LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía ha enviado un escrito al juzgado de Instrucción nº4 de Vélez Málaga en el que interesa la apertura de juicio oral contra el ex alcalde de Benamocarra José Díaz García (PSOE) y cinco antiguos concejales del equipo de gobierno por un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido en la concesión de 53 licencias de obra en otros tantos expedientes. La acusación pública pide tres años de prisión y 15 de inhabilitación para el ex regidor, mientras que solicita idéntica pena de prohibición para cargo público en el caso de los ex concejales, aunque, eso sí, exige para ellos que se les imponga un castigo de dos años de cárcel. Los ex ediles acusados son los siguientes: Antonio Miguel Zamora Fernández, Eduardo Gutiérrez Fernández, José Chica Fernández, José Ocón Ocón y Daniel Gordo Fernández.
Todos ellos formaban parte, junto a José Díaz, de la comisión de gobierno que otorgó las licencias para la realización de distintas obras, ya se trate de viviendas unifamiliares contrarias a planeamiento, o de aumentos de edificabilidad, reparaciones de techos, demoliciones de viviendas o edificación de almacenes, casas de aperos u obras de cerramiento y techado, la realización de una balsa –en este caso no había proyecto que garantizase una ejecución segura– o hacer un simple cuarto de baño en el patio.
Unanimidad
Según consta en la calificación, los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, «y como miembros de las sucesivas comisiones de gobierno del Ayuntamiento de Benamocarra entre 1997 y 2003, han votado favorablemente, o acordado mediante decreto, la concesión de licencias de obra contrarias a las normas urbanísticas vigentes, a sabiendas de su injusticia».
En los 53 expedientes a los que hace referencia el ministerio fiscal, los miembros de la comisión de gobierno concedieron las licencias «por unanimidad», eludiendo seguir las instrucciones que incluyeron en sus informes el arquitecto técnico municipal y el secretario de la corporación, quienes, en todos los casos analizados por la Fiscalía, se opusieron a la concesión de los distintos permisos.
En uno de los expedientes, un habitante de la localidad pide licencia de construcción de una vivienda unifamiliar (plantas baja y primera) el 13 de abril de 1998. Ésta le fue concedida, el 12 de mayo, por unanimidad de la comisión de gobierno, «pese al informe jurídico desfavorable del secretario municipal y el del arquitecto técnico». ¿Por qué no se le otorgó? «Por sobrepasar la edificabilidad máxima, ejecutar una planta más y no cumplir la normativa sismorresistente», explica el acusador público.
Expedientes
En algunos casos, las peticiones de permisos de obra no cuentan ni siquiera con proyecto técnico. Otro vecino reclama, el 3 de marzo de 1999, licencia para la construcción de una casa de aperos y piscina, que se le concede por unanimidad y con informes desfavorables, «aun cuando adolece de proyecto técnico de profesional competente». Otro solicita, el 5 de mayo de 1999, permiso para levantar una vivienda con bajo y tres plantas. Se le da luz verde a la licencia, aun cuando hay informes técnicos y jurídicos desfavorables y no tiene proyecto técnico, ni estudio de seguridad, supera la altura máxima permitida y ocupa la vía pública sin haber solicitado permuta.
Uno de los solicitantes sobrepasó, indica el ministerio público, la edificabilidad permitida en más de 200 metros cuadrados.
El ex regidor socialista, que dirigió el pueblo desde 1989 hasta 2003, también es acusado por la presunta concesión de ocho licencias de obra con el objetivo de edificar otras tantas viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable, según el fiscal, hechos que se han unido a este proceso pese a ser objeto de otra investigación.
* La Opinión Málaga - 10.12.10
Foto: Benamocarra (Málaga) - juntadeandalucia.es
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HOY/Cáceres* : La alcaldesa de Plasencia, Elia María Blanco, ha sido citada a declarar como imputada en el caso de presunta corrupción que instruye el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº4 de la capital del Jerte. La primera edil placentina tendrá que declarar el próximo día 14 de enero. Elia María Blanco se convierte así en la séptima imputada en la investigación judicial que se abrió a principios del pasado octubre con la declaración del interventor del Ayuntamiento, Roberto del Olmo. Después le siguieron en su paso por la Casa del Deán, sede de los juzgados placentinos, los concejales Blas Raimundo, Enrique Tornero y Francisco Barbancho, así como el constructor José Antonio Romero Vega, al que se han adjudicado todas las obras que conforman la investigación: la pista de motocross y autocross, el aparcamiento de las huertas de la Isla, la reforma de la cubierta de la piscina climatizada y el mantenimiento de la Ciudad Deportiva.
Supuestamente en todas estas obras se fraccionaron los pagos para evitar sacarlas a concurso y así adjudicarlas directamente a Romero Vega, histórico militante socialista. Tras el constructor el juez elevó a seis los imputados, llamando a declarar al secretario del Ayuntamiento, Antonio Santibáñez. La ronda de declaraciones llegó en principio a su fin el pasado viernes, día 3 de diciembre, con el arquitecto y la aparejadora con más años de servicio.
Los dos técnicos acudieron en calidad de testigos y aseguraron ambos que desconocían las obras investigadas porque no participaron en ninguna de ellas.
Todos los que han declarado hasta ahora, imputados y testigos, han dejado claro ante el juez que quien estaba al frente del Ayuntamiento de Plasencia en las adjudicaciones de las obras investigadas era la alcaldesa Elia María Blanco, a excepción del aparcamiento de la Isla. Fue el alcalde en funciones, el concejal de Hacienda Francisco Barbancho, el que firmó el decreto de adjudicación de esta obra.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 firmó la providencia por medio de la que cita a la alcaldesa el pasado día 3, el mismo en el que declararon los dos técnicos municipales como testigos. La comparecencia de la alcaldesa era esperada por algunos de los implicados en este proceso judicial al entender que es la primera edil placentina la que ha firmado la mayoría de las órdenes de pago al constructor, la última persona en realidad que interviene en el proceso de adjudicación.
Todos los imputados que hasta la fecha han declarado ante el juez han dejado constancia de que Elia María Blanco era la alcaldesa cuando se llevaron a cabo las supuestas adjudicaciones irregulares, porque se evitó el concurso público fraccionando su coste. De ello, también presuntamente, dejó constancia al menos en algunas de esas adjudicaciones el interventor en las observaciones que realizó alertando de ese fraccionamiento, según declaró el pasado octubre ante el juez.
Es más. Roberto del Olmo, según ha podido saber este periódico, dijo al magistrado que tanto los concejales de Obras, Deportes y Hacienda -los tres imputados- como la alcaldesa tenían conocimiento del fraccionamiento merced a las observaciones efectuadas por él. Y que, además, habló directamente del asunto con Enrique Tornero, Francisco Barbancho y Elia María Blanco.
Consecuencias políticas
En cualquier caso, la imputación de la alcaldesa, como la de los demás, sólo persigue en un periodo de instrucción ofrecer a la persona las máximas garantías de defensa, permitiendo con esta calificación que acuda al juzgado en compañía de un abogado.
Será una vez culmine la instrucción, cuando el juez determine si archiva el caso o, por el contrario, abre juicio oral y en este segundo supuesto si mantiene o no la calificación a los imputados y testigos hasta la fecha. Pero más allá de las consecuencias jurídicas que pueda tener la imputación de la alcaldesa, puede que sí las tenga políticas. El PSOE de Plasencia debe elegir a su candidato a las próximas elecciones municipales de 2011 entre los días 7 y 27 de enero. Son unas fechas, por tanto, en las que la que podría ser la candidata oficial, la actual alcaldesa Elia María Blanco, deberá acudir a declarar al juzgado como imputada en el caso de presunta corrupción.
* Hoy - 9.12.10
Foto: Plasencia (Cáceres), ayuntamiento - hoy.es
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IDEAL* : El dicho popular dice que el que no tiene cabeza, tiene pies, porque le cuesta a uno volver sobre sus propios pasos para concluir lo que ha olvidado en el camino. Y eso es, precisamente, lo que le ha pasado al Ayuntamiento de Almería que, en su alegría por haber conseguido ya el suelo necesario para que Costas siga ampliando el paseo marítimo, y en su urgencia por remitirle la relación de las parcelas afectadas sobre las que puede actuar, ha olvidado enviar al departamento dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino el documento de transmisión de la titularidad. Un requisito, han informado a IDEAL fuentes ministeriales, 'sine qua non' para el inicio de los trámites para llevar a cabo la primera fase de la actuación, que se desarrollará en el futuro hasta el delta del río Andarax.
