De acuerdo con esta doctrina, la conducta ilegal debe ser castigada si se prueba el dolo -voluntad deliberada de delinquir-, pero lo construido ilegalmente puede permanecer siempre que se den determinadas circunstancias. Esta jurisprudencia da amparo a administraciones como la Junta, que sostienen que la revisión de las ilegalidades urbanísticas debe realizarse desde la ordenación territorial. Es decir, los nuevos planes urbanísticos decidirán qué construcciones irregulares son legalizables o no.
Esta filosofía está detrás de los dos planes de normalización más complejos acometidos hasta ahora, en Chiclana y Marbella, y marca la directriz con la que la administración autonómica pretende dar solución al cúmulo de centenares de miles de viviendas construidas en suelo no urbanizable de carácter rústico.
El 28 de junio pasado, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga condenó a Belisario Gutiérrez a seis meses de prisión, multa de 2.190 euros (12 meses a razón de seis euros diarios) y a demoler directamente o a su costa la casa de 164 metros cuadrados construida sin ningún tipo de licencia al considerarlo autor de un delito contra la ordenación del territorio.
Para adoptar la resolución, el juez consideró, entre otros aspectos, que el condenado no atendió sucesivos requerimientos administrativos y judiciales de paralizar las obras como un decreto del alcalde de 25 de mayo de 2006 y un auto judicial de febrero de 2007.. El condenado recurrió ante la Audiencia Provincial, que el pasado 9 de octubre sentenció mantener la prisión y multa, pero revocó la orden de demolición.
La sala considera "más aconsejable dejar que sea en el ámbito administrativo en donde, en su caso, se resuelva sobre la demolición de la vivienda, en coherencia con las normas urbanísticas que puedan adoptarse en un futuro por el municipio, ante todo teniendo en cuenta, que tal como ha señalado el recurrente, existen en las zonas numerosas viviendas, algunas de ellas sometidas a expedientes sancionadores y otras que han sido legalizadas".
La vivienda, de 164 metros cuadrados dentro de una parcela de casi 3.000 metros cuadrados se encuentra en el diseminado rural de La Alquería, uno de las numerosas urbanizaciones ilegales de Mijas, cuyo ayuntamiento llegó a estimar en unas 4.000 el número de casas irregulares en suelo no urbanizable.
El condenado en este caso llegó a aducir que el Ayuntamiento en septiembre de 2006 le concedió una placa de diseminado y le dio de alta en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con lo que cabría entender que la construcción quedaba legalizada.
En Mijas se llaga a dar la paradoja de que el Ayuntamiento impone multas coercitivas a los propietarios de viviendas supuestamente ilegales a los que a su vez cobra el impuesto por la propiedad.
* El País - 9.12.10
Foto: Mijas (Málaga), derribo vivienda ilegal - laopiniondemalaga.es
1 comentarios :
Qué contradicción la de la de justicia urbanística en este país. No se aclaran ni entre ellos mismos: jueces contra jueces, fiscales contra fiscales, jueces contra fiscales, fiscales contra jueces... Vaya lío que tienen montado entre las máximas autoridades del sistema judicial... y claro, de ahí para abajo, en una pequeña población española, de cualquier autonomía, el desastre judicial urbanístico es mayúsculo... sentencias contradictorias, indefensión judicial, recursos y más recursos contra sentencias ridículas, absoluciones inexplicables (como la que da título a esta noticia), falta de medios preocupante en los juzgados, tardanza en casos teóricamente muy sencillitos que cualquier estudiante pricipiante los resolvería con facilidad, dejar hacer hasta que ya es tarde y no se puede volver atrás, causando esta inactividad judicial un perjuicio inmerecido a los ciudadanos (que son los que pagan el pato y los euros), etc, etc, etc
Y todo esto, además, desde la más absoluta impunidad, ya que dada la independencia judicial por Ley (como debe ser), en casos conflictivos o contradictorios (como el del título de esta noticia) no actúa ni el Consejo del Poder Judicial, ni hay acciones fiscales urbanísticas de oficio, ni nada de nada... Esto es el caos!!
Vamos, que digan los jueces que no son competentes en materia de ilegalidades urbanísticas flagrantes, como es el caso del derribo viviendas ilegales, suena casi a chiste malo... ¿Entonces quién se hace responsable del asunto?... ¿El mismo Ayuntamiento que propició la ilegalidad flagrante? Vamos, anda!!... ¿La Comunidad Autónoma que tiene las competencias urbanísticas, pero no las ejecuta, siendo cómplice muchas veces de la ilegalidad (Algarrobico)?... Vamos, anda!!
Así ha pasado lo que pasado en este país, no olvidemos que España dentro de la crísis general tiene al 'ladrillo' como componente específico y causante, con el apoyo financiero, político, empresarial, etc.
En fin, que noticias como ésta lo único que hacen es echar más leña al fuego de la crísis inmobiliaria y ambiental en este país. Parece que se da un paso adelante y dos atrás. Así, tenemos una pésima esperanza para los próximos años, algo inexplicable visto lo visto...
Y nadie se da por aludido, ni dimite, ni critica, ni pide responsabilidades, ni pone algo de cordura en este sector urbanístico, repito: máximo responsable de la crísis española!!
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