando. Eso demostraría que hay muchas personas que se están animando a denunciar asuntos sospechosos que antes permanecían ocultos. Al menos ahora existe la oportunidad de analizar si hay materia delictiva.
-Vienen muchas personas a denunciar. Por eso vamos a tener que aumentar el número de fiscales, porque estamos muy por encima de lo que podemos asumir.
-¿Algún ayuntamiento se libra de haber sido denunciado?
-(Vuelve a reír). Imagino que alguno se libra. Debe de haber muchos que se han librado hasta ahora.
-¿Muchos? Eso sí que no lo creo.
-¿Cuántos ayuntamientos hay? ¿Cuarenta y cinco? No creo que haya más de veintitantos denunciados.
(Le llama en ese momento el Fiscal Superior de Madrid, de nombre, también, Manuel. El Manuel de Murcia le agradece la felicitación y responde: «Yo estoy contento, pero mi familia está muy cabreada. En fin, no me voy a quejar ahora...»).
-Le iba a preguntar si considera que estos años han servido para lanzar un aviso a navegantes, en especial a aquellos funcionarios o cargos públicos que hayan podido tener la tentación de incurrir en comportamientos desviados.
-Creo que haber presentado denuncias o querellas por esas causas siempre tiene un efecto preventivo. Si en algún momento hubo una sensación de impunidad, pues es bueno que algunos teman que todo pueda llegar a saberse si es que han hecho algo mal. Yo tengo muy presente una anécdota de un amigo, una anécdota triste, que vio cómo una serie de personas, quizás ejecutivos, apostaban a que en la Región nadie actuaría jamás contra la corrupción. Me pareció lamentable. Eso es tener una visión muy negativa de los murcianos, que no es la que yo tengo.
-Lo que parece evidente es que esas personas perdieron su apuesta.
-Sí la han perdido, sí.
-¿Queda mucho por limpiar?
-Quedan procesos, unos cuantos procesos. Pero esto no se soluciona sólo con procesos penales; hay que hacer modificaciones legislativas para evitar que esas cosas ocurran. Lo que no quiero es que se establezca la imagen de que ser funcionario es igual a ser corrupto. Sería muy injusto. Hay funcionarios corruptos en cualquier administración u organismo.
-¿También en la Fiscalía?
-(A juzgar por su cambio de expresión, la pregunta no le hace la menor gracia). Espero que no. Yo no los conozco. Pero si alguien los conoce, agradecería que me diera nombres.
-¿Ha logrado usted quitarse de encima el estigma de que su actuación está guiada por motivaciones políticas?
-Para la gente bienintencionada, sí. Hay un sector de gente malintencionada para los que no. Pero ellos saben que lo que dicen es mentira y sólo buscan intoxicar a base de repetir las mismas idioteces. Recientemente se ha vuelto a publicar que mi mujer es letrada del PSOE, aunque les consta documentalmente que no ha llevado asuntos del PSOE desde quince o veinte días antes de que yo tomara posesión como fiscal jefe, en enero de 2006. Para entonces ya había presentado la renuncia.
-Usted sabe que hay un dossier que apunta a que vive en una casa construida ilegalmente.