Fue el pasado 11 de noviembre cuando el concejal de Urbanismo de la capital, Juan Megino, escrituraba la última propiedad necesaria para ejecutar la primera fase de prolongación del paseo marítimo y, acto seguido, mandaba tanto a la Subdelegación del Gobierno en Almería como a la Dirección General de Costas el certificado, firmado por el edil, de la propiedad -datos sobre las fincas registrales incluidos- de todos los terrenos necesarios para las obras. «Hoy mismo se ha remitido certificación ante Costas comunicando que el Ayuntamiento ya es titular de la totalidad de las fincas contempladas en el proyecto, por lo que la Administración estatal tiene vía libre para ejecutar el proyecto de prolongación», explicaban desde la gerencia de Urbanismo, al tiempo que informaban de la suma de más de 4,8 millones de euros que ha costado a las arcas municipales la adquisición de las 11 propiedades vinculadas al proyecto.
Secretario por concejal
Sin embargo, declaran desde Costas, lo que necesitan para iniciar el expediente no es la firma del concejal sino «un certificado del secretario del Ayuntamiento» ratificando la cesión del suelo o, de lo contrario, el departamento gubernamental no podrá darse por enterado de la disponibilidad de los terrenos para actuar.
La Dirección General de Costas ha remitido ya, de hecho, al Ayuntamiento de Almería el correspondiente escrito informándole del defecto de forma y recordándole la necesidad de solventar la información que se le ha requerido a la mayor brevedad, con el objetivo de no demorar esta incidencia más de lo estrictamente necesario.
Y es que, ya al día siguiente de cursar el edil de Urbanismo su escrito y de declarar públicamente sentirse «muy satisfecho» por la «finalización de un trabajo complejo» en el que se han empleado muchos meses de negociaciones pero que «finalmente está dando sus frutos», con la confianza en la «buena predisposición de Costas para agilizar la contratación de los trabajos», desde el departamento gubernamental reiteraron su compromiso de ampliar el paseo marítimo, aunque sin dar fechas concretas.
Ésa fue, de hecho, la promesa realizada el pasado mes de enero por la directora general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, Alicia Paz Antolín, durante el encuentro que mantuvo en Madrid con el alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador, y el propio concejal de Urbanismo.
El proceso administrativo, recordaban entonces a IDEAL, «ya se ha iniciado», aunque el proyecto debe pasar ahora a los servicios de intervención para poder liberar los pagos necesarios. Un trámite que se prolongará durante un tiempo indefinido todavía. No obstante, incidían desde la Subdelegación en que los plazos no son siempre los esperados.
Y, de hecho, los representantes municipales tampoco han cumplido con el compromiso realizado ante Antolín de que los terrenos estarían liberados un mes después de celebrarse el encuentro entre las dos partes en Madrid puesto que no ha sido hasta noviembre que el Ayuntamiento de Almería ha concluido el proceso expropiatorio de parte del proyecto para extender el paseo marítimo hasta el delta del río Andarax.
* Ideal - 9.12.10
Foto: Propiedades adquiridas por el Ayuntamiento para la ampliación del paseo marítimo.- ideal
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LAVILLADEPASTRANA/Guadalajara* : El Ayuntamiento torea al juzgado. Esto es lo que parece deducirse a tenor de lo que sigue: Copia del oficio dirigido por el Juzgado de Instrucción Nº3 al Ayuntamiento de Pastrana con fecha 26 de abril de 2010: "En virtud de lo acordado en el procedimiento de referencia (D.P. 400/2010) me dirijo a Vd a fin de requerirle de que remita a este Juzgado testimonio del procedimiento de infracción urbanística iniciado a instancia de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, debido a la construcción de varios chalets adosados por parte de la sociedad SOCOMFA en la zona de las Heras del Albaicín, dicho procedimiento se dirige contra la promotora y los técnicos de la obra. Firmado el Secretario
La cuestión subsiguiente, sabido que el ayuntamiento no ha contestado, es ¿por qué? Un ejemplo más del cumplimiento del Ayuntamiento con las Instituciones. Y la Oficina del Defensor del Pueblo de Castilla la Mancha, como zorra por rastrojo, intentando que el Alcalde les conteste por el tema de las devoluciones de contribuciones del Corral de Moriros cobradas de más a unos cien vecinos. Hay quien se pasa por la entrepierna sus obligaciones Institucionales, parece.
Pulsa para acceder al documento de solicitud (2010-12-02)
* la Villa de Pastrana - 10.12.10
Foto: Pastrana (Guadalajara) - spain.info
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LAVOZDEGALICIA* : Incapacidad. Edificaciones como el Teatro Principal de Tui languidecen en el abandono más absoluto, a pesar de su interés arquitectónico y constructivo. La Administración insta sin éxito al mantenimiento de los edificios singulares. Poca incidencia. El patrimonio arqueológico sufre incluso la acción de la propia Administración en sus proyectos de infraestructuras. Una explotación de kiwi arrasó este año en Oia un petroglifo, pero la Fiscalía archivó el caso. En aras de la seguridad. La vivienda más antigua de Betanzos se demolió por supuesta peligrosidad, pese a ser un bien protegido. Cientos de casas de los cascos antiguos caen en Galicia sin conocerse qué pueden albergar en su interior.
Amenaza al Camino. Un millón de metros cuadrados destinados a un polígono industrial amenazan en O Pino la integridad del Camino. El caso está en los tribunales, pero otras agresiones rebajan el nivel de la ruta jacobea en Galicia.
Un atentado contra el patrimonio artístico y cultural acaba de costarle la inhabilitación al alcalde de Melón. A 75 metros del monasterio de Santa María, el esqueleto de un pabellón de deportes evidencia la falta de sensibilidad que aún sufre Galicia respecto a la conservación de sus bienes artísticos, que, como en el caso del regidor condenado, se suele justificar alegando desconocimiento respecto a la importancia de los elementos agredidos.
El urbanismo y la construcción son los principales enemigos de la perviviencia de esos bienes, motivando más denuncias que los robos o la venta ilegal de arte. La Administración gallega registra cada semana seis denuncias por atentados contra el patrimonio artístico, aunque son muchos más los casos que no llegan a trascender.
En el último año la Xunta tramitó 324 denuncias por daños en el patrimonio artístico y cultural, 94 de ellas motivadas por desperfectos originados en bienes inventariados y con algún grado de protección; otras 94 en alguna de las cinco rutas del Camino de Santiago; 83 más en yacimientos arqueológicos; 36 en elementos etnográficos como cruceiros, hórreos o espacios de interés, mientras que otras 17 se produjeron por causas diversas, como el robo de piezas, circunstancia esta que solo motivó tres denuncias.
Bienes de interés
Arquitectos especializados en conservación advierten de que uno de los grandes problemas a los que se enfrentan los técnicos, promotores y constructores, y que acaban motivando muchos de los destrozos, es el desconocimiento de posibles bienes de interés en zonas en las que se inician nuevas edificaciones.
Los expertos reclaman por ello la urgente publicación de un catálogo, como los existentes en otras comunidades, en el que se incluya todo el patrimonio arquitectónico y en el que se reflejen incluso elementos del interior de los inmuebles de zonas de interés.
Las escasas oficinas municipales de conservación existentes en Galicia dan cuenta, según sus técnicos, del hallazgo de elementos destacables como escaleras singulares, artesonados, puertas y otros objetos notables que van desapareciendo por desconocimiento de quien otorga licencias de derribo o rehabilitación.
Consultas abiertas
Dicho catálogo es considerado una herramienta vital para el futuro del patrimonio artístico, y aunque la Xunta cuenta con un germen de esa publicación, todavía no está disponible de forma abierta para quien quiera consultarla.
Ayuntamientos y empresas pueden acceder a ella, pero la Administración autonómica reconoce que aún no cuenta con la especificidad y grado de contraste necesarios para mostrarse a todo el público y convertirse en una guía perfecta para proteger el patrimonio.