-Sí, claro que lo sé. Es absolutamente cómico. Este ayuntamiento me ha certificado que no se ha violado norma urbanística alguna en mi casa y que jamás se ha abierto un expediente sancionador. Quien dice eso, lo hace sabiendo que es mentira y con la única intención de desprestigiarme como fiscal jefe de una institución que persigue la corrupción. Lo que me apena e indigna es que los delincuentes a quienes investigan los fiscales estén investigando a los fiscales que los investigan. Que se estén metiendo en nuestro ámbito más íntimo. Pero, a la vez, me da alegría que después de lo que me han investigado, hasta meterse en mis narices, lo único que me achacan es que entré en mi casa sin cédula de habitabilidad. Si eso es todo lo que han encontrado, pues es un orgullo. Igual podrían haberme acusado de ser bajito y calvo.
-De lo que sí se le puede acusar con razón es de no tener un solo pelo negro en la cabeza. ¿Es la edad o las preocupaciones?
-La edad. Bueno, y las preocupaciones. Hace un tiempo todavía me quedaba alguno...
-Pero el hecho de que le estén investigando no puede haberle cogido por sorpresa...
-No. Por supuesto que era previsible. Y además les invito a que sigan haciéndolo. La gente decente seguirá estando con esta fiscalía, y los indecentes no me importa dónde estén.
-La sensación generalizada en la sociedad es que los asuntos de corrupción responden fielmente a la expresión: arrancada de caballo, parada de burro. Que entran los UCO en los ayuntamientos, se llevan la documentación, detienen a los concejales o alcaldes, se les toma declaración y encantados de habernos conocido y hasta nunca.
-Soy consciente de que esa sensación existe, y en muchos casos se alienta esa idea, que tiene una parte de verdad. Pero los tiempos mediáticos no son los de la justicia. Analizar la documentación intervenida en un registro lleva muchísimo tiempo y nos faltan unidades especializadas. Y es verdad que por eso hay varios asuntos paralizados.
-Hay causas que llevan años durmiendo el sueño de los justos.
-Hay causas muy paradas, es verdad.
-A la Zerrichera, o al 'caso Ninette', por ejemplo, no se les ve la punta por lado alguno, pese a los años que llevan abiertos.
-Nos faltan medios. Medios humanos, técnicos... Eso es así. No tenemos un grupo especializado de policías y expertos adscrito a la Fiscalía.
-Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De diez o doce agentes e inspectores bien formados en materia fiscal y en derecho administrativo y urbanístico?
-Estamos hablando de eso, sí. De un grupo que pudiera llevar cuatro o cinco grandes investigaciones a la vez. En eso radica el problema. Los fiscales estamos teniendo que asumir investigaciones que son propias de esos especialistas.
-Este año van a empezar a salir sentencias de casos relevantes de corrupción, como 'Tótem' o 'Limusa'. ¿Va a servir para que los ciudadanos se convenzan de que estos asuntos no eran sólo humo?
-Eso esperamos. Y vendrán unos cuantos juicios más de esa índole este año, y también el siguiente. Van a ver que esto era mucho más que el arreón inicial.
-¿Hay base para condenar?
-Nosotros nos ceñimos a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Si acusamos es porque estamos convencidos de ello. Pero los jueces pueden llegar a otra conclusión y hay que respetarlo, aunque eso no quiere decir que no puedan equivocarse. Unas veces se equivocan ellos, y otras, nosotros.
-Quizás ellos, los jueces, sean especialmente garantistas, ¿no?
-No. Tanto como nosotros, que archivamos el 80% de las denuncias que nos llegan. Hay muchos casos en que, habiendo sospechas muy serias, tenemos que archivarlos porque no disponemos de pruebas.



* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 13.02.11

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Zamudio.- El vecino que tumbó a la alcaldesa

ELPAÍS/Vizcaya* : "Estoy satisfecho porque la justicia ha hecho honor a la verdad, pero también triste porque con esto pierde el pueblo. Estas cosas no pueden suceder". José María Zarate, un vecino de Zamudio de 50 años, ha podido con su alcaldesa, la peneuvista Sorkunde Aiarza, quien el pasado lunes ha tenido que abandonar su cargo condenada en firme por la justicia. Aiarza se queda sin poder optar durante los próximos nueve años a la reelección que pretendía ni a ningún otro cargo público -figuraba también en las listas peneuvistas a las Juntas de Vizcaya en los comicios de mayo-. La Audiencia vizcaína le ha condenado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por derribar una obra. La lucha de un vecino contra el poder ha caído del lado menos habitual. "Que se gane contra un Ayuntamiento es un milagro", apunta Zarate, en la puerta de su caserío en Zamudio.

Este vecino ya irritó a la Diputación de Vizcaya en la década de los noventa al revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros. "Cuando ahora he tenido este problema, te pasan la factura", opina, tras recordar que entonces el alcalde era el padre de Sorkunde Aiarza.

El litigio que ha supuesto la inhabilitación de la alcaldesa tiene su origen en el uso del camino rural del barrio donde reside Zarate, debido al paso de camiones de gran tonelaje. "Tuve seis entrevistas entre 2004 y 2006 con el aparejador Javier Argatxa y el concejal de Urbanismo, Juan Mari Lekerika, siempre con buenas palabras pero sin nada concreto. En 2006, les pedí una solución y el aparejador me dijo que podía delimitar el terreno con estacas".

El vecino solicitó la licencia de obras para ello el 3 de octubre de 2006. Ante la falta de respuesta, y amparándose en el silencio administrativo positivo, instaló 43 estacas en mayo de 2007. "La alcaldesa, que era la primera vez que daba la cara, apareció el primer día en la obra diciendo que no podía hacer nada. Después de dos horas, me dijo: 'Pues vale", rememora.

Cuando estaba a punto de finalizar la obra, la actual parlamentaria del PNV Arantza Aurrekoetxea, "que es la que que corta el bacalao en Zamudio", le dijo que "parara inmediatamente". "Vino a acojonarme, pero se fue como vino", añade Zarate.

Luego llegó el decreto de alcaldía y la orden de tirar las estacas, que llevaron a Zarate a presentar la denuncia en los juzgados. La junta municipal del PNV buzoneó dos veces por todo el pueblo octavillas defendiendo a la alcaldesa frente al vecino. "Ha sido muy duro, y todo porque el Ayuntamiento no actuó de oficio y ha querido favorecer a otro vecino", asegura Zarate, señalando a un hombre que labra la tierra en el terreno colindante, Ángel Aurre, "que tiene mucho peso aquí".

Zarate, quien además de lograr que se le repongan las estacas ha recibido una indemnización de 2.000 euros y 3.000 más por las costas procesales, cree que estos conflictos "pasan en muchos pueblos, pero no se denuncian". "Espero que con esto que me ha pasado se animen más", concluye.

En su sentencia firme que inhabilita a la alcaldesa hasta el 4 de febrero de 2020, la Audiencia desestima que haya sido un tema menor, porque se "tiene derecho a demandar que la actuación [pública] se ajuste a la legalidad".
Un largo litigio

- El conflicto se inicia en 2001 por el tráfico pesado que discurre por el camino vecinal junto al caserío de Zarate y que invade sus terrenos por la estrechez de la calzada. Entre 2004 y 2006 se reúne hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipla le asegura que puede delimitar sus tierras con unas estacas.

- El 3 de octubre de 2006 pide licencia de obras, pero no obtiene respuesta en ocho meses. Acogiéndose al silencio administrativo positivo, realiza las obras entre el 21 y el 23 de mayo.

- La alcaldesa ordena por decreto el derribo de 43 estacas sin ningún informe y sin esperar a que el juzgado al que había recurrido Zarate se pronunciase.

- El 31 de mayo de 2010, un juzgado condena por prevaricación a Sorkunde Aiarza, fallo confirmado por la Audiencia de Vizcaya el 29 de noviembre que supone inhabilitarle nueve años. Aiarza dejó su cargo el lunes.



* El País - 13.02.11
Foto: Zamudio (Vizcaya) - uribetur

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Palma.- La Fiscalía tilda de ´montaje´ el contrato de la Ópera

DIARIODEMALLORCA* : El contrato para construir una Ópera en la bahía de Palma no fue, según denuncia la Fiscalía, más que "un montaje" urdido y ordenado por el expresidente balear Jaume Matas y ejecutado por su conseller de Educación, el diputado Francesc Fiol, para beneficiar al arquitecto Santiago Calatrava y sacar rédito político. Tal como recalca el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación relativa a la pieza nº3 del caso Palma Arena, ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse "por adjudicación directa". A lo largo de 27 páginas, la Fiscalía aporta fechas y datos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver. Por ello, califica de "montaje" todo el expediente de contratación de la Ópera.

El Ministerio Fiscal subraya asimismo que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación ni tampoco hay un "mínimo" análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que "ni siquiera es titularidad de la Comunidad Autónoma".

Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma "con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la Presidencia" balear.

El objetivo de Matas era dar "un golpe de efecto" que le beneficiase en las urnas pero el coste del mismo decidió "repercutirlos a la Comunidad Autónoma" siendo, a juicio de la Fiscalía, "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto".

Matas habría contactado para ello, en febrero de 2007, con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, con el que, en un encuentro en Roma, habría fijado un acuerdo "verbal" para que fuera él el que pusiera firma al proyecto del palacio de la ópera.

En este acuerdo ya se habría hablado del coste (1,2 millones de euros) por el anteproyecto, un trabajo que no se presentó nunca ante el Govern y que el pasado 9 de febrero Calatrava entregó en los juzgados.

A continuación, según la Fiscalía, el expresidente balear habría iniciado una serie de actuaciones para "dar apariencia" de legalidad a su decisión y al acuerdo con Calatrava, para "ocultar" su participación en los hechos y para "simular" la existencia de interés público en la contratación del arquitecto.

La vía elegida por Matas para hacerlo fue el entonces conseller de Educación, Francesc Fiol, según señala la Fiscalía en su escrito, y es efectivamente el segundo el que presenta al Consell de Govern el 30 de marzo de 2007 la propuesta de contratar un anteproyecto para una potencial ordenación de la bahía de Palma.

Los acuerdos aprobados ese día en el Consell "ofrecen ya los perfiles de un arquitecto determinado" y garantiza los 1,2 millones de euros prometidos. Todo ello muestra que el proyecto y el contrato "no es más que una pura simulación por orden de Jaume Matas", escribe el Ministerio Fiscal.

Para la Fiscalía, tanto Matas como Fiol y el gerente del Ibisec (empresa pública a través de la cual se gestionó la contratación), Andreu Obrador, eran entonces conscientes de que se iba a beneficiar con fondos públicos y "de manera arbitraria" a Calatrava y para taparlo encargaron varios informes, ninguno de los cuales justifica la adjudicación directa que se realizó.

Cuando Calatrava recibió la invitación para participar en una negociación para encargarse del proyecto (propuesta a la que nunca respondió el arquitecto), la Fiscalía señala que ya se le envió un borrador del contrato dejando entrever que "no se produce negociación alguna" pues todo estaba acordado de antemano.



* Diario de Mallorca - 12.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca

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A Coruña.- El Concello se enfrenta a otros quince recursos judiciales por las expropiaciones de Someso

LAOPINIÓN* : Abiertos quince nuevos procesos judiciales contra la expropiación de parcelas en Someso para construir un campo de fútbol y una carretera. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que obliga al Ayuntamiento coruñés a desembolsar 8,2 millones de euros a propietarios expropiados, no desanima al Gobierno local a luchar, de nuevo en los tribunales, contra las nuevas peticiones de devolución de terrenos realizadas por otros particulares afectados. La Junta de Gobierno Local acordó ayer personarse en los nuevos recursos: siete por el campo del Relámpago y ocho por el vial que va a Pocomaco. El Ejecutivo municipal decidió personarse en los recursos promovidos contra el Concello por varios particulares, a quienes se les denegó la reversión de fincas expropiadas en Someso.

Todos los afectados recurrieron por la vía administrativa, al igual que hicieron en 2004 los vecinos que ahora tienen que recibir del Ayuntamiento una indemnización de 8,2 millones. En aquel entonces, también urbanismo se negó a devolver las parcelas, por lo que los propietarios tuvieron que recurrir al contencioso.

La historia se repite de nuevo con estos quince propietarios de parcelas, adquiridas por el Ayuntamiento entre 1989 y 1990. Ocho de ellos poseían fincas en San Vicente de Elviña, que fueron adquiridas para levantar el campo de fútbol del club Relámpago, que nunca se llegó a realizar y se convirtieron suelo para el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad en Someso. En los siete casos restantes, los terrenos se expropiaron para la construcción de la carretera a Pocomaco (la que divide la urbanización de Someso), aunque los demandantes sostienen que sólo se usó para ello una parte de las fincas y el resto fue destinado a edificaciones.

Pese a que el argumento municipal ya fue rechazado por el Superior, el Concello coruñés, tal y como había anunciado, decide pleitear e insiste en que no cabe derecho a reversión "puesto que las fincas no se expropiaron, sino que fueron adquiridas mediante compraventa. "Al igual que en todos los procedimientos jurídicos en los que decide tomar parte, se persona para defender los intereses de todos los coruñeses", señala el Gobierno local en una nota de prensa enviada tras la junta. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se toma con los votos a favor de los socialistas y los nacionalistas que, aunque se levantaron en las votaciones que negaron la devolución de los terrenos por vía administrativa, sí defienden que se pleitee ante el juez en defensa de los intereses ciudadanos.

En cuanto a la condena firme del Superior, los propietarios que deben ser indemnizados transmitieron su rechazo oficial a la oferta de suelo municipal como forma de pago de las compensaciones de 8,2 millones. Así lo constató el representante de los expropiados en un escrito entregado en el registro municipal el pasado 7 de diciembre. El PP criticó entonces que el Gobierno municipal hubiese aprobado los presupuestos sin incluir el dinero que ha de abonar a los dueños de las parcelas afectadas. El Ejecutivo pretendía canjear la indemnización con patrimonio público de suelo.

La junta de gobierno acordó ayer personarse en el recurso de una agrupación de afectados (entre los que se incluyen afiliados de Aproinco) que, bajo el nombre de la Asociación Parque Ofimático, ha impugnado el pliego de contratación del Concello para urbanizar el polígono. La intención de los demandantes es que el Contencioso paralice de forma cautelar el concurso de adjudicación. La existencia del recurso de los particulares fue hecha pública por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), en una rueda de prensa celebrada en enero, en la que acusaron al Concello de precipitarse en sacar a concurso la urbanización ante la inminencia de las elecciones y en la que exigieron la paralización del proceso hasta que se resuelvan todas las incógnitas que existen en torno al proyecto. La denuncia incluye las irregularidades que, a su entender, existen en el pliego de contratación. Aproinco criticó que el Concello tenga potestad para no indemnizar al futuro adjudicatario si se paraliza el proyecto, una situación que, en su opinión, tras la denuncia presentada, se puede producir al día siguiente de resolverse el concurso.


* La Opinión Coruña - 12.02.11
Foto: La urbanización de Someso - laopinion

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El TSJ da 5 días al consistorio de Orpesa para demoler el edificio Bernat

LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana le da 5 días al Ayuntamiento de Orpesa para iniciar la demolición del edificio Bernat y un plazo de un mes para finalizarlo. Contra el auto no cabe recurso alguno. La decisión les fue notificada ayer a las partes y tiene fecha de 4 de febrero. Tras la recepción por el consistorio empieza a correr el tiempo para cumplir la sentencia. La actual corporación orpesina es la heredera de la irregular construcción del edificio en 1986. El TSJ resolvió así poner fin, apunta el auto, a todos los recursos de nulidad interpuestos desde enero de 2010 por los propietarios de los apartamentos. Considera el alto tribunal valenciano que "no ha lugar a la suspensión cautelar" de la ejecución de la orden de derribo y, además, "interfieren en una resolución judicial", en referencia a la dictada en diciembre de 2009, que fue refrendada por el Tribunal Supremo, y que ordena derribar el edificio, en primera línea de la playa de Morro de Gos.

El tribunal valenciano acuerda "requerir al Ayuntamiento de Orpesa, para que en un plazo de 5 días inicie la obra de demolición" del edificio, con "un plazo máximo de un mes" para haber concluido el derribo.
El auto del tribunal es tan directo como el emitido en diciembre de 2009 que daba un plazo al alcalde, Rafael Albert, para cumplir la sentencia y poner en marcha el proyecto de demolición. En caso contrario le impondría a Albert 1.000 euros de multa por cada semana que pasase sin ejecutarse el derribo. Desde enero de 2010 hasta ahora el pleno ha aprobado el proyecto de demolición y se lo adjudicó a la empresa Piaf. Asimismo, periódicamente informó al tribunal de las gestiones realizadas para cumplir su auto.