La dejadez y la especulación son otros de los grandes males que preocupan a los expertos en patrimonio, que apuntan a las escasas herramientas que la Administración local dispone para evitar que los propietarios dejen caer edificios singulares ubicados en espacios de demanda urbanística. Las multas de baja entidad y lo proceloso de los expedientes disciplinarios acaban por no frenar las agresiones al patrimonio.
* La Voz de Galicia - 9.12.10
Foto: La estructura de un pabellón de deportes, permitida por el Concello y paralizada por la Xunta, devalúa el entorno del monasterio de Santa María, en Melón - lavozdegalicia
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GRANADAHOY* : Ecologistas en Acción pide al Ministerio Público que investigue si se trata de un presunto delito contra el Patrimonio Histórico cometido por la Delegación de Cultura y el Ayuntamiento de la capital. La Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada dio licencia hace años a la promotora Teconsgra para que llevase a cabo la demolición de un bloque ubicado entre las calles Málaga y Silencio de la capital, en pleno centro, para la construcción de un edificio de apartamentos y locales comerciales. Como es pertinente, la Dirección General de Bienes Culturales autorizó una excavación arqueológica preventiva que terminó el 3 de abril de 2009 que, para sorpresa de los técnicos, sacó a la luz la línea principal de una muralla defensiva "que atraviesa el solara de oeste a norte, la muralla barbacana y una tercera línea defensiva perpendicular a ambos muros de la medina medieval zirí del siglo XI".
El informe llevado a cabo recomendaba proteger lo encontrado y conservarlo, ya que los restos estaban "muy afectados por la humedad". A día de hoy, esos restos no está protegidos o lo están deficientemente, por lo que Ecologistas en Acción ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por un presunto delito contra el patrimonio histórico del que considera responsables, entre otros, a la Delegación Provincial de Cultura y al Ayuntamiento de Granada.
En concreto, según el texto de la denuncia, el 21 de julio de 2009, la Delegación de Cultura resuelve que se proteja la estructura "hasta que se tomen las medidas de conservación y consolidación, con geotextil y grava en la parte superior de la muralla como en las zonas más degradadas y que la excavación sea techada para impedir que la lluvia pueda afectar los restos arqueológicos". Además, se propone su puesta en valor "dada la importancia que tiene recuperar parte del trazado de la ciudad medieval". De dicha resolución se informó "al jefe de Servicios de Bienes Culturales al promotor de las obras, al arqueólogo director de la excavación, al Ayuntamiento de Granada y a la Dirección General de Bienes Culturales".
Cinco meses después, el colectivo ecologista advierte a Cultura que la excavación no está techada y que las lluvias podrían afectar los restos. La respuesta de la Delegación, ya en febrero de este año, es que se ha determinado que "la cubierta con lona podría ser perjudicial para su secado y decide que quede sin cubierta, aunque protegido con geotextil y un mortero de cal". Además, Cultura apercibió al promotor de la obra para que estableciera las medidas oportunas de protección "de forma urgente".
El 30 de septiembre de este año, Ecologistas en Acción remitió sendos escritos a Cultura y al Ayuntamiento porque "la lona que protege la excavación está hecha jirones y los restos podrían verse afectados de nuevo por la lluvia".
Según la denuncia, se ha incumplido tanto la primera resolución de Cultura como las medidas de urgencia dictadas meses depués. Además, los restos murarios "están expuestos a las lluvias" a pesar de todo y "todo parece indicar que las secuencia de hechos se van a repetir", con precipitaciones cuantiosas como la del pasado domingo. Cabe destacar también que la muralla de la medina está protegida en su totalidad como Bien de Interés Cultural (BIC) y que la Ley de Patrimonio Histórico prevé un perímetro de protección de 50 metros.
Por todo ello, Ecologistas en Acción solicita al fiscal que abra diligencias informativas para que investigue los hechos denunciados y los autores de los mismos. El colectivo pide que, en concreto, se profundice en la actuación del promotor de la obra, el arqueólogo director de la excavación, la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Granada y la Dirección General de Bienes Culturales, por si lo relatado en la denuncia pudiera considerarse un delito contra el patrimonio histórico español.
* Granada Hoy - 8.12.10
Foto: Estado de los restos aparecidos en el centro de la ciudad.- granadahoy
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ELMUNDO* : Los ciudadanos españoles perciben un alto grado de corrupción en los partidos políticos, que resulta el sector peor valorado de la sociedad según el Barómetro Global de la Corrupción 2010. Asimismo, un 73% cree que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, la misma media que Europa. El informe, publicado hoy por la ONG Transparencia Internacional, destaca que la percepción que tienen los ciudadanos sobre la corrupción de los partidos políticos es de 4,4 sobre una puntuación que va desde el nada corrupto, que se sitúa en 1, hasta el muy corrupto, que llega al 5. La percepción de los partidos políticos españoles coincide con la media europea que se sitúa también en 4,4 puntos. Tanto la valoración española como europea de los partidos ha empeorado considerablemente respecto al anterior Barómetro Global de la Corrupción, ya que en aquel informe la percepción de corrupción de los partidos españoles se situaba en 3,6.
Tras éstos, los sectores peor valorados en lo que respecta a corrupción, se sitúan el Parlamento y el Poder Político, las empresas y el sector privado, los funcionarios públicos y los organismos religiosos, todos ellos con un 3,5.
Por el contrario, el sistema educativo, con un 2,6; el Ejército, con un 2,7 y las ONG, con un 2,8 son los sectores mejor valorados, según se desprende del informe.
Peor en época de crisis
El estudio, que contiene información de 86 países y territorios y que analiza 11 sectores, destaca que seis de cada diez personas en todo el mundo afirma que la corrupción ha aumentado en los últimos tres años, y una de cada cuatro asegura haber pagado sobornos en el último año.
Las consecuencias de la crisis financiera continúan afectando la opinión de las personas sobre la corrupción, en particular en Europa y América del Norte, donde el 73% y el 67% de las personas, respectivamente, creen que ésta ha aumentado en los últimos tres años, algo que se constata también en la sociedad española, cuya percepción se establece en la media europea (73%).
A pesar de estos datos "desalentadores", según el presidente de Transparencia Internacional España, Jesús Lizcano, "siete de cada diez personas estarían dispuestas a denunciar hechos de corrupción".
En cualquier caso, el patrono vitalicio de la Fundación Ortega y Gasset, Antonio Garrigues Walker, ha destacado que "nadie cree que la corrupción empeora de manera decisiva sólo en época de crisis" y ha puntualizado que se ha puesto de relieve que los "ciudadanos no creen en los líderes, ya sean políticos, económicos o eclesiásticos", por lo que éstos "están cada vez peor valorados".
A juicio de Garrigues Walker, el sistema judicial español "es lento y no tiene capacidad de reacción" por lo que si se dilatan los procesos de lucha contra la corrupción, ésta se "complica de manera especial".
El 80% tilda a los partidos de corruptos o muy corruptos
Por su parte, el director general de la Fundación Ortega y Gasset, Jesús Sánchez Lambás, ha indicado que al "fracasar" tanto el Estado como el Mercado, las "instituciones que sacan la cabeza son las ONG y la Eduación".
Para Sánchez Lambas los datos sobre la corrupción son "sobrecogedores" y ha asegurado que la corrupción es la que "genera pobreza y desigualdades sociales, así como conflictos de proyección internacional".
Según los datos globales del Informe, de cada diez personas, ocho sostienen que los partidos políticos son corruptos o sumamente corruptos y la mitad de las personas entrevistadas creen que las medidas tomadas por su gobierno para contrarrestar la corrupción son ineficaces".
Además, siete de cada diez personas, asegura que estaría dispuesta a denunciar los hechos de corrupción de los que han sido testigos. Esta proporción se reduce a la mitad cuando se pregunta qué actitud adoptarían si fueran ellos las víctimas.
* El Mundo - EFE - 10.12.10
Foto: Corrupción en el mundo, barómetro 2010 - transparencyinternational
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ELPAÍS* : La Audiencia Provincial de Málaga entiende que las demoliciones de viviendas construidas ilegalmente deben ser decididas en el ámbito administrativo y no por los tribunales penales, ni siquiera en los casos en los que estos condenen a sus responsables. En una reciente sentencia la Sección Primera de la audiencia malagueña ratifica las penas de prisión y la multa que le fueron impuestas por un juzgado de lo Penal a un constructor que levantó una vivienda sin licencia en suelo no urbanizable en Mijas. Sin embargo, la sala revoca la parte de la condena que ordenaba la demolición y aduce que "no es aconsejable" que el futuro de la edificación obedezca a una decisión judicial. La sala estima que el futuro de la casa ilegal debe ser abordado en la normativa de ordenación urbanística que adopte el municipio y junto a otras muchas viviendas en la misma situación en el entorno, algunas de las cuales han sido legalizadas.