Contrato de la demolición

La orden de demolición efectiva e irrecurrible, afirman los juristas, del Bernat llega a poco más de dos meses de la Semana Santa, fecha en la que los propietarios de los apartamentos se pueden encontrar sin edificio.
El consistorio de Orpesa aprobó en marzo de 2010 adjudicar a Construcciones Piaf SL la demolición del Bernat con un coste para el consistorio de 137.996 euros. La oferta de la empresa para demoler el bloque, estaba muy por debajo de los 199.250 euros previstos. El posterior acuerdo plenario para derribar el inmueble fue el que recurrieron varios vecinos.
El edificio fue construido con licencia de obras de 1986 por Moliner Bernat, uno de los afectados, dado que posee una planta particular y varias que alquila como apartahoteles. Ahora los damnificados podrán pedir al ayuntamiento, que autorizó el edificio, la indemnización pertinente.
El asesor jurídico de los vecinos de la Urbanización Los Rosales, afectados por el edificio Bernat y autores del recurso que ha llevado a la sanción del TSJ, recuerda que entre las irregularidades urbanísticas del Bernat está el exceso de altura y volumetría o la amplitud de la separación del inmueble y Los Rosales, dado que la calle que los separa se quedó en 3,5 metros, en vez de los 6 de ancho previstos en el planeamiento urbanístico.
Las irregularidades no afectan a todo el edificio, sino a una parte, aunque ejecutar la sentencia parcialmente sería costoso y complicado tecnológicamente. El derribo afectaría a 19 viviendas, 6 habitaciones y 2 apartamentos del hotel y probablemente a otras 6 viviendas y otras tantas habitaciones del apartahotel.
El grupo de gobierno del PP en el consistorio sostuvo en pleno que cumplirá la sentencia, pese a considerar ilógico que tras derribar el inmueble vuelva a erigirse uno similar y en el mismo sitio.



* Levante - 12.02.11
Foto: El TSJ ordena la inapelable demolición del Bernat - levante

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Murcia.- Urbanismo mantiene a su director, pese a estar imputado en Umbra

LAOPINIÓN* : «No estamos preocupados en absoluto». Así de contundente se muestra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, al valorar la imputación del actual director de la Gerencia de Urbanismo, Ángel Lajarín, en el caso Umbra, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia en torno a los convenios de la zona norte. Precisamente, Lajarín sustituyó de forma provisional hace tres meses a Alberto Guerra, que dimitió de este cargo (de libre designación por parte del Gobierno local) tras su detención el 5 de octubre en la operación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones del caso Umbra.

Según explicó Berberena a esta redacción, la imputación de Lajarín se produce para que pueda ir acompañado de un abogado en su declaración ante el juzgado de instrucción número 8, que lleva este caso. El funcionario municipal deberá responder acerca de las presuntas facturas que supuestamente falsificó Renato de Noce en las obras de remodelación del Casino, de la que el empleado público era codirector (la rehabilitación del Casino fue una de las contraprestaciones que recibió el Ayuntamiento por uno de los convenios que suscribió con entidades privadas en la zona norte). También deberá responder sobre las valoraciones que se hicieron de esos terrenos, cuya responsabilidad era del ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, también imputado. Se da la circunstancia de que Lajarín es el tercer gerente de Urbanismo imputado en este caso (Guerra y Pedro Morillas, que era director cuando el convenio del Murcia, son los otros). También está acusado en el Umbra el concejal Berberena, el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, y dos funcionarias más, entre otros.

De momento, la concejalía de Urbanismo mantiene a Ángel Lajarín en su puesto de director, aunque de manera provisional. Sobre la posibilidad de nombrarlo director de la Gerencia de forma definitiva (confirmarlo en el cargo), Berberena precisó que «todo se verá a su debido tiempo».



* La Opinión de Murcoa - 12.02.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial

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El caos de los planes

RAÚL RUBIO RUBIO* : La rama más oscura del derecho no es ni la civil, ni la penal, ni siquiera la procesal. Es la urbanística. Si en cualquier disciplina del derecho un buen abogado te puede sacar de un apuro por el que a otro han condenado, en el urbanismo es imprescindible un buen experto, el sentirse avalado por la razón y el 'rezar lo que se sepa' para que te la den». Me lo decía un profesor de derecho mientras opositaba a secretario de ayuntamiento. Nunca entendí muy bien como podía ser tan difícil aplicar unas normas que, a priori, no me parecían más complicadas que las del derecho administrativo, comercial o internacional. Pero el tiempo me ha terminado convenciendo. Sobre todo desde que en los pequeños pueblos extremeños se han creado los planes de urbanismo. Pueblos en los que se quieren poner en práctica normas o planes propios de ciudades mayores y termina siendo todo un inconveniente para la construcción y el desarrollo. En Jaraíz de la Vera esperan «una modificación de las normas urbanísticas», según informa HOY, tras ser anuladas al ser recurridas por un particular. En otros pueblos de la provincia se están preparando candidaturas a las elecciones municipales teniendo como parte esencial del programa el cambio en los planes de urbanismo.

Hace quince días solicité información sobre las obras de la Diputación de Cáceres en Villanueva de la Sierra. No me han contestado. En dichas obras han tenido que realizar varias modificaciones sobre la marcha. Si la obra la hubiese realizado un particular seguro que la habrían parado.

Estas obras se hacen en terrenos particulares, sin conocimiento de los propietarios y sin ser expropiados. Las medidas determinadas en el proyecto se han modificado arbitrariamente. Todo ello seguro que no tiene ninguna repercusión en los honorarios de los ingenieros. Las contradicciones no se limitan al proyecto de obra y su ejecución. La Junta hace unos planes de urbanismo en los que se imponen las unidades de actuación (UA). Estas consisten en la agrupación de varias pequeñas parcelas, varios propietarios y planificar la urbanización de las mismas de forma conjunta. Dado que en los pueblos pequeños no existe gran demanda de viviendas, estas UA son irrealizables. Pero si alguno de los propietarios quiere urbanizar su parcela de forma individual es imposible, según informa la oficina comarcal de urbanismo.
Ahora bien, si la Diputación o el Ayuntamiento quieren realizar trabajos en la zona, todas las normas anteriores no son tenidas en cuenta. Esto, que puede parecer un abuso, se multiplica por mil cuando se trata de pagar. Terrenos que eran rústicos antes del plan de urbanismo, los convierten, por su gracia, en urbanos. Al propietario ni siquiera le interesa que sean urbanos. Si con anterioridad al plan no pagaban ningún impuesto, pasan a pagar diez euros por metro cuadrado o más. Lo venden como un favor al propietario del terreno, pues siempre podrá venderlo a mejor precio. Ellos valoran unilateralmente los terrenos. El propietario no interviene en todo el proceso, salvo que sea experto en el tema o busque asesores. Esto último se descarta, pues cualquier experto cobra por la consulta lo que no vale el terreno.
Algún secretario de Ayuntamiento llama especulador al dueño de los terrenos, para el que estas tierras continúan siendo pequeñas viñas, de entre 500 u 800 metros cuadrados, donde antes se sembraban patatas o forraje por su cercanía al casco urbano. Hablamos de metros cuadrados valorados en menos de 50 euros, no en los 1.000 o 2.000 de otros sitios. Al final el propietario paga más impuestos y no puede construir. Paga por un terreno del que no dispone y además es especulador, en unos pueblos donde el casco urbano cada vez esta más abandonado, los vecinos son menos y sus propiedades menos valiosas.
Hay normas que merecen la insumisión o al menos la intervención del director general de Urbanismo, como anuncia en HOY, para clarificar las mismas. Cuando varios organismos administrativos tienen competencia en un mismo tema (competencia no implica responsabilidad en la administración) el pagano de sus 'obras' es el ciudadano.


* RAÚL RUBIO RUBIO | PERIODISTA


* HOY - Opinión - 13.02.11

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