De acuerdo con esta doctrina, la conducta ilegal debe ser castigada si se prueba el dolo -voluntad deliberada de delinquir-, pero lo construido ilegalmente puede permanecer siempre que se den determinadas circunstancias. Esta jurisprudencia da amparo a administraciones como la Junta, que sostienen que la revisión de las ilegalidades urbanísticas debe realizarse desde la ordenación territorial. Es decir, los nuevos planes urbanísticos decidirán qué construcciones irregulares son legalizables o no.
Esta filosofía está detrás de los dos planes de normalización más complejos acometidos hasta ahora, en Chiclana y Marbella, y marca la directriz con la que la administración autonómica pretende dar solución al cúmulo de centenares de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable de carácter rústico.
El 28 de junio pasado, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga condenó a Belisario Gutiérrez a seis meses de prisión, multa de 2.190 euros (12 meses a razón de seis euros diarios) y a demoler directamente o a su costa la casa de 164 metros cuadrados construida sin ningún tipo de licencia al considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio.
Para adoptar la resolución, el juez consideró, entre otros aspectos, que el condenado no atendió sucesivos requerimientos administrativos y judiciales de paralizar las obras como un decreto del alcalde de 25 de mayo de 2006 y un auto judicial de febrero de 2007.. El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 9 de octubre sentenció mantener la prisión y multa, pero revocó la orden de demolición.
La sala considera "más aconsejable dejar que sea en el ámbito administrativo en donde, en su caso, se resuelva sobre la demolición de la vivienda, en coherencia con las normas urbanísticas que puedan adoptarse en un futuro por el municipio, ante todo teniendo en cuenta, que tal como ha señalado el recurrente, existen en las zonas numerosas viviendas, algunas de ellas sometidas a expedientes sancionadores y otras que han sido legalizadas".
La vivienda, de 164 metros cuadrados dentro de una parcela de casi 3.000 metros cuadrados se encuentra en el diseminado rural de La Alquería, uno de las numerosas urbanizaciones ilegales de Mijas, cuyo ayuntamiento llegó a estimar en unas 4.000 el número de casas irregulares en suelo no urbanizable.
El condenado en este caso llegó a aducir que el Ayuntamiento en septiembre de 2006 le concedió una placa de diseminado y le dio de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que cabría entender que la construcción quedaba legalizada.
En Mijas se llaga a dar la paradoja de que el Ayuntamiento impone multas coercitivas a los propietarios de viviendas supuestamente ilegales a los que a su vez cobra el impuesto por la propiedad.
* El País - 9.12.10
Foto: Mijas (Málaga), derribo vivienda ilegal - laopiniondemalaga.es
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ELPAÍS* : En diciembre se acaba el plazo para que Litoral del Este, sociedad del Valencia CF, cumpla con el convenio suscrito en 2005 con el Ayuntamiento de Riba-roja para ejecutar el PAI (Programa de Actuación Integrada) de Porxinos, donde está proyectada la nueva ciudad deportiva del club y más de 2.600 casas. La delicada situación económica del club y la necesidad de acabar su nuevo estadio en la avenida de las Cortes Valencianas, han convertido el PAI de Porxinos en un asunto de segundo orden. Pero los plazos del convenio urbanístico corren ajenos a todo ello y la sociedad Litoral del Este, agente urbanizador del sector Masía de Porxinos, ha instado la reparcelación forzosa del PAI. Su publicación ayer en el DOCV abrió el plazo de información pública, que durará un mes. Durante este periodo, los interesados podrán presentar sus alegaciones. Según la Ley Urbanística Valenciana (LUV), los propietarios de los terrenos están obligados a exhibir los títulos de propiedad y especificar cualquier otra circunstancia.
El Valencia CF, que preside Manuel Llorente, no tiene prisa porque el proyecto vea la luz, ya que en su día ya vendió la propiedad de sus terrenos a la constructora Nozar -y esta luego al BBVA-. Pero el gobierno local de Riba-roja necesita que se cumplan los términos del acuerdo. El gobierno local, en manos del PP, niega que se haya ejercido presión alguna sobre el agente urbanizador, pero la oposición socialista insiste en que si Litoral del Este no cumple los plazos estipulados, el Consistorio puede perder los cerca de 5,5 millones de euros en que se valoraron en su día los terrenos que le correspondían al ayuntamiento en concepto del 10% de aprovechamientos urbanísticos. El sector de Porxinos supuso la reclasificación de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico del municipio valenciano.
En el momento de la firma del convenio, el alcalde de Riba-roja, Francisco Tarazona, acordó, en lugar de recibir las parcelas de suelo, el cobro en metálico de los derechos, continúan los socialistas.
"El convenio es una especie de contrato. Ahí se fijan todas las condiciones. Por tanto, si ahora caduca y no se han cumplido los términos del acuerdo, ambas partes pueden perder sus derechos", explica un experto en urbanismo.
El Ayuntamiento de Riba-roja aprobó en agosto de 2007 con los votos del PP la modificación del PAI. Los votos a favor de los diez ediles del PP fueron suficientes; PSPV y EU votaron en contra.
Durante la tramitación del proyecto, la Consejería de Medio Ambiente ordenó modificar 14 aspectos del plan. Entre ellos, destaca la reserva de 400.000 metros cuadrados que hubo que restar sobre el total de 1.659.621 para destinarlos a zona protegida. El Valencia CF, además, deberá ceder a la Generalitat la misma cantidad de metros que se declaran urbanizables, un total de 1,2 millones, en suelo forestal incluido en el Parque Metropolitano de Valencia. De este modo, la macrourbanización proyectada será menos dañina, según Medio Ambiente.
* El País - 8.12.10
Foto: Valencia, proyecto nuevo Mestalla - kaosenlared.net
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ELMUNDO* : La consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, ha afirmado que el Ejecutivo regional eliminará la obligación de que los promotores de vivienda tengan que ceder el 20% del suelo que van a urbanizar a la Administración, como ocurría hasta ahora. Durante la sesión del pleno de la Asamblea de Madrid, Mariño ha manifestado que esta medida, que llegará mediante una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara, supondrá el fin del "impuesto revolucionario" que soportaban los promotores de viviendas y ha afirmado que se traducirá en un abaratamiento del precio del suelo de un 17%. Fuentes del Ejecutivo regional han explicado que con esta medida quieren "generar más actividad económica" y han destacado que ya hay suficiente suelo para construir vivienda protegida con lo establecido en la Ley de 2001.
Mariño ha anunciado esta enmienda al responder al diputado socialista Antonio Fernández Gordillo, que ha denunciado que el Gobierno regional "va a modificar la Ley del Suelo por un procedimiento excepcional, desvirtuando el fin de las cesiones de este suelo público para hacer caja".
A su juicio, esta situación "puede abrir la puerta a un fantástico 'carajal' con litigios de todo tipo sobre estos suelos", por lo que ha manifestado que espera que el Gobierno regional "recupere el sentido común y retire esta enmienda".
Mariño ha respondido a Fernández Gordillo que lo que se pretende con esa modificación es "eliminar las cesiones de redes supramunicipales, ese impuesto que se le ponía a las viviendas" y "clarificar la naturaleza jurídica de los bienes que no estaba clara en la actual Ley del Suelo".
Suelos que seguirán siendo públicos
La consejera también ha aclarado que "los suelos van a seguir siendo públicos", y ha contraatacado aludiendo a tres alcaldes socialistas del sur de la región. "Cree el ladrón que todos son de su condición. Quizás piensa que nosotros pretendemos hacer como el alcalde de Leganés, que ha dicho que si tiene que vender todos el suelo para hacer su programa, lo hará. Nosotros, en cambio, no lo pretendemos", ha dicho.
Mariño también ha criticado que el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, se haya posicionado en contra de esta medida cuando el 24 de septiembre decidió que un bien demanial de servicio público se convirtiera en bien patrimonial para hacer viviendas públicas.
Por último, ha denunciado la "ignorancia supina" del alcalde de Alcorcón, Enrique Cascallana, por decir que los terrenos cedidos dejarán de ser públicos. "Pero, ¿de dónde se sacan semejantes majaderías?", se ha preguntado.
Por último, la consejera de Ordenación del Territorio ha subrayado que en diversas sentencias, el Tribunal Supremo ha manifestado que la dotación pública y el suelo de dominio público no tienen por qué ir asociados.
* El Mundo - 9.12.10
Foto: Madrid, sede presidencia Comunidad - JL. De Diego (wikipedia.org)
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MÁLAGAHOY* : La Audiencia de Málaga ha condenado a una pena de cuatro años de prisión y una multa de 15.000 euros al ex encargado de control y vigilancia de zonas rurales de la localidad malagueña de Cártama por un delito continuado de cohecho por pedir dinero a vecinos para impedir sanciones, paralizaciones o por ocultar expedientes urbanísticos. Asimismo, en la sentencia, a la que tuvo acceso EuropaPress, se condena a otro acusado a un año de cárcel por un delito de cohecho, al considerarse que abonó al primer procesado 9.000 euros, cantidad que se le impone como multa; mientras que se absuelve al tercer acusado, un traductor, que ya fue declarado inocente por el jurado popular. Así, se declara probado en la resolución que el que fuera en 2004 encargado de la patrulla verde solicitó en cinco ocasiones a vecinos distintas cantidades de dinero, que oscilaron entre los 6.000 y los 18.000 euros, diciéndoles que intermediaría para regularizar construcciones, desaparición de expedientes o evitar precintos o multas.
En una de estas ocasiones, contactó con uno de los acusados al que pidió primero 9.000 euros y luego 6.000 a cambio de paralización de los expedientes, abonando éste la primera cantidad solicitada "a sabiendas de que dicha suma no era para el Ayuntamiento", sino que era para el procesado, por lo que ha sido condenado, al considerar que lo hizo "para ahorrarse el pago de la multa impuesta".
Los jurados tuvieron en cuenta para su veredicto de culpabilidad del principal acusado las declaraciones de los procesados, de los testigos presenciales de los hechos y de la documentación que está en la causa; aunque no consideraron probado cinco hechos por los que se le acusaba, ya que las declaraciones no estaban corroboradas por otras pruebas o había contradicciones.
En la sentencia se precisa que el principal procesado "abusó de su condición de encargado de la patrulla verde y se dedicó a pedir cantidades de dinero a varios vecinos, propietarios de parcelas, ofreciéndoles a cambio lograr la paralización, ocultación o desaparición de los expedientes iniciados por el Ayuntamiento por construcciones ilegales".
Asimismo, el Tribunal entiende que éste "hizo uso de su cargo con desprecio total a la función pública que tenía encomendada, con deterioro de la eficacia del servicio público que debía atender y del prestigio y confianza de la sociedad en esa función y en los funcionarios que la desempeñan", con lo que "vulneró el bien jurídico".
En este punto, se incide en que en lugar de un correcto desempeño de su función "su conducta se encaminó a obtener un lucro ilícito ofreciendo a cambio la realización de actos manifiestamente antijurídicos, perseguibles penalmente, con plena conciencia de la ilicitud".
* Málaga Hoy - EP. 9.12.10
Foto: Cártama (Málaga) - malagapueblos.com
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DCLM/Guadalajara : La Asociación Defensa de los Recursos Naturales Castilla-La Mancha (Adclam) ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que investigue si el alcalde de Almoguera, Luis Padrino, ha podido cometer los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación por no ejecutar la obra de un Centro de Desarrollo Local que fue adjudicada por la Diputación. En el escrito de acusación, facilitado a Efe, la asociación ecologista detalla que el 16 de enero de 2007 la Junta de Gobierno de la Diputación adjudicó la construcción del citado centro, dotado con un presupuesto de 150.000 euros.
Sin embargo, según relatan los ecologistas en su escrito, el 27 de febrero de 2009, la Junta de Gobierno de la institución provincial liquidó el contrato de obras de dicho centro por la misma cantidad sin que éste se hubiera construido.
A juicio de esta asociación, el alcalde de Almoguera, que fue expulsado del PSOE en 2007, utilizó el dinero destinado a la construcción de esta infraestructura en acometer unas obras en el Ayuntamiento "que nada tienen que ver con la adjudicación realizada y que no alcanzan la cuantía de la subvención.
Por ello, Adclam ha pedido a la Fiscalía de Guadalajara que haga una inspección en el Ayuntamiento de Almoguera para ver que ha pasado con este dinero y con el centro adjudicado.
El escrito remitido a la Fiscalía, que lleva fecha del día 22 de este mes, sugiere que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación administrativa y también pudiera ser constitutivo de un delito de fraude de subvenciones.
La misma asociación acusó el pasado viernes a Luis Padrino de cambiar una parcela municipal urbana situada a la entrada del pueblo a través de una permuta por una finca rústica propiedad del cuñado del alcalde.
* Diario de Castilla La Mancha - EFE - 24.11.10
Foto: Almoguera (Guadalajara) - lacronica.net
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NOTICIASDENAVARRA* : Bajo un intenso aguacero, alrededor de 300 personas se concentraron delante del Ayuntamiento de Urdiain en contra del Plan Municipal aprobado inicialmente el pasado mes de mayo. Pedían la retirada de este ordenamiento urbanístico y la redacción de uno nuevo "consensuado por todos los vecinos de Urdiain" según indicaron. También señalaron que han recogido más de 500 firmas con este objetivo. A juicio de los vecinos, el plan incurre fundamentalmente en cuatro desajustes: demográfico, temporal, espacial y social. "Este Ayuntamiento prevé que Urdiain pase de 704 a 1.580 habitantes" señalaron. En este sentido observaron que en 1900 había 734 habitantes y en 2010 son 704. "Teniendo en cuenta las características de la actual población, con una tasa muy elevada de envejecimiento, baja en nupcialidad y nacimientos, no se espera un cambio demográfico significativo. Hasta en la misma memoria del plan urbanístico se dice, que a día de hoy, en muy difícil justificar la necesidad de construcción de una sola vivienda nueva"señalaron.
De igual modo, consideran que el plan llega tarde. "Se ha gestado durante los últimos ocho años y la situación actual nada tiene que ver con la burbuja urbanística, la fiebre del ladrillo y la especulación. No se adecua a la crisis económica que nos azota y ya no volveremos a los escenarios anteriores"afirmaron. Al respecto, indicaron que "Urdiain cuenta con 229 casas, de las cuales 60 están vacías y varias de ellas son propiedad municipal. En las anteriores Normas Subsidiarias, de 1990, se preveía la construcción de 138 nuevas viviendas de las que solo se han construido 40".
Por otro lado, consideran desproporcionada la previsión de 319 viviendas en 131.000 metros cuadrados. "Se contemplan viviendas adosadas, frías, sin personalidad; viviendas extrapoladas de cualquier extrarradio urbano tipo Buztintxuri, sin tener en cuenta la singularidad de Urdiian, con un casco urbano que es apreciado por su trazado irregular, creando cálidos espacios de encuentro que le dan encanto y es motivo para que nos visiten tantos turistas".
Otra crítica de los vecinos al plan es la "falta de participación ciudadana", señalando que supieron de su aprobación por la prensa. También censuraron que el modo de ejecución es de cooperación, promovido por el Ayuntamiento a cargo de los propietarios. "Según cálculos estimativos, el coste sería de unos 100 eruos por metro cuadrado. ¿Qué banco nos prestará la cantidad que necesitamos? ¿La ruina como a los vecinos de Olite? se preguntaron.
Asimismo, negaron "las acusaciones de juego sucio y de alarmar con datos falsos. Hemos leído toda la documentación y la hemos traducido a un lenguaje coloquial, fácil de ser entendido por los mayores que son nuestros padres o abuelos. Se firma lo que se firma y luego no vale el ya veremos" observaron.
* Noticias de Navarra - 22.11.10
Foto: Momento de la concentración vecinal contra el Plan Municipal al mediodía en Urdiain - noticiasdenavarra
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ElCONFIDENCIAL/Marbella* : La declaración del cerebro de la red de corrupción marbellí investigada en el caso Malaya, Juan Antonio Roca, abrirá, después de mes y medio, la vista oral del macroproceso que se paralizó el pasado 26 de octubre tras la exposición de las cuestiones previas. La reanudación del juicio el próximo día 13 sería una noticia menor de no ser porque Roca ha pactado presuntamente con la fiscalía “ofrecer información” a cambio de una reducción de pena y de que se “suavicen” las acusaciones en la causa de su esposa, Rosa Jimeno, y su hija, María Roca. Algunos letrados de la defensa hablan ya de “la bomba de Roca del 13-D”. Si todo sale según lo pactado, la pena de 30 años de cárcel y 810 millones de euros de multa que solicita el fiscal se reducirá casi a la mitad. No es la primera vez que el ex asesor de urbanismo utiliza esta estrategia para rebajar en lo posible su condena.
En el proceso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en el que juzga la causa del caso Urquía, Roca pactó con la Fiscalía y confesó que pagó 73.800 euros al juez de instrucción de Marbella Francisco de Urquía a cambio de favores judiciales.
Revelaciones decisivas para el proceso
El magistrado José Godino entrará con el pie derecho a la sala de la Ciudad de la Justicia de Málaga el próximo 13-D. En realidad, no sabe lo que le espera. Tras el anuncio del nuevo acuerdo son muchos los que han empezado a temblar. ¿Quiénes son los que más temen que Roca cante? Desde los asientos de los juzgados se hacen apuestas. Las revelaciones del presunto jefe de la trama pueden ser decisivas para el proceso.
Si, finalmente, mantiene el acuerdo que ha cerrado con la Fiscalía, Roca aceptará en la vista las investigaciones policiales, hasta ahora criticadas unánimemente por las defensas, y se responsabilizará de los informes que Udyco y Udef realizaron sobre “sus agendas, notas personales y documentos manuscritos, donde se recogía toda una serie de pagos y cobros a empresarios y políticos”. Dentro del elenco de los que temen las palabras de Roca está la persona que se esconde tras las siglas J.A.G. Según ha podido saber El Confidencial, este hombre, presuntamente una figura de importancia en Interior, mantuvo dos reuniones con la alcaldesa Marisol Yagüe antes de que estallase el caso Malaya: una en el restaurante Cipriano de Marbella y otra en La Pesquera, ubicado en la Casa de Campo de Madrid. Ambos encuentros fueron organizados por Roca, quien ahora debe decidir si desvela las conversaciones que tuvieron lugar durante los mismos.
Dentro de estos pactos cerrados con el ministerio publico no se descarta que Roca “recite en voz alta el nombre de un número de empresarios que de momento no han sido citados en el proceso judicial”. Muchos se preguntan si entre ellos estará Judas Bistock, el verdadero padre de la moción de censura que defenestró al equipo municipal de Julián Muñoz en Marbella. Nadie entiende cómo este empresario nunca ha sido citado, ni siquiera para declarar en el proceso de instrucción de la causa.
El día del cante
Todo está preparado para que el lunes 13 Roca reanude la causa. Para que el caso no se demore en el tiempo, el tribunal ha hecho un desglose de las actuaciones por bloques. El primero será el referido a la operación Crucero Banús, en el que se analizan los delitos de blanqueo y fraude fiscal que pudieron cometerse entre 2001 y 2002 en un negocio inmobiliario en las proximidades de Puerto Banús.
Según se explica en el pliego de acusaciones de la Fiscalía, Pedro Román, primer teniente de alcalde de Marbella tras la llegada de Gil al Ayuntamiento, se puso de acuerdo con Juan Antonio Roca, el abogado Juan Hoffmann y el comisario de Policía Florencio San Agapito, para comprar una parcela, calificada inicialmente como suelo comercial. Roca es una pieza clave en esta operación. El fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero dictamina que la función del presunto cerebro de Malaya consistía en promover la recalificación de la finca, aumentar su edificabilidad y conseguir que el Ayuntamiento le cediera parte de sus aprovechamientos.
Con esta presumible intención los cuatro procesados constituyeron en Suiza la sociedad Lispag, participada al 62,5% por Pedro Román. Roca y San Agapito poseían un 15% cada uno y Juan Hoffmann el 7,5% restante. El 16 de octubre de 2001, Lispag compró Yambali, la entidad propietaria del solar. Desembolsó 4 millones que se pagaron en Suiza, aunque el fiscal sostiene que hicieron constar en la escritura como precio de venta únicamente 841.416 euros. Ese mismo día, el Ayuntamiento firmó un convenio con Hoffman gracias al cual el techo edificable del terreno pasó de 532 metros a 11.406, "con un perjuicio para las arcas municipales de casi 5 millones de euros".
* El Confidencial - 9.12.10
Foto: Marbella, Roca saliendo furgón Guardia Civil - telecinco.es
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ELPAÍS/Alicante* : El proyecto aspiraba a crear el mayor polo de atracción turística de la Comunidad Valenciana: Diez millones de metros cuadrados de negocios con el parque temático Terra Mítica de Benidorm como banderín de enganche. Sin embargo, una década después, el negocio privado generado a la sombra del complejo lúdico, a imagen y semejanza del propio parque, ha fracasado. Toda la planificación turística de Benidorm entre la autopista de peaje y el Puig Campana es, hoy por hoy, una entelequia. La AP-7 es una barrera física entre Benidorm y la zona del parque, pero también económica. Del lado de Terra Mítica, un hotel de cuatro estrellas, otro de cinco y dos campos de golf han entrado en concurso de acreedores y acumulan pérdidas de 25 millones de euros; el parque Terra Natura ha presentado un Expediente de Regulación de Empleo, y en los PAI programados no se ha puesto ni un ladrillo.
Y la guinda a este ruinoso estado del negocio en el entorno de Terra Mítica es el erial que tres años después es la reserva de suelo vendida por 85 millones de euros al promotor Enrique Ortiz para levantar 2.000 casas y un hotel de lujo.
La dirección de Terra Mítica se desprendió de ese terreno para levantar una suspensión de pagos. Sin embargo, tras dos años de beneficios operativos, el parque entró de nuevo en pérdidas. El pasado verano, los primeros accionistas, que son el Consell, Bancaja y la CAM, entregaron el complejo a la iniciativa privada.
Los nuevos gestores, actuales propietarios de Aqualandia-Mundomar, tienen la responsabilidad de relanzar la zona reflotando un parque rodeado de hoteles de lujo, campos de golf y áreas urbanizables.Para el concejal de Urbanismo de Benidorm, Jaime Llinares, las causas del fracaso de Terra Mítica como polo de atracción están en el origen del proyecto. "Todo ha salido mal porque se ha gestionado a espaldas del municipio", critica, "hasta el punto de haberse constituido una especie de término municipal propio dentro del de Benidorm". La ciudad no ha recibido compensación urbanística alguna por el desarrollo del parque y su zona de influencia, sometidos a un plan especial del Consell que mantiene el suelo como no urbanizable, a pesar de la construcción de hoteles y residencias. Por ello, uno de los objetivos del actual gobierno de Benidorm, surgido de una moción de censura contra el PP, es revertir esa situación y lograr del Consell el 10% del aprovechamiento urbanístico que corresponde normalmente a los ayuntamientos en los desarrollos de suelo.
Otra muestra de la singular tramitación de proyectos en el entorno de Terra Mítica es la adjudicación de suelo para un hotel a Royal Mediterránea, empresa del peluquero Pedro Romero Aguilar, que se hizo con un pliego de condiciones diferente del resto, lo que supuestamente perjudicó al grupo hotelero local Costa Blanca, que posee la principal cadena de la ciudad. "Es seguro que Costa Blanca tendría hoy su establecimiento a pleno rendimiento", critica un destacado empresario del sector.
El caso es que, pese a las ventajas de un plan especial, los negocios no van bien. Un ejemplo es el de Xeresa Golf, SA, de Javier Cremades, uno de los socios fundadores de Terra Mítica. La empresa es propietaria de los hoteles Villaitana Wellness Golf & Business Sun y del Gran Hotel Villaitana Wellness Golf, de cuatro y cinco estrellas, además de dos campos de golf diseñados por Jack Nicklaus. El 12 de noviembre pasado declaró el concurso voluntario de acreedores tras acumular entre 2007 y 2008 más de 25 millones de euros de pérdidas. Estos establecimientos abrieron en 2006 y fueron gestionados inicialmente por Starwood bajo los nombres de Westin Real de Faula y Sheraton Real de Faula. La cadena norteamericana abandonó su explotación a finales de 2007 porque el destino turístico no casaba con la clientela que pretendía atraer.
Mientras, Terra Natura ha seguido los pasos de Terra Mítica y presentó en octubre un ERE extintivo para 18 trabajadores del parque zoológico. El 57% de las acciones de este parque son propiedad de El Pozo, la empresa murciana que en 2001 se hizo con el 5% de las acciones de Terra Mítica en su primera ampliación de capital.
Tampoco se ha movido nada en el suelo comprado por el empresario Enrique Ortiz, imputado en los casos Brugal y Gürtel. El promotor pagó 85 millones de euros en julio de 2006 por 217.000 metros del suelo de reserva de Terra Mítica, con los que el Consell pudo levantar la suspensión de pagos del parque. En el suelo debían construirse otro hotel de lujo y 2.000 viviendas. Ortiz vendió la mitad del suelo a Edival por 42,5 millones de euros con la intención de invertir conjuntamente 350 millones en cuatro años en el proyecto. Incluso llegó a pedir licencia para urbanizar, pero tres años después no se ha movido ni una piedra.
Con todo, la esperanza se llama Terra Mítica y la capacidad de su nuevo gestor para reflotar la proa de toda la zona, donde apenas resiste el hotel Barceló Asia Gardens. El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Toni Mayor, achaca la situación a la crisis y apunta que "las inversiones se hacen a largo plazo". Él sí ve futuro a la zona, "como demuestra que por Terra Mítica se presentaran tres ofertas en un momento complicado". De momento, el gran polo de atracción del turismo sigue sin despegar.
* El País - 8.12.10
Foto: Benidorm (Alicante), Terra Mítica - mediterranea.org
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El gran casino europeo from ATTAC.TV on Vimeo.
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NORTECASTILLA* : Pagar al secretario municipal, la iluminación pública y la calefacción de la casa consistorial no debería suponer un esfuerzo presupuestario excesivo, pero a veces es todo lo que los regidores pueden hacer con los ingresos municipales. Para algunos ayuntamientos de la provincia llegar a fin de mes en estos tiempos de recortes está siendo casi tan difícil como para las familias que afrontan las consecuencias de la desaceleración económica. Los gastos corrientes que tienen que asumir los municipios superan en ocasiones el montante total de sus cuentas y, con ingresos que en ocasiones no alcanzan los 30.000 euros al año, es complicado pensar en algo más que llenar la cesta de la compra. Muchos alcaldes tienen iniciativas en cartera y sueños con los que evitar la lacra de la despoblación, pero se encuentran con las manos atadas a la hora de asumir cualquier proyecto inversor.
Los ingresos procedentes del Estado se han recortado este año en un 18,2%; los que provienen de los impuestos a los vecinos continúan reduciéndose en la misma medida que el vecindario y, para mayor desgracia, los Planes E no parece que vayan a tener continuidad. Entre 2009 y 2010 el Gobierno de la nación repartió entre los pueblos de Valladolid 149 millones de euros gracias a estos dos fondos extraordinarios de inversión local que, al no estar condicionados, supusieron una bocanada de aire fresco para la mayoría de los municipios.
Este año la asfixia ha tocado techo y muchas pequeñas localidades han optado por no presentar solicitud a ninguna subvención que conlleve una aportación municipal, aunque se trate de porcentajes más o menos simbólicos, como es el caso de los planes provinciales de la Diputación, o del convenio para la restauración de iglesias y ermitas.
«No es que no queramos, es que no podemos. Ningún alcalde de un pueblo pequeño desea que su municipio desaparezca, ni quiere que se convierta en una urbanización, pero sin dinero poco podemos hacer. Yo querría arreglar la iglesia para enseñarla -explica el alcalde de Almenara del Adaja, Jesús Antonio Martín- pero ni siquiera puedo mantener encendida su iluminación».
Martín, al igual que otros tantos regidores, no dispone de más ingresos que los de los impuestos y los pagarés a cuenta del Gobierno. Sin pastos (no hay ganadería), sin apenas piñones y sin las alegrías que proporcionan las licencias de la construcción, el pueblo sobrevive con un presupuesto que ronda los 27.000 euros. Almenara tiene ahora 31 vecinos, pero sus gastos corrientes son los mismos que cuando tenía el doble.
Los pueblos de Valladolid no son los únicos. Solo la caída en la participación de los ingresos del Estado supone que los municipios de Castilla y León hayan dejado de percibir 170,5 millones de euros que se suman a las drásticas reducciones que están experimentando los planes provinciales y a que el aumento del IVA en julio generó una merma presupuestaria próxima al 1%.
Ante esta situación, las infructuosas solicitudes para modificar la Ley de Haciendas Locales están dejando paso a verdaderas llamadas de auxilio de los ayuntamientos y diputaciones de España y, sobre todo, de la Federación de Municipios y Provincias, que no deja de gritar la situación «agónica» de los ayuntamientos. La FEMP ha solicitado también recientemente un fondo de emergencia con 4.000 millones de euros que les permita, al menos, pagar sus deudas con las pymes locales.
Aunque todavía está en el aire, la amenaza del Gobierno de no permitir el endeudamiento a los ayuntamientos que tengan un volumen total de deuda pendiente de reintegro que supere el 75% de sus ingresos corrientes también ha caído como un jarro de agua fría en el medio rural. Si bien en Valladolid solo hay un puñado de pueblos que no podrían suscribir nuevos créditos los municipios, prefieren no endeudarse. «¿Para qué hacerlo, si nunca voy a tener dinero para pagarlo?», piensan los regidores.
«Los alcaldes vallisoletanos han hecho las cosas bien y por eso no están endeudados, pero eso no quita para que nos parezca que la medida debe flexibilizarse. En cualquier caso -explica el diputado de Hacienda, Víctor Alonso- los créditos no siempre solucionan el problema, porque el endeudamiento debe destinarse a inversión, no a gasto corriente».
En opinión del diputado, la disminución de los ingresos procedentes del Estado ha supuesto un duro golpe para los pueblos pequeños, que no tienen ingresos alternativos y que cada vez disponen de más instalaciones y servicios (centros cívicos o deportivos, centros de salud...) que mantener. «Es un problema de fondo -sostiene- porque el Gobierno no asume su compromiso de modificar la legislación para que las instituciones locales reciban ingresos en función de las competencias que desempeñan».
Al igual que están haciendo otras diputaciones -la de Salamanca repartirá entre los 361 ayuntamientos de la provincia 3,2 millones de euros de subvención directa- la institución provincial de Valladolid lleva años arbitrando medidas para facilitar que los ayuntamientos hagan frente a sus gastos corrientes. La disminución de la aportación municipal a los planes provinciales, que ha pasado de un 27% en 2007 al 10% en 2011, es una de las más evidentes, aunque también hay que apuntar otras como la que permite a los ayuntamientos destinar al gasto dos millones procedentes de esos planes.
Líneas de subvenciones
La Diputación invertirá también el próximo año dos millones de euros en el Fondo de Actividades y Servicios, una línea con la que cofinancia las actividades culturales, sociales y deportivas de los municipios; y mantendrá los anticipos a los ayuntamientos de gran parte de los impuestos recaudados por el Organismo Autónomo de Recaudación. Por otro lado, gracias a la Caja de Crédito, dará préstamos al 1% para financiar las aportaciones municipales a los distintos planes de la institución.
Como novedad de cara al 2011 destaca el programa energético municipal que, con 1,5 millones de euros, persigue echar una mano con todas aquellas medidas destinadas a aminorar el consumo eléctrico de los pueblos.
* Norte Castilla - 9.12.10
Foto: La restauración de la iglesia de La Asunción tendrá que esperar. El Ayuntamiento de Almenara necesita que alguien asuma el 100% de la intervención.- nortecastilla
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ELPAÍS/Lugo* : El bipartito sigue obteniendo triunfos en los tribunales contra el caos urbanístico de Barreiros veinte meses después de abandonar el poder. Pese a que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, acostumbra a repetir que en el conflicto judicial abierto entre el regidor del PP Alfonso Fuente Parga y el Gobierno anterior, los fallos judiciales caen del lado del alcalde, lo cierto es que las dos sentencias que se conocen han anulado los permisos para edificar concedidos por el Gobierno municipal. Fuente Parga ha sido denunciado a su vez por el fiscal jefe de Lugo quien le acusa de prevaricar al conceder estas licencias. De momento, el regidor solo conoce derrotas en los juzgados.
Por segunda vez , los tribunales avalan una impugnación efectuada por la Consellería de Política Territorial que presidía la socialista María José Caride y que llegó a recurrir 44 licencias del Gobierno municipal. La mayoría o las ha retirado o las está dejando morir en el juzgado el Gobierno de Feijóo, que aboga por solucionar las tropelías inmobiliarias con un convenio que prevé invertir 14 millones de euros de fondos públicos para dotar de infraestructuras a esas nuevas construcciones.
El pasado 28 de octubre, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Lugo volvió a dictar sentencia: el Ayuntamiento de Barreiros no debió conceder permiso a la sociedad Promociones Nordés, SL, para levantar cuatro edificios y 173 pisos en la zona de Pumarín (San Miguel de Reinante) dentro del municipio lucense, porque la superficie sobre la que se asientan esos mamotretos era suelo urbano no consolidado. En su segundo fallo -el primero anuló un modificado de esta misma obra- el juez decreta que la licencia "no es conforme a derecho" y estima el recurso contencioso-administrativo interpueto por la Xunta, en la época del bipartito, contra la resolución del alcalde de Barreiros de no admitir a trámite los requerimientos del Gobierno gallego para que anulase los permisos.
Después de analizar los informes de un perito independiente, de los propios técnicos de la Xunta y en algún caso de la arquitecta municipal, el juez concluye que en el momento de conceder esta licencia (enero de 2006), el terreno en cuestión no estaba dotado de los servicios urbanísticos exigidos por el artículo 16 de la ley de ordenación urbanística de Galicia. Añade que entonces la finca no tenía "la condición de solar" ni podía llegar a serlo "si no es a través de un proceso de urbanización que supera la consideración de obras de pequeña entidad". Eso es precisamente lo que delimitaría la condición de solar.
Según recoge la sentencia, "los solares cumplen unos requisitos, a saber: acceso por vía pública pavimentada, el agua abastecida tiene que ser potable, la evacuación de aguas tendrá que realizarse a la red de saneamiento, el suministro de energía eléctrica y el alumbrado público deberán tener condiciones de caudal y potencia adecuadas a los usos permitidos". Y concluye el juez: "La licencia impugnada no debió otorgarse pues era exigible que los terrenos donde estaban proyectadas las construcciones de las viviendas hubiesen, previamente, asumido un proceso de urbaniación para la idónea y suficiente dotación de los servicios urbanísticos".
* El País - 8.12.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios 1º línea - lavozdegalicia.es
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SUR/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una querella contra el alcalde de La Viñuela, Juan Millán, por seis delitos contra la ordenación del territorio y contra cuantas otras personas resulten, a través de la investigación, responsables de los hechos. La querella de la Fiscalía, a la que ha tenido acceso Efe, se interpone después de que el ministerio público considere que el alcalde presuntamente concedió seis licencias urbanísticas sin los preceptivos informes técnicos y sin seguir el procedimiento legalmente previsto. Además, en la querella del fiscal se añade que la concesión de las citadas licencias se realizaron «por la sola y exclusiva voluntad del querellado» y, que debido a ello, tales resoluciones son «arbitrarias e injustas».
Supuestamente el regidor concedió licencias de segregación, de obras y de primera ocupación a unas solicitudes urbanísticas para segregación de 5.000 metros cuadrados y simultáneamente para la construcción de viviendas unifamiliares en diversas parcelas.
El ministerio fiscal ha pedido la admisión de la querella en los juzgados competentes y que se incoen diligencias previas para averiguar los hechos y los presuntos responsables.
El alcalde de la Viñuela tiene otros procedimientos abiertos por delitos contra la ordenación del territorio y ya ha sido condenado anteriormente a quince años y seis meses de inhabilitación para empleo o cargo público por dos delitos de prevaricación urbanísticas por la concesión de tres licencias. Debido a ello, Juan Millán tras su condena por delito urbanístico pidió la baja temporal como militante del PSOE.
Millán siempre se declaró inocente y cuando fue condenado aseguró que continuaría con su defensa y las acciones judiciales oportunas hasta que la causa tenga una sentencia absolutoria.
En la sentencia que lo condenó el juez destacó que el alcalde otorgó por decreto las tres licencias «en un claro ejemplo de flagrante arbitrariedad contraria a los principios más básicos del recto ejercicio del poder público».
Las licencias fueron otorgadas por decretos de agosto de 2001 y de octubre de 2003 y se concedieron sin atender las indicaciones de los informes de procedimiento emitidos por el secretario municipal
El regidor anunció hace unos días su intención de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, a la vez que pedía la suspensión de la ejecución de la sentencia por delitos urbanísticos recientemente confirmada por la Audiencia de Málaga.
* Sur - EFE - 7.12.10
Foto: La Viñuela (Málaga) - vinuela.es
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TATIANA FÉLIX* : Movimientos sociales, activistas y ambientalistas están movilizándose en varios países para realizar una intensa campaña internacional, hoy 8 de diciembre, que tiene como foco protestar contra la inclusión del Banco Mundial en el financiamiento para resolver cuestiones climáticas, con la intención de reducir los impactos ambientales del planeta y sobre la población mundial. La idea es recoger miles de firmas para una carta abierta que se enviará a los gobernantes reunidos en Cancún, México, en ocasión de la 16ª Conferencias de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Las firmas pueden enviarse al e-mail: bancomundialfuera@gmail.com. "Hacemos un llamamiento a los gobiernos del mundo para que cumplan con su obligación de garantizar que recursos públicos nuevos y adicionales para financiar estén disponibles, ahora y de una manera que se base en el principio de responsabilidad histórica, que no aumente la carga de la deuda y que esté libre de condicionamientos políticos", puntualizan.
Otras acciones de la campaña pueden ser la divulgación de comunicados y/o conferencias de prensa, movilizaciones frente a las oficinas del Banco Mundial, de las embajadas de Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y otros países europeos. Además se recomienda que los (as) activistas se unan a la red Amigos de la Tierra Internacional (FOEI, por su sigla en inglés), a través del sitio web: http://www.foei.org.
En la carta abierta, los (as) ambientalistas resaltan que los pueblos de los países del Sur necesitan sí altas inversiones para reducir los impactos del cambio climático y para adoptar alternativas de desarrollo, sin embargo, las organizaciones rechazan la ‘ayuda’ del Banco Mundial, alegando que la entidad tiene principios contrarios a la necesidad de un financiamiento climático justo y equitativo. Alegan que el Banco Mundial tampoco tiene estructuras democráticas, ya que está representado por países ricos e industrializados.
Los militantes recuerdan además que instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial contribuyeron con financiamiento de proyectos de combustibles fósiles que agudizaron la crisis climática, y además imponen políticas internacionales que causan daño al medio ambiente. Por eso, justifican, "no se puede y no se debe confiar, a estas instituciones, el financiamiento del clima".
La propuesta de los (as) ambientalistas es que se cree un Fondo Climático Mundial bajo coordinación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, con una estructura de gobierno equitativa, que dé prioridad a la participación de las comunidades afectadas. Este Fondo, según los que lo proponen, debe ser operado con transparencia, democracia y participación, y sin la participación del Banco Mundial o de otros bancos multilaterales de desarrollo.
"El Fondo Climático Mundial debe tener una representación mayoritaria de los países y pueblos del Sur global en su estructura de gobierno, ya que son la mayoría del mundo y los más afectados por el cambio climático", finalizan.
Firman la convocatoria organizaciones y redes como la Federación de los Amigos de la Tierra, Jubileo Sur, Jubileo Américas, Alternativas Asia, Iniciativa contra los Agronegocios en América Latina, Action Aid, Campaña Mesoamericana para la Justicia Climática, entre otras. Fuente: http://www.adital.com.br/site/noticia.asp?boletim=1〈=ES&cod=52927
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com
* Rebelión - Adital - Opinión - 8.12.10
